Sumario

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su disposición adicional décima, encomendó al Gobierno la aprobación de las disposiciones necesarias para que, al objeto de causar derecho a la pensión de jubilación o de obtener una cuantía superior a la ya reconocida, se pudieran computar, como cotizados a la Seguridad Social, los períodos en que los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica ejercieron su ministerio o desarrollaron su actividad religiosa sin quedar comprendidos por ello en el ámbito del sistema de la Seguridad Social, por ausencia de norma expresa en tal sentido.

En cumplimiento de esas previsiones legales se aprobaron el Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados, y el Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el anterior real decreto, en cuyas normas se especifican los términos en que se aplica el beneficio citado, que conlleva para los interesados la obligación de abonar el capital coste de la pensión que deriva de los años de cotización reconocidos. Se detallan, en estas normas reglamentarias, los requisitos que deben reunir los beneficiarios, los períodos computables como asimilados a cotizados, así como las reglas de cálculo de la pensión y de pago del capital coste mediante su fraccionamiento y descuento mensual del importe de la prestación a percibir.

La práctica gestora desarrollada a lo largo del tiempo transcurrido ha permitido conocer la gran variedad de circunstancias concurrentes en los colectivos de referencia, así como la existencia de una diversidad de supuestos análogos merecedores del mismo tratamiento normativo, lo que ha hecho aconsejable la revisión de algunos de los presupuestos inicialmente contemplados, bien para ampliar el ámbito de aplicación de las normas aplicables, bien para flexibilizar la formulación de sus preceptos. Y así se trata en el momento presente, por una parte, de incorporar nuevos beneficiarios al colectivo protegido y de posibilitar el reconocimiento de unos períodos distintos de actividad religiosa, y, por otra parte, de incrementar el plazo en que los beneficiarios pueden amortizar el capital coste de la pensión.

Por lo que respecta al ámbito subjetivo, se ha considerado conveniente extender la aplicación de los cuerpos normativos vigentes en la actualidad a los miembros laicos de los institutos seculares de la Iglesia Católica, que se consagran a la perfección y el ejercicio del apostolado en términos semejantes a los de los miembros de los institutos religiosos. La diferencia relativa a la propia condición canónica, clerical o laical, no debe erigirse en elemento determinante que autorice a excluir al indicado colectivo de los beneficios que ya disfrutan los miembros clérigos de aquellas mismas comunidades.

A su vez, parece necesario atender a los requerimientos que acompañan el desempeño de la actividad que es objeto de protección, valorando, en concreto, que algunos miembros de los institutos de vida consagrada ejercen su ministerio sin límite territorial y, aún más, en muchas ocasiones, el establecimiento de misiones fuera del territorio nacional para el desarrollo de la función evangelizadora constituye el fin específico del propio instituto. Por ello, al objeto de eliminar un obstáculo que impedía a los interesados en muchas ocasiones el acceso a la pensión, se recoge en las nuevas normas, la posibilidad excepcional de completar los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social con aquellos en los que ejercieron su profesión religiosa en el extranjero.

Finalmente, se amplía el plazo en el que deben cumplirse las obligaciones que, como compensación a los beneficios obtenidos, recaen sobre los afectados, ya que, al ser de escasa cuantía la mayor parte de las pensiones reconocidas al amparo de las normas aplicables, los descuentos que deben efectuarse sobre su importe mensual, para hacer frente al pago del capital coste, resultan excesivamente gravosos para los beneficiarios. El establecimiento de un período de tiempo más dilatado para la amortización de la deuda vendría a mitigar el inconveniente señalado.

En la tramitación de este real decreto se han recabado los informes oportunos al Colectivo de Sacerdotes y Religiosos Secularizados (COSARESE) y a la Federación Estatal de Secularizados (FES).

Este real decreto se dicta de conformidad con la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y con la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2009,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES