Ley Org醤ica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposici髇 de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci髇 de la legislaci髇 penal al ordenamiento de la Uni髇 Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des髍denes p鷅licos y contrabando de armas de doble uso

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de marzo de 2023, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 316-2023, contra la presente Ley Org醤ica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposici髇 de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci髇 de la legislaci髇 penal al ordenamiento de la Uni髇 Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des髍denes p鷅licos y contrabando de armas de doble uso (獴.O.E.� 16 marzo).LE0000749397_20230316

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo de 2023, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad (獴.O.E.� 18 mayo 2023).LE0000752766_20230518

FELIPE VI REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica.

PRE罬BULO

I

La legislaci髇 penal constituye un 醡bito jur韉ico clave para fundamentar las bases de un Estado de Derecho.

El art韈ulo 1 de la Constituci髇 Espa駉la de 1978 establece que 獷spa馻 se constituye en un Estado social y democr醫ico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur韉ico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol韙ico�.

La plena vigencia de los valores constitucionales, la calidad de nuestra democracia y la convivencia misma, dependen en buena medida de la aplicaci髇 de una legislaci髇 penal coherente con aquellos principios, actualizada y eficaz.

La presente ley pretende afrontar algunos de los retos pendientes en la legislaci髇 penal espa駉la, en relaci髇 con ciertos tipos y penas que la evoluci髇 social, la experiencia y el Derecho comparado invitan a revisar desde hace mucho tiempo.

Algunos de esos tipos y penas presentes en nuestra legislaci髇 penal responden a鷑 a realidades sociales y configuraciones doctrinales propias de hace dos siglos. Es tiempo ya, por tanto, para que el ordenamiento jur韉ico espa駉l actualice ciertas definiciones, en cuanto a los comportamientos delictivos y a las respuestas adecuadas en las sociedades del siglo XXI.

Es preciso aportar calidad, claridad y modernidad en algunos 醡bitos de la legislaci髇 penal espa駉la que presentan problemas evidentes de indeterminaci髇 y obsolescencia. El mandato de certeza propio del principio de legalidad penal requiere una actuaci髇 insoslayable e inaplazable al respecto.

Por otra parte, Espa馻 forma parte de las instituciones europeas y comparte prop髎itos y tareas de coordinaci髇 crecientes en materia judicial y de seguridad. La armonizaci髇 de nuestra legislaci髇 penal con los est醤dares m醩 claramente asentados en la doctrina y en la pr醕tica jur韉ica de los pa韘es de la Uni髇 Europea constituye una obligaci髇 incontestable, en consecuencia.

La presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayor韆 de los Estados integrantes de la Uni髇 Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas en relaci髇 a las que se aplican en los pa韘es vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al funcionamiento de la mencionada cooperaci髇 judicial y de seguridad.

Esta ley busca dar soluci髇 a buena parte de estas dificultades y desaf韔s.

En tal sentido, el C骴igo Penal, tal y como se馻la la Exposici髇 de Motivos de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, ha de tutelar los valores y principios b醩icos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, es preciso actualizar su contenido para que pueda seguir cumpliendo su labor social.

El devenir social, la incardinaci髇 de nuestro pa韘 en la Uni髇 Europea y la pertenencia a determinados organismos internacionales que marcan pautas de actuaci髇, no solo en la represi髇 de las conductas delictivas sino en el respeto a los derechos fundamentales como l韒ite de actuaci髇 de los poderes p鷅licos, exigen una modificaci髇 de determinados tipos penales, posibilitando as� seguir contando con un C骴igo Penal que responde al tiempo en que la sociedad se halla y da una respuesta actual, segura y propia de un Estado de Derecho como el nuestro a nuevas formas delictivas o a la evoluci髇 de otras ya existentes.

La presente ley org醤ica consta de dos art韈ulos, tres disposiciones transitorias y seis disposiciones finales. El primer art韈ulo es de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, con varios apartados sobre diferentes materias, pero todos ellos con el objetivo 鷏timo de adaptaci髇 de nuestro ordenamiento a la normativa europea o de modernizaci髇 del mismo ante las nuevas realidades sociales. El segundo, de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi髇 del Contrabando, para reforzar la sanci髇 de armas de doble uso.

En primer lugar, esta ley responde a la necesidad de transposici髇 de determinadas Directivas cuya introducci髇 en el Derecho espa駉l es urgente. En este sentido, de acuerdo con el principio de cooperaci髇 leal, consagrado en el art韈ulo 4.3 del Tratado de la Uni髇 Europea, el cumplimiento de los plazos para la transposici髇 de directivas europeas constituye uno de los principales objetivos que condicionan el dise駉 de la pol韙ica legislativa de un Estado miembro. Tal obligaci髇 se ha intensificado al constituir en la actualidad uno de los objetivos prioritarios del Consejo Europeo. En el escenario dise馻do por el Tratado de Lisboa, la Uni髇 Europea fija como una de sus principales prioridades la construcci髇 del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el que, entre otros fines, est� garantizada la adopci髇 de medidas adecuadas para la prevenci髇 y la lucha contra la delincuencia.

Mediante un itinerario de convergencia y armonizaci髇, y al amparo del principio general de subsidiariedad reconocido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea, se establece una serie de 玶eglas m韓imas comunes� para determinados segmentos del Derecho penal especial, los denominados 玡urodelitos�, siendo aquellos de especial gravedad que tengan una dimensi髇 transfronteriza, incluida la falsificaci髇 de medios de pago y la delincuencia inform醫ica. Ello implica la necesidad de una ajustada y diligente transposici髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l, en concreto, de diversas directivas que afectan al 醡bito penal sustantivo. Tal es el caso, en primer lugar, de la Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI del Consejo. Asimismo, se perfecciona la transposici髇 de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado.

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI del Consejo, se inserta dentro de la l韓ea de la pol韙ica criminal europea de lucha contra la criminalidad organizada, 醡bito en el que los instrumentos de pago no dinerarios se han articulado como un medio para facilitar la obtenci髇 y blanqueo de las ganancias obtenidas con dichas acciones delictivas. Al mismo tiempo, el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo representan un obst醕ulo para el mercado 鷑ico digital, ya que socavan la confianza de los consumidores y provocan p閞didas econ髆icas directas, con especial incidencia en el 醡bito transnacional.

La directiva persigue tambi閚 ser un complemento y refuerzo, en la esfera digital, de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de informaci髇, que fue objeto de transposici髇 a nuestro ordenamiento mediante Ley Org醤ica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el C骴igo Penal, al abordar un aspecto diferente de la ciberdelincuencia. En este caso, espec韋icamente en los art韈ulos 197 bis y ter, se trat� de la tipificaci髇 de las interferencias en los sistemas de informaci髇 -no de las transmisiones personales, que ya estaban tipificadas-, as� como la facilitaci髇 o la producci髇 de programas inform醫icos o equipos espec韋icamente dise馻dos o adaptados para la comisi髇 de estos delitos, adem醩 de los supuestos de da駉s inform醫icos en los art韈ulos 264 a 264 ter.

Igualmente, la Directiva se complementa con la norma de transposici髇 de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protecci髇 penal del euro y otras monedas frente a la falsificaci髇, y por la que se sustituye la Decisi髇 marco 2000/383/JAI del Consejo, efectuada en los art韈ulos 386 y 387 del C骴igo Penal mediante la Ley Org醤ica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, para transponer Directivas de la Uni髇 Europea en los 醡bitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 韓dole internacional.

La relevancia de los delitos inform醫icos ha sufrido un crecimiento exponencial a lo largo de los a駉s, como consecuencia del incremento del denominado ciberespacio y el consecuente aumento de la ciberpoblaci髇 en el 醡bito de Internet. As�, si bien es cierto que Espa馻 no ha culminado actualmente la trasposici髇 de la directiva, hay que se馻lar que las estrategias seguidas por el legislador a lo largo de este largo proceso de desarrollo tecnol骻ico han sido entre otras la introducci髇 de figuras penales paralelas a las tradicionales, en las que se incorpora a cada tipo el equivalente mediante el uso de nuevas tecnolog韆s. De este modo, se han ido cubriendo poco a poco las lagunas de punibilidad, que ha ido poniendo de manifiesto la jurisprudencia seg鷑 surg韆n nuevas modalidades de comisi髇 de esta clase de delitos.

Ello facilita la integraci髇, de una manera arm髇ica, de las exigencias normativas derivadas de la Directiva (UE) 2019/713, de 17 de abril, en el texto del vigente C骴igo Penal.

La Directiva, sin embargo, se centra en una regulaci髇 conjunta del fraude y de la falsificaci髇 de los medios de pago distintos del efectivo, alej醤dose de la sistem醫ica cl醩ica de nuestro C骴igo Penal, que atiende prioritariamente a los diferentes bienes jur韉icos tutelados o puestos en peligro, tales como el patrimonio, la seguridad del tr醘ico o la fe p鷅lica, y no al concreto modo de comisi髇. Al propio tiempo otorga especial relevancia a los medios de pago inmateriales, y entre ellos, los soportes digitales de intercambio. Estos han de ser entendidos como aquellos que permiten efectuar transferencias de dinero electr髇ico, de monedas virtuales y otros criptoactivos, ahora bien, en estos dos 鷏timos casos, solo en la medida en que puedan usarse de manera habitual para efectuar pagos. Por ello, es palmario que el 醡bito de protecci髇 que ofrece esta reforma se extiende a las monedas de car醕ter virtual. En consecuencia, y a fin de cumplir con el principio de taxatividad propio del Derecho penal, se ha procedido a incluir una cl醬sula de interpretaci髇 aut閚tica de tales conceptos. Quedan incluidos, por tanto, todos los instrumentos de pago distintos del efectivo, incluidas las monedas virtuales y otros criptoactivos que se utilicen como medio de pago y los monederos electr髇icos en una definici髇 lo suficientemente abierta como para permitir la flexibilidad necesaria para adecuarse a los r醦idos avances tecnol骻icos.

Manteniendo la sistem醫ica de nuestro C骴igo Penal, se ha optado por explicitar todas las conductas cuya tipificaci髇 aut髇oma exige la directiva, bien vincul醤dolas al 醡bito de la estafa (fraude en la denominaci髇 de la directiva), esencialmente cuando los medios de pago han sido obtenidos de forma il韈ita, bien al de las falsedades (falsificaci髇 o alteraci髇 fraudulenta en la denominaci髇 de la directiva), incluyendo en estos casos tanto la falsificaci髇 como su uso fraudulento. Igualmente se tipifican de forma aut髇oma los actos preparatorios para la comisi髇 de tales conductas.

II

La Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, fue incorporada al ordenamiento jur韉ico espa駉l mediante la Ley Org醤ica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, para transponer directivas de la Uni髇 Europea en los 醡bitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 韓dole internacional.

En el art韈ulo primero de esta ley org醤ica se incorpora la modificaci髇 del apartado 5 del art韈ulo 285 del C骴igo Penal. El apartado 2 del art韈ulo 7 de la Directiva 2014/57/UE, por conexi髇 con el p醨rafo segundo del apartado 2 de su art韈ulo 3, exige que los delitos relativos a operaciones con informaci髇 privilegiada cometidos por sujetos que no tienen acceso reservado a la informaci髇 privilegiada, al igual que el resto de delitos recogidos en el art韈ulo, se castiguen con penas privativas de libertad cuya duraci髇 m醲ima sea de, al menos, cuatro a駉s. La Ley Org醤ica 1/2019, de 20 de febrero, no introdujo, sin embargo, esta previsi髇.

As�, la duraci髇 m醲ima de la pena indicada en este apartado en la actualidad resulta inferior a cuatro a駉s, que es la que exige para estos supuestos la Directiva 2014/57/UE. Es por ello que la presente ley org醤ica extiende al apartado 5 del art韈ulo 285 la aplicaci髇 de las penas se馻ladas en el resto del art韈ulo para el tipo general del apartado 1 y el tipo agravado del apartado 3, cuya duraci髇 m醲ima s� supera los cuatro a駉s exigidos por la norma europea.

III

En segundo lugar, mediante esta ley se completa la transposici髇 de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar m醩 eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, conocida como Directiva ECN+.

La Directiva establece determinadas normas para garantizar que las autoridades nacionales de competencia (ANC) dispongan de las garant韆s de independencia, recursos y competencias de aplicaci髇 e imposici髇 de multas, necesarias para poder aplicar efectivamente los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y que los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas nacionales que impiden la aplicaci髇 eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia. La implantaci髇 de garant韆s fundamentales que aseguren que las ANC apliquen de manera uniforme y eficaz los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea lleva a instar a los Estados Miembros a que prevean la exoneraci髇 o reducci髇 de la responsabilidad penal de personas que hayan podido cometer un delito relacionado con estas pr醕ticas anticompetencia y presten cooperaci髇 activa en los t閞minos que establece la Directiva. Dice la propia Directiva que los Estados miembros podr韆n prever que las autoridades competentes puedan elegir entre la protecci髇 a las personas frente a sanciones o solo la atenuaci髇 de dichas sanciones, en funci髇 del resultado de la evaluaci髇 del inter閟 por procesar o por sancionar en funci髇 de su contribuci髇 a la detecci髇 e investigaci髇 del c醨tel.

La Directiva se ha traspuesto parcialmente mediante el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. La transposici髇 por este Real Decreto-ley ha sido exclusivamente del apartado 1 del art韈ulo 23, relativo a procedimientos administrativos.

El C骴igo Penal espa駉l sanciona con penas privativas de libertad conductas subsumibles en los art韈ulos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: la alteraci髇 de precios en concursos y subastas p鷅licas (art韈ulo 262), la detracci髇 de materias primas o productos de primera necesidad (art韈ulo 281) y la alteraci髇 de los precios (art韈ulo 284.1.�).

El apartado 3 del art韈ulo 23 de la Directiva ECN+ deja libertad a los Estados miembros para elegir entre no imponer ninguna sanci髇 en el procedimiento judicial penal o solamente atenuarla, en la medida en que la contribuci髇 de las personas, contemplada en el apartado 2, a la detecci髇 e investigaci髇 del c醨tel secreto sea mayor que el inter閟 por el enjuiciamiento o la sanci髇 a estas personas.

Si bien en nuestro ordenamiento jur韉ico penal las medidas premiales basadas en la colaboraci髇 con las autoridades por parte del responsable del delito han sido la rebaja o atenuaci髇 de penas, tal precedente no puede llevar, sin m醩, a una soluci髇 simplista de la atenuaci髇. Por el contrario, razones relativas conducen a la exenci髇 de la responsabilidad criminal. En concreto:

• a) Los acuerdos restrictivos de la competencia no solo perjudican a los consumidores a trav閟 del incremento de precios y de la reducci髇 de la producci髇 y calidad de bienes y servicios, sino que tambi閚 privan a la econom韆 del dinamismo y la innovaci髇 que producen las presiones competitivas.
• b) La pol韙ica de clemencia supone un mecanismo efectivo y esencial en la lucha contra conductas anticompetitivas. Busca detectar c醨teles secretos mediante la denuncia de alguno de sus integrantes: el informante debe ofrecer a la autoridad de competencia informaci髇 y pruebas 鷗iles que le permitan perseguir el c醨tel. Por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposici髇 de sanciones a las infracciones m醩 graves del Derecho de la competencia.
• c) La Directiva ECN+ ampl韆 el 醡bito subjetivo de los beneficiarios de clemencia para abarcar tanto a los que pueden ser beneficiarios de la misma como a los que pueden solicitarla. En efecto, como regla se entiende por las autoridades de competencia que, salvo que la empresa indique expresamente lo contrario, al solicitar la clemencia lo hace tambi閚 en beneficio de los directivos part韈ipes en la conducta. Adem醩, se permite que la persona f韘ica pueda solicitar a t韙ulo particular el beneficio de exenci髇, ya no en nombre de la empresa a la que representa, sino en su propio nombre. El que se establezca en favor de las personas f韘icas la posibilidad de acudir a la autoridad nacional de competencia para solicitar, en su propio nombre, el beneficio de la clemencia por su participaci髇 en un c醨tel, tiene una relevancia fundamental y potenciadora, puesto que su efecto inmediato es que la persona f韘ica ocupe a t韙ulo individual el primer puesto en el orden de prioridad del programa de clemencia.
• d) Finalmente, la mayor韆 de los Estados miembros ha optado por la exenci髇 de la responsabilidad criminal para los directivos gestores y otros miembros del personal, presentes y pasados, que acuden a los programas de clemencia. En este sentido, cabe citar Francia (apartado IV art韈ulo L. 420-6-1 del C骴igo de Comercio), Italia (art韈ulo 31 quater de la Ley de Competencia), Dinamarca o Eslovenia. En Austria se establece como un supuesto de suspensi髇 del procedimiento por razones de oportunidad. Atendiendo a la finalidad de la Directiva y sus consideraciones sobre los programas de clemencia en cuanto instrumento eficaz para la lucha contra los c醨teles secretos y un enjuiciamiento eficiente, quedaba pendiente la transposici髇 del art韈ulo 23 de la misma, para la que se propone en el Derecho interno que, cuando se d� una cooperaci髇 activa por parte de directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de empresa que participan en c醨tel secreto, en los t閞minos previstos en la Directiva, la consecuencia debe ser la exoneraci髇 de la responsabilidad penal.

IV

Se modifica tambi閚 el art韈ulo 173 del C骴igo Penal, con el objetivo de introducir, dentro de los delitos contra la integridad moral, una espec韋ica modalidad delictiva en la que se castigue la ocultaci髇 del cad醰er, atendiendo al sufrimiento que tal conducta puede ocasionar en los familiares o allegados de la persona fallecida, estableciendo una pena agravada con respecto a la prevista en el p醨rafo primero del art韈ulo 173.1.

Esta modificaci髇 obedece a que cuando se produce la muerte de un familiar o allegado, la imposibilidad de disponer del cuerpo para darle las honras f鷑ebres que nuestras costumbres sociales y religiosas prescriben, supone un dolor a馻dido que se ve especialmente agravado cuando obedece a la actuaci髇 de un tercero que oculta el cad醰er deliberadamente. As�, en algunos casos de clara notoriedad en los que los responsables de un homicidio o un asesinato se han negado a revelar el paradero del cad醰er de su v韈tima, incluso cuando ya han sido condenados en firme y cuando, en consecuencia, ning鷑 perjuicio penal podr韆 acarrearles dar raz髇 de su paradero, se produce una acci髇 que causa un da駉 espec韋ico a los familiares y allegados de la v韈tima y que resulta particularmente reprochable.

Por ello, resulta necesario que, en estos y otros casos parecidos, el hecho de ocultar el cad醰er se castigue penalmente, con independencia de la pena que corresponda, en su caso, por el delito previo que haya ocasionado la muerte, pues se trata de un injusto a馻dido que merece una respuesta penal diferenciada. Al tratarse de un injusto diferenciado que atenta contra un bien jur韉ico distinto, el castigo de esta conducta no puede realizarse en el marco de los delitos contra la vida, como el delito de homicidio o el delito de asesinato.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, debido precisamente a ese car醕ter diferenciado, el hecho de ocultar el cad醰er tambi閚 puede merecer un reproche penal cuando quien lo lleva a cabo no se ha visto implicado en ning鷑 delito previo contra la vida.

Tampoco en el Derecho comparado la ocultaci髇 del cad醰er se regula como modalidad agravada o espec韋ica de los delitos contra la vida. Por lo general, tal conducta puede dar lugar a un delito contra la dignidad o el respeto de los muertos (art韈ulo 412 del C骴igo Penal italiano y 168 del C骴igo Penal alem醤) o a un delito de obstrucci髇 a la justicia (art韈ulo 434-7 del C骴igo Penal franc閟), sin diferenciar en ning鷑 caso en funci髇 de si quien comete el delito es a su vez el autor de un previo delito de homicidio o asesinato.

La ocultaci髇 del cad醰er constituye, m醩 bien, como ha apuntado el propio Tribunal Supremo, un atentado contra la integridad moral de los familiares o allegados, que se ven privados de esta forma de disponer del cuerpo de la persona querida seg鷑 sus costumbres o creencias religiosas.

Aunque la regulaci髇 actual del delito contra la integridad que se recoge en el art韈ulo 173 del C骴igo Penal ya permite castigar el acto de ocultar el cad醰er, ante la preocupaci髇 social que han generado algunos casos recientes, y visto el especial sufrimiento ocasionado a los familiares y allegados de las v韈timas de algunos delitos cuando los responsables se han negado a dar cuenta del paradero del cad醰er, es procedente hacer una referencia expresa en dicho precepto a este tipo de supuestos, contemplando adem醩 un agravamiento de la pena por raz髇 del especial desvalor que tal hecho merece.

V

Se modifica el art韈ulo 311 del C骴igo Penal para a馻dir un nuevo p醨rafo que sanciona a quienes impongan condiciones ilegales a las personas trabajadoras mediante su contrataci髇 bajo f髍mulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanci髇 administrativa.

El delito recogido en el art韈ulo 311 del C骴igo Penal ha sido definido por la jurisprudencia como 玡l tipo central del Derecho Penal del trabajo� y 玭鷆leo esencial de la tutela penal del trabajador�. Protege las condiciones m韓imas exigibles e irrenunciables de la contrataci髇 laboral, un bien jur韉ico de innegable dimensi髇 colectiva. El precepto est� concebido para garantizar la indemnidad de la propia relaci髇 laboral mediante la sanci髇 de aquellas conductas que atenten de forma m醩 grave contra los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras.

La incorporaci髇 de las nuevas tecnolog韆s a la organizaci髇 del mercado de trabajo ha propiciado una forma de elusi髇 de responsabilidades empresariales mediante el camuflaje jur韉ico del trabajo por cuenta ajena bajo otras f髍mulas que niegan a las personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos que a tal condici髇 reconoce, con car醕ter de indisponibles e irrenunciables, la legislaci髇 laboral, con respaldo expreso de la Constituci髇 y de los tratados internacionales que vinculan a nuestro pa韘.

El conjunto de instrumentos de tutela de la relaci髇 de trabajo reposa en el ordenamiento jur韉ico laboral, que garantiza la eficacia de sus preceptos mediante las instituciones, administrativas y judiciales, que permiten asegurar la vigencia de las normas y de las decisiones judiciales. No obstante, cuando los medios preventivos y sancionadores con que cuenta el ordenamiento laboral ceden ante nuevas formas de criminalidad grave, es inevitable el recurso, como 鷏tima ratio, al Derecho penal.

Por un lado, el nuevo precepto pretende cubrir una laguna de punibilidad sobre hechos vinculados, en general pero no exclusivamente, a nuevas tecnolog韆s que, a partir del uso de sistemas automatizados, permiten el incumplimiento masivo de la correcta utilizaci髇 del contrato de trabajo; conductas que no pudieron ser previstas por el legislador de 1995 pero que no puede desconocer el de 2022. Por otro lado, pretende garantizar la efectividad del ordenamiento jur韉ico laboral y de su sistema de control administrativo ante incumplimientos del mismo en detrimento de los derechos, individuales y colectivos, de las personas trabajadoras.

El sistema penal no puede eludir sus obligaciones en materia de protecci髇 de estos derechos, colectivos e irrenunciables, frente a los ataques m醩 graves y por ello se propone la introducci髇 de un nuevo numeral 2.� en el art韈ulo 311. Se trata de un tipo especial, que acota el 醡bito de la autor韆 a aquellos que violan los derechos de las personas trabajadoras; de resultado lesivo, eludiendo as� el expansionismo punitivo y de medios tasados, que acota el modus operandi a la utilizaci髇 espuria de un contrato o a la desatenci髇 del llamamiento a adecuarse a la legalidad que se le ha hecho mediante requerimiento o sanci髇 al infractor o infractora.

VI

La reforma implica un regreso al modelo tradicional espa駉l, es decir, al anterior a la reforma de 2015. En efecto, porque la Ley Org醤ica 1/2015 supuso tambi閚 en esta materia una ruptura con nuestra tradici髇 codificadora ya bicentenaria. Lo hizo al reformar dr醩ticamente la regulaci髇 de los delitos de malversaci髇 siguiendo parcialmente el modelo alem醤, al definirlos en referencia a los delitos de apropiaci髇 indebida y administraci髇 desleal. Es decir, como figuras de naturaleza eminentemente patrimonial. Sin embargo, y a diferencia del modelo alem醤, los mantuvo dentro de los 獶elitos contra la Administraci髇 P鷅lica�. Con este cambio construy� un h韇rido entre delitos contra el patrimonio y delitos contra el correcto funcionamiento de los servicios p鷅licos.

Pero a su vez introdujo como t韕icas cualquier conducta no solo de las cl醩icas de apropiaci髇 o distracci髇 de recursos p鷅licos con 醤imo de lucro propio o de tercero, sino que lo extendi� a conductas de deficiente o abusiva administraci髇, esto es, desleal e infiel, y en consecuencia posibilit� abiertamente la punici髇 de comportamientos consistentes en desviaciones presupuestarias, despilfarro o gastos de dif韈il justificaci髇 y, por supuesto, cualquier gasto de dudosa legalidad o de incierta finalidad p鷅lica.

Sin embargo, no sigui� la legislaci髇 alemana en su elenco de penas por el delito de malversaci髇, que all� llegan hasta los cinco a駉s de prisi髇, mientras que en Espa馻 pueden alcanzar los doce a駉s.

Ya el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal en sus Informes emitidos en relaci髇 con la reforma de 2015, se mostraron abiertamente contrarios a la propuesta que equiparaba la apropiaci髇 indebida con la administraci髇 desleal y pidieron mantener el modelo tradicional.

Pues bien, la presente modificaci髇 supone el regreso al modelo que siempre se comparti� con Francia, Italia y Portugal. Se configura sobre dos ejes centrales. El primero radica en su sistematizaci髇, dentro de los delitos contra la Administraci髇 P鷅lica, originalmente delitos de los funcionarios p鷅licos cometidos en el ejercicio de sus cargos. De este modo se subraya su naturaleza pluriofensiva de infracci髇 patrimonial, de una parte, pero tambi閚 lesiva del inter閟 general al afectar justamente al patrimonio com鷑, y con ello al cumplimiento de las funciones y finalidades p鷅licas. A su vez, el segundo eje central descansa en la distinci髇 entre las conductas de apropiaci髇 o distracci髇 de los fondos p鷅licos hacia beneficios directos o indirectos de car醕ter privado, y de otra parte, los comportamientos que, sin comportar una apropiaci髇 definitiva o el uso temporal para fines privados, suponen una desviaci髇 de las finalidades legalmente establecidas o una aut閚tica administraci髇 desleal con perjuicio a la causa p鷅lica.

Por consiguiente, el texto distingue claramente entre tres niveles de malversaci髇: la apropiaci髇 de fondos por parte del autor o que 閟te consienta su apropiaci髇 por terceras personas (art韈ulo 432), que integra la conducta m醩 grave y contiene diversas agravaciones; el uso temporal de bienes p鷅licos sin animus rem sibi habendi y con su posterior reintegro (art韈ulo 432 bis) y un desv韔 presupuestario o gastos de dif韈il justificaci髇 (art韈ulo 433).

De este modo, la apropiaci髇 de caudales p鷅licos queda castigada como en la actualidad, mientras que los desv韔s presupuestarios tendr醤 una pena m醩 leve, pero en todo caso implicar醤 pena de prisi髇, salvo en el caso de que no quede comprometido o entorpecido el servicio al que estuviesen consignados los fondos desviados.

El C骴igo Penal de 1995 no incluy� un precepto semejante porque delimit� los delitos de malversaci髇 exclusivamente para las conductas de apropiaci髇 definitiva o temporal o desviaci髇 de fondos p鷅licos para fines privados. De lo que se segu韆 la despenalizaci髇 absoluta de cualquier comportamiento de desviaci髇 presupuestaria o si se prefiere de usos p鷅licos distintos a los previstos legalmente. De suerte que cualquier comportamiento en el que un funcionario destinaba o aplicaba caudales p鷅licos a finalidades p鷅licas distintas a las previstas, resultaba completamente at韕ico.

Ahora bien, exist韆 debate acerca de la caracterizaci髇 de lo que es un uso p鷅lico, esto es, si adem醩 de las conductas de estricta desviaci髇 presupuestaria tambi閚 inclu韆 alcanzar finalidades discutibles por su legalidad o por su propia consideraci髇 de p鷅licas. No obstante, en la actualidad la sociedad espa駉la ha evolucionado hacia una mayor intolerancia hacia ciertos comportamientos de administraci髇 desleal del patrimonio p鷅lico, si bien nunca equipara su gravedad y castigo con las conductas de sustracci髇 o desv韔 hacia intereses particulares, que integran la noci髇 com鷑 de corrupci髇. De esta manera se corrige la inseguridad y la desproporci髇 introducidas en la reforma de 2015 igualando el reproche a hechos con un desvalor n韙idamente diferente, como hacen otros pa韘es europeos con una tradici髇 jur韉ica similar a la espa駉la.

En la misma l韓ea de recuperar nuestro cl醩ico sistema legal y a la vez volver a compartir una regulaci髇 similar a la de Francia, Italia y Portugal, se reintroduce una modalidad atenuada de la malversaci髇 consistente en el uso temporal de bienes o efectos p鷅licos, como exist韆 tambi閚 antes de 2015 y como se da en los casos de los pa韘es antes referidos. El cambio se sit鷄 ahora en una actualizaci髇 de la penalidad que responde a la actual sensibilidad de la sociedad espa駉la frente a esta clase de comportamientos.

Por otro lado, se introducen mejoras t閏nicas en los art韈ulos 433 ter y 434. En el primero se contiene una definici髇, a los efectos penales, de patrimonio p鷅lico, con id閚tica funcionalidad a la desempe馻da por los art韈ulos 24 y 25. El segundo dispone una cl醬sula premial ahora redactada de forma similar a otras semejantes contempladas en el C骴igo Penal. El resto de preceptos de este cap韙ulo no sufren modificaciones.

En resumen, la presente reforma viene a sancionar cualquier clase de gasto indebido de fondos p鷅licos por quien siendo autoridad o funcionario p鷅lico tiene encomendada su custodia o administraci髇.

VII

La presente reforma introduce por primera vez en el ordenamiento jur韉ico espa駉l el delito de enriquecimiento il韈ito. Espa馻 incorpora as� una figura de vanguardia para la lucha contra la corrupci髇 siguiendo diversas recomendaciones y tendencias internacionales y europeas, entre las que destacan la de Naciones Unidas a trav閟 de la Convenci髇 contra la Corrupci髇 del a駉 2003, la Comunicaci髇 de la Comisi髇 al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativa a la creaci髇 de un delito que penalizase la posesi髇 de bienes injustificados para luchar contra la criminalidad organizada, as� como el anuncio de la presidenta de la Comisi髇 Europea en el a駉 2022 de la intenci髇 de reforzar la lucha contra la corrupci髇 en materia de enriquecimiento il韈ito. En los 鷏timos a駉s, diversos pa韘es europeos como Francia, Luxemburgo, Portugal o Lituania han introducido este delito en sus respectivas legislaciones, por lo que su incorporaci髇 al C骴igo Penal supone tanto un avance claro en la lucha contra la corrupci髇 como una homologaci髇 con algunas de las legislaciones m醩 avanzadas del entorno internacional.

La figura que se incorpora se configura como un delito de desobediencia. De este modo, para incurrir en el tipo penal no basta con poseer un patrimonio cuyo origen no sea explicable a partir de los ingresos declarados, sino que debe existir un requerimiento previo por parte de los organismos administrativos o judiciales competentes para la comprobaci髇 de dicho patrimonio. Solo ante la negativa a detallar a dichos 髍ganos el origen de un incremento patrimonial o de una cancelaci髇 de deudas o ante una explicaci髇 manifiestamente falsa sobre los mismos se incurrir韆 en el tipo penal. Tradicionalmente, la figura del enriquecimiento il韈ito o injusto hab韆 generado controversia constitucional al ser configurado como un delito de sospecha, por su posible colisi髇 con el derecho fundamental a la presunci髇 de inocencia, algo que se evita con la actual regulaci髇 que sigue el ya citado modelo de desobediencia que han incorporado recientemente pa韘es como Portugal.

VIII

Se aborda igualmente la reforma de los delitos contra el orden p鷅lico del t韙ulo XXII del libro II de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal.

La revisi髇 de este t韙ulo persigue los siguientes objetivos: en primer lugar, armonizar la legislaci髇 espa駉la sobre esta materia con la de los pa韘es de nuestro entorno; en segundo lugar, adecuar su regulaci髇 a la realidad hist髍ica actual, que resulta muy diferente de aquella en la que fueron concebidas algunas figuras; en tercer lugar, mejorar la redacci髇 y clarificar la estructura de los tipos penales afectados.

El tipo de sedici髇 del art韈ulo 544 del vigente C骴igo penal fue introducido en el ordenamiento espa駉l a trav閟 del C骴igo Penal de 1822 en el t韙ulo III de la Parte primera, bajo la r鷅rica 獶e los delitos contra la seguridad interior del Estado, y contra la tranquilidad y orden p鷅lico�. En la actualidad, mantiene pr醕ticamente inalterada su redacci髇 original, si bien su reciente aplicaci髇 ha permitido establecer criterios interpretativos, sobre todo en lo referido a la intensidad de la afectaci髇 del orden p鷅lico y el uso de la violencia, que se ven reflejados en la presente reforma.

Desde un principio, la conducta t韕ica de este delito se ha basado en el alzamiento para la consecuci髇 de ciertos objetivos. Ya el art韈ulo 250 del C骴igo Penal de 1870 consideraba reos de este delito a los que se alzaren p鷅lica y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las v韆s legales determinados objetivos, tal y como hace actualmente el art韈ulo 544 del C骴igo penal de 1995. A lo largo de los a駉s se han ido introduciendo m韓imas variaciones en cuanto a los objetivos concretos que en este delito deb韆 perseguir el alzamiento, pero apenas se ha modificado el elemento central de la conducta t韕ica.

La reforma m醩 importante en esta materia se produce con la aprobaci髇 del C骴igo Penal de 1995, que reubica el delito de sedici髇 para configurarlo como un delito contra el orden p鷅lico, con una tipificaci髇 y una pena que no se ajustan a los mejores est醤dares de los pa韘es de nuestro entorno.

La escasa aplicaci髇 que hasta fechas recientes ha experimentado este delito ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretaci髇 que se derivan de la dif韈il delimitaci髇 del tipo penal y de la confusa definici髇 de la conducta t韕ica.

La doctrina ha criticado efectivamente la falta de claridad acerca del contenido y alcance del tipo delictivo de sedici髇, circunstancia esta que opera en contra del mandato de certeza propio del principio de legalidad penal. Tampoco puede obviarse, por otra parte, el hecho de que la comisi髇 de este delito puede presentarse vinculada en su desarrollo al ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el derecho de reuni髇 o la libertad de expresi髇. Conviene, en este sentido, evitar un posible efecto disuasorio sobre el ejercicio de tales derechos y libertades constitucionales, lo que hace particularmente necesario precisar cu醠 es exactamente la conducta castigada y de qu� forma lesiona o pone en peligro el bien penalmente protegido.

De igual forma, debe fortalecerse la importancia del principio de proporcionalidad a la hora de establecer la pena hasta ahora asociada a este delito. Destaca la elevada gravedad de las penas previstas hasta la fecha, teniendo en cuenta no solo la amplitud con la que se define la conducta t韕ica, sino tambi閚 el marco penal en el que se mueven estos delitos en otros ordenamientos jur韉icos europeos.

Los problemas de proporcionalidad se agudizan por la defectuosa delimitaci髇 que actualmente se hace entre la sedici髇 y otros delitos o infracciones administrativas basados igualmente en una alteraci髇 del orden p鷅lico que implique resistencia o desobediencia a la autoridad, que en algunos casos requieren adem醩 una conducta violenta o intimidatoria. Y es que, una vez que el delito de sedici髇 es claramente separado del delito de rebeli髇 y pasa a ser configurado como un delito contra el orden p鷅lico, resulta complicado precisar el lugar sistem醫ico que le corresponde en relaci髇 con otros delitos que atentan contra este mismo bien jur韉ico. De hecho, en otros ordenamientos es dif韈il encontrar un delito espec韋ico que pueda identificarse con este delito de sedici髇 del art韈ulo 544 del C骴igo Penal.

A la vista de la regulaci髇 que de estos comportamientos llevan a cabo los pa韘es con los que Espa馻 comparte tradici髇 jur韉ica, resultaba imprescindible revisar el tratamiento que el C骴igo Penal espa駉l viene realizando de los delitos contra el orden p鷅lico.

Es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la respuesta jur韉ica m醩 adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el presente y que, como es l骻ico, no son recogidos en toda su complejidad en una legislaci髇 de hace dos siglos.

De este modo, la reciente aplicaci髇 de este precepto ha puesto de manifiesto imprecisiones normativas de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad penal y el principio de proporcionalidad. Unas imprecisiones, adem醩, que se suman al car醕ter obsoleto y carente de reflejo en la legislaci髇 de los pa韘es europeos de nuestro entorno jur韉ico. Todos estos factores aconsejan abordar de forma simult醤ea la supresi髇 de esta figura a la vez que se acomete una reforma integral de otros tipos penales para centrar la acci髇 legislativa en materia penal en la protecci髇 del bien jur韉ico del orden p鷅lico.

Esta reforma integral del tipo penal del delito de des髍denes p鷅licos pretende: dar una respuesta jur韉ico penal adecuada a nuevos fen髆enos sociales que afectan a la figura del ejercicio de las leg韙imas competencias por parte de las autoridades; reforzar el principio de legalidad penal en todas sus expresiones y muy especialmente en lo relativo a la debida proporcionalidad entre delitos y penas y a la taxatividad de los tipos penales; acercar la legislaci髇 penal espa駉la a la de los pa韘es de nuestro entorno; adecuar a los valores propios de una sociedad democr醫ica y permitir a los operadores jur韉icos interpretar con total claridad la legislaci髇 existente sobre la materia cuando deban aplicarla.

As�, las principales modificaciones operadas sobre los delitos contra el orden p鷅lico, son las siguientes: en primer lugar, se introduce una nueva regulaci髇 del delito de des髍denes p鷅licos para dotarlo de unos contornos m醩 claros, describiendo los elementos necesarios y confluyentes para su comisi髇: la actuaci髇 en grupo, la finalidad de atentar contra la paz p鷅lica, entendida esta como la normalidad de la convivencia con un uso pac韋ico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales y, por 鷏timo, la existencia de violencia o intimidaci髇. La confluencia de estos tres elementos no solo aporta una mayor precisi髇 al tipo penal, sino que adem醩 ayuda a distinguirlo de otros delitos sobre las personas o las cosas y permite distinguir entre comportamientos amparados por los derechos fundamentales de reuni髇 y de libertad de expresi髇 y comportamientos antijur韉icos claramente destinados a perjudicar la convivencia o a poner en peligro la paz y tranquilidad p鷅licas. En este sentido, se reintegra en el tipo la exigencia de la actuaci髇 en grupo, regresando a la formulaci髇 original contenida en el C骴igo Penal de 1995 y eliminando la confusa, contradictoria y perturbadora referencia a su comisi髇 individual operada por la Ley Org醤ica 1/2015, de 30 de marzo.

En segundo lugar, se introduce una modalidad agravada de des髍denes p鷅licos. Esta modalidad agravada exige que el delito de des髍denes p鷅licos sea cometido por una multitud cuyas caracter韘ticas (n鷐ero, organizaci髇 y finalidad) sean id髇eas para afectar gravemente el orden p鷅lico, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios p鷅licos. Se configura, as�, como un tipo de peligro que, aunque no exige que el orden p鷅lico llegue a verse efectivamente afectado o impedido, s� requiere que se hayan dispuesto los elementos de una forma adecuada para haberlo puesto en peligro.

De este modo, el bien jur韉ico del orden p鷅lico se convierte en el centro de esta figura penal, evitando problemas de imprecisi髇 jur韉ica existentes hasta ahora. Las penas asociadas a este nuevo tipo penal se sit鷄n, adem醩, en los contornos de las jurisdicciones europeas de nuestro entorno, que prev閚, como se hace en esta reforma, una respuesta penal a fen髆enos espec韋icos y especialmente graves de alteraci髇 del orden p鷅lico cuando este se ve objetivamente amenazado por multitudes constituidas para conseguir dicho fin. Espa馻 incorpora as� un modelo de protecci髇 avanzada del orden p鷅lico ante estos riesgos muy similar al de pa韘es europeos con los que comparte valores jur韉icos y con los que aspira a una plena homologaci髇. Cabe citar, por ejemplo, los c骴igos penales de Alemania, Francia, Italia, Suiza, B閘gica o Portugal.

En l韓eas generales, la regulaci髇 que se hace de tales il韈itos en pa韘es de nuestro entorno, en comparaci髇 con la que ofrece nuestro C骴igo Penal, se caracteriza no solo por la menor gravedad de las penas o la exigencia en todo caso de violencia o intimidaci髇, sino tambi閚 por la ausencia de una figura espec韋ica equiparable al delito de sedici髇. Tal tipolog韆 ha sido objeto de derogaci髇 en ordenamientos como el alem醤, donde se encontraba regulado en el par醙rafo 115 de su norma penal, que castigaba a los que tomaban parte en una asonada o alzamiento p鷅lico en el que se llevara a cabo precisamente un acto de resistencia del par醙rafo 113; un delito que, sin embargo, fue criticado por castigar el mero hecho de formar parte de la asonada, sin exigir que se hiciera uso de la violencia o de la amenaza, y que fue finalmente derogado en 1970, una tendencia que se asume en la presente reforma.

En definitiva, se opera una profunda modificaci髇 de los 玠es髍denes p鷅licos�. As�, el nuevo art韈ulo 557 se estructura en varios apartados. En el apartado 1 se contiene el tipo b醩ico de des髍denes p鷅licos, que contempla ataques de relevante entidad para el orden p鷅lico. En cambio, el apartado 2 describe un tipo cualificado para situaciones de excepcional capacidad para afectar la paz p鷅lica e id髇eas para alterar gravemente el orden p鷅lico. En este sentido, es necesario destacar el car醕ter excepcional del delito descrito en este segundo apartado, que no puede considerarse una mera agravaci髇 de las conductas descritas en el apartado 1 ni pretende sustituir el actual 557 bis (muy al contrario, y, como se ver� m醩 adelante, las conductas agravadas de este apartado 1 se recogen en el apartado 3 en una sucesi髇 penal del actual 557 bis), sino un comportamiento aut髇omo y con elementos (n鷐ero, organizaci髇 y prop髎ito de la multitud) dispuestos desde el inicio para alterar gravemente el orden p鷅lico, con una intensidad notablemente mayor de la que se puede producir en la modalidad normal de des髍denes p鷅licos regulada en el apartado 1.

A su vez, el apartado 3 sintetiza y selecciona las agravaciones actualmente recogidas en el art韈ulo 557 bis, que ahora queda derogado. Por su parte, el apartado 4 mantiene la punici髇 de los actos preparatorios. A continuaci髇, el apartado 5 formula una conducta de peligro para la vida o integridad con ocasi髇 de encuentros de cierto n鷐ero de personas. El precepto se cierra con el apartado 6 que mantiene la cl醬sula concursal vigente.

Por 鷏timo, el nuevo art韈ulo 557 bis viene a suceder al derogado art韈ulo 557 ter.

Consecuentemente con lo anterior, la reforma diferencia varias modalidades, tanto por la entidad de la finalidad perseguida en el ataque, como por la gravedad de los medios empleados, y siempre que se trate de un sujeto activo plural. Por consiguiente, y con car醕ter general, es pertinente escalonar distintas penalidades de modo que resulten en abstracto y en concreto proporcionadas a estos par醡etros.

Para la aplicaci髇 de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera reproducen las disposiciones transitorias de otras leyes org醤icas destinadas a modificar el C骴igo Penal, como la Ley Org醤ica 5/2010, de 22 de junio, o la Ley Org醤ica 1/2015, de 30 de marzo, que a su vez se corresponden sustancialmente con las que en su momento estableci� el C骴igo Penal de 1995, en su redacci髇 original dada por la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, que son disposiciones que hoy se encuentran vigentes y han sido convenientemente interpretadas por el Tribunal Supremo. Por consiguiente, aun cuando no se estableciera r間imen transitorio en esta ley, se llegar韆 a las mismas conclusiones por aplicaci髇 del art韈ulo 2.2 del C骴igo Penal y de la disposici髇 transitoria quinta de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre. No obstante, la diversidad de interpretaciones realizadas en recientes reformas que afectan al C骴igo Penal aconseja su introducci髇 expresa, conforme al principio de seguridad jur韉ica garantizado en el art韈ulo 9.3 de la Constituci髇 Espa駉la.

IX

La regulaci髇 de la infracci髇 de contrabando de material de defensa y de productos y tecnolog韆s de doble uso, responde al establecimiento de un sistema de control de las operaciones de comercio exterior derivado de obligaciones internacionales de Espa馻.

El sistema punitivo a trav閟 del contrabando busca como uno de sus objetivos sacar del circuito el material o los productos o tecnolog韆s a los que se aplica cuando no se conoce con anterioridad por la Administraci髇 la realizaci髇 de la operaci髇. Objetivo que se alcanza con la intervenci髇 del material o de los productos o de la tecnolog韆 objeto del comercio exterior.

Si bien el C骴igo Penal tipifica la fabricaci髇, comercializaci髇 o tenencia de las armas de guerra, armas de fuego o armas qu韒icas, biol骻icas, nucleares o radiol骻icas, minas antipersonas o municiones en racimo, en relaci髇 con productos y tecnolog韆 de doble uso solo est醤 tipificadas las acciones previas al comercio exterior de productos y tecnolog韆s que vayan a ser destinadas a programas de proliferaci髇, con la posible comisi髇 del delito de contrabando en grado de tentativa. Se considera necesario tipificar las conductas de conspiraci髇 y proposici髇 de operaciones de comercio exterior sobre productos y tecnolog韆s de doble uso, a cuyo fin se modifica el art韈ulo 3 de la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi髇 del Contrabando.

Por otro lado, habida cuenta de la especializaci髇, el nivel t閏nico y el empleo de estructuras financieras complejas que implican la realizaci髇 de este tipo de conductas delictivas, as� como la materializaci髇 de parte o la totalidad de estas en territorio extranjero o en aguas internacionales, se considera adecuado atribuir a la Audiencia Nacional la instrucci髇 y enjuiciamiento de causas por este tipo de acciones delictivas, lo que exige la modificaci髇 del art韈ulo 65 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

X

Se modifican los art韈ulos 182 y 183 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre los d韆s 24 de diciembre y 6 de enero de cada a駉 judicial con el fin de compatibilizar los principios de seguridad jur韉ica, el derecho de defensa y los derechos de los y las profesionales que se relacionan con la Administraci髇 de Justicia, concretamente, el derecho al descanso y a la conciliaci髇 de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo.

Esta medida no supone la paralizaci髇 de la actividad en los 髍ganos y oficinas judiciales, que continuar醤 prestando el servicio p鷅lico, afectando especialmente al c髆puto procesal de los plazos, que se ver� interrumpido y que se reanudar� inmediatamente despu閟 del transcurso de este periodo. El precepto deja a salvo la posibilidad de habilitaci髇 de estos d韆s en los t閞minos previstos en la legislaci髇 org醤ica y en las leyes procesales.

Las personas profesionales de la abogac韆, la procura y los graduados y graduadas sociales aspiran a la regulaci髇 de una serie de medidas que permitan una mayor conciliaci髇 de la vida personal y familiar con su desempe駉 profesional ante los tribunales de justicia. Si bien la mayor parte de las mismas han sido atendidas por otras leyes, resulta necesario anticipar en esta norma la declaraci髇 de inhabilidad del per韔do navide駉, a cuyo efecto se modifican el art韈ulo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el art韈ulo 43.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci髇 social.

Art韈ulo segundo Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi髇 del Contrabando

Se introduce un nuevo apartado 4 en el art韈ulo 3 de Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi髇 del Contrabando, con la siguiente redacci髇:

�4. La conspiraci髇 y la proposici髇 para cometer un delito de contrabando de material de defensa, o de material o productos y tecnolog韆s de doble uso ser醤 castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a lo que corresponde a este delito.�

LE0000008564_20230112

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 130 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue:

�2. Son d韆s inh醔iles a efectos procesales los s醔ados y domingos, y los d韆s que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del a駉 siguiente, ambos inclusive, los d韆s de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Aut髇oma o localidad. Tambi閚 ser醤 inh醔iles los d韆s del mes de agosto.�

LE0000025866_20230407

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci髇 social

Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 43 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci髇 social, que queda redactado como sigue:

�4. Los d韆s del mes de agosto y los d韆s que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del a駉 siguiente, ambos inclusive, ser醤 inh醔iles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinci髇 del contrato de trabajo de los art韈ulos 50, 51 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geogr醘ica, modificaci髇 sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi髇 del contrato y reducci髇 de jornada por causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇 o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci髇 de la vida personal, familiar y laboral del art韈ulo 139, impugnaci髇 de altas m閐icas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnaci髇 de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades p鷅licas, tanto en el proceso declarativo como en tr醡ite de recurso o de ejecuci髇.

Tampoco ser醤 inh醔iles dichos d韆s para la adopci髇 de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevenci髇 de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as� como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse, pudieran dar lugar a un perjuicio de dif韈il reparaci髇.

Ser醤 h醔iles el mes de agosto y los d韆s que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del a駉 siguiente, ambos inclusive, para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero.�

LE0000462763_20230302

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley org醤ica.