Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, por la que se establecen normas armonizadas para la designaci髇 de establecimientos designados y de representantes legales a efectos de recabar pruebas electr髇icas en procesos penales

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular sus art韈ulos 53 y 62,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Los servicios basados en la red pueden prestarse desde cualquier lugar y no requieren infraestructura f韘ica, instalaciones ni personal en el pa韘 en que se ofrece el servicio en cuesti髇, ni en el mercado interior. Como consecuencia de ello, puede resultar dif韈il aplicar y hacer cumplir las obligaciones establecidas en el Derecho nacional y de la Uni髇 dirigidas a los prestadores de servicios afectados, y en particular la obligaci髇 de cumplir una orden o una resoluci髇 de una autoridad judicial. Este es el caso, en particular, del Derecho penal, en que las autoridades de los Estados miembros se enfrentan a dificultades para notificar, garantizar el respeto y hacer cumplir sus decisiones, sobre todo cuando los servicios en cuesti髇 se prestan desde un lugar situado fuera de su territorio. En este contexto, los Estados miembros han adoptado una serie de medidas dispares para aplicar y hacer cumplir su legislaci髇 de forma m醩 efectiva. Esto incluye medidas para dirigirse a los prestadores de servicios a fin de obtener pruebas electr髇icas pertinentes a efectos de un proceso penal. A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado, o est醤 estudiando adoptar, legislaci髇 que establezca la representaci髇 legal obligatoria en su propio territorio, para una serie de prestadores de servicios que ofrezcan servicios en dicho territorio. Tales requisitos crean obst醕ulos a la libre prestaci髇 de servicios en el mercado interior.
• (2) Existe un riesgo de que, a falta de un planteamiento a escala de la Uni髇, los Estados miembros traten de subsanar las deficiencias existentes en cuanto a recabar pruebas electr髇icas en procesos penales, imponiendo obligaciones nacionales dispares. Esa disparidad de obligaciones nacionales crear韆 mayores obst醕ulos a la libre prestaci髇 de servicios en el mercado interior.
• (3) La falta de un planteamiento a escala de la Uni髇 se traduce en inseguridad jur韉ica que afecta tanto a los prestadores de servicios como a las autoridades nacionales. Se aplican obligaciones dispares que pueden entrar en conflicto a los prestadores de servicios establecidos en distintos Estados miembros o que ofrecen servicios en ellos, lo que se traduce en que esos prestadores de servicios est閚 sometidos a diferentes reg韒enes de sanciones en caso de infracci髇. Esas divergencias en el marco para procesos penales tender醤 a ampliarse, dada la creciente importancia de los servicios de la sociedad de la informaci髇 y la comunicaci髇 en nuestras sociedades y vidas cotidianas. Dichas divergencias no solo constituyen un obst醕ulo para el buen funcionamiento del mercado interior, sino que tambi閚 suponen problemas para el establecimiento y el buen funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Uni髇.
• (4) Para evitar divergencias en el marco jur韉ico y garantizar que las empresas que operan en el mercado interior est閚 sujetas a obligaciones id閚ticas o similares, la Uni髇 ha adoptado una serie de actos jur韉icos en 醡bitos relacionados, como la protecci髇 de datos, a saber, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento y del Consejo (4) . Con el fin de aumentar el nivel de protecci髇 de los interesados, el Reglamento (UE) 2016/679 prev� la designaci髇 de un representante legal en la Uni髇 por los responsables o encargados del tratamiento que no est閚 establecidos en la Uni髇, pero que ofrezcan productos o servicios a los interesados en el territorio de la Uni髇 o que controlen su conducta en caso de que esta conducta tenga lugar en la Uni髇, a menos que el tratamiento de datos sea ocasional, no incluya el tratamiento a gran escala de categor韆s especiales de datos personales o el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, y sea improbable que entra馿 un riesgo para los derechos y libertades de las personas f韘icas, teniendo en cuenta la naturaleza, el contexto, el alcance y los fines del tratamiento, o si el responsable o el encargado del tratamiento es una autoridad u organismo p鷅lico.
• (5) Al establecer normas armonizadas sobre la designaci髇 de establecimientos designados y de representantes legales de determinados prestadores de servicios en la Uni髇 para la recepci髇, el cumplimiento y la ejecuci髇 de las resoluciones y 髍denes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas electr髇icas en procesos penales, deben suprimirse los obst醕ulos existentes a la libre prestaci髇 de servicios y debe evitarse la imposici髇 de enfoques nacionales divergentes a este respecto en el futuro. Deben establecerse, por lo tanto, condiciones de competencia equitativas para los prestadores de servicios. Dependiendo de si los prestadores de servicios est醤 o no establecidos en la Uni髇, los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios designen un establecimiento designado o un representante legal. Estas normas armonizadas sobre la designaci髇 de los establecimientos designados y de representantes legales no deben afectar a las obligaciones que incumban a los prestadores de servicios en virtud de otros actos legislativos de la Uni髇. Asimismo, debe facilitarse una aplicaci髇 m醩 efectiva de las normas penales en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Uni髇.
• (6) Los establecimientos designados y los representantes legales previstos en la presente Directiva deben servir de destinatarios de las resoluciones y 髍denes a efectos de recabar pruebas electr髇icas sobre la base del Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y del Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el art韈ulo 34 del Tratado de la Uni髇 Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni髇 Europea (7) , tambi閚 cuando dichas resoluciones y 髍denes se transmitan en forma de certificado.

  El recurso al establecimiento designado o al representante legal debe ser conforme a los procedimientos establecidos en los instrumentos y la legislaci髇 aplicables a los procedimientos judiciales, tambi閚 cuando los instrumentos permitan la notificaci髇 directa de 髍denes en situaciones transfronterizas al establecimiento designado o al representante legal del prestador de servicios, o se basen en la cooperaci髇 entre las autoridades judiciales competentes. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que el establecimiento designado est� establecido o el representante legal resida deben actuar de conformidad con el papel que se les asigne en el instrumento respectivo en caso de que se prevea una participaci髇. Los Estados miembros tambi閚 deben poder dirigir las resoluciones y 髍denes con el fin de recabar pruebas electr髇icas sobre la base del Derecho nacional a una persona f韘ica o jur韉ica que act鷈 como representante legal o como establecimiento designado de un prestador de servicios en su territorio.

• (7) Los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Uni髇 a 18 de febrero de 2026 tengan la obligaci髇 de designar al menos un establecimiento designado o un representante legal a m醩 tardar el 18 de agosto de 2026 y por que los prestadores de servicios que comiencen a ofrecer servicios en la Uni髇 despu閟 de esa fecha designen al menos un establecimiento designado o un representante legal en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que comiencen a ofrecer servicios en la Uni髇. Sin perjuicio de las garant韆s de protecci髇 de datos, dicho establecimiento designado o representante legal podr韆 ser compartido entre varios prestadores de servicios, en particular por prestadores de servicios que sean peque馻s o medianas empresas.
• (8) La obligaci髇 de designar un establecimiento designado o un representante legal debe aplicarse a los prestadores que ofrezcan servicios en la Uni髇, lo que significa en uno o m醩 Estados miembros. La presente Directiva no debe aplicarse a las situaciones en las que un prestador de servicios est� establecido en el territorio de un Estado miembro y ofrezca servicios exclusivamente en el territorio de dicho Estado miembro.
• (9) A efectos de recabar pruebas electr髇icas en procesos penales, los Estados miembros deben poder seguir dirigi閚dose a los prestadores de servicios establecidos en su territorio para situaciones puramente internas de conformidad con el Derecho de la Uni髇 y su Derecho nacional respectivo. No obstante las posibilidades que actualmente ofrece el Derecho nacional para dirigirse a los prestadores de servicios en su propio territorio, los Estados miembros no deben eludir los principios subyacentes a la presente Directiva o al Reglamento (UE) 2023/1543.
• (10) La determinaci髇 de si un prestador ofrece servicios en la Uni髇 requiere una valoraci髇 de si el prestador de servicios permite a las personas f韘icas o jur韉icas que se encuentren en uno o m醩 Estados miembros utilizar sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad de una interfaz en l韓ea en la Uni髇 (como, por ejemplo, la accesibilidad de una p醙ina web o una direcci髇 de correo electr髇ico u otros datos de contacto de un prestador de servicios o de un intermediario), tomada aisladamente, debe considerarse insuficiente para determinar que un prestador de servicios ofrece servicios en la Uni髇 en el sentido de la presente Directiva.
• (11) La determinaci髇 de si un prestador de servicios ofrece servicios en la Uni髇 requiere, adem醩 de valorar si el prestador permite a las personas f韘icas o jur韉icas que se encuentren en uno o m醩 Estados miembros utilizar sus servicios, establecer si existe una conexi髇 sustancial con la Uni髇. Debe considerarse que existe tal conexi髇 sustancial con la Uni髇 cuando el prestador de servicios tenga un establecimiento en la Uni髇. A falta de tal establecimiento, el criterio de la conexi髇 sustancial debe basarse en criterios f醕ticos espec韋icos como la existencia de un n鷐ero significativo de usuarios en uno o m醩 Estados miembros, o la orientaci髇 de las actividades hacia uno o m醩 Estados miembros. La orientaci髇 de las actividades hacia uno o m醩 Estados miembros ha de determinarse en funci髇 de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar productos o servicios.

  La orientaci髇 de las actividades hacia un Estado miembro tambi閚 puede derivarse de la disponibilidad de una aplicaci髇 para m髒il en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la lengua com鷑mente utilizada en dicho Estado miembro, o de una gesti髇 de las relaciones con los clientes que incluya, por ejemplo, la prestaci髇 de servicios a los clientes en la lengua com鷑mente utilizada en ese Estado miembro. Tambi閚 debe considerarse que existe una conexi髇 sustancial cuando un prestador de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros con arreglo a los establecido en el Reglamento (UE) n.� 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) . Por otro lado, la prestaci髇 de un servicio con el fin de un mero cumplimiento de la prohibici髇 de discriminaci髇 establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) no debe, sin motivos adicionales, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia un territorio determinado de la Uni髇. Las mismas consideraciones deben aplicarse a la hora de determinar si un prestador de servicios ofrece sus servicios en el territorio de un Estado miembro.

• (12) En la cooperaci髇 entre los Estados miembros, al recabar pruebas en procesos penales, se aplican instrumentos distintos que entran en el 醡bito de aplicaci髇 del t韙ulo V, cap韙ulo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea. Como consecuencia de la geometr韆 variable que existe en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Uni髇, es preciso asegurar que la presente Directiva no facilite la creaci髇 de nuevas disparidades u obst醕ulos a la prestaci髇 de servicios en el mercado interior al permitir que los prestadores de servicios que ofrecen servicios en el territorio de los Estados miembros designen establecimientos o representantes legales en los Estados miembros que no participan en los instrumentos jur韉icos pertinentes. Por tanto, debe designarse al menos un establecimiento designado o un representante legal en un Estado miembro que participe en los instrumentos jur韉icos pertinentes de la Uni髇, para evitar el riesgo de que se debilite la efectividad de la designaci髇 a que se refiere la presente Directiva y para hacer uso de las sinergias de contar con un establecimiento designado o un representante legal para la recepci髇, el cumplimiento y la ejecuci髇 de las resoluciones y 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, tambi閚 en virtud del Reglamento (UE) 2023/1543, la Directiva 2014/41/UE y el Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el art韈ulo 34 del Tratado de la Uni髇 Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni髇. Adem醩, la designaci髇 de un establecimiento designado o de un representante legal, que puede servir tambi閚 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jur韉icas nacionales, permitir韆 beneficiarse de las sinergias de contar con un punto de acceso claro para dirigirse a los prestadores de servicios a efectos de recabar pruebas en procesos penales.
• (13) Los prestadores de servicios deben poder tener la libertad de elegir en qu� Estado miembro designan a su establecimiento designado o, en su caso, a su representante legal, y los Estados miembros no deben poder limitar tal libertad de elecci髇, por ejemplo, imponiendo la obligaci髇 de designar el establecimiento designado o al representante legal en su territorio. No obstante, la presente Directiva debe establecer tambi閚 determinadas restricciones con respecto a esa libertad de elecci髇 de los prestadores de servicios, en particular en lo que se refiere al hecho de que el establecimiento designado deba estar establecido, o en su caso, el representante legal deba residir, en un Estado miembro donde el prestador preste servicios o est� establecido, as� como establecer una obligaci髇 de designar un establecimiento designado o un representante legal en uno de los Estados miembros que participen en un instrumento jur韉ico mencionado en la presente Directiva. No debe considerarse que la mera designaci髇 de un representante legal constituya un establecimiento del prestador de servicios.
• (14) Los prestadores de servicios m醩 importantes a efectos de obtener pruebas en procesos penales son los proveedores de servicios de comunicaciones electr髇icas y los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci髇 espec韋icos que facilitan la interacci髇 entre usuarios. As� pues, la presente Directiva debe aplicarse a ambos grupos. Los servicios de comunicaciones electr髇icas se definen en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) e incluyen servicios de comunicaciones interpersonales tales como los servicios de voz sobre IP, servicios de mensajer韆 instant醤ea y servicios de correo electr髇ico. La presente Directiva debe aplicarse tambi閚 a prestadores de servicios de la sociedad de la informaci髇 en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) que no puedan calificarse como proveedores de servicios de comunicaciones electr髇icas, pero que ofrezcan a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre s� o les ofrezcan servicios que puedan utilizar para almacenar o tratar datos de otro modo en su nombre. Ello estar韆 en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.� 185), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, tambi閚 denominado Convenio de Budapest. El tratamiento de datos debe entenderse en un sentido t閏nico, como creaci髇 o manipulaci髇 de datos, es decir, operaciones t閏nicas destinadas a producir o modificar datos mediante la capacidad de procesamiento de un ordenador.

  Las categor韆s de prestadores de servicios a los que se aplica la presente Directiva han de incluir, por ejemplo, los mercados en l韓ea que proporcionan a los consumidores y las empresas la capacidad de comunicarse entre s� y otros servicios de alojamiento de datos, tambi閚 en los casos en que el servicio se presta a trav閟 de la computaci髇 en nube, as� como las plataformas de juegos y de juegos de apuestas en l韓ea. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la informaci髇 no proporcione a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre s�, sino 鷑icamente con el prestador de servicios, o no proporcione la capacidad de almacenar o tratar datos de otro modo, o cuando el almacenamiento de datos no sea un componente definitorio, esto es, una parte esencial, del servicio prestado a los usuarios, como los servicios jur韉icos, de arquitectura, de ingenier韆 y de contabilidad prestados en l韓ea a distancia, no debe entrar dentro del alcance de la definici髇 de 玴restador de servicios� establecida en la presente Directiva, aun cuando los servicios prestados por dicho prestador de servicios sean servicios de la sociedad de la informaci髇 en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535.

• (15) Los prestadores de servicios de infraestructura de internet relacionados con la asignaci髇 de nombres y n鷐eros, como los registradores y los registros de nombres de dominio y los prestadores de servicios de privacidad y representaci髇, o los registros regionales de direcciones de protocolo de internet (direcciones IP), revisten especial importancia en lo que respecta a la identificaci髇 de quienes est醤 detr醩 de las p醙inas web maliciosas o comprometidas. Estos prestadores disponen de datos que podr韆n hacer posible la identificaci髇 de una persona f韘ica o jur韉ica responsable de un sitio web utilizado en actividades delictivas o la identificaci髇 de la v韈tima de una actividad delictiva.
• (16) Los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios establecidos en su territorio o que ofrezcan servicios en 閘, doten a sus establecimientos designados y a sus representantes legales de las competencias y los recursos necesarios para cumplir las resoluciones y 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, recibidas de cualquier Estado miembro. Los Estados miembros deben verificar tambi閚 que los establecimientos designados o los representantes legales que residan en su territorio hayan recibido de los prestadores de servicios las competencias y recursos necesarios para cumplir las resoluciones y 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, recibidas de cualquier Estado miembro, y que cooperen con las autoridades competentes en la recepci髇 de dichas resoluciones y 髍denes, de conformidad con el marco jur韉ico aplicable. La ausencia de dichas medidas o deficiencias en dichas medidas no debe servir para justificar el incumplimiento de las resoluciones u 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.

  Adem醩, los prestadores de servicios no deben poder justificar su incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jur韉ico aplicable cuando reciban resoluciones u 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva por la falta de procedimientos internos, o por su ineficacia, ya que son responsables de proporcionar los recursos y competencias necesarios para garantizar el cumplimiento de dichas resoluciones y 髍denes nacionales. Los establecimientos designados o los representantes legales tampoco deben poder justificar tal incumplimiento alegando, por ejemplo, que no est醤 facultados para entregar datos. A tal fin, los Estados miembros deben velar por que tanto el establecimiento designado o el representante legal como el prestador de servicios puedan ser considerados responsables solidariamente del incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jur韉ico aplicable cuando reciban resoluciones y 髍denes comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva que tengan cabida dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, con el fin de que cada uno de ellos pueda ser sancionado por el incumplimiento de cualquiera de ellos. En particular, el prestador de servicios o el establecimiento designado, o el representante legal, en su caso, no debe poder utilizar la falta de procedimientos internos adecuados entre el prestador de servicios y el establecimiento designado o el representante legal como justificaci髇 del incumplimiento de esas obligaciones. La responsabilidad solidaria no debe ser aplicable a las acciones u omisiones del prestador de servicios o del establecimiento designado, o del representante legal, en su caso, que constituyan una infracci髇 penal en el Estado miembro que aplique las sanciones.

• (17) Los Estados miembros deben velar por que cada prestador de servicios establecido o que ofrezca servicios en su territorio notifique por escrito a la autoridad central, designada con arreglo a la presente Directiva, el Estado miembro en el que est� establecido su establecimiento designado o en el que resida su representante legal, los datos de contacto de dicho establecimiento designado o representante legal y cualquier cambio al respecto. La notificaci髇 tambi閚 debe proporcionar informaci髇 sobre las lenguas en las que se puede dirigir al establecimiento designado o al representante legal, que deben incluir una o m醩 de las lenguas oficiales tal como se establezca en el Derecho nacional del Estado miembro en el que el establecimiento designado est� establecido o el representante legal resida, pudi閚dose incluir tambi閚 otras lenguas oficiales de la Uni髇, como por ejemplo la lengua del Estado miembro donde se encuentre su sede. Cuando un prestador de servicios designe varios establecimientos designados o varios representantes legales de conformidad con la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que dicho prestador de servicios indique, para cada establecimiento designado o representante legal, el 醡bito territorial exacto de su designaci髇. Debe incluirse el territorio de todos los Estados miembros que participan en los instrumentos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Los Estados miembros deben velar por que sus respectivas autoridades competentes remitan todas sus resoluciones y 髍denes con arreglo a la presente Directiva al establecimiento designado o al representante legal del prestador de servicios que se indique. Los Estados miembros deben velar por que la informaci髇 que se les notifique de conformidad con la presente Directiva est� a disposici髇 del p鷅lico en una p醙ina web espec韋ica de la Red Judicial Europea en materia penal, al objeto de facilitar la coordinaci髇 entre los Estados miembros y el recurso al establecimiento designado o al representante legal por las autoridades de otro Estado miembro. Los Estados miembros deben velar por que dicha informaci髇 se actualice peri骴icamente. Tambi閚 debe ser posible seguir difundiendo dicha informaci髇 para facilitar el acceso a ella por parte de las autoridades competentes, por ejemplo a trav閟 de sitios intranet o foros y plataformas espec韋icos.
• (18) Los Estados miembros deben establecer el r間imen de sanciones aplicables a cualquier infracci髇 de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su ejecuci髇. Tales sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisi髇 el r間imen establecido y las medidas adoptadas, a m醩 tardar en la fecha fijada en la presente Directiva, y le deben notificar sin demora toda modificaci髇 posterior. Los Estados miembros deben informar asimismo a la Comisi髇 con una periodicidad anual acerca de los prestadores de servicios que incurran en incumplimiento, de las medidas de ejecuci髇 adoptadas al respecto y de las sanciones impuestas. En ning鷑 caso las sanciones deben dar lugar a una prohibici髇, permanente o temporal, de la prestaci髇 de servicios. Los Estados miembros deben coordinar sus medidas de ejecuci髇 cuando un prestador ofrezca servicios en varios Estados miembros. Las autoridades centrales deben coordinarse para garantizar un planteamiento coherente y proporcionado. La Comisi髇 debe facilitar dicha coordinaci髇 en caso necesario y debe ser informada, en toda circunstancia, de los casos de infracci髇. La presente Directiva no regula las disposiciones contractuales para la transferencia o traslado de las consecuencias financieras, entre prestadores de servicios, establecimientos designados y representantes legales, de las sanciones que se les impongan.
• (19) Al determinar las sanciones correspondientes aplicables a las infracciones de los prestadores de servicios, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, como por ejemplo la capacidad financiera del prestador de servicios, la naturaleza, la gravedad y la duraci髇 de la infracci髇, si se ha cometido intencionadamente o por negligencia y si el prestador de servicios ha sido considerado responsable de infracciones similares previas. A este respecto, debe prestarse especial atenci髇 a las microempresas.
• (20) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales en procedimientos administrativos o civiles, tambi閚 cuando dichos procedimientos puedan dar lugar a sanciones.
• (21) Con el fin de garantizar que la presente Directiva se aplica de una manera coherente, deben establecerse mecanismos adicionales de coordinaci髇 entre Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deben designar una o m醩 autoridades centrales que puedan facilitar a las autoridades centrales de los dem醩 Estados miembros informaci髇 y asistencia en la aplicaci髇 de la presente Directiva, en particular cuando se trate de medidas de ejecuci髇 en virtud de la presente Directiva. Ese mecanismo de coordinaci髇 debe garantizar que se informe a los Estados miembros interesados de la intenci髇 de un Estado miembro de llevar a cabo una medida de ejecuci髇. Adem醩, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades centrales puedan facilitarse cualquier informaci髇 pertinente y asistencia en estas circunstancias, y cooperen entre ellas cuando proceda. La cooperaci髇 entre autoridades centrales en el caso de una medida de ejecuci髇 podr韆 implicar la coordinaci髇 de una medida de ejecuci髇 entre las autoridades competentes de distintos Estados miembros. Esa cooperaci髇 debe tener por objeto evitar conflictos de competencia positivos o negativos. Para la coordinaci髇 de una medida de ejecuci髇, las autoridades centrales deben recurrir tambi閚 a la participaci髇 de la Comisi髇 cuando proceda. La obligaci髇 de esas autoridades de cooperar se debe entender sin perjuicio del derecho de cada Estado miembro a imponer sanciones a los prestadores de servicios que incumplan sus obligaciones conforme a la presente Directiva. La designaci髇 y publicaci髇 de informaci髇 sobre las autoridades centrales facilitar韆 la notificaci髇 por parte de los prestadores de servicios de la designaci髇 y los datos de contacto de su establecimiento designado o de su representante legal al Estado miembro en el que su establecimiento designado est� establecido o su representante legal resida. A tal fin, los Estados miembros deben informar a la Comisi髇 de su autoridad o autoridades centrales designadas, y la Comisi髇 debe remitir una lista de autoridades centrales designadas a los Estados miembros y publicarla.
• (22) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, eliminar los obst醕ulos a la libre prestaci髇 de servicios a efectos de recabar pruebas electr髇icas en procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la naturaleza sin fronteras de tales servicios, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (23) El Supervisor Europeo de Protecci髇 de Datos, al que se consult� de conformidad con el art韈ulo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) , emiti� su dictamen el 6 de noviembre de 2019 (13) .
• (24) La Comisi髇 debe realizar una evaluaci髇 de la presente Directiva basada en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor a馻dido de la Uni髇, y esa evaluaci髇 debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. La evaluaci髇 debe quedar finalizada a m醩 tardar el 18 de agosto de 2029, a fin de permitir recabar datos suficientes sobre su aplicaci髇 pr醕tica. La informaci髇 debe recabarse peri骴icamente y con el fin de contribuir a la evaluaci髇 de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: