Articulo 1 Finalidad

La finalidad de la presente Convenci髇 es:

• a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir m醩 eficaz y eficientemente la corrupci髇;
• b) Promover, facilitar y apoyar la cooperaci髇 internacional y la asistencia t閏nica en la prevenci髇 y la lucha contra la corrupci髇, incluida la recuperaci髇 de activos;
• c) Promover la integridad, la obligaci髇 de rendir cuentas y la debida gesti髇 de los asuntos y los bienes p鷅licos.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos de la presente Convenci髇:

• a) Por 玣uncionario p鷅lico� se entender�: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antig黣dad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempe馿 una funci髇 p鷅lica, incluso para un organismo p鷅lico o una empresa p鷅lica, o que preste un servicio p鷅lico, seg鷑 se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jur韉ico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como 玣uncionario p鷅lico� en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas espec韋icas incluidas en el cap韙ulo II de la presente Convenci髇, podr� entenderse por 玣uncionario p鷅lico�, toda persona que desempe馿 una funci髇 p鷅lica o preste un servicio p鷅lico seg鷑 se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jur韉ico de ese Estado Parte;
• b) Por 玣uncionario p鷅lico extranjero� se entender� toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un pa韘 extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una funci髇 p鷅lica para un pa韘 extranjero, incluso para un organismo p鷅lico o una empresa p鷅lica;
• c) Por 玣uncionario de una organizaci髇 internacional p鷅lica� se entender� un empleado p鷅lico internacional o toda persona que tal organizaci髇 haya autorizado a actuar en su nombre;
• d) Por 玝ienes� se entender� los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
• e) Por 玴roducto del delito� se entender� los bienes de cualquier 韓dole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisi髇 de un delito;
• f) Por 玡mbargo preventivo� o 玦ncautaci髇� se entender� la prohibici髇 temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;
• g) Por 玠ecomiso� se entender� la privaci髇 con car醕ter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
• h) Por 玠elito determinante� se entender� todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el art韈ulo 23 de la presente Convenci髇;
• i) Por 玡ntrega vigilada� se entender� la t閏nica consistente en permitir que remesas il韈itas o sospechosas salgan del territorio de uno o m醩 Estados, lo atraviesen o entren en 閘, con el conocimiento y bajo la supervisi髇 de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisi髇.

Art韈ulo 3 羗bito de aplicaci髇

1. La presente Convenci髇 se aplicar�, de conformidad con sus disposiciones, a la prevenci髇, la investigaci髇 y el enjuiciamiento de la corrupci髇 y al embargo preventivo, la incautaci髇, el decomiso y la restituci髇 del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Para la aplicaci髇 de la presente Convenci髇, a menos que contenga una disposici髇 en contrario, no ser� necesario que los delitos enunciados en ella produzcan da耋 o perjuicio patrimonial al Estado.

Art韈ulo 4 Protecci髇 de la soberan韆

1. Los Estados Parte cumplir醤 sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci髇 en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, as� como de no intervenci髇 en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 facultar� a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicci髇 o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Art韈ulo 5 Pol韙icas y pr醕ticas de prevenci髇 de la corrupci髇

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, formular� y aplicar� o mantendr� en vigor pol韙icas coordinadas y eficaces contra la corrupci髇 que promuevan la participaci髇 de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gesti髇 de los asuntos p鷅licos y los bienes p鷅licos, la integridad, la transparencia y la obligaci髇 de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurar� establecer y fomentar pr醕ticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupci髇.

3. Cada Estado Parte procurar� evaluar peri骴icamente los instrumentos jur韉icos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupci髇.

4. Los Estados Parte, seg鷑 proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, colaborar醤 entre s� y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoci髇 y formulaci髇 de las medidas mencionadas en el presente art韈ulo. Esa colaboraci髇 podr� comprender la participaci髇 en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupci髇.

Art韈ulo 6 觬gano u 髍ganos de prevenci髇 de la corrupci髇

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, garantizar� la existencia de un 髍gano u 髍ganos, seg鷑 proceda, encargados de prevenir la corrupci髇 con medidas tales como:

• a) La aplicaci髇 de las pol韙icas a que se hace alusi髇 en el art韈ulo 5 de la presente Convenci髇 y, cuando proceda, la supervisi髇 y coordinaci髇 de la puesta en pr醕tica de esas pol韙icas;
• b) El aumento y la difusi髇 de los conocimientos en materia de prevenci髇 de la corrupci髇.

2. Cada Estado Parte otorgar� al 髍gano o a los 髍ganos mencionados en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, para que puedan desempe馻r sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcion醨seles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, as� como la capacitaci髇 que dicho personal pueda requerir para el desempe駉 de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicar� al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la direcci髇 de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevenci髇 de la corrupci髇.

Art韈ulo 7 Sector p鷅lico

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, procurar� adoptar sistemas de convocatoria, contrataci髇, retenci髇, promoci髇 y jubilaci髇 de empleados p鷅licos y, cuando proceda, de otros funcionarios p鷅licos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. 蓅tos:

• a) Estar醤 basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el m閞ito, la equidad y la aptitud;
• b) Incluir醤 procedimientos adecuados de selecci髇 y formaci髇 de los titulares de cargos p鷅licos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupci髇, as� como, cuando proceda, la rotaci髇 de esas personas a otros cargos;
• c) Fomentar醤 una remuneraci髇 adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo econ髆ico del Estado Parte;
• d) Promover醤 programas de formaci髇 y capacitaci髇 que les permitan cumplir los requisitos de desempe駉 correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitaci髇 especializada y apropiada para que sean m醩 conscientes de los riesgos de corrupci髇 inherentes al desempe駉 de sus funciones. Tales programas podr醤 hacer referencia a c骴igos o normas de conducta en las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerar� tambi閚 la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convenci髇 y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elecci髇 a cargos p鷅licos.

3. Cada Estado Parte considerar�, asimismo, la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convenci髇 y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiaci髇 de candidaturas a cargos p鷅licos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiaci髇 de los partidos pol韙icos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurar� adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

Art韈ulo 8 C骴igos de conducta para funcionarios p鷅licos

1. Con objeto de combatir la corrupci髇, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, promover�, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios p鷅licos.

2. En particular, cada Estado Parte procurar� aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jur韉icos, c骴igos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones p鷅licas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente art韈ulo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, tomar� nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el C骴igo Internacional de Conducta para los titulares de cargos p鷅licos, que figura en el anexo de la resoluci髇 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte tambi閚 considerar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios p鷅licos denuncien todo acto de corrupci髇 a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurar�, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios p鷅licos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relaci髇, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios p鷅licos.

6. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra 韓dole contra todo funcionario p鷅lico que transgreda los c骴igos o normas establecidos de conformidad con el presente art韈ulo.

Art韈ulo 9 Contrataci髇 p鷅lica y gesti髇 de la hacienda p鷅lica

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, adoptar� las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contrataci髇 p鷅lica, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopci髇 de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupci髇. Esos sistemas, en cuya aplicaci髇 se podr醤 tener en cuenta valores m韓imos apropiados, deber醤 abordar, entre otras cosas:

• a) La difusi髇 p鷅lica de informaci髇 relativa a procedimientos de contrataci髇 p鷅lica y contratos, incluida informaci髇 sobre licitaciones e informaci髇 pertinente u oportuna sobre la adjudicaci髇 de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
• b) La formulaci髇 previa de las condiciones de participaci髇, incluidos criterios de selecci髇 y adjudicaci髇 y reglas de licitaci髇, as� como su publicaci髇;
• c) La aplicaci髇 de criterios objetivos y predeterminados para la adopci髇 de decisiones sobre contrataci髇 p鷅lica a fin de facilitar la ulterior verificaci髇 de la aplicaci髇 correcta de las reglas o procedimientos;
• d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelaci髇, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente p醨rafo;
• e) Cuando proceda, la adopci髇 de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contrataci髇 p鷅lica, en particular declaraciones de inter閟 respecto de determinadas contrataciones p鷅licas, procedimientos de preselecci髇 y requisitos de capacitaci髇.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico adoptar� medidas apropiadas para promover la transparencia, y la obligaci髇 de rendir cuentas en la gesti髇 de la hacienda p鷅lica. Esas medidas abarcar醤, entre otras cosas:

• a) Procedimientos para la aprobaci髇 del presupuesto nacional;
• b) La presentaci髇 oportuna de informaci髇 sobre gastos e ingresos;
• c) Un sistema de normas de contabilidad y auditor韆, as� como la supervisi髇 correspondiente;
• d) Sistemas eficaces y eficientes de gesti髇 de riesgos y control interno; y
• e) Cuando proceda, la adopci髇 de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente p醨rafo.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar� las medidas que sean necesarias en los 醡bitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos p鷅licos y para prevenir la falsificaci髇 de esos documentos.

Art韈ulo 10 Informaci髇 p鷅lica

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupci髇, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar� las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administraci髇 p鷅lica, incluso en lo relativo a su organizaci髇, funcionamiento y procesos de adopci髇 de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podr醤 incluir, entre otras cosas:

• a) La instauraci髇 de procedimientos o reglamentaciones que permitan al p鷅lico en general obtener, cuando proceda, informaci髇 sobre la organizaci髇, el funcionamiento y los procesos de adopci髇 de decisiones de su administraci髇 p鷅lica y, con el debido respeto a la protecci髇 de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jur韉icos que incumban al p鷅lico;
• b) La simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del p鷅lico a las autoridades encargadas de la adopci髇 de decisiones; y
• c) La publicaci髇 de informaci髇, lo que podr� incluir informes peri骴icos sobre los riesgos de corrupci髇 en su administraci髇 p鷅lica.

Art韈ulo 11 Medidas relativas al poder judicial y al ministerio p鷅lico

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupci髇, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptar� medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupci髇 entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podr醤 incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.

2. Podr醤 formularse y aplicarse en el ministerio p鷅lico medidas con id閚tico fin a las adoptadas conforme al p醨rafo 1 del presente art韈ulo en los Estados Parte en que esa instituci髇 no forme parte del poder judicial pero goce de independencia an醠oga.

Art韈ulo 12 Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho intemo, adoptar� medidas para prevenir la corrupci髇 y mejorar las normas contables y de auditor韆 en el sector privado, as� como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podr醤 consistir, entre otras cosas, en:

• a) Promover la cooperaci髇 entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;
• b) Promover la formulaci髇 de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos c骴igos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevenci髇 de conflictos de intereses, as� como para la promoci髇 del uso de buenas pr醕ticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;
• c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jur韉icas y naturales involucradas en el establecimiento y la gesti髇 de empresas;
• d) Prevenir la utilizaci髇 indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesi髇 de subsidios y licencias por las autoridades p鷅licas para actividades comerciales;
• e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un per韔do razonable, a las actividades profesionales de exfuncionarios p鷅licos o a la contrataci髇 de funcionarios p鷅licos en el sector privado tras su renuncia o jubilaci髇 cuando esas actividades o esa contrataci髇 est閚 directamente relacionadas con las funciones desempe馻das o supervisadas por esos funcionarios p鷅licos durante su permanencia en el cargo;
• f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tama駉, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupci髇 y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas est閚 sujetos a procedimientos apropiados de auditor韆 y certificaci髇.

3. A fin de prevenir la corrupci髇, cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgaci髇 de estados financieros y las normas de contabilidad y auditor韆, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇:

• a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
• b) La realizaci髇 de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;
• c) El registro de gastos inexistentes;
• d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicaci髇 incorrecta de su objeto;
• e) La utilizaci髇 de documentos falsos; y
• f) La destrucci髇 deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.

4. Cada Estado Parte denegar� la deducci髇 tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 15 y 16 de la presente Convenci髇 y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.

Art韈ulo 13 Participaci髇 de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participaci髇 activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector p鷅lico, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organiza鏸ones con base en la comunidad, en la prevenci髇 y la lucha contra la corrupci髇, y para sensibilizar a la opini髇 p鷅lica con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupci髇, as� como a la amenaza que 閟ta representa. Esa participaci髇 deber韆 reforzarse con medidas como las siguientes:

• a) Aumentar la transparencia y promover la contribuci髇 de la ciudadan韆 a los procesos de adopci髇 de decisiones;
• b) Garantizar el acceso eficaz del p鷅lico a la informaci髇;
• c) Realizar actividades de informaci髇 p鷅lica para fomentar la intransigencia con la corrupci髇, as� como programas de educaci髇 p鷅lica, incluidos programas escolares y universitarios;
• d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir informaci髇 relativa a la corrupci髇. Esa libertad podr� estar sujeta a ciertas restricciones, que deber醤 estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
  • i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputaci髇 de terceros;
  • ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden p鷅lico o la salud o la moral p鷅licas.

2. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas para garantizar que el p鷅lico tenga conocimiento de los 髍ganos pertinentes de lucha contra la corrupci髇 mencionados en la presente Convenci髇 y facilitar� el acceso a dichos 髍ganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso an髇ima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 14 Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

• a) Establecer� un amplio r間imen interno de reglamentaci髇 y supervisi髇 de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jur韉icas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros 髍ganos situados dentro de su jurisdicci髇 que sean particularmente susceptibles de utilizaci髇 para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho r間imen se har� hincapi� en los requisitos relativos a la identificaci髇 del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;
• b) Garantizar�, sin perjuicio de la aplicaci髇 del art韈ulo 46 de la presente Convenci髇, que las autoridades de administraci髇, reglamentaci髇 y cumplimiento de la ley y dem醩 autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar informaci髇 en los 醡bitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerar� la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilaci髇, an醠isis y difusi髇 de informaci髇 sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de t韙ulos negociables pertinentes, con sujeci髇 a salvaguardias que garanticen la debida utilizaci髇 de la informaci髇 y sin restringir en modo alguno la circulaci髇 de capitales l韈itos. Esas medidas podr醤 incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de t韙ulos negociables pertinentes.

3. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:

• a) Incluyan en los formularios de transferencia electr髇ica de fondos y mensajes conexos informaci髇 exacta y v醠ida sobre el remitente;
• b) Mantengan esa informaci髇 durante todo el ciclo de pagos; y
• c) Examinen de manera m醩 minuciosa las transferencias de fondos que no contengan informaci髇 completa sobre el remitente.

4. Al establecer un r間imen interno de reglamentaci髇 y supervisi髇 con arreglo al presente art韈ulo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro art韈ulo de la presente Convenci髇, se insta a los Estados Parte a que utilicen como gu韆 las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzar醤 por establecer y promover la cooperaci髇 a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentaci髇 financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Art韈ulo 15 Soborno de funcionarios p鷅licos nacionales

Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi髇 a un funcionario p鷅lico, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que, dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
• b) La solicitud o aceptaci髇 por un funcionario p鷅lico, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Art韈ulo 16 Soborno de funcionarios p鷅licos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales p鷅licas

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesi髇, en forma directa o indirecta, a un funcionario p鷅lico extranjero o a un funcionario de una organizaci髇 internacional p鷅lica, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacci髇 comercial u otro beneficio indebido en relaci髇 con la realizaci髇 de actividades comerciales internacionales,

2. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptaci髇 por un funcionario p鷅lico extranjero o un funcionario de una organizaci髇 internacional p鷅lica, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Art韈ulo 17 Malversaci髇 o peculado, apropiaci髇 indebida u otras formas de desviaci髇 de bienes por un funcionario p鷅lico

Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversaci髇 o el peculado, la apropiaci髇 indebida u otras formas de desviaci髇 por un funcionario p鷅lico, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o t韙ulos p鷅licos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.

Art韈ulo 18 Tr醘ico de influencias

Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi髇 a un funcionario p鷅lico o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario p鷅lico o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administraci髇 o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona;
• b) La solicitud o aceptaci髇 por un funcionario p鷅lico o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario p鷅lico o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administraci髇 o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

Art韈ulo 19 Abuso defunciones (sic)

Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realizaci髇 u omisi髇 de un acto, en violaci髇 de la ley, por parte de un funcionario p鷅lico en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para s� mismo o para otra persona o entidad.

Art韈ulo 20 Enriquecimiento il韈ito

Con sujeci髇 a su constituci髇 y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento il韈ito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario p鷅lico respecto de sus ingresos leg韙imos que no pueda ser razonablemente justificado por 閘.

Art韈ulo 21 Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades econ髆icas, financieras o comerciales:

• a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi髇, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci髇 en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, act鷈 o se abstenga de actuar;
• b) La solicitud o aceptaci髇, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci髇 en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, act鷈 o se abstenga de actuar.

Art韈ulo 22 Malversaci髇 o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades econ髆icas, financieras o comerciales, la malversaci髇 o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci髇 en ella, de cualesquiera bienes, fondos o t韙ulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por raz髇 de su cargo.

Art韈ulo 23 Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a)
  • i) La conversi髇 o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el prop髎ito de ocultar o disimular el origen il韈ito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisi髇 del delito determinante a eludir las consecuencias jur韉icas de sus actos;
  • ii) La ocultaci髇 o disimulaci髇 de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicaci髇, la disposici髇, el movimiento o la propiedad de bienes o del legitimo derecho a 閟tos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;
• b) Con sujeci髇 a los conceptos b醩icos de su ordenamiento jur韉ico:
  • i) La adquisici髇, posesi髇 o utilizaci髇 de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci髇, de que son producto del delito;
  • ii) La participaci髇 en la comisi髇 de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente art韈ulo, as� como la asociaci髇 y la confabulaci髇 para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitaci髇, la facilitaci髇 y el asesoramiento en aras de su comisi髇.

2. Para los fines de la aplicaci髇 o puesta en pr醕tica del p醨rafo 1 del presente art韈ulo:

• a) Cada Estado Parte velar� por aplicar el p醨rafo 1 del presente art韈ulo a la gama m醩 amplia posible de delitos determinantes;
• b) Cada Estado Parte incluir� como delitos determinantes, como m韓imo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇;
• c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluir醤 los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicci髇 del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicci髇 de un Estado Parte constituir醤 delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en pr醕tica el presente art韈ulo si el delito se hubiese cometido all�;
• d) Cada Estado Parte proporcionar� al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicaci髇 al presente art韈ulo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripci髇 de 閟ta;
• e) Si as� lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podr� disponerse que los delitos enunciados en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.

Art韈ulo 24 Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 23 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisi髇 de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retenci髇 continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 25 Obstrucci髇 de la justicia

Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) El uso de fuerza f韘ica, amenazas o intimidaci髇, o la promesa, el ofrecimiento o la concesi髇 de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestaci髇 de testimonio o la aportaci髇 de pruebas en procesos en relaci髇 con la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇;
• b) El uso de fuerza f韘ica, amenazas o intimidaci髇 para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relaci髇 con la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇. Nada de lo previsto en el presente articulo menoscabar� el derecho de los Estados Parte a disponer de legislaci髇 que proteja a otras categor韆s de funcionarios p鷅licos.

Art韈ulo 26 Responsabilidad de las personas jur韉icas

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jur韉icos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jur韉icas por su participaci髇 en delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Con sujeci髇 a los principios jur韉icos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jur韉icas podr� ser de 韓dole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existir� sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velar� en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jur韉icas consideradas responsables con arreglo al presente art韈ulo.

Art韈ulo 27 Participaci髇 y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participaci髇, ya sea como c髆plice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Cada Estado Parte podr� adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

3. Cada Estado Parte podr� adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparaci髇 con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

Articulo 28 Conocimiento, intenci髇 y prop髎ito como elementos de un delito

El conocimiento, la intenci髇 o el prop髎ito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 podr醤 inferirse de circunstancias f醕ticas objetivas.

Art韈ulo 29 Prescripci髇

Cada Estado Parte establecer�, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripci髇 amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 y establecer� un plazo mayor o interrumpir� la prescripci髇 cuando el presunto delincuente haya eludido la administraci髇 de justicia.

Art韈ulo 30 Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizar� la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jur韉ico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios p鷅licos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigaci髇, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

3. Cada Estado Parte velar� por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relaci髇 con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 a fin de dar m醲ima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideraci髇 los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relaci髇 con la decisi髇 de conceder la libertad en espera de juicio o la apelaci髇, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendr� en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos.

6. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario p鷅lico que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunci髇 de inocencia.

7. Cuando, la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, cada Estado Parte considerar� la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un per韔do determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 para:

• a) Ejercer cargos p鷅licos; y
• b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.

8. El p醨rafo 1 del presente art韈ulo no menoscabar� el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados p鷅licos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 afectar� al principio de que la descripci髇 de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jur韉icos de defensa aplicables o dem醩 principios jur韉icos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habr醤 de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurar醤 promover la reinserci髇 social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 31 Embargo preventivo, incautaci髇 y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptar�, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jur韉ico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

• a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
• b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para permitir la identificaci髇, la localizaci髇, el embargo preventivo o la incautaci髇 de cualquier bien a que se haga referencia en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para regular la administraci髇, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, 閟tos ser醤 objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente art韈ulo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes l韈itas, esos bienes ser醤 objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautaci髇.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito tambi閚 ser醤 objeto de las medidas previstas en el presente art韈ulo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente art韈ulo y del art韈ulo 55 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte facultar� a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentaci髇 o la incautaci髇 de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podr醤 negarse a aplicar las disposiciones del presente p醨rafo ampar醤dose en el secreto bancario.

8. Los Estados Parte podr醤 considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen licito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la 韓dole del proceso judicial u otros procesos.

9. Las disposiciones del presente art韈ulo no se interpretar醤 en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo afectar� al principio de que las medidas en 閘 previstas se definir醤 y aplicar醤 de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeci髇 a 閟te.

Art韈ulo 32 Protecci髇 de testigos, peritos y v韈timas

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jur韉ico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidaci髇 a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, as� como, cuando proceda, a sus familiares y dem醩 personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo podr醤 consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garant韆s procesales, en:

• a) Establecer procedimientos para la protecci髇 f韘ica de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicaci髇, y permitir, cuando proceda, la prohibici髇 total o parcial de revelar informaci髇 sobre su identidad y paradero;
• b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnolog韆s de comunicaci髇 como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicaci髇 de las personas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo.

4. Las disposiciones del presente art韈ulo se aplicar醤 tambi閚 a las v韈timas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitir�, con sujeci髇 a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las v韈timas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Art韈ulo 33 Protecci髇 de los denunciantes

Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jur韉ico interno medidas apropiadas para proporcionar protecci髇 contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 34 Consecuencias de los actos de corrupci髇

Con la debida consideraci髇 de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar� medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupci髇. En este contexto, los Estados Parte podr醤 considerar la corrupci髇 un factor pertinente en procedimientos jur韉icos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesi髇 u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Art韈ulo 35 Indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios

Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupci髇 tengan derecho a iniciar una acci髇 legal contra los responsables de esos da駉s y perjuicios a fin de obtener indemnizaci髇.

Art韈ulo 36 Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico, se cerciorar� de que dispone de uno o m醩 髍ganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupci髇 mediante la aplicaci髇 coercitiva de la ley. Ese 髍gano u 髍ganos o esas personas gozar醤 de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jur韉ico del Estado Parte, para que puedan desempe馻r sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deber� proporcionarse a esas personas o al personal de ese 髍gano u 髍ganos formaci髇 adecuada y recursos suficientes para el desempe駉 de sus funciones.

Art韈ulo 37 Cooperaci髇 con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisi髇 de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 a que proporcionen a las autoridades competentes informaci髇 鷗il con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, as� como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigaci髇 de la pena de toda persona acusada que preste cooperaci髇 sustancial en la investigaci髇 o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

3. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesi髇 de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperaci髇 sustancial en la investigaci髇 o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

4. La protecci髇 de esas personas ser�, mutatis mutandis, la prevista en el art韈ulo 32 de la presente Convenci髇.

5. Cuando las personas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperaci髇 sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podr醤 considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho, interno, con respecto a la eventual concesi髇, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los p醨rafos 2 y 3 del presente art韈ulo.

Art韈ulo 38 Cooperaci髇 entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperaci髇 entre, por un lado, sus organismos p鷅licos, as� como sus funcionarios p鷅licos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperaci髇 podr� incluir:

• a) Informar a esos 鷏timos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 15, 21 y 23 de la presente Convenci髇; o
• b) Proporcionar a esos organismos toda la informaci髇 necesaria, previa solicitud.

Art韈ulo 39 Cooperaci髇 entre los organismos nacionales y el sector privado

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperaci髇 entre los organismos nacionales de investigaci髇 y el ministerio p鷅lico, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de alentar a sus nacionales y dem醩 personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigaci髇 y el ministerio p鷅lico la comisi髇 de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 40 Secreto bancario

Cada Estado Parte velar� por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, existan en su ordenamiento jur韉ico interno mecanismos apropiados para salvar todo obst醕ulo que pueda surgir como consecuencia de la aplicaci髇 de la legislaci髇 relativa al secreto bancario.

Art韈ulo 41 Antecedentes penales

Cada Estado Parte podr� adoptar las medidas legislativas o de otra 韓dole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaraci髇 de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa informaci髇 en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 42 Jurisdicci髇

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 cuando:

• a) El delito se cometa en su territorio; o
• b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabell髇 o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisi髇.

2. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el art韈ulo 4 de la presente Convenci髇, un Estado Parte tambi閚 podr� establecer su jurisdicci髇 para conocer de tales delitos cuando:

• a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
• b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona ap醫rida que tenga residencia habitual en su territorio; o
• c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 23 de la presente Convenci髇 y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisi髇, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 23 de la presente Convenci髇; o
• d) El delito se cometa contra el Estado Parte.

3. A los efectos del art韈ulo 44 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podr� tambi閚 adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicci髇 con arreglo a los p醨rafos 1 o 2 del presente art韈ulo ha recibido notificaci髇, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte est醤 realizando una investigaci髇, un proceso o una actuaci髇 judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultar醤, seg鷑 proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convenci髇 no excluir� el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Art韈ulo 43 Cooperaci髇 internacional

1. Los Estados Parte cooperar醤 en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 44 a 50 de la presente Convenci髇. Cuando proceda y est� en consonancia con su ordenamiento jur韉ico interno, los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupci髇.

2. En cuestiones de cooperaci髇 internacional, cuando la doble incriminaci髇 sea un requisito, 閟te se considerar� cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislaci髇 de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categor韆 o lo denominan con la misma terminolog韆 que el Estado Parte requirente.

Art韈ulo 44 Extradici髇

1. El presente art韈ulo se aplicar� a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradici髇 se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradici髇 sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, los Estados Parte cuya legislaci髇 lo permita podr醤 conceder la extradici髇 de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradici髇 incluya varios delitos, de los cuales al menos uno d� lugar a extradici髇 conforme a lo dispuesto en el presente art韈ulo y algunos no den lugar a extradici髇 debido al per韔do de privaci髇 de libertad que conllevan pero guarden relaci髇 con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, el Estado Parte requerido podr� aplicar el presente art韈ulo tambi閚 respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo se considerar� incluido entre los delitos que dan lugar a extradici髇 en todo tratado de extradici髇 vigente entre los Estados Parte. 蓅tos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradici髇 en todo tratado de extradici髇 que celebren entre s�. Los Estados Parte cuya legislaci髇 lo permita, en el caso de que la presente Convenci髇 sirva de base para la extradici髇, no considerar醤 de car醕ter pol韙ico ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

5. Si un Estado Parte que supedita la extradici髇 a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradici髇 de otro Estado Parte con el que no lo vincula ning鷑 tratado de extradici髇, podr� considerar la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la extradici髇 respecto de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradici髇 a la existencia de un tratado deber�:

• a) En el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerar� o no la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la cooperaci髇 en materia de extradici髇 en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convenci髇; y
• b) Si no considera la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la cooperaci髇 en materia de extradici髇, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradici髇 con otros Estados Parte en la presente Convenci髇 a fin de aplicar el presente art韈ulo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradici髇 a la existencia de un tratado reconocer醤 los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo como causa de extradici髇 entre ellos.

8. La extradici髇 estar� sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradici髇 aplicables, incluidas, entre otras causas, las relativas al requisito de una pena m韓ima para la extradici髇 y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradici髇.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurar醤 agilizar los procedimientos de extradici髇 y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradici髇, el Estado Parte requerido podr�, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen car醕ter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detenci髇 de la persona presente en su territorio cuya extradici髇 se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradici髇.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente art韈ulo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estar� obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradici髇, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptar醤 su decisi髇 y llevar醤 a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo har韆n respecto de cualquier otro delito de car醕ter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperar醤 entre s�, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte s髄o le permita extraditar o entregar de alg鷑 otro modo a uno de sus nacionales a condici髇 de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicit� la extradici髇 o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que sol韈ita la extradici髇 acepten esa opci髇, as� como toda otra condici髇 que estimen apropiada, tal extradici髇 o entrega condicional ser� suficiente para que quede cumplida la obligaci髇 enunciada en el p醨rafo 11 del presente art韈ulo.

13. Si la extradici髇 solicitada con el prop髎ito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, 閟te, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerar�, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizar� un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucci髇 en relaci髇 con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo, incluido el goce de todos los derechos y garant韆s previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 podr� interpretarse como la imposici髇 de una obligaci髇 de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en raz髇 de su sexo, raza, religi髇, nacionalidad, origen 閠nico u opiniones pol韙icas o que su cumplimiento ocasionar韆 perjuicios a la posici髇 de esa persona por cualquiera de estas razones.

16. Los Estados Parte no podr醤 denegar una solicitud de extradici髇 鷑icamente porque se considere que el delito tambi閚 entra馻 cuestiones tributarias.

17. Antes de denegar la extradici髇, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultar� al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar informaci髇 pertinente a su alegato.

18. Los Estados Parte procurar醤 celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradici髇 o aumentar su eficacia.

Art韈ulo 45 Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podr醤 considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisi髇 u otra forma de privaci髇 de libertad por alg鷑 delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 a fin de que cumpla all� su condena.

Art韈ulo 46 Asistencia judicial rec韕roca

1. Los Estados Parte se prestar醤 la m醩 amplia asistencia judicial rec韕roca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

2. Se prestar� asistencia judicial rec韕roca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jur韉ica pueda ser considerada responsable de conformidad con el art韈ulo 26 de la presente Convenci髇 en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial rec韕roca que se preste de conformidad con el presente art韈ulo podr� solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

• a) Recibir testimonios o tomar declaraci髇 a personas;
• b) Presentar documentos judiciales;
• c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
• d) Examinar objetos y lugares;
• e) Proporcionar informaci髇, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
• f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentaci髇 p鷅lica, bancaria y financiera, as� como la documentaci髇 social o comercial de sociedades mercantiles;
• g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
• h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;
• i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;
• j) Identificar, embargar con car醕ter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del cap韙ulo V de la presente Convenci髇;
• k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del cap韙ulo V de la presente Convenci髇.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podr醤, sin que se les solicite previamente, transmitir informaci髇 relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa informaci髇 podr韆 ayudar a la autoridad a emprender o concluir con 閤ito indagaciones y procesos penales o podr韆 dar lugar a una petici髇 formulada por este 鷏timo Estado Parte con arreglo a la presente Convenci髇.

5. La transmisi髇 de informaci髇 con arreglo al p醨rafo 4 del presente art韈ulo se har� sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la informaci髇. Las autoridades competentes que reciben la informaci髇 deber醤 acceder a toda solicitud de que se respete su car醕ter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilizaci髇. Sin embargo, ello no obstar� para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, informaci髇 que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificar� al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha informaci髇 y, si as� se le solicita, consultar� al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci髇, el Estado Parte receptor informar� sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelaci髇.

6. Lo dispuesto en el presente art韈ulo no afectar� a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial rec韕roca.

7. Los p醨rafos 9 a 29 del presente art韈ulo se aplicar醤 a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente art韈ulo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial rec韕roca. Cuando esos Estados Parte est閚 vinculados por un tratado de esa 韓dole, se aplicar醤 las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los p醨rafos 9 a 29 del presente art韈ulo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen esos p醨rafos si facilitan la cooperaci髇.

8. Los Estados Parte no invocar醤 el secreto bancario para denegar la asistencia judicial rec韕roca con arreglo al presente art韈ulo.

9.

a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente art韈ulo, en ausencia de doble incriminaci髇, el Estado Parte requerido tendr� en cuenta la finalidad de la presente Convenci髇, enunciada en el art韈ulo 1;

b) Los Estados Parte podr醤 negarse a prestar asistencia con arreglo al presente art韈ulo invocando la ausencia de doble incriminaci髇. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello est� en consonancia con los conceptos b醩icos de su ordenamiento jur韉ico, prestar� asistencia que no entra馿 medidas coercitivas. Esa asistencia se podr� negar cuando la solicitud entra馿 asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperaci髇 o asistencia solicitada est� prevista en virtud de otras disposiciones de la presente Convenci髇;

c) En ausencia de doble incriminaci髇, cada Estado Parte podr� considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia m醩 amplia con arreglo al presente art韈ulo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificaci髇, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convenci髇 podr� ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

• a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
• b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte est醤 de acuerdo, con sujeci髇 a las condiciones que 閟tos consideren apropiadas.

11. A los efectos del p醨rafo 10 del presente art韈ulo:

• a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendr� la competencia y la obligaci髇 de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
• b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplir� sin dilaci髇 su obligaci髇 de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, seg鷑 convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
• c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podr� exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradici髇 para su devoluci髇;
• d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computar� como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los p醨rafos 10 y 11 del presente art韈ulo est� de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podr� ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricci髇 de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relaci髇 con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designar� a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial rec韕roca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecuci髇. Cuando alguna regi髇 o alg鷑 territorio especial de un Estado Parte disponga de un r間imen distinto de asistencia judicial rec韕roca, el Estado Parte podr� designar a otra autoridad central que desempe馻r� la misma funci髇 para dicha regi髇 o dicho territorio. Las autoridades centrales velar醤 por el r醦ido y adecuado cumplimiento o transmisi髇 de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecuci髇, alentar� la r醦ida y adecuada ejecuci髇 de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial rec韕roca y cualquier otra comunicaci髇 pertinente ser醤 transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposici髇 no afectar� al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por v韆 diplom醫ica y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organizaci髇 Internacional de Polic韆 Criminal, de ser posible.

V閍se el apartado E.D. de la Res. 16 octubre 2006, de la Secretar韆 General T閏nica, sobre aplicaci髇 del art韈ulo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenaci髇 de la actividad de la Administraci髇 del Estado en materia de Tratados Internacionales (獴.O.E.� 23 octubre), por el que se publican declaraciones, reservas y notificaciones de autoridad por parte de Argelia, Azerbaiy醤, Belar鷖, China, El Salvador, Ir醤 (Rep鷅lica Isl醡ica de), Israel, Myanmar, Panam�, Paraguay, Qatar, Rumania, Rusia, Federaci髇 de, Sud醘rica, Espa馻, T鷑ez, Emiratos 羠abes Unidos, Vietnam, Yemen, Albania, Bolivia, Croacia, Letonia, Mauricio, Seychelles y Eslovaquia.

14. Las solicitudes se presentar醤 por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podr醤 hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial rec韕roca contendr� lo siguiente:

• a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
• b) El objeto y la 韓dole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
• c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentaci髇 de documentos judiciales;
• d) Una descripci髇 de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;
• e) De ser posible, la identidad, ubicaci髇 y nacionalidad de toda persona interesada; y
• f) La finalidad para la que se solicita la prueba, informaci髇 o actuaci髇.

16. El Estado Parte requerido podr� pedir informaci髇 adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dar� cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaraci髇 como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podr� permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuesti髇 comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podr醤 convenir en que la audiencia est� a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitir� ni utilizar�, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la informaci髇 o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente p醨rafo impedir� que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, informaci髇 o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este 鷏timo caso, el Estado Parte requirente notificar� al Estado Parte requerido antes de revelar la informaci髇 o las pruebas y, si as� se le solicita, consultar� al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci髇, el Estado Parte requirente informar� sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelaci髇.

20. El Estado Parte requirente podr� exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo har� saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial rec韕roca podr� ser denegada:

• a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente art韈ulo;
• b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podr韆 menoscabar su soberan韆, su seguridad, su orden p鷅lico u otros intereses fundamentales
• c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido proh韇a a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito an醠ogo, si 閟te hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
• d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jur韉ico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial rec韕roca.

22. Los Estados Parte no podr醤 denegar una solicitud de asistencia judicial rec韕roca 鷑icamente porque se considere que el delito tambi閚 entra馻 cuestiones tributarias.

23. Toda denegaci髇 de asistencia judicial rec韕roca deber� fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplir� la solicitud de asistencia judicial rec韕roca lo antes posible y tendr� plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que est閚 debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podr� pedir informaci髇 razonable sobre el estado y la evoluci髇 de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petici髇. El Estado Parte requerido responder� a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evoluci髇 del tr醡ite de la solicitud. El Estado Parte requirente informar� con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial rec韕roca podr� ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al p醨rafo 21 del presente art韈ulo o de diferir su cumplimiento con arreglo al p醨rafo 25 del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido consultar� al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supedit醤dola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia, con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deber� cumplir las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicaci髇 del p醨rafo 12 del presente art韈ulo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigaci髇, proceso o actuaci髇 judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podr� ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricci髇 de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandon� el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesar� cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince d韆s consecutivos o durante el per韔do acordado por los Estados Parte despu閟 de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requer韆n su presencia, la oportunidad de salir del pa韘 y, no obstante, permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a 閘 despu閟 de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud ser醤 sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de car醕ter extraordinario, los Estados Parte se consultar醤 para determinar las condiciones en que se dar� cumplimiento a la solicitud, as� como la manera en que se sufragar醤 los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

• a) Facilitar� al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el p鷅lico en general;
• b) Podr�, a su arbitrio y con sujeci髇 a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no est閚 al alcance del p鷅lico en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente art韈ulo y que lleven a la pr醕tica o refuercen sus disposiciones.

Art韈ulo 47 Remisi髇 de actuaciones penales

Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 cuando se estime que esa remisi髇 redundar� en beneficio de la debida administraci髇 de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Art韈ulo 48 Cooperaci髇 en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborar醤 estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jur韉icos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. En particular, los Estados Parte adoptar醤 medidas eficaces para:

• a) Mejorar los canales de comunicaci髇 entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y r醦ido de informaci髇 sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, as� como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
• b) Cooperar con otros Estados Parte en la realizaci髇 de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convenci髇 acerca de:
  • i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicaci髇 de otras personas interesadas;
  • ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisi髇 de esos delitos;
  • iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi髇 de esos delitos;
• c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de an醠isis o investigaci髇;
• d) Intercambiar, cuando proceda, informaci髇 con otros Estados Parte sobre los medios y m閠odos concretos empleados para la comisi髇 de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;
• e) Facilitar una coordinaci髇 eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designaci髇 de oficiales de enlace con sujeci髇 a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;
• f) Intercambiar informaci髇 y coordinar las medidas administrativas y de otra 韓dole adoptadas para la pronta detecci髇 de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convenci髇, considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperaci髇 directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podr醤 considerar que la presente Convenci髇 constituye la base para la cooperaci髇 rec韕roca en materia de cumplimiento de la ley, respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. Cuando proceda, los Estados Parte aprovechar醤 plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperaci髇 entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzar醤 por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 que se cometan mediante el recurso a la tecnolog韆 moderna.

Art韈ulo 49 Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relaci髇 con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o m醩 Estados, las autoridades competentes puedan establecer 髍ganos mixtos de investigaci髇. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podr醤 llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velar醤 por que la soberan韆 del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigaci髇 sea plenamente respetada.

Art韈ulo 50 T閏nicas especiales de investigaci髇

1. A fin de combatir eficazmente la corrupci髇, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptar� las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras t閏nicas especiales de investigaci髇 como la vigilancia electr髇ica o de otra 韓dole y las operaciones encubiertas, as� como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas t閏nicas en sus tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas t閏nicas especiales de investigaci髇 en el contexto de la cooperaci髇 en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertar醤 y ejecutar醤 respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en pr醕tica se cumplir醤 estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el p醨rafo 2 del presente art韈ulo, toda decisi髇 de recurrir a esas t閏nicas especiales de investigaci髇 en el plano internacional se adoptar� sobre la base de cada caso particular y podr�, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicci髇 por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisi髇 de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podr�, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicaci髇 de m閠odos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Art韈ulo 51 Disposici髇 general

La restituci髇 de activos con arreglo al presente cap韙ulo es un principio fundamental de la presente Convenci髇 y los Estados Parte se prestar醤 la m醩 amplia cooperaci髇 y asistencia entre s� a este respecto.

Art韈ulo 52 Prevenci髇 y detecci髇 de transferencias del producto del delito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 14 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempe馿n o hayan desempe馻do funciones p鷅licas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deber� estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deber� ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su leg韙ima clientela.

2. A fin de facilitar la aplicaci髇 de las medidas previstas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspir醤dose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deber�:

• a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jur韉icas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deber醤 someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deber醤 prestar particular atenci髇 y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y
• b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jur韉icas cuyas cuentas esas instituciones deber醤 someter a un mayor escrutinio, adem醩 de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del p醨rafo 2 del presente art韈ulo, cada Estado Parte aplicar� medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, los cuales deber醤 contener, como m韓imo, informaci髇 relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, cada Estado Parte aplicar� medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus 髍ganos reguladores y de supervisi髇, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no est閚 afiliados a un grupo financiero sujeto a regulaci髇. Adem醩, los Estados Parte podr醤 considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no est閚 afiliados a un grupo financiero sujeto a regulaci髇.

5. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgaci髇 de informaci髇 financiera para los funcionarios p鷅licos pertinentes y dispondr� sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerar� asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa informaci髇 con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇.

6. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios p鷅licos pertinentes que tengan alg鷑 derecho o poder de firma o de otra 韓dole sobre alguna cuenta financiera en alg鷑 pa韘 extranjero que declaren su relaci髇 con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deber醤 incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.

Art韈ulo 53 Medidas para la recuperaci髇 directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

• a) Adoptar� las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acci髇 civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisi髇 de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇;
• b) Adoptar� las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 que indemnicen o resarzan por da駉s y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y
• c) Adoptar� las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el leg韙imo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisi髇 de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇.

Art韈ulo 54 Mecanismos de recuperaci髇 de bienes mediante la cooperaci髇 internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial rec韕roca conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 55 de la presente Convenci髇 con respecto a bienes adquiridos mediante la comisi髇 de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

• a) Adoptar� las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;
• b) Adoptar� las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicci髇, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicci髇, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y
• c) Considerar� la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial rec韕roca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el p醨rafo 2 del art韈ulo 55 de la presente Convenci髇, de conformidad con su derecho interno:

• a) Adoptar� las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautaci髇 de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautaci髇 dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes ser韆n objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo;
• b) Adoptar� las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautaci髇 de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes ser韆n objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo; y
• c) Considerar� la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detenci髇 o inculpaci髇 penal relacionada con la adquisici髇 de esos bienes.

Art韈ulo 55 Cooperaci髇 internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicci髇 para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇 con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 31 de la presente Convenci髇 que se encuentren en su territorio deber醤, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jur韉ico interno:

• a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, dar醤 cumplimiento; o
• b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le d� cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 31 y en el apartado a) del p醨rafo 1 del art韈ulo 54 de la presente Convenci髇 en la medida en que guarde relaci髇 con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A ra韟 de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicci髇 para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci髇, el Estado Parte requerido adoptar� medidas encaminadas a la identificaci髇, la localizaci髇 y el embargo preventivo o la incautaci髇 del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 31 de la presente Convenci髇 con miras a su eventual decomiso, que habr� de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al p醨rafo 1 del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del art韈ulo 46 de la presente Convenci髇 ser醤 aplicables, mutatis mutandis, al presente art韈ulo. Adem醩 de la informaci髇 indicada en el p醨rafo 15 del art韈ulo 46 las solicitudes presentadas de conformidad con el presente art韈ulo contendr醤 lo siguiente:

• a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, una descripci髇 de los bienes susceptibles de decomiso, as� como, en la medida de lo posible, la ubicaci髇 y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposici髇 de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente expl韈itas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;
• b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposici髇 de los hechos y la informaci髇 que proceda sobre el grado de ejecuci髇 que se solicita dar a la orden, una declaraci髇 en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificaci髇 adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;
• c) Cuando se trate de una solicitud relativa al p醨rafo 2 del presente art韈ulo, una exposici髇 de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripci髇 de las medidas solicitadas, as� como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptar� las decisiones o medidas previstas en los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo conforme y con sujeci髇 a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionar� al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicaci髇 al presente art韈ulo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripci髇 de 閟ta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopci髇 de las medidas mencionadas en los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerar� la presente Convenci髇 como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperaci髇 prevista en el presente art韈ulo tambi閚 se podr� denegar, o se podr醤 levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente art韈ulo, el Estado Parte requerido deber�, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente art韈ulo no se interpretar醤 en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Art韈ulo 56 Cooperaci髇 especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurar� adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, informaci髇 sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 si considera que la divulgaci髇 de esa informaci髇 puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la informaci髇 as� facilitada podr韆 dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente cap韙ulo de la Convenci髇.

Art韈ulo 57 Restituci髇 y disposici髇 de activos

1. Cada Estado Parte dispondr� de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 31 � 55 de la presente Convenci髇, incluida la restituci髇 a sus leg韙imos propietarios anteriores, con arreglo al p醨rafo 3 del presente art韈ulo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convenci髇 y con su derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restituci髇 de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convenci髇, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.

3. De conformidad con los art韈ulos 46 y 55 de la presente Convenci髇 y con los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido:

• a) En caso de malversaci髇 o peculado de fondos p鷅licos o de blanqueo de fondos p鷅licos malversados a que se hace referencia en los art韈ulos 17 y 23 de la presente Convenci髇, restituir� al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 55 de la presente Convenci髇 y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podr� renunciar el Estado Parte requerido;
• b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convenci髇, restituir� al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 55 de la presente Convenci髇 y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podr� renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los da駉s causados al Estado Parte requirente como base para la restituci髇 de los bienes decomisados;
• c) En todos los dem醩 casos dar� consideraci髇 prioritaria a la restituci髇 al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restituci髇 de esos bienes a sus propietarios leg韙imos anteriores o a la indemnizaci髇 de las v韈timas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podr� deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restituci髇 o disposici髇 de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente art韈ulo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podr醤 tambi閚 dar consideraci髇 especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposici髇 definitiva de los bienes decomisados.

Art韈ulo 58 Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperar醤 entre s� a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerar醤 la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargar� de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.

Art韈ulo 59 Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperaci髇 internacional prestada de conformidad con el presente cap韙ulo de la Convenci髇.

Art韈ulo 60 Capacitaci髇 y asistencia t閏nica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formular�, desarrollar� o perfeccionar� programas de capacitaci髇 espec韋icamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupci髇. Esos programas de capacitaci髇 podr醤 versar, entre otras cosas, sobre:

• a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupci髇, incluso el uso de m閠odos de reuni髇 de pruebas e investigaci髇;
• b) Fomento de la capacidad de formulaci髇 y planificaci髇 de una pol韙ica estrat間ica contra la corrupci髇;
• c) Capacitaci髇 de las autoridades competentes en la preparaci髇 de solicitudes de asistencia judicial rec韕roca que satisfagan los requisitos de la presente Convenci髇;
• d) Evaluaci髇 y fortalecimiento de las instituciones, de la gesti髇 de la funci髇 p鷅lica y la gesti髇 de las finanzas p鷅licas, incluida la contrataci髇 p鷅lica, as� como del sector privado;
• e) Prevenci髇 y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 y recuperaci髇 de dicho producto;
• f) Detecci髇 y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇;
• g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, as� como de los m閠odos empleados para la transferencia, ocultaci髇 o disimulaci髇 de dicho producto;
• h) Mecanismos y m閠odos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restituci髇 del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇;
• i) M閠odos utilizados para proteger a las v韈timas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y
• j) Capacitaci髇 en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de prestarse la m醩 amplia asistencia t閏nica, especialmente en favor de los pa韘es en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupci髇, incluido apoyo material y capacitaci髇 en las esferas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, as� como capacitaci髇 y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitar� la cooperaci髇 internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradici髇 y la asistencia judicial rec韕roca.

3. Los Estados Parte intensificar醤, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitaci髇 en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerar醤, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre s� en la realizaci髇 de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupci髇 en sus respectivos pa韘es con miras a elaborar, con la participaci髇 de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acci髇 contra la corrupci髇.

5. A fin de facilitar la recuperaci髇 del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇, los Estados Parte podr醤 cooperar facilit醤dose los nombres de peritos que puedan ser 鷗iles para lograr ese objetivo.

6. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de recurrir a la organizaci髇 de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperaci髇 y la asistencia t閏nica y para fomentar los debates sobre problemas de inter閟 mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los pa韘es en desarrollo y los pa韘es con econom韆s en transici髇.

7. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los pa韘es en desarrollo y los pa韘es con econom韆s en transici髇 para aplicar la presente Convenci髇 mediante programas y proyectos de asistencia t閏nica.

8. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el prop髎ito de impulsar, a trav閟 de dicha Oficina, programas y proyectos en los pa韘es en desarrollo con miras a aplicar la presente Convenci髇.

Art韈ulo 61 Recopilaci髇, intercambio y an醠isis de informaci髇 sobre la corrupci髇

1. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la corrupci髇 en su territorio, as� como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupci髇.

2. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de desarrollar y compartir, entre s� y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estad韘ticas, experiencia anal韙ica acerca de la corrupci髇 e informaci髇 con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodolog韆s comunes, as� como informaci髇 sobre las pr醕ticas 髉timas para prevenir y combatir la corrupci髇.

3. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de vigilar sus pol韙icas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupci髇 y de evaluar su eficacia y eficiencia.

Art韈ulo 62 Otras medidas: aplicaci髇 de la Convenci髇 mediante el desarrollo econ髆ico y la asistencia t閏nica

1. Los Estados Parte adoptar醤 disposiciones, conducentes a la aplicaci髇 髉tima de la presente Convenci髇 en la medida de lo posible, mediante la cooperaci髇 internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupci髇 en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte har醤 esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre s�, as� como con organizaciones internacionales y regionales, por:

• a) Intensificar su cooperaci髇 en los diversos planos con los pa韘es en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos pa韘es para prevenir y combatir la corrupci髇;
• b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los pa韘es en desarrollo para prevenir y combatir la corrupci髇 con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convenci髇;
• c) Prestar asistencia t閏nica a los pa韘es en desarrollo y a los pa韘es con econom韆s en transici髇 para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicaci髇 de la presente Convenci髇. A tal fin, los Estados Parte procurar醤 hacer contribuciones voluntarias, adecuadas y peri骴icas a una cuenta espec韋icamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiaci髇 de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convenci髇, los Estados Parte podr醤 tambi閚 dar consideraci髇 especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convenci髇;
• d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, seg鷑 proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente art韈ulo, en particular proporcionando un mayor n鷐ero de programas de capacitaci髇 y equipo moderno a los pa韘es en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convenci髇.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabar醤 los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperaci髇 financiera en los 醡bitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podr醤 celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y log韘tica, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperaci髇 internacional prevista en la presente Convenci髇 y para prevenir, detectar y combatir la corrupci髇.

Art韈ulo 63 Conferencia de los Estados Parte en la Convenci髇

1. Se establecer� una Conferencia de los Estados Parte en la Convenci髇 a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperaci髇 entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convenci髇 y promover y examinar su aplicaci髇.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocar� la Conferencia de los Estados Parte a m醩 tardar un a駉 despu閟 de la entrada en vigor de la presente Convenci髇. Posteriormente se celebrar醤 reuniones peri骴icas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobar� el reglamento y las normas que rijan la ejecuci髇 de las actividades enunciadas en el presente art韈ulo, incluidas las normas relativas a la admisi髇 y la participaci髇 de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realizaci髇 de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertar� actividades, procedimientos y m閠odos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, y en particular:

• a) Facilitar� las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los art韈ulos 60 y 62 y a los cap韙ulos II a V de la presente Convenci髇, incluso promoviendo la aportaci髇 de contribuciones voluntarias;
• b) Facilitar� el intercambio de informaci髇 entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupci髇 y sobre pr醕ticas eficaces para prevenirla y combatirla, as� como para la restituci髇 del producto del delito, mediante, entre otras cosas, la publicaci髇 de la informaci髇 pertinente mencionada en el presente art韈ulo;
• c) Cooperar� con organizaciones y mecanismos Internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;
• d) Aprovechar� adecuadamente la informaci髇 pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupci髇 a fin de evitar una duplicaci髇 innecesaria de actividades;
• e) Examinar� peri骴icamente la aplicaci髇 de la presente Convenci髇 por sus Estados Parte;
• f) Formular� recomendaciones para mejorar la presente Convenci髇 y su aplicaci髇;
• g) Tomar� nota de las necesidades de asistencia t閏nica de los Estados Parte con respecto a la aplicaci髇 de la presente Convenci髇 y recomendar� las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del p醨rafo 4 del presente art韈ulo, la Conferencia de los Estados Parte obtendr� el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicaci髇 de la presente Convenci髇 por conducto de la informaci髇 que ellos le faciliten y de los dem醩 mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionar� a la Conferencia de los Estados Parte informaci髇 sobre sus programas, planes y pr醕ticas, as� como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convenci髇, seg鷑 lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratar� de determinar la manera m醩 eficaz de recibir y procesar la informaci髇, incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. Tambi閚 se podr醤 considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los p醨rafos 4 a 6 del presente art韈ulo, la Conferencia de los Estados parte establecer�, si lo considera necesario, un mecanismo u 髍gano apropiado para apoyar la aplicaci髇 efectiva de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 64 Secretar韆

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestar� los servicios de secretar韆 necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convenci髇.

La secretar韆:

• a) Prestar� asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realizaci髇 de las actividades enunciadas en el art韈ulo 63 de la presente Convenci髇 y organizar� los per韔dos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionar� los servicios necesarios;
• b) Prestar� asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de informaci髇 a la Conferencia de los Estados Parte seg鷑 lo previsto en los p醨rafos 5 y 6 del art韈ulo 63 de la presente Convenci髇; y
• c) Velar� por la coordinaci髇 necesaria con las secretar韆s de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Art韈ulo 65 Aplicaci髇 de la Convenci髇

1. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Cada Estado Parte podr� adoptar medidas m醩 estrictas o severas que las previstas en la presente Convenci髇 a fin de prevenir y combatir la corrupci髇.

Art韈ulo 66 Soluci髇 de controversias

1. Los Estados Parte procurar醤 solucionar toda controversia relacionada con la interpretaci髇 o aplicaci髇 de la presente Convenci髇 mediante la negociaci髇.

2. Toda controversia entre dos o m醩 Estados Parte acerca de la interpretaci髇 o la aplicaci髇 de la presente Convenci髇 que no pueda resolverse mediante la negociaci髇 dentro de un plazo razonable deber�, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses despu閟 de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organizaci髇 del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podr� remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podr�, en el momento de la firma, ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de la adhesi髇 a ella, declarar que no se considera vinculado por el p醨rafo 2 del presente art韈ulo. Los dem醩 Estados Parte no quedar醤 vinculados por el p醨rafo 2 del presente art韈ulo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el p醨rafo 3 del presente art韈ulo podr� en cualquier momento retirar esa reserva notific醤dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 67 Firma, ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 y adhesi髇

1. La presente Convenci髇 estar� abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en M閞ida, M閤ico, y despu閟 de esa fecha, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 9 de diciembre de 2005.

2. La presente Convenci髇 tambi閚 estar� abierta a la firma de las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convenci髇 de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo.

3. La presente Convenci髇 estar� sujeta a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇. Los instrumentos de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 se depositar醤 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica podr醤 depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 esas organizaciones declarar醤 el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci髇. Dichas organizaciones comunicar醤 tambi閚 al depositario cualquier modificaci髇 pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convenci髇 estar� abierta a la adhesi髇 de todos los Estados u organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convenci髇. Los instrumentos de adhesi髇 se depositar醤 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesi髇, las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica declarar醤 el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci髇. Dichas organizaciones comunicar醤 tambi閚 al depositario cualquier modificaci髇 pertinente del alcance de su competencia.

Art韈ulo 68 Entrada en vigor

1. La presente Convenci髇 entrar� en vigor el nonag閟imo d韆 despu閟 de la fecha en que se haya depositado el trig閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇. A los efectos del presente p醨rafo, los instrumentos depositados por una organizaci髇 regional de integraci髇 econ髆ica no se considerar醤 adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organizaci髇.

2. Para cada Estado u organizaci髇 regional de integraci髇 econ髆ica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convenci髇 o se adhiera a ella despu閟 de haberse depositado el trig閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇, la presente Convenci髇 entrar� en vigor el trig閟imo d韆 despu閟 de la fecha en que ese Estado u organizaci髇 haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al p醨rafo 1 del presente art韈ulo, si 閟ta es posterior.

Art韈ulo 69 Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco a駉s desde la entrada en vigor de la presente Convenci髇, los Estados Parte podr醤 proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuaci髇 comunicar� toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convenci髇 para que la examinen y adopten una decisi髇 al respecto. La Conferencia de los Estados Parte har� todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobaci髇 de la enmienda exigir�, en 鷏tima instancia, una mayor韆 de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reuni髇 de la Conferencia de los Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica, en asuntos de su competencia, ejercer醤 su derecho de voto con arreglo al presente art韈ulo con un n鷐ero de votos igual al n鷐ero de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convenci髇. Dichas organizaciones no ejercer醤 su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo estar� sujeta a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 por los Estados Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo entrar� en vigor respecto de un Estado Parte noventa d韆s despu閟 de la fecha en que 閟te deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, ser� vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los dem醩 Estados Parte quedar醤 sujetos a las disposiciones de la presente Convenci髇, as� como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Art韈ulo 70 Renuncia

1. Los Estados Parte podr醤 denunciar la presente Convenci髇, mediante notificaci髇 escrita, al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtir� efecto un a駉 despu閟 de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificaci髇.

2. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica dejar醤 de ser Partes en la presente Convenci髇 cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Art韈ulo 71 Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas ser� el depositario de la presente Convenci髇.

2. El original de la presente Convenci髇, cuyo texto en 醨abe, chino, espa駉l, franc閟, ingl閟 y ruso es igualmente aut閚tico, se depositar� en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.