�2. Corresponde a las Consejer�as, Organismos Aut�nomos y Entes P�blicos a que se refiere el art�culo 19.2, la facultad de autorizar, previa solicitud de los interesados, los aplazamientos o fraccionamientos de pago de las tasas. Una vez vencido el plazo de ingreso en per�odo voluntario, la competencia reside en la Consejer�a de Hacienda�.

El cat�logo de servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios p�blicos se establecer� por Acuerdo de Consejo de Gobierno, a propuesta y con base en la solicitud de la Consejer�a que los preste o de que dependa el �rgano o Ente institucional correspondiente, y previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda, que valorar� la procedencia de la propuesta.�

�Aprobar, a propuesta del Consejero respectivo, previo dictamen preceptivo de la Consejer�a de Hacienda, la estructura org�nica y plantilla org�nica de las diferentes Consejer�as y la creaci�n, modificaci�n o supresi�n de las Subdirecciones Generales�.

�2. Las Direcciones Generales y las Secretar�as Generales T�cnicas podr�n organizarse a su vez en Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones, unidades inferiores y asimiladas.

Las Subdirecciones Generales, bajo la supervisi�n y dependencia inmediata de la Direcci�n General o Secretar�a General T�cnica, son responsables de la ejecuci�n de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados�.

�La provisi�n de los puestos de trabajo de Subdirector General se efectuar� mediante convocatoria p�blica entre funcionarios de carrera que pertenezcan a Cuerpos y Escalas en los que se exija para el ingreso el t�tulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente�.

�1. Bajo los niveles organizativos enumerados en los art�culos anteriores, la Administraci�n Auton�mica se estructura en Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones, unidades inferiores y asimiladas�.

�3. Sin perjuicio de lo se�alado en el apartado 2 de este art�culo, la creaci�n de Unidades inferiores a Subdirecciones Generales, corresponde a los Consejeros, previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda�.

1. El �rgano competente para conocer, tramitar y resolver las reclamaciones econ�mico-administrativas, en �nica instancia, ser� la Junta Superior de Hacienda.

Asimismo, corresponde a la Junta Superior de Hacienda el conocimiento, tramitaci�n y resoluci�n de los recursos extraordinarios de revisi�n que se interpongan contra los actos de gesti�n y las resoluciones de reclamaciones econ�mico-administrativas.

2. Respecto de las reclamaciones econ�mico-administrativas en materia tributaria se estar� a lo dispuesto en el art�culo 20 de la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas.

3. La Junta Superior de Hacienda estar� constituida por el Presidente, el Secretario y ocho Vocales, pudiendo el n�mero de estos �ltimos ser modificado reglamentariamente si las necesidades de atenci�n del servicio lo exigiesen.

El Presidente, que habr� de ser Licenciado en Derecho, ser� nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda. Los Vocales, salvo el mencionado en el p�rrafo siguiente, ser�n nombrados por el Consejero competente en materia de Hacienda. Tanto el Presidente como los Vocales deber�n reunir la condici�n de funcionarios en activo al servicio de la Comunidad de Madrid.

Entre los Vocales figurar� el Interventor General de la Comunidad de Madrid o persona en quien delegue.

El Secretario titular ser� nombrado entre Letrados de los Servicios Jur�dicos adscritos a la Consejer�a de Hacienda, por el Consejero competente en materia de Hacienda a propuesta del Consejero responsable de los Servicios Jur�dicos. Por el mismo sistema de nombramiento ser� designado un suplente del Secretario titular.

4. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se determinar� el funcionamiento de la Junta Superior de Hacienda, as� como las normas de organizaci�n, r�gimen jur�dico y tramitaci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas�.

�3. A los fines previstos en el apartado 1, la Hacienda de la Comunidad de Madrid gozar�, entre otras, de las prerrogativas reconocidas a la Hacienda P�blica en la Ley General Tributaria.�

�5. Una vez concluida la v�a administrativa, los �rganos de recaudaci�n no iniciar�n las actuaciones del procedimiento de apremio para los ingresos de derecho p�blico no tributario mientras no concluya el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el interesado comunicase a dicho �rgano la interposici�n del recurso, con petici�n de suspensi�n y ofrecimiento de cauci�n para garantizar la deuda, se mantendr� la paralizaci�n del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garant�a aportada. En cualquier caso, durante este per�odo de paralizaci�n se devengar� el inter�s de demora regulado en el art�culo 32 de esta Ley. Si el �rgano judicial acuerda la suspensi�n, �sta se mantendr� hasta la resoluci�n del recurso. Si se deniega la suspensi�n, el deudor tendr� los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudaci�n para efectuar el ingreso de la deuda sin apremio, contados a partir de la fecha de recepci�n del acuerdo de denegaci�n.�

�3. La providencia anterior es el t�tulo suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago, en los t�rminos previstos en la Ley General Tributaria y en las dem�s disposiciones aplicables.�

�2. El tipo de inter�s aplicable a todas las deudas de derecho p�blico ser� el inter�s de demora previsto en la Ley General Tributaria.

Para aquellos d�bitos de derecho privado a favor de esta Comunidad, el tipo de inter�s aplicable ser� el inter�s legal del dinero vigente el d�a del vencimiento de la deuda.�

• �b) Al �rgano competente para acordar los arrendamientos de bienes inmuebles, cualquiera que sea su cuant�a, seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, salvo lo dispuesto para las pr�rrogas legales y contractuales en el �ltimo p�rrafo del apartado 1 del art�culo 69 de esta Ley.�

�4. El n�mero de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los supuestos a), b), g) y h) del apartado 2 no ser� superior a cuatro. Asimismo, en los casos a), g) y h), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podr� exceder de la cantidad que resulte de aplicar al cr�dito correspondiente del a�o en que la operaci�n se comprometi�, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos referidos en el supuesto b) del apartado 2, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podr� exceder de la cantidad que resulte de aplicar al cr�dito correspondiente del a�o en que la operaci�n se comprometi� el porcentaje del 100 por 100.

Las retenciones a que se refiere el art�culo 29 del Reglamento General de Contrataci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, computar�n a efectos de los l�mites establecidos por los anteriores porcentajes. La superaci�n de porcentajes por estas retenciones no precisar� la autorizaci�n del Consejo de Gobierno.�

�1. En el �mbito del Presupuesto de la Administraci�n de la Comunidad:

Son atribuciones del Presidente de la Comunidad y de cada Consejero, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, dentro de sus respectivas competencias.

Estas mismas atribuciones corresponden a los Consejos de Administraci�n respectivos de los �rganos de Gesti�n dependientes directamente de la Administraci�n de la Comunidad, con las excepciones que puedan resultar, seg�n las Leyes o sus Decretos de creaci�n, de la relaci�n de dependencia con la Consejer�a a la que est�n adscritos.

En las adquisiciones de bienes inmuebles la competencia para la autorizaci�n y disposici�n del gasto corresponder� al �rgano competente para acordar la adquisici�n seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

No obstante lo dispuesto en los p�rrafos anteriores, la autorizaci�n o el compromiso del gasto estar� reservado al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

• a) Gastos de cuant�a indeterminada.
• b) Gastos de car�cter plurianual recogidos en la letra a) del art�culo 55.3 o los que requieran modificaci�n de los porcentajes o del n�mero de anualidades previsto en el art�culo 55.4.
  
  En el caso de reajustes o reprogramaci�n de anualidades, �nicamente en los supuestos del art�culo 55.4.
• c) Gastos corrientes y de capital que excedan de los importes fijados a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
  
  No obstante, la autorizaci�n o el compromiso del gasto corresponder� al Consejero respectivo cuando el gasto se derive de la concesi�n de transferencias nominativas consignadas en la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid cuyo destinatario fuese alguno de los Organismos Aut�nomos, Entes o Entidades de Derecho p�blico, Empresas p�blicas, �rganos e Instituciones de la Comunidad de Madrid.
• d) Gastos que se deriven de los contratos de obras que se efect�en bajo la modalidad de abono total del precio a que se refiere el art�culo 55.5 y los derivados de la adquisici�n de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el art�culo 57.3 de esta Ley.
• e) Gastos derivados de contratos de suministros cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opci�n de compra y el n�mero de anualidades supere el m�ximo previsto al efecto en la legislaci�n de contratos de las Administraciones P�blicas.

Con car�cter excepcional, en los arrendamientos de inmuebles la competencia para la autorizaci�n y disposici�n del gasto corresponder� al �rgano competente para acordar o novar el arrendamiento seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. No obstante, en las pr�rrogas legales o contractuales de los contratos arrendaticios, corresponde al �rgano competente en el �mbito de los programas que se les adscriben la autorizaci�n y disposici�n del gasto cualquiera que sea su car�cter y cuant�a.�

�3. Esta prerrogativa de recuperaci�n de los bienes que componen el Patrimonio la ostentar�n:

• a) Las Consejer�as y Organismos Aut�nomos respecto a los bienes de dominio p�blico y privado.
• b) Las Entidades de Derecho p�blico y dem�s Entes P�blicos respecto a los bienes de dominio p�blico.

No obstante, la Consejer�a de Hacienda podr� iniciar o continuar el procedimiento de recuperaci�n posesoria a solicitud motivada de las Consejer�as y Organismos Aut�nomos para los bienes de dominio p�blico y privado y de las Entidades de Derecho p�blico y dem�s Entes P�blicos para sus bienes demaniales.

Toda p�rdida indebida de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad, as� como las acciones llevadas a cabo para su recuperaci�n, deber�n ser notificadas a la Direcci�n General de Patrimonio en un plazo no superior a tres meses a contar desde que se haya producido la usurpaci�n o se haya tenido conocimiento de la misma.�

�6. La Comunidad de Madrid podr� recuperar en v�a administrativa la posesi�n de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el t�tulo, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupaci�n por terceros. Para el ejercicio de esta potestad de desahucio ser� necesaria la previa declaraci�n de extinci�n o caducidad del t�tulo que otorgaba el derecho de utilizaci�n de los bienes de dominio p�blico.�

�6. Cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus fines, las Administraciones Territoriales de la Comunidad de Madrid podr�n afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio p�blico competencia de dicha Administraci�n Auton�mica y transferirle la titularidad. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio p�blico o dejara de destinarse posteriormente, revertir� a la Administraci�n transmitente, integr�ndose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.

La Comunidad de Madrid podr� afectar bienes y derechos demaniales de su titularidad a otras Administraciones para su dedicaci�n a un uso o servicio p�blico de su competencia, sin transferencia de la titularidad.

La competencia para aceptar y conceder mutaciones demaniales corresponder� al titular de la Consejer�a de Hacienda.�

�5. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio p�blico se efectuar� en r�gimen de concurrencia. No obstante, podr� aprobarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el art�culo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las Leyes. Una vez otorgada la concesi�n deber� formalizarse en documento administrativo, que ser� t�tulo suficiente para su inscripci�n en el Registro de la Propiedad.

Las autorizaciones se otorgar�n directamente a los peticionarios que re�nan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su n�mero, en cuyo caso lo ser�n en r�gimen de concurrencia, y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.�

�2. El plazo m�ximo de las autorizaciones y concesiones demaniales, incluidas las pr�rrogas, no podr� exceder de setenta y cinco a�os, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicaci�n.�

�Tampoco ser� necesario el requisito de publicidad y concurrencia cuando, con car�cter excepcional, se acrediten razones de inter�s p�blico, social, econ�mico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria p�blica, los beneficiarios sean entidades sin �nimo de lucro, y se formalicen convenios o acuerdos de colaboraci�n sin contraprestaci�n con dichas entidades. La celebraci�n de estos convenios deber� ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del �rgano competente para conceder la subvenci�n, previo informe de la Consejer�a de Hacienda cuando se refiera a cr�ditos de los presupuestos de la Administraci�n de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Aut�nomos y Entes P�blicos cuya normativa espec�fica confiera car�cter limitativo a los cr�ditos de su presupuesto de gastos. En las subvenciones concedidas con cargo a las dotaciones de los presupuestos de las Empresas P�blicas y dem�s Entes P�blicos el informe corresponder� al titular de la Consejer�a de la que dependan o a la que est�n adscritos. De las actuaciones realizadas al amparo de este p�rrafo se dar� cuenta trimestralmente a la Comisi�n de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea.�

Los �rganos competentes que propongan el establecimiento de subvenciones, con car�cter previo, deber�n concretar en un plan estrat�gico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicaci�n, el plazo necesario para su consecuci�n, los costes previsibles y sus fuentes de financiaci�n, supedit�ndose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Cuando los objetivos que se pretendan conseguir afecten al mercado, su orientaci�n debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser m�nimamente distorsionadores.�

(...)

6. El Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas, en el que se distinguen las siguientes Escalas:

• a) Docente.
• b) Seguridad y Salud en el Trabajo.
• c) Superior de Empleo.

(...).�

�11. Corresponde a la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas, la realizaci�n de tareas de nivel superior que se deriven de la gesti�n y ejecuci�n en materia de trabajo, empleo y formaci�n profesional. Para ingresar en la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas ser� necesario estar en posesi�n de la titulaci�n habilitante para el Grupo A y superar las correspondientes pruebas selectivas.�

Los funcionarios tendr�n derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempe�en, al percibo al menos del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal.�

El tiempo de permanencia en la situaci�n de servicios especiales ser� computado, a efectos de consolidaci�n del grado personal, como prestado en el �ltimo puesto desempe�ado en la situaci�n de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.�

1. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el sistema de concurso de m�ritos, podr�n ser removidos del mismo por causas sobrevenidas derivadas de una falta de capacidad para su desempe�o evidenciada en un rendimiento insuficiente que, sin comportar inhibici�n, impida llevar a cabo las funciones atribuidas al puesto con la eficacia necesaria, o de una modificaci�n sustancial del contenido del puesto de trabajo, realizada a trav�s de las relaciones de puestos de trabajo, que suponga una alteraci�n de los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.

Asimismo, podr�n ser removidos de su puesto de trabajo por supresi�n del mismo.

2. En el primer supuesto del p�rrafo primero del apartado anterior, la remoci�n se llevar� a cabo, previo expediente con audiencia del interesado, mediante resoluci�n motivada del �rgano que realiz� el nombramiento, o�da la Junta de Personal correspondiente.

3. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el sistema de libre designaci�n podr�n ser removidos del mismo con car�cter discrecional.

4. A los funcionarios afectados por lo previsto en los p�rrafos anteriores les ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 46 de la presente Ley.�

1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podr� acordarse para su cobertura, en caso de urgente e inaplazable necesidad, una comisi�n de servicios de car�cter voluntario, a favor de un funcionario que re�na los requisitos establecidos para su desempe�o en la relaci�n de puestos de trabajo, por un plazo m�ximo de un a�o, prorrogable por otro.

2. Asimismo, cuando un puesto haya sido declarado desierto en un concurso y sea urgente para el servicio su provisi�n, podr� destinarse en comisi�n de servicios de car�cter forzoso a un funcionario que preste servicios en la misma Consejer�a, por un plazo m�ximo improrrogable de seis meses.

3. A petici�n de otras Administraciones P�blicas, podr�n autorizarse comisiones de servicio a favor de los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid en los mismos t�rminos del apartado 1.

4. Las comisiones de servicios se�aladas en los apartados anteriores, conllevar�n derecho a reserva de puesto de trabajo y ser�n autorizadas por el Consejero de Hacienda, salvo en los supuestos en que las mismas no supongan cambio de Consejer�a, en cuyo caso ser�n autorizadas por el Consejero respectivo.

5. Los funcionarios en comisi�n de servicios percibir�n las retribuciones del puesto de trabajo realmente desempe�ado.

6. Los funcionarios de otras Administraciones P�blicas podr�n prestar sus servicios en la Comunidad de Madrid mediante comisi�n de servicios, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo, por un plazo m�ximo de un a�o, prorrogable por otro, previa autorizaci�n del �rgano competente de la Administraci�n de procedencia del funcionario.�

1. Los puestos de trabajo podr�n proveerse mediante adscripci�n provisional en los siguientes supuestos:

• a) Reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conlleven derecho a reserva de puesto de trabajo.
• b) Remoci�n o cese en el puesto de trabajo obtenido por concurso de m�ritos o libre designaci�n.
• c) Alteraci�n sustancial o supresi�n del puesto que se viniera desempe�ando en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

2. El puesto desempe�ado con car�cter provisional se convocar� para su provisi�n definitiva en el plazo m�ximo de un a�o, y el funcionario ocupante tendr� la obligaci�n de participar en la convocatoria.�

�Cap�tulo VI

Situaciones Administrativas de los funcionarios

SECCI�N 1

De las situaciones en general

Sin perjuicio de la aplicaci�n de las normas dictadas por el Estado al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n Espa�ola, los funcionarios de la Administraci�n de la Comunidad de Madrid pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:

• a) Servicio activo.
• b) Excedencia voluntaria:
  • - Por incompatibilidad.
  • - Por inter�s particular.
  • - Por agrupaci�n familiar.
• c) Excedencia por cuidado de familiares.
• d) Excedencia forzosa.
• e) Servicios en otras Administraciones P�blicas.
• f) Servicios especiales.
• g) Suspensi�n.

SECCI�N 2

De las situaciones en particular

1. Los funcionarios se hallan en la situaci�n de servicio activo:

• a) Cuando desempe�en un puesto correspondiente a la relaci�n de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con car�cter definitivo.
• b) Cuando desempe�en un puesto correspondiente a la relaci�n de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con car�cter provisional o en comisi�n de servicios.
• c) Cuando queden a disposici�n del �rgano competente en el caso de funcionarios removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso de m�ritos, consecuencia de una falta de capacidad para su desempe�o, cesados en un puesto de trabajo obtenido por libre designaci�n y los que cesen en el desempe�o de puesto de trabajo por alteraci�n sustancial del contenido o supresi�n del mismo en la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo.
• d) Durante el plazo posesorio, cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisi�n de puestos de trabajo.
• e) Cuando presten servicios en la C�mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en las Cortes Generales de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda quedar en otra situaci�n.
• f) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situaci�n. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes del Delegado del Gobierno o del Subdelegado del Gobierno en la provincia.
• g) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejer�as, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y opten por permanecer en esta situaci�n.
• h) En todos aquellos casos en los que as� lo establezca una norma con rango de ley.

2. El disfrute de licencias, vacaciones o permisos reglamentarios no altera la situaci�n de servicio activo.

3. Los funcionarios en situaci�n de servicio activo ostentan todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condici�n.

1. La excedencia voluntaria supone el cese temporal en la relaci�n de servicio.

2. Su concesi�n o declaraci�n proceder� en los siguientes supuestos:

• a) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. Cuando el funcionario se encuentre en situaci�n de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administraci�n P�blica, salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad, o pase a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector p�blico y no le corresponda quedar en otra situaci�n administrativa.
  
  El funcionario podr� permanecer en esta situaci�n en tanto se mantenga la relaci�n de servicios que dio origen a su declaraci�n. Una vez producido el cese en la misma, deber� solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo m�ximo de un mes, declar�ndosele, de no hacerlo, en la modalidad de esta situaci�n administrativa regulada en el apartado b) del presente art�culo.
• b) Excedencia voluntaria por inter�s particular. Cuando el funcionario lo solicite por inter�s particular. Para solicitar el pase a esta situaci�n ser� preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones P�blicas durante los cinco a�os inmediatamente anteriores y en ella no se podr� permanecer menos de dos a�os continuados.
  
  Proceder� asimismo declarar en esta modalidad de excedencia voluntaria al funcionario cuando, finalizada la causa que determin� el pase a una situaci�n distinta a la de servicio activo, incumpla la obligaci�n de solicitar el reingreso en el plazo establecido, as� como en los dem�s supuestos previstos en la normativa vigente.
• c) Excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar. Cuando el funcionario lo solicite por agrupaci�n familiar por residir su c�nyuge en otro municipio, al haber obtenido y estar desempe�ando un puesto de trabajo con car�cter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administraci�n P�blica, Organismo Aut�nomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social, as� como en �rganos Constitucionales o del Poder Judicial.
  
  La excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar tendr� una duraci�n m�nima de dos a�os y m�xima de quince. Antes de finalizar el plazo m�ximo de duraci�n de esta situaci�n deber� solicitarse el reingreso al servicio activo declar�ndose de oficio al funcionario, en caso de no hacerlo, en la modalidad de este tipo de excedencia regulada en el apartado b) del presente art�culo.

3. El funcionario excedente no devengar� retribuciones, ni le ser� computable el tiempo permanecido en tal situaci�n a efectos de ascensos, consolidaci�n de grado personal, trienios y derechos pasivos.

No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, se computar� a efectos de trienios, el per�odo de prestaci�n de servicios en organismos o entidades del sector p�blico, con la excepci�n de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participaci�n directa o indirecta de las Administraciones P�blicas.

1. El funcionario tendr� derecho a un per�odo de excedencia de duraci�n no superior a tres a�os para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopci�n o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resoluci�n judicial o administrativa.

2. Tambi�n tendr� derecho a un per�odo de excedencia, de duraci�n no superior a un a�o, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por s� mismo, y no desempe�e actividad retribuida.

3. El per�odo de excedencia ser� �nico por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del per�odo de la misma pondr� fin al que se viniera disfrutando.

4. La presente situaci�n constituye un derecho individual del funcionario. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administraci�n podr� limitar su ejercicio simult�neo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

5. El per�odo de permanencia en esta situaci�n ser� computable a efectos de trienios, consolidaci�n de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia por inter�s particular. Durante el primer a�o, el funcionario tendr� derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempe�aba. Transcurrido este per�odo, el derecho a reserva lo ser� de un puesto de igual nivel y retribuci�n en la misma Consejer�a.

6. En el caso de la excedencia prevista en el apartado 1 del presente art�culo, el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer a�o a que se refiere el apartado anterior se extender� hasta un m�ximo de quince meses, cuando se trate de miembros de unidades familiares que tengan reconocida la condici�n de familia numerosa de categor�a general, y hasta un m�ximo de dieciocho meses, si tienen la condici�n de familia numerosa de categor�a especial.

1. La excedencia forzosa se produce cuando el funcionario declarado en la situaci�n de suspensi�n firme que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.

2. El funcionario en excedencia forzosa estar� obligado a participar en los procedimientos que se convoquen para la provisi�n de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempe�o re�nan, as� como a aceptar el reingreso al servicio activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala.

3. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior delimitar� el pase a la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.

4. El funcionario en esta situaci�n tendr� derecho a percibir las retribuciones b�sicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Asimismo, le ser� computado el tiempo de permanencia en dicha situaci�n a efectos de derechos pasivos y de trienios.

5. El funcionario en excedencia forzosa no podr� desempe�ar puestos de trabajo en el sector p�blico bajo ning�n tipo de relaci�n funcionarial o contractual sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtiene un puesto de trabajo en dicho sector pasar� a la situaci�n administrativa que corresponda de acuerdo con la Ley.

1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid que mediante los procedimientos de concurso de m�ritos o de libre designaci�n pasen a ocupar puestos de trabajo adecuados a su Cuerpo o Escala en otras Administraciones P�blicas quedar�n, respecto de la Comunidad de Madrid, en la situaci�n de servicios en otras Administraciones P�blicas. En esta situaci�n, los funcionarios se someter�n al r�gimen estatutario y les ser� de aplicaci�n la legislaci�n en materia de Funci�n P�blica de la Administraci�n P�blica en la que est�n destinados, con excepci�n de la sanci�n de separaci�n del servicio, que deber� ser acordada por el �rgano competente de la Comunidad de Madrid. Conservar�n su condici�n de funcionarios de la Comunidad de Madrid en la situaci�n de servicios en otras Administraciones P�blicas si bien, en tanto permanezcan en tal situaci�n, no tendr�n derecho a retribuci�n alguna con cargo a los cr�ditos del Presupuesto de la Comunidad de Madrid.

2. Los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid que se encuentren en la situaci�n administrativa de servicios en Comunidades Aut�nomas, respecto a la Administraci�n del Estado, cuando reingresen en sus Cuerpos o Escalas estatales de origen, ser�n declarados en la Comunidad de Madrid en la situaci�n de excedencia voluntaria, conforme a lo preceptuado en el art�culo 59 de la presente Ley.

3. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones P�blicas que se encuentren prestando servicios en la Comunidad de Madrid de acuerdo con el procedimiento de movilidad administrativa previsto en el art�culo 55 de la presente Ley, cesar�n totalmente en su vinculaci�n con la Comunidad de Madrid si pasan a prestar servicios con car�cter definitivo en otra Administraci�n P�blica.

1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid ser�n declarados en la situaci�n administrativa de servicios especiales en los casos siguientes:

• a) Cuando sean autorizados para realizar una misi�n por per�odo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades P�blicas extranjeras o en programas internacionales.
• b) Cuando adquieran la condici�n de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales o de car�cter supranacional.
• c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Naci�n o de los Gobiernos de otras Comunidades Aut�nomas, as� como cuando sean nombrados por el Gobierno de las referidas Administraciones Altos Cargos de las mismas.
• d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los �rganos Constitucionales u otros cuya elecci�n corresponda a las C�maras.
• e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los t�rminos previstos en el art�culo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o presten servicios en los �rganos t�cnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• f) Cuando accedan a la condici�n de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
• g) Cuando accedan a la condici�n de Diputado de la Asamblea de Madrid o miembro de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Aut�nomas, siempre que perciban retribuciones peri�dicas por el desempe�o de esta funci�n.
• h) Cuando desempe�en cargos electivos retribuidos y de dedicaci�n exclusiva en las Entidades Locales, cuando desempe�en responsabilidades de �rganos superiores y directivos municipales, y cuando desempe�en responsabilidades de miembros de los �rganos locales para el conocimiento y la resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas.
• i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejer�as, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo conforme a lo previsto en el art�culo 58.bis.g) de la presente Ley y, en todo caso, cuando los niveles de los puestos de trabajo que desempe�en no est�n incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala, as� como cuando desempe�en funciones como personal eventual en las Entidades Locales del �mbito territorial de la Comunidad de Madrid.
• j) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo, conforme a lo previsto en el art�culo 58.bis.f) de la presente Ley. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.
• k) Cuando pasen a prestar servicios en el �mbito de la organizaci�n de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con los procedimientos de provisi�n de puestos de trabajo previstos en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid o en los Grupos parlamentarios constituidos en la misma, siempre que no pertenezcan a Cuerpos o Escalas propios de la misma.
• l) Cuando sean elegidos Consejeros de la C�mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• m) Cuando se encuentren al servicio del Defensor del Menor, de conformidad con lo previsto en el art�culo 40 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.
• n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias o Directores Insulares de la Administraci�n General del Estado y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo.
• �) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
• o) Cuando as� se determine en una norma con rango de Ley.

2. A los funcionarios en situaci�n de servicios especiales se les computar� el tiempo que permanezcan en tal situaci�n a efectos de ascensos, consolidaci�n de grado personal, trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por inter�s particular.

Asimismo, cuando sean declarados en servicios especiales desde situaciones administrativas que conllevan el desempe�o o reserva de puesto de trabajo tendr�n derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual nivel y retribuciones que el desempe�ado con anterioridad a su pase a dicha situaci�n.

Lo dispuesto en este apartado 2 relativo al c�mputo del tiempo de permanencia en situaci�n de servicios especiales, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, no ser� de aplicaci�n a los funcionarios p�blicos que habiendo ingresado al servicio de las Instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el art�culo 11.2 del Anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos econ�micos que puedan derivar de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.

3. En todos los casos, los declarados en esta situaci�n administrativa recibir�n las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempe�en y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepci�n de los trienios que pudieran tener reconocidos como tales.

4. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas que pierdan dicha condici�n por disoluci�n de las correspondientes C�maras o terminaci�n del mandato de las mismas podr�n permanecer en la situaci�n de servicios especiales hasta su nueva constituci�n.

5. Los funcionarios que pierdan la condici�n en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situaci�n de servicios especiales, deber�n solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes declar�ndoseles, de no hacerlo, en la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, con efectos desde el d�a en que perdieron aquella condici�n.

1. Proceder� declarar al funcionario en situaci�n de suspensi�n, cuando as� lo determine la autoridad u �rgano competente, como consecuencia de la instrucci�n al mismo de un procedimiento judicial o disciplinario.

2. La situaci�n de suspensi�n produce la privaci�n al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condici�n.

3. La suspensi�n podr� ser provisional o firme.

1. La suspensi�n provisional podr� acordarse preventivamente durante la tramitaci�n de un procedimiento judicial o disciplinario.

2. La suspensi�n provisional como medida preventiva durante la tramitaci�n de un expediente disciplinario ser� acordada, en su caso, por la autoridad que ordene la iniciaci�n del expediente, no pudiendo exceder su duraci�n del plazo m�ximo de resoluci�n y notificaci�n del procedimiento disciplinario, excepto en caso de paralizaci�n del procedimiento imputable al interesado.

3. Si durante la tramitaci�n de un procedimiento judicial se decreta la prisi�n provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempe�ar su puesto de trabajo, se le declarar� en suspensi�n provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas.

4. El suspenso provisional tendr� derecho a percibir el 75 por 100 de sus retribuciones b�sicas, as� como la totalidad de la prestaci�n familiar por hijo a cargo, excepto en caso de paralizaci�n del expediente imputable al interesado, que comportar� la p�rdida de toda retribuci�n mientras se mantenga dicha paralizaci�n. Asimismo, no se acreditar� haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o procesal penal.

5. Cuando la suspensi�n no sea declarada firme, el tiempo de duraci�n de la misma se computar� como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporaci�n del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos econ�micos y dem�s que procedan desde la fecha de efectos de la suspensi�n.

1. La suspensi�n tendr� car�cter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanci�n disciplinaria. La condena y la sanci�n determinar�n la p�rdida del puesto de trabajo cuando la suspensi�n firme exceda de seis meses.

El tiempo de suspensi�n provisional se computar� a efectos del cumplimiento de la suspensi�n firme.

2. En tanto no transcurra el plazo de suspensi�n de funciones no proceder� ning�n cambio de situaci�n administrativa.

3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo, como consecuencia de condena o sanci�n, deber� solicitar el reingreso al servicio activo al menos con un mes de antelaci�n a la finalizaci�n del per�odo de duraci�n de la suspensi�n. El referido reingreso tendr� efectos econ�micos y administrativos desde la fecha de extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.

De no solicitarse el reingreso en el tiempo se�alado en el p�rrafo anterior, se le declarar� de oficio en la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, con efectos desde la fecha de finalizaci�n de la sanci�n.

4. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario ser� declarado, de oficio, en la situaci�n de excedencia forzosa prevista en el art�culo 60 de la presente Ley, con efectos de la fecha de extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.

SECCI�N 3

Reingreso al servicio activo

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios, que no tengan derecho a reserva de puesto de trabajo, se efectuar� mediante su participaci�n en las convocatorias de provisi�n de puestos de trabajo.

2. Asimismo, el reingreso podr� efectuarse por adscripci�n a un puesto con car�cter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se re�nan los requisitos para el desempe�o del puesto de trabajo.

El puesto asignado con car�cter provisional se convocar� para su provisi�n definitiva en el plazo m�ximo de un a�o, y el funcionario reingresado con destino provisional tendr� obligaci�n de participar en la convocatoria�.

�5. La condici�n de presidente, miembro o secretario de �rganos colegiados de las Administraciones P�blicas, cuando deban realizar dichas funciones por raz�n de su cargo, aplic�ndose igualmente las limitaciones previstas en el apartado 1.�

�6. La participaci�n en entidades culturales o ben�ficas que no tengan �nimo de lucro, siempre que no perciban ning�n tipo de retribuci�n o percepci�n por dicha participaci�n, ni comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su funci�n.�

�No obstante lo establecido en el p�rrafo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podr� fijar una retribuci�n adecuada a aquellos patronos que presten a la fundaci�n servicios distintos de los que implica el desempe�o de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorizaci�n del Protectorado.�

1. Las fundaciones podr�n desarrollar actividades econ�micas cuyo objeto est� relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.

Adem�s, podr�n intervenir en cualesquiera actividades econ�micas a trav�s de su participaci�n en sociedades, con arreglo a lo previsto en los siguientes apartados.

2. Las fundaciones podr�n participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las deudas sociales. Cuando esta participaci�n sea mayoritaria deber�n dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca.

3. Si la fundaci�n recibiera por cualquier t�tulo, bien como parte de la dotaci�n inicial, bien en un momento posterior, alguna participaci�n en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, deber� enajenar dicha participaci�n salvo que, en el plazo m�ximo de un a�o, se produzca la transformaci�n de tales sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundaci�n.�

1. Las fundaciones deber�n llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronol�gico de las operaciones realizadas. Para ello llevar�n necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

2. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundaci�n, o al acuerdo adoptado por sus �rganos de gobierno corresponda, formular� las cuentas anuales, que deber�n ser aprobadas en el plazo m�ximo de seis meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la fundaci�n.

Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci�n financiera y de los resultados de la fundaci�n.

La memoria, adem�s de completar, ampliar y comentar la informaci�n contenida en el balance y en la cuenta de resultados, incluir� las actividades fundacionales, los cambios en sus �rganos de gobierno, direcci�n y representaci�n, as� como el grado de cumplimiento del plan de actuaci�n, indicando los recursos empleados, su procedencia y el n�mero de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el art�culo 22 de la presente Ley.

Las actividades fundacionales figurar�n detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Igualmente, se incorporar� a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se desarrollar� reglamentariamente.

3. Las fundaciones podr�n formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan las circunstancias establecidas al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de negocios, establecida en la legislaci�n mercantil, se entender� realizada al importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia m�s, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.

4. Reglamentariamente se desarrollar� un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podr� ser aplicado por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:

• a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se entender� por total activo el total que figura en el modelo de balance.
• b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, m�s, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
• c) Que el n�mero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 5.

5. Existe obligaci�n de someter a auditor�a externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:

• a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
• b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia m�s, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
• c) Que el n�mero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

La auditor�a se contratar� y realizar� de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, disponiendo los auditores de un plazo m�nimo de un mes, a partir del momento en que les fueran entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditor�a. El r�gimen de nombramiento y revocaci�n de los auditores se establecer� reglamentariamente.

6. En relaci�n con las circunstancias se�aladas en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, �stas se aplicar�n teniendo en cuenta lo siguiente:

• a) Cuando una fundaci�n, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situaci�n �nicamente producir� efectos en cuanto a lo se�alado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
• b) En el primer ejercicio econ�mico desde su constituci�n o fusi�n, las fundaciones cumplir�n lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si re�nen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se se�alan.

7. Las cuentas anuales se aprobar�n por el Patronato de la fundaci�n y se presentar�n al Protectorado dentro de los diez d�as h�biles siguientes a su aprobaci�n. En su caso, se acompa�ar�n del informe de auditor�a. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuaci�n a la normativa vigente, proceder� a depositarlas en el Registro de Fundaciones. Cualquier persona podr� obtener informaci�n de los documentos depositados.

8. El Patronato elaborar� y remitir� al Protectorado, en los �ltimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuaci�n, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

9. Cuando se realicen actividades econ�micas, la contabilidad de las fundaciones se ajustar� a lo dispuesto en el C�digo de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundaci�n se encuentre en cualquiera de los supuestos all� previstos para la sociedad dominante.

En cualquier caso, se deber� incorporar informaci�n detallada en un apartado espec�fico de la memoria, indicando los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.�

�1. A la realizaci�n de los fines fundacionales deber� ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones econ�micas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtenci�n de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotaci�n o bien las reservas seg�n acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtenci�n de tales ingresos podr�n estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gesti�n, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtenci�n de los ingresos, excluyendo de este c�lculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligaci�n ser� el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro a�os siguientes al cierre de dicho ejercicio.

En el c�lculo de los ingresos no se incluir�n las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotaci�n patrimonial en el momento de la constituci�n o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisi�n onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad espec�fica, siempre que el importe de la citada transmisi�n se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.

2. Se entiende por gastos de administraci�n los directamente ocasionados por la administraci�n de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundaci�n, y aquellos otros de los que los patronos tienen legalmente derecho a resarcirse de acuerdo con el art�culo 12.6. Reglamentariamente se determinar� la proporci�n m�xima de dichos gastos.

Los gastos de administraci�n se especificar�n debidamente en el apartado correspondiente de la memoria, diferenciando los reembolsados a los patronos y los abonados directamente por la fundaci�n, sin perjuicio de su inclusi�n en las cuentas correspondientes.�

• �d) Verificar si los recursos econ�micos de la fundaci�n han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la informaci�n que a tal efecto resulte necesaria, as� como, en su caso, el informe pericial oportuno en los t�rminos que reglamentariamente se establezca.�

• �e) Realizar el informe que establece el art�culo 6 de esta Ley, pudiendo a tal fin el Protectorado exigir a la fundaci�n la aportaci�n de la documentaci�n que precise.�

• �f) Cuantas otras funciones se establezcan en la legislaci�n estatal de fundaciones que sea de aplicaci�n general al amparo de lo previsto en el art�culo 149.1 de la Constituci�n, en la presente Ley y en las dem�s que resulten de aplicaci�n.�

La legalizaci�n de los Libros de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid, que corresponde al Registro de Fundaciones, se llevar� a cabo por el mismo con independencia de que las mismas realicen o no actividades econ�micas.�

Ser�n de aplicaci�n obligatoria a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid las normas de adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, as� como las actualizaciones del mismo vigentes en cada momento, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la Comunidad de Madrid.�

Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario del Plan de Actuaci�n, las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid seguir�n presentando el presupuesto en el plazo de los tres meses anteriores al inicio del correspondiente ejercicio, y su liquidaci�n junto con las cuentas anuales. Las fundaciones, que por ley est�n obligadas a auditarse, utilizar�n los modelos contenidos en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de informaci�n presupuestaria de dichas entidades.�

Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario de los preceptos de esta Ley, ser� de aplicaci�n la normativa reglamentaria del Estado en todas aquellas materias que sean de competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.�

Lo dispuesto en el art�culo 12, apartado 6, p�rrafo 2.� y en los art�culos 21 y 22, en la redacci�n dada por la presente Ley, ser� de aplicaci�n a las fundaciones que rindan cuentas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, respecto de los ejercicios contables que se inicien a partir de 1 de enero de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria Segunda. Las restantes disposiciones entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.�

Hasta tanto se dote de medios adecuados al Registro de Fundaciones, la legalizaci�n de los Libros de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid se seguir� realizando por el Protectorado correspondiente.�

�3. Queda derogado el Decreto 40/1999, de 11 de marzo, por el que se determinan las normas contables y de informaci�n presupuestaria aplicables a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid.�

• �e) Elaborar los informes necesarios para detectar las necesidades del mercado de trabajo.�

Las medidas dirigidas a subvencionar actividades de fomento de empleo y de formaci�n que pretenda llevar a cabo el Servicio Regional de Empleo requerir�n, con car�cter previo a su adopci�n, la emisi�n, por la Direcci�n General de la Mujer, de un informe sobre el impacto por raz�n de g�nero que tales medidas pudieran tener.�

1. Los �rganos de Gobierno del Servicio Regional de Empleo son:

• a) El Consejo de Administraci�n.
• b) La Presidencia.
• c) La Vicepresidencia.
• d) La Direcci�n General del Servicio Regional de Empleo.
• e) La Secretar�a General.
• f) Las Direcciones de �rea.

2. Bajo la direcci�n de la Presidencia, para asistirla en el estudio, formulaci�n y desarrollo de las directrices generales del Servicio Regional de Empleo, funcionar� un Consejo de Direcci�n integrado por la Vicepresidencia, la Direcci�n General, la Secretar�a General y las Direcciones de �rea.

1. El Consejo de Administraci�n estar� integrado por 16 vocales y el Presidente, que ser� el titular de la Consejer�a competente en materia de empleo.

2. Ser�n vocales del Consejo de Administraci�n:

• a) Ocho vocales en representaci�n de la Comunidad de Madrid, siendo uno de ellos el Vicepresidente. El resto de vocales son designados y, en su caso, cesados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejer�a competente en materia de empleo.
• b) Cuatro vocales en representaci�n de las organizaciones sindicales m�s representativas en el territorio de la Comunidad de Madrid que ser�n nombrados, y en su caso, cesados mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de las mismas.
• c) Cuatro vocales en representaci�n de las organizaciones empresariales de car�cter intersectorial y m�s representativas en el territorio de la Comunidad de Madrid que ser�n nombrados y, en su caso, cesados mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de las mismas.

3. Como Secretario del Consejo de Administraci�n actuar�, con voz y sin voto, el titular de la Secretar�a General T�cnica de la Consejer�a competente en materia de empleo.

La Vicepresidencia del Consejo de Administraci�n ser� ejercida por el titular de la Viceconsejer�a competente en materia de empleo y tendr� las siguientes funciones:

• a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. En este supuesto, el Vicepresidente podr� emitir en el Consejo de Administraci�n el voto de calidad del Presidente.
• b) Ejercer las competencias que le delegue el Presidente.�

1. El Director General del Servicio Regional de Empleo ser� nombrado, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de empleo.

2. El Director General del Servicio Regional de Empleo ostentar� las siguientes atribuciones:

• a) Elaborar y proponer al Consejo de Administraci�n del Organismo el anteproyecto de presupuesto del mismo.
• b) Dirigir el Servicio Regional de Empleo y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administraci�n.
• c) Proponer al Consejo los convenios necesarios para el desarrollo de las funciones del Organismo.
• d) Celebrar los contratos relativos a las materias propias del Servicio Regional de Empleo y ejercer cuantas facultades y competencias vengan atribuidas a los �rganos de contrataci�n por la legislaci�n sobre contratos de las Administraciones P�blicas y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de la previa autorizaci�n del Gobierno en los supuestos contemplados en la Ley.
• e) Ejercer la direcci�n del personal y controlar e inspeccionar las dependencias, instalaciones y servicios.
• f) Ordenar los gastos y los pagos del Organismo, dando cuenta al Consejo de Administraci�n.
• g) Elaborar la memoria de actividades del Organismo, as� como cualquier otro informe que pueda encomendarle el Consejo de Administraci�n.
• h) Actuar como Vicepresidente en caso de ausencia o enfermedad del titular.
• i) Aquellas otras funciones que puedan corresponderle de acuerdo con la normativa aplicable y las que pueda conferirle el Consejo de Administraci�n del Organismo.�

1. Dependiendo de la Direcci�n General del Servicio Regional de Empleo se estructurar�n tres �reas Funcionales: �rea de Empleo, �rea de Formaci�n para el Empleo y �rea de Formaci�n Continua y Emprendedores, cuyos Directores ostentar�n la categor�a de alto cargo, siendo nombrados y cesados, al igual que el Secretario General que tendr� la misma dependencia, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero competente en materia de empleo.

2. En el supuesto de estar vacantes las Direcciones de �reas, sus funciones ser�n asumidas por el Director General del Servicio Regional de Empleo.�

�En el marco de estas directrices generales, corresponden al Organismo Aut�nomo, sin perjuicio de las funciones que se atribuyan a la Direcci�n General de Familia, las siguientes funciones:�

1. El Consejo de Administraci�n estar� constituido por:

• a) Presidente: El titular de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales.
• b) Vicepresidente: El titular de la Viceconsejer�a de Familia y Asuntos Sociales.
• c) Vocales:
  • 1. En representaci�n de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales:
    • - El titular de la Direcci�n General de Familia.
    • - El titular de la Direcci�n General de Servicios Sociales.
    • - El titular de la Direcci�n General de Inmigraci�n, Cooperaci�n al Desarrollo y Voluntariado.
    • - El titular de la Secretar�a General T�cnica.
  • 2. En representaci�n de la Consejer�a de Educaci�n:
    • - El titular de la Direcci�n General de Centros Docentes.
    • - El titular de la Direcci�n General de Juventud.
  • 3. En representaci�n de la Consejer�a de Sanidad y Consumo:
    • - El titular de la Direcci�n General de Salud P�blica, Alimentaci�n y Consumo.
    • - El Director-Gerente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
  • 4. En representaci�n de la Consejer�a de Empleo y Mujer:
    • - El titular de la Direcci�n General de la Mujer.
  • 5. Hasta un m�ximo de tres vocales, que ser�n nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales, entre personas de reconocida competencia t�cnica, en relaci�n con el objeto del Instituto.
• d) Secretario: El titular de la Secretar�a General del Instituto.

2. Asistir� a las reuniones del Consejo de Administraci�n, con voz pero sin voto, el Director-Gerente del Instituto.

3. Asimismo podr�n asistir, con voz pero sin voto, aquellos expertos designados por el Presidente, en atenci�n a la �ndole de los temas incluidos en el orden del d�a.�

�4. El Jurado Territorial de Expropiaci�n Forzosa de la Comunidad de Madrid se compone de los siguientes miembros, designados por el Gobierno de Madrid:

• a) Presidente: un jurista de reconocido prestigio, con m�s de diez a�os de experiencia profesional en el sector p�blico o privado o en el ejercicio libre de la profesi�n.
  
  La designaci�n del Presidente se har� para un mandato de seis a�os, renovable por una sola vez, no pudiendo ser cesado sino por causas objetivas y tasadas fijadas reglamentariamente.
• b) Vocales:
  • 1.� Un Letrado de la Comunidad de Madrid.
  • 2.� Un T�cnico Facultativo Superior al servicio de la Comunidad de Madrid, propuesto por la Consejer�a competente en funci�n de su especialidad en relaci�n con la naturaleza del bien expropiado.
  • 3.� Cuando se trate de expropiaciones municipales, un representante t�cnico del Ayuntamiento interesado, designado con el mismo criterio de especializaci�n. En este caso, el T�cnico Facultativo previsto en el apartado anterior participar� en el Jurado con voz y sin voto, salvo en el caso de que por el Ente Local no asistiera un t�cnico cualificado, previa solicitud justificada por parte de dicho Ente Local.
  • 4.� Un T�cnico facultativo elegido por la Federaci�n de municipios de Madrid con el mismo criterio de especializaci�n.
  • 5.� Un Notario propuesto por el Decano del Colegio Notarial correspondiente.
  • 6.� Dos profesionales libres colegiados de acuerdo con el criterio de especialidad, propuestos por el correspondiente Colegio Oficial.
• c) Secretario: actuar� como Secretario del Jurado un funcionario de la Comunidad de Madrid y perteneciente al cuerpo de t�cnicos superiores-rama jur�dica.�

�Art�culo 19.bis

El asesoramiento jur�dico del Consejo Econ�mico y Social en materia de personal, contrataci�n y cualquier otro asunto de car�cter administrativo, as� como la representaci�n y defensa en juicio, corresponder� a los Servicios Jur�dicos de la Comunidad de Madrid.�

�2. En los establecimientos de hosteler�a debidamente autorizados para la instalaci�n de m�quinas recreativas, recreativas con premio programado y recreativas con premio en especie, no podr� celebrarse ni comercializarse ning�n otro tipo de juego o apuesta.�

�77. Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad superior a 150.000 habitantes equivalentes.�

�42. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se d� alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Capacidad de la planta entre 50.000 y 150.000 habitantes equivalentes.
• b) Cuando el vertido del efluente afecte a un medio acu�tico calificado como sensible.
• c) En caso de vertido a cauce, cuando el punto de vertido del efluente est� pr�ximo, aguas arriba, de tomas para abastecimiento humano.
• d) Est� situada en espacios incluidos en el Anexo sexto.�

�53. Reutilizaci�n directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual o superior a 20.000 metros c�bicos y no tenga como fin la sustituci�n o reducci�n de otros consumos de agua ya existentes.�

�54. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad inferior a 50.000 habitantes equivalentes y superior a 5.000, que no est�n incluidas en el Anexo tercero.�

• �h) Determinaci�n de los cerramientos, puntos de recogida de residuos, abrevaderos, se�alizaci�n, infraestructuras de servicios y medidas adicionales de protecci�n de calidad de las aguas de los embalses destinados a la producci�n, con los correspondientes programas de inversiones, especificando las entidades u organismos que han de sufragarlos.�

�El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podr� autorizar la ejecuci�n de obras de infraestructura de utilidad p�blica o inter�s social, dando cuenta a la Comisi�n de Medio Ambiente de la Asamblea.�

�Quedan excluidas de la presente Ley las actividades que sean declaradas de inter�s general del Estado por el Gobierno de la Naci�n.�

�9. En los establecimientos comerciales situados en las estaciones de servicio, se proh�be la venta, suministro y distribuci�n de bebidas alcoh�licas, con la excepci�n de las que obtienen su graduaci�n mediante fermentaci�n de la uva, manzana o cereales y cuya graduaci�n no supere los veinte grados centesimales.�

�3. Facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o indirectamente adquirir o apropiarse de bebidas alcoh�licas, siempre que la conducta t�pica se realice al margen de una actividad comercial, empresarial o con car�cter lucrativo.�

�7. Facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o indirectamente adquirir o apropiarse de bebidas alcoh�licas, siempre que la conducta t�pica se realice bajo una actividad comercial, empresarial o con car�cter lucrativo.�