Real Decreto 1062/2024, de 15 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo y gestión del proyecto Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

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• PREÁMBULO
• TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
  • Artículo 1 Objeto y actividades
  • Artículo 2 Fundamento y justificación de la concesión directa
  • Artículo 3 Régimen jurídico aplicable
  • Artículo 4 Entidad beneficiaria, objetivos y actividades subvencionables
  • Artículo 5 Gastos subvencionables
  • Artículo 6 Subcontratación
  • Artículo 7 Plazo de ejecución y de prestación de la actividad
  • Artículo 8 Obligaciones de la entidad beneficiaria
• TÍTULO I. Procedimiento de concesión de la subvención
  • Artículo 9 Órgano competente para instruir y resolver el procedimiento
  • Artículo 10 Procedimiento de solicitud
  • Artículo 11 Instrucción del procedimiento
  • Artículo 12 Resolución del procedimiento
  • Artículo 13 Modificación de la resolución de concesión
• TÍTULO II. Cuantía y pago de la subvención
  • Artículo 14 Intensidad de la ayuda, cuantía y financiación
  • Artículo 15 Pago de la subvención
  • Artículo 16 Compatibilidad con otras fuentes de financiación
• TÍTULO III. Seguimiento, justificación, reintegro y publicidad de la subvención
  • Artículo 17 Seguimiento
  • Artículo 18 Justificación de la subvención
  • Artículo 19 Reintegro de la subvención
  • Artículo 20 Obligación de información, comunicación y publicidad de la subvención
  • Artículo 21 Titularidad y sostenibilidad
  • Artículo 22 Protección de datos personales
  • Artículo 23 Régimen sancionador
  • Artículo 24 Régimen de recursos
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Título competencial
  • Disposición final segunda Entrada en vigor
• ANEXO I. Actividades financiadas
• ANEXO II. Descripción de los casos de uso
  • Caso de uso 1. Movilidad Inteligente
  • Caso de uso 2. Urbes y territorios gestionados
  • Caso de uso 3. Mapa de la actividad económica y social de ciudades y territorios
• ANEXO III. Desglose presupuestario
• ANEXO IV. Indicadores definidos para la iniciativa
• ANEXO V. Documentación a aportar con la solicitud
• ANEXO VI. Documentación a aportar con la solicitud de autorización de subcontratación
• ANEXO VII. Principio no causar un perjuicio significativo al medioambiente («Do No Significant Harm» –DNSH–)

Artículo 1 Objeto y actividades

1. Este real decreto tiene por objeto regular, con carácter de bases reguladoras, la concesión directa de una subvención, con carácter excepcional, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para financiar, desarrollar y gestionar el Proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT) y las actuaciones que lo conforman.

2. La subvención tiene como finalidad el desarrollo y explotación del Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT) por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Mediante este proyecto se creará un espacio de datos multisectorial que agrupe toda la información recogida por las distintas ciudades e intercambiarlos tanto con otras ciudades, como con el tejido empresarial de cada uno de los sectores estratégicos de la economía, en especial en el sector de la movilidad sostenible. EDINT actuará como nodo neutro de referencia o punto único neutro de acceso a la información de las ciudades inteligentes para el sector empresarial y de conexión para otros espacios de datos sectoriales. Los anexos I y II al presente real decreto describen las actividades y los casos de uso que forman parte del proyecto.

3. La Federación Española de Municipios y Provincias, como entidad receptora de los fondos, será responsable de la operación del espacio de datos, asegurando así su continuidad y sostenibilidad a largo plazo. Desarrollará los componentes comunes y establecerá los estándares de funcionamiento, siguiendo los estándares establecidos para las ciudades inteligentes. Será igualmente la encargada de asegurar la conexión de las plataformas de las ciudades inteligentes con el espacio de datos, así como de establecer los esquemas de gobernanza que regulen su funcionamiento y su relación con otros espacios de datos sectoriales, asegurando la interoperabilidad.

4. Este proyecto es una actuación prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se deben cumplir los hitos y objetivos del proyecto, en línea con el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, Council Implementing Decision), de carácter vinculante y con la orientación a objetivos de este Plan.

5. El Proyecto subvencionado contribuirá y asegurará el cumplimiento del objetivo CID 180: «Grandes Espacios de Datos Sectoriales e Interoperables de Alto Valor creados en Sectores Estratégicos. Al menos cuatro en el sector agroalimentario, el sector de la movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercio, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la Unión Europea y nacional».

Artículo 2 Fundamento y justificación de la concesión directa

1. Se regula la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22, apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28, apartado 2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés público, social, económico y científico que impiden la convocatoria pública de la misma.

2. EDINT va a permitir poner en valor los datos de las ciudades inteligentes de forma agregada y centralizada, creando un espacio de datos como nodo neutro de referencia o punto neutro único de acceso a los datos, accesible para todas las ciudades y municipios, para todo el tejido empresarial de cualquier sector económico, y además facilitando la conexión con otros espacios de datos sectoriales. Este carácter único y central de acceso universal convierte a EDINT en infraestructura común singular para todos los municipios españoles y para cualquier empresa de cualquier sector económico, y para otros espacios de datos sectoriales.

3. A través de EDINT, como punto neutro único se facilitará el uso de los datos para la mejora de los procesos y la eficiencia de la actividad de las empresas. También se facilitará el acceso a los datos a empresas y organismo de investigación con el objeto de acelerar los procesos de innovación tecnológica en productos y servicios para ciudades inteligentes. De este modo, las empresas y organismos de investigación interesados podrán acceder a todos los datos mediante un único acceso común, con mayor rapidez, calidad del dato y menores costes que si tuviera que realizar múltiples accesos individualizados con cada uno de los municipios para disponer de los datos. La finalidad de EDINT, la centralización del acceso y la reducción de costes para disponer de datos por las empresas y organismos de investigación son razones que justifican el interés público y económico de la subvención.

4. La selección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como entidad beneficiaria de la ayuda y responsable del desarrollo, implementación y explotación de la infraestructura común singular del Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), como punto neutro único, tiene su fundamento en que es la única entidad que representa a todos los municipios de España y tiene un papel aglutinador de sus intereses. La FEMP tiene legitimidad y condiciones únicas para establecer los esquemas de gobernanza entre los municipios para la gestión de los datos en esta infraestructura común, además desempeña un papel neutral y de confianza con todos los sectores económicos, garantizando el acceso en igualdad de oportunidades y de forma transparente. El ámbito de actuación de la FEMP alcanza a más del 95 % de la población española en los más de 7.239 Municipios, 39 Diputaciones y 10 Consejos y Cabildos Insulares que agrupa, por lo que resulta un instrumento de utilidad pública indubitada para desarrollar, operar y explotar el EDINT. Por último, la FEMP tiene constituida ya una Red de Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que se constituye en red de compartición de experiencias y de innovación en el campo de las ciudades inteligentes.

5. Por el interés público, social, económico y científico de EDINT para convertirse en la infraestructura común de datos de las ciudades inteligentes en España, y siendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la única entidad neutral y aglutinadora de los intereses de municipios y empresas que reúne condiciones para poner en marcha y operar esta infraestructura, como titular de la misma, y formando parte de los nuevos servicios que va a ofrecer a municipios y empresas, se justifica la concesión directa de esta subvención frente a la concurrencia pública.

Artículo 3 Régimen jurídico aplicable

Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en:

• a) la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
• b) la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo establecido en las demás disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación;
• c) el Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como toda la normativa europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y demás disposiciones que resulten de aplicación;
• d) la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, así como el Reglamento (UE) n.^o 2021/241, que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
• e) En caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que daban someterse a esta ley, se aplicará la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• f) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
• g) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
• h) Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos).
• i) En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (C/2023/111) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente real decreto deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

Artículo 4 Entidad beneficiaria, objetivos y actividades subvencionables

1. Será beneficiaria de la correspondiente subvención la Federación Española de Municipios y Provincias, asociación con personalidad jurídica propia carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985.

2. Para obtener la condición de beneficiaria la Federación Española de Municipios y Provincias deberá cumplir con los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La Federación Española de Municipios y Provincias deberá destinar el importe de la subvención al cumplimiento de los objetivos del proyecto y al desarrollo de las actividades y casos de uso que se indican en los anexos I y II.

Artículo 5 Gastos subvencionables

1. Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que se destinen a alcanzar el objetivo del proyecto, previa presentación del presupuesto de gastos asignados a la FEMP para cada actividad, y que serán aprobados por la resolución de concesión de la subvención. A los efectos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerarán gastos subvencionables, según su artículo 31, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución.

Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales especiales y el informe de auditor ROAC, se considera gasto realizado el que haya sido devengado con posterioridad a la publicación del presente real decreto y cuyo devengo se encuentre dentro del plazo de ejecución establecido en el artículo 7 de este real decreto, y que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, sin perjuicio de ampliaciones de plazo que pudieran ser solicitadas y eventualmente admitidas, con las restricciones que, en su caso, se puedan indicar en la resolución de concesión.

Deberá haber constancia documental sobre la realización de los gastos subvencionables, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de justificación, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.

2. Se consideran gastos subvencionables:

• a) Costes de personal:
  • 1.º Los costes de personal se financian en la medida que se dedican a actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto.
  • 2.º El personal podrá ser personal propio, así como contratado bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la legislación vigente y con las normas a las que esté sometido el beneficiario, en la medida en que esté dedicado al proyecto.
• b) Costes de instrumental y material inventariable:

  La imputación de gastos de equipamiento está limitada a los costes de amortización de equipamiento nuevo que es necesario para la ejecución del proyecto.

  • 1.º Los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes que se utilizan para la producción de otros bienes de consumo o de inversión y que se deprecian en el proceso de fabricación. Por ejemplo, instalaciones, maquinarias, herramientas, etc.
  • 2.º Los gastos destinados en la adquisición de bienes de naturaleza de índole inventariable que sean necesarios para el buen funcionamiento operativo de los servicios.
  • 3.º Otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
• c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas:

  Gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto, así como la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto.

  Se incluirá como subcontratación la realización por terceros de servicios para la realización de actividades que constituyan el objeto de la subvención, como servicios de consultoría, desarrollo de software, oficinas de proyecto, etc. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

• d) Otros gastos de funcionamiento:

  Gastos no recurrentes y estrictamente relacionados con la ejecución del proyecto, incluyendo, entre otros:

  • 1.º Obras de acondicionamiento necesarias para la puesta en marcha de equipamiento adquirido con cargo al proyecto.
  • 2.º Costes de material no inventariable necesario para la ejecución del proyecto. Se excluye de este concepto el material de oficina por estar integrado en los costes indirectos.
  • 3.º Gastos derivados de servicios de TIC (Internet, servicios e infraestructuras cloud y equivalentes) necesarios para la ejecución del proyecto.
• e) Gastos generales suplementarios:

  Gastos no recurrentes y estrictamente relacionados con la ejecución del proyecto incluyendo, entre otros:

  • 1.º Costes indirectos, de hasta un quince por ciento (15 %) de la suma de los costes de personal del proyecto debidamente justificados. Los costes indirectos no precisan de justificantes de gasto, pues corresponden a aquellos gastos del proyecto, que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa al no poder individualizarse para la actividad objeto de la subvención (material de oficina, consumos de luz, gas, telefonía, comunicaciones, etc.).

    Los gastos derivados de viajes del personal que imputa horas de trabajo al proyecto no pueden imputarse de forma separada, ya que se consideran incluidos dentro del concepto de costes indirectos.

  • 2.º Gastos de capacitación profesional del personal imputado al proyecto en tecnologías asociadas al desarrollo.
  • 3.º Gastos destinados a la protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

3. Las acciones que se encuentren financiadas estarán sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos.

6. En ningún caso se considerarán gastos financiables con cargo al MRR los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Serán gastos subvencionables, aunque no con cargo al MRR, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto general indirecto canario (IGIC) e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de Ceuta y Melilla (IPSI).

7. En el caso de las entidades públicas, no serán subvencionables los gastos recurrentes, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

8. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:

• a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
• b) Los intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
• c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
  • – Los descuentos efectuados.
  • – Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
• d) Los gastos no debidamente justificados.
• e) El alquiler o adquisición de inmuebles.
• f) Aquellos que se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o por el órgano concedente de la subvención.
• g) Para asegurar que la contratación con terceros se realiza con transparencia y a precios de mercado, la preparación y adjudicación de los contratos se realizará conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• h) Los gastos asociados a cualquier actividad contemplada en la lista de exclusión del principio DNSH recogidas en el anexo VII.

Artículo 6 Subcontratación

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

2. Toda subcontratación que se realice para el desarrollo del proyecto estará sujeta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 98 por ciento de la actuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, «cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que el contrato se celebre por escrito y b) que la celebración del contrato ha de autorizarse previamente por la entidad concedente de la subvención».

5. En el supuesto del artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario. En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la resolución de concesión, el beneficiario solicitará la autorización previa al órgano concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de diez días. En el caso de que el órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada.

6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29, apartado 7, letra d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, solo se podrá concertar por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con la beneficiaria cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que se obtenga la previa autorización expresa de la entidad concedente.
• b) Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la beneficiaria.

7. La solicitud de autorización de los supuestos previstos en el artículo 29.3 y 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá ser remitida antes del inicio previsto de la actividad a subcontratar, aportándose junto con la misma la documentación que se indica en el anexo VI.

8. La solicitud de autorización deberá incluir la documentación referida en el anexo VI, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, se podrá requerir documentación adicional. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que exista vinculación entre el beneficiario y el proveedor seleccionado y esta relación no haya sido declarada por el beneficiario.
• b) Que exista vinculación entre los ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
• c) Que exista vinculación entre el beneficiario y al menos dos ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
• d) Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
• e) Que no exista una diferenciación clara entre los trabajos que llevará a cabo la subcontratación y los trabajos del beneficiario.

9. El concepto de vinculación se regula según lo establecido en la siguiente normativa:

• a) Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Conforme a la citada norma, el grupo estará formado por las sociedades del artículo 42 del Código de Comercio y las empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
• b) Artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• c) Artículo 3.3 del anexo I del Reglamento (UE) N.^o 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, de Exención por Categorías.

10. Cualquier entidad subcontratada estará sometida a las obligaciones derivadas de la normativa europea y nacional aplicable a las medidas financiadas con cargo al Reglamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo y del consejo de 12 de febrero de 2021.

Además, se considera de aplicación a los perceptores de fondos, incluyéndose a la entidad beneficiaria, contratistas y a las subcontratistas, las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que regulan, respectivamente, el sistema de gestión del PRTR y el suministro de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos. En este respecto será de aplicación el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

11. La entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

12. Se aplicará, en caso de que la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

13. La entidad beneficiaria también podrá realizar actividades objeto de la subvención mediante convenios con otras entidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 7 Plazo de ejecución y de prestación de la actividad

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, objeto de este real decreto, será el comprendido entre la fecha de publicación del presente real decreto y el 31 de mayo de 2026.

El beneficiario deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio disponible y accesible hasta dos años desde la presentación de la última justificación, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8 Obligaciones de la entidad beneficiaria

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18, 19, 21 y 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En el caso de no poder realizar la actuación para la cual se concedió la ayuda o no poder cumplir con la parte correspondiente del objetivo CID#180 del PRTR asumido, comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

• a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención en el período de ejecución establecido, conforme a las obligaciones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• b) Asegurar la ejecución de las actuaciones en tiempo y forma y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la descripción y alcance, así como el cumplimiento de los hitos, objetivos e indicadores a los que contribuye.
• c) Realizar el proyecto conforme a los objetivos y plan de trabajo de la solicitud de subvención, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
• d) Desarrollar indicadores operativos que faciliten la identificación de los riesgos, y la toma de decisiones para el adecuado desarrollo de la actividad y el desarrollo de las tareas necesarias para la consecución de los objetivos.
• e) Aportar evidencias del cumplimiento de objetivos, en particular del desarrollo de los productos o servicios objeto de la ayuda. Elaborar los informes de seguimiento previstos en el artículo 17, así como aportar cuanta información le sea requerida por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
• f) Aportar evidencias del empleo dado a los fondos recibidos que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados.
• g) Crear todo el empleo necesario para el desarrollo de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado en la UE.
• h) Proporcionar y facilitar a Red.es, como órgano concedente de la subvención, acceso al espacio de datos creado, para poder incorporar al mismo los resultados de futuros proyectos que se desarrollen en el ámbito de ciudades y territorios inteligentes, así como para posibilitar la realización de casos de uso adicionales sobre el espacio de datos.
• i) Proporcionar y facilitar a los departamentos ministeriales acceso al espacio de datos creado, en particular para posibilitar la realización de casos de uso adicionales sobre el espacio de datos en aquellos ámbitos de especial repercusión o relevancia económica que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
• j) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
• k) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas en el proyecto, mediante un código contable específico dedicado a tal efecto.
• l) Acreditar ante el órgano competente la realización de la actividad objeto de subvención mediante la presentación de una cuenta justificativa antes de la fecha prevista en el artículo 18 apartado 1 del presente real decreto.
• m) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte del órgano competente, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea, que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. En todo caso, la subvención regulada en este real decreto estará sometida al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La Administración podrá transmitir a información entre este sistema y los Sistemas de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y la nacional aplicable.
• n) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las administraciones o entes públicos o privados, así como facilitar toda la información requerida por el órgano gestor de la subvención, mediante la declaración responsable de otras fuentes de financiación.
• ñ) Cumplir con las obligaciones de publicidad e información previstas en este real decreto, o con cualquier otra obligación que en este sentido se establezca en la resolución de concesión.
• o) Conservar todos los libros contables, registros diligenciados y demás evidencias y documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, así como las evidencias del cumplimiento de objetivos y de la aplicación de fondos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control al menos cinco años desde el momento en que vence el plazo para presentar la justificación por parte de la entidad beneficiaria, así como teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión Europea en cuanto a normas de conservación de la documentación.
• p) La entidad beneficiaria garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (principio «Do No Significant Harm» - DNSH), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación subvencionada, según las particularidades del principio recogido en el anexo VII de este real decreto. Se deberá incluir en la justificación una declaración responsable del cumplimiento de dicho principio y el etiquetado climático y digital. La entidad beneficiaria tiene la obligación de presentar o tener a disposición, al menos hasta 2031, la acreditación de la adecuación de sus actuaciones en el proyecto al principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. La entidad beneficiaria deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en los hitos, objetivos e indicadores de la inversión 1 del componente 12, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C/2023/111) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la Unión Europea y nacional, de acuerdo a lo especificado en el anexo VII.
• q) Asegurar la contribución al objetivo climático y/o digital consignada en el Plan de Recuperación, con el objeto de verificar el porcentaje de contribución al etiquetado climático y digital conforme al anexo VI y VII del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021). En este sentido, los campos de intervención de este proyecto se englobarían en el anexo VII de metodología para el etiquetado digital en el marco del Mecanismo, en concreto serían: el «Campo de intervención 1: Conectividad» con el código el 055bis «otros tipos de infraestructuras de TIC (incluidos /recursos/equipos informáticos a gran escala, centros de datos, sensores y otros equipos inalámbricos) conforme con los criterios de reducción de las emisiones de carbono o de eficiencia energética» con un 100 % de aportación, y el «Campo de intervención 2: Inversión en I+D relacionada con la digitalización» con el código 009 bis «Inversión en actividades de I+i relacionadas con la digitalización (incluidos centros de investigación de excelencia, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad, adquisición de activos fijos o intangibles) para actividades de I+i relacionadas con el sector digital» con un 100 % de aportación.
• r) Así mismo, se considera de obligado cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que regulan, respectivamente, el sistema de gestión del Plan de Recuperación y el suministro de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos, y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en el artículo 22, apartado 2, letra d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, llevarán a cabo lo indicado en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en relación con la identificación del perceptor final de los fondos, entidades beneficiarias de las ayudas, contratistas y subcontratistas, y a la aportación de esta información armonizada.
• s) Acorde al artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas físicas y jurídicas, distintas de las entidades de derecho público, con ánimo de lucro, deberán demostrar hallarse al corriente en el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración. Para ello, presentará cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. En caso de no poder presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, deberá acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Si no fuese posible emitir el certificado mencionado se deberá acreditar el cumplimiento mediante la presentación de un «Informe de Procedimientos Acordados», elaborado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Asimismo, el nivel de cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, ha de ser igual o superior al porcentaje previsto en la disposición final sexta, letra d), apartado segundo, de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
• t) Asimismo, con el fin de garantizar un mejor seguimiento del desarrollo y gestión del proyecto, la Federación Española de Municipios y Provincias adquirirá la condición de entidad ejecutora instrumental y deberá cumplir los siguientes requisitos:
  • 1.º Comprometerse, con cargo a la financiación recibida a tal fin, a realizar las acciones que se le asignen con la finalidad de ayudar a la entidad ejecutora a desarrollar las medidas contenidas en el Plan y, en concreto, a cumplir con los hitos y objetivos asignados como parte de la Decisión de Ejecución del Consejo de acuerdo con sus indicadores de seguimiento, en la forma y los plazos previstos y bajo las directrices de la entidad ejecutora.
  • 2.º Cumplir con todos los principios transversales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y con los principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previstos en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, con el mismo nivel de exigencia que el requerido por dicha orden para las entidades ejecutoras, incluidas la obligación de disponer de un Plan de medidas antifraude que incluya los mecanismos necesarios para abordar y corregir, entre otros, los conflictos de interés que puedan plantearse, y la de exigir las declaraciones previstas en su anexo IV.
  • 3.º Conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se solicitará a los participantes en los procedimientos de contratación la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.
• u) Registrar en el Sistema Informático de Hacienda (CoFFEE) la información y documentación acreditativa del cumplimiento de hitos y objetivos asociados.

Artículo 9 Órgano competente para instruir y resolver el procedimiento

1. El órgano competente para resolver el procedimiento y el otorgamiento de la subvención regulada en este real decreto es la persona titular de la Presidencia de la entidad pública empresarial Red.es.

2. El órgano competente para realizar la instrucción, seguimiento y comprobación de la subvención concedida por el presente real decreto, es la Dirección de RedIRIS y Servicios Públicos Digitales de la entidad pública empresarial Red.es.

Artículo 10 Procedimiento de solicitud

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, siendo de aplicación lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio a la entrada en vigor de este real decreto. La FEMP deberá presentar una solicitud en el plazo de un mes a partir de la fecha anterior. Dicha solicitud se deberá dirigir a la persona titular de la entidad concedente. La presentación de la solicitud y tramitación de la subvención se realizará a través de la sede electrónica de Red.es.

3. Las personas que realicen la firma o la presentación de documentos en representación de la entidad solicitante de la subvención deberán ostentar la representación necesaria, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La persona firmante de la solicitud de subvención deberá justificar con arreglo a la normativa, la representación con la que actúa en el momento de la presentación de la solicitud.

5. La entidad solicitante deberá aportar en la solicitud la documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, que se recoge en el anexo V de este real decreto.

6. Adicionalmente, dicha solicitud deberá acompañarse de una memoria técnica y un plan de proyecto según se describen en el anexo V de este real decreto.

Artículo 11 Instrucción del procedimiento

1. El órgano instructor realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Para el caso de que se detecte alguna deficiencia en la solicitud, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, conforme a lo recogido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución y la notificará a la entidad interesada mediante comparecencia en sede electrónica en un plazo de treinta días hábiles a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud en la sede electrónica de red.es, concediéndole un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta de resolución para que comuniquen su aceptación.

4. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la beneficiaria propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 12 Resolución del procedimiento

1. Recibida la propuesta de resolución, el órgano concedente dictará resolución motivada de concesión de subvención, en relación con la propuesta que haya sido aceptada, en un plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.

2. La resolución incluirá la aprobación expresa de la memoria técnica del proyecto, la relación de costes y el plan de proyecto, que serán vinculantes para el beneficiario.

3. La resolución será notificada al interesado mediante comparecencia en sede electrónica, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se dictó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. El vencimiento del plazo máximo de resolución de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, según se establece en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a la entidad interesada para entender desestimada la solicitud de subvención.

Artículo 13 Modificación de la resolución de concesión

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y siempre que no se dañen derechos de terceros, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión, cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que el cambio no afecte a los objetivos fundamentales del proyecto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda.
• b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
• c) Que el cambio no suponga un incremento de la subvención concedida.
• d) Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá modificar la resolución de concesión siempre que concurran circunstancias que supongan una alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, incluida una eventual ampliación de los plazos acordados con la Unión Europea para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• e) Que el cambio sea conforme con el principio DNSH.

2. Requerirá autorización del órgano concedente, previa a su realización, cualquier modificación que afecte a los siguientes aspectos del proyecto:

• a) Entregables o criterios de aceptación que se hayan definido para dichos entregables.
• b) Condiciones técnico-económicas que se establezcan en la resolución de concesión.
• c) Modificaciones de presupuesto que supongan un incremento de más de un 20 por ciento en los conceptos subvencionables indicados en el artículo 5 de este real decreto que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros conceptos, sin que en ningún caso se incremente el importe total de la ayuda concedida.

3. Para las modificaciones que requieran autorización previa, se deberá presentar la correspondiente solicitud de modificación, que se acompañará de una memoria, en la que se expondrán la motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los paquetes de trabajo, los entregables y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y un análisis de impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados del proyecto. Salvo causa de fuerza mayor la solicitud deberá presentarse al menos seis meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación de concesión será de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de modificación, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. Transcurridos los tres meses previstos para resolver, sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, el interesado queda legitimado para entender desestimada presuntamente su solicitud de modificación de la resolución de concesión.

4. Otras modificaciones que no afecten a los aspectos del apartado 2 de este artículo, y que cumplan con lo establecido en el apartado 1, no requerirán autorización previa y expresa, siendo suficiente su comunicación al órgano instructor, debidamente motivada, en el momento de la justificación de la ayuda. Dicha comunicación no supondrá una autorización automática, quedando ésta en todo caso condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida y su resultado quedará reflejado implícitamente en la validación de gastos de la certificación final.

Artículo 14 Intensidad de la ayuda, cuantía y financiación

1. La intensidad de la ayuda es del 100 % de los gastos subvencionables.

2. La cuantía de la subvención regulada en este real decreto asciende a 12.963.830,42 euros, que corresponde al 100 % del presupuesto financiable reflejado en el anexo III. Este importe corresponde a la inversión 1, del componente 12, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y proviene de la materialización de la transferencia efectuada a Red.es en virtud Resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por la que se autoriza la aportación dineraria a la Entidad Pública Empresarial Red.es M.P. de ciento cuarenta millones doscientos quince mil ciento sesenta y dos euros con ochenta céntimos (140.215.162,80 euros), para el impulso, la creación y el desarrollo de espacios de datos sectoriales con cargo a la aplicación 33.50.46LA.74051 de los presupuestos de gastos del ejercicio corriente del año 2023, prorrogados para 2024, para la parte de la cuantía anterior imputable al Plan de Recuperación; y al presupuesto propio de la entidad pública empresarial Red.es para aquellos gastos subvencionables que no sean elegibles para el Plan de Recuperación.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 15 Pago de la subvención

1. La subvención se otorgará a la entidad beneficiaria.

2. Se realizará un primer pago con la resolución de concesión por un importe del 50 % de la ayuda, y un segundo pago por el 50 % restante que se realizará a los 6 meses de la resolución de concesión.

3. De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad beneficiaria de la subvención regulada en este real decreto queda exonerada de la constitución de garantías.

4. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria, a propuesta del órgano instructor, en la cuenta corriente que la entidad beneficiaria comunique a estos efectos, tras la notificación de la resolución de concesión.

Artículo 16 Compatibilidad con otras fuentes de financiación

1. Las ayudas reguladas en este real decreto no serán compatibles con otras de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. En todo caso, la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano competente la obtención de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas, tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, de acuerdo con el artículo 14, apartado 1, letra d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. En el caso de que, por acumulación de otros ingresos generados para el proyecto, cualquiera que sea su origen, se excediera el coste de las actividades subvencionadas, resultará exigible el oportuno reintegro por el importe de tal exceso.

Artículo 17 Seguimiento

1. La Dirección de RedIRIS y Servicios Públicos Digitales de Red.es, órgano instructor del procedimiento, será también el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.

2. Serán funciones del órgano encargado del seguimiento:

• a) Realizar el seguimiento en la ejecución del proyecto.
• b) Recibir un informe de avance del proyecto, que con carácter trimestral deberá elaborar el beneficiario, en aplicación de la obligación 2.e) del artículo 8, así como solicitar informes adicionales y convocar las reuniones o visitas que estime necesarios para el más adecuado seguimiento de la ejecución del proyecto.
• c) Tomar conocimiento, en su caso, de las desviaciones que se registren entre el presupuesto presentado a la solicitud y la ejecución material del proyecto, que no sean debidas a un incumplimiento del Plan de Proyecto.

3. Las visitas y revisiones de información podrán ser realizadas tanto por personal propio del órgano instructor, como por organismos externos o personas autorizadas por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.

Artículo 18 Justificación de la subvención

1. La justificación de la ayuda se realizará mediante cuenta justificativa y seguirá el modelo y contenido de cuenta justificativa, con aportación de informe de auditor, según se recoge en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La cuenta justificativa contendrá, al menos, una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas. No obstante lo anterior, la entidad beneficiaria deberá incluir los justificantes de gasto y pago y el resto de documentación requerida para labores de auditoría y comprobación. A los efectos anteriores, se deberán seguir las instrucciones o guías que en su caso elabore el órgano competente, así como sobre cualquier otra documentación justificativa de la realización del proyecto que se le pueda requerir. Los pagos de las inversiones y gastos subvencionables deberán realizarse dentro de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se acredite.

Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal efecto en la convocatoria y en la resolución de concesión de la ayuda.

El objeto del mismo será verificar la adecuación de la cuenta justificativa del beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la elegibilidad de los gastos y pagos en ellos contenidos, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas durante la ejecución del proyecto.

El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico preferentemente, firmado electrónicamente por el auditor.

3. La presentación de la cuenta justificativa se realizará entre el 1 y el 30 de junio del año 2026, y se entregará al órgano competente para instruir el procedimiento de comprobación. Las inversiones y gastos o compromisos de gasto previstos, en los términos del artículo 5 de este real decreto, deberán realizarse siempre dentro del período especificado de realización del proyecto más, en su caso, la ampliación concedida.

4. La presentación de la documentación justificativa referida anteriormente deberá hacerse a través de la sede electrónica de Red.es.

5. El órgano instructor comprobará la justificación de la subvención y realización de la actividad para la cual se concedió la subvención.

6. La rendición de cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad beneficiaria en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto y pago o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

7. Cabe la posibilidad de que se lleven a cabo auditorías presenciales por parte del órgano competente para realizar la verificación técnica y económica de la subvención.

8. El beneficiario deberá justificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos aplicables del principio DNSH según las instrucciones que facilite el órgano competente en el seguimiento.

Artículo 19 Reintegro de la subvención

1. Si como consecuencia de las acciones de justificación y comprobación de la aplicación de la subvención a la que se refieren los dos artículos anteriores se desprende que los gastos incurridos son inferiores a la subvención recibida o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la subvención, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia en el procedimiento de reintegro.

2. El órgano concedente, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la vista de las alegaciones del interesado, decidirá sobre el reintegro o no de la subvención y si éste, en su caso, debe ser total o parcial. En caso de reintegro, se exigirá el interés de demora desde el momento de pago de la subvención en los supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. En caso de existir un remanente sin ejecutar a la finalización del periodo establecido para la realización de las actividades que dé lugar a un reintegro, no deberán aplicarse sobre éste intereses de demora en las situaciones descritas en el artículo 216 del Real Decreto 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

4. En todo caso, el reintegro y el procedimiento para su exigencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedando excluidos los procedimientos de reintegro que se deriven de las actuaciones de control financiero sobre las subvenciones de este real decreto, cuya realización compete a la Intervención General de la Administración del Estado y que se desarrollarán conforme al título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta la referencia al artículo 7, regla séptima, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

5. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deberá ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Dicha cuantía se calculará bajo las recomendaciones y metodología que determinen la Comisión Europea.

6. Los costes asociados a actividades incluidas en la lista de exclusión del principio DNSH contempladas en el anexo VII serán objeto de reintegro.

Artículo 20 Obligación de información, comunicación y publicidad de la subvención

1. La subvención concedida al amparo de este real decreto se hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y el resto de ayudas públicas.

2. En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible la imagen institucional del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la entidad pública empresarial Red.es, para dar adecuada publicidad a la financiación del proyecto subvencionado. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos del Plan de Recuperación, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

3. En concreto, las actuaciones de comunicación incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la entidad pública empresarial Red.es. La entidad perceptora de los fondos hará mención del origen de esta financiación y velará de darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea «NextGenerationEU»», junto al logo del Plan de Recuperación, en particular, cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Disponible en el enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

4. La entidad beneficiaria debe dar publicidad de los resultados de las actividades subvencionadas en las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto, y se deberá mencionar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la entidad pública empresarial Red.es como entidad financiadora. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos del Plan de Recuperación, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

5. Finalmente, deberá cumplir con las obligaciones de publicidad que, en su caso, se determinen en la resolución de concesión.

Artículo 21 Titularidad y sostenibilidad

1. Los resultados que se obtengan del desarrollo de este proyecto serán de propiedad exclusiva de la Federación Española de Municipios y Provincias para su gestión, uso y empleo en beneficio del interés general.

2. La Federación Española de Municipios y Provincias deberá establecer los mecanismos para garantizar la continuidad en el tiempo del mantenimiento de la plataforma y un desarrollo razonable del servicio, en virtud del principio de sostenibilidad financiera.

Artículo 22 Protección de datos personales

1. Los proveedores y usuarios participantes en el proyecto de Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes respetarán las disposiciones de protección de datos aplicables. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que se desarrollen en el marco de este proyecto es el previsto tanto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), debiendo quedar todos los datos personales que traten los sistemas participantes en el proyecto incluidos en dicha protección.

2. La entidad beneficiaria de la subvención garantizará que las entidades participantes en el proyecto de Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes reconozcan el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.

Artículo 23 Régimen sancionador

Las posibles infracciones que pudieran cometerse por la entidad beneficiaria de la subvención se graduarán y sancionarán, de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 24 Régimen de recursos

La resolución de concesión y, en su caso, las resoluciones de modificación, pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, contra dichas resoluciones, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de las mismas, cabe interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si la resolución fuera expresa.

Disposición final primera Título competencial

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, de acuerdo con el apartado 15.ª del artículo 149, apartado 1 de la Constitución, por cuanto el proyecto subvencionado tiene por objeto crear y operar una infraestructura común que agrega los datos de la ciudades inteligentes españolas para ponerla a disposición de los procesos de innovación de los organismos de investigación y de las empresas de cualquier sector económico, creando un espacio de datos único, centralizado y singular, que tiene un ámbito supraautonómico y requiere de un alto grado de homogeneización, no susceptible de fraccionamiento, que justifica la centralización de la gestión.

De conformidad con el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información, transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial, en las que se enmarca el desarrollo de los espacios de datos sectoriales como instrumento para la transformación digital de la economía basada en la compartición de datos y a la que este proyecto EDINT viene a contribuir facilitando a las empresas, y a la sociedad en general, el acceso a los datos de las ciudades inteligentes impulsando la innovación empresarial y el desarrollo efectivo de la sociedad de la información.

Disposición final segunda Entrada en vigor

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».