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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  Disposiciones generales
  • Artículo 1  Finalidad y objeto
• CAPÍTULO II.  El sistema de información del Ministerio Fiscal
  • Artículo 2  El sistema de información del Ministerio Fiscal. Los sistemas de gestión procesal
  • Artículo 3  Control del estado de tramitación de los distintos asuntos y expedientes
  • Artículo 4  Tratamiento estadístico
  • Artículo 5  Obligatoriedad de la utilización de los sistemas de gestión procesal. Compatibilidad e interoperabilidad
• CAPÍTULO III.  La Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal
  • Artículo 6  Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal
• CAPÍTULO IV.  La Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal
  • Artículo 7  Constitución de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal
  • Artículo 8  Composición de la Comisión
  • Artículo 9  Funciones de la Comisión
  • Artículo 10  Funciones del Presidente de la Comisión
  • Artículo 11  Comité técnico. Unidad de apoyo técnico
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera  Habilitación normativa
  • Disposición final segunda  Entrada en vigor
• ANEXO I .  Fichero Sistema de gestión procesal de las fiscalías
• ANEXO II .  Fichero Sistema centralizado de información procesal de la Fiscalía General del Estado

Artículo 1 Finalidad y objeto

1. Este real decreto tiene por finalidad establecer un marco uniforme que asegure eficazmente la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, establecida en el artículo 124 de la Constitución Española, a través de medios informáticos y telemáticos para el más eficaz cumplimiento de sus funciones estatutarias.

Asimismo, este real decreto tiene por finalidad configurar un sistema de información del Ministerio Fiscal, así como definir los requerimientos que han de cumplir los sistemas de gestión procesal utilizados por el Ministerio Fiscal y determinar los elementos básicos de compatibilidad de los diferentes sistemas informáticos desarrollados para las fiscalías por las Administraciones competentes.

2. A los efectos anteriores, constituye el objeto de este real decreto:

• a) Crear una red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal que garantice un sistema de identificación y codificación único de los procedimientos y actuaciones en que intervenga el Ministerio Fiscal, una base de datos centralizada de dichos procedimientos, el acceso telemático de las fiscalías a los registros, bases de datos, sistemas de información y aplicaciones informáticas de carácter nacional gestionados por el Ministerio de Justicia, y la conexión telemática permanente de la Fiscalía General del Estado y de los restantes órganos centrales del Ministerio Fiscal con todas las fiscalías, y de éstas entre sí.
• b) Determinar la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

3. La definición y gestión del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y de la Red de comunicaciones electrónicas corresponde a los órganos competentes de la Fiscalía General del Estado, a los que el Ministerio de Justicia facilitará el soporte administrativo y tecnológico necesarios.

Las comunidades autónomas que hubiesen recibido los traspasos de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia podrán desarrollar los sistemas de gestión procesal en los términos previstos en el apartado 1 y participarán junto al Ministerio de Justicia en la dotación de los equipamientos informáticos del Ministerio Fiscal en su respectivo ámbito territorial.

Artículo 2 El sistema de información del Ministerio Fiscal. Los sistemas de gestión procesal

1. El sistema de información del Ministerio Fiscal constituye una base de datos centralizada que interconecta los distintos sistemas telemáticos puestos a disposición de las fiscalías a través de una red integrada de comunicaciones electrónicas.

2. El sistema de información del Ministerio Fiscal está conformado por:

• a) Sistemas de gestión procesal desarrollados para las distintas fiscalías por las Administraciones competentes.
• b) Sistema único y centralizado de información de la Fiscalía General del Estado.

3. Se entiende por sistema de gestión procesal el conjunto de aplicaciones informáticas dirigidas a organizar en las distintas fiscalías la información relativa a todas o una clase determinada de procedimientos, diligencias y expedientes de que conoce el Ministerio Fiscal, facilitando su tramitación y la actuación uniforme del Ministerio Público.

4. El ámbito territorial de cobertura de un mismo sistema de gestión procesal deberá ser al menos el correspondiente a una fiscalía. El ámbito objetivo de gestión de cada sistema ha de comprender toda la actividad del Ministerio Fiscal.

5. Cada sistema de gestión procesal de fiscalía, implantado o en fase de implantación por la Administración pública competente en su respectivo ámbito, deberá incluir al menos las siguientes funcionalidades:

• a) Registro de asuntos: el sistema debe permitir el registro y actualización de los datos de los asuntos y expedientes, con sus respectivos intervinientes, respetando las características específicas para cada jurisdicción e instancia.
• b) Gestión de la tramitación: el sistema ha de posibilitar el registro de los acontecimientos procesales de los expedientes con una gestión sobre ellos, mediante puntos de control, fases o estados, o, incluso, establecimiento de secuencia de trámites, lapsos procesales y agenda.
• c) Edición y composición de documentos, facilitando la elaboración de escritos y dictámenes del Ministerio Fiscal mediante una herramienta de tratamiento de textos, integrada en el sistema y compatible con las de uso más extendido. A estos efectos, la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal aprobará una colección normalizada de modelos de documentos a la que se adecuarán las aplicaciones informáticas.
• d) Biblioteca de modelos de dictámenes relevantes, que facilite a todos los fiscales la disponibilidad electrónica de aquellos documentos que, por su complejidad técnica, su relevancia o por otras razones, el Fiscal-Jefe, o en su caso la Fiscalía General del Estado, estimen oportuno difundir en formato electrónico entre los fiscales del ámbito correspondiente.

6. Conforme a lo que prevé el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus disposiciones complementarias:

• a) El sistema de gestión procesal de las fiscalías tendrá las características que se prevén en el anexo I de este real decreto.
• b) El sistema centralizado de información procesal de la Fiscalía General del Estado tendrá las características que se prevén en el anexo II de este real decreto.

Artículo 3 Control del estado de tramitación de los distintos asuntos y expedientes

1. La información anotada electrónicamente en cada fiscalía relativa a la identificación de los distintos expedientes y asuntos, sus intervinientes, el estado o situación procesal y su correspondiente actualización, así como aquellos otros datos de interés estadístico que determine la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal, serán remitidos de manera automatizada al sistema de información del Ministerio Fiscal, con una periodicidad al menos mensual.

A estos efectos, las distintas aplicaciones de gestión procesal implantadas en las fiscalías por las Administraciones públicas proveerán telemáticamente esta información.

2. Esta información se adecuará a unos mismos estándares de codificación de valores (delitos, materias, tipos de procedimiento, tipos de intervención, órganos judiciales, etc.), y unos mismos esquemas de tramitación aprobados por la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

Artículo 4 Tratamiento estadístico

El sistema de información del Ministerio Fiscal deberá ajustar sus contenidos y procedimientos a las necesidades estadísticas del Ministerio Fiscal. A tal fin, el Fiscal General del Estado, asistido por el comité técnico previsto en el artículo 11, definirá periódicamente los criterios para la elaboración de la Estadística Fiscal y los pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal, que deberá garantizar la adaptación del Sistema a dichos criterios.

Artículo 5 Obligatoriedad de la utilización de los sistemas de gestión procesal. Compatibilidad e interoperabilidad

1. Cada fiscalía asegurará el adecuado control sobre el registro y el estado de tramitación de los procedimientos y expedientes abiertos a través de los correspondientes sistemas de gestión procesal y a tal fin mantendrá siempre actualizados los datos incorporados a los sistemas.

2. Las aplicaciones de gestión procesal implantadas por las Administraciones públicas competentes facilitarán de manera automatizada la comunicación recíproca entre órganos judiciales y fiscalías de la información relativa a los distintos asuntos y expedientes, asegurando correctamente las notificaciones y traslados previstos en las leyes procesales.

3. Todos los sistemas informáticos de gestión procesal utilizados en las fiscalías deberán ser compatibles entre sí, y posibilitarán el intercambio telemático de información con los correspondientes órganos judiciales, el movimiento de asuntos y expedientes entre fiscalías y el seguimiento de los procedimientos desde la Fiscalía General del Estado.

Artículo 6 Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal

1. A través de la Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal, los miembros de la Carrera Fiscal podrán acceder a los registros públicos y aplicaciones de ámbito nacional gestionados por el Ministerio de Justicia, en los términos que defina la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

2. Asimismo, la Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal posibilitará el acceso a aquellas bases de datos de jurisprudencia y legislación para miembros de la carrera fiscal cuya gestión de accesos a usuarios se realice por la Fiscalía General del Estado. En este ámbito la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal asegurará una dotación mínima a todos los miembros del Ministerio Fiscal, con independencia de cuál sea la Administración competente en materia de dotación de medios materiales.

3. La Red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal permitirá la comunicación electrónica entre la Fiscalía General del Estado y los restantes órganos centrales del Ministerio Fiscal y las distintas fiscalías, así como entre los miembros del Ministerio Fiscal, directamente o a través de las distintas redes puestas a disposición de las fiscalías por las Administraciones competentes.

4. La Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal prevista en el artículo 7 de este real decreto establecerá los formatos de intercambio de información que habrán de utilizarse, así como las características técnicas y de seguridad que han de cumplir los diferentes sistemas de gestión procesal, al objeto de conseguir su plena compatibilidad e integración, con la máxima garantía en relación con el objeto de la información procesada.

5. Los sistemas informáticos de gestión procesal puestos por las Administraciones públicas competentes a disposición de las fiscalías deberán integrarse con el sistema de información del Ministerio Fiscal gestionado por la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal a través de una red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

Artículo 7 Constitución de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal

1. La Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal se configura como un órgano colegiado de coordinación adscrito al Fiscal General del Estado, y responsable de establecer criterios de obligado cumplimiento en todas las fiscalías sobre la implantación, utilización, gestión y explotación de todos los sistemas informáticos y de comunicaciones electrónicas utilizados por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

2. En lo no previsto en este capítulo, la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional se regirá por lo dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8 Composición de la Comisión

La Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal estará integrada por:

• 1. Presidente: el Fiscal General del Estado.
• 2. El Secretario de Estado de Justicia.
• 3. Dos Consejeros de Justicia de comunidades autónomas que hubiesen recibido los traspasos de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia, designados bienalmente por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, así como aquellos Consejeros de Justicia de las comunidades autónomas afectadas por la materia a tratar.
• 4. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno.
• 5. El Fiscal Inspector Jefe.
• 6. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica.
• 7. El Fiscal de Sala de la unidad de apoyo al Fiscal General del Estado
• 8. Un fiscal designado por el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.

Artículo 9 Funciones de la Comisión

1. Son funciones de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal las siguientes:

• 1.ª Asegurar el desarrollo y ejecución del Plan de modernización tecnológica del Ministerio Fiscal elaborado por la Fiscalía General del Estado
• 2.ª Aprobar las aplicaciones informáticas y los sistemas telemáticos de comunicación utilizados por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, garantizando en todo caso su interoperabilidad con los sistemas de gestión procesal y de comunicaciones implantados en los juzgados y tribunales de todo orden.
• 3.ª Establecer los mecanismos para asegurar la plena compatibilidad entre las aplicaciones informáticas y sistemas de comunicación electrónica utilizados en las distintas fiscalías, así como de aquellos con el sistema de información de la Fiscalía General del Estado.
• 4.ª Establecer criterios de obligado cumplimiento sobre la implantación, utilización, gestión y explotación de los sistemas informáticos y de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

2. La Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal deberá desarrollar las funciones a que se refieren los artículos 2.5.c); 3.1 y 2; 6.4, y 9.4 de este real decreto en el marco de los criterios uniformes que establezca la Comisión Nacional de Estadística Judicial prevista en el artículo 461 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 10 Funciones del Presidente de la Comisión

El Presidente de la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal tendrá las siguientes atribuciones:

• a) Convocar las reuniones siempre que haya asuntos pendientes, o en su defecto cada seis meses, y fijar el orden del día.
• b) Dirigir las deliberaciones.
• c) Representar a la Fiscalía General del Estado en el Comité de Estadística Judicial, por sí o por persona en quien delegue.

Artículo 11 Comité técnico. Unidad de apoyo técnico

1. Para garantizar la continuidad de los trabajos de la Comisión Nacional se constituirá un Comité técnico presidido por el Fiscal de Sala de la unidad de apoyo al Fiscal General del Estado e integrado por un Fiscal designado por el Fiscal General del Estado, por un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial y por los Directores Generales de Relaciones con la Administración de Justicia o asimilados del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas que hubiesen recibido los traspasos de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia.

2. En función de los asuntos a tratar y de las Administraciones e instituciones afectadas, esta composición será variable, con arreglo a los criterios que al efecto establezca la Comisión Nacional.

3. El Comité podrá ser asistido por expertos dependientes de las distintas Administraciones e instituciones que lo integran.

4. La organización y funcionamiento del Comité se fijará por la Comisión Nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

Disposición final primera Habilitación normativa

Se habilita al Ministro de Justicia para que mediante orden ministerial modifique el contenido de los anexos de este real decreto, en atención a la evolución del estado de la técnica, adaptación del sistema por aparición de nuevas necesidades o su adecuación a la normativa aplicable en materia de protección de datos.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».