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Decreto 190/2026, de 13 de octubre, de desarrollo del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias

Ficha:
  • ÓrganoDepartamento de Economía y Finanzas
  • Publicado en DOGC núm. 9773 de 15 de Octubre de 2026
  • Vigencia desde 04 de Noviembre de 2026
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
LE0001017552_20261104Ir a NormaDOGC 29 Octubre. Corrección de erratas de D Economía y Finanzas 190/2026, de 13 Oct. CA Cataluña (desarrollo del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias)
Decreto 190/2026, 13 octubre rectificado por corrección de erratas («D.O.G.C.» 29 octubre).LE0001017552_20261104Ir a Norma correctora

Preámbulo

Este Decreto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que la Generalitat de Catalunya tiene atribuida en materia de cooperativas en los términos establecidos por el artículo 124.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Asimismo, de acuerdo con el artículo 124.2.g del Estatuto de autonomía, esta competencia exclusiva incluye la organización y el funcionamiento de las cooperativas respecto al régimen económico y a la documentación social.

El marco jurídico cooperativo catalán se concreta en la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. El artículo 6.6 establece que las cooperativas pueden tener secciones de crédito, unidades económicas y contables internas, con el objeto de cumplir alguno de los fines establecidos por la regulación de ámbito catalán de las secciones de crédito.

La Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas, es la regulación específica vigente de estas secciones. En su disposición final primera se establece la facultad del Gobierno para desarrollarla, a propuesta de los departamentos de Economía y Finanzas y de Empresa y Trabajo, por ser los actuales departamentos competentes en materia de economía y finanzas y de cooperativas, respectivamente.

Dentro de este marco regulador, las cooperativas pueden organizarse internamente en secciones, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa, para llevar a cabo actividades económicas o sociales específicas o para desarrollar el objeto social de la cooperativa en un ámbito territorial determinado. Es la cooperativa la que dispone de personalidad jurídica y, con carácter general, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La sección de crédito es una unidad económica y contable interna dentro de la organización de la cooperativa correspondiente, tradicionalmente y también por imperativo legal desde el 31 de enero de 2014, de carácter agrario.

Las cooperativas con sección de crédito son empresas privadas agrarias que actúan con independencia. Disponen de plena autonomía de gestión, tal como regula la legislación sobre cooperativas. Las personas cooperativistas, en asamblea general, deciden sobre todos los aspectos productivos agrarios de la cooperativa, incluida la gestión de la sección de crédito. El consejo rector de la cooperativa y la gerencia o dirección general de la cooperativa son responsables de su ejecución. Por tanto, las personas cooperativistas son las responsables últimas de la gestión de la cooperativa.

En este marco, la sección de crédito de una cooperativa no opera con terceras personas; debe circunscribir sus actuaciones a las personas cooperativistas, ya sean socias comunes o socias colaboradoras. Sus funciones son las propias de un departamento de tesorería en el seno de una cooperativa agraria que gestiona conjuntamente las disponibilidades líquidas de las personas cooperativistas y contribuye a la financiación de la cooperativa y de las propias personas cooperativistas. La actividad principal de la cooperativa no puede ser en ningún caso la actividad financiera de la sección de crédito.

Este tipo de secciones ha sido siempre objeto de especial atención y de una regulación específica de ámbito catalán, dada su importancia dentro del mundo cooperativo agrario. El régimen legal actual lo establece la citada Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas, que recoge el marco jurídico existente en la anterior Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas, y lo perfecciona. En términos generales, la Ley 7/2017, de 2 de junio, reforzó el autocontrol sectorial del Fondo Cooperativo de Apoyo a las Secciones de Crédito, incrementó la profesionalización en la gestión de las cooperativas y exigió una mayor transparencia de estas secciones respecto a las personas cooperativistas y el entorno rural. El régimen legal vigente persigue, en último término, facilitar el buen funcionamiento del sector cooperativo agrario para proteger a la persona cooperativista individual.

El desarrollo reglamentario del régimen legal actual de las secciones de crédito de las cooperativas no se ha producido, pese a que la propia Ley 7/2017, de 2 de junio, efectúa algunas remisiones específicas al reglamento, como la determinación del porcentaje de inmovilizado que debe cubrirse con recursos propios o los indicadores para determinar si la actividad de la sección de crédito constituye su actividad principal.

Actualmente, el desarrollo reglamentario vigente se establece en el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas, vigente con las redacciones del Decreto 83/2010, de 29 de junio, y del Decreto 49/2014, de 8 de abril, y con la Orden ECF/413/2010, de 23 de julio, por la que se dictan instrucciones sobre información económica y financiera de las secciones de crédito de las cooperativas. Estas dos normas de desarrollo se diseñaron y actualizaron dentro del marco jurídico establecido por la derogada Ley 6/1998, de 13 de mayo, por lo que algunos de sus preceptos, pese a no ser contrarios al régimen jurídico actual, han quedado obsoletos o son de difícil aplicación. Asimismo, existen nuevos aspectos establecidos en el régimen legal actual que no se desarrollan en el citado Decreto, como las mejoras introducidas por la Ley 7/2017, de 2 de junio, en la protección de la persona cooperativista individual, la profesionalización de la gestión de las secciones de crédito y el incremento de la transparencia en su funcionamiento.

Así, con la promulgación de este Decreto se pretende garantizar la eficacia de las medidas de la normativa vigente sobre secciones de crédito mediante la mejora de su supervisión.

El Decreto contiene veinte artículos, estructurados en cuatro capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El primer capítulo, que contiene las disposiciones generales relativas al objeto y al ámbito subjetivo de aplicación del Decreto, concreta los requisitos mínimos estatutarios y de inscripción registral que deben prever las cooperativas que deseen disponer de una sección de crédito, así como algunos de los aspectos que deben considerarse en la profesionalidad de su gestión.

El segundo capítulo desarrolla la regulación financiera y económica, incluidos determinados aspectos vinculados a la transparencia en la operativa de la sección de crédito respecto a las personas socias, a fin de evitar que estas puedan confundirlas con entidades de crédito.

Por lo que respecta a la estructura financiera, se definen los requisitos que deben cumplirse para garantizar una solvencia patrimonial mínima regulada a partir de los recursos propios de la cooperativa, así como una solvencia económica mediante la prevalencia de la actividad agraria como actividad principal frente a la actividad de la sección de crédito, que se configura como actividad auxiliar.

También se concreta el contenido mínimo del acuerdo de financiación de la sección de crédito con la propia cooperativa. En relación con las operaciones de financiación a las personas socias comunes y colaboradoras, se definen los criterios para atribuir la titularidad a estas personas, así como el concepto de necesidad doméstica y de unidad de riesgo. En cuanto a los planes económico-financieros, se concreta el proceso de aprobación y su contenido mínimo.

En relación con la transparencia, se establece en este capítulo un conjunto de obligaciones de información a las personas socias para que sepan que, cuando operan con su cooperativa a través de la sección de crédito, no lo hacen con una entidad de crédito.

El tercer capítulo, sobre contabilidad, auditoría e inspección, establece unos criterios básicos de contabilidad y de información económico-financiera para disponer de un sistema de gestión e información que facilite la administración de la cooperativa y las actuaciones de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias de supervisión prudencial.

En el cuarto capítulo se desarrollan algunos aspectos del Fondo Cooperativo de Apoyo a las Secciones de Crédito, como la necesidad de que la cooperativa administradora disponga de un régimen interno de funcionamiento, la aclaración del procedimiento de regularización de las aportaciones al Fondo y de su recuperación, si procede, y la determinación del procedimiento para designar a la persona experta independiente de la comisión delegada del Fondo.

La disposición transitoria establece que las cooperativas que dispongan de saldos acreedores previos no deben efectuar regularización alguna de los contratos, y las disposiciones finales prevén las habilitaciones para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Decreto y su entrada en vigor.

Finalmente, mediante la disposición derogatoria, además de derogarse normas en materia de secciones de crédito de las cooperativas, se deroga el Decreto 101/2009, de 23 de junio, por el que se regulan los servicios de compensación y liquidación de valores situados en Cataluña, dado que dicho Decreto atribuía funciones al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona (SCLBARNA), creado por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona de conformidad con el Decreto 171/1992, de 4 de agosto. Este Servicio ha cesado en la prestación de las funciones de compensación y liquidación de valores como consecuencia de la reorganización interna de BME Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, SAU, en el marco de la reforma europea de la postcontratación, que concentró las funciones de registro central y liquidación en la sociedad filial Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), y las funciones de compensación en la sociedad BME Clearing, SAU. Esta derogación se fundamenta en criterios de simplificación y racionalización normativa, puesto que esta disposición ya se encuentra de facto tácitamente derogada por pérdida de objeto.

Este Decreto se enmarca asimismo en los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres establecidos por la Ley 17/2015, de 21 de julio, y promueve una gestión de las secciones de crédito libre de discriminación por razón de sexo.

Finalmente, este Decreto respeta los principios de buena regulación, necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, recogidos en los artículos 129 y 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de acuerdo con los principios generales del artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es necesario y eficaz para desarrollar el régimen de las secciones de crédito de las cooperativas establecido por la Ley 7/2017, de 2 de junio, y sustituir el desarrollo establecido por el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas, norma derogada por la citada Ley 7/2017. Asimismo, de acuerdo con el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta iniciativa normativa está justificada por una razón de interés general, como es facilitar el buen funcionamiento del sector cooperativo agrario y la protección de las personas que sean socias de este; se basa en una identificación clara de los fines perseguidos y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución mediante una regulación más actualizada, completa y sistemática de la organización y el funcionamiento de las secciones de crédito.

Asimismo, cumple el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para atender sus finalidades, sin que, en relación con los aspectos que desarrolla, implique alguna medida restrictiva de derechos ni imposiciones que no estén justificadas, de acuerdo con el artículo 129.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

También es el instrumento más idóneo para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia con el marco normativo vigente, que actualmente se encuentra disperso en varias normas e instrucciones de diferente rango. Según el principio de seguridad jurídica, regulado en el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciativa normativa debe ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y cierto.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha cumplido el principio de transparencia en el procedimiento de elaboración, facilitando el acceso sencillo, universal y actualizado a todo el expediente a través del portal de la Transparencia, y se ha garantizado la participación ciudadana en la elaboración del Decreto mediante la consulta pública previa y el trámite de audiencia conferido a la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y a la cooperativa de segundo grado ASC, SCCL (Asociación de Secciones de Crédito), como organizaciones más representativas del sector.

En relación con las cargas procedimentales que se regulan, no suponen cargas administrativas adicionales distintas de las del régimen jurídico vigente, garantizando el principio de eficiencia y una gestión optimizada de los recursos públicos, de acuerdo con el artículo 129.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Igualmente, por todo lo expuesto, se ajusta a los principios de mejora de la calidad y simplificación normativa previstos en los artículos 62 y 63.1 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Este Decreto se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 y siguientes de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

De conformidad con los artículos 26.e, 39.1 y 40.2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Con el dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.

Por todo ello, a propuesta conjunta de la consejera de Economía y Finanzas y del consejero de Empresa y Trabajo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno,

Decreto:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Este Decreto tiene por objeto desarrollar el régimen de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias establecido por la Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas.

2. Se aplica a las cooperativas agrarias con sección de crédito, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 7/2017, de 2 de junio.

Artículo 2 Requisitos estatutarios

Los estatutos sociales de las cooperativas con sección de crédito deben prever:

  • a) El contenido mínimo previsto en el artículo 16 de la Ley 12/2015, del 9 de julio, de cooperativas.
  • b) La existencia de una sección que cumpla el objeto de las secciones de crédito establecido en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley 7/2017, de 2 de junio.
  • c) La existencia de una dirección general o gerencia de la cooperativa, con facultades específicas sobre la sección de crédito, entre las personas que cumplan las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia legalmente establecidas.

Artículo 3 Obligatoriedad de la inscripción registral

1. Las cooperativas a las que es de aplicación este Decreto deben solicitar la inscripción de la creación y de la baja voluntaria de la sección de crédito en el Registro general de cooperativas.

2. Igualmente, deben solicitar la inscripción al Registro de la designación de la persona titular de la dirección general o de la gerencia, con facultades específicas sobre la sección de crédito. Este nombramiento debe efectuarse con el acuerdo de creación de la sección de crédito y, en caso de vacante, en el plazo de 3 meses desde que esta se produzca.

3. El departamento competente en materia de cooperativas debe comunicar al departamento competente en materia de economía y finanzas las altas y bajas de secciones de crédito, el nombramiento y cese de la persona titular de la dirección general o de la gerencia y otras modificaciones que se produzcan, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su inscripción registral.

Artículo 4 Inscripciones registrales de las altas de secciones de crédito

1. El departamento competente en materia de cooperativas tiene la función de comprobar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de la creación de la sección de crédito y, a estos efectos, puede requerir a las cooperativas la información y documentación adicional que considere necesaria para decidir sobre la procedencia de efectuar las inscripciones solicitadas.

2. Las cooperativas pueden crear una sección de crédito cuando lleven más de un año en funcionamiento desde su inscripción y dispongan, como mínimo, de un ejercicio contable cerrado y auditado. Quedan exceptuadas las cooperativas de nueva creación resultantes de una fusión propia en la que alguna de las cooperativas existentes disponga de sección de crédito, las cuales deben ajustarse a lo establecido en los apartados siguientes de este artículo.

3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el departamento competente en materia de cooperativas debe solicitar al departamento competente en materia de economía y finanzas la emisión de un informe preceptivo y vinculante sobre el cumplimiento, por parte de la sección de crédito de nueva creación, en su operativa, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas. El plazo para emitirlo es de 3 meses desde el día siguiente al de la recepción, por parte del departamento competente en materia de economía y finanzas, de la solicitud del departamento competente en materia de cooperativas.

4. Para la emisión del informe preceptivo del apartado anterior, el departamento competente en materia de economía y finanzas debe disponer de la siguiente información, que la cooperativa debe aportar en la solicitud de inscripción en el Registro de cooperativas:

  • a) Que tenga previstos, como mínimo, en sus estatutos los requisitos estatutarios establecidos en las letras b y c del artículo 2 de este Decreto.
  • b) Que la persona que ejerza las funciones de dirección general o gerencia reúna, a juicio del consejo rector de la cooperativa, los requisitos de capacidad, preparación técnica suficiente y experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo, mediante la declaración prevista en el apartado 3 del artículo 5 de este Decreto.
  • c) El informe de las cuentas anuales auditadas de la cooperativa del último ejercicio contable cerrado y, adicionalmente, siempre que hayan transcurrido más de 6 meses entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de la asamblea general que acordó la creación de la sección de crédito, un balance auditado en dicha fecha de la asamblea general. En el caso de creación de una sección de crédito mediante un proceso de fusión propia en el que alguna de las cooperativas existentes previamente disponga de sección de crédito, deben aportarse las cuentas anuales de las cooperativas que participan en la fusión.
  • d) Un informe de una persona experta independiente sobre el cumplimiento del régimen de las secciones de crédito a partir de los datos del apartado anterior y de tres previsiones de evolución futura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sección de crédito, del resto de secciones y de la cooperativa en su conjunto, correspondientes a los tres ejercicios siguientes. El informe debe centrarse, como mínimo, en el cumplimiento de los requisitos legales relativos a los coeficientes sobre la estructura financiera y la actividad de la cooperativa, a los coeficientes de concentración de riesgo con la cooperativa y a los coeficientes de disponibilidades líquidas y de liquidez reforzada.
  • e) Una propuesta de plan económico-financiero sobre la actividad de la sección de crédito, con previsión de la capacidad financiera y los criterios de inversión, correspondiente al período comprendido entre la fecha de inscripción de la sección de crédito y la del primer cierre del ejercicio contable, acordada por el consejo rector de la cooperativa, que deberá ser aprobada por la Asamblea General de socios, en su primera sesión dentro del período mencionado, una vez se haya producido la inscripción de la sección de crédito.

El departamento competente en materia de economía y finanzas puede requerir a las cooperativas que aporten la información y documentación adicional que considere necesaria para emitir el informe.

5. El departamento competente en materia de cooperativas debe denegar la inscripción de la creación de la sección de crédito, si el informe preceptivo y vinculante emitido por el departamento competente en materia de economía y finanzas es desfavorable.

6. El plazo previsto en la normativa del Registro de cooperativas para emitir la resolución sobre la inscripción se entiende suspendido durante el tiempo que transcurra entre la petición del informe preceptivo y vinculante previsto en este artículo y su recepción.

Artículo 5 Profesionalidad de la gestión

1. Cada cooperativa con sección de crédito debe tener nombrada una persona titular de la dirección general o de la gerencia con facultades generales sobre la gestión integral de la cooperativa, incluida la gestión de la sección de crédito, con los requisitos establecidos legalmente. En su nombramiento, dentro de las facultades generales sobre la cooperativa otorgadas por el consejo rector de la cooperativa, deben constar las facultades específicas sobre la sección de crédito.

2. La persona titular de la dirección general o de la gerencia de las cooperativas con sección de crédito debe ser una persona física.

3. Para que pueda inscribirse el nombramiento de la persona titular de la dirección general o de la gerencia en una cooperativa con sección de crédito, el consejo rector de la cooperativa debe aportar, junto con la solicitud de inscripción ante el Registro general de cooperativas de Cataluña, una declaración sobre la suficiencia de la preparación técnica y de la experiencia de dicha persona. En el acta del acuerdo adoptado por el consejo rector de la cooperativa sobre el nombramiento de esta persona debe constar explícitamente la declaración anterior, así como los aspectos o documentos que el consejo rector de la cooperativa haya tenido en cuenta sobre la suficiencia de la preparación técnica y de la experiencia de la persona nombrada.

4. En el nombramiento de la persona titular de la dirección general o de la gerencia, el consejo rector de la cooperativa debe velar por evitar cualquier discriminación por razón de sexo, de acuerdo con la legislación vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Capítol II. Regulación financiera y económica

Artículo 6 Regulación de la estructura financiera

1. Las cooperativas con sección de crédito deben cumplir en todo momento los siguientes requisitos de estructura financiera:

  • a) Los recursos propios de la cooperativa no pueden ser inferiores al 50 % de la suma de los saldos del inmovilizado material e inmaterial neto de la cooperativa, una vez deducidos de estos los saldos de las subvenciones de capital obtenidas para su financiación, incluido el impuesto diferido correspondiente.
  • b) El total del pasivo exigible de la cooperativa no puede exceder en más de nueve veces los recursos propios de la cooperativa.

2. A efectos del cumplimiento de los límites anteriores sobre estructura financiera, se entiende por:

  • a) «Pasivo exigible», la suma de los siguientes componentes:
    • a.1) Els comptes de passiu no corrent del balanç de la cooperativa, excepte el capital cooperatiu amb característiques de deute a llarg termini sense venciment.
    • a.2) Els comptes de passiu corrent del balanç de la cooperativa.
    • a.3) El 50% dels avals i fiances atorgats per la cooperativa. Aquests avals i fiances han de constar detalladament a la memòria dels comptes anuals.
  • b) «Recursos propios», la suma de los fondos propios de la cooperativa y de su capital cooperativo con características de deuda a largo plazo sin vencimiento. Para su cuantificación deben aplicarse los siguientes criterios:
    • b.1) Forman parte de los recursos propios las aportaciones obligatorias y voluntarias al capital social, suscritas de acuerdo con la normativa general de cooperativas, con independencia de su calificación contable como fondos propios o como pasivo en función de la capacidad del consejo rector de la cooperativa para rechazar incondicionalmente el reembolso de dichas aportaciones en caso de baja. Este capital cooperativo debe estar efectivamente desembolsado.
    • b.2) Las aportaciones al capital no pueden tener un vencimiento de reembolso determinado. En todo caso, el acuerdo de admisión, si procede, puede incluir una cláusula de reembolso opcional que habilite al consejo rector de la cooperativa para decidir reembolsar las aportaciones al capital, de forma parcial o total y en la misma proporción a todas las personas titulares, siempre que la cooperativa cumpla los requisitos de estructura financiera vinculados a los recursos propios. El acuerdo de admisión no puede prever que las aportaciones al capital sean rescatables individualmente por las personas socias, aunque se cumplan los requerimientos de recursos propios. En este sentido, las aportaciones al capital solo pueden transmitirse por actos inter vivos entre personas socias, de acuerdo con la normativa general de cooperativas.
    • b.3) El capital social aportado por las personas socias y financiado con recursos de la sección de crédito o de la propia cooperativa, así como el capital pendiente de desembolso, no se incorporan al cómputo de los recursos propios. Las pérdidas imputadas a las personas socias deben restarse al determinar los recursos propios, aunque se hayan contabilizado como un crédito frente a dichas personas.
    • b.4) La financiación voluntaria que no integra el capital social de acuerdo con la normativa general de cooperativas no forma parte de los recursos propios.
    • b.5) La deuda subordinada y los títulos participativos emitidos de acuerdo con la normativa general de cooperativas no tienen la consideración de recursos propios, con independencia de las reglas de prelación de créditos que les sean aplicables a los únicos efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil.
    • b.6) El reconocimiento de las cuotas fiscales por bases imponibles negativas de ejercicios anteriores puede incorporarse al cómputo de los recursos propios, siempre que la persona auditora independiente haya contrastado la razonabilidad de la recuperación del crédito fiscal contabilizado, de acuerdo con la normativa contable.
  • c) «Suma de los saldos del inmovilizado material e inmaterial», todos los importes de los bienes y derechos utilizados en la actividad productiva de la cooperativa que, por su naturaleza, se clasifican dentro del inmovilizado material e intangible, minorados por la amortización y la corrección valorativa por deterioro correspondientes. No se incluyen en esta suma los elementos materiales e intangibles clasificados como inmovilizado en curso ni aquellos otros elementos del inmovilizado material e intangible que estén en proceso de venta o clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.

    Se considera activo inmovilizado en proceso de venta aquel cuyo valor contable la cooperativa pretende recuperar mediante su venta, en lugar de mediante su utilización continuada y productiva.

    Para que estos activos no computen en el cálculo de la suma mencionada deben cumplirse los siguientes requisitos:

    • c.1) La asamblea general debe haber aprobado la enajenación de los activos disponibles para la venta y la planificación previa de la venta.
    • c.2) Los activos afectados deben ponerse a la venta a un precio adecuado en relación con su valor razonable.
    • c.3) Debe estimarse que la venta se realizará en el plazo de un año desde la fecha en que el activo se considere en proceso de venta, salvo que, por hechos o circunstancias ajenos a la cooperativa, deba ampliarse el plazo necesario y exista evidencia suficiente de que la cooperativa mantiene su interés en el plan de enajenación del activo.
    • c.4) Los resultados procedentes de las plusvalías obtenidas por la enajenación de los activos del inmovilizado en proceso de venta deben destinarse en su totalidad a fondos propios, de acuerdo con la aplicación de los excedentes cooperativos y de los beneficios extracooperativos que establezca la normativa vigente.

Cuando un activo inmovilizado no se adquiera para utilizarlo en la actividad productiva de la cooperativa, sino para enajenarlo posteriormente, obtener rentas o ambas finalidades, no puede excluirse del cálculo de la suma mencionada.

Artículo 7 Regulación de la actividad de la sección de crédito

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    3. Para que pueda into competente lalaspa>voédita lu eoperl">-->Ley 7/2017, de 2 dembolsicatfun la p previstoer uno gaes p/rré/li>d) rícupra que que sn informe preceptivo y 472">

    • ,vidad produc/a>-->Ley 7/2017, de 2 d,e, coccacatables indib> «Rebsa Los resulmpre"I36li>Ltd) rícupra que >eb/li>d) d) bperatde acuva, deben constar las fa126ltades específicas sLap crin caracterírea«Rebsa Los resulmpre"I36li>td) rraloer una penFonas Cente el reemb Apoydeadlón S932_20240425Cuesta Capítulo I
    Dispo6siciones generales<6/h3>Lcesaraolassdencitas>d)
  • ebFonas Cente el reemb Apoydeadlón S932_20240425Cuesta coopere la rlasE--Lassdencitas>d) LE0000598932_20240425-->Ley 7/2017, de 2 dtre de finalidades, no puede e1xcluirse del cálculo de la su1ma mencionada.

    <1/div>

    Artículo 7 Regulac131 Regulación de la estructura financiera

    elas pas ddñe, gn debs p/enttnsei<15> «Suma l e4uross d d3b> Los >seviament pas ditular de la direcpeióndientes va, deben constar las fa132ltades específicas s isel departamento competente en materia de cooperativas debeaariorivoptas>ae cumplan loa 31entes --ent pas ddñe pital iros resulm«Suma de los saul>aosdal ecnis ento,xlías a3 róxgur.a estructura financiera

  • 3cabardidas y gananci 26/2010, tra 0">ebFonas, c para edebmcientefear>d="es pas ddñe, iónc«Suma cariorid-->Ley 7/ae cumplan loón dlece qr"AR" rebFonasir onsej3car l que ivo vigente, minorados por leadlón dectura financiera

    <18div>ebFonasiclass="a"raE>ebFonas Cente el reemb Apoydeadlón S932_20240425Cuesta hagaen de sexolabpéo a part, con previsión den la persona auditoraenta.< la ca la vque sno id="I49cdrtaeienciFonas "> rectorun informe preceptivoe nbpéo a part, los saul> recto--or de la cooperativa, de finalidades, no puede e19cluirse del cálculo de la su19a mencionada.

    <19div>ebFonas Cente el reemb Apoydeadlón S932_20240425Cuesta peaberr nócooperati dentro de las facultades generalea 26/2010, tra 0">ebFonas ral ea.

    Par crédito ara laept aportaci15> cnde s,e coopEáos fmN">empre qe f Co, el departamento competente en materia de cooperativas debtre de 7 Regulac138ltades específicas s istinde su" olsob> ElsepI54">

  • mionyio beproonursonrvasI27">c.2as.Ley 7/acedi sección dspoydeAN">LE0000598932_20240425-erSs 0, aElurr que, por h adser udsi sociob> Edv,terencia en una 26/2010, tra 0o>Capítulo I
    Disp20siciones generales20/h3>    Artículo 7 Regulac140n de la actividad de laI33">ebFonas Cente el reemb Apoydeadlón S932_20240425Cuesta pestió/oz,ra. o, adsvorecci dda 2. Regulac141ltades específicas s tancI33">

    cióapliciun ejerc rerocstannas.
    • -->40.2 de la trámite dnyre junio, del régimen142sección de crédito dLedas y gananci 26/2010, tra 0">ebFonasir onscrédito ar la cmmión de lel departamento competente en materia de cooperativas debe adda 2. tera secc capital,eane trtes,tacionecrión rc reercani ocorlenaiiolaciótyercanili>laciónte el re,ire mpañud/a>.7">vesecEl departame coolel cumploe ias,n ca">tera secbeproolurs espu crerocstannas. i nombrocstaati"Ila de , del régimen143ica y de la experienE, el departamento competente en materia de cooperativas debeda 2. >2. n econó2024042s.N"depaaci2 las cuales debenbeproo dsencrco ntera secc capital,eane trtese junio, del régimen144que considere necesa 2 da 2. bide la la gerenccauseaica y ecocaracteríerecda 2. Capítulo puede truss="ca">Capítulo I
    d_0, aE_b>3casiciones generaDTRANSUNICA/h3>b.1>Lplobre os recooperatul> La persociera

    La atityratul>< capital, de forma,io la razonabilidad de la rectivos ycI54"> «Reione id="en deo renova">Lecool2o. En tumos reccedim le uclleídza coterativayicietécnic. Entoriesque capital,eermritblva, de finalidades, no puede imedess="ca">Capítulo puede deuss="ca">Capítulo I
    d_pro_b>3casiciones generaDDERUNICA/h3>    b.1>, del régimen477ss="ca">Capítulo puede n477ss="calEa en materia 8932_20240425-->Ley 7/2017, de 2e endeldrooga:ipal de el reembolso de dLa150s con sección de crédito deben pre150s con sección dad a -lpo fO0n el objeto de las seccioneca-d280-2003l-7-2017-de-2-jun-ca-c194670p201404a1>s.html">dda arrodelucionesas secciones de crédito deca-l6-1998l-7-2017-de-2-jun-ca-c011228egi160520>d13sd leayas.html">nr"AR" auditoradencitas>d) -->Ley 7/2017, de 2 dtrs seccio../../../../4/6/7/0eca-d280-2003l-7-20de crédiiLE", deleprer ncNde l,o.n8 d'abritoreación recs ted,n ca se Dsianta280/2003,io lracionovml">nr"AR" auitoradencitas>al atinden 8932_2040425Edsos prto17, de 2e ida>a.2)     Els comptes de 152s con sección de crédito deben pre152ulo 1 de la Ley 7/2017, de 2 I ivo vigita liva, q42s.Nnoop>Iucionesa-de-s seccio../../../../6/1/9/6/n-ca-c426196_Vivos y HTML"AN2-jun-ca-c426196_20261104>-->Ley 7/2017, de 2 dtrs seccio../../../../6/1/9/6/n-ca-c426196_20261104 HTML#I1300de crédiiLE", deleprer ncNde l,o.vocimie>vocimie>a.2)     Els comptes de 487ulo 1 de la Ley 7/bferido corDsiantn18sd learze,z nto, dsentatited,n ca se iones-de-1"ese Dsiantlaa01/2009e-cred3ito-denie,z nto, dsentativaAR" nadis Ea>vocimie>a.2eder eccióeder efinalidades, no puede imedfque conh4> D La siAh4>lidades, no puede if1ss="ca">Capítulo I
    d_mi=_1siciones generaDFIN1/h3>    Artículop>Seiva otorirvas n capital, de formaique to es de 3 messes desde els día siguiente de cooperativas debey día siguiente mo, de un ejepta, en ,vidad producámbica->Lecoolac ona persocidesde ativ,ficat y l qu> La siCapítulo I
    d_mi=_2siciones generaDFIN2/h3>    -->40.2 de la trámite dnyre juni finalidades, no puede I160ulo 1 de id="leni finals generannjj_fooigu017-de#oo dea geiredimionoo dea /nnjj_s/CCAAos.php?e ahroo=a014676-d-de cooia-y-ivas deb-190-2026-de-13-oct-ca-cite dna-da arrodel-dal-4"><3 m"s-si final final final bodyal -7-2>