DECRETO-LEY 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica

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Sumario

V閍se Res. de 12 de julio de 2022, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y Le髇, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de las Cortes de Castilla y Le髇 de convalidaci髇 del D.-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica (獴.O.C.L.� 20 julio).LE0000734212_20220720

I

El agravamiento de la situaci髇 econ髆ica como consecuencia del conflicto b閘ico existente en Ucrania y su repercusi髇 en Castilla y Le髇 han sido abordados por el gobierno de esta Comunidad Aut髇oma desde su inicio, mediante un sistema articulado, organizado y coherente de actuaciones de distinta 韓dole.

El 21 de abril de 2022 la Junta de Castilla y Le髇 elabor� y aprob� un documento constituido por una relaci髇 de iniciativas de respuesta dirigidas a impulsar a corto y medio plazo la recuperaci髇 econ髆ica en el contexto de esta crisis y a contener su impacto en la inflaci髇. Este documento constituye un instrumento de car醕ter multidisciplinar que, ajust醤dose a la distribuci髇 de competencias de las distintas Administraciones P鷅licas y siendo colaborativo con todas ellas, comprende un conjunto ordenado de actuaciones conducente a paliar las consecuencias de la crisis econ髆ica de acuerdo con las peculiaridades econ髆icas, sociales y estructurales de la Comunidad de Castilla y Le髇.

Este documento constituye un marco de car醕ter general en el cual, la distinta naturaleza de las medidas que en 閘 se contienen implica la exigencia de la utilizaci髇 de instrumentos normativos, materiales y organizativos diferentes para su puesta en marcha. Es imprescindible, para ello, adoptar algunas modificaciones urgentes de car醕ter normativo.

Adem醩 es imprescindible adoptar otras medidas que requieren la modificaci髇 inmediata de normas con rango de ley, cuya necesidad va poniendo de manifiesto el cambiante contexto econ髆ico caracterizado por su car醕ter influenciable por las circunstancias de car醕ter internacional.

Por ello, el objeto de este decreto-ley es impulsar a corto y medio plazo una serie de medidas para contribuir a establecer un marco que gradualmente impulse una recuperaci髇 en el contexto de la crisis y su impacto en la inflaci髇, crisis que se ha visto agravada por la invasi髇 militar rusa a Ucrania.

II

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis econ髆ica, social y sanitaria sin precedentes a escala mundial, a la que no ha escapado Espa馻 ni los dem醩 pa韘es de la Uni髇 Europea, y que por tanto ha afectado tambi閚 a la Comunidad de Castilla y Le髇.

A escala continental, la Uni髇 Europea ha puesto en marcha una respuesta com鷑 contra la crisis, para impulsar la recuperaci髇 econ髆ica y sentar las bases del crecimiento futuro, avanzando hacia una Europa m醩 verde, digital, cohesionada e igualitaria, y mejor preparada para afrontar otros desaf韔s en el futuro. Para ello el Consejo Europeo acord� la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperaci髇 denominado 玁ext Generation EU� cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia, regulado por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Para su aplicaci髇, el Gobierno de Espa馻 aprob�, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, por medio del cual se canalizan los fondos europeos destinados a reparar la crisis inducida por la COVID-19, y desde entonces otras varias normas complementarias.

La Administraci髇 de nuestra Comunidad ha respondido a dicha crisis con una notable serie de medidas, tanto en el campo estrictamente sanitario como en el econ髆ico y social, seg鷑 se ha ido demostrando necesario a medida que la situaci髇 se prolongaba. As� en relaci髇 con este decreto-ley hay que citar como precedente el Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificaci髇 de la actividad administrativa para el fomento de la reactivaci髇 productiva en Castilla y Le髇, mediante el cual se adoptaron medidas encaminadas a simplificar tr醡ites y garantizar la proporcionalidad en los reg韒enes de intervenci髇.

No obstante, la experiencia ha demostrado que es preciso seguir adoptando medidas, tanto de alcance global como orientadas a 醡bitos de actividad espec韋icos que, alineadas con las ya vigentes, act鷈n como palanca de recuperaci髇 de la econom韆. Tal es el objeto de este decreto-ley, que con base en motivos de extraordinaria y urgente necesidad, establece una larga serie de medidas agrupadas en seis bloques por raz髇 de competencia: hacienda y sector p鷅lico auton髆ico, comercio, vivienda y urbanismo, sostenibilidad ambiental, patrimonio natural y pol韙ica forestal, y servicios sociales. Se trata de medidas que en conjunto suponen una contribuci髇 al proceso de reformas necesarias para contrarrestar los efectos de la crisis inducida por la COVID-19, agravada tras el conflicto b閘ico en Ucrania y, en particular, para acceder con garant韆s de 閤ito a las medidas de financiaci髇 de la Uni髇 Europea y del Gobierno de Espa馻.

El Decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, conformada por 6 cap韙ulos, divididos a su vez en 21 art韈ulos, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria, y cuatro disposiciones finales.

En las distintas medidas previstas en este decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y Le髇 para dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 25.4 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇. Se trata de medidas de car醕ter prioritario cuya aprobaci髇 e implementaci髇 no admite demora, lo que ha determinado su inclusi髇 en este decreto-ley por su naturaleza urgente y excepcional.

Seg鷑 reiterada jurisprudencia constitucional, el decreto-ley es un instrumento legislativo de urgencia al que resulta l韈ito recurrir cuando se trata de subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una acci髇 normativa inmediata, en un plazo m醩 breve que el que permite el procedimiento legislativo ordinario, o incluso el de urgencia, para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, correspondiendo al Gobierno el juicio pol韙ico sobre la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad exigido por el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la. Adem醩, se viene exigiendo de forma reiterada una conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre el presupuesto habilitante y las medidas adoptadas.

As� mismo, el Tribunal Constitucional ha defendido que el decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas� y sus graves efectos (seg鷑 sentencias STC31/2011, de 17 de marzo, FJ4, y STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ6).

As� lo se馻la la STC 61/2018, de 7 de junio, cuando exige, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci髇 de extraordinaria urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�.

III

El Cap韙ulo I (art韈ulos 1 a 7), agrupa un conjunto de medidas en materia de hacienda y de sector p鷅lico auton髆ico, y est� dividido en dos secciones.

La Secci髇 I consta de tres art韈ulos que modifican diferentes textos normativos y que tienen como com鷑 denominador el objetivo de asegurar la efectiva ejecuci髇 de fondos que se reciben a trav閟 del Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia, que pasa por garantizar que su gesti髇 sea lo m醩 醙il posible.

De este modo, en primer lugar, se modifica la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇. Dicha modificaci髇 pretende ampliar las excepciones a los l韒ites establecidos en el primer p醨rafo del apartado 2 del art韈ulo 111, de forma que se a馻den ahora los supuestos de gastos que est閚 financiados con recursos finalistas, con el objetivo de lograr una mayor agilidad en los procedimientos al eliminar trabas posteriores en la ejecuci髇 de tales gastos finalistas puesto que los mismos est醤 vinculados a proyectos y actuaciones concretas, de forma que, una vez que la Consejer韆 de Hacienda autoriza la correspondiente generaci髇 de cr閐ito, cualquier autorizaci髇 posterior resultar� redundante.

En segundo lugar, se modifica el art韈ulo 33.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y Le髇. Se trata de ampliar a las subvenciones financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation EU el supuesto de que la Junta de Castilla y Le髇 pueda autorizar que se concedan las mismas dentro de los l韒ites que acuerde a tal efecto.

Y en tercer lugar, se modifica la disposici髇 adicional segunda de Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. La modificaci髇 es necesaria para garantizar la ejecuci髇 de proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, que est醤 vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos. Respecto a los planes estrat間icos de subvenciones, se except鷄n de la obligaci髇 de incluir en los mismos las subvenciones que se concedan con cargo a los Fondos de los Planes Next Generation EU, y respecto a la tramitaci髇 de las bases reguladoras para la concesi髇 de subvenciones financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation EU se prev� como 鷑ica exigencia el informe de los Servicios Jur韉icos correspondiente.

As�, la necesidad de incluir estas medidas en un decreto-ley es evidente en este supuesto, y se deriva de la necesidad de impulsar de forma urgente e inmediata las medidas extraordinarias que van a tener que adoptarse para responder con inmediatez a las exigencias que conlleva la tramitaci髇 de los expedientes relativos a proyectos financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperaci髇, y, en particular, del MRR, creando las condiciones oportunas para gestionar los mismos de manera 醙il, eficaz y eficiente, que garantice las inversiones econ髆icas y estructurales necesarias y fortalezca el crecimiento y el apoyo a nuestro tejido productivo.

Estos fondos se aprueban con la finalidad de garantizar una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias econ髆icas y sociales de una pandemia de alcance mundial, y se hallan especialmente dirigidos a aquellos Estados Miembros cuya situaci髇 econ髆ica y social se haya deteriorado m醩 como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricci髇 de la actividad econ髆ica necesarias para combatir a la COVID-19. Por ello, estos fondos se convierten en una oportunidad 鷑ica para la transformaci髇 de nuestra Comunidad; oportunidad que en ning鷑 caso se puede poner en peligro por la posible complejidad y duraci髇 de determinados procedimientos para la gesti髇 de estos fondos.

En segundo lugar, el car醕ter urgente de dichas medidas procede de la envergadura de los retos que se persiguen con estos fondos y el marco temporal que se ha fijado para su desarrollo. Se establece un calendario conforme al cual se han de conseguir determinados objetivos, lo que convierte en imprescindible el tener que realizar algunas reformas normativas inmediatas, que permitan una mayor agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, siempre manteniendo las garant韆s y controles que exige el marco normativo comunitario y la eficiencia en el gasto p鷅lico.

La Secci髇 II recoge medidas referidas al sector p鷅lico auton髆ico.

En primer lugar, en el art韈ulo 4 se aborda la modificaci髇 de la Ley 7/1996, de 3 de diciembre, de creaci髇 del Ente P鷅lico Regional de la Energ韆 de Castilla y Le髇.

En segundo lugar, se modifica el Decreto 30/1997, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Ente P鷅lico Regional de la Energ韆 de Castilla y Le髇. En concreto, se modifican determinados preceptos del decreto, que exigen la aprobaci髇 previa del Consejo de Administraci髇 para aquellos compromisos de gasto o propuesta de pagos que excedan de 30.051 €, cantidad a todas luces insuficiente para poder gestionar de forma 醙il y eficaz las convocatorias de ayudas y subvenciones, m醲ime teniendo en consideraci髇 que las bases reguladoras de los programas a gestionar con cargo al PRTR disponen la resoluci髇 por concurrencia abierta seg鷑 el orden de presentaci髇 de las solicitudes de ayuda.

El car醕ter extraordinario y urgente de esta regulaci髇 viene justificado, en primer lugar, en las mismas razones expuestas en relaci髇 con las medidas en materia de hacienda y, en segundo lugar, por la necesidad de gestionar adecuadamente los fondos europeos asociados al Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, a trav閟 del Ente.

El Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia del Estado Espa駉l prev� movilizar importantes fondos econ髆icos que, en lo que a eficiencia energ閠ica, energ韆s renovables y movilidad sostenible se refiere, se instrumentar醤 a trav閟 de subvenciones a conceder a fondo perdido tanto a entidades privadas, como p鷅licas y particulares, cuya gesti髇 directa le corresponder� a las Comunidades Aut髇omas, con plazos de gesti髇 reducidos y con objetivos muy importantes que hacen necesario contar con entidades especializadas que permitan afrontar los retos con solvencia, eficacia, agilidad, profesionalidad y experiencia en proyectos tan t閏nicos como son los relativos a la mejora de la eficiencia energ閠ica y las energ韆s renovables.

A su vez, las estrategias propias de la Administraci髇 de Castilla y Le髇 en las materias indicadas, justifican la necesidad y oportunidad de ampliar las competencias indicadas del Ente P鷅lico Regional de la Energ韆 de Castilla y Le髇, para que de esta forma pueda instrumentar, gestionar y conceder subvenciones e incentivos a fondo perdido, adem醩 de gestionar los numerosos registros oficiales que se est醤 creando en materia de eficiencia energ閠ica y de energ韆s renovables que requieren de conocimientos especializados, tanto para la gesti髇, como para su automatizaci髇, utilizando herramientas de administraci髇 electr髇ica, y para su explotaci髇 e intercambio con la Administraci髇 Central.

En tercer lugar, se modifica el art韈ulo 2.1 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creaci髇 de la empresa p鷅lica 玈ociedad P鷅lica de Medio Ambiente de Castilla y Le髇�, para ampliar el objeto social de esta sociedad abri閚dolo a las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, a la promoci髇 de suelo industrial, a las instalaciones e infraestructuras ambientales, incluidas las relacionadas con el aprovechamiento y el uso de energ韆s renovables, a la recuperaci髇 de espacios degradados por actividades extractivas y al aprovechamiento de yacimientos de origen natural y no natural como fuente de dinamizaci髇 de los territorios afectados por el proceso de transici髇 energ閠ica, en todo caso con el objetivo a corto plazo de hacer viable la ejecuci髇 de proyectos financiados con fondos europeos, sin perjuicio de que su virtualidad se extienda ulteriormente en funci髇 de los resultados obtenidos.

Se trata de hacer posible la realizaci髇 de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, direcci髇 de obras, consultor韆s, asistencias t閏nicas y servicios para la construcci髇, reforma o ampliaci髇 de infraestructuras sanitarias de ejecuci髇 urgente, previo encargo de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Le髇, con el fin de contribuir a la consecuci髇 de los objetivos de pol韙ica sanitaria y con el objetivo, a corto plazo, de hacer viable la ejecuci髇 de proyectos financiados con fondos europeos. En efecto, la ejecuci髇 eficaz y eficiente de los fondos Next Generation EU, a trav閟 de los instrumentos previstos en el Mecanismo para la Recuperaci髇 y la Resiliencia (MRR), en el Fondo de Ayuda a la Recuperaci髇 para la Cohesi髇 y los Territorios de Europa (REACT-EU), as� como en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, requieren, con car醕ter urgente y extraordinario, la habilitaci髇 por parte de la Consejer韆 de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, de instrumentos jur韉icos m醩 flexibles y la reducci髇 de tr醡ites administrativos con el fin de ejecutar cuanto antes los proyectos a financiar con dichos fondos. Esta colaboraci髇 para ejecutar infraestructuras sanitarias permitir� lograr con celeridad el impacto perseguido por los fondos europeos desde la perspectiva econ髆ica, social y sanitaria para la recuperaci髇 econ髆ica y la mejora de la sanidad p鷅lica de la Comunidad de Castilla y Le髇.

Por otro lado, se pretende incrementar la eficacia y eficiencia de los consumos energ閠icos de los diferentes suministros de la Administraci髇 de Castilla y Le髇.

El car醕ter extraordinario de estas medidas se asienta en el objetivo hoy en d韆 m醩 importante que nunca, de buscar una sociedad eficiente energ閠icamente, lo cual pasa por disminuir la dependencia energ閠ica de otros pa韘es que tienen fuentes energ閠icas, por aumentar el ahorro al reducir el consumo energ閠ico, por bajar la presi髇 de los recursos naturales propios y conservarlos de manera estrat間ica y por contribuir a la reducci髇 de emisi髇 de gases de efectos invernaderos.

El car醕ter urgente de estas medidas se deduce del contexto actual de altos niveles de inflaci髇 que se han visto agravados a ra韟 del conflicto b閘ico en Ucrania, lo que est� llevando a la necesidad de alinear objetivos de descarbonizaci髇 e independencia energ閠ica de Rusia aumentando, por ello, el requerimiento de pol韙icas para racionalizar nuestro consumo energ閠ico, as� como tener un control m醩 exhaustivo si cabe sobre los consumos energ閠icos, adem醩 de implementar medidas que mitiguen los mismos tanto a nivel de reducci髇 de los mismos (a trav閟 de medidas de ahorro y eficiencia energ閠ica y de implantaci髇 de energ韆s renovables), como a nivel de contrataci髇 para obtener una optimizaci髇 del precio y reducir as� el coste fijo de la factura energ閠ica.

Por 鷏timo, a ra韟 de la modificaci髇 del art韈ulo 2.1 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creaci髇 de la empresa p鷅lica 玈ociedad P鷅lica de Medio Ambiente de Castilla y Le髇�, se modifica la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creaci髇 del Ente P鷅lico Agencia de Innovaci髇 y Financiaci髇 Empresarial de Castilla y Le髇, para evitar que la mencionada modificaci髇 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, entre en colisi髇 con las actividades que puede realizar el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y Le髇.

Estas modificaciones se considera procedente que se realicen mediante decreto-ley, al considerar que la modificaci髇 que se introduce en la Ley 7/1996, de 3 de diciembre, no afecta a la constituci髇 propiamente dicha del ente y, por lo tanto, no se entiende necesario que dicha modificaci髇 se realice por ley de Cortes de Castilla y Le髇 de acuerdo con lo que dispone el art韈ulo 79.2 de la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇.

IV

El Cap韙ulo II recoge una medida en materia de comercio relativa al programa de modernizaci髇 del comercio: Fondo tecnol骻ico, en el marco del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

El Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia (PRTR), como parte del Componente 13 獻mpulso a la pyme�, incluye la l韓ea de inversi髇 4 獳poyo al Comercio� donde se integra el Programa de modernizaci髇 del comercio: Fondo Tecnol骻ico, como actuaci髇 1.2. Este programa financiar� proyectos cuyos cr閐itos ser醤 objeto de territorializaci髇

De acuerdo con lo recogido en el art韈ulo 3 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, entre los principios que regir醤 la actuaciones de las Administraciones P鷅licas en el marco del Plan se encuentran la objetividad, la eficacia y la responsabilidad en la gesti髇, y la agilidad, la celeridad, la simplicidad y la claridad en los procedimientos.

Por su parte, por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio, publicado por Resoluci髇 de 19 de mayo de 2022, de la Secretar韆 de Estado de Comercio, se establecen las condiciones de participaci髇 de las comunidades aut髇omas, los 醡bitos de aplicaci髇, el procedimiento de presentaci髇 de las propuestas y las reglas para su aprobaci髇, ejecuci髇 y justificaci髇.

La l韓ea ayudar� a la incorporaci髇 de nuevas tecnolog韆s que permitan a las pymes del comercio local, de forma individual o mediante las asociaciones del sector, dar respuesta a los nuevos h醔itos de consumo, y que impacten en la transformaci髇 digital y sostenibilidad del propio establecimiento y en su modelo de negocio.

Conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo, el procedimiento ordinario de concesi髇 de subvenciones se tramitar� en r間imen de concurrencia competitiva, seg鷑 establece el art韈ulo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No obstante, atendiendo a la singularidad de las subvenciones con fondos europeos, podr醤 tramitarse como subvenciones de concurrencia no competitiva, tal y como se establece en el art韈ulo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se admite financiar actuaciones sin requerir valoraci髇 comparativa con otras propuestas, y dictar las resoluciones de concesi髇 por orden de presentaci髇 de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situaci髇 o actuaci髇 subvencionable, y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del cr閐ito presupuestario asignado en la convocatoria.

Por 鷏timo, conforme a lo estipulado en el citado Acuerdo, las subvenciones deben estar concedidas y pagadas en el cuarto trimestre del ejercicio 2023 y se exigir� a las Comunidades y Ciudades Aut髇omas, como beneficiarias del Fondo, justificar la finalizaci髇 de los proyectos antes del mes de julio de 2024, considerando que una actuaci髇 est� finalizada cuando todos los elementos constitutivos de la misma lo est醤, incluida la presentaci髇 de las cuentas justificativas de las subvenciones concedidas y su correspondiente liquidaci髇.

En definitiva, la gesti髇 del Fondo exige a la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 utilizar el procedimiento m醩 醙il y eficaz posible en el marco de lo dispuesto en la normativa en materia de gesti髇 de subvenciones, as� como tratar de garantizar que los destinatarios finales del mismo obtengan las ayudas solicitadas en el plazo m醩 breve posible, posibilitando as� que los beneficios derivados de su implementaci髇 en t閞minos de mejora de la competitividad y de mantenimiento de la actividad econ髆ica y del empleo sean visibles en el corto plazo, as� como tratar de garantizar que los destinatarios finales del mismo obtengan las ayudas solicitadas en el plazo m醩 breve posible, posibilitando as� que los beneficios derivados de su implementaci髇 en t閞minos de mejora de la competitividad y de mantenimiento de la actividad econ髆ica y del empleo sean visibles en el corto plazo. Por los anteriores motivos, resulta obligado establecer la l韓ea de ayudas con un procedimiento 醙il para su gesti髇.

V

El Cap韙ulo III (art韈ulos 9 a 11) agrupa una serie de medidas en materia de vivienda y de urbanismo.

Para ello, se modifican en primer lugar los siguientes preceptos de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Le髇:

Por un lado, se modifica el art韈ulo 25 para eximir del procedimiento de autorizaci髇 excepcional en suelo r鷖tico a los supuestos de adecuaci髇, renovaci髇 o ampliaci髇 de usos vinculados a la generaci髇 de energ韆 que hayan sido previamente autorizados, lo que daba lugar a tr醡ites redundantes, y a corto plazo generaba retrasos en la tramitaci髇 de proyectos financiados con fondos europeos.

Por otro lado, se modifica el apartado 4 del art韈ulo 152 para facilitar el acceso a la financiaci髇 europea de actuaciones del 玃rograma de ayuda a las actuaciones de rehabilitaci髇 a nivel de barrio�, previsto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitaci髇 residencial y vivienda social del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia. Para ello se limita la exigencia de tramitar y firmar un convenio urban韘tico previo a los supuestos de demolici髇 o sustituci髇 de viviendas, agilizando de esa forma la tramitaci髇 de los expedientes que pretendan acceder a la financiaci髇 p鷅lica sin menoscabo de los derechos de los residentes.

As� mismo, se modifica el primer p醨rafo del art韈ulo 156 para que las actuaciones de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana que no modifiquen la ordenaci髇 urban韘tica tengan una tramitaci髇 m醩 sencilla, mediante una simple memoriaprograma o documento equivalente previsto en los correspondientes planes de vivienda y rehabilitaci髇, haciendo as� viable su incorporaci髇 a los programas financiados con fondos europeos.

Y, por 鷏timo, se a馻de un nuevo apartado al art韈ulo 157 para aclarar que no consumen edificabilidad las obras y actuaciones que sean necesarias para conseguir objetivos de eficiencia energ閠ica y supresi髇 de barreras en los proyectos de rehabilitaci髇; de nuevo, con la virtud a corto plazo de habilitar la ejecuci髇 de proyectos financiados con fondos europeos, pero con una trascendencia mayor en el medio y largo plazo.

A continuaci髇, se introducen cuatro modificaciones en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y Le髇, que responden tambi閚 a la necesidad de acomodar nuestras previsiones normativas a los plazos de cumplimiento de los objetivos europeos y a sus fuentes de financiaci髇.

El instrumento Next Generation EU plantea entre sus objetivos la necesidad de garantizar una recuperaci髇 m醩 justa y para ello ha dise馻do, entre otras medidas, l韓eas espec韋icas de financiaci髇 para incrementar la vivienda social. Se pretende as� remitir aceleradamente la situaci髇 de vulnerabilidad sobrevenida que la crisis sanitaria ha provocado en la sociedad y que est� afectando a la solvencia de muchas familias para acceder al mercado inmobiliario. De esta forma, el componente 2 del Plan Nacional de Recuperaci髇 Transformaci髇 y Resiliencia incorpora un elemento importante de promoci髇 del parque p鷅lico con el que dar una soluci髇 estructural al problema nacional de la insuficiencia de un parque de vivienda social amplio, asequible y eficiente. Con este fin incluye un programa dotado con 1.000 millones de euros de inversi髇 en vivienda social para alquiler, cuya pretensi髇 es proporcionar viviendas accesibles y econ髆icamente asequibles. El resultado m醩 inmediato de esta fuente de financiaci髇 ha sido la inclusi髇 en el ya citado Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, de un 玃rograma de ayuda a la construcci髇 de viviendas en alquiler social en edificios energ閠icamente eficientes� que supone para Castilla y Le髇 una oportunidad 鷑ica para coadyuvar a la satisfacci髇 del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de quienes m醩 dificultades tienen para alcanzarlo, con especial atenci髇 a los j髒enes porque han devenido especialmente vulnerables para satisfacer el derecho de acceso a una vivienda.

As�, los art韈ulos 43.2 y 48 se modifican en ambos casos con el fin de eliminar barreras que lastran el desarrollo de un proyecto de vida a las capas m醩 j髒enes de la poblaci髇, en su entrada en el mercado de trabajo. Para ello se apuesta por un nuevo modelo de vivienda: las viviendas colaborativas protegidas, que pueden beneficiarse de los fondos del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el 玃rograma de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares�. La vivienda colaborativa o cohousing es un fen髆eno surgido en los pa韘es n髍dicos como respuesta social al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables como los j髒enes y ligado a las consecuencias de la escasez de suelo, la subida de los precios, el estancamiento de los salarios o la inestabilidad laboral; con esta nueva modalidad residencial se posibilita que un grupo social con necesidades, intereses y objetivos comunes desarrolle su proyecto de vida en hogares independientes con zonas compartidas, sufragando servicios esenciales tambi閚 de forma com鷑. Para ello el art韈ulo 43.2 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, define el concepto de viviendas colaborativas, y el art韈ulo 48 regula sus especialidades, ampliando su superficie 鷗il hasta 65 m² y permitiendo su construcci髇 sobre suelos dotacionales.

Se modifica tambi閚 el art韈ulo 45.5, con la finalidad de impulsar la promoci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica en el medio rural, al eliminar la exigencia, contenida en la redacci髇 hasta ahora vigente del precepto, de que dichas viviendas habr韆n de ser promovidas exclusivamente para uso propio. Eliminar esta restricci髇 supone abrir su construcci髇 a cualquier promotor, m醩 all� del auto promotor, y canalizar los fondos europeos hacia suelos de zonas rurales donde la administraci髇 puede revertir situaciones de carest韆 de vivienda para colectivos vulnerables y de especial protecci髇, y al mismo tiempo luchar contra la despoblaci髇.

Por 鷏timo, se a馻de una disposici髇 adicional tercera, para dar respuesta a la exigencia del art韈ulo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, que dispone: 獷n el supuesto de adquisici髇 de viviendas destinadas al incremento del parque p鷅lico de viviendas de titularidad auton髆ica o de las ciudades de Ceuta y Melilla, la adjudicaci髇 directa de las ayudas podr� ser reconocida a favor de la propia comunidad aut髇oma o ciudad de Ceuta y Melilla previa norma de rango legal por ellas desarrollada que lo habilite.�

Este cap韙ulo se cierra alterando ligeramente la redacci髇 de la letra c) de la disposici髇 transitoria tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaci髇 y simplificaci髇 en materia de urbanismo, con la pretensi髇 de apoyar la dinamizaci髇 de la actividad econ髆ica ante la perspectiva de un retraso en el inicio de un ciclo de recuperaci髇, posponiendo dos a駉s la desclasificaci髇 como urbanizables de los suelos all� previstos.

En relaci髇 con las medidas en materia de vivienda y urbanismo que se articulan en el Cap韙ulo III, las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad para su aprobaci髇 por decreto-ley son las siguientes:

En primer lugar, el objeto de la modificaci髇 del art韈ulo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Le髇, es eximir del procedimiento de autorizaci髇 excepcional en suelo r鷖tico los supuestos de adecuaci髇, renovaci髇 o ampliaci髇 de usos previamente autorizados (solo los vinculados a la generaci髇 de energ韆) lo que da lugar a una tramitaci髇 redundante, y a corto plazo est� generando notables retrasos en el proceso de autorizaci髇 de proyectos financiados con fondos europeos.

Como suceder� con el resto de las modificaciones normativas ahora propuestas, seguramente ninguna de ellas es por s� sola una panacea para garantizar la eficaz ejecuci髇 de los proyectos financiados con fondos europeos. Pero vistas en conjunto articulan una estrategia coherente, susceptible de resultar determinante si se lleva a cabo con decisi髇 y rapidez, lo que desde un punto de vista normativo conduce a la herramienta del decreto-ley.

En segundo lugar, el objeto de la modificaci髇 del art韈ulo 152 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, es facilitar el acceso a la financiaci髇 europea de actuaciones del 玃rograma de ayuda a las actuaciones de rehabilitaci髇 a nivel de barrio�, previsto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitaci髇 residencial y vivienda social del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

Para ello, se limita la exigencia de tramitar y firmar un convenio urban韘tico previo, la cual queda circunscrita a los supuestos de demolici髇 o sustituci髇 de viviendas, socialmente m醩 delicados. En los dem醩 casos, se habr� agilizado la tramitaci髇 de los expedientes para aquellas actuaciones de rehabilitaci髇 y regeneraci髇 urbana que pretendan acceder a la financiaci髇 p鷅lica, sin menoscabo de los derechos de los residentes.

De nuevo, como en los casos anteriores, la extraordinaria y urgente necesidad se vincula a la conveniencia de optimizar la gesti髇 de los proyectos financiados con fondos europeos, dado que estos han de cumplir unos hitos temporales concretos, de modo que una agilizaci髇 que puede parecer simple eliminaci髇 de trabas burocr醫icas puede determinar el 閤ito o el fracaso de una actuaci髇 concreta financiada con fondos europeos.

En tercer lugar, la modificaci髇 del art韈ulo 156 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, tiene por objeto conseguir que las actuaciones de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana que no modifiquen la ordenaci髇 urban韘tica previamente vigente tengan una tramitaci髇 m醩 sencilla que la actualmente exigible, que no distingue ese supuesto de los casos en que se plantean alteraciones de la ordenaci髇 vigente. De esta forma, una vez m醩, se har� posible el cumplimiento de los estrictos plazos a los cuales se sujeta la utilizaci髇 de los fondos europeos Next Generation EU destinados a la rehabilitaci髇 y la regeneraci髇 urbana.

La extraordinaria y urgente necesidad se deriva de la circunstancia de que aprobar esta medida dentro de varios meses posiblemente la har韆 in鷗il para el mencionado fin, pues m鷏tiples actuaciones en marcha no conseguir韆n alcanzar su ejecuci髇 en los niveles requeridos para que las autoridades fiscalizadoras del empleo de los fondos europeos den el visto bueno a su correcta ejecuci髇.

Por 鷏timo, el objeto de la modificaci髇 del art韈ulo 157 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, es conseguir que se entienda que no consumen edificabilidad las obras y dem醩 actuaciones que sean necesarias para conseguir objetivos de eficiencia energ閠ica y supresi髇 de barreras en los proyectos de rehabilitaci髇.

De nuevo, la virtud de esta modificaci髇 a corto plazo, y de la que deriva su extraordinaria y urgente necesidad, es la de habilitar la ejecuci髇 de proyectos financiados con fondos europeos, ello sin perjuicio de que su trascendencia sea mayor en el medio y largo plazo. Pero lo que nos importa en este momento concreto es no perder la oportunidad financiera de aprovechar la disponibilidad de unos fondos para objetivos de inter閟 de la Comunidad, cuyo principal inconveniente es su sujeci髇 a unos plazos de ejecuci髇 estrech韘imos.

Por otra parte, en relaci髇 con la modificaci髇 de los art韈ulos 43.2 y 48 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y Le髇, el objeto de esta doble modificaci髇 es hacer posible la realizaci髇 de proyectos de vivienda bajo una nueva modalidad conocida como 玞ohousing�. Las ventajas de esta nueva f髍mula son grandes y trasciende este particular momento de urgencia.

Pero lo que ahora nos importa y da car醕ter de extraordinaria y urgente necesidad a esta concreta reforma, es la posibilidad de acogerse a los fondos del Plan Estatal para el acceso a la vivienda, en el 玃rograma de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares�, fondos que de otra forma quedar韆n sin uso en Castilla y Le髇, o m醩 bien sin posibilidad de ser usados por falta de un soporte legal, del que ya se han dotado otras Comunidades.

Y respecto a la modificaci髇 del art韈ulo 45.5 de la referida ley, su objeto es impulsar la promoci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica en el medio rural, al eliminar la exigencia, contenida en la redacci髇 hasta ahora vigente del precepto, de que dichas viviendas habr韆n de ser promovidas exclusivamente para uso propio. De esta forma se permitir� aumentar el caudal potencial de viviendas que ser醤 susceptibles de financiarse con fondos europeos a corto plazo.

Por otro lado, la adici髇 de una disposici髇 adicional tercera a la Ley 9/2010, de 30 de agosto, responde a la necesidad de dar respuesta a la exigencia del art韈ulo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Se trata por tanto de una reforma imprescindible, de extraordinaria y urgente necesidad, para poder aplicar en Castilla y Le髇 el art韈ulo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, ya que de otra forma no podr� darse uso a los fondos ya transferidos a la Administraci髇 de nuestra Comunidad para dicha finalidad.

Por 鷏timo, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la modificaci髇 de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaci髇 y simplificaci髇 en materia de urbanismo, no se vincula, como en los supuestos anteriores, a la ejecuci髇 de fondos europeos, sino a la proximidad de la fecha, en el mes de octubre de 2022, en la cual operar� la previsi髇 legal contenida en la letra c) de la disposici髇 transitoria tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, en cuya virtud los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado que no cuenten con ordenaci髇 detallada volver醤 a la condici髇 de suelo r鷖tico.

Dos fases de este mandato de desclasificaci髇 ya se han cumplido, en 2016 y 2018, resultando en la desclasificaci髇 de 114.926.195 m² (503 sectores en 147 municipios en el primer plazo, y de 283.158.058 m² (208 sectores en 87 municipios) en el segundo plazo.

En octubre de 2022 se estima que se desclasificar韆n 342.433.000 m² (3.091 sectores en 444 municipios).

Pero la situaci髇 socioecon髆ica es en estos momentos muy diferente de la que estaba en curso en 2014. El stock de vivienda construida y no ocupada ha desaparecido, y en su lugar sufrimos una escasez de vivienda disponible que est� disparando los precios.

Tambi閚 los suelos cuya clasificaci髇 era m醩 cuestionable (alejados de los n鷆leos de poblaci髇, en zonas inundables, en 醡bitos con necesidad de nuevas infraestructuras) han sido ya objeto de desclasificaci髇.

Por lo tanto, la previsi髇 legal de 2014 es ahora cuestionable, pero solo puede alterarse por un instrumento con rango legal. De ah� la conveniencia de introducir con urgencia una ampliaci髇 del plazo, por otros dos a駉s suplementarios, durante los cuales pueda darse un debate social sereno sobre la cuesti髇 en el marco de un proceso normativo ordinario.

VI

El cap韙ulo IV contiene medidas en materia de sostenibilidad ambiental, y se abre con la modificaci髇 del art韈ulo 50 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇.

Al respecto, hay que comenzar recordando que el art韈ulo 1.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci髇 ambiental, a contrario sensu, excluye de la necesidad de evaluaci髇 ambiental los planes, programas y proyectos que no tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Pues bien, en Castilla y Le髇, la legislaci髇 urban韘tica configura los instrumentos de planeamiento de forma estructurada, y bien consolidada en su aplicaci髇, lo que permite determinar anticipadamente que algunos de ellos, por su objeto y 醡bito de aplicaci髇, carecen de incidencia sobre el medio ambiente, o bien que esta no ser� significativa. Recientes sentencias vienen confirmando este criterio, reconociendo la validez de la exclusi髇 del proceso de evaluaci髇 ambiental estrat間ica en ciertos casos, siempre y cuando el legislador los haya concretado objetivamente. En general, ser醤 los que solo afecten al suelo urbano consolidado ya ordenado y transformado: los planes especiales, los estudios de detalle y los cat醠ogos de protecci髇. En cuanto a las modificaciones de planeamiento, aun siendo muy heterog閚eas, son amplia mayor韆 las que tienen un contenido muy limitado, y por ello pueden ser determinados los supuestos en los que carecen de efectos sobre el medio ambiente y, por lo tanto, no deben ser objeto de evaluaci髇 ambiental estrat間ica simplificada.

A continuaci髇, un bloque de cuatro art韈ulos actualiza y agiliza el procedimiento de autorizaci髇 de instalaciones de energ韆 renovable, lo que se justifica como medida para reducir la dependencia de combustibles f髎iles y de pa韘es terceros existentes en materia de energ韆, en sinton韆 con la respuesta ofrecida por el Gobierno de Espa馻 a trav閟 del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, de medidas urgentes de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania. Por ello es oportuno adoptar medidas urgentes y extraordinarias en la Comunidad de Castilla y Le髇, en consonancia con las aprobadas a nivel estatal, que estimulen los procedimientos de autorizaci髇 de proyectos de energ韆s renovables, pero eso s�, con una regulaci髇 que aseguren que no se ubiquen en zonas con las que resultan incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urban韘ticos o agron髆icos. Para ello, en todos los procedimientos de autorizaci髇 administrativa de proyectos de energ韆s renovables en Castilla y Le髇, con independencia del 髍gano competente para su resoluci髇, se aplicar醤 los criterios territoriales y paisaj韘ticos de ubicaci髇 que se establecen.

En el marco de la habilitaci髇 conferida en el art韈ulo 6.6 del citado Real Decreto-Ley para que las Comunidades Aut髇omas puedan aplicar ese procedimiento de determinaci髇 de afecci髇 ambiental para proyectos de energ韆s renovables en su 醡bito competencial, este decreto-ley incluye un art韈ulo en el que expresamente se declaran de aplicaci髇 directa en Castilla y Le髇 todas las determinaciones contenidas en el art韈ulo 6 del citado Real Decreto-Ley, a fin de que todos los proyectos de competencia estatal de menos de 75 MW que resulten compatibles se tramiten 醙ilmente, con seguridad para promotores, administraciones y ciudadanos; procedimiento que tambi閚, por este decreto-ley, se aplicar� a los proyectos de competencia auton髆ica de menos de 50 MW.

Respecto de la agilizaci髇 de los procedimientos de autorizaci髇 de los proyectos de energ韆s renovables competencia de la Administraci髇 General del Estado, en el art韈ulo 7 del citado Real Decreto-Ley se declaran de urgencia por razones de inter閟 p鷅lico los citados procedimientos y se regula un procedimiento simplificado de autorizaci髇 de proyectos de energ韆s renovables, que prioriza el despacho de los expedientes de autorizaci髇 de proyectos de generaci髇 mediante energ韆s renovables y la emisi髇 de los correspondientes informes. Por 鷏timo, se se馻la que las autorizaciones tramitadas conforme a este procedimiento simplificado ser醤 otorgadas sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones y licencias municipales, que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.

En relaci髇 con las medidas en materia de sostenibilidad ambiental, la modificaci髇 del art韈ulo 50 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, tiene por objeto hacer posible que determinados instrumentos de planeamiento urban韘tico, los m醩 sencillos, una vez que la experiencia ha permitido constatar que carecen de incidencia sobre el medio ambiente, o bien que esta no es significativa, vean aliviada la carga burocr醫ica inherente al proceso de comprobaci髇 ordinario de dicha afecci髇.

Limit醤donos a este objeto, es cierto que un procedimiento normativo ordinario permitir韆 conseguir la finalidad pretendida, pero con ello estar韆mos volviendo a un argumento ya usado respecto de art韈ulos previos, perdiendo numerosas oportunidades de una gesti髇 eficiente de los fondos europeos ahora disponibles, a causa de la tremenda demora que los procedimientos ambientales ordinarios introducen en los procesos de planificaci髇 y gesti髇 de actuaciones de m鷏tiple naturaleza, y de proyectos concretos.

La inmediata aprobaci髇 de esta modificaci髇 permitir韆 agilizar en meses la tramitaci髇 del 50% de los procedimientos de modificaci髇 del planeamiento urban韘tico que se tramitan actualmente, especialmente en el medio rural, habilitando de forma eficiente, la ejecuci髇 de multitud de inversiones necesarias: infraestructuras b醩icas, vivienda, industria, servicios…, muchas de las cuales se financian con fondos europeos de recuperaci髇 y resiliencia, muy estrictos en cuanto a la ejecuci髇 de las dotaciones previstas en 2022 y 2023.

Por otro lado, en relaci髇 con los art韈ulos 13, 14, 15 y 16, el objeto de esta regulaci髇 legal, desplegada, para hacerla m醩 accesible, en un bloque de cuatro art韈ulos y una disposici髇 transitoria, es establecer los criterios para la autorizaci髇 de proyectos de generaci髇 de energ韆 proveniente de fuentes renovables, y regular los procedimientos necesarios para ello.

En este caso, la extraordinaria y urgente necesidad de esta regulaci髇 deriva, por un lado, de la urgencia de reducir la dependencia existente en materia de energ韆, en sinton韆 con la respuesta del Gobierno de Espa馻 mediante el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, de medidas urgentes de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania.

Es as� oportuno adoptar medidas urgentes y extraordinarias en Castilla y Le髇, en consonancia con las aprobadas a nivel estatal, que estimulen los procedimientos de autorizaci髇 de proyectos de energ韆s renovables, pero, y esto es lo que determina la urgencia en nuestra Comunidad, al mismo tiempo asegurando que estos proyectos no se ubiquen en zonas con las que resultan incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urban韘ticos o agron髆icos.

Sin esta regulaci髇, los proyectos que puedan tramitarse al amparo de la flexibilidad aportada por la legislaci髇 estatal se ver韆n libres de respetar ampl韘imas zonas de nuestro territorio, lo que est� ya provocando crecientes tensiones sociales.

Adem醩, resulta extremadamente urgente agilizar la aprobaci髇 de aquellos proyectos que resulten viables despu閟 de aplicar los criterios de ubicaci髇 establecidos en esta modificaci髇.

VII

Por otro lado, en el Cap韙ulo V (art韈ulos 17 a 19), se articulan una serie de medidas en materia de patrimonio natural y pol韙ica forestal, comenzando por la modificaci髇 de dos preceptos de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y Le髇.

En primer lugar, se modifica el art韈ulo 56.1, con el fin de adaptar el r間imen de la declaraci髇 responsable a lo previsto en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, eliminando la obligatoriedad de presentar la declaraci髇 responsable con, al menos, 15 d韆s de antelaci髇 al inicio del aprovechamiento, cumpliendo as� el compromiso adquirido con la Administraci髇 General del Estado al respecto.

En segundo lugar, con la misma motivaci髇, se modifica el art韈ulo 57 para adaptarlo a la legislaci髇 b醩ica (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes), que establece el r間imen de intervenci髇 administrativa de los aprovechamientos maderables y le駉sos en los montes no gestionados por el 髍gano forestal de la Comunidad, en funci髇 de si disponen de instrumentos de ordenaci髇 forestal o si se trata de aprovechamientos maderables o le駉sos a turno corto o dom閟ticos de menor cuant韆.

A continuaci髇, el decreto-ley modifica el apartado 4 del art韈ulo 62 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y Le髇, a fin de considerar compatibles con la conservaci髇 del patrimonio las actividades que no sean susceptibles, bien por su naturaleza o bien por las condiciones en que se desarrollen, de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo por tanto compatibles con los objetivos de conservaci髇. De esta forma se facilitar� el desarrollo de iniciativas de desarrollo socioecon髆ico y en especial de implantaci髇 de energ韆s renovables.

Asimismo, se ajusta el Anexo II de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y de gesti髇 sostenible de los recursos cineg閠icos de Castilla y Le髇. El hecho es que tras su entrada en vigor la caza solo se puede efectuar en los periodos y d韆s h醔iles se馻lados en el Anexo II, cuyo apartado 1 regula que, en general, no se podr� cazar tres d韆s consecutivos sobre las mismas especies, salvo que el plan cineg閠ico lo permita. Esta previsi髇 pretend韆 establecer una medida de protecci髇 adicional para determinadas especies de caza menor en temporada general y media veda, de manera que se modulase la presi髇 cineg閠ica sobre los ejemplares de un terreno cineg閠ico; sin embargo, por su ubicaci髇 en el precepto, esta previsi髇 se hace aplicable tambi閚 a las especies de caza mayor, lo que implica que los titulares cineg閠icos que deseen practicar la caza mayor tres o m醩 d韆s consecutivos se ven obligados a solicitarlo, generando un enorme n鷐ero de expedientes (se calcula que ser韆 necesario modificar los planes de 4.632 cotos, siendo 5.528 el n鷐ero total de cotos existentes en Castilla y Le髇), lo cual se evitar� con una redacci髇 m醩 clara que delimite con precisi髇 la aplicaci髇 de esta norma, con car醕ter urgente dada la perentoriedad temporal respecto de la temporada de caza.

En cuanto a tales medidas en materia de patrimonio natural y pol韙ica forestal, cabe se馻lar lo siguiente:

La extraordinaria y urgente necesidad de la modificaci髇 del art韈ulo 56.1 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y Le髇, deriva de que esta Administraci髇 se comprometi� con la estatal a adaptar la normativa afectada a los t閞minos acordados, y, sobre todo, de la obligaci髇 de agilizar los procedimientos de autorizaci髇 de aprovechamientos forestales ante la extraordinaria demanda de madera y biomasa que la actual situaci髇 geopol韙ica mundial ha introducido en nuestros mercados, que amenaza el cierre de la industria transformadora por la falta de materia prima, lo que provocar韆 una destrucci髇 de tejido productivo y empleo sin precedentes en este sector, muy vinculado a nuestro medio rural.

En segundo lugar, el objeto de la modificaci髇 del art韈ulo 57 de la referida ley, es id閚tico a la anterior: adaptaci髇 a la legislaci髇 b醩ica (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes), lo cual determina su extraordinaria y urgente necesidad, ya que esta Administraci髇 se comprometi� con la Administraci髇 del Estado a adaptar la normativa afectada a los t閞minos acordados.

Por otro lado, la extraordinaria y urgente necesidad de la modificaci髇 del art韈ulo 62.4 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y Le髇, se justifica en este caso porque de esta forma se facilitar� el desarrollo de iniciativas de desarrollo y en especial de implantaci髇 de energ韆s renovables.

En efecto, es urgente la necesidad de simplificar los marcos de evaluaci髇 ambiental y de informes de afecci髇 al medio natural para facilitar el desarrollo de iniciativas de desarrollo socioecon髆ico y especialmente de implantaci髇 de energ韆s renovables. La transformaci髇 del modelo energ閠ico es una demanda de la uni髇 europea a la que se vinculan los Fondos de Recuperaci髇 transformaci髇 y resiliencia.

VIII

El Cap韙ulo VI (art韈ulos 20 y 21) incluye medidas en materia de servicios sociales.

As�, en el art韈ulo 20 se modifican los art韈ulos 4, 9 y la disposici髇 final segunda del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestaci髇 econ髆ica destinada a la atenci髇 de necesidades b醩icas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y Le髇, para adaptar el mismo a las situaciones actuales que derivan de las consecuencias econ髆icas y sociales de la crisis sanitaria de la Covid-19 y de la situaci髇 de crisis internacional como consecuencia de la agresi髇 militar de Rusia a Ucrania.

Estas circunstancias hacen necesario dar respuestas que se adapten a las nuevas situaciones de vulnerabilidad de la poblaci髇 residente en Castilla y Le髇. Dentro de estas necesidades se aprecian situaciones que responden una vulnerabilidad econ髆ica y social de riesgo severo de exclusi髇 social y, por otro lado, una vulnerabilidad en riesgo de privaci髇 material, siendo el criterio diferenciador de esta segunda categor韆 una situaci髇 temporal en que los beneficiarios aun disponiendo de recursos econ髆icos, 閟tos son insuficientes en el momento actual para atender sus necesidades b醩icas con la finalidad de evitar la privaci髇 de bienes materiales, que de persistir conduzcan a incurrir en exclusi髇 social.

Por otro lado, en el art韈ulo 21 se aborda la modificaci髇 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras, para conceder ayudas directas a las familias y personas con mayor vulnerabilidad incluidas en el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y Le髇, eliminando la aceptaci髇 de los beneficiarios para lograr que el pago de estas ayudas se realice en un plazo muy breve desde que se produce la situaci髇 de necesidad. Este mecanismo de ayudas se denomina Bonos de Urgencia Social, destinados a atender a todas aquellas personas en situaci髇 de necesidad sobrevenida y que requieren de un apoyo puntual y urgente por parte de la Junta de Castilla y Le髇.

La finalidad de esta medida es evitar que las personas y familias vulnerables social y econ髆icamente puedan verse m醩 afectadas a鷑 en su precaria situaci髇 por el alza extraordinaria de los precios dentro de una coyuntura en la que el IPC estaba ya en m醲imos o por otras circunstancias sobrevenidas, por lo que urge adoptar medidas que amortig黣n el impacto en la poblaci髇, y especialmente en los colectivos cuya situaci髇 es m醩 complicada, como es el caso de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadan韆 y otras personas y familias en situaci髇 de exclusi髇 social.

La modificaci髇 del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestaci髇 econ髆ica destinada a la atenci髇 de necesidades b醩icas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y Le髇, se considera necesaria y urgente pues los 鷏timos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE muestran que el porcentaje de poblaci髇 en riesgo de pobreza o exclusi髇 social (tasa AROPE) sufre un aumento en los 鷏timos a駉s, situ醤dose en el 26,4%. En Castilla y Le髇 este porcentaje se sit鷄 en 15.1%.

El mismo informe, citando criterios de Eurostat confirma, en relaci髇 con los ingresos econ髆icos medios de la poblaci髇, el progresivo aumento del umbral de riesgo de pobreza, acerc醤dolo a personas y familias que, sin encontrarse en situaci髇 de carencia material severa, son altamente vulnerables a la situaci髇 econ髆ica actual.

Es preciso facilitar el acceso de estas personas a la prestaci髇 econ髆ica destinada a la atenci髇 de necesidades b醩icas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y Le髇, modificando el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, que la regula, mediante el incremento del umbral de ingresos de sus destinatarios en dos variables: el importe de referencia ser� el IPREM anual/14 pagas (hasta ahora anual/12 pagas) y el umbral m醲imo de ingresos requerido ser� el equivalente a 1,35 veces el IPREM (hasta ahora 1,2 veces). De igual forma, incrementar el importe m醲imo que de esta prestaci髇 puede percibir un mismo titular o su unidad familiar a 0,5 veces el IPREM anual/14 pagas (siendo hasta ahora IPREM anual/12 pagas).

Los efectos que la situaci髇 econ髆ica nacional est醤 causando en las personas y familias de nuestra comunidad, a los que se a馻den los derivados del inminente per韔do de vacaciones escolares, con una mayor presencia de los ni駉s/as y j髒enes en sus hogares y el consiguiente aumento de gasto, hacen necesaria y urgente de la modificaci髇 del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la Prestaci髇 econ髆ica destinada a la atenci髇 de necesidades b醩icas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la comunidad de Castilla y Le髇, permitiendo lo antes posible el acceso de estas personas a la prestaci髇 econ髆ica destinada, complementando as� el resto de medidas de apoyo a las personas y familias m醩 vulnerables.

Estas circunstancias hacen necesario dar respuestas que se adapten a las nuevas situaciones de vulnerabilidad de la poblaci髇 residente en Castilla y Le髇. Dentro de estas necesidades se aprecian situaciones que responden a una vulnerabilidad econ髆ica y social de riesgo severo de exclusi髇 social y, por otro lado, una vulnerabilidad en riesgo de privaci髇 material, siendo el criterio diferenciador de esta segunda categor韆 una situaci髇 temporal en que los beneficiarios aun disponiendo de recursos econ髆icos, 閟tos son insuficientes en el momento actual para atender sus necesidades b醩icas con la finalidad de evitar la privaci髇 de bienes materiales, que de persistir conduzcan a incurrir en exclusi髇 social.

IX

En la parte final del decreto-ley se incluyen dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales:

La disposici髇 transitoria primera establece el marco normativo para la autorizaci髇 de las instalaciones de energ韆 renovable cuyo procedimiento al respecto ya se haya iniciado a la entrada en vigor de este decreto-ley.

La disposici髇 transitoria segunda regula el r間imen aplicable a los centros de tratamiento de residuos afectados por la derogaci髇 de las normas legales que los autorizaron.

La disposici髇 derogatoria afecta a la Ley 6/2005 de 26 de mayo, de declaraci髇 de proyecto regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, y a la Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaraci髇 de Proyecto Regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el t閞mino municipal de Fresno de la Ribera, aplicando as� la jurisprudencia constitucional sobre este tipo de normas legales; asimismo se deroga el art韈ulo 57 bis de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y Le髇, en coherencia con la modificaci髇 operada por este decreto ley en los art韈ulos 56 y 57 de la misma ley.

La disposici髇 final primera contiene un mandato para la nueva tramitaci髇 de los centros de tratamiento de residuos afectados por la disposici髇 derogatoria.

La disposici髇 final segunda establece una cl醬sula de salvaguardia del rango de normas reglamentarias.

La disposici髇 final tercera establece la habilitaci髇 normativa a la Junta de Castilla y Le髇 y a las personas titulares de las Consejer韆s en el 醡bito de sus competencias para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci髇 de lo establecido en el presente decreto-ley y la disposici髇 final cuarta prev� la entrada en vigor inmediata de la norma, de forma coherente con su extraordinaria y urgente necesidad.

La disposici髇 derogatoria, las disposiciones transitorias y la disposici髇 final primera resultan imprescindibles para poder acometer la nueva tramitaci髇 de la ampliaci髇 de los centros de tratamiento de residuos a los que se refieren, que en otro caso deber韆 hacerse por ley, ya que por ley fueron aprobados en su d韆, si esta no se deroga previamente.

La extraordinaria y urgente necesidad se justifica en este caso porque los vertederos de estos centros de tratamiento de residuos en cuesti髇 est醤 pr髕imos al final de su vida 鷗il, y de no ampliarse a tiempo, la gesti髇 de residuos en sus 醡bitos de actuaci髇 (provincial y regional seg鷑 el caso) se ver韆 comprometida, sin m醩 soluci髇 que incurrir en cuantiosos pagos para enviar los residuos al exterior.

Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el art韈ulo 25.4 del Estatuto de Autonom韆, que habilitan para la adopci髇 de estas medidas mediante decreto-ley.

X

En la elaboraci髇 de este decreto-ley se han observado los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el art韈ulo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento m醩 inmediato para garantizar su consecuci髇.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulaci髇 que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el inter閟 general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ning鷑 tipo.

Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jur韉ica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jur韉ico y con el conjunto de las pol韙icas p鷅licas auton髆icas, al tiempo que estimular� su mejor cumplimiento

As� mismo se garantiza el principio de responsabilidad, que supone la determinaci髇 de los 髍ganos responsables de la ejecuci髇 y del control de las medidas incluidas en la norma, y el de accesibilidad, traducido en una redacci髇 clara y comprensible y en una t閏nica normativa correcta.

La norma respeta el principio de eficiencia, pues refuerza la capacidad operativa del sector p鷅lico auton髆ico, agiliza procedimientos y elimina cargas administrativas.

Por 鷏timo, la disposici髇 cumple tambi閚 con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop髎ito y ofrece una explicaci髇 detallada, sin que se hayan realizado los tr醡ites de participaci髇 p鷅lica que se establecen en el art韈ulo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇. Todo ello es conforme con lo dispuesto en el art韈ulo 76 bis.1 b) y 3 b) de dicha ley, que excepciona los tr醡ites de consulta previa y participaci髇 previstos en los apartados 2 y 4 del art韈ulo 75, en el supuesto en que en la norma en tramitaci髇 concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan la aprobaci髇 urgente de la norma.

El presente decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los art韈ulos 70.1 2�, 70.1. 3�, 70.1. 6�, 70.1. 18�, 70.1. 10�, 70.1 23�, 70.1. 24�, 71.1. 7�, 71.1. 8�, del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇.

En su virtud, la Junta de Castilla y Le髇, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y a iniciativa conjunta de la Consejer韆 de Econom韆 y Hacienda, la Consejer韆 de Industria, Comercio y Empleo, la Consejer韆 de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenaci髇 del Territorio y la Consejer韆 de Familia e Igualdad de Oportunidades, previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 del d韆 23 de junio de 2022,

DISPONE

CAP蚑ULO I
Medidas en materia de Hacienda y sector p鷅lico auton髆ico

Secci髇 1
Medidas en materia de hacienda

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇

Se modifica el tercer p醨rafo del apartado 2 del art韈ulo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獷stas limitaciones no se aplicar醤 a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles y de equipos, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisici髇, ni a los gastos de personal, en los que s髄o se autorizar醤 los correspondientes al ejercicio en curso, aunque los nombramientos o contratos tengan car醕ter indefinido o excedan del ejercicio presupuestario. Tampoco se aplicar醤 estas limitaciones a los gastos financiados con recursos finalistas concedidos dentro del Plan de Transformaci髇, Recuperaci髇 y Resiliencia y tampoco a aquellos gastos financiados totalmente con otros recursos finalistas concedidos, no computando ambos tipos de gastos a efectos del c醠culo de los porcentajes se馻lados anteriormente. Para acreditar dicha financiaci髇 ser� suficiente una certificaci髇 del Servicio o Unidad que tenga atribuida la gesti髇 econ髆ica del centro gestor instructor del expediente.�.

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Art韈ulo 2 Modificaci髇 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y Le髇

Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 33 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y Le髇, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, dentro de los l韒ites que para cada ejercicio y en cada caso acuerde la Junta de Castilla y Le髇 a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda, el gasto podr� autorizarse en el momento de la concesi髇 y el compromiso de gasto podr� efectuarse, en los t閞minos que determine dicha consejer韆, cuando se tramite el anticipo o la primera liquidaci髇 de las subvenciones a que se refieren los art韈ulos 34.1 a), c) y d), 36, 37 y 39 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, de las subvenciones derivadas de planes estatales de vivienda as� como de las subvenciones financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation EU. Estas autorizaciones y compromisos no computar醤 a efectos de los l韒ites a que se refiere el art韈ulo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇, ni precisar醤 la autorizaci髇 prevista en el art韈ulo 113 de dicha ley para superar aquellos.�

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Art韈ulo 3 Modificaci髇 de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas

Se modifica la disposici髇 adicional segunda de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que queda redactada en los siguientes t閞minos:

�1. Se establece la posibilidad de proceder a la tramitaci髇 anticipada de expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalizaci髇 del compromiso de gasto para cualquier tipo de expediente que se financie con los Fondos de los Planes Next Generation EU, cualquiera que sea el instrumento o negocio jur韉ico utilizado para tal fin. Para la tramitaci髇 anticipada de los expedientes de gasto ser� suficiente con que la financiaci髇 de los mismos se acredite mediante certificaci髇 del Servicio o Unidad a quien corresponda la gesti髇 econ髆ica del centro gestor instructor del expediente. A estos expedientes no les ser� de aplicaci髇 las disposiciones previstas en la disposici髇 adicional decimotercera de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

2. La autorizaci髇 de las transferencias que afecten a los cr閐itos financiados con los Fondos de los Planes Next Generation EU corresponder� al Consejero de Econom韆 y Hacienda, a excepci髇 de las que la Ley 2/2006, de 3 de mayo, atribuye a los consejeros o a los presidentes o m醲imos representantes de los organismos aut髇omos y entidades u 髍ganos que posean dotaci髇 diferenciada con presupuesto limitativo que la seguir醤 ejerciendo en los mismos t閞minos.

3. Las subvenciones que se concedan por parte de la Administraci髇 de la Comunidad que est閚 financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation EU, estar醤 exceptuadas de su inclusi髇 en los planes estrat間icos de subvenciones previstos en el art韈ulo 4 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y Le髇.

4. Para la tramitaci髇 de la aprobaci髇 de las bases reguladoras para la concesi髇 de subvenciones financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation EU solo ser� exigible el informe de los Servicios Jur韉icos correspondientes.

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Secci髇 2
Medidas en materia de sector p鷅lico

Art韈ulo 6 Modificaci髇 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creaci髇 de la empresa p鷅lica 玈ociedad P鷅lica de Medio Ambiente de Castilla y Le髇�

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 2 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creaci髇 de la empresa p鷅lica 玈ociedad P鷅lica de Medio Ambiente de Castilla y Le髇�, que queda redactado del siguiente modo:

�1. La empresa p鷅lica 玈ociedad P鷅lica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Le髇� tendr� como objeto social:

• a) La realizaci髇 de todo tipo de trabajos, explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, direcci髇 de obras, consultor韆s, asistencias t閏nicas y servicios relacionados con la promoci髇, protecci髇, conservaci髇, regeneraci髇 o mejora del medio ambiente, en los 醡bitos del medio natural, de la calidad ambiental, de los yacimientos minerales y recursos geol骻icos y de las infraestructuras hidr醬licas y ambientales, bien por encargo de la Administraci髇 General de la Comunidad de Castilla y Le髇, o bien por decisi髇 libre, en el propio ejercicio de la actividad correspondiente al objeto social de la empresa, en el marco de la pol韙ica ambiental de la Comunidad y con la finalidad de lograr la m醲ima eficiencia en la financiaci髇 de las inversiones p鷅licas.
• b) La realizaci髇 de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, consultor韆s, asistencias t閏nicas y servicios relacionados con las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.
• c) Proyectar, promocionar, construir, reformar, rehabilitar, conservar y explotar edificaciones, obras e infraestructuras de transporte y log韘tica, as� como la gesti髇 y explotaci髇 de los servicios relacionados con aqu閘las.
• d) Adquirir y gestionar suelo, redactar instrumentos de ordenaci髇 del territorio y de planeamiento y gesti髇 urban韘tica, as� como gestionar las correspondientes actuaciones hasta la enajenaci髇 de los solares resultantes.
• e) Realizar la actuaci髇 urbanizadora en suelo residencial, industrial, log韘tico y dotacional, y la posible gesti髇 y explotaci髇 de obras y servicios resultantes de dicha actuaci髇.
• f) Desarrollar, ejecutar y explotar las instalaciones e infraestructuras medioambientales, incluidas las relacionadas con el aprovechamiento y uso de las energ韆s renovables, asociadas a las 醨eas industriales.
• g) Fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar viviendas acogidas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica.
• h) La gesti髇 de los servicios p鷅licos en materia medioambiental que le puedan ser atribuidos por la Administraci髇 General de la Comunidad de Castilla y Le髇, cuando ello redunde en una mejor prestaci髇 de los mismos.
• i) La explotaci髇 propia o en arrendamiento de centrales de producci髇 de energ韆 t閞mica y/o el閏trica para la venta de energ韆, mediante sistemas de generaci髇 conjunta o utilizaci髇 de energ韆s renovables que supongan una mejora de la eficiencia en el uso de la energ韆 o en la utilizaci髇 de recursos aut骳tonos, as� como la promoci髇, explotaci髇 e inversi髇 en proyectos de desarrollo o prestaci髇 de servicios de energ韆s renovables y de eficiencia energ閠ica.
• j) La exploraci髇 e investigaci髇 de yacimientos minerales y recursos geol骻icos ubicados en la Comunidad de Castilla y Le髇 para su posterior aprovechamiento propio o por terceros.
• k) La realizaci髇 de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, direcci髇 de obras, consultor韆s, asistencias t閏nicas y servicios para la construcci髇, reforma o ampliaci髇 de infraestructuras sanitarias.
• l) La realizaci髇 de cualquier otra actividad complementaria, an醠oga o relacionada con los fines anteriores.�

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Art韈ulo 7 Modificaci髇 de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creaci髇 del Ente P鷅lico Agencia de Innovaci髇 y Financiaci髇 Empresarial de Castilla y Le髇

Se modifica la letra f) del art韈ulo 37 de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creaci髇 del Ente P鷅lico Agencia de Innovaci髇 y Financiaci髇 Empresarial de Castilla y Le髇, en los siguientes t閞minos:

• 玣) La gesti髇 y explotaci髇 de obras, servicios e inmuebles, que contribuyan, dentro de los intereses estrat間icos y regionales, al desarrollo econ髆ico y social de Castilla y Le髇, incluidas las actuaciones urban韘ticas que resulten precisas, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia pudieran tener otros organismos, entes, instituciones y empresas que formen parte del sector p鷅lico auton髆ico.�

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CAP蚑ULO II
Medidas en materia de comercio

Art韈ulo 8 Modificaci髇 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras

Se incorpora un nuevo art韈ulo 52.bis en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 52. Bis Programa de modernizaci髇 del comercio: Fondo Tecnol骻ico

"1. La Administraci髇 de la Comunidad, previo establecimiento de las correspondientes bases reguladoras, podr� conceder las subvenciones correspondientes al Programa de modernizaci髇 del comercio: Fondo Tecnol骻ico, en el marco del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

2. Las subvenciones se otorgar醤 previo convocatoria p鷅lica y se solicitar醤 en la plaza que en la misma se determine.

3. Las solicitudes se resolver醤 por orden de presentaci髇 desde que los expedientes ser醤 completos, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y en las convocatorias.�

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CAP蚑ULO III
Medidas en materia de vivienda y urbanismo

Art韈ulo 11 Modificaci髇 de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaci髇 y simplificaci髇 en materia de urbanismo

Se modifica la letra c) de la disposici髇 transitoria tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaci髇 y simplificaci髇 en materia de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:

• 玞) Para los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado, en el marco de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Le髇, en sectores con uso predominante residencial: diez a駉s.�

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CAP蚑ULO IV
Medidas en materia de sostenibilidad ambiental

Art韈ulo 13 Criterios para la autorizaci髇 de proyectos de energ韆s renovables

1. Las instalaciones de generaci髇 de energ韆s renovables que consistan en parques e髄icos y sus infraestructuras auxiliares no ser醤 autorizables en suelo r鷖tico en:

• a) Los terrenos incluidos en la Red de 羠eas Naturales Protegidas definida en el art韈ulo 49 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Le髇, salvo en los montes protectores y en los catalogados de utilidad p鷅lica.
• b) Los terrenos incluidos en 醨eas cr韙icas de las especies protegidas que cuenten con un plan de conservaci髇 o recuperaci髇.
• c) Los terrenos ubicados a menos de 500 metros de un bien de inter閟 cultural, midi閚dose tal distancia desde el l韒ite de protecci髇 del bien, o de su entorno cuando exista, hasta cualquier elemento de la instalaci髇 de generaci髇.
• d) Los terrenos ubicados a menos de 1.000 metros de los n鷆leos urbanos, midi閚dose tal distancia desde el l韒ite del suelo urbano, o en su defecto desde el per韒etro del n鷆leo urbano, hasta cualquier elemento de la instalaci髇 de generaci髇.

  Se respetar� la misma distancia respecto a centros educativos, centros sanitarios o de atenci髇 sociosanitaria y otras instalaciones de servicio p鷅lico ubicadas en suelo r鷖tico.

  Se except鷄n de esta limitaci髇 de distancia las instalaciones de generaci髇 de energ韆s relacionadas o vinculadas a pol韌onos industriales.

• e) Los terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformaci髇 de secano a regad韔, o bien mediante la modernizaci髇 de regad韔s, declaradas de inter閟 general o utilidad p鷅lica del estado o de la comunidad aut髇oma, o que hayan contado con inversiones p鷅licas.

Se except鷄n de esta limitaci髇 las instalaciones de generaci髇 de energ韆 renovable que est閚 vinculadas al regad韔.

2. Las instalaciones de generaci髇 de energ韆s renovables que consistan en plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares no ser醤 autorizables en suelo r鷖tico en:

• a) Los terrenos incluidos en la Red de 羠eas Naturales Protegidas definida en el art韈ulo 49 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Le髇, salvo en los montes catalogados de utilidad p鷅lica que sustenten aprovechamientos agr韈olas autorizados.
• b) Los terrenos incluidos en 醨eas cr韙icas de las especies protegidas que cuenten con un plan de conservaci髇 o recuperaci髇.
• c) Los montes arbolados, independientemente de su titularidad. A los solos y exclusivos efectos de aplicaci髇 de este Decreto-ley se consideran montes arbolados 玪as tierras que se extienden por m醩 de 0,5 hect醨eas dotadas de 醨boles de una altura superior a 5 metros y una cobertura de copa superior al 10 por ciento, o de 醨boles capaces de alcanzar esta altura in situ�.
• d) Los terrenos ubicados a menos de 500 metros de un bien de inter閟 cultural, midi閚dose tal distancia desde el l韒ite de protecci髇 del bien, o de su entorno cuando exista, hasta cualquier elemento de la instalaci髇 de generaci髇.
• e) Los terrenos ubicados a menos de 500 metros de los n鷆leos urbanos, midi閚dose tal distancia desde el l韒ite del suelo urbano, o en su defecto desde el per韒etro del n鷆leo urbano, hasta cualquier elemento de la instalaci髇 de generaci髇. Se respetar� la misma distancia respecto a centros educativos, centros sanitarios o de atenci髇 sociosanitaria y otras instalaciones de servicio p鷅lico ubicadas en suelo r鷖tico.

  Se except鷄n de esta limitaci髇 de distancia las instalaciones de generaci髇 de energ韆s relacionadas o vinculadas a pol韌onos industriales.

• f) Los terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformaci髇 de secano a regad韔, o bien mediante la modernizaci髇 de regad韔s, declaradas de inter閟 general o utilidad p鷅lica del estado o de la comunidad aut髇oma, o que hayan contado con inversiones p鷅licas.

Se except鷄n de esta limitaci髇 las instalaciones de generaci髇 de energ韆 renovable que est閚 vinculadas al regad韔.

3. Se except鷄n de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo:

• a) Las l韓eas de evacuaci髇 de energ韆 producida por parques e髄icos y plantas fotovoltaicas que atraviesen los terrenos mencionados, que con car醕ter general ser醤 soterradas, as� como las subestaciones intermedias de elevaci髇 de tensi髇, que no est閚 prohibidas en los instrumentos de planificaci髇 ambiental aplicables y hayan sido evaluadas ambientalmente de forma espec韋ica.
• b) Las instalaciones de generaci髇 de energ韆s renovables con una potencia instalada m醲ima de 2 MW y las incluidas en r間imen de autoconsumo con una potencia instalada m醲ima de 10 MW.
• c) Las instalaciones de generaci髇 de energ韆s renovables cuyo objetivo sea la hibridaci髇 con instalaciones de generaci髇 ya existentes.
• d) Las actuaciones para la repotenciaci髇 de parques e髄icos y fotovoltaicos existentes.

4. La informaci髇 cartogr醘ica b醩ica sobre los terrenos incluidos en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo ser� permanentemente actualizada por las Consejer韆s competentes y estar� a disposici髇 p鷅lica en la web de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y Le髇.

El solicitante de la instalaci髇 deber� aportar al 髍gano sustantivo la documentaci髇 e informaci髇 cartogr醘ica justificativas del cumplimiento de los criterios de ubicaci髇 establecidos en este art韈ulo.

5. Una vez recibida por el 髍gano sustantivo la solicitud de autorizaci髇 de instalaciones de generaci髇 de energ韆s renovables en suelo r鷖tico, junto con la justificaci髇 indicada en el apartado anterior, se solicitar� informe al Servicio Territorial con competencias en materia de sostenibilidad ambiental, otorg醤dole un plazo de 20 d韆s para poner de manifiesto si, de acuerdo con los criterios establecidos en este art韈ulo o en otra normativa aplicable, est� permitida la instalaci髇 del proyecto presentado, y por tanto 閟te se considera viable a dichos efectos.

6. Cuando el informe sea favorable, el 髍gano sustantivo impulsar� el correspondiente procedimiento de autorizaci髇 de la instalaci髇. Cuando el informe sea desfavorable, se declarar� la inadmisi髇 de la solicitud de autorizaci髇, y se tramitar� la devoluci髇 de la correspondiente garant韆 econ髆ica de acceso a red.

7. En los procedimientos competencia de la Administraci髇 General del Estado, se tendr醤 en cuenta estos criterios en los informes sectoriales que se emitan por los 髍ganos competentes de la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 y de las administraciones locales afectadas en cada caso, informando a la Administraci髇 General del Estado sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto promovido, a los efectos oportunos.

LE0000740534_20221029Art韈ulo 13 redactado por el n鷐ero 1 del art韈ulo 2 del Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificaci髇 del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el 醡bito del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 28 octubre).Vigencia: 29 octubre 2022

Art韈ulo 14 Informe de afecci髇 ambiental para proyectos de energ韆s renovables

1. Conforme al art韈ulo 6.6 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, ser� de aplicaci髇 directa en la Comunidad de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus competencias, el procedimiento regulado en dicho art韈ulo, siempre que se cumplan los criterios para la autorizaci髇 de proyectos de energ韆s renovables indicados en el art韈ulo anterior.

2. Este procedimiento ser� de aplicaci髇 鷑icamente a los proyectos a los que se refieren los apartados i) y j) del Grupo 3 del Anexo I y los apartados g) e i) del Grupo 4 del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci髇 ambiental, los cuales se someter醤 a un procedimiento de determinaci髇 de las afecciones ambientales siempre que cumplan, de forma conjunta, con los requisitos que se se馻lan a continuaci髇:

• a) Conexi髇: Proyectos que cuenten con l韓eas a閞eas de evacuaci髇 no incluidas en el grupo 3, apartado g) del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
• b) Tama駉:
  • – Proyectos e髄icos con potencia instalada igual o inferior a 50 MW.
  • – Proyectos de energ韆 solar fotovoltaica con potencia instalada igual o inferior a 50 MW.
• c) Ubicaci髇 (sin perjuicio de los exigidos por el art韈ulo 13): Proyectos que, no ubic醤dose en terrenos la Red Natura 2000, a la fecha de la presentaci髇 de la solicitud de autorizaci髇 est閚 ubicados 韓tegramente en zonas de sensibilidad baja seg鷑 la 玓onificaci髇 ambiental para la implantaci髇 de energ韆s renovables�, elaborada por el Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico.

Adem醩, en el caso de parques e髄icos y sus instalaciones auxiliares, no podr醤 estar ubicados en terrenos considerados de muy alta sensibilidad ambiental para las aves planeadoras rup韈olas (醙uila real, 醙uila perdicera, buitre leonado, alimoche y quebrantahuesos) y planeadoras forestales (醙uila imperial, milano real, buitre negro y cig黣馻 negra).

Y en el caso de plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares, no podr醤 estar ubicadas en los terrenos considerados de muy alta sensibilidad ambiental para las aves esteparias (avutarda, sis髇, ganga ib閞ica, ganga ortega, alondra ricot�, alcarav醤 y cern韈alo primilla).

Las zonas de muy alta sensibilidad para aves esteparias y planeadoras se identificar醤 y se har醤 p鷅licas por la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, a partir del mejor conocimiento disponible, y ser醤 revisadas peri骴icamente a la vista de la experiencia acumulada y de los estados de conservaci髇 de los valores objeto de protecci髇.

V閍se la disposici髇 transitoria 玃royectos en tramitaci髇粻del Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificaci髇 del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el 醡bito del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 28 octubre).LE0000740534_20221029

3. Este procedimiento se aplicar� a los proyectos respecto de los cuales los promotores presenten ante el 髍gano sustantivo la solicitud de autorizaci髇 administrativa prevista seg鷑 el art韈ulo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, antes del 31 de diciembre de 2024.

4. Los proyectos que cumplan estos requisitos no estar醤 sujetos a evaluaci髇 ambiental en los t閞minos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en la medida en que as� concluya el informe de afecci髇 ambiental regulado en el art韈ulo siguiente. No obstante, los t閞minos empleados en este art韈ulo se entender醤 de conformidad con las definiciones recogidas en el art韈ulo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

LE0000740534_20221029Art韈ulo 14 redactado por el爊鷐ero 2 del art韈ulo 2 del Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificaci髇 del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el 醡bito del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 28 octubre).Vigencia: 29 octubre 2022

Art韈ulo 15 Procedimiento simplificado de determinaci髇 de la afecci髇 ambiental para proyectos de energ韆s renovables

1. El procedimiento de determinaci髇 de afecciones ambientales se desarrollar� conforme a los siguientes tr醡ites:

• a) El promotor interesado en el referido procedimiento simplificado deber� presentar al 髍gano sustantivo para la autorizaci髇 la siguiente documentaci髇:
  • 1�. Solicitud de determinaci髇 de afecci髇 ambiental para proyectos de energ韆s renovables, que deber� cumplir los requisitos generales previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.
  • 2�. Proyecto consistente en el anteproyecto previsto en el art韈ulo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico.
  • 3�. Estudio de impacto ambiental con los contenidos previstos en los art韈ulos

    5.3.c) y 35 y en el anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

  • 4�. Resumen ejecutivo que cuantifique los impactos acreditados sobre los principales factores ambientales, que deber� abordar de modo sint閠ico las principales afecciones del proyecto sobre el medio ambiente teniendo en cuenta lo dispuesto en el art韈ulo 13, y en funci髇 de los siguientes criterios:
    • – Afecci髇 sobre la Red Natura 2000, espacios protegidos y sus zonas perif閞icas de protecci髇 y h醔itats de inter閟 comunitario.
    • – Afecci髇 a la biodiversidad, en particular a especies protegidas o amenazadas catalogadas.
    • – Afecci髇 por vertidos a cauces p鷅licos.
    • – Afecci髇 por generaci髇 de residuos.
    • – Afecci髇 por utilizaci髇 de recursos naturales.
    • – Afecci髇 al patrimonio cultural.
    • – Incidencia socioecon髆ica sobre el territorio.
    • – Afecciones sin閞gicas con otros proyectos pr髕imos, que evacuen en el mismo nudo, y al menos los situados a menos de 10 km cuando se trate de parques e髄icos, a menos de 5 km cuando se trate de plantas fotovoltaicas y a menos de 2 km cuando se trate de tendidos el閏tricos.
• b) Si la documentaci髇 est� completa, el 髍gano sustantivo la remitir� al 髍gano ambiental en un plazo de 10 d韆s. Si no est� completa, previo tr醡ite de subsanaci髇 conforme al art韈ulo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 髍gano sustantivo tendr� al promotor por desistido.
• c) El 髍gano ambiental analizar� si el proyecto producir� previsiblemente efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y elaborar� una propuesta de informe de determinaci髇 de afecci髇 ambiental, que remitir� al 髍gano competente en materia de patrimonio natural, el cual dispondr� de un plazo de diez d韆s para formular observaciones.

  Transcurrido dicho plazo, la falta de respuesta se considerar� como aceptaci髇 del contenido de la propuesta de informe a efectos de proseguir las actuaciones.

• d) En todo caso el 髍gano ambiental formular� el informe de determinaci髇 de afecci髇 ambiental en el plazo m醲imo de dos meses desde la recepci髇 de la documentaci髇. En dicho informe se determinar� si el proyecto puede continuar con la tramitaci髇 del procedimiento de autorizaci髇 por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluaci髇 ambiental o si, por el contrario, debe someterse a tal procedimiento conforme a lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

  El informe podr� determinar tambi閚 la obligaci髇 de someter la autorizaci髇 del proyecto a las condiciones oportunas para mitigar o compensar sus posibles afecciones ambientales, as� como a condiciones relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto. El proyecto no podr� ser objeto de autorizaci髇 de construcci髇 o explotaci髇 si no se respetan dichas condiciones.

• e) El informe de determinaci髇 de afecci髇 ambiental ser� publicado en la sede electr髇ica del 髍gano ambiental y ser� objeto de anuncio por parte de dicho 髍gano en el Bolet韓 Oficial de Castilla y Le髇. As� mismo ser� notificado al promotor y al 髍gano sustantivo en un plazo m醲imo de diez d韆s.

2. El informe de determinaci髇 de afecci髇 ambiental perder� su vigencia y cesar� en sus efectos si el proyecto no se autoriza en el plazo de dos a駉s desde su notificaci髇 al promotor.

No obstante, cuando se trate de proyectos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 del art韈ulo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energ韆 y en otros 醡bitos para la reactivaci髇 econ髆ica, si el informe determina que el proyecto puede continuar con la tramitaci髇 del procedimiento de autorizaci髇 por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, tendr� el plazo de vigencia y surtir� los efectos de cumplimiento de los hitos administrativos a los que se refieren sus apartados 1.a) 2� y 1.b) 2�.

3. El informe de determinaci髇 de afecci髇 ambiental no ser� objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en v韆 administrativa y judicial frente al acto de autorizaci髇 del proyecto.

LE0000740534_20221029Art韈ulo 15 redactado por el爊鷐ero 3 del art韈ulo 2 del Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificaci髇 del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci髇 de la gesti髇 de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ髆ica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el 醡bito del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 28 octubre).Vigencia: 29 octubre 2022

CAP蚑ULO V
Medidas en materia de patrimonio natural y pol韙ica forestal

Art韈ulo 18 Modificaci髇 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y Le髇

Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 62 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y Le髇, que tendr� la siguiente redacci髇:

�4. Ser醤 consideradas como 玞ompatibles� las actividades que, sin corresponder a la categor韆 de favorables, no son susceptibles, por su propia naturaleza o por las condiciones en que se desarrollen, de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo compatibles con los objetivos de conservaci髇. Tendr醤 esta consideraci髇, con car醕ter general:

• a) Las actividades que tradicionalmente se han venido realizando en la Red Natura 2000 sin que se hayan detectado efectos negativos apreciables sobre sus valores protegidos.
• b) Las actividades que sean espec韋icamente identificadas como 玞ompatibles�, previo su an醠isis, en:
  • 1�. Los instrumentos de planificaci髇.
  • 2�. La relaci髇 de tipos o conjuntos de actuaciones que se determine reglamentariamente.�

LE0000549592_20220625

Art韈ulo 19 Modificaci髇 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y de gesti髇 sostenible de los recursos cineg閠icos de Castilla y Le髇

Se a馻de un 鷏timo p醨rafo al apartado 4 del Anexo II de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y de gesti髇 sostenible de los recursos cineg閠icos de Castilla y Le髇, que tendr� la siguiente redacci髇:

獿o previsto en el segundo p醨rafo del apartado 1 no se aplicar� en los supuestos de las letras a) a e) y g) de este apartado�.

LE0000702590_20220625

CAP蚑ULO VI
Medidas en materia de servicios sociales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICI覰 DEROGATORIA

Quedan derogados:

• – La Ley 6/2005 de 26 de mayo, de declaraci髇 de proyecto regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el t閞mino municipal de Gomecello, y la Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaraci髇 de Proyecto Regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el t閞mino municipal de Fresno de la Ribera (Zamora). No obstante, hasta que concurra lo previsto en la disposici髇 transitoria segunda, ambas normas se mantendr醤 en vigor.
• – El art韈ulo 57 bis de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y Le髇.
• – Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este decreto ley.

LE0000357287_20220625LE0000214431_20050528L 6/2005 de 26 May. CA Castilla y Le髇 (declaraci髇 de proyecto regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el t閞mino municipal de Gomecello, Salamanca)LE0000335452_20080625L 2/2008 de 17 Jun. CA Castilla y Le髇 (declaraci髇 de proyecto regional para la instalaci髇 de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el t閞mino municipal de Fresno de la Ribera, Zamora)

DISPOSICIONES FINALES