Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto ley 6/2025, de 5 de septiembre, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Islas Baleares

• Expandir / Contraer índice sistemático
• PREÁMBULO
• TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
  • Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
  • Artículo 2 Finalidades
• TÍTULO I. PROYECTOS DE ESPECIAL INTERÉS ESTRATÉGICO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
  • Artículo 3 Concepto de proyecto de especial interés estratégico para la comunidad autónoma de las Illes Balears
  • Artículo 4 Planificación estratégica
• TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBERNANZA
  • CAPÍTULO I. Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos de las Illes Balears
    • Artículo 5 Creación
    • Artículo 6 Finalidad
    • Artículo 7 Composición
    • Artículo 8 Funciones
    • Artículo 9 Funcionamiento
  • CAPÍTULO II. Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos
    • Artículo 10 Concepto y funciones
    • Artículo 11 Estructura
  • CAPÍTULO III. Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas
    • Artículo 12 Finalidades y naturaleza
    • Artículo 13 Funciones
    • Artículo 14 Estructura y personal
• TÍTULO III. MEDIDAS PARA AGILIZAR LAS INVERSIONES DE PROMOTORES PRIVADOS
  • CAPÍTULO I. Proyectos susceptibles de ser declarados de especial interés estratégico
    • Artículo 15 Ámbito material, requisitos y limitaciones
    • Artículo 16 Vías de acceso
  • CAPÍTULO II. Tramitación para obtener la declaración como PEIE
    • Artículo 17 Solicitud
    • Artículo 18 Actuaciones de la UAPE y la CAPE
    • Artículo 19 Declaración como PEIE
    • Artículo 20 Modificación
    • Artículo 21 Revocación
  • CAPÍTULO III. Efectos de la declaración como PEIE
    • Artículo 22 Efectos de la declaración
• TÍTULO IV. MEDIDAS PARA AGILIZAR LAS INVERSIONES DE PROMOTORES PÚBLICOS
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 23 Ámbito objetivo
    • Artículo 24 Ámbito subjetivo
  • CAPÍTULO II. Régimen jurídico de las infraestructuras y los equipamientos públicos
    • Artículo 25 Régimen jurídico general de las infraestructuras y los equipamientos públicos
    • Artículo 26 Redacción y aprobación de proyectos de obras para ejecutar en terrenos de titularidad de otra administración o ente del sector público
    • Artículo 27 Régimen especial de los equipamientos e infraestructuras públicos
    • Artículo 28 Tramitación de proyectos promovidos por la administración autonómica o insular
    • Artículo 29 Tramitación de proyectos promovidos por ayuntamientos
    • Artículo 30 Revocación de la declaración de PEIE
    • Artículo 31 Finalización de las obras y ocupación o primera utilización
  • CAPÍTULO III. Especificidades de los equipamientos educativos
    • Artículo 32 Mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos
  • CAPÍTULO IV. Especificidades en el caso de obras de mejora o ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos existentes afectados por la normativa de patrimonio histórico y de carreteras
    • Artículo 33 Autorización de obras de mejora o ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social afectados por la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears
    • Artículo 34 Mejora o ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social existentes afectadas por una zona de reserva viaria de carreteras
  • CAPÍTULO V. Otras autorizaciones en los PEIE autonómicos
    • Artículo 35 Otras autorizaciones
• Disposiciones Adicionales
  • Disposición adicional primera Reducción de plazos administrativos en otras administraciones públicas de las Islas Baleares
  • Disposición adicional segunda Guía para facilitar las inversiones en la comunidad autónoma de las Illes Balears
  • Disposición adicional tercera Simplificación administrativa a través del sistema de declaración responsable y comunicación previa
  • Disposición adicional cuarta Otras infraestructuras o equipamientos universitarios o de investigación
• Disposiciones Transitorias
  • Disposición transitoria primera Régimen transitorio en materia de proyectos estratégicos o de interés autonómico
  • Disposición transitoria segunda Órganos de gobernanza
  • Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de los efectos del reconocimiento de utilidad pública y de la declaración de interés energético autonómico
  • Disposición transitoria cuarta Régimen transitorio para la gestión del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Normas que se derogan
• Disposiciones Finales
  • Disposición final primera Modificaciones de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética
  • Disposición final segunda Modificaciones de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears
  • Disposición final tercera Modificaciones de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes de las Illes Balears
  • Disposición final cuarta Modificaciones de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears
  • Disposición final quinta Modificaciones de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears
  • Disposición final sexta Modificación de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears
  • Disposición final séptima Modificación de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos a financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
  • Disposición final octava Modificaciones de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears
  • Disposición final novena Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Este Decreto ley tiene por objeto establecer medidas de carácter urgente para transformar el modelo económico de las Islas Baleares a través de un marco único para los proyectos de promotores privados que sean declarados de especial interés estratégico para la comunidad autónoma de las Illes Balears que implique una tramitación preferente, una agilización, una simplificación administrativa y un acompañamiento a los promotores para favorecer la ejecución de los proyectos.

También forma parte del objeto de este Decreto ley establecer el régimen jurídico para construir, reformar, mejorar o ampliar infraestructuras o equipamientos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de los consejos insulares o del sector público autonómico o insular, sin perjuicio de extender este régimen a algunas infraestructuras o equipamientos públicos municipales, en los términos que dispone el título IV de este Decreto ley, dada la necesidad extraordinaria y urgente de regular la tramitación preferente, la agilización y la simplificación administrativas de estos proyectos públicos en un marco único común y transparente para la ciudadanía, mediante, si procede, la correspondiente declaración de proyecto de especial interés estratégico autonómico o insular.

2. Este Decreto ley no es de aplicación a los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de las normas que se mencionan en el artículo 15.4.b).

Artículo 2 Finalidades

Las finalidades de este Decreto ley son esencialmente las siguientes:

• a) Regular las inversiones, privadas o públicas, que pueden ser declaradas proyectos de especial interés estratégico (PEIE) para la comunidad autónoma de las Illes Balears.
• b) Establecer un marco de tramitación preferente, de simplificación administrativa y de acompañamiento a los promotores de los proyectos privados declarados de especial interés estratégico, para fomentar al máximo las iniciativas empresariales y, de esta manera, favorecer el mantenimiento y la creación de empleo, atraer inversiones a la comunidad autónoma de las Illes Balears y eliminar trabas a los operadores económicos en sus relaciones con las administraciones de las Islas Baleares.
• c) Crear y regular los órganos de gobernanza siguientes:
  • 1º. La Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos (CAPE) como órgano colegiado adscrito a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.
  • 2º. La Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), adscrita a la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas.

  Además, se regulan las funciones de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas y se prevé la posibilidad de crear otros órganos de gobernanza en materia de planificación estratégica.

• d) Simplificar y unificar la normativa en materia de inversiones y declaraciones de especial interés, mediante un marco normativo claro y seguro para evitar la dispersión normativa y garantizar la seguridad jurídica.

Artículo 3 Concepto de proyecto de especial interés estratégico para la comunidad autónoma de las Illes Balears

1. Son proyectos de especial interés estratégico (PEIE) para la comunidad autónoma de las Illes Balears las inversiones, privadas o públicas, que sean declaradas de especial interés estratégico por el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo establecido en los títulos III y IV de este Decreto ley, respectivamente.

Los plenos de los consejos insulares pueden declarar proyectos de especial interés estratégico insular, en los términos que establece el título IV de este Decreto ley.

2. A los efectos de este Decreto ley, se considera inversión el gasto en alguno de los ámbitos siguientes:

• a) Activos tangibles: materias primas, maquinaria, infraestructuras, tecnología, equipamientos y edificios.
• b) Capital humano: el relativo a la formación, la salud y las habilidades para potenciar las capacidades de las personas.
• c) Capital medioambiental: el que incide en la protección y la mejora del medio ambiente, incluidos los recursos hídricos.
• d) Capital de innovación: el que incide en la creación y el desarrollo de tecnologías avanzadas que ayuden a diversificar la economía y fortalecer la competitividad.
• e) Capital social: el que promueve el bienestar, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Artículo 4 Planificación estratégica

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión, debe aprobar, mediante un acuerdo, un instrumento de planificación estratégica de inversiones para responder a los retos de las Islas Baleares.

2. Dada la realidad pluriinsular del archipiélago, la propuesta de aprobación y modificación de este instrumento de planificación estratégica de inversiones debe someterse a la consideración previa de los consejos insulares y de los ayuntamientos, estos últimos a través de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears, con el objetivo de que la planificación de las inversiones tenga en cuenta las variables propias de cada territorio insular, para lo cual el consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe convocar las reuniones, hacer las comunicaciones o impulsar la creación de los órganos de gobernanza que, en su caso, sustituyan a los órganos a los que se refiere la disposición transitoria segunda de este Decreto ley.

Igualmente, se debe favorecer la consulta y la participación de las entidades económicas, empresariales, sindicales y sociales en la elaboración del instrumento de planificación estratégica de inversiones.

3. Las inversiones alineadas con el instrumento de planificación estratégica que se apruebe de acuerdo con este artículo, u otros de ámbito autonómico de carácter sectorial, pueden ser declaradas proyectos de especial interés estratégico en virtud de lo establecido en los títulos III o IV de este Decreto Ley.

4. Este artículo no es de aplicación a las declaraciones de proyecto de especial interés estratégico insular reguladas en el título IV de este Decreto ley.

Artículo 5 Creación

Se crea la Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos de las Illes Balears (CAPE) como órgano colegiado de evaluación, de carácter interdepartamental, adscrito a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.

Artículo 6 Finalidad

La CAPE tiene como finalidad evaluar las solicitudes de declaración de PEIE de promotores privados de acuerdo con el título III de este Decreto ley y hacer su seguimiento una vez declarados.

Artículo 7 Composición

1. La CAPE tiene la composición siguiente:

• a) Presidente: el consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.
• b) Vicepresidente: el director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión, que sustituye al presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
• c) Vocales permanentes:
  • - El director general competente en materia de coordinación.
  • - El director general competente en materia de empresa.
  • - El director general competente en materia de industria.
  • - El director general competente en materia de energía.
  • - El director general competente en materia de armonización urbanística.
  • - El director general competente en materia de evaluación ambiental.
  • - El director general competente en materia de innovación.
• d) Vocales no permanentes: en función de la materia o las competencias que afecte a la inversión de que se trate, y con el objetivo de que todos los ámbitos de actuación estén representados en este órgano colegiado, pueden formar parte, como vocales no permanentes y habiendo sido convocados previamente, los directores generales o los órganos directivos de los entes del sector público autonómico competentes en la materia de que trate la inversión, si no son vocales permanentes.

2. Debe ejercer la secretaría de la CAPE, con voz y sin voto, un funcionario adscrito a la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión del grupo A1 que designe el presidente.

3. Pueden asistir a las sesiones de la CAPE, sin tener la condición de miembros, con voz pero sin voto, y habiendo sido convocados previamente por el presidente:

• a) Un representante de los ayuntamientos de los municipios donde se tenga que llevar a cabo la inversión.
• b) Un representante del consejo insular correspondiente, según la isla donde se tenga que llevar a cabo la inversión.
• c) Un representante por cada órgano de la Administración General del Estado o del sector público estatal, cuya participación sea de interés por razón de sus competencias.

En este caso, la convocatoria debe remitirse, respectivamente, al alcalde, al presidente del consejo insular o al delegado del Gobierno en las Islas Baleares para que designen al representante que considere más adecuado atendiendo a los proyectos que constan en el orden del día.

4. También puede asistir a las sesiones de la CAPE, sin tener la condición de miembro, con voz pero sin voto, y habiendo sido convocada previamente por el presidente, la persona que ejerza las funciones de coordinación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, de acuerdo con el artículo 11.2 de este Decreto ley.

5. Los vocales y los asistentes en representación de una administración o ente del sector público pueden ir acompañados de otros miembros de las entidades respectivas que desarrollen funciones de asesoramiento, con voz pero sin voto.

Además, cuando sea necesario o conveniente para ejercer las funciones encomendadas, pueden asistir a las sesiones de la CAPE, con voz pero sin voto, personas expertas, a propuesta de cualquiera de los miembros permanentes, con el visto bueno del presidente de la CAPE.

6. La designación de los miembros de la CAPE tendrá lugar y se mantendrá mientras desarrollen estos cargos en la consejería o entidad que representan.

7. El hecho de formar parte de la CAPE, ni la asistencia a las reuniones, no da lugar a remuneración o indemnización alguna.

Artículo 8 Funciones

La CAPE tiene las funciones siguientes:

• a) Analizar el informe y la documentación que remita la UAPE para hacer las declaraciones de PEIE según el artículo 18.4 de este Decreto ley y adoptar el acuerdo correspondiente. Este acuerdo puede ser:
  • - Favorable a la declaración de PEIE, con lo que la tramitación debe continuar según lo establecido en el apartado 6 del artículo 18 de este Decreto ley.
  • - Desfavorable a la declaración de PEIE, si entiende que no cumple los requisitos o las características establecidos en los artículos 15 y 16, con lo que debe actuarse según lo establecido en el apartado 7 del artículo 18 de este Decreto ley.
• b) Hacer el seguimiento del estado de la tramitación de las inversiones declaradas PEIE para la comunidad autónoma de las Illes Balears.
• c) Impulsar y coordinar la actuación de los diferentes órganos o entes del sector público implicados en la tramitación de los proyectos, sin perjuicio de la competencia de cada administración o ente actuante.
• d) Identificar posibles barreras administrativas en la tramitación de las inversiones declaradas PEIE y elaborar propuestas que permitan optimizar y mejorar los procedimientos, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las administraciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de la Administración General del Estado.
• e) Llevar a cabo todas las demás actuaciones que le sean encomendadas para cumplir mejor los fines que le corresponden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Artículo 9 Funcionamiento

1. El funcionamiento de la CAPE se rige por lo establecido en este Decreto ley y por lo dispuesto en los artículos 15 a18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el capítulo V del título II de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. Los acuerdos de la CAPE deben adoptarse por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes, sin perjuicio de que pueda establecerse otra mayoría por acuerdo unánime de los miembros permanentes.

3. La CAPE debe reunirse con carácter ordinario mensualmente, siempre que haya solicitudes pendientes de declaración de PEIE o si se debe hacer el seguimiento de proyectos.

También se puede reunir extraordinariamente, a petición motivada de cualquier miembro permanente.

4. Previamente a la reunión correspondiente, los miembros de la CAPE deben firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses en relación con los proyectos que deban tratarse.

En el caso de que un miembro no pueda firmar dicha declaración, se designará un sustituto que no incurra en conflicto de intereses.

Artículo 10 Concepto y funciones

1. La Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) es una unidad de apoyo técnico integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que debe trasladar a la CAPE las solicitudes susceptibles de ser declaradas de especial interés estratégico para la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Corresponde a la UAPE:

• a) Captar las inversiones que sean susceptibles de ser declaradas como projectos de especial interés estratégico.
• b) Analizar las solicitudes de los proyectos susceptibles de ser declarados de especial interés estratégico.

  Si el proyecto que se presenta no tiene el grado de concreción o maduración suficiente para ser declarado de especial interés estratégico, debe comunicarlo al promotor, el cual puede obtener el asesoramiento de otros servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma, en su caso, en el marco de las competencias que les son propias.

  El plazo de dos meses previsto en el artículo 18.9 de este Decreto ley empieza a contar desde el momento en que el proyecto tenga carácter concreto y maduro, de lo cual debe dejar constancia el responsable de la UAPE.

• c) Impulsar y coordinar los proyectos declarados de especial interés estratégico para agilizar su tramitación.

  Estas funciones pueden incluir el acompañamiento en la tramitación de los proyectos en los términos establecidos en el artículo 22.1.a).

• d) Comunicar a la CAPE los acuerdos que el Consejo de Gobierno adopte en relación con sus propuestas.
• e) Informar a la CAPE del estado de desarrollo de los proyectos declarados de especial interés estratégico, en particular de las cuestiones que puedan implicar la modificación o la revocación de la declaración, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de este Decreto ley.

Artículo 11 Estructura

1. La UAPE, cuya estructura debe ajustarse a la prevista en la Relación de puestos de trabajo, debe disponer de directores de proyectos, que deben tener el perfil, la flexibilidad y la disponibilidad que requieren las tareas que corresponden a la Unidad.

2. El director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe designar a una persona para coordinar la UAPE y distribuir las tareas entre los directores de proyectos.

3. Los directores de proyectos deben firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses respecto de las inversiones en las que intervengan.

Si concurre alguno de los motivos de abstención recogidos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la persona afectada debe comunicarlo al director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión a fin de que asigne el expediente a otro director de proyecto que no incurra en causa de abstención.

4. En caso de que el desarrollo de las tareas de director de proyecto tenga lugar a través de una contratación laboral de personal directivo profesional:

• a) Debe formalizarse mediante una relación laboral especial de alta dirección.
• b) Si se trata de personal funcionario de cualquier administración pública de las Islas Baleares, debe ser declarado en la situación de servicios especiales de acuerdo con el artículo 99.1.l) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

  Si se trata de personal laboral al servicio del sector público autonómico o de otra administración de las Islas Baleares, esta persona debe quedar, respecto del lugar de origen, en la situación de excedencia forzosa.

• c) La selección debe hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, así como con los criterios de idoneidad que se establecerán en la convocatoria, y debe llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
• d) La vigencia del contrato de alta dirección puede ser indefinida, sin perjuicio de la potestad de desistimiento unilateral por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la normativa que regula estos contratos.
• e) La retribución debe configurarse de manera que la remuneración se distribuya en una parte fija y una parte variable vinculada a la consecución de los objetivos que se le asignen.
• f) El contrato de alta dirección debe concretar la indemnización para la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en caso de desistimiento unilateral del contrato por parte del trabajador cuando éste haya recibido una formación relacionada con el puesto de trabajo financiada por la Administración.

La indemnización se establecerá en un porcentaje del coste de la formación, en función del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, mediante la reducción de un 25 % del coste de la formación por cada año.

Se exceptúan de la obligación de resarcimiento regulada en esta letra f) los casos de desistimiento unilateral por parte del trabajador por causas justificadas sobrevenidas de incapacidad temporal o permanente, o de fuerza mayor, las cuales deben ser valoradas en cada caso por el director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.

Artículo 12 Finalidades y naturaleza

1. La Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas se configura como un órgano que tiene como objetivo principal impulsar y coordinar los proyectos de transformación socioeconómica promovidos por el Gobierno de las Illes Balears y el resto de las instituciones y agentes sociales de las Illes Balears, así como las inversiones impulsadas por el sector privado.

Impulsa la Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos y tiene adscrita la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos.

2. La Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas puede tener rango de órgano directivo asimilado a una dirección general o estar integrada dentro de una dirección general, de acuerdo con lo que establezca el decreto por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 13 Funciones

Son funciones de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas las siguientes:

• a) Coordinar la elaboración, el impulso de la ejecución y el seguimiento del instrumento de planificación estratégica de inversiones previsto en el artículo 4.
• b) Implementar sistemas de información que faciliten el seguimiento de las actuaciones inversoras.
• c) Impulsar y elaborar evaluaciones ex ante y ex post y establecer indicadores para las actuaciones inversoras que se planteen.
• d) Coordinar los fondos europeos que le encomiende el consejero competente en esta materia, incluidos los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y al sector público autonómico.
• e) Junto con la dirección general competente en materia de presupuestos y financiación, coordinar las fuentes de financiación destinadas a la inversión, especialmente las de carácter finalista, con el fin de favorecer la máxima eficiencia en la asignación y la ejecución.
• f) Impulsar y coordinar los órganos colegiados de gobernanza previstos en este Decreto ley, y los que se constituyan en el ámbito de la planificación estratégica de inversiones, así como de la aceleración de los PEIE.
• g) Dar apoyo a las inversiones declaradas PEIE, fundamentalmente a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos.
• h) Coordinar estrategias para presentar proyectos en red conjuntamente con otras comunidades autónomas o instituciones.
• i) Cualquier otra que le pueda encomendar el consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión vinculada a la atracción y ejecución de inversiones estratégicas en las Islas Baleares.

Artículo 14 Estructura y personal

Al frente de las unidades en las que se estructure la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas de acuerdo con la Relación de puestos de trabajo, puede haber personal funcionario en puestos de naturaleza directiva o personal directivo profesional de acuerdo con lo indicado en el artículo 11.

Artículo 15 Ámbito material, requisitos y limitaciones

1. Pueden ser declaradas PEIE las inversiones de promotores privados que se desarrollen principalmente en las Islas Baleares, con especial relevancia y contribución a la competitividad, a la transformación del modelo económico, al desarrollo sostenible o al bienestar social, y que se puedan enmarcar en alguna de las categorías siguientes:

• a) Las propuestas de inversión para implantar, ampliar, modificar o reindustrializar una o varias actividades industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa y sostenible o la consolidación del tejido industrial balear, o la adopción de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad de una empresa o un sector industrial expuesto a riesgos para asegurar su continuidad.
• b) Las vinculadas a actividades económicas que aporten valor añadido, especialmente en sectores productivos con alto potencial innovador o vinculadas al desarrollo tecnológico; que contribuyan a la renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales de la actividad económica; que mejoren la competitividad de las empresas en las Islas Baleares; que puedan sustituir sectores en declive o en reconversión; o que incidan de forma significativa en la mejora de la cohesión y la vertebración territorial o en el desarrollo socioeconómico para paliar los efectos de la insularidad y la doble insularidad.
• c) Las que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento, la investigación, el sistema universitario de las Islas Baleares y el potencial de innovación y de calificación del capital humano.
• d) Las que supongan la construcción, la ampliación o la mejora de infraestructuras o equipamientos de movilidad, de carácter educativo, cultural, deportivo, de la salud, de atención a la dependencia o de carácter social o asistencial.
• e) Las que potencien iniciativas de economía circular o de ecoinnovación o que contribuyan al desarrollo sostenible de las Islas Baleares, así como a la neutralidad climática, a una mayor sostenibilidad ambiental y a la mejora de la gestión del ciclo del agua y, en particular, la resiliencia hídrica.
• f) Las relativas a usos agrarios, según la normativa sectorial autonómica.
• g) Cualquier otra que suponga un desarrollo de actividades económicas coherentes o alineadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Gobierno de las Illes Balears en el instrumento de planificación estratégica de inversiones regulado en el artículo 4 de este Decreto ley o en otros de ámbito autonómico de carácter sectorial.

2. Las inversiones que soliciten la declaración como PEIE deben:

• a) Cumplir la normativa sectorial del ámbito material del cual trate la inversión y, en particular, no estar sometidas a un régimen específico de protección que establezca prohibiciones o limitaciones que determinen la improcedencia de la declaración como PEIE.

  En lo no previsto en este Decreto ley, debe aplicarse, si procede, la normativa urbanística y de actividades.

• b) Ser coherentes con las prioridades del Gobierno de las Illes Balears y los objetivos que establezcan los instrumentos de planificación.

3. Los promotores deben ser personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad jurídica, privadas.

En el caso de las inversiones en materia de agricultura o ganadería, pueden ser promotores los agricultores profesionales y las sociedades agrarias de transformación titulares de explotaciones agrarias y las cooperativas agrarias, tanto de primer como de segundo grado.

Se pueden utilizar fórmulas de colaboración público-privada.

4. La eventual declaración de PEIE debe tener en cuenta las siguientes limitaciones:

• a) Los PEIE vinculados a actividades industriales sólo pueden situarse en suelo clasificado como urbano o urbanizable y siempre que la actividad del proyecto se incluya dentro de los usos permitidos o, en caso contrario, que se justifique su emplazamiento.

  En este último caso se podrá exonerar al proyecto del cumplimiento de los parámetros urbanísticos estrictamente necesarios para poder llevar a cabo la actividad industrial pretendida.

  En ningún caso se podrán situar en zonas de uso residencial, turístico o mixto, o de equipamientos.

  Quedan exceptuadas de lo previsto en el primer párrafo de esta letra las industrias de transformación agraria cuando tengan la consideración de actividad complementaria de la agricultura, que podrán ubicarse en suelo rústico, y aquellas otras actividades que, de acuerdo con la normativa sectorial, puedan ubicarse.

• b) Las disposiciones de este Decreto ley no son de aplicación a los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de las siguientes normas:
  • 1º. Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y por el que se modifican los reglamentos (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 y (UE) 2019/1020.
  • 2º. Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724.
  • 3º. Ley 4/2025, de 18 de julio de 2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Islas Baleares.
• c) En cuanto al promotor, no puede incurrir en ninguna prohibición de contratar de acuerdo con la normativa de contratos del sector público, ni en ninguna prohibición para ser beneficiario de subvenciones.

Artículo 16 Vías de acceso

1. Pueden solicitar y obtener la declaración de PEIE de acuerdo con lo establecido en este título las inversiones que cumplan los requisitos que regula el artículo 15 y tengan, además, al menos alguna de las siguientes características:

• a) Tener una inversión mínima, que debe cumplir una de las condiciones siguientes:
  • 1ª. Quinientos mil euros en el caso de los proyectos relativos a usos agrarios previstos en la letra f) del artículo 15.1.
  • 2ª. Tres millones de euros en el caso de los sectores de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua.
  • 3ª. Diez millones de euros en el caso de cualquier otro sector.
• b) Crear empleo o mantenerlo, cumpliendo alguna de las condiciones siguientes:
  • 1ª. Creación de al menos veinte puestos de trabajo en cómputo anual y equivalentes en jornada completa, en fase de explotación, con empleo de calidad y de carácter estable.
  • 2ª: Creación de al menos diez puestos de trabajo en cómputo anual y equivalentes en jornada completa, en fase de explotación, en sectores y zonas de difícil cobertura, con empleo de calidad y de carácter estable.
  • 3ª. Creación de al menos cinco puestos de trabajo en cómputo anual y equivalentes en jornada completa, en fase de explotación, con empleo de calidad y de carácter estable, en el caso de los proyectos relativos a usos agrarios previstos en la letra f) del artículo 15.1.
  • 4ª. Mantenimiento de al menos veinticinco puestos de trabajo, que estarían en riesgo de perderse en el supuesto de que no se hiciera la inversión.

2. Excepcionalmente, también se pueden declarar PEIE las propuestas de inversión que, sin cumplir los requisitos mencionados en el apartado 1, sean propuestas por algún promotor privado y tengan el apoyo de la consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears competente por razón de la materia, la cual debe estudiar el proyecto y, si lo considera oportuno e idóneo de acuerdo con el artículo 15.2.b) de este Decreto ley, debe justificar los motivos que aconsejan la declaración de PEIE, siempre que, en su opinión, tenga un impacto social significativo, incida en la mejora del modelo productivo o contribuya al reequilibrio y a la diversificación de la economía.

Artículo 17 Solicitud

1. Los promotores interesados en obtener la declaración como PEIE deben presentar a la UAPE una solicitud siguiendo el modelo que publique la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión en su página web, que como mínimo debe tener el siguiente contenido:

• 1º. Declaración responsable, en la que deben constar:
  • a) Los datos identificativos de las entidades o personas físicas promotoras del proyecto (por ejemplo, denominación, NIF, dirección y otros datos de contacto).
  • b) La titularidad o disponibilidad de los terrenos donde debe llevarse a cabo el proyecto.
  • c) La estimación de la generación y el mantenimiento de empleo, con indicación de sus características, y, en su caso, la estimación del empleo indirecto que generará la puesta en marcha del proyecto.
  • d) La compatibilidad del proyecto con la legislación en materia de protección del patrimonio histórico de las Islas Baleares, en materia de igualdad y en materia de accesibilidad y de derechos de las personas con discapacidad.
  • e) El compromiso de mantener las características de inversión económica y de empleo planteadas en la solicitud y que serán tenidas en cuenta, si procede, para la declaración como PEIE.
  • f) El cumplimiento de los requerimientos de la normativa urbanística y de ordenación territorial, con referencia expresa a:
    • f.1) En el caso de que el proyecto esté situado en suelo rústico, compromiso de solicitar la correspondiente declaración de interés general u otros requerimientos que establezca la normativa urbanística.
    • f.2) Cumplimiento de las limitaciones establecidas en el Decreto ley 6/2024, de 13 de diciembre, de medidas urgentes para la protección de las personas y los bienes en las zonas inundables de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
• 2º. Documentación relativa al promotor:
  • a) En el caso de que el promotor no autorice o se oponga a la consulta, certificados acreditativos, expedidos por las autoridades administrativas competentes, de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
  • b) En el caso de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, copia simple de los contratos o las escrituras de constitución de la entidad o las entidades promotoras y poderes del representante o, en su caso, inscripción correspondiente en el Registro electrónico de apoderamientos.
  • c) Otras informaciones relevantes que el promotor del proyecto considere oportuno aportar (trayectoria empresarial, experiencia en el ámbito sectorial, medidas de responsabilidad social corporativa, de protección de derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, de conciliación de la vida familiar y laboral del personal de la entidad promotora y de sostenibilidad medioambiental adicionales, entre otras).
• 3º. Documentación técnica del proyecto estratégico:
  • a) Memoria en la que se especifiquen, al menos, los siguientes aspectos:
    • a.1) Características generales del proyecto, que reflejen explícitamente los aspectos por los que se considera de especial interés estratégico conforme a este Decreto ley.
    • a.2) Descripción del impacto económico, social, medioambiental de la inversión, así como los efectos sobre la vertebración territorial.
    • a.3) En el caso de los proyectos industriales, descripción del impacto estimado del proyecto en el tejido industrial de las Islas Baleares.
    • a.4) Descripción tecnológica de los procesos productivos, indicando si se emplea la mejor técnica disponible y si incluye innovación tecnológica.
    • a.5) Modelo energético que garantice la suficiencia del suministro y la sostenibilidad ambiental, así como, en su caso, la reconversión energética.
    • a.6) Calendario de ejecución del proyecto, que se puede llevar a cabo por fases.
    • a.7) Cualquier otra información que el promotor considere de interés, especialmente la relacionada con el impacto positivo del proyecto en el desarrollo socioeconómico de las Islas Baleares.
  • b) Proyecto técnico de la actividad, las infraestructuras, las dotaciones y las instalaciones objeto de la inversión, así como del ámbito territorial afectado, incluyendo los parámetros urbanísticos, los planos de situación y localización de las instalaciones, la determinación gráfica del trazado y de las características de los accesos viarios y de las redes de conducción y distribución, así como la documentación exigible de acuerdo con lo que prevé la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, o, si procede, en la Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada.
  • c) Certificado expedido por el ayuntamiento sobre la calificación urbanística de los terrenos donde debe asentarse el proyecto.
  • d) Plan de viabilidad económico-financiera, con indicación de los recursos disponibles propios o de terceros para desarrollarlo.

    En el caso de que se hayan solicitado subvenciones, se debe hacer constar el importe solicitado o concedido, junto con las administraciones o los entes otorgantes. También se debe indicar si se tiene o se prevé tener financiación a través de entidades bancarias.

  • e) En el caso de que sea necesaria la evaluación de impacto ambiental, valoración inicial del cumplimiento de los requerimientos de la legislación de evaluación ambiental, para poder valorar la viabilidad del proyecto.

2. La solicitud y la documentación mencionada en el apartado anterior deben entregarse de manera telemática.

En el caso de que la documentación mencionada en el apartado 1 se haya entregado en alguna consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o en un ente del sector público autonómico, y aún esté vigente por ser adecuada a la normativa, el promotor debe indicarlo a efectos de que la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión pueda obtenerla e incorporarla al expediente.

3. El contenido mínimo de la solicitud mencionado en el apartado 1 puede modificarse por un acuerdo del Consejo de Gobierno, que debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Artículo 18 Actuaciones de la UAPE y la CAPE

1. La tramitación para obtener la declaración de PEIE corresponde a la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión a través de la UAPE.

2. A tal efecto, la UAPE debe hacer un análisis previo del contenido de la solicitud y de la documentación que la acompaña y, en caso de que no esté completa para poder tramitarla, debe contactar con el promotor para enmendarla o completarla en lo que proceda.

3. La UAPE debe remitir la solicitud y la documentación que la acompaña a las demás administraciones que considere que tienen competencias en la materia de la que trata el proyecto para que emitan un informe, preceptivo y no vinculante, sobre la idoneidad de la inversión para ser declarada PEIE. Este informe debe emitirse en un plazo de diez días hábiles. Si una vez transcurrido no se ha emitido, se entenderá que es favorable a la declaración de la inversión como PEIE.

Dichos informes deben pronunciarse exclusivamente sobre la idoneidad de la inversión para ser declarada PEIE, sin perjuicio de los informes que deban emitirse en el procedimiento administrativo correspondiente a la autorización del proyecto, los cuales no deben resultar condicionados por el contenido de estos informes sin que sea exigible responsabilidad alguna de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3 de este Decreto ley.

Simultáneamente, la UAPE debe remitir la solicitud y la documentación que la acompaña a las direcciones generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que considere que tienen competencias en la materia para que tomen conocimiento de esta, antes de que la CAPE la analice.

4. La UAPE debe emitir, en un plazo de cinco días hábiles, un informe sobre el proyecto y las observaciones que se hayan podido formular en los informes emitidos de acuerdo con el apartado anterior, los cuales deben adjuntarse como anexo.

5. La UAPE debe remitir por vía telemática a los miembros de la CAPE y a todas las personas que deban asistir a la sesión correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de este Decreto ley, la memoria del proyecto, el informe de la UAPE con todos los anexos que puedan incluir y un enlace para que puedan acceder a toda la información relativa al proyecto.

6. La CAPE debe valorar la documentación mencionada en el apartado anterior y, si toma un acuerdo favorable a la declaración, el director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe dar traslado al consejero competente en esta materia a fin de que eleve al Consejo de Gobierno la declaración de PEIE y los términos de la declaración.

7. Si la CAPE adopta un acuerdo desfavorable a la declaración, el consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión, a propuesta del director general competente en esta materia, debe dictar una resolución desestimando la solicitud de declaración de PEIE.

8. Durante la tramitación prevista en este artículo, la UAPE debe estar en contacto con el promotor a fin de llevar a cabo los ajustes que procedan en el proyecto presentado, atendiendo a los informes mencionados.

Una vez concluida la tramitación con la UAPE, el promotor debe firmar el proyecto resultante de la tramitación prevista en este artículo, si se han producido cambios en el proyecto con motivo de los informes emitidos.

9. El plazo máximo para la declaración de PEIE, si cumple los requisitos establecidos en este Decreto ley, es de dos meses desde la solicitud.

El vencimiento del plazo máximo sin que se haya producido la declaración de PEIE faculta a la persona interesada, en todos los casos, para que entienda desestimada la solicitud.

El director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión puede ampliar los plazos previstos en este artículo.

Artículo 19 Declaración como PEIE

1. Corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para efectuar, mediante un acuerdo, la declaración de PEIE.

2. En la declaración deben establecerse, con carácter general, los siguientes aspectos:

• a) Las obligaciones que debe asumir el promotor de la inversión objeto de la declaración.
• b) El plazo en el que el promotor debe cumplir las obligaciones y ejecutar el proyecto.
• c) Las especificidades que se deriven de la naturaleza del proyecto.
• d) En su caso, la necesidad de tramitar simultáneamente procedimientos que afecten a las inversiones cuya regulación prevea que se tramiten de manera sucesiva; todo ello, sin perjuicio de lo que establezca la legislación básica del Estado.
• e) En su caso, el acompañamiento al promotor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de este Decreto ley.
• f) La exigencia, si procede, de constituir un aval, cuyo importe debe ser entre un 3 y un 10 % del presupuesto total del proyecto.
• g) La obligación de informar a la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión sobre la evolución del proyecto de manera trimestral hasta el inicio de la actividad económica que derive del proyecto.

3. Este acuerdo debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

La UAPE debe comunicar al promotor la adopción del acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 20 Modificación

1. El promotor debe comunicar a la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión cualquier modificación de la inversión declarada PEIE.

2. La dirección general mencionada, a través de la UAPE, debe valorar el alcance de la modificación y, si la considera sustancial, debe remitirla a la CAPE y, si procede, al consejero competente en esta materia para que éste proponga al Consejo de Gobierno que autorice la modificación.

Artículo 21 Revocación

1. Es procedente la revocación de la declaración de PEIE por los motivos siguientes:

• a) La modificación sustancial no autorizada del proyecto, así como el cambio no autorizado de promotor.
• b) El incumplimiento injustificado de las obligaciones, especificidades o condiciones establecidas para ejecutar el proyecto.
• c) La inactividad manifiesta imputable al interesado durante más de seis meses en cuanto a actuaciones necesarias inherentes a la tramitación del proyecto.
• d) El incumplimiento de la obtención de la evaluación de impacto ambiental o de la autorización ambiental integrada, cuando de acuerdo con la normativa medioambiental proceda.
• e) El incumplimiento de la obtención de la declaración de interés general del proyecto cuando la actuación se sitúe en suelo rústico y, de acuerdo con la normativa aplicable, proceda obtenerla.
• f) Cualquier otra causa que ponga de manifiesto la inviabilidad del proyecto o de los objetivos que motivaron la declaración de PEIE.
• g) El incumplimiento manifiesto del promotor de la obligación de informar a la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión sobre la evolución del proyecto.

2. La tramitación de la revocación debe iniciarse mediante una resolución del consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión, y debe otorgarse a los interesados un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y presentar la documentación que consideren necesaria en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe recabar los informes que considere necesarios para fundamentar la revocación e informar del acto de revocación a todos los órganos que hayan intervenido en la declaración de PEIE.

3. Si los interesados no formulan alegaciones, se puede acordar la revocación.

4. Si los interesados formulan alegaciones, el director general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe emitir un informe de valoración de estas alegaciones, el cual debe enviarse a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, manifiesten lo que consideren adecuado en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

5. Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar, mediante un acuerdo, la revocación, que debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Artículo 22 Efectos de la declaración

1. La declaración como PEIE tiene, con carácter general, los efectos siguientes:

• a) Acceso del promotor al acompañamiento de un director de proyecto para ejecutar la inversión, excepto que el promotor renuncie.

  Este acompañamiento debe permitir que el promotor obtenga una ventanilla única con el apoyo de la UAPE, que facilite asesoramiento en relación con los trámites administrativos durante todo el proyecto, un plan de etapas o cronograma, y lleve a cabo el seguimiento y la coordinación administrativas que procedan.

• b) Tramitación administrativa de acuerdo con los principios de prioridad, preferencia y celeridad ante todas las administraciones de las Islas Baleares.

  A efectos de lo previsto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, los expedientes de los proyectos que hayan sido declarados PEIE deben despacharse siguiendo el orden de incoación y deben tramitarse de manera preferente y prioritaria respecto del resto de expedientes.

• c) Reducción de los plazos administrativos de los procedimientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a los procedimientos de concurrencia competitiva y a los de naturaleza fiscal.

  De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional primera de este Decreto ley, también deben reducirse a la mitad los plazos de los procedimientos para otorgar cualquier autorización administrativa previa que sea necesaria para ejecutar las obras o para abrir o poner en funcionamiento las instalaciones de las inversiones declaradas PEIE, sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación básica del Estado.

  Con carácter general, deben reducirse igualmente a la mitad los plazos de los procedimientos de evaluación ambiental que deban tramitarse, sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación básica del Estado.

  Excepcionalmente, cuando la complejidad del procedimiento lo justifique, el órgano competente del procedimiento administrativo correspondiente puede acordar, por una sola vez y motivándolo debidamente, la ampliación del plazo reducido de acuerdo con lo establecido en esta letra c). Esta ampliación debe ser por un tiempo limitado que, añadido al plazo inicial, en ningún caso puede superar el plazo para resolver y notificar de acuerdo con lo establecido con carácter general en la norma reguladora del procedimiento.

• d) Incentivación económica y financiera, en su caso.

  Se pueden complementar los incentivos de otras administraciones públicas hasta el límite fijado en el mapa de ayudas de acuerdo con las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional adoptadas por la Comisión Europea.

  Los PEIE pueden tener preferencia para acceder a líneas de financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el sector público autonómico.

• e) Estímulos a la formación y la contratación.

  Los promotores de los PEIE pueden participar en el diseño, juntamente con los organismos encargados de planificar y programar la formación en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o en el sector público autonómico, en la forma y en el plazo que establezca cada organismo encargado de la planificación y la programación de la formación, de las acciones formativas que faciliten el desarrollo de los compromisos de contratación.

  Los promotores también pueden tener los niveles de apoyo máximo disponibles en materia laboral, condicionado al diseño de planes de formación continua y a la continuidad en el empleo.

  En cualquier caso, se debe atender a la calidad del empleo, la igualdad y la mejora de las condiciones laborales en el ámbito de la dependencia como criterios básicos para modular los apoyos que se otorguen.

• f) Inclusión, en su caso, en las normas reguladoras de las ayudas destinadas a incentivar la inversión, cuando el objeto de la subvención sea coincidente con el del proyecto declarado como PEIE, de la declaración de PEIE como criterio de valoración y otorgamiento de una puntuación superior a los proyectos declarados estratégicos.

En este caso, también se deben prever los criterios de gradación de los posibles incumplimientos en el caso de que se revoque el PEIE.

A tal efecto, el promotor deberá depositar un aval cuyo importe debe determinarse en el acuerdo del consejo de gobierno que declare el PEIE, según lo establecido en el artículo 19.1.f) de este Decreto ley.

2. Además de los efectos previstos en el apartado anterior, en el caso de que una inversión declarada PEIE se lleve a cabo en el Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit), en el CentreBit Menorca, en el CentreBit Eivissa o en otros parques tecnológicos de las Islas Baleares, tendrá los beneficios previstos, en su caso, en los planes especiales de desarrollo, en los estatutos, en el reglamento interior de los parques o en otra normativa que les sea aplicable.

3. La declaración de un PEIE debe considerarse, con las particularidades establecidas en los apartados anteriores, en el marco de lo establecido en este Decreto ley, sin perjuicio de las tramitaciones ambientales, licencias, declaraciones responsables y autorizaciones que resulten exigibles al proyecto de acuerdo con la legislación medioambiental y sectorial que le afecte y del respeto debido a los derechos de terceros.

De acuerdo con ello, la declaración de PEIE no implica una aprobación del proyecto inherente a la inversión o del proyecto de obra correspondiente, ni la autorización de la puesta en marcha, que se producirá, en su caso, una vez sustanciado el procedimiento administrativo correspondiente, y no se podrán exigir responsabilidades a la administración autonómica, o a las demás administraciones públicas o entes del sector público intervinientes, por la no autorización del proyecto o la no obtención de la evaluación ambiental o de la declaración de interés general en el caso de estar ubicado en suelo rústico.

4. La autorización del proyecto debe llevarse a cabo en una fase inmediatamente posterior a la declaración de PEIE, teniendo en cuenta lo siguiente:

• 1º. La consejería competente por razón de la materia debe tramitar el procedimiento administrativo correspondiente a la autorización del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial.

  A tal efecto, debe llevar a cabo, si procede, los trámites de audiencia e información pública por un plazo máximo de un mes cada uno, salvo que normativamente se establezca otro, y debe solicitar los informes que requiera la normativa, los cuales tienen carácter no vinculante salvo que se disponga otra cosa en la normativa sectorial de carácter estatal o europeo.

• 2º. En el caso de los proyectos de carácter industrial, además de lo indicado en el punto primero anterior, se solicitará, en todo caso, un informe preceptivo y no vinculante al ayuntamiento o ayuntamientos y al consejo insular que corresponda.

La autorización del proyecto de carácter industrial implica, si procede, la aprobación de la implantación o ampliación de la instalación industrial y la autorización para iniciar y ejecutar las obras y las instalaciones, sin perjuicio de la obtención previa de las autorizaciones sectoriales preceptivas en el ámbito del proyecto.

Eso implica la no sujeción a las licencias municipales y a las comunicaciones previas previstas en la normativa, sin perjuicio del resto de competencias de los ayuntamientos.

A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, y como requisito previo al inicio y la ejecución de las obras e instalaciones, el promotor abonará al ayuntamiento las tasas o impuestos que corresponderían a las licencias municipales que deberían otorgarse si el proyecto no fuera declarado proyecto de especial interés estratégico de carácter industrial.

El ayuntamiento debe incorporar a su planeamiento, cuando se lleve a cabo la revisión o la modificación, el cambio de las determinaciones urbanísticas que haya supuesto la aprobación del proyecto, sin perjuicio de que sea efectiva de manera inmediata.

Artículo 23 Ámbito objetivo

1. Este título tiene por objeto establecer el régimen jurídico para agilizar la construcción, la reforma, la mejora o la ampliación de infraestructuras y equipamientos públicos de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 de este Decreto ley.

2. A los efectos previstos en este título, tienen la consideración de equipamientos las instalaciones y los edificios destinados a actividades de servicio público y de infraestructuras el conjunto de obras o instalaciones locales, supramunicipales y de conexión entre manzanas necesarias para asegurar la funcionalidad urbana y del territorio en general.

Artículo 24 Ámbito subjetivo

1. Este título es de aplicación a las infraestructuras o los equipamientos públicos que sean promovidos, financiados o desarrollados por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o los entes del sector público autonómico, así como los consejos insulares o el sector público insular.

2. Dado el régimen jurídico especial de los municipios de Palma e Ibiza establecido por la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, y por la Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza, los ayuntamientos respectivos, mediante un acuerdo de la junta de gobierno local, pueden solicitar directamente al Gobierno de las Illes Balears a través de la consejería competente por razón de la materia, que una inversión que el ayuntamiento o un ente del sector público que dependa de ellos pretenda llevar a cabo en terrenos, infraestructuras o equipamientos públicos, de los cuales sea titular, sea declarada proyecto de especial interés estratégico autonómico de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.

3. El resto de entidades locales de las Illes Balears, mediante un acuerdo del órgano competente, pueden solicitar directamente al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente por razón de la materia, que una actuación que el ayuntamiento o un ente del sector público dependiente pretenda llevar a cabo vinculada a la eficiencia energética, al ciclo del agua o al tratamiento de residuos (desecherías o parques verdes) en terrenos, infraestructuras o equipamientos públicos, de los cuales sea titular, sea declarada proyecto de especial interés estratégico autonómico de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.

4. Asimismo, la Administración del Estado en el marco de sus competencias y en el caso de intereses concurrentes con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o los entes del sector público autonómico, puede solicitar directamente al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente por razón de la materia, que una inversión que la Administración del Estado, incluidos los entes del sector público estatal, pretenda llevar a cabo en terrenos, infraestructuras o equipamientos públicos, de los cuales sea titular, sea declarada proyecto de especial interés estratégico autonómico de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.

Artículo 25 Régimen jurídico general de las infraestructuras y los equipamientos públicos

1. Con carácter general, las obras de construcción, ampliación, mejora o reforma de equipamientos o infraestructuras promovidas por órganos de las administraciones públicas o de los entes del sector público mencionados en el artículo anterior están sujetos a licencia o comunicación previa de acuerdo con lo establecido por la normativa urbanística, con las excepciones previstas expresamente por la legislación sectorial o por otras normas con rango de ley, sin perjuicio de las previstas expresamente en este Decreto ley.

2. Las infraestructuras o los equipamientos de titularidad pública quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

Artículo 26 Redacción y aprobación de proyectos de obras para ejecutar en terrenos de titularidad de otra administración o ente del sector público

Para actuaciones que se lleven a cabo para ejecutar equipamientos u otras infraestructuras de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o un consejo insular, o un ente del sector público correspondiente, situados en terrenos que sean titularidad de otra administración o entes del sector público, la consejería, el departamento insular o el ente del sector público autonómico o insular correspondiente puede tramitar la redacción del proyecto de obras y aprobarlo, una vez que haya recibido la comunicación de la voluntad de aquella administración o ente de poner a disposición los terrenos a favor de la administración o ente actuante, sin perjuicio de la necesidad de instrumentar posteriormente la cesión de la titularidad de los terrenos o el otorgamiento del título habilitante para ejecutar las obras de la infraestructura o el equipamiento.

Para ejecutar las obras de la actuación, la administración o el ente del sector público que lleve a cabo el proyecto debe disponer de la cesión formal de los terrenos donde se ubicará la infraestructura o el equipamiento, o del título habilitante correspondiente.

Artículo 27 Régimen especial de los equipamientos e infraestructuras públicos

1. No es de aplicación lo regulado en el apartado 1 del artículo 25 a las obras de construcción, ampliación, mejora o reforma de infraestructuras o equipamientos promovidos por los sujetos previstos en el artículo 24 que hayan sido declaradas proyecto de especial interés estratégico (PEIE) autonómico o insular, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, es de aplicación lo que disponen las letras b) y c) del artículo 22.1 y el régimen establecido en este artículo y siguientes de este capítulo.

3. La construcción, ampliación, mejora o reforma de una infraestructura o un equipamiento público se considera como una inversión de especial interés estratégico autonómico o insular de acuerdo con lo siguiente:

• a) La declaración, que debe determinar las condiciones para ejecutar el proyecto, corresponde al Consejo de Gobierno o al pleno del consejo insular.
• b) En el caso de PEIE autonómico, la consejería competente por razón de la materia debe llevar a cabo o impulsar las actuaciones previstas en este capítulo.

  A tal efecto, debe solicitar un informe del ayuntamiento donde se ubique el equipamiento o infraestructura, salvo que el ayuntamiento sea titular de los terrenos y los haya cedido o puesto a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma o el ente del sector público autonómico. Transcurrido un plazo de quince días sin que el ayuntamiento haya emitido el informe, se pueden proseguir las actuaciones.

  Además, debe comunicar a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión el inicio de las actuaciones para declarar una infraestructura o un equipamiento como PEIE autonómico y debe hacer la propuesta al Consejo de Gobierno para la declaración de PEIE autonómico.

• c) La declaración de PEIE, que debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears, debe motivar su interés público y debe identificar los terrenos donde se ubica o debe ubicarse la infraestructura o el equipamiento público, indicar la administración o ente del sector público al que corresponde la titularidad; y determinar el uso concreto que debe darse a la infraestructura o el equipamiento.
• d) Los PEIE de equipamientos o infraestructuras públicos, con carácter general, se pueden situar en suelo urbano, urbanizable o rústico común.

  No obstante lo anterior, también pueden situarse en suelo rústico protegido cuando no se trate de espacios de la Red Natura 2000 u otros previstos en la normativa básica estatal o europea y siempre que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

  • 1º. En áreas de prevención de riesgo en las que la calificación subyacente sea la de suelo rústico común. En estos casos se deben adoptar medidas para prevenir y evitar el riesgo, y se deben solicitar los informes preceptivos que determine la normativa estatal o autonómica.
  • 2º. Que se lleven a cabo en edificaciones existentes y su implementación no requiera la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación del volumen existente, salvo en los casos que ésta resulte necesaria por requerimientos técnicos como la accesibilidad, la seguridad de las instalaciones o la eficiencia energética.
  • 3º. Que, de manera excepcional, se tengan que implementar en municipios donde no haya suelo urbano, urbanizable o rústico común que sea adecuado para ubicar el equipamiento o la infraestructura.

  La declaración de PEIE comporta que los terrenos donde se acuerde la ubicación del equipamiento o la infraestructura se califiquen automáticamente como sistema general con el uso correspondiente, lo que, en el caso del suelo rústico, hace innecesario obtener la declaración de interés general. En cuanto a las determinaciones urbanísticas del equipamiento o infraestructura, hay que atenerse a lo dispuesto en el artículo siguiente.

  Sin perjuicio de la efectividad inmediata de la calificación urbanística mencionada en el párrafo anterior, el ayuntamiento queda obligado, en su caso, a adaptar su planeamiento urbanístico e incorporarla en la primera modificación o revisión que se haga, de acuerdo con la tramitación establecida en la normativa urbanística.

• e) En proyectos vinculados al ciclo del agua o a la energía, la declaración como proyecto de especial interés estratégico implica la declaración de utilidad pública a los efectos de los artículos 9 a11 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

  En este caso, debe identificarse la relación de bienes y derechos afectados, y la expropiación puede ser tramitada por el procedimiento de tasación conjunta.

  No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra, las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW son declaradas de utilidad pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para establecerlas y de la imposición y el ejercicio de la servidumbre de paso.

• f) En los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 24 de este Decreto ley, dado que es el municipio quien solicita la declaración de PEIE autonómico, no debe llevarse a cabo la audiencia prevista en la letra b) de este artículo, y la declaración de PEIE tiene los efectos de legitimar la aprobación y la ejecución del proyecto por parte del ayuntamiento de acuerdo con el artículo 29.
• g) En el caso de los PEIE insulares, es de aplicación lo dispuesto en este artículo, salvo que el órgano competente de cada consejo insular establezca una regulación específica.

Artículo 28 Tramitación de proyectos promovidos por la administración autonómica o insular

1. La tramitación de los proyectos relativos a las obras de construcción, ampliación o reforma de equipamientos o infraestructuras promovidas por los sujetos previstos en el artículo 24.1 y declaradas PEIE no necesita la obtención de ningún tipo de licencia o autorización municipal o insular ni la presentación de una comunicación previa de naturaleza urbanística, si bien está sujeta a los mismos requisitos que serían exigibles para la obtención de la licencia urbanística o la comunicación previa, según corresponda, si el ayuntamiento tuviera que concederla.

No obstante, el proyecto de edificación, firmado por el técnico competente, debe responder a las necesidades funcionales y edificatorias, y las determinaciones urbanísticas del equipamiento o la infraestructura deben ser las requeridas para llevar a cabo la actuación y, por tanto, no deben depender del desarrollo territorial o urbanístico previo ni de los instrumentos de gestión correspondientes y son efectivas inmediatamente desde la aprobación o la autorización del proyecto.

2. En la tramitación de los proyectos mencionados es preceptivo solicitar informe a los ayuntamientos afectados y llevar a cabo la información pública por un plazo de quince días, transcurrido el cual sin que el ayuntamiento haya emitido el informe se podrán proseguir las actuaciones.

Una vez emitidos los informes y realizada la información pública, la aprobación o autorización del proyecto, que tiene los mismos efectos que la licencia o la comunicación previa, debe llevarlo a cabo el siguiente órgano:

• a) Si el ayuntamiento no hace observaciones sustanciales, o si estas se aceptan, el órgano competente es el consejero competente por razón de la materia, o el órgano insular o del sector público autonómico o insular correspondiente.
• b) En el caso de que el ayuntamiento haga observaciones sustanciales que no se acepten, el órgano competente para autorizar o aprobar el proyecto es el Consejo de Gobierno o el pleno del consejo insular.

3. El acuerdo o la resolución de aprobación o autorización del proyecto debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Artículo 29 Tramitación de proyectos promovidos por ayuntamientos

En los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 24 de este Decreto ley, los ayuntamientos respectivos, mediante un acuerdo del órgano competente, pueden autorizar directamente el proyecto una vez que el Consejo de Gobierno haya aprobado la correspondiente declaración como PEIE.

Previamente a la aprobación, el ayuntamiento debe abrir un plazo de información pública y de consultas al consejo insular y al resto de administraciones afectadas y a las personas interesadas, para que en el plazo de quince días aleguen o emitan los informes pertinentes y tramiten simultáneamente la evaluación ambiental que corresponda.

Dado el resultado del proceso de participación y evaluación, el órgano competente del ayuntamiento puede acordar aprobar y ejecutar el proyecto de manera inmediata.

Artículo 30 Revocación de la declaración de PEIE

En el caso de que el órgano promotor decida no continuar la tramitación del proyecto, haya sido autorizado o aprobado o no, debe proponer al Consejo de Gobierno o al pleno del consejo insular, según corresponda, que revoque la declaración de PEIE, con el fin de revertir los efectos de esta declaración y de la eventual aprobación del proyecto.

El ayuntamiento del municipio donde debe ubicarse el equipamiento o la infraestructura también puede solicitar al órgano promotor que inste su revocación en el caso de inactividad manifiesta para aprobar o ejecutar el proyecto.

Artículo 31 Finalización de las obras y ocupación o primera utilización

El órgano competente para aprobar los proyectos previstos en los artículos anteriores lo es también para certificar la ejecución correcta de las obras y para autorizar su ocupación o primera utilización.

Este acuerdo tiene los efectos previstos en la normativa urbanística, incluido el de permitir la contratación de servicios.

Artículo 32 Mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos

1. Se pueden declarar PEIE autonómico las actuaciones de mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos por la especial relevancia que tienen para el desarrollo económico y social de las Islas Baleares, cuando razones de interés público lo aconsejen, con la finalidad de atender la demanda creciente de escolarización y de servicios educativos.

En este caso, la solicitud de declaración de PEIE debe efectuarse por vía de la consejería competente en materia de educación y debe aportarse el proyecto y, si procede, la documentación prevista en el artículo 39 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

La propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno debe ser de la consejería competente en materia de educación, que debe comunicarlo previamente a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.

2. Para declarar una mejora o una ampliación de un centro existente como PEIE autonómico, el Consejo de Gobierno debe identificar la entidad promotora y el centro concertado para el que lo solicita, las razones de interés público que lo justifican y los terrenos donde se ubica o debe ubicarse con indicación expresa de la referencia catastral y la titularidad; debe determinar el uso educativo que debe darse al equipamiento, y debe señalar el sistema general de equipamiento en el suelo urbano o urbanizable al que se adscribe o, en su caso, informar de la calificación urbanística de los terrenos donde se sitúa el equipamiento.

3. La declaración como PEIE autonómico comporta lo siguiente:

• 1º. Los terrenos donde se acuerde la ubicación del equipamiento educativo deben calificarse automáticamente como sistema general de equipamiento de uso educativo en suelo urbano o urbanizable.
• 2º. Las determinaciones urbanísticas del equipamiento deben corresponder a las requeridas para el proyecto necesario para llevar a cabo la actuación y, por tanto, no deben depender del desarrollo territorial o urbanístico previo ni de los instrumentos de gestión correspondientes, y deben ser efectivas inmediatamente, sin perjuicio de dar cumplimiento a las normativas de accesibilidad, seguridad y actividades, así como de respetar las normas de aplicación directa previstas en el capítulo V del título II de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
• 3º. El ayuntamiento debe incorporar a su planeamiento, cuando se lleve a cabo una revisión o una modificación, el cambio de las determinaciones urbanísticas que haya supuesto la ejecución del proyecto del equipamiento educativo declarado PEIE, sin perjuicio de que sea efectiva de manera inmediata desde la autorización del centro educativo por parte de la Consejería competente en materia de educación.
• 4º. Corresponde al ayuntamiento donde se ubique el equipamiento dictar los actos de intervención administrativa, inspección, control y sanción, de acuerdo con lo que, con carácter general, regula la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
• 5º. Los plazos administrativos de los procedimientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears quedan reducidos en los términos que establece el artículo 22.1.c) de este Decreto ley.
• 6º. La tramitación administrativa debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios de prioridad, preferencia y celeridad ante todas las administraciones de las Islas Baleares.

Artículo 33 Autorización de obras de mejora o ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social afectados por la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears

1. El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, puede autorizar, mediante la declaración de PEIE, las obras o actuaciones en infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social situados dentro de un conjunto histórico, mientras no se apruebe definitivamente la normativa urbanística de protección a la que se refiere el artículo 36 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears, siempre que disponga de la autorización previa de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico y dé cumplimiento a las normas de aplicación directa que prevé el capítulo V del título II de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, y el resto de previsiones del capítulo II de este título.

2. Estas obras o actuaciones deben procurar mantener la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística, y evitar los impactos visuales.

Se permite la instalación de energías renovables que sean compatibles con la preservación de los valores culturales del conjunto.

3. Se permite de manera excepcional la sustitución de inmuebles, si esta sustitución contribuye a la conservación general del conjunto.

En todo caso, se deben mantener las alineaciones urbanas existentes.

Artículo 34 Mejora o ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social existentes afectadas por una zona de reserva viaria de carreteras

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, puede declarar como PEIE, en las condiciones que determine y de acuerdo con las previsiones del capítulo II de este título, las actuaciones de mejora o de ampliación de infraestructuras o equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social existentes y en funcionamiento afectados por una zona de reserva viaria de carreteras a la que se refiere el artículo 30 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y exceptuarlas de la prohibición establecida en el citado artículo, previa autorización del organismo titular de la carretera, que puede otorgarse por razones de interés general, dadas las circunstancias concretas, tales como la existencia de un proyecto de trazado viario o el contenido del planeamiento urbanístico.

Artículo 35 Otras autorizaciones

En cuanto a los PEIE autonómicos, la declaración de PEIE por parte del Consejo de Gobierno lleva implícita la autorización del Consejo de Gobierno para contratar, para suscribir convenios, para ejercer las competencias en materia de autorización y disposición del gasto y, en general, para iniciar cualquier expediente de gasto, en el caso de que estas autorizaciones sean exigibles de acuerdo con la normativa aplicable en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o del sector público autonómico.

Disposición adicional primera Reducción de plazos administrativos en otras administraciones públicas de las Islas Baleares

1. En el caso de los procedimientos administrativos de los consejos insulares respecto de los cuales el Gobierno de las Illes Balears mantenga la potestad reglamentaria, si resulta necesario para agilizarlos, deben tramitarse las propuestas normativas que procedan para reducir los plazos y facilitar la tramitación de los proyectos de especial interés estratégico.

2. Deben establecerse vías de colaboración con las entidades locales para favorecer la reducción de los plazos administrativos de los procedimientos administrativos de su competencia.

Disposición adicional segunda Guía para facilitar las inversiones en la comunidad autónoma de las Illes Balears

El Consejo de Gobierno debe aprobar, mediante un acuerdo, una guía para facilitar las inversiones en la comunidad autónoma de las Illes Balears en un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de este Decreto ley.

Disposición adicional tercera Simplificación administrativa a través del sistema de declaración responsable y comunicación previa

1. Antes del día 31 de octubre de 2026, el Gobierno de las Illes Balears y las diversas consejerías deben iniciar las modificaciones normativas necesarias para sustituir el régimen de licencias por el de declaraciones responsables o comunicaciones previas en aquello que sea posible de acuerdo con la normativa básica estatal y la normativa europea.

A tal efecto, deben remitir la relación de las normas que tienen previsto modificar, y en qué términos, a la dirección general competente en materia de simplificación administrativa antes del día 31 de diciembre de 2025.

2. Los consejos insulares y los ayuntamientos de las Islas Baleares también deben promover o llevar a cabo las modificaciones normativas que procedan para sustituir el régimen de licencias por el de declaraciones responsables o comunicaciones previas en aquello que sea posible.

Disposición adicional cuarta Otras infraestructuras o equipamientos universitarios o de investigación

Lo establecido en el artículo 32.3 de este Decreto ley puede aplicarse a las infraestructuras o equipamientos universitarios o de investigación privados, siempre que la consejería competente en estas materias motive su especial relevancia para el desarrollo económico y social y las razones de utilidad pública que lo aconsejan para atender la demanda creciente de servicios o prestaciones en estos ámbitos.

La declaración corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de la consejería competente por razón de la materia con identificación de los datos a que se refiere el artículo 32.2 de este Decreto ley, que lo debe comunicar previamente a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.

Disposición transitoria primera Régimen transitorio en materia de proyectos estratégicos o de interés autonómico

1. Los proyectos declarados estratégicos o de interés autonómico al amparo de otra normativa conservan los efectos de la normativa vigente en el momento en que se declararon.

2. En el caso de que los promotores de los proyectos con una declaración previa de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior quieran obtener los beneficios de los PEIE regulados en este Decreto ley, pueden solicitarlo mediante el procedimiento que se regula.

Una vez recibida la solicitud, la dirección general competente en materia de proyectos estratégicos de inversión debe incorporar al nuevo procedimiento la documentación correspondiente a dicha declaración, que le remitirá la consejería que la tramitó, y requerirá al promotor la aportación del resto de la documentación prevista en este Decreto ley para poder continuar el procedimiento para la declaración de PEIE.

3. El instrumento de planificación estratégica de inversiones previsto en el artículo 4 sustituye el plan estratégico autonómico previsto en el artículo 5.1 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, referido a los fondos Next Generation EU.

4. Los procedimientos para declarar proyectos estratégicos de carácter industrial iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto ley deben seguir la tramitación iniciada con la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears, si bien los promotores pueden optar por acogerse a esta nueva regulación.

Disposición transitoria segunda Órganos de gobernanza

Mientras el consejero competente en materia de proyectos estratégicos de inversión no impulse la creación de nuevos órganos de gobernanza de acuerdo con el artículo 4 de este Decreto ley, la Comisión Interinsular del Plan Estratégico y la Comisión Interdepartamental de Inversiones Estratégicas, creadas al amparo de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben continuar ejerciendo sus funciones.

Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de los efectos del reconocimiento de utilidad pública y de la declaración de interés energético autonómico

1. Con carácter excepcional hasta que se aprueben las zonas de aceleración de renovables en las Islas Baleares (ZARIB), para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y para las de almacenamiento de energía eléctrica independiente (stand-alone) situadas en suelo rústico que en la fecha de publicación de esta disposición transitoria no hayan constituido adecuadamente la garantía económica necesaria para tramitar los procedimientos de acceso y conexión de instalaciones de generación de electricidad conforme al Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, quedan sin efecto las siguientes disposiciones:

• a) El apartado 3 del artículo 2 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias.
• b) El segundo párrafo del apartado1 del artículo 43 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.

2. Lo establecido en el apartado anterior no es aplicable:

• a) A las repotenciaciones o hibridaciones de almacenamiento con instalaciones de generación renovable existentes.
• b) A las instalaciones de almacenamiento que desarrollen funciones de operación en la red de transporte o distribución del sistema eléctrico.
• c) A las instalaciones de autoconsumo eléctrico con las modalidades establecidas en la reglamentación estatal.

Disposición transitoria cuarta Régimen transitorio para la gestión del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos

A partir de la liquidación del ejercicio de 2023 y hasta que el Ente de Residuos de las Illes Balears esté operativo y en funcionamiento, los consejos insulares deben asumir las funciones de este Ente con respecto a la gestión del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos al que se refiere el artículo 33 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, y también el título II del Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, para lo que se llevará a cabo una transferencia de los fondos correspondientes a cada uno de los consejos insulares.

Disposición derogatoria única Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en este Decreto ley y, en particular, las siguientes disposiciones:

• a) La Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears.LE0000420594_20120722
• b) El Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.LE0000613075_20250724
• c) El Decreto ley 5/2018, de 21 de diciembre, sobre proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears.LE0000634202_20181223
• d) La Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears.LE0000641455_20250725
• e) Los artículos 1 a 5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, quinta y novena; la disposición transitoria primera, y las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.LE0000714519_20250907
• f) El Decreto 16/2021, de 15 de marzo, por el que se regula la Dirección de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas.LE0000692191_20210318
• g) La disposición adicional sexta del Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, introducida por el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears.LE0000728784_20250907
• h) La letra e) del artículo 6 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears.LE0000486202_20250907
• i) La letra e bis) del apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears.LE0000016844_20250907

Disposición final primera Modificaciones de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética

1. Se añade una letra, la letra ab), al artículo 4 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, con la siguiente redacción:

LE0000639071_20250907

2. Se añade un artículo, el artículo 45 bis, a la citada Ley 10/2019, con la siguiente redacción:

LE0000639071_20250907

Disposición final segunda Modificaciones de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears

1. Queda sin contenido la letra e) del apartado 2 del artículo 11 de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears.

LE0000602029_20250907

2. La letra c) del apartado 4 del artículo 13 de la citada Ley 4/2017 queda modificada de la siguiente manera:

LE0000602029_20250907

Disposición final tercera Modificaciones de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes de las Illes Balears

Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales, la disposición adicional octava y la disposición adicional novena, a la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

LE0000638358_20250907

Disposición final cuarta Modificaciones de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears

1. El apartado 3 del artículo 4 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

2. El artículo 11 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

3. El artículo 13 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

4. El artículo 37 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

5. El artículo 38 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

6. El artículo 44 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

7. El apartado 2 del artículo 45 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

8. El artículo 49 de la citada Ley 7/2013 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

9. La letra c) del apartado 1 del artículo 86 de la citada Ley 7/2013 queda modificada de la siguiente manera:

LE0000517519_20250907

10. Se dota de contenido el artículo 109 de la Ley 7/2013, con la siguiente redacción:

LE0000517519_20250907

11. Se dota de contenido el artículo 110 de la Ley 7/2013, con la siguiente redacción:

LE0000517519_20250907

Disposición final quinta Modificaciones de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears

1. El artículo 74 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

LE0000486202_20250907

2. Se deja sin contenido el apartado 5 del artículo 77 de la Ley citada 8/2012 , y el apartado 6 queda modificado de la siguiente manera:

LE0000486202_20250907

Disposición final sexta Modificación de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears

La letra e) del apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

LE0000016844_20250907

Disposición final séptima Modificación de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos a financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El primer párrafo del apartado 3 del artículo 25 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos a financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificado de la siguiente manera:

LE0000714519_20250907

Disposición final octava Modificaciones de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears

El apartado 2 del artículo 130 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

LE0000238527_20250907

Disposición final novena Entrada en vigor

Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.