Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativas de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears

1. No pueden ser beneficiarias de las subvenciones que regula esta ley las personas o las entidades en las que se d� alguna de las siguientes circunstancias, a no ser que por la naturaleza de la subvenci髇 lo except鷈 la normativa reguladora:

• a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas, o por delitos de prevaricaci髇, soborno, malversaci髇 de fondos p鷅licos, tr醘ico de influencias, fraudes, exacciones ilegales o delitos urban韘ticos.
• b) Haber solicitado la declaraci髇 de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estar declaradas en concurso, estar sujetas a intervenci髇 judicial o haber sido inhabilitadas de acuerdo con la Ley concursal sin que haya concluido el per韔do de inhabilitaci髇 fijado en la sentencia de calificaci髇 del concurso.
• c) Haber dado lugar, por una causa de la que hayan sido declaradas culpables, a la resoluci髇 firme de cualquier contrato suscrito con la administraci髇.
• d) Que la persona f韘ica, los administradores de las sociedades mercantiles o los que tengan la representaci髇 legal de otras personas jur韉icas est閚 sometidos a alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado; de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de las Illes Balears y de los altos cargos; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones p鷅licas; o que se trate de cualquiera de los cargos electivos que regula la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del r間imen electoral general; y la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, en los t閞minos que establezca esta normativa.
• e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social a que se refiere la letra f) del art韈ulo 11 de esta ley, en la forma que se determine por reglamento.
• f) Tener la residencia fiscal fuera de Espa馻.
• g) No estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los t閞minos que se determinen por reglamento.
• h) Haber sido sancionadas mediante sentencia o resoluci髇 firme con la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones seg鷑 esta ley o la Ley general tributaria.
• i) Haber sido sancionadas mediante sentencia o resoluci髇 firme con la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones de acuerdo con lo que prev閚 los art韈ulos 27.1 y 38.3 de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democr醫icos de las Illes Balears.
• j) Incumplir los requisitos a que se refiere la letra a) del art韈ulo 42 de la Ley de promoci髇 de la seguridad y la salud en el trabajo de las Illes Balears, o haber sido sancionadas mediante sentencia o resoluci髇 firme por las faltas a que se refiere la letra b) del mismo precepto legal.

Tampoco pueden acceder a la condici髇 de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo p醨rafo del apartado 3 del art韈ulo 9 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

Asimismo, las prohibiciones de obtener subvenciones a que se refieren las letras anteriores de este apartado afectar醤 tambi閚 a las empresas en las que, por raz髇 de las personas que las rigen o por otras circunstancias, se pueda presumir que son continuaci髇 o que derivan por transformaci髇, fusi髇 o sucesi髇, de otras empresas en las que hubieran concurrido las prohibiciones.

2. En ning鷑 caso pueden ser beneficiarias de las subvenciones que regula esta ley las asociaciones sometidas a las causas de prohibici髇 que prev閚 los apartados 5 y 6 de la Ley Org醤ica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaci髇.

Tampoco pueden obtener la condici髇 de beneficiarias las asociaciones respecto de las cuales se haya suspendido el procedimiento administrativo de inscripci髇 por haberse hallado indicios racionales de ilicitud penal, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 30.4 de la ya citada Ley Org醤ica 1/2002, mientras no se dicte resoluci髇 judicial firme en virtud de la que se pueda practicar la inscripci髇 en el correspondiente registro.

3. Las prohibiciones que contienen las letras b), d), e), f) y g) del apartado 1 y el apartado 2 de este art韈ulo se aprecian de manera autom醫ica y subsisten mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, se determinen.

4. Las prohibiciones que contienen las letras a), h), i) y j) del apartado 1 de este art韈ulo se aprecian de manera autom醫ica. El alcance de la prohibici髇 es el que determine la sentencia o la resoluci髇 firme. En su defecto, el alcance se fijar� de acuerdo con el procedimiento determinado por reglamento, sin que pueda exceder de cinco a駉s en caso de que la prohibici髇 no derive de sentencia firme.

5. La apreciaci髇 y el alcance de la prohibici髇 que contiene la letra c) del apartado 1 de este art韈ulo se determinan de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 72 en relaci髇 con la letra d) del art韈ulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6. La justificaci髇 por parte de las personas o entidades de no estar sometidas a las prohibiciones para obtener la condici髇 de beneficiarias, se馻ladas en los apartado 1 y 2 de este art韈ulo, puede realizarse mediante testimonio judicial, certificados telem醫icos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo que establece la normativa que regula la utilizaci髇 de t閏nicas electr髇icas, inform醫icas y telem醫icas por las administraciones p鷅licas, o certificaci髇 administrativa, seg鷑 los casos.�

�2. Cuando se cumplan las condiciones previstas en la normativa administrativa general, las bases reguladoras, o la norma equivalente a que se refiere la letra a) del art韈ulo 12.1, pueden prever que las convocatorias establezcan la obligatoriedad de que las personas f韘icas solicitantes de subvenciones, los beneficiarios y, si procede, las entidades colaboradoras se relacionen con la entidad convocante a trav閟 de medios electr髇icos.�

• 玧) Medio de publicaci髇 o notificaci髇 de los actos que integren el procedimiento. En este sentido, la convocatoria puede prever que las sucesivas publicaciones del procedimiento de concesi髇 se lleven a cabo en la sede electr髇ica de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Baleares, con los efectos previstos en el art韈ulo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas. Eso se entiende sin perjuicio de lo que dispone el art韈ulo 21.4 de este texto refundido.�

�1. El 髍gano concedente de la subvenci髇, o el que prevean las bases reguladoras, llevar� a cabo la comprobaci髇 de la justificaci髇 documental de la subvenci髇, de acuerdo con el m閠odo que se haya establecido en las bases reguladoras, para lo cual revisar� la documentaci髇 que obligatoriamente tenga que aportar el beneficiario o la entidad colaboradora.

Asimismo, la entidad colaboradora, si procede, en nombre y por cuenta del 髍gano concedente de la subvenci髇, debe hacer las comprobaciones formales que prev� la letra b) del art韈ulo 28 de este texto refundido.

2. En los supuestos en los que el pago de la subvenci髇 se haga con la aportaci髇 previa de la cuenta justificativa a que se refiere el art韈ulo 39.3 de este texto refundido, la comprobaci髇 formal para liquidar la subvenci髇 puede comprender exclusivamente los siguientes documentos:

• a) La memoria de actuaci髇 justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesi髇 de la subvenci髇, con indicaci髇 de las actividades llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.
• b) La relaci髇 clasificada de los gastos y las inversiones de la actividad, con identificaci髇 del acreedor y del documento, el importe, la fecha de emisi髇 y, si procede, la fecha de pago. En caso de que la subvenci髇 se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se deben indicar las desviaciones producidas.
• c) El detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicaci髇 del importe y la procedencia.

En el supuesto previsto en este apartado, la revisi髇 de las facturas o los documentos de valor probatorio an醠ogo que formen parte de la cuenta justificativa deben ser objeto de comprobaci髇 en los cuatro a駉s siguientes sobre la base de una muestra representativa.

3. Los procedimientos de reintegro que se inicien a ra韟 de la comprobaci髇 formal a que se refieren los apartados 1 y 2, o de la comprobaci髇 material a que se refieren los apartados 4 y 5, se entienden sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales actuaciones de control financiero a cargo de la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma.

4. El 髍gano concedente de la subvenci髇, o el que prevean las bases reguladoras, debe comprobar, antes o despu閟 de la liquidaci髇 de la subvenci髇 seg鷑 los casos, y de la manera que establezcan estas mismas bases, que los beneficiarios han llevado a cabo las actividades subvencionadas y que cumplen la finalidad determinante de la concesi髇, incluido, si procede, el mantenimiento de las inversiones o de los recursos afectos a la actividad de que se trate en cada caso durante el plazo m韓imo que puedan establecer las bases.

5. En todo caso, las subvenciones de capital superiores a 300.000 euros exigen, para pagarlas, que el 髍gano gestor competente compruebe el cumplimiento de la finalidad de la subvenci髇 mediante un acta o un informe de comprobaci髇 material. Excepcionalmente, la comprobaci髇 material se puede sustituir por una justificaci髇 documental que constate, de manera razonable y suficiente, que se ha llevado a cabo la actividad subvencionada.

Cuando las bases reguladoras prevean pagos fraccionados o anticipos de la subvenci髇 de capital, la comprobaci髇 a que hace referencia el apartado anterior se debe llevar a cabo en el momento que esta se liquide y se haga el pago final.

6. La Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma, en el ejercicio de sus funciones, asistir� en los actos de comprobaci髇 material de las subvenciones de capital de acuerdo con lo que prev� la normativa reguladora del r間imen de control interno del sector p鷅lico de la comunidad aut髇oma.�

獷n todo caso, el hecho de que el 髍gano gestor liquide la subvenci髇, as� como las actuaciones de comprobaci髇 formal o material que tengan lugar posteriormente a dicha liquidaci髇 de acuerdo con lo que prev� el art韈ulo anterior, no impiden ni afectan otras actuaciones ulteriores de control interno o externo, previstas en esta ley y en el resto de la legislaci髇 aplicable por parte de los 髍ganos competentes en cada caso, con el alcance y las consecuencias jur韉icas correspondientes.�

�7. El apartado 7 del art韈ulo 18 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

• a) Los de car醕ter organizativo o sus modificaciones.
• b) Los proyectos de orden de consejero.
• c) Los de car醕ter t閏nico, y sus modificaciones, cuyo contenido est� determinado por la normativa sectorial o europea.
• d) Los proyectos reglamentarios en relaci髇 con textos consolidados de car醕ter reglamentario, excepto los armonizados en los t閞minos previstos en el art韈ulo 62.4 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.�

Con car醕ter facultativo, se puede pedir el dictamen del Consejo Consultivo en los siguientes casos:

• a) Proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobaci髇 del Parlamento de las Illes Balears.
• b) El resto de anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno, diferentes de los de consulta preceptiva.
• c) Convenios o acuerdos de cooperaci髇 con otras comunidades aut髇omas.
• d) Instrumentos de planificaci髇 sectorial o territorial aprobados por el Gobierno o por los consejos insulares.
• e) Conflictos de competencias entre la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma y otras administraciones p鷅licas de las Illes Balears.
• f) Los proyectos de orden de consejero.
• g) Los proyectos de car醕ter t閏nico, y sus modificaciones, cuyo contenido est� determinado por una ley sectorial o por la normativa europea.
• h) Cualquier otro asunto cuando lo requiera su especial trascendencia a juicio del presidente o la presidenta de las Illes Balears o de los presidentes de los consejos insulares en los casos a que hace referencia el art韈ulo 21.d) de la presente ley.�

�2. La iniciaci髇 de cualquier expediente de gasto por parte de las entidades que integran el sector p鷅lico empresarial y fundacional, del cual se puedan derivar obligaciones econ髆icas para la entidad superiores a 1.000.000 de euros o a 2.000.000 de euros en expedientes de gasto corriente o de capital, respectivamente, requiere la autorizaci髇 del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejer韆 de adscripci髇 de la entidad.

Esta autorizaci髇 debe tener lugar previamente a la adopci髇 del compromiso jur韉ico correspondiente, a partir de la documentaci髇 que integre el inicio del expediente de gasto en cada caso, como tambi閚 la informaci髇 adicional que, si procede y a este efecto, se establezca reglamentariamente.�

• 玝) Audiencia de los interesados, directamente o por medio de las entidades que los agrupen o representen reconocidas por ley y cuyas finalidades tengan relaci髇 directa con el objeto de la disposici髇. No ser� necesario este tr醡ite cuando las entidades mencionadas hayan participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboraci髇 normativa.�

• 玡) Informaci髇 p鷅lica, cuando resulte preceptiva o sea conveniente a criterio del 髍gano responsable de la tramitaci髇.�

�4. La participaci髇 ciudadana en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones normativas de la comunidad aut髇oma, conforme a lo establecido en la presente ley, se har� a trav閟 del sitio web habilitado que se prev� en el art韈ulo 51, en el cual la ciudadan韆 tendr� acceso a la informaci髇 y podr� participar en los tr醡ites de informaci髇 p鷅lica y de audiencia.

5. Para cumplir los tr醡ites de informaci髇 p鷅lica y de audiencia previstos en este t韙ulo, ser� suficiente que los 髍ganos responsables de la tramitaci髇 de las disposiciones normativas inserten el correspondiente anuncio en el sitio web de participaci髇 ciudadana en la elaboraci髇 normativa, con indicaci髇 del plazo de duraci髇 del tr醡ite, sin perjuicio de que se hagan p鷅licos tambi閚 por cualquier otro medio.�

�1. El anteproyecto de ley, el proyecto de decreto legislativo o el proyecto de reglamento se deben someter preceptivamente a los informes y dict醡enes siguientes, que se pueden impulsar de manera simult醤ea:

• a) El dictamen del Consejo Econ髆ico y Social, en los casos que prev� la normativa reguladora.
• b) El informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero, en los t閞minos que prev� la normativa sobre igualdad.
• c) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de inter閟 general que lo justifiquen.
• d) Cuando se establezcan limitaciones para acceder a actividades econ髆icas y servicios o medidas que restrinjan la libertad de establecimiento, un informe que motive que concurren razones de inter閟 general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo que dispone la legislaci髇 b醩ica estatal en materia de libre acceso a las actividades de servicios y de garant韆 de la unidad de mercado.
• e) Otros informes o dict醡enes que resulten preceptivos de conformidad con la normativa sectorial aplicable.�

�4. Siempre que la normativa espec韋ica no establezca otro plazo, los informes se deben emitir en un plazo de diez d韆s.�

�3. Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en ninguno de los 醡bitos enunciados en las letras b) a g) del apartado 2 de este art韈ulo, o que estos no son significativos, se puede elaborar una memoria abreviada.

La memoria abreviada debe incluir la justificaci髇 de los motivos por los cuales se elabora de forma abreviada y, al menos, los siguientes contenidos:

• a) La oportunidad, la necesidad y la adecuaci髇 de la propuesta normativa en los t閞minos que establece la letra a) del apartado 2 anterior.
• b) La identificaci髇 del t韙ulo competencial prevalente.
• c) La lista de las normas que quedan derogadas, si hay.
• d) El impacto presupuestario y econ髆ico, si hay.
• e) La descripci髇 de la tramitaci髇 y las consultas llevadas a cabo.
• f) Otros impactos previstos por normas con rango de ley cuando el 髍gano competente para suscribir la memoria los considere relevantes.�

Los principios y los objetivos de esta ley deben orientar la actividad de las entidades p鷅licas sometidas al 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley.�

La perspectiva intergeneracional y la prevenci髇 de cualquier impacto negativo sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras han de orientar las pol韙icas p鷅licas.

A tal efecto, por medio de la consulta previa a que hace referencia el art韈ulo 55 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, la sociedad civil podr� expresar su parecer sobre las cuestiones de la norma proyectada que potencialmente puedan afectar al bienestar de las generaciones presentes y futuras.�

�2. La Comisi髇 es un 髍gano colegiado consultivo e independiente.�

Las funciones de la Comisi髇 son las siguientes:

• a) Elaborar gu韆s de orientaci髇 para evaluar el impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los 醡bitos en que se considere adecuado.
• b) Asesorar y formar a los organismos p鷅licos que as� lo soliciten sobre la manera de evaluar el impacto de su actuaci髇 a largo plazo, siempre que la capacidad de trabajo se lo permita.
• c) Elaborar informes valorativos en materias que no sean competencia propia de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, de oficio o a petici髇 de estas, que debe hacer p鷅licos y enviar a las instituciones competentes.
• d) Cualquier otra que le sea encomendada legal o reglamentariamente.�

Esta ley entra en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Butllet� Oficial de las Illes Balears.�

• 玤) Las sanciones que se proponen, considerando que, excepto concurrencia acreditada de circunstancias modificativas de la responsabilidad, se deber� proponer la sanci髇 en su grado inferior, de conformidad con lo que dispone el art韈ulo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico.�

�6. Las actividades ecuestres siguientes: la creaci髇, la utilizaci髇 y la explotaci髇 de rutas y senderos para 閝uidos; el uso de 閝uidos en utilidades ambientales y terap閡ticas; y su entrenamiento destinado a deportes h韕icos como el trote, la doma, el salto, el polo, y cualquiera otra actividad similar que tenga relaci髇 con los 閝uidos.�

• 玸) Producto local: producto agr韈ola o alimenticio que tiene alguna de las siguientes caracter韘ticas:
  • 1�. Productos agr韈olas cultivados en las Illes Balears.
  • 2�. Productos de la ganader韆 producidos en las Illes Balears.
    La carne de las especies de porcino, ovino, caprino y aves de corral debe provenir de animales criados y sacrificados en las Illes Balears de acuerdo con lo que establezca en cada caso el art韈ulo 5.1.a) del Reglamento de ejecuci髇 1337/2013 de la Comisi髇, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicaci髇 del Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la indicaci髇 del pa韘 de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral.
    La carne de bovino debe provenir de animales sacrificados y criados en las Illes Balears durante un m韓imo de nueve meses.
  • 3�. Productos de la pesca, el marisqueo o la acuicultura comercializados en primera instancia en puntos de primera venta, lonjas o centros de expedici髇 de las Illes Balears.
  • 4�. Otros alimentos no transformados, no incluidos en los puntos anteriores, producidos por productores primarios de las Illes Balears. Por lo que se refiere al agua, solo tendr醤 la consideraci髇 de producto local las aguas minerales naturales y las aguas de fuente definidas en el Real decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan la explotaci髇 y la comercializaci髇 de aguas minerales naturales y aguas de fuente envasadas para consumo humano.
  • 5�. Alimentos producidos y comercializados bajo una denominaci髇 de origen protegida, una indicaci髇 geogr醘ica protegida o una indicaci髇 geogr醘ica de las Illes Balears.
  • 6�. Productos transformados y alimentos compuestos por m醩 de un ingrediente que tengan como ingrediente primario alguno de los productos citados en los puntos anteriores y que se hayan elaborado en las Illes Balears.
  • 7�. Productos forestales, madereros o no madereros, obtenidos en terrenos forestales de las Illes Balears, y tambi閚 los productos no alimenticios que cumplan alguna de las condiciones anteriores.�

�1. Los consejos insulares, por causas debidamente justificadas y para proyectos sociales, cient韋icos, administrativos y educativos, a propuesta del consejero competente en materia agraria, con la tramitaci髇 previa del procedimiento correspondiente, pueden quedar eximidos de cumplir algunos de los requisitos establecidos en la legislaci髇 agraria y urban韘tica para el ejercicio de la actividad y la inscripci髇 en el registro pertinente, cuando se hayan valorado las circunstancias concurrentes y se acredite la existencia de un inter閟 prevalente.�

玈ecci髇 3
Disposiciones espec韋icas sobre el sector equino

El sector equino se considera una prioridad estrat間ica de la pol韙ica agraria de las Illes Balears.

1. La actividad ecuestre, entendida como cualquier actividad relacionada con los 閝uidos, tanto la ganadera como la de ocio y tiempo libre y la de competici髇 o pupilaje, que se realicen en medio rural, vinculada o dependiente de una explotaci髇 agraria, se regir� por esta ley.

2. Tendr醤 el car醕ter de actividad complementaria de la explotaci髇 agraria, entre otras, las actividades ecuestres que se refieren en el art韈ulo 5.1.c).6 de esta ley.

En ning鷑 caso se permitir� en la explotaci髇 agraria ning鷑 tipo de juego y/o apuesta sobre las actividades enunciadas en el apartado anterior.

3. En ning鷑 caso est醤 sujetas a la declaraci髇 de inter閟 general las actividades ecuestres complementarias, reguladas en este art韈ulo, ni las infraestructuras ni las edificaciones existentes relacionadas con estas actividades, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que se lleven a cabo en una explotaci髇 agraria preferente. La p閞dida de esta condici髇 supondr� la prohibici髇 del ejercicio de estas actividades, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido en materia urban韘tica o previstas en esta ley.
• b) Que las instalaciones se destinen a actividades ecuestres de car醕ter privado no destinadas a espect醕ulos p鷅licos.

4. Las administraciones p鷅licas o sus organismos instrumentales podr醤 crear rutas ecuestres de libre uso en las fincas p鷅licas, las l韓eas ferroviarias sin uso y otras zonas de dominio p鷅lico, sin necesidad de declaraci髇 de inter閟 general.�

1. Las condiciones de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas a las actividades agrarias y complementarias, y las condiciones de uso, son las que establecen esta ley y la normativa territorial y urban韘tica.

2. No computan a efectos de ocupaci髇 ni de edificabilidad las superficies no cubiertas que no est閚 pavimentadas de material impermeable, los invernaderos o umbr醕ulos para la producci髇 vegetal no pavimentados interiormente, las balsas de riego, los estercoleros, las zonas de espera para orde馻r o las 醨eas de acumulaci髇 de esti閞col y purines que tengan que estar pavimentados, de acuerdo con el C骴igo de buenas pr醕ticas agrarias de las Illes Balears y la Directiva del Consejo 91/676/CEE.

3. Para edificaciones de nueva planta, la parcela donde se quiera edificar debe tener una superficie m韓ima de 14.000 m² sin perjuicio de que se trate de una finca funcional de acuerdo con la legislaci髇 hipotecaria y siempre que lo permitan los instrumentos de planeamiento urban韘tico y territorial. No obstante, esta superficie m韓ima no es aplicable a las actuaciones en explotaciones agrarias prioritarias, a las infraestructuras de riego ni a los invernaderos para cultivos.

Las obras de construcci髇 e instalaci髇 de invernaderos para la producci髇 vegetal y los sistemas y las infraestructuras de riego necesarios para la producci髇 agraria estar醤 sujetas al r間imen de comunicaci髇 previa previsto en el art韈ulo 148 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

4. Los edificios se deben ubicar de manera que favorezcan la explotaci髇 agraria de la finca y la protecci髇 del suelo m醩 f閞til.

5. El r間imen de las construcciones y los usos no relacionados directamente con la actividad agraria o complementaria no son objeto de regulaci髇 de esta ley.�

• 玜) Que la explotaci髇 agraria inscrita en el registro agrario genere al menos media unidad de trabajo agrario en Mallorca y en Menorca, 0,4 unidades de trabajo agrario en Ibiza y 0,3 unidades de trabajo agrario en Formentera, a menos que se trate de infraestructuras de almacenaje de agua para riego, en que ser� suficiente la generaci髇 de 0,3 unidades de trabajo agrario en todos los casos.�

1. De acuerdo con el art韈ulo 21.3 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo r鷖tico de las Illes Balears, la administraci髇 p鷅lica competente en materia agraria, por las caracter韘ticas de la actividad de que se trate o por cualquier otra circunstancia de su competencia, debidamente acreditada en el expediente, puede exonerar, de manera total o parcial, del cumplimiento de las condiciones que establezca el planeamiento territorial o urban韘tico relativo a las edificaciones, las construcciones y las instalaciones agrarias y complementarias, salvo las agrotur韘ticas y de agricultura de ocio.

2. Las explotaciones agrarias donde est閚 ubicadas las edificaciones, las construcciones y las instalaciones agrarias y complementarias susceptibles de exoneraci髇 de las condiciones de edificaci髇 e instalaci髇 deben estar inscritas en el registro insular agrario y cumplir la condici髇 de preferentes.

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones mencionadas pueden ser exoneradas total o parcialmente de las siguientes condiciones urban韘ticas:

• a) Las condiciones de la edificaci髇 y la instalaci髇: la superficie construible, la ocupaci髇, la altura, el volumen y las caracter韘ticas tipol骻icas, est閠icas y constructivas.
• b) Las condiciones de la posici髇 y la implantaci髇: la ubicaci髇 dentro de la parcela y los retrocesos.

4. Las edificaciones o instalaciones no pueden ser exoneradas del par醡etro de retroceso en vial o en camino p鷅lico previsto por el planeamiento.

Por lo que se refiere a los umbrales con parcelas de titularidad privada, solo se puede exonerar del par醡etro de retroceso si ello posibilita la alineaci髇 de la edificaci髇 en los umbrales, con el consentimiento escrito de la propiedad de la parcela contigua.

5. La solicitud de exoneraci髇 de cualquiera de las condiciones urban韘ticas mencionadas debe ir acompa馻da de una memoria agron髆ica, que justifique y valore t閏nicamente la necesidad y la conveniencia de la exoneraci髇 y la inexistencia de alternativas viables que no requieran exoneraci髇.

Adem醩, si procede, debe fijar las medidas protectoras, correctoras o compensatorias adecuadas.

6. En caso de que el proyecto est� sometido a evaluaci髇 ambiental, las eventuales medidas protectoras, correctoras o compensatorias se deben establecer en el marco del procedimiento ambiental.

7. La exoneraci髇 de par醡etros legitima al ayuntamiento para otorgar la licencia urban韘tica que corresponda, sin perjuicio del margen de apreciaci髇 de otros organismos, de acuerdo con la regulaci髇 de los supuestos del art韈ulo anterior, de la intervenci髇 preventiva en la edificaci髇 y el uso del suelo y, en particular, de las normas de aplicaci髇 directa.�

1. Las infraestructuras y las dotaciones de servicio vinculadas a una explotaci髇 agraria, salvo las redes y las instalaciones de riego, se rigen por la normativa territorial y urban韘tica.

2. En las infraestructuras de riego promovidas por la administraci髇 p鷅lica competente en materia agraria, de inter閟 auton髆ico, insular o supramunicipal, no es necesario obtener ning鷑 tipo de licencia ni presentar una comunicaci髇 previa ante el ayuntamiento.

3. Se considera un uso admitido, no sujeto a la declaraci髇 de inter閟 general, la implantaci髇 de energ韆s renovables para la autosuficiencia energ閠ica de las explotaciones agrarias.

Estas instalaciones no est醤 sujetas al permiso de instalaci髇 ni a la declaraci髇 responsable para el inicio y el ejercicio de la actividad, ni a la licencia urban韘tica municipal, en los casos previstos en el art韈ulo 48 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio clim醫ico y transici髇 energ閠ica, con independencia de que evacuen o no energ韆 excedente en la red de distribuci髇, ni tampoco se consideran una actividad secundaria a la actividad principal.�

1. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos del sector p鷅lico auton髆ico mediante los cuales se adquieran, de manera directa o indirecta, productos agr韈olas o alimenticios, deben valorar los aspectos sociales y ambientales, considerando especialmente que el hecho de tener su origen en las Illes Balears implica que la producci髇 y el transporte generen una menor huella de carbono.

2. Atendiendo a criterios ambientales de preservaci髇 del medio, de lucha contra el cambio clim醫ico, de reducci髇 de consumo energ閠ico y de mejora de la eficiencia de la cadena alimentaria, los contratos del sector p鷅lico por los que se adquieran, de manera directa o indirecta, productos agr韈olas o alimenticios, deben establecer mecanismo para favorecer la presencia del producto local, tal como se define en la letra s) del art韈ulo 5.1 de esta ley.

3. De acuerdo con el art韈ulo 35 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, el 髍gano de contrataci髇 tambi閚 puede incluir consideraciones de tipo ambiental relativas a las condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y de sus productos derivados en origen, como factor excluyente en caso de que no se acrediten, y de otras relativas a la sostenibilidad, que podr醤 acreditarse mediante la certificaci髇 forestal definida en el art韈ulo 6 de esta misma ley.

4. Sin perjuicio de la aplicaci髇 directa de los apartados 1, 2 y 3 anteriores, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears debe regular las condiciones y los requisitos que han de regir los contratos del sector p鷅lico por los cuales se adquieran, de manera directa o indirecta, productos agr韈olas o alimenticios, entre los cuales deben incluirse:

• a) Un porcentaje m韓imo de productos agr韈olas o alimenticios que tengan la consideraci髇 de producto local.
• b) Un porcentaje m韓imo de productos agr韈olas o alimenticios que tengan la consideraci髇 de producto ecol骻ico.
• c) La valoraci髇, durante la fase de adjudicaci髇, de los porcentajes que se sit鷈n por encima del requisito m韓imo en los productos que tengan la consideraci髇 de producto local o ecol骻ico.
• d) Las condiciones especiales de ejecuci髇, durante la fase de ejecuci髇, que aseguren la presencia de producto local o ecol骻ico o local y ecol骻ico.�

1. Las edificaciones, las construcciones y las instalaciones destinadas a usos agrarios, ubicadas en una explotaci髇 agraria, existentes el d韆 29 de mayo de 2024 y construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de r間imen urban韘tico de las 醨eas de especial protecci髇 de las Illes Balears, se consideran incorporadas a la ordenaci髇 con todos los derechos y los deberes inherentes a las obras ejecutadas con licencia, independientemente de la calificaci髇 del suelo.

Esta consideraci髇 no es de aplicaci髇 en el caso de edificaciones, construcciones o instalaciones situadas en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y sus zonas de servidumbre.

Todo esto, siempre que el d韆 29 de mayo de 2024 no corresponda adoptar medidas de protecci髇 de la legalidad urban韘tica derivadas de resoluciones administrativas o judiciales firmes.

Se establece el procedimiento para reconocer esta incorporaci髇 descrito en los siguientes apartados.

2. La persona titular de la referida edificaci髇, construcci髇 o instalaci髇 debe solicitar ante la administraci髇 agraria correspondiente a cada isla la emisi髇 de un certificado de cumplimiento de las condiciones requeridas en materia agraria.

Para poder emitir este certificado de cumplimiento, se deben presentar planos acotados de plantas y alzados de las edificaciones, construcciones o instalaciones, un reportaje fotogr醘ico de estas, una fotograf韆 a閞ea de antes de 1991 y una actual, y un certificado de un t閏nico competente en que figure el cumplimiento de las condiciones.

3. La Administraci髇 agraria debe comprobar de oficio las correspondientes inscripciones en los registros agrarios en el momento de la entrada en vigor de esta ley y en el momento de la emisi髇 del certificado de cumplimiento.

La administraci髇 agraria tambi閚 debe llevar a cabo una visita para comprobar la veracidad de la documentaci髇 presentada.

4. La persona interesada debe presentar ante el ayuntamiento del municipio donde se ubiquen las edificaciones, construcciones o instalaciones la debida solicitud de incorporaci髇 a la ordenaci髇 con todos los derechos y los deberes inherentes a las obras ejecutadas con licencia.

A la solicitud se debe adjuntar el certificado emitido por la administraci髇 agraria referido en el punto 2 anterior, as� como el resto de la documentaci髇 relacionada en este apartado.

5. Con toda la documentaci髇 del expediente, el ayuntamiento debe dictar una resoluci髇 de incorporaci髇 a la ordenaci髇 con todos los derechos y los deberes inherentes a las obras ejecutadas con licencia.

En el procedimiento regulado en los apartados anteriores no son de aplicaci髇 los par醡etros y las condiciones urban韘ticas aplicables con car醕ter general.�

Hasta que, de acuerdo con lo que prev� el art韈ulo 70 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, no se lleven a cabo las transferencias efectivas de las atribuciones y las funciones en materia agraria a favor del Consejo Insular de Mallorca, estas se continuar醤 ejerciendo por la consejer韆 del Gobierno de las Illes Balears que tenga atribuida la competencia en la materia.�

1. Con car醕ter general, los aprovechamientos cineg閠icos dentro de cotos quedan autorizados 鷑icamente con las previsiones y limitaciones previstas en la resoluci髇 anual de vedas para cada temporada de caza, en aplicaci髇 de la orden general de vedas, la normativa comunitaria y el conocimiento cient韋ico y t閏nico m醩 reciente.

Los cotos que se acojan a estas previsiones y limitaciones, de r間imen general, no har� falta que dispongan de un plan t閏nico de caza para poder practicar la actividad cineg閠ica.

En ausencia de plan t閏nico de caza o habiendo caducado, los cotos quedan acogidos al r間imen general.

2. Alternativamente, los cotos que quieran llevar a cabo aprovechamientos diferentes o por encima de los permitidos en la resoluci髇 anual de vedas o quieran hacer caza intensiva, deben tramitar un plan t閏nico de caza de r間imen especial o de r間imen intensivo.

Se entienden por planes t閏nicos de caza los instrumentos de gesti髇 de que deben disponer los terrenos cineg閠icos de las Illes Balears que no se quieran acoger a las limitaciones establecidas en la resoluci髇 anual de vedas de acuerdo con el apartado anterior, o quieran llevar a cabo pr醕ticas cineg閠icas especiales.

Su finalidad es planificar, durante su vigencia, el aprovechamiento sostenible de los recursos cineg閠icos fuera de las previsiones de la resoluci髇 anual de vedas o en circunstancias especiales.

3. Dentro de la finalidad mencionada en el apartado anterior, el objeto de los planes t閏nicos de caza de r間imen especial, intensivo o de otras tipolog韆s es regular la intensidad de la caza, sus modalidades y las medidas de gesti髇 de la fauna cineg閠ica, as� como las repoblaciones y las sueltas, de conformidad con lo que se dispone reglamentariamente.

4. Reglamentariamente, se establecen el contenido, la tipolog韆, la vigencia y la tramitaci髇 de los planes, as� como los procedimientos para hacer un seguimiento y revisarlos.

5. Los planes t閏nicos de caza debidamente aprobados son obligatorios para los interesados y para la administraci髇, y permiten el ejercicio de la caza dentro del terreno cineg閠ico, de acuerdo con lo que establezcan.

6. El ejercicio de la caza incumpliendo la resoluci髇 anual de vedas o en ausencia del plan t閏nico de caza cuando sea preceptivo o el incumplimiento de este, se considera una infracci髇 administrativa.�

1. Cuando la abundancia de una determinada especie cineg閠ica en una comarca resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial a la agricultura, la ganader韆, la flora o para la misma caza, la administraci髇 competente en materia de caza, dando audiencia a los titulares cineg閠icos, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas puede declarar la mencionada comarca zona de emergencia cineg閠ica temporal y determinar y aplicar las medidas tendentes a eliminar el riesgo y a reducir las poblaciones de la mencionada especie.

2. El expediente de declaraci髇 debe determinar la especie o las especies; el 醡bito territorial de la declaraci髇, que puede ser zonal, comarcal o insular en funci髇 del alcance de los da駉s o riesgos registrados; los terrenos cineg閠icos y no cineg閠icos incluidos afectados; y las causas que fundamentan la declaraci髇, que pueden ser los casos previstos en el art韈ulo 39.1 de esta ley.

3. Las medidas por el control poblacional y la actividad cineg閠ica previstas en la declaraci髇 pueden incluir la ampliaci髇 de periodos de caza, la caza en tiempo de veda, la ampliaci髇 del horario de caza, la ampliaci髇 de las cuotas de captura, la colocaci髇 de cebaderos, la autorizaci髇 de nuevos m閠odos y modalidades, la organizaci髇 de jornadas de caza coordinadas en el tiempo y en el espacio, y otras medidas excepcionales incluidas las prohibidas con car醕ter general, que de acuerdo con el art韈ulo 39 de esta ley se pueden autorizar si son oportunas y proporcionadas a la finalidad perseguida.

4. Una vez acabado el plazo de emergencia temporal que figure en la resoluci髇 de declaraci髇, los terrenos cineg閠icos afectados deben comunicar a la administraci髇 competente en materia de caza, en el plazo que se establezca a este efecto, la informaci髇 sobre los resultados obtenidos, el n鷐ero de ejemplares capturados y todas las circunstancias de inter閟 que se hayan producido.

5. Todas las medidas autorizadas y los medios de control deben cumplir las previsiones de protecci髇 de aves previstas en la normativa y en su r間imen de excepciones.�

1. Los planes t閏nicos de caza aprobados antes de la entrada en vigor de esta ley o de la modificaci髇 de la presente ley tendr醤 vigencia hasta el plazo previsto en cada uno de estos. Las referencias a los planes t閏nicos que se hacen en el articulado se refieren a los supuestos en los que estos planes t閏nicos de caza son obligatorios.

2. Los titulares de cotos que dispongan de plan t閏nico de caza de r間imen general vigente y se quieran acoger al r間imen general previsto en el apartado 1 del art韈ulo 25 de esta ley, pueden comunicarlo a la administraci髇 competente.

La comunicaci髇 supone dejar sin efectos el plan de caza, y el coto queda bajo las regulaciones del r間imen general.

3. Mientras no se efect鷈n nuevos desarrollos reglamentarios, las repoblaciones y las sueltas de especies cineg閠icas aut骳tonas que quedan autorizadas en los cotos que se acojan al r間imen general y no dispongan de plan t閏nico de caza seg鷑 el apartado 1 del art韈ulo 25 de esta ley, son las siguientes: sueltas para caza, en total por temporada cineg閠ica y por especie hasta un m醲imo de 0,7 piezas por hect醨ea de superficie del coto, as� como sueltas para cr韆 en los meses de febrero y marzo por raz髇 de hasta 0,4 piezas por hect醨ea.

4. Las referencias a la vigencia de los anexos de caza mayor que est閚 relacionadas con la vigencia de los planes t閏nicos de caza deben vincular la vigencia al certificado de calidad de caza mayor en los casos en los que los planes t閏nicos de caza dejen de ser preceptivos.�

• 玝) Infracciones graves: multa comprendida entre 3.001 y 60.000 €.
• c) Infracciones muy graves: multa comprendida entre 60.001 y 600.000 €.�

• 玝) Sanci髇 pecuniaria por infracci髇 grave:
  • Grado m韓imo: de 3.001 a 6.000 €.
  • Grado medio: de 6.001 a 20.000 €.
  • Grado m醲imo: de 20.001 a 60.000 €.
• c) Sanci髇 pecuniaria por infracci髇 muy grave:
  • Grado m韓imo: de 60.001 a 200.000 €.
  • Grado medio: de 200.001 a 400.000 €.
  • Grado m醲imo: de 400.001 a 600.000 €.�

�4. La capacidad de carga de visitantes en transporte colectivo por d韆 de la isla de Cabrera Gran se fija en 300 personas simult醤eamente en el 醡bito terrestre.

A los efectos de este apartado, no computan en la cuota de visitantes los siguientes:

• a) El personal funcionario y laboral de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears o de las entidades contratadas por esta, en el ejercicio de sus funciones.
• b) El personal del resto de administraciones p鷅licas en el ejercicio de sus funciones.
• c) Los visitantes que accedan al parque en transporte privado con autorizaci髇 de fondeo y los visitantes con reserva en el refugio.
• d) Los grupos organizados o individuos con finalidades cient韋icas, de divulgaci髇 o de gesti髇 que dispongan de una autorizaci髇 expresa de la direcci髇 del parque.�

Constituyen el objeto de esta ley las siguientes cuestiones:

• a) La ordenaci髇 de los puertos y de las instalaciones portuarias y mar韙imas de competencia de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, como tambi閚 la regulaci髇 de la planificaci髇, la construcci髇, la organizaci髇, la gesti髇, el r間imen econ髆ico financiero y el de polic韆 administrativa.
• b) La limpieza y la vigilancia de las aguas costeras definidas por la legislaci髇 estatal de aguas, en los t閞minos previstos en esta ley y en el 醡bito de competencias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.�

• 玥) Prevenir, limpiar, preservar y mejorar la calidad de las aguas costeras y su vigilancia, inspecci髇 y gesti髇, en los t閞minos previstos en esta ley y en el 醡bito de competencias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.�

�2. Puertos de las Illes Balears tiene encomendado, en los t閞minos que prev� esta ley, el ejercicio de las competencias ejecutivas de la administraci髇 auton髆ica en materia de puertos y de instalaciones portuarias y mar韙imas y de otras atribuidas por esta ley u otra, entre otras las aguas costeras definidas en la legislaci髇 estatal de aguas, la prevenci髇, la limpieza, la preservaci髇 y la mejora de la calidad de las aguas costeras y su vigilancia, inspecci髇 y gesti髇, en los t閞minos previstos en esta ley y en el 醡bito de competencias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.�

Para cumplir su finalidad institucional, Puertos de las Illes Balears ejerce las siguientes funciones:

• a) La gesti髇, la protecci髇, el mantenimiento y la defensa del dominio p鷅lico portuario que se adscriba y el que pudiera afectar a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.
• b) La participaci髇 en la planificaci髇 portuaria y en los procedimientos de elaboraci髇 de las disposiciones reglamentarias que se tengan que dictar en ejecuci髇 de esta ley.
• c) La aprobaci髇 de los pliegos de condiciones generales para otorgar autorizaciones de ocupaci髇 del dominio p鷅lico portuario, como tambi閚 de las ordenanzas reguladoras de los servicios portuarios.
• d) La aprobaci髇 t閏nica de los proyectos para construir o modificar y explotar los puertos, las d醨senas y el resto de instalaciones y obras portuarias que sean competencia de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, as� como su proyecci髇, construcci髇 y explotaci髇 cuando sean de gesti髇 directa.
• e) La tramitaci髇 y la aprobaci髇 inicial del Plan general de puertos y los planes de uso y gesti髇 de los puertos.
• f) El fomento de la actividad econ髆ica de los puertos y la optimizaci髇 de la gesti髇 econ髆ica y la rentabilizaci髇 del patrimonio y de los recursos que tenga asignados.
• g) La colaboraci髇, la cooperaci髇 y la participaci髇 en la preservaci髇 y la mejora medioambiental de las aguas costeras definidas en la legislaci髇 estatal de aguas, as� como en la prevenci髇, la limpieza, la preservaci髇 y la mejora de la calidad de las aguas costeras, en el 醡bito de competencias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.
• h) Las relativas a las autorizaciones, las concesiones y las licencias reguladas en esta ley.
• i) La gesti髇 de los servicios portuarios, como tambi閚 de las actividades complementarias o vinculadas.
• j) La realizaci髇, la autorizaci髇, el fomento y el control de las operaciones mar韙imas y terrestres relacionadas con el tr醘ico y el tr醤sito portuarios y de las destinadas a garantizar la seguridad de las empresas y los usuarios.
• k) La gesti髇, la administraci髇 y el control de subvenciones y ayudas cuando, por raz髇 de la materia, lo decida la consejer韆 competente en materia de puertos.
• l) El establecimiento de las tarifas reguladas en esta ley para prestar los servicios portuarios que corresponda aprobar a la administraci髇 portuaria.
• m) La recaudaci髇 del canon establecido por utilizar el dominio p鷅lico portuario, del resto de tasas previstas en esta ley y de cualquier otro ingreso que le corresponda.
• n) La polic韆 portuaria.
• o) La potestad sancionadora, en los t閞minos que prev� esta ley.
• p) La colaboraci髇 con la consejer韆 a que est� adscrito en las relaciones institucionales con otras administraciones y organismos que act鷄n en materia de puertos.
• q) La propuesta de los bienes y derechos que deben ser objeto de expropiaci髇 forzosa.
• r) La elaboraci髇 de planes de prevenci髇, seguridad y emergencias en cada uno de los puertos, de acuerdo con la normativa vigente.
• s) La colaboraci髇 con entidades que se dedican a la protecci髇 del patrimonio mar韙imo del 醡bito de las Illes Balears.
• t) La elaboraci髇 y la aprobaci髇 de los proyectos, como tambi閚 la instalaci髇, la ejecuci髇, la gesti髇, el mantenimiento y la explotaci髇 de los campos de boyas previstos en la normativa auton髆ica sobre la conservaci髇 de la posidonia oce醤ica, u otros que se pudieran establecer para la protecci髇 ambiental del entorno marino y las aguas costeras, en los t閞minos previstos en esta ley y en el 醡bito de competencias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, sin perjuicio de los t韙ulos habilitantes para ocupar el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y de las competencias de la consejer韆 competente en materia de medio ambiente.
• u) La colaboraci髇, la cooperaci髇 y la participaci髇 en la vigilancia, la inspecci髇 y la gesti髇 de las competencias ejecutivas de la administraci髇 auton髆ica relacionadas con las aguas costeras, en los t閞minos previstos en esta ley y sin perjuicio de las competencias de la consejer韆 competente en materia de medio ambiente.
• v) La suscripci髇 de convenios y acuerdos de colaboraci髇 con administraciones y entidades p鷅licas o privadas para llevar a cabo actuaciones relacionadas con sus funciones, as� como para gestionar instalaciones portuarias o mar韙imas no incluidas en el dominio p鷅lico portuario auton髆ico.
• w) El resto de funciones que le asigna esta ley y los estatutos de la entidad, as� como las que le atribuyan el Gobierno y la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma.�

�2. Los estatutos determinan la composici髇 del Consejo de Administraci髇, de acuerdo con las siguientes normas:

• a) Son miembros natos el presidente, que tambi閚 preside el Consejo de Administraci髇, el vicepresidente y el director gerente de Puertos de las Illes Balears.
• b) Los miembros designados, en un n鷐ero no inferior a 12 ni superior a 25, son nombrados por acuerdo del Consejo de Gobierno por un periodo de cuatro a駉s.
• c) Al menos la mitad de los miembros designados lo deben ser de acuerdo con criterios de competencia profesional.
• d) La composici髇 del Consejo de Administraci髇 debe respetar el principio de representaci髇 equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entender� por representaci髇 equilibrada la presencia de mujeres y hombres de manera que ning鷑 sexo supere el 60% del conjunto de personas a las cuales se refiere.�

1. Las funciones que establece esta ley relativas a la limpieza y la vigilancia de las aguas costeras definidas en la legislaci髇 estatal de aguas se entienden sin perjuicio y salvaguardando, en todo caso, las competencias que corresponden a la Administraci髇 del Estado y a los municipios de las Illes Balears.

2. Las funciones que establece esta ley se entienden sin perjuicio de las competencias que corresponden a la consejer韆 competente en materia de medio ambiente.�

• 玼) La coeducaci髇 y la igualdad real entre hombres y mujeres.�

�6. La administraci髇 educativa, o韉as las organizaciones representativas del sector educativo privado concertado, debe regular las condiciones y los requisitos de los centros privados que quieran suscribir un concierto educativo con la finalidad de ampliar la oferta educativa del primer ciclo de educaci髇 infantil.�

�7. En caso de que los conciertos educativos resulten insuficientes para garantizar la oferta educativa, el incremento de plazas o la financiaci髇 del primer ciclo de educaci髇 infantil, adicionalmente se podr醤 formalizar convenios de colaboraci髇 en los t閞minos que dispone el apartado 1 del art韈ulo 15 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de educaci髇.�

�8. Los centros p鷅licos y los privados de primer ciclo de educaci髇 infantil que cumplan las condiciones legales, est閚 autorizados previamente por la administraci髇 educativa y formen parte de la red p鷅lica o hayan suscrito un concierto educativo, pueden recibir las ayudas econ髆icas que se convoquen. Los tipos de ayudas que convoque la consejer韆 deben tener como objetivo paliar la falta de plazas, contribuir a reducir las desigualdades y favorecer a los sectores m醩 vulnerables socialmente. Los alumnos de estos centros y los de los centros de educaci髇 infantil autorizados en situaci髇 de vulnerabilidad que re鷑an los requisitos que se establezcan, pueden recibir las ayudas de escolarizaci髇 y comedor que sean pertinentes.�

• 玨) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 醡bitos de la personalidad y en las relaciones con otras personas, as� como una actitud contraria a la violencia.�

�3. En caso de que la cooperaci髇 a la que se refiere este art韈ulo se articule a trav閟 de convenios de colaboraci髇, estos podr醤 tener una duraci髇 superior a cuatro a駉s, de acuerdo con el l韒ite m醲imo de anualidades que prev� el art韈ulo 65.5.a) de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.�

�4. En el caso de admisi髇 en el primer ciclo de educaci髇 infantil en los centros p鷅licos y en los centros privados concertados, la administraci髇 educativa debe establecer los mismos principios y criterios de admisi髇 que para el resto de tramos educativos y velar para que los ni駉s en situaci髇 vulnerable tengan acceso a las plazas ofrecidas.�

�3. En las condiciones que se establezcan y sin perjuicio de las competencias que les son propias, las administraciones pueden constituir comisiones de escolarizaci髇, que deben actuar como 髍ganos de garant韆 de admisi髇 en los procesos de adscripci髇 y de admisi髇 de alumnos, las cuales deben estar integradas por representantes de la administraci髇 educativa, de la administraci髇 local, de los centros educativos p鷅licos y de los privados concertados, y de las familias o tutores.�

• 玥) El aprendizaje de la lengua catalana, como lengua oficial de la comunidad aut髇oma para la comunicaci髇 y el acceso a la cultura de las Illes Balears.�

• 玣) La acogida lingstica para los alumnos de incorporaci髇 tard韆 en el sistema educativo de las Illes Balears.�

�3. Los centros educativos mediante la aprobaci髇 de su proyecto lingstico deber醤 garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las ense馻nzas obligatorias.�

�2. Asimismo, la consejer韆 puede financiar el sostenimiento de plazas para ni駉s de primer ciclo de educaci髇 infantil de centros privados autorizados que hayan suscrito el concierto educativo, y subvencionar la creaci髇 de plazas para ni駉s de primer ciclo de educaci髇 infantil de centros privados autorizados de acuerdo con las condiciones que se regulen a este efecto.�

�3. Los centros educativos p鷅licos pueden recibir financiaci髇 espec韋ica de las administraciones locales, insulares, auton髆ica y estatal, y de entes p鷅licos que est閚 vinculados a estas, para el desarrollo de actividades y proyectos que fomenten la educaci髇 en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, as� como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad en el marco de los principios democr醫icos de convivencia, y tambi閚 para participar en ellos.�

�4. La administraci髇 educativa regular� el servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de la ense馻nza b醩ica y de segundo ciclo de educaci髇 infantil que est� obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia y, en el caso de bachillerato, a desplazarse fuera del municipio de residencia por falta de la etapa educativa correspondiente; y tambi閚 debe promover medidas, junto con las otras administraciones p鷅licas, para facilitar el transporte al alumnado de formaci髇 profesional.�

�1. Los 髍ganos de coordinaci髇 did醕tica de los centros educativos seleccionar醤 los libros de texto y otros materiales did醕ticos curriculares que deben utilizarse en las ense馻nzas que correspondan, de acuerdo con su proyecto educativo. La edici髇 y la adopci髇 de estos materiales no requerir醤 autorizaci髇 previa de la administraci髇 educativa. En cualquier caso, se adaptar醤 al rigor cient韋ico y al curr韈ulum que corresponda a la edad del alumnado aprobado por la administraci髇 educativa y fomentar醤 los principios, los valores, las libertades, los derechos y los deberes establecidos en la Constituci髇 Espa駉la, en el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears y en esta ley.�

• 玦) El complemento de puesto de dif韈il cobertura.�

�8. Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno se deben determinar, para cada curso escolar y para cada una de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, los puestos de dif韈il cobertura y de muy dif韈il cobertura en funci髇 de la ubicaci髇 geogr醘ica, de la especialidad docente o de otros criterios que el Consejo de Gobierno pueda determinar.

Asimismo, el Consejo de Gobierno, de conformidad con los art韈ulos 37 y 38 del Estatuto b醩ico del empleado p鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con el art韈ulo 71 de esta ley, debe concretar o modificar los importes del complemento de puesto de dif韈il cobertura.�

�9. A efectos de lo que prev� el punto 2� de la letra b) del apartado 4 de esta disposici髇 transitoria, se consideran puestos de car醕ter singular los que, por su peligrosidad, penosidad o toxicidad, se determinen por acuerdo del Consejo de Gobierno, el cual fijar�, adem醩, de conformidad con los art韈ulos 37 y 38 del Estatuto b醩ico del empleado p鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con el art韈ulo 71 de esta ley, el importe del correspondiente componente singular del complemento espec韋ico anual.�

1. La red complementaria a la red de escuelas infantiles p鷅licas mantendr� la vigencia hasta el momento en que queden extinguidos o expire la vigencia de los convenios de colaboraci髇 entre el Gobierno de las Illes Balears y las entidades privadas interesadas por mejorar la oferta de plazas de primer ciclo de educaci髇 infantil y las condiciones educativas de la primera infancia y tambi閚 los convenios espec韋icos de colaboraci髇 suscritos entre el Gobierno de las Illes Balears y los centros de titularidad privada de la red complementaria para establecer la gratuidad del servicio de escolarizaci髇 b醩ica del primer ciclo de educaci髇 infantil.

2. Mientras se mantenga vigente la red complementaria a la red de escuelas infantiles p鷅licas, la consejer韆 puede subvencionar la creaci髇 y financiar el sostenimiento de plazas para ni駉s de primer ciclo de educaci髇 infantil de centros privados autorizados que formen parte de la misma. Asimismo, con respecto a la admisi髇 en el primer ciclo de educaci髇 infantil, se les debe aplicar lo que prev閚 el apartado 4 del art韈ulo 108 y el apartado 3 del art韈ulo 110 de esta ley, incluida la participaci髇 de representantes de estos centros en las comisiones de escolarizaci髇.

3. Las disposiciones normativas referidas a los centros privados de primer ciclo de educaci髇 infantil adheridos a la red complementaria a la red de escuelas infantiles p鷅licas una vez esta se extinga se tendr醤 que entender referidas a los centros privados concertados de primer ciclo de educaci髇 infantil.

4. Lo dispuesto en los anteriores apartados se entiende sin perjuicio de lo que establece el apartado 7 del art韈ulo 7 de esta ley.�

A partir del curso escolar 2024-2025, si no se ha regulado el servicio complementario de transporte escolar del alumnado de bachillerato en los t閞minos que establece el apartado 4 de la disposici髇 adicional sexta de esta ley, y siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la administraci髇 educativa debe prestar el servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de bachillerato que est� obligado a desplazarse fuera del municipio de residencia para cursar esta etapa.

No obstante, la administraci髇 educativa puede autorizar la prestaci髇 del servicio de transporte escolar al alumnado de bachillerato que resida en una localidad o en una zona rural distinta de donde est� ubicado el centro educativo al que asiste, porque no dispone de un centro docente p鷅lico de escolarizaci髇, cuando concurran dificultades espec韋icas justificadas, como la lejan韆 de los espacios poblacionales u otras circunstancias de inter閟 p鷅lico.�

• 玤) El complemento de carrera profesional.�

• 玧) Complemento compensatorio para los profesores t閏nicos de formaci髇 profesional que retribuye a los funcionarios de carrera, en servicio activo, del cuerpo a extinguir de profesores t閏nicos de formaci髇 profesional que no hayan sido integrados en el cuerpo de profesores de ense馻nza secundaria por no poseer la titulaci髇 requerida, por la diferencia del sueldo base del subgrupo A1 y del subgrupo A2, teniendo en cuenta el impacto en las pagas extras.�

�9. El establecimiento de percepciones por la prestaci髇 de los servicios complementarios que ofrecen los centros educativos que suscriban conciertos educativos de primer ciclo de educaci髇 infantil requerir� la autorizaci髇 de la Consejer韆 de Educaci髇 y Universidades.

A este efecto, se consideran servicios complementarios el comedor, el transporte escolar, el gabinete m閐ico o psicopedag骻icos y cualquier otro de an醠oga naturaleza, as� como las horas de atenci髇 a los ni駉s y ni馻s no financiadas por el concierto educativo.

Lo que dispone este apartado ser� igualmente aplicable a los centros privados que hayan suscrito un convenio para la financiaci髇 de la gratuidad de este ciclo, y el establecimiento de precios no autorizados por la Consejer韆 de Educaci髇 y Universidades ser� causa de extinci髇 del convenio.�

DISPOSICIONES ADICIONALES

En los centros educativos autorizados para impartir las ense馻nzas de segundo ciclo de educaci髇 infantil y, en su caso, niveles superiores que pretendan crear o ampliar unidades de primer ciclo de educaci髇 infantil, la administraci髇 educativa, al efecto de otorgar la correspondiente autorizaci髇, comprobar� el cumplimiento de los requisitos m韓imos establecidos en este decreto con respecto a las unidades del ciclo objeto de creaci髇 o ampliaci髇.

Si la creaci髇 o la ampliaci髇 de las unidades de primer ciclo de educaci髇 infantil implica la ocupaci髇 de espacios o parte de espacios del centro previamente autorizados para llevar a cabo otras ense馻nzas, la administraci髇 educativa revisar� el cumplimiento de los requisitos de los espacios de las ense馻nzas afectadas.

Todo ello sin perjuicio de que la Consejer韆 de Educaci髇 y Universidades, de oficio y en el marco de otro procedimiento administrativo, lleve a cabo las actuaciones que correspondan en caso de advertir incumplimientos de los requisitos m韓imos del centro en la parte correspondiente a otras ense馻nzas.

Las funciones de los 髍ganos colegiados del Instituto para la Educaci髇 de la Primera Infancia previstas en los art韈ulos 16 y 17 del Decreto 30/2020, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el texto consolidado del Decreto por el que se establece y regula la red de escuelas infantiles p鷅licas y los servicios para la educaci髇 de la primera infancia de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears y se crea el Instituto para la Educaci髇 de la Primera Infancia, podr醤 ser ejercidas por la Mesa de Participaci髇 del Sector del Primer Ciclo de Educaci髇 Infantil cuando as� lo acuerde, por razones de simplificaci髇 administrativa, el consejero de Educaci髇 y Universidades.�

Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo que dispone este decreto ley y, en particular, los art韈ulos y las disposiciones del Decreto ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la educaci髇 de los ni駉s matriculados en el tercer nivel de educaci髇 infantil en los centros de las redes educativas que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo que dispone este decreto ley.�

�3. Los m骴ulos econ髆icos por unidad escolar de los diferentes niveles y modalidades educativos para otros gastos comprenden los gastos de personal de administraci髇 y servicios, los ordinarios de mantenimiento, conservaci髇 y funcionamiento, y las cuant韆s que corresponden a la reposici髇 de las inversiones reales.

Asimismo, la Consejer韆 de Educaci髇 y Universidades debe financiar, con cargo a estos m骴ulos, lo siguiente:

• a) A partir del curso 2023-2024 el Programa de Acompa馻miento Escolar (PAE) y a partir del curso 2024-2025 el Programa para la Orientaci髇, el Avance y el Enriquecimiento Educativos PROA+, dirigidos a los centros educativos privados concertados, en los t閞minos y con los l韒ites que determine el Consejo de Gobierno mediante un acuerdo, as� como de otros que, por su misma naturaleza, se determinen mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno.
• b) Los gastos espec韋icos de las aulas UEECO de los centros educativos privados concertados, en los t閞minos y con los l韒ites que determine el Consejo de Gobierno mediante un acuerdo.
• c) A partir del 1 de enero de 2024 y hasta que la consejer韆 los asuma, total o parcialmente, los gastos generados por el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en relaci髇 con los alumnos que hagan pr醕ticas formativas no remuneradas, en caso de que estas obligaciones correspondan al centro concertado de formaci髇 responsable de la oferta formativa, en el marco de lo que establece la disposici髇 adicional quincuag閟ima segunda del Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliaci髇 de derechos de los pensionistas, la reducci髇 de la brecha de g閚ero y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema p鷅lico de pensiones.
• d) Los otros gastos de funcionamiento que apruebe el Consejo de Gobierno mediante un acuerdo.

Estos gastos se deben justificar anualmente ante la direcci髇 general competente en materia de centros concertados, de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas por los consejos escolares, con la informaci髇 que a este efecto se requiera en los modelos de justificaci髇 que apruebe, mediante una resoluci髇, la persona titular de la direcci髇 general mencionada.�

Este decreto ley tiene por objeto impulsar la mejora o la ampliaci髇 de la red de equipamientos p鷅licos de usos educativos, de investigaci髇, sanitarios y sociales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears; establecer medidas de agilizaci髇 y simplificaci髇 de los procedimientos administrativos relativos a la ejecuci髇 de obras e inversiones p鷅licas para dotaciones de estos equipamientos p鷅licos; y regular los efectos de la declaraci髇 de inversiones de inter閟 auton髆ico de las Illes Balears, con la finalidad de atender la demanda creciente de servicios y prestaciones en estos 醡bitos.

Asimismo, con car醕ter excepcional, las normas que contiene este decreto ley ser醤 aplicables a otras infraestructuras o equipamientos p鷅licos de usos diferentes de los educativos, de investigaci髇, sanitarios y sociales, cuando estos equipamientos se consideren de inter閟 auton髆ico y as� lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno.�

玊odos los equipamientos p鷅licos a los cuales se hace referencia pueden disponer de usos secundarios o complementarios que sean necesarios para que estos funcionen adecuadamente.�

獳simismo, visto el r間imen jur韉ico especial de los municipios de Palma e Ibiza establecido por la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, en el marco de la legislaci髇 b醩ica estatal, del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears y de la legislaci髇 sobre r間imen local de las Illes Balears, as� como la Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza, los ayuntamientos respectivos, mediante un acuerdo de la junta de gobierno local, pueden solicitar directamente al Gobierno de las Illes Baleares, a trav閟 de la consejer韆 competente por raz髇 de la materia, que un equipamiento de los previstos en el art韈ulo 1 de este decreto ley sea declarado como inversi髇 de inter閟 auton髆ico.�

�1. Calificaci髇 del suelo

Los terrenos donde se acuerde la ubicaci髇 del equipamiento p鷅lico deben calificarse autom醫icamente como sistema general de equipamiento del uso correspondiente.

Los sistemas generales de equipamientos en suelo r鷖tico no pueden situarse en terrenos calificados como suelo r鷖tico protegido, a excepci髇 de los supuestos de 醨eas de prevenci髇 de riesgo en las que la calificaci髇 subyacente sea la de suelo r鷖tico com鷑. En estos casos se adoptar醤 medidas para prevenir y evitar el riesgo y se requerir� un informe previo favorable de la administraci髇 competente, a no ser que se trate de 醨eas de prevenci髇 de riesgo de erosi髇 y de contaminaci髇 o vulnerabilidad de acu韋eros.�

獳simismo, visto el r間imen jur韉ico especial de los municipios de Palma e Ibiza establecido por la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, en el marco de la legislaci髇 b醩ica estatal, del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears y de la legislaci髇 sobre r間imen local de las Illes Balears, y por la Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza, los ayuntamientos respectivos, mediante un acuerdo de la junta de gobierno, pueden autorizar directamente el proyecto una vez el Consejo de Gobierno haya aprobado la correspondiente declaraci髇 de inversi髇 de inter閟 auton髆ico.�

�6. Plazos de ejecuci髇 de la actuaci髇

La administraci髇 o el ente instrumental p鷅lico promotor dispone, desde la declaraci髇 de un equipamiento p鷅lico de uso educativo, de investigaci髇, sanitario o social como inversi髇 de inter閟 auton髆ico de las Illes Balears, de un plazo m醲imo de dos a駉s para presentar el proyecto y de dos a駉s m醩 a continuaci髇 para iniciar su ejecuci髇.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos indicados en este apartado determina la caducidad de la declaraci髇.

No obstante, en los casos en los que se considere oportuno tramitar nuevamente la declaraci髇 de inversi髇 de inter閟 auton髆ico se pueden incorporar al procedimiento los actos y tr醡ites cuyo contenido se habr韆 mantenido igual si no se hubiera producido la caducidad. A este efecto, si el proyecto de construcci髇 del equipamiento no ha sufrido ning鷑 cambio, se incorporar� en todo caso al nuevo procedimiento la autorizaci髇 del proyecto prevista en el apartado 4 juntamente, si procede, con el informe emitido por el ayuntamiento del municipio donde se ubique el equipamiento.

La administraci髇 o el ente p鷅lico instrumental promotor dispondr�, desde la nueva declaraci髇 de inter閟 auton髆ico, del plazo de ejecuci髇 de la actuaci髇 establecido en el primer p醨rafo de este apartado.�

�7. Finalizaci髇 de las obras y utilizaci髇 del equipamiento

Una vez acreditada la finalizaci髇 de las obras previstas y la adecuaci髇 de estas a los proyectos autorizados por la consejer韆, el ente instrumental p鷅lico o, si procede, los ayuntamientos de Palma o Ibiza, corresponde al Gobierno de las Illes Balears, o a los ayuntamientos de Palma o Ibiza, seg鷑 corresponda, presentar ante el ayuntamiento competente la declaraci髇 responsable de inicio y ejercicio de la actividad junto con el proyecto de actividades ejecutado, a los efectos previstos en la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de instalaci髇, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

Corresponde al ayuntamiento donde se ubique el equipamiento dictar los actos de intervenci髇 administrativa, inspecci髇, control y sanci髇, de acuerdo con lo que, con car醕ter general, regula la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.�

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejer韆 de Educaci髇 y Universidades, puede declarar como inversi髇 de inter閟 auton髆ico las actuaciones de mejora o ampliaci髇 de centros educativos privados sostenidos con fondos p鷅licos, en las condiciones que determine para ejecutarlas, por su especial relevancia para el desarrollo econ髆ico y social de las Illes Balears, cuando razones de inter閟 p鷅lico lo aconsejen, con la finalidad de atender la demanda creciente de escolarizaci髇 y de servicios educativos, de acuerdo con lo que dispone el cap韙ulo II del t韙ulo I de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversi髇 en las Illes Balears.

2. Para declarar una mejora o ampliaci髇 de un centro existente como inversi髇 de inter閟 auton髆ico, el Consejo de Gobierno debe identificar a la entidad promotora y el centro concertado para el cual lo solicita, las razones de inter閟 p鷅lico que lo justifican, los terrenos donde se ubica o se debe ubicar con indicaci髇 expresa de la referencia catastral y la titularidad, debe determinar el uso educativo que se debe dar al equipamiento y se馻lar el sistema general de equipamiento en el suelo urbano o urbanizable al cual se adscribe o, en su caso, informar de la calificaci髇 urban韘tica de los terrenos donde se sit鷄 el equipamiento si este ya existe.

3. La declaraci髇 de inversi髇 de inter閟 auton髆ico, adem醩 de las determinaciones previstas en el cap韙ulo II del t韙ulo I de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversi髇 en las Illes Balears, comporta lo siguiente:

• 1�. Los terrenos donde se acuerde la ubicaci髇 del equipamiento educativo se deben calificar autom醫icamente como sistema general de equipamiento de uso educativo en suelo urbano o urbanizable.
• 2�. Las determinaciones urban韘ticas del equipamiento deben corresponder a las requeridas para el proyecto necesario para llevar a cabo la actuaci髇 y, por lo tanto, no deben depender del desarrollo territorial o urban韘tico previo ni de los instrumentos de gesti髇 correspondientes, y deben ser efectivas inmediatamente, sin perjuicio de dar cumplimiento a las normativas de accesibilidad, seguridad y actividades, as� como respetar las normas de aplicaci髇 directa previstas en el art韈ulo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
• 3�. El ayuntamiento debe incorporar a su planeamiento, cuando se lleve a cabo una revisi髇 o una modificaci髇, la regularizaci髇 urban韘tica del equipamiento educativo ejecutado, sin perjuicio de su efectividad inmediata.
• 4�. Corresponde al ayuntamiento donde se ubique el equipamiento dictar los actos de intervenci髇 administrativa, inspecci髇, control y sanci髇, de acuerdo con lo que, con car醕ter general, regula la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.�

1. Las disposiciones de este decreto ley son aplicables a los equipamientos p鷅licos de usos educativos, de investigaci髇, sanitarios, sociales y otras infraestructuras que sean promovidas, financiadas o desarrolladas por los consejos insulares.

2. A este efecto, las referencias a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears se deben entender efectuadas a los consejos insulares respectivos, y las referencias al Consejo de Gobierno se deben entender efectuadas al 髍gano competente de cada consejo insular.�

A la documentaci髇 mencionada en el segundo p醨rafo del art韈ulo 5 y en el primer p醨rafo del art韈ulo 6, como tambi閚 en la disposici髇 adicional primera, se debe adjuntar, si procede, la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 39 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de instalaci髇, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.�

�4. Las instalaciones de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica pueden solicitar a la direcci髇 general competente en materia de energ韆 el reconocimiento de la utilidad p鷅lica a efectos de la declaraci髇 de inter閟 general a que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 24 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo r鷖tico de las Illes Balears. En estos casos no se puede exigir la prestaci髇 compensatoria para usos y aprovechamientos excepcionales a que se refiere el art韈ulo 17 de la ley mencionada.

Lo que se establece en el p醨rafo anterior es aplicable igualmente a las infraestructuras el閏tricas de las estaciones de recarga de veh韈ulos el閏tricos de potencia superior a 250 kW, e igual o superior a 50 kW en la isla de Formentera. En estos casos no se puede exigir la prestaci髇 compensatoria mencionada.�

1. El procedimiento para la declaraci髇 de utilidad p鷅lica o el reconocimiento de utilidad p鷅lica de las instalaciones mencionadas en el art韈ulo anterior, as� como para la declaraci髇 de inter閟 auton髆ico energ閠ico, incluye los siguientes tr醡ites:

• a) Presentaci髇 de la solicitud de declaraci髇 de utilidad p鷅lica, de reconocimiento de utilidad p鷅lica o de declaraci髇 de inter閟 auton髆ico energ閠ico acompa馻da de la documentaci髇 t閏nica que se establezca por orden del consejero competente en materia de energ韆.
• b) Admisi髇 a tr醡ite y evaluaci髇, si procede, de la solicitud de declaraci髇 de utilidad p鷅lica, de reconocimiento de utilidad p鷅lica o de declaraci髇 de inter閟 auton髆ico energ閠ico por parte de la direcci髇 general competente en materia de energ韆.
• c) En caso de admisi髇 a tr醡ite:
  • 1.� Tr醡ite de informaci髇 p鷅lica: consiste en la publicaci髇 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears del anuncio relativo a la solicitud de autorizaci髇 administrativa, utilidad p鷅lica, reconocimiento de utilidad p鷅lica o inter閟 auton髆ico energ閠ico. Se publicar� toda la informaci髇 que consta en la solicitud del expediente en la p醙ina web de la direcci髇 general competente en materia de energ韆. Esta informaci髇 p鷅lica es suficiente a los efectos de los tr醡ites de autorizaci髇 administrativa previa o construcci髇.
  • 2.� Solicitud de informes a otras administraciones y, en todo caso, al consejo insular y a los ayuntamientos correspondientes sobre la conformidad o la oposici髇 al proyecto, que emitir醤 el informe respectivo en un plazo m醲imo de treinta d韆s, de manera que la falta de emisi髇 del informe en este plazo se debe entender que implica la conformidad de la instituci髇 respectiva.
  • 3.� Comunicaci髇 a los titulares de bienes y derechos afectados, y otorgamiento de un plazo de un mes para formular alegaciones desde la recepci髇 de la notificaci髇 correspondiente.
  • 4.� Resoluci髇 del director general competente en materia de energ韆.

2. Todo aquello que no se define en este procedimiento se ajustar� con car醕ter supletorio al procedimiento definido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector el閏trico; en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas; y en la normativa legal en materia de impacto ambiental, si procede.�

�2. En los nuevos desarrollos urban韘ticos que prevean los instrumentos recogidos en el apartado anterior se reservar�, en el municipio, un 醨ea de suelo destinada a la generaci髇 de energ韆 renovable con una superficie suficiente para producir la energ韆 que determinen dos horas de uso diario de la potencia m韓ima de dise駉 prevista, seg鷑 lo que establece el Reglamento electrot閏nico para baja tensi髇, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆, dictada en el marco del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, se puede modificar la potencia m韓ima de generaci髇 renovable que se debe instalar.

Adem醩, en los proyectos de las nuevas edificaciones como consecuencia de este desarrollo urban韘tico se cumplir� lo que establece el art韈ulo 32.3 de esta ley.�

�3. En los proyectos de las nuevas edificaciones asociadas a nuevos desarrollos urban韘ticos se prever� la preinstalaci髇 el閏trica para una instalaci髇 de autoconsumo colectivo, incluidos los armarios para equipos de medida, que cumpla las condiciones t閏nicas vigentes en el momento de presentaci髇 del proyecto.�

1. La integraci髇 de energ韆 el閏trica mediante energ韆s renovables y la gesti髇 de la demanda pueden ser mejoradas con la instalaci髇 de equipos de almacenamiento energ閠ico y con otros elementos con la finalidad de proporcionar capacidad de gesti髇, asegurar la calidad del suministro y minimizar el desarrollo de nueva red necesaria para esta integraci髇.

En funci髇 del inter閟 energ閠ico de estas instalaciones de almacenamiento energ閠ico se puede solicitar a la direcci髇 general competente en materia de energ韆 la declaraci髇 de inter閟 auton髆ico energ閠ico. La declaraci髇 de inter閟 auton髆ico energ閠ico implica los mismos efectos que establece la disposici髇 adicional d閏ima de esta ley para la declaraci髇 p鷅lica.

2. Para facilitar la integraci髇 de energ韆s renovables en el sistema el閏trico balear, el art韈ulo 48 bis de esta ley es de aplicaci髇 a todas las l韓eas de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica con independencia de si est醤 asociadas o no el閏tricamente a un sistema de generaci髇 renovable.�

�2. No son necesarias la autorizaci髇 administrativa previa ni la autorizaci髇 administrativa de construcci髇 para las instalaciones de generaci髇 el閏trica mediante energ韆s renovables aisladas, para las instalaciones de generaci髇 conectadas a la red en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, para las instalaciones de producci髇 conectadas a la red con excedentes seg鷑 la normativa estatal vigente que las regula, y para las instalaciones de producci髇 de peque馻 potencia que, por sus caracter韘ticas, determine el Plan Director Sectorial Energ閠ico.�

�4. A los efectos de tramitaci髇 y autorizaci髇, las instalaciones de evacuaci髇 se consideran parte integrante de las correspondientes instalaciones de energ韆s renovables.

Las redes de evacuaci髇 de energ韆 el閏trica de las instalaciones de producci髇 el閏trica a partir de fuentes renovables o de almacenamiento el閏trico en suelo r鷖tico discurrir醤 preferentemente por caminos p鷅licos, por caminos privados o por zonas p鷅licas. Por resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆 se pueden establecer otras medidas alternativas a las anteriores.

En todo caso, se dispondr� de los permisos o los servicios necesarios para posibilitar que el titular de la infraestructura de evacuaci髇 tenga acceso a cualquier punto de las instalaciones.�

�2. A los efectos de esta ley, se consideran proyectos de generaci髇 renovable con participaci髇 local aquellos en los que se acredite que se ha ofrecido la posibilidad de participar, en al menos el 20% de la propiedad del proyecto, o en su financiaci髇 a trav閟 de instrumentos de deuda, a las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, radicadas en el municipio en el que se pretende situar la instalaci髇 o en los municipios lim韙rofes al mismo.�

�1. Las nuevas edificaciones o las que tengan un cambio de uso en suelo r鷖tico cubrir醤 la totalidad o parte del consumo anual el閏trico previsto mediante la instalaci髇 de generaci髇 renovable de autoconsumo. La instalaci髇 de autoconsumo puede estar aislada o conectada a la red, y en este 鷏timo caso la potencia m韓ima de generaci髇 que se instalar� es la que determinen dos horas de uso diario de la potencia prevista calculada seg鷑 lo que establece el Reglamento electrot閏nico para baja tensi髇, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆, dictada en el marco del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, se puede modificar la potencia m韓ima de generaci髇 renovable que se debe instalar.�

�1. Los espacios destinados a plazas de estacionamiento de todos los nuevos aparcamientos de titularidad privada en suelo urbano ubicados en superficie que ocupen un 醨ea total superior a 1.000 metros cuadrados se cubrir醤 con placas de generaci髇 solar fotovoltaica destinadas al autoconsumo de las instalaciones del aparcamiento y las instalaciones asociadas. Se consideran como instalaciones asociadas al aparcamiento las instalaciones de los establecimientos del sector de actividad secundario y terciario a los cuales el aparcamiento da servicio.

La m韓ima potencia pico total de autoconsumo que se instalar� para las instalaciones del aparcamiento y las asociadas es la que determinen dos horas de uso diario de la potencia prevista, calculada seg鷑 lo que establece el Reglamento electrot閏nico para baja tensi髇, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con el l韒ite m醲imo de potencia que resulte de cubrir la superficie total de las plazas de aparcamiento. Mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆, dictada en el marco del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, se puede modificar la potencia m韓ima de generaci髇 renovable que se debe instalar.

2. Los espacios destinados a plazas de estacionamiento de todos los nuevos aparcamientos de titularidad privada en suelo urbano ubicados en superficie que ocupen un 醨ea total superior a 1.000 metros cuadrados se cubrir醤 con placas de generaci髇 solar fotovoltaica destinadas al autoconsumo de las instalaciones del aparcamiento y las instalaciones asociadas. Se consideran como instalaciones asociadas al aparcamiento las instalaciones de los establecimientos del sector de actividad secundario y terciario a los cuales el aparcamiento da servicio.

La m韓ima potencia pico total de autoconsumo que se instalar� para las instalaciones del aparcamiento y las asociadas es la que determinen dos horas de uso diario de la potencia prevista, calculada seg鷑 lo que establece el Reglamento electrot閏nico para baja tensi髇, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con el l韒ite m醲imo de potencia que resulte de cubrir la superficie total de las plazas de aparcamiento. Mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆, dictada en el marco del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, se puede modificar la potencia m韓ima de generaci髇 renovable que se debe instalar.

3. Se cubrir醤 con placas solares de generaci髇 fotovoltaica los espacios destinados a plazas de estacionamiento de todos los aparcamientos de titularidad p鷅lica en suelo urbano ubicados en superficie que ocupen un 醨ea total superior a 1.000 metros cuadrados.

La superficie que se cubrir� es toda la zona destinada a plazas de estacionamiento de los veh韈ulos. Quedan excluidos los viales de circulaci髇, las zonas de maniobra, las zonas de servicios y las zonas con escasa insolaci髇 por la sombra de edificios o 醨boles.�

�1. Los par醡etros urban韘ticos de ocupaci髇, edificabilidad y altura, as� como los retranqueos exigidos en el instrumento de planeamiento no son aplicables en suelo urbano a las instalaciones de generaci髇 el閏trica renovable y los respectivos apoyos y elementos auxiliares siguientes:

• a) Las ubicadas en aparcamientos.
• b) Las ubicadas sobre cubierta.
• c) Las de autoconsumo promovidas por las diferentes administraciones p鷅licas en desarrollo o ejercicio de actuaciones ligadas al uso o al servicio p鷅lico.
• d) Las ubicadas en los centros de ense馻nza autorizados por la administraci髇 educativa.

Cuando las anteriores instalaciones no afecten a los cimientos o a la estructura del edificio, estar醤 sujetas al r間imen de comunicaci髇 previa que determina la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, aunque se someter醤 a lo previsto en la normativa de protecci髇 del patrimonio hist髍ico y el paisaje en lo que se refiere a las condiciones de integraci髇 o a la imposibilidad de instalarse conforme a lo que determinen los instrumentos de ordenaci髇 o de catalogaci髇 de bienes protegidos.�

�2. Las instalaciones de producci髇 de energ韆 el閏trica a partir de fuentes de energ韆 renovables que se declaren de utilidad p鷅lica ubicadas en suelo r鷖tico no computan urban韘ticamente en cuanto a los par醡etros de ocupaci髇 y edificabilidad.

3. Igualmente, las instalaciones de autoconsumo el閏trico con tecnolog韆 de generaci髇 renovable o para producci髇 de energ韆 el閏trica a partir de fuentes de energ韆 renovables ubicadas en aparcamientos y otras infraestructuras, equipamientos o sistemas generales en suelo r鷖tico, bien sea sobre el terreno, bien sobre cubierta, as� como los apoyos y los elementos auxiliares necesarios, tampoco computan urban韘ticamente en cuanto a los par醡etros de ocupaci髇 y edificabilidad.

4. Cuando no se ubiquen en cubierta las instalaciones de autoconsumo el閏trico con tecnolog韆 de generaci髇 renovable en edificios en suelo r鷖tico, la ubicaci髇 alternativa sobre el terreno no computar� urban韘ticamente en cuanto a los par醡etros de ocupaci髇 y edificabilidad en los siguientes casos:

• a) Cuando est� destinada a autoconsumo de instalaciones p鷅licas de abastecimiento o saneamiento de agua (como dep髎itos o depuradoras) y la superficie ocupada no supere los 1.500 metros cuadrados.
• b) Cuando est� destinada a autoconsumo de explotaciones agrarias.
• c) Cuando est� destinada a autoconsumo de instalaciones de riego agrario.
• d) En otros supuestos, cuando la superficie ocupada por estas instalaciones no supere los 200 metros cuadrados.

En todo caso, se cumplir醤 las condiciones de integraci髇 paisaj韘tica y ambiental previstas en los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica.�

獷ste anexo no ser� de aplicaci髇 a las citadas empresas en caso de que presenten un plan de reducci髇 de emisiones de gases con efecto invernadero de su flota, de acuerdo con los objetivos establecidos en el marco de esta ley. La exenci髇 de aplicaci髇 del anexo ser� aprobada mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de transici髇 energ閠ica, mediante la que se valide el plan de reducci髇 de emisiones.�

�5. Se considera que todos los puntos de recarga de titularidad p鷅lica o privada con acceso p鷅lico tienen una funci髇 de servicio p鷅lico, a los efectos del otorgamiento directo de concesiones municipales de ocupaci髇 del espacio de dominio p鷅lico, de acuerdo con lo que prev� el art韈ulo 93.1 en relaci髇 con el art韈ulo 137.4.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones p鷅licas.

Estos puntos tienen la obligaci髇 de integrarse en la red Movilidad El閏trica de las Illes Balears (MELIB), directamente o a trav閟 de un acuerdo de interoperabilidad.

A los efectos de este apartado, se entiende que un punto de recarga es de acceso p鷅lico cuando puede acceder de manera no discriminatoria cualquier ciudadano libremente y sin restricciones. Para acceder al punto de recarga se puede requerir, seg鷑 el caso, un registro, la autenticaci髇 o el pago de una tarifa, entre otras medidas.

Estos puntos de recarga computan a efectos de cumplir lo que establece el art韈ulo 65.1 de esta ley.

Mediante una resoluci髇 del consejero competente en materia de energ韆, dictada en el marco del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, se pueden establecer las condiciones de instalaci髇 de estos puntos de recarga, como tambi閚 de integraci髇 en la red MELIB.�

�1. Todos los aparcamientos de edificios no residenciales con m醩 de 40 plazas de estacionamiento dispondr醤 al menos de un punto de recarga de veh韈ulo el閏trico por cada 40 plazas.

Los aparcamientos en edificios no residenciales de nueva construcci髇 o en los que se haga una reforma integral y con m醩 de 10 plazas de estacionamiento, dispondr醤 de al menos un punto de recarga de veh韈ulo el閏trico y, adem醩 de cumplir el requisito del p醨rafo anterior, prever醤 la infraestructura necesaria que posibilite la instalaci髇 futura de un punto de recarga de veh韈ulos el閏tricos por cada 5 plazas.

Los puntos de recarga indicados en el art韈ulo 64.5 de esta ley computan para cumplir la condici髇 establecida en los dos p醨rafos anteriores.�

• 玜) Las restricciones de circulaci髇 en las Illes Balears de motocicletas y turismos que utilicen combustibles f髎iles vendr醤 definidas de acuerdo con la normativa estatal por raz髇 de la materia, o bien mediante los planes de reducci髇 de emisiones en movilidad terrestre que marque el Plan de Transici髇 Energ閠ica de las Illes Balears definido en el cap韙ulo 1 de esta ley.�

1. En los siguientes procedimientos gestionados por la direcci髇 general competente en materia de energ韆 es preceptiva la tramitaci髇 telem醫ica a trav閟 del tr醡ite telem醫ico espec韋ico que habilite el 髍gano competente:

• a) La inscripci髇 de certificados de eficiencia energ閠ica de los edificios.
• b) La inscripci髇 en el Registro de instalaciones de autoconsumo el閏trico.

Tambi閚 es preceptiva la tramitaci髇 telem醫ica a trav閟 del tr醡ite telem醫ico espec韋ico que habilite el 髍gano competente en la tramitaci髇 de las instalaciones y los registros en materia de industria, de metrolog韆, de actividades radiactivas y de minas que lleven a cabo las personas f韘icas que ejerzan una actividad profesional para la cual se requiera la colegiaci髇 obligatoria y, en general, el resto de las personas f韘icas que lleven a cabo actividades econ髆icas como empresarios individuales o profesionales.

2. En los procedimientos en materia de energ韆, industria, cambio clim醫ico y atm髎fera en que, de acuerdo con esta ley o con el art韈ulo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, los interesados est閚 obligados a relacionarse con las administraciones p鷅licas a trav閟 de medios electr髇icos, cuando se haya habilitado un tr醡ite telem醫ico espec韋ico para hacerlo, se establece la obligatoriedad de que esta relaci髇 sea a trav閟 de este tr醡ite espec韋ico.�

Las empresas locales de las Illes Balears de alquiler de veh韈ulos, as� como cualquier peque馻 y mediana empresa est醤 exentas del cumplimiento del art韈ulo 63.2 de esta ley.�

1. A los efectos establecidos en el art韈ulo 48.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector el閏trico, y a fin de disponer de informaci髇 actualizada sobre la infraestructura de carga de veh韈ulos el閏tricos de las Illes Balears de acceso p鷅lico, los titulares de las instalaciones de puntos de recarga de veh韈ulos el閏tricos de acceso p鷅lico registradas antes del d韆 1 de octubre de 2024 comunicar醤 a la direcci髇 general competente en materia de energ韆 la informaci髇 que la normativa estatal y auton髆ica establece a trav閟 de un tr醡ite telem醫ico habilitado. Esta comunicaci髇 se llevar� a cabo antes del d韆 1 de abril de 2025.

2. Se considera como infraestructura de puntos de recarga de veh韈ulos el閏tricos de acceso p鷅lico la infraestructura de puntos de recarga de veh韈ulos el閏tricos que se encuentre en la v韆 p鷅lica o que, a pesar de no encontrarse, sea accesible para todos los usuarios de veh韈ulos el閏tricos, como parkings p鷅licos y privados, estaciones de servicio o centros comerciales.�

�2. Estos proyectos tan solo se pueden ubicar en suelo clasificado como urbano o urbanizable y siempre que la actividad del proyecto se incluya dentro de los usos permitidos o, en caso contrario, que sea un uso adecuado a la ubicaci髇 del proyecto. En ning鷑 caso se entender� como adecuada la ubicaci髇 en zonas residenciales o de equipamientos, con la excepci髇 de los proyectos de instalaci髇 de infraestructuras de potencia total de m醩 de 250 kW, e iguales o superiores a 50 kW en el caso de la isla de Formentera, para la recarga de veh韈ulos el閏tricos.

Excepcionalmente, y tan solo en los supuestos de proyectos de implantaci髇 de energ韆s renovables y de instalaci髇 de infraestructuras de potencia total de m醩 de 250 kW, e igual o superior a 50 kW en el caso de la isla de Formentera, para la recarga de veh韈ulos el閏tricos, se pueden ubicar en suelo r鷖tico com鷑, siempre que no est� expresamente prohibido por el plan territorial insular correspondiente.�

�2. La instrucci髇 del procedimiento corresponde a la direcci髇 general competente en materia de industria, excepto que se trate de proyectos de energ韆s renovables y de recarga de veh韈ulos el閏tricos, que corresponder� a la direcci髇 general competente en materia de energ韆.

La direcci髇 general que instruya el procedimiento pedir� todos los informes que sean necesarios para la evaluaci髇 del proyecto.

En ning鷑 caso la tramitaci髇 del proyecto suple la evaluaci髇 ambiental o integrada en todos los supuestos en los que la normativa medioambiental as� lo exija.

Se conservar醤 los tr醡ites ya realizados, en su caso, con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento para la declaraci髇 de proyecto industrial estrat間ico y se evitar� su repetici髇.�

• 玠) La declaraci髇 de inter閟 general, solo en los casos de proyectos de implantaci髇 de energ韆s renovables y de instalaci髇 de infraestructuras de potencia total de m醩 de 250 kW, o igual o superior a 50 kW en el caso de la isla de Formentera, para la recarga de veh韈ulos el閏tricos. En estos casos no es aplicable la prestaci髇 compensatoria para usos y aprovechamientos excepcionales que establece el art韈ulo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo r鷖tico de las Illes Balears.�

獳rt韈ulo 7 Simplificaci髇 administrativa en materia de creaci髇, consolidaci髇 y crecimiento de empresas

El Gobierno de las Illes Balears debe promover la transparencia, la participaci髇 ciudadana y la colaboraci髇 institucional para conseguir la eficacia y la eficiencia necesarias en materia de creaci髇, consolidaci髇 y crecimiento de empresas.�

�1. El Consorcio de Transportes de Mallorca, que se crea mediante esta ley, se constituye de acuerdo con el Plan Director Sectorial de Transporte de las Illes Balears con la finalidad de articular la cooperaci髇 econ髆ica, t閏nica y administrativa entre las administraciones y los entes p鷅licos y privados que se adhieran para ejercer de manera conjunta y coordinada las competencias que les correspondan en materia de ordenaci髇 y gesti髇 del transporte p鷅lico regular de viajeros, as� como de las actividades de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y de transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo.�

�2. Las actividades de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y de transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo son las reguladas como tales en la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestre y movilidad sostenible de las Illes Balears.

3. El 醡bito territorial de actuaci髇 del Consorcio es la isla de Mallorca, sin perjuicio de los estudios e informes t閏nicos que pueda elaborar sobre la movilidad en las Illes Balears.�

El Consorcio de Transportes de Mallorca tiene encomendado el cumplimiento de las siguientes finalidades:

• a) Planificaci髇, establecimiento y mantenimiento de un sistema com鷑 de transporte regular en el 醡bito de Mallorca mediante la coordinaci髇 y la interconexi髇 de las redes, los servicios y las actividades que lo integran, y de las actuaciones de los diferentes 髍ganos y las administraciones p鷅licas competentes.
• b) Potenciaci髇 del uso del transporte p鷅lico.
• c) Establecimiento de un sistema tarifario de transporte regular integrado y con car醕ter de servicio p鷅lico.
• d) Racionalizaci髇 y eficacia de la gesti髇 del sistema de transporte p鷅lico de viajeros, tanto colectivo como en veh韈ulos de turismo.�

1. El Consorcio de Transportes de Mallorca asume las competencias siguientes sobre el transporte p鷅lico regular de viajeros:

• a) Las que correspondan a la comunidad aut髇oma de las Illes Baleares o le sean delegadas en materia de ordenaci髇 y gesti髇 del transporte p鷅lico regular de viajeros.
• b) Las que resulten del acuerdo de adhesi髇 en materia de transporte p鷅lico de viajeros de los ayuntamientos que se hayan adherido voluntariamente al Consorcio.

2. El Consorcio de Transportes de Mallorca asume las competencias siguientes sobre los servicios de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y los servicios de transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo:

• a) Gesti髇 de aplicaciones tecnol骻icas de titularidad p鷅lica que se pueda implantar en la isla de Mallorca para gestionar los servicios de transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo.
• b) Gesti髇 de las 醨eas territoriales de prestaci髇 conjunta, definidas en el art韈ulo 71 bis de la Ley 4/2014, que se puedan constituir en la isla de Mallorca.
• c) Cualquier otra competencia en la gesti髇 de los servicios de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y del transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo en la isla de Mallorca que le pueda delegar la administraci髇 competente.�

• 玠) Establecer programas de explotaci髇 coordinada para todas las empresas que sean prestadoras de transporte p鷅lico regular de viajeros.
• e) Analizar y estudiar la evoluci髇 del mercado global de la movilidad con especial atenci髇 al seguimiento de la evoluci髇 de los desplazamientos en transporte p鷅lico y en transporte privado, tanto en la isla de Mallorca como en el conjunto de las Illes Balears.�

• 玹) Elaborar estudios e informes t閏nicos sobre la movilidad de las Illes Balears.
• u) Elaborar estudios y definir los criterios medioambientales y de congesti髇 del tr醘ico para otorgar autorizaciones de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y de transporte p鷅lico discrecional de viajeros en veh韈ulos de turismo en las Illes Balears.
• v) Cualquier otra funci髇 que le sea encomendadveh韈ulos ransporte p鷅lico regular les correspondaor>LE0008stntal as� lo vigas for/li>

  5. Ses apartados 16l art韈ulo 5 de la Ley 8/20069mencionada queda modificado de la siguiente manera:

  獳b> Las actividades3a 4 del a) La inscripci髇 de certifiP SensistemaOcnicras y lles Balears cP viajerRi>
• b) Las que resulten del acuiP SensistemaTaciones de pTaxisc) Las de autoconsumo promoiP SensistemaTaciones de pV las Illes BAlos con condunspoCte p鷅lid) Las ubicadas en los centiP SensistemaUl閏trice) Analizar y estudiar larefObya ress="Al conBalears.nass="AN" id="I2021">

  5. Se apartado 1 d7l art韈ulo 2 de la Ley 8/2006 2mencionada queda modificado de la siguguiente manera:

  �2. Competencias22ifiP SensistemaOcnicras y lles Balears cP viajerRi>

• r">1. El Consorcio de TranspifiP SensistemaOcnicras y lles Balears cP viajerRi>
• rservica tramiico pal para conys

• 3. E24 apartados 1 a 3 detado, el apartado 5etencia, s/CCAA/ib-l8-2006.t1.html#I9">art韈ulo 2 de la Ley 8/2006 2ma>, mencionada con la siguiente redacci髇:

  • Competencias22ma>,ifiP SensistemaTaciones de pTaxisr">1. El Consorcio de TranspifiP SensistemaTaciones de pTaxisrservica tramiico pal para conys

  • Los espacios destinadossti髇 ptima

    17. 25apartado 1 del art韈ulo 2 de la Ley 8/2006 2mtos mencionada con la siguiente redacci髇:

    • Competencias22mtosifiP SensistemaTaciones de pV las Illes BAlos con condunspoCte p鷅lir">1. El Consorcio de TranspifiP SensistemaTaciones de pV las Illes BAlos con condunspoCte p鷅lirservica tramiico pal para conys

    • Los espacios destinadossti髇 ptima

      17. 26s apartados 2 a 4 derefep韈oofee se r="/base_datos/CCAA/ib-l8-2006.t1.html#I9">art韈ulo 2 de la Ley 8/2006 3mencionada queda modificado de la siguguiente manera:

      �2. Competencias23ifiP SensistemaUl閏tricr">1. El Consorcio de TranspifiP SensistemaUl閏tricrservica tramiicoa y la colaborys

      17. 27 a馻de un segundo p醨rafo al apartado 5etencia, s/CCAA/ib-l8-2006.t1.html#I9">art韈ulo 2 de la Ley 8/2006 3ma>, mencionada con la siguiente redacci髇:

      • Competencias23ma>,refObya ress="Al conBalears.r">1. El Consorcio de TransportObya ress="Al conBalears.rservica tramiico criter, acio con la dista y la colaborys

      • Los espacios destinadossti髇 ptima
        Ar2韈ulo 31 Modificacion2de la Ley 2/2012, de 4 de abril,1/ulo de cre mencfebrerotividadjo/2019li>

        �2. La instrucci髇 del procedsus aprla evfegisl les cndamiento de veh韈ulos con conductor y de transporte p鷅lico

        Ar3韈ulo 31 Modificacion3Rministrexdmis emprrcesi髄icrosnsorcioios no residenterrsotricr">1017">

        1. E30apartado 1 del 1017">

        1. E31a馻den dos nuevos aAbiental, viscas derse r="/base_dinfraestrua de mannera espec韋ica lmientos gestionaguimtoN">

      • a)32/b> Mediante la gesti髇 dismativas generales eootencia total de mionai requiesuelo r鷖tico com鷑, sbremente y lasea loiempr,ajeros.us de laarioa id="I2012">
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      • c)"4/b> Por empresas privadas,Lde transporte as generales e puntos de recarga ds.
      • Por empresas pn los cePculos eicaci髇 e recarga, comlico, dsta de maral dopiso rabilidad.Esiico psl y sportelicrosnsoen zonas>b) Potenc
      • c)"6/b> Por empresas peti髇 dismativas generales eootencia total de me maraa tomntoss.1 en /li>

      9menl Aiante1datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-o18080el-s1ctor-elec9ico.haintegraoneen todos 532368_20240223--18080culo 1615e 20 de junio21bre, del s9tor el閏tricogaintegrada en todos rrestroa p鷅Grupa>10menl Aiante1datcubixto deomedss=oma de unioargaintegrada en todos lla ejecuci髇 material resoluc.--73771osici髇 transitoriDecretoi local. de t1/ulo0de tra8os o domplrrestrpria striesuel citadas empresass Ille implntacsujea y aaci髇 ds Illes Grupa>4.4menl Aiante2datcubixto deomedss=oma de unioargaintegrada en todos lla ejecuci髇 materiaass="AN" id="a30">Medidas en materria de movilidad

      Ar4韈ulo 31 Modificacion4de la Ley 2/2012, de 4 de abril,8/a>, de pr19mencfebrerotividipamiurios iemprransp adhnanera:

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      1. E40apartado 1 del

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        5. S41a馻den dos nuevos apardejenteransp enidosta l"/base_datos/CCAA/641455-l-14-2019-de-29-f835a-il8es-balearbalambio-climatico-y-traipamiuri-y-iemprr-nsp adhnanerE000023140s a0240529-->835aculo 2 de la Ley 8/2006 4019 queda modi8ueda modiN" id="t2n1">

        Cap韙ol a"5/b> Por1">

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        En las actualizacionesSacsuan m0e abCoterre 4 deMonge An todoe

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        Cap韙ol a"6/b> Por1">

        Ar6韈ulo 31 Modificacion6s de la Ley 8/2006, de 14 cubixto deomedss=oma de unioargaintegrada en todos lla ejecuci髇 material resoluc.

        1. E44apartado 1 del 獳b> Las actividades3a 4 deCicular la cooperacimiena enerrl les cleven a cgados a rvo voluaare, biti

        17. 45apartado 2 del 8datcubixto deomedss=ouiente reoa siguiente manera:

        獳rt韈ulo 6 Competencias8d de las tramito de veh韈mativa estat">El Consorcio de Transporta tramien todos lla ejecuci髇 materiase manrelaarr lser compraes de energ韆.

        17. 46獳rt韈ulo 6 Competenciassti髇 de lDntos en ma1. El Consorcio de Transpiftes sobre los selemeracionien todos lla ej las Illes Balears, la ejecuci髇 materiaraorrreguimto las emi髇 de en,髇 de emisiooas emi髇coordinsujetlas aecto.

        17. 47獳rt韈ulo 6 Competencias1 de la LeyCles y de lidad de ctuacir en骾levicr">1. El Consorcio de TranspStudios e informesdede 2iasetrco para aicoa p鷅Galears dyormesdedeven ace se pulla ej lal>3. El 醡bito territorial dsliceairciones ,os dento c Sec ura enos comerciales.a de mannpublcom鷑, ssulButci髏� On mao staleecuci髇 materias pctorialorts Illes Balei髇 ciulla ej las Illes Balears, la ejecuci髇 materianassid="I2001">

        17. 48modifican las letras dici髇 transitoof="/base_,sta l"/base_d6tos/C/2006, de 2datcubixto deomedss=ouiente reoacci髇:

        �2. Las actividades6l

        3. El 醡bito teTampoc los usos iraa Plan Director Sectore emisioarga,li cionelles,nte proh deonicecnsicioiooavaicoor Sectomedpara ars de alquiceralcir韚e nacon la prest