Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

La lengua de signos catalana es la lengua de las personas sordas y sordociegas signantes de Cataluña. Se trata de una lengua natural de modalidad gestual y visual utilizada por el colectivo de personas sordas y sordociegas como sistema lingüístico primario. Como en el caso de las demás lenguas de signos de cualquier parte del mundo, su reconocimiento como lengua plena no se produjo hasta la segunda mitad del siglo XX, debido principalmente a la discriminación social de las personas que la utilizaban y al desconocimiento de sus características entre los lingüistas.

Como consecuencia de la corriente de emancipación protagonizada por los movimientos asociativos de personas sordas y de los resultados de la investigación lingüística, que demostraba el carácter de lenguas de pleno derecho de las lenguas de signos, los derechos de los usuarios de las lenguas de signos comenzaron a ser reconocidos de forma progresiva.

Desde el mes de junio de 2005, la lengua de signos catalana dispone de una gramática básica compendiada, que, junto con algunos materiales lexicográficos y trabajos de investigación lingüística existentes, marca el inicio de la descripción del corpus de la lengua de signos catalana y debe servir de base para su normativización.

La administración educativa catalana cuenta ya con una larga tradición en la oferta de libre elección entre la modalidad educativa oral o la bilingüe para niños sordos. Es preciso recordar, en este sentido, que en Cataluña la enseñanza para niños sordos tiene experiencias pioneras, como la Escuela Municipal de Sordomudos de Barcelona (1800-1802).

Cabe remarcar que en Cataluña las personas que utilizan la lengua de signos como medio de comunicación lo hacen con la lengua de signos catalana, es decir, que en la lengua de signos no se produce un régimen de bilingüismo equiparable al de las lenguas orales habladas en el mismo territorio.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que no todas las personas sordas utilizan la lengua de signos para comunicarse, sino que mayoritariamente utilizan medios de apoyo a la comunicación oral. Así, hablamos de personas sordas signantes, o comunidad sorda signante, para referirnos a las personas o al colectivo de personas sordas que se comunican preferentemente en lengua de signos, y hablamos de oralistas cuando nos referimos a las personas sordas que se comunican utilizando medios de apoyo a la comunicación oral y leyendo los labios.

El artículo 50.6 del Estatuto de autonomía establece como principio rector de las políticas públicas la garantía del uso de la lengua de signos catalana. Con este precepto, el Estatuto se convierte, junto con el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en el primer texto legal del Estado que regula la protección de una lengua de signos, en este caso, la catalana. Y lo hace, además, con rango estatutario, lo cual la sitúa, junto con Finlandia y Portugal, al frente en la protección legal de la lengua de signos.

Igualmente, los artículos 81 y 176 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, hacen referencia a la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.

Con anterioridad, el Parlamento de Cataluña ya había mostrado su voluntad de proteger y difundir la lengua de signos catalana. El 17 de febrero de 1993, se constituyó la Comisión de Estudio de las Dificultades de la Utilización del Lenguaje de Signos, que recibió en comparecencia a todas las entidades, especialistas y expertos en la materia y cerró sus trabajos, en la sesión del 25 de noviembre de 1993, con una serie de recomendaciones finales relativas a esta lengua. El 30 de junio de 1994, fruto de las recomendaciones de dicha comisión de estudio y a partir de una iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la Resolución 163/IV, sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos catalán.

El Consejo de Europa se refiere a la lengua de signos en el marco general de la Recomendación 1492, de 2001, relativa a los derechos de las minorías nacionales. En el artículo 12.xiii, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pide que se otorgue a las distintas lenguas de signos utilizadas en Europa una protección similar a la que proporciona la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, a ser posible con la adopción de una recomendación a los estados miembros. También es preciso recordar que la Declaración universal de derechos lingüísticos establece que todas las lenguas deben poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones.

El 17 de marzo de 2003, se produjo otro paso adelante en el reconocimiento de las lenguas de signos como lenguas completas. La Recomendación 1598 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre la protección de las lenguas de signos en los estados miembros, reconoce el valor de las lenguas de signos como expresión de la riqueza cultural europea, y afirma que son un elemento del patrimonio tanto lingüístico como cultural de Europa. Igualmente, las reconoce explícitamente como medio de comunicación natural y completo, de forma que se deja de hablar de lenguaje para hablar de lengua de signos. Finalmente, recomienda al Comité de Ministros que aliente a los estados miembros a reconocer formalmente las lenguas de signos de sus territorios; formar intérpretes; ofrecer a las personas sordas la libre elección entre la modalidad educativa oral o la bilingüe con lengua de signos; procurar la enseñanza en lengua de signos a las personas sordas adultas; incluir formación con relación a la lengua de signos en la educación general secundaria; difundir la lengua de signos a través de los programas de televisión; promover obras didácticas, y, en general, sensibilizar a la población con relación a las lenguas de signos.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, en la Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993, se refiere a la conveniencia de utilizar la lengua de signos en los ámbitos educativo, familiar y comunitario de los niños sordos y a la necesidad de prestar servicios de interpretación de lenguas de signos.

Asimismo, la Declaración del Parlamento Europeo 1/2004 sobre los derechos de las personas sordociegas indica que deberían tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Dichos derechos deben garantizarse mediante una legislación adecuada a cada estado miembro, que debe incluir, entre otros, el derecho a recibir ayuda personalizada.

En el ámbito estatal, la Ley 51/2003, de 3 (sic) de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estipulaba expresamente la regulación de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral. Este punto de partida culminó en el año 2007 con la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Se trata de un texto multidisciplinar que regula no sólo el uso de las lenguas de signos, sino también de los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas y sordociegas, ya sean signantes u oralistas, que deben permitirles superar las barreras en la comunicación y garantizarles el acceso a la información, la comunicación y los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad. Dicha ley reconoce también el principio general de libertad de elección para optar por la lengua oral o la lengua de signos. Asimismo, contiene, por una parte, preceptos lingüísticos con relación a la lengua de signos española (aprendizaje, educación, creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española). Por otra y con relación a la lengua de signos catalana, simplemente reconoce legalmente su existencia aunque no la regula, ya que determina explícitamente, en su artículo 1, la competencia de la Generalidad de Cataluña para realizar su regulación legislativa y reglamentaria. Finalmente, pero no menos importante, contiene normativa básica con relación a la participación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de las personas sordas o sordociegas signantes u oralistas, a cuyo fin regula, por una parte, el uso de la lengua de signos española y remite a la regulación de la lengua de signos catalana y, por otra, regula también los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y sordociegas.

En Cataluña, el 11 de abril de 2007 el Parlamento aprobó por unanimidad la Resolución 32/VIII, que apoya explícitamente al Gobierno en su iniciativa, hecha pública a través del vicepresidente del Gobierno el día 8 de marzo de 2007, de elaborar un proyecto de ley de reconocimiento y fomento de la lengua de signos catalana. De acuerdo con esta resolución, se iniciaron los trabajos de elaboración del texto que debe regular el ámbito lingüístico propiamente dicho, dejando para la legislación general en materia de accesibilidad los aspectos relacionados con el uso de esta lengua y de cualquier medio de apoyo a la comunicación para garantizar el acceso a la comunicación de las personas sordas y sordociegas.

Con el fin de garantizar la participación y la audiencia de las personas directamente interesadas en la Ley, es decir, de las personas que utilizan la lengua de signos catalana como medio de comunicación, de los profesionales que realizan su interpretación, así como de los científicos que deben velar por su normativización, el Departamento de la Vicepresidencia constituyó un grupo de trabajo dirigido por la Secretaría de Política Lingüística e integrado por las entidades representativas de la comunidad sorda signante en los ámbitos mencionados: usuarios de la lengua de signos catalana, padres y madres de niños sordos signantes, intérpretes de la lengua de signos catalana, así como el Instituto de Estudios Catalanes.

Dicho grupo de trabajo se reunió a lo largo de los años 2007 y 2008 para realizar propuestas de regulación, debatirlas conjuntamente y llegar de forma consensuada al texto que el Gobierno sometió a información pública en noviembre de 2008. Es preciso remarcar que, por vez primera, en este trámite de información pública el texto fue expuesto también en lengua de signos en el portal de lengua de la Generalidad, coordinándose la acción con la comunidad sorda signante para que, desde sus webs, realizaran también su máxima difusión, con el fin de garantizar la total participación de las personas directamente afectadas y posibilitar el acceso de todos los ciudadanos al proceso legislativo.

La Ley, que es fruto, pues, de estos trabajos, del impulso del Gobierno y de la voluntad unánime expresada por el Parlamento de Cataluña con dicha Resolución 32/VIII, se dicta en ejercicio de las competencias propias de la Generalidad para regular la lengua de signos catalana derivadas de los artículos 127 y 131 del Estatuto de autonomía; da cumplimiento al precepto del artículo 50.6 del Estatuto, y desarrolla parcialmente la normativa básica estatal en el ámbito de las lenguas de signos, la Ley del Estado 27/2007.

Corresponde a la legislación catalana sobre accesibilidad el desarrollo del precepto que el mismo artículo 50.6 del Estatuto de autonomía establece con relación a la garantía de las condiciones que deben permitir alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, así como el desarrollo de la Ley del Estado 27/2007 en los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas sordas y sordociegas signantes y con los medios de apoyo a la comunicación oral.

Concretamente, pues, es materia de la presente ley el aprendizaje de la lengua de signos catalana; la docencia en lengua de signos catalana; la acreditación profesional para realizar la interpretación de la misma; la designación de su institución académica, y la previsión de los canales de participación social en las políticas lingüísticas relacionadas con esta lengua. De acuerdo con el contenido y alcance de la Ley, corresponde al departamento competente en materia de política lingüística impulsar la regulación de la lengua de signos catalana como patrimonio lingüístico catalán y velar por su normativización, protección y difusión, sin perjuicio del impulso del departamento competente en materia de acción social en cuanto a la conexión entre la presente regulación y la relativa a accesibilidad.

La Ley consta de once artículos, estructurados en tres capítulos. El capítulo primero contiene disposiciones de carácter general relativas al objeto y finalidades de la Ley, así como las definiciones legales. El capítulo segundo establece la garantía del derecho de uso de la lengua de signos catalana en el ámbito de las administraciones públicas catalanas, y regula el aprendizaje, la docencia, la investigación y la interpretación de esta lengua. El capítulo tercero, relativo a los órganos de difusión, de normativización y de participación social, establece las funciones de la Administración de la Generalidad, la atribución orgánica de las políticas lingüísticas de planificación y fomento, la autoridad normativa de la lengua de signos catalana y la creación de un órgano estable de participación social en las políticas lingüísticas relacionadas con esta lengua.

En lo relativo a la parte final de la Ley, la disposición adicional primera dispone que es la normativa sobre accesibilidad en la comunicación la que debe regular el uso de la lengua de signos catalana y los medios de apoyo a la comunicación oral en el acceso a los servicios públicos, en el marco de la garantía de las condiciones de igualdad de las personas sordas y sordociegas. La disposición adicional segunda faculta al departamento competente en materia de educación para que dicte las disposiciones reglamentarias sobre las condiciones de acceso a la modalidad educativa bilingüe. La disposición final primera faculta al Gobierno para el desarrollo y ejecución de la Ley y la disposición final segunda establece la fecha de entrada en vigor.

Capítulo I

Disposiciones generales

Capítulo II

Derecho de uso, aprendizaje, docencia, investigación e interpretación de la lengua de signos

Capítulo III

Órganos de difusión, normativización y participación social

Disposiciones adicionales

Disposiciones finales

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.