Sumario

O [CASTILLA Y LE覰] FOM/1083/2007, 12 junio, anulada por Sentencia TSJ Castilla y Le髇 (Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid) de 16 septiembre 2008, posteriormente se reitera la anulaci髇 por Sentencia TSJ Castilla y Le髇 (Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid) de 30 septiembre 2008.

1.

El Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇 est� constituido por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Le髇, modificada por las Leyes 10/2002, de 10 de julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003, de 23 de diciembre, y 13/2005, de 27 de diciembre, junto con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le髇, desarrollo integral de la Ley 5/1999, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero y modificado por los Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, y 68/2006, de 5 de octubre.

Estas normas se dictaron en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado entonces vigente, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre R間imen del Suelo y Valoraciones, modificada por las Leyes 53/2002, de 30 de diciembre, y 10/2003, de 20 de mayo. Tras nueve a駉s de vigencia, esta norma ha sido sustituida por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Tal cambio implica necesariamente notables consecuencias para nuestro Derecho Urban韘tico. La m醩 importante: la necesidad de abordar un proceso de adaptaci髇 de la normativa urban韘tica de Castilla y Le髇 al nuevo marco b醩ico estatal.

Ahora bien, sin perjuicio de esa adaptaci髇, que rendir� sus frutos a medio plazo, bastantes preceptos de la nueva Ley son directamente aplicables, y otros obligan a interpretar en cierto nuevo sentido algunos art韈ulos de la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le髇. Aunque en la mayor parte de los casos esa operaci髇 no ser� necesaria, porque nuestras normas contienen ya muchos de los mandatos que ahora incorpora la legislaci髇 estatal, y desde luego persiguen objetivos sustancialmente equivalentes, entre los que destaca como elemento central el desarrollo sostenible.

De todo lo anterior resulta un panorama no del todo claro en cuanto a la interpretaci髇 conjunta del Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇 y la legislaci髇 del Estado en materia de suelo. En especial en cuanto a los efectos inmediatos de esta, que se producir醤 a su entrada en vigor, el 1 de julio de 2007, salvo en lo que prev閚 algunas disposiciones transitorias. Ello sin duda aconseja, e incluso hace imprescindible, que se dicte una Instrucci髇 para facilitar la aplicaci髇 de nuestro Derecho Urban韘tico durante el per韔do transitorio que ahora se abre, mientras se tramita la adaptaci髇 de nuestra normativa urban韘tica a la nueva Ley de Suelo.

2.

No siendo el objetivo de esta Instrucci髇 el an醠isis de la Ley de Suelo como tal, sino el de sus efectos inmediatos sobre el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇, no se sigue el orden de aquella sino el de este, pues lo que interesa es ubicar sistem醫icamente los cambios o ajustes en la Ley de Urbanismo de Castilla y Le髇 y sobre todo en su Reglamento, dado que son las herramientas ordinarias de trabajo para la pr醕tica urban韘tica.

Como la regla general es la coherencia entre la Ley de Suelo y el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇, en realidad lo que se aborda son s髄o las excepciones a esa regla; mientras que para todos los preceptos de la Ley de Urbanismo y su Reglamento que no se mencionan expresamente, y que son la inmensa mayor韆, la conclusi髇 es que la Ley de Suelo carece de efectos inmediatos. Ello sin perjuicio de que el ajuste entre ambos cuerpos normativos pueda mejorarse mediante el proceso de adaptaci髇 legislativa que ahora comienza.

3.

Los efectos m醩 relevantes de la nueva Ley de Suelo sobre el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇 se producen all� donde el legislador estatal ha querido incidir de manera m醩 intensa sobre la actividad urban韘tica, movido por la voluntad de reaccionar frente a ciertos procesos territoriales: as� sucede con el concepto del suelo urbanizable como clase residual, con la participaci髇 municipal en el aprovechamiento urban韘tico, y con la reserva de suelo para la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica:

• • El art韈ulo 10.a) de la Ley de Suelo elimina el car醕ter residual del suelo urbanizable que en su d韆 preconiz� la Ley 6/1998: con la nueva legislaci髇, s髄o se puede clasificar como urbanizable 玡l suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen�. Sin duda es una exigencia ligera, pues tan s髄o se pide que haya unas necesidades justificadas, se entiende que en el criterio de la Administraci髇 competente, y sin perjuicio de que la futura adaptaci髇 de nuestra legislaci髇 urban韘tica introduzca en este punto matices o requisitos m醩 concretos. Pero desde una perspectiva te髍ica se trata de un cambio dr醩tico respecto de la situaci髇 precedente, cuando solamente se pod韆n clasificar como suelo r鷖tico los terrenos en los que se acreditara la existencia de valores a proteger que justificaran su exclusi髇 del proceso urbanizador, debiendo quedar el resto clasificado como suelo urbanizable.
• • El art韈ulo 16 de la Ley de Suelo se馻la una horquilla del 5 al 15% para la 玞esi髇 de aprovechamiento�, como se suele llamar a la participaci髇 municipal en el aprovechamiento urban韘tico, aunque la legislaci髇 urban韘tica puede reducir ese porcentaje o elevarlo hasta el 20%. Pero entre tanto, donde la normativa de Castilla y Le髇 limita el aprovechamiento de los propietarios al 90% del aprovechamiento medio no hay ning鷑 cambio (suelo urbanizable en todo caso, y suelo urbano no consolidado en Municipios con P.G.O.U.) ni tampoco donde cesiones inferiores al 5% encuentran amparo en la excepci髇 prevista en el p醨rafo cuarto del apartado 1.b) de este art韈ulo 16 (suelo urbano no consolidado en Conjuntos Hist髍icos y en Municipios menores de 20.000 habs. sin P.G.O.U.) En cambio, en suelo urbano consolidado debe aplicarse la cesi髇 m韓ima del 5%, si bien atenuada de tres maneras: primera, porque no se aplica a los instrumentos aprobados inicialmente a 1 de julio de 2007; segunda, porque la cesi髇 se aplica s髄o cuando se incremente la edificabilidad, y s髄o como porcentaje sobre el incremento que se produzca, no sobre el aprovechamiento preexistente; y tercera, porque si la cesi髇 no permite formar parcelas edificables, puede sustituirse por su valor en dinero. En este sentido, una norma discreta pero muy relevante es la limitaci髇 de las posibilidades de 玬onetarizaci髇� del aprovechamiento objeto de cesi髇, que s髄o ser� admisible si se acredita la imposibilidad de ceder parcelas edificables destinadas a vivienda protegida.
• • En el art韈ulo 10.b) de la Ley de Suelo se eleva la reserva m韓ima para la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica al 30% de la edificabilidad residencial, en los 醡bitos que cabe interpretar como equivalentes al suelo urbano no consolidado y al suelo urbanizable de Castilla y Le髇. No obstante, la Disposici髇 Transitoria 1� habilita la aplicaci髇 de las reglas que al respecto contenga el Derecho auton髆ico, hasta la adaptaci髇 del mismo a la Ley de Suelo, y como m醲imo hasta pasado un a駉 desde la entrada en vigor de 閟ta. Si al t閞mino de dicho plazo la Ley de Urbanismo de Castilla y Le髇 a鷑 no se hubiera adaptado a la Ley de Suelo (tr醡ite necesario para aprovechar las posibilidades de modulaci髇 que se ofrecen) entrar韆 en vigor directamente la reserva del 30%, en todos los Municipios y en toda clase de suelo, con una serie de excepciones previstas en esa misma Disposici髇 Transitoria 1�. Entre tanto, seguir� aplic醤dose la reserva de vivienda con protecci髇 p鷅lica en los t閞minos previstos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le髇.

4.

M醩 all� de esos efectos mayores, la Ley de Suelo despliega una serie de mandatos heterog閚eos en materia de procedimiento, documentaci髇 y gesti髇 de los patrimonios p鷅licos de suelo, en su mayor parte ya incluidos en el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇. Donde no es as�, o no de forma completa, o no de la concreta forma prevista por la nueva Ley de Suelo, habr� que entender que los preceptos correspondientes de la Ley de Urbanismo y de su Reglamento han sido modificados o completados, seg鷑 los casos. De todas formas se trata de cambios de menor alcance.

• • En lo relativo a los procedimientos, lo m醩 relevante es la evaluaci髇 ambiental del planeamiento, conforme a la tambi閚 reciente Ley 9/2006, de 28 de abril. El tr醡ite se aplica a los planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 緾u醠es son? La Direcci髇 General de Vivienda, Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio ya ha interpretado que aqu閘los a los que el Reglamento de Urbanismo somete a tr醡ite ambiental, pues nuestro Reglamento ya tuvo en cuenta la Directiva 2001/42/CE, de la cual la Ley 9/2006 no es sino tard韆 trasposici髇. Por eso ahora los cambios no son de concepto (en Castilla y Le髇 ya es cotidiano someter a evaluaci髇 ambiental el planeamiento general y las modificaciones m醩 relevantes) sino que se limitan a detalles, pues el tr醡ite debe aplicarse con diversos ajustes, necesarios para respetar las mayores exigencias de la Ley 9/2006 en cuanto a las consultas previas a la elaboraci髇 del 玦nforme de sostenibilidad ambiental� (que coincide con nuestro informe ambiental), el propio contenido del informe, la duraci髇 de la informaci髇 p鷅lica (al menos 45 d韆s h醔iles), la finalizaci髇 del tr醡ite mediante resoluci髇 del 髍gano ambiental, las reglas para la publicidad posterior a la aprobaci髇, etc.
• • Otras novedades en materia de procedimiento son: que en adelante, tanto los proyectos de normalizaci髇 como los convenios urban韘ticos deben someterse al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, al igual que los dem醩 instrumentos de planeamiento y gesti髇 urban韘tica; que para algunos informes sectoriales de la Administraci髇 del Estado se atribuyen nuevos efectos, en el marco del mencionado procedimiento de evaluaci髇 ambiental; y para la venta forzosa se a馻den varias prescripciones relativas al Registro de la Propiedad.
• • En cuanto a documentaci髇, las exigencias se multiplican: adem醩 del citado informe en el planeamiento sometido a evaluaci髇 ambiental, todos los instrumentos de planeamiento deben contar con un 玶esumen ejecutivo� que bien puede interpretarse como nuestra memoria vinculante, siempre que se馻le los 醡bitos donde se altere la ordenaci髇 vigente y donde se suspenda el otorgamiento de licencias. Adem醩, los planes que establezcan determinaciones en suelo urbano no consolidado y urbanizable deben aportar un 玦nforme de sostenibilidad econ髆ica�. Y las modificaciones que eleven la edificabilidad o la densidad o cambien el uso del suelo deben identificar a quienes hayan sido propietarios o titulares de derechos durante los cinco a駉s anteriores a la aprobaci髇 inicial. Hay tambi閚 precisiones para el informe urban韘tico anual que prescribe el art韈ulo 429 del Reglamento de Urbanismo.
• • Sobre patrimonios p鷅licos de suelo, la nueva regulaci髇 estatal es coherente con la auton髆ica, con cuatro salvedades: una, que afecta a todos los patrimonios p鷅licos de suelo y no solo a los municipales, como hasta ahora (lo que no tiene efectos en Castilla y Le髇 pues la regulaci髇 es com鷑); dos, que se unifican los destinos que pueden darse a los bienes de estos patrimonios y a los ingresos obtenidos por su enajenaci髇, derogando los problem醫icos, si no contradictorios, art韈ulos 276.2 y 280.1 del Texto Refundido de 1992 (sin efectos en Castilla y Le髇 pues nuestra Ley ya hab韆 intentado esa unificaci髇, aunque la Jurisprudencia record� la vigencia de los citados preceptos b醩icos); tres, que los terrenos de los patrimonios que hayan sido obtenidos por cesi髇 y est閚 destinados a viviendas protegidas, no podr醤 ser adjudicados ni transmitidos por un precio superior al valor m醲imo de repercusi髇 del suelo aplicable (en la pr醕tica el 鷑ico cambio en el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇); y cuatro, las nuevas reglas en relaci髇 con el Registro de la Propiedad.

5.

En otras ocasiones la Ley de Suelo s髄o introduce matices en la interpretaci髇 de los preceptos auton髆icos. Por ejemplo en materia de derechos de los propietarios se entender� que la edificabilidad s髄o se patrimonializa cuando haya sido efectivamente realizada y se hayan cumplido los deberes urban韘ticos. En gesti髇, s髄o los propietarios podr醤 presentar iniciativas (proyectos de actuaci髇) durante el primer mes desde la aprobaci髇 definitiva del planeamiento con la ordenaci髇 detallada. Por otro lado, las parcelaciones ven reforzadas las cautelas para evitar irregularidades urban韘ticas. En cuanto a los convenios, su contenido se limita severamente, pues no podr醤 contener m醩 obligaciones, ni m醩 gravosas, que las que procedan legalmente sin el consentimiento de todos los propietarios.

6.

Al margen de lo dicho hasta ahora, bastantes preceptos de la nueva Ley de Suelo son directamente aplicables, en general por corresponder a competencias exclusivas del Estado. Pero esa aplicaci髇 exige saber a qu� se est� refiriendo el legislador en cada caso, pues la Ley 8/2007 utiliza expresiones abstractas, con la doble intenci髇 de servir para toda Espa馻 y de no invadir las competencias de las Comunidades Aut髇omas en materia de urbanismo. Por tanto aqu� la Instrucci髇 se limita a aportar equivalencias entre la terminolog韆 del Derecho estatal y la del Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇, sin otro objeto que el de facilitar la aplicaci髇 de ambos en nuestra Comunidad.

Visto el art韈ulo 78 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le髇, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, as� como su Disposici髇 Final 3.�, que faculta al Consejero de Fomento para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicaci髇.

En su virtud, esta Consejer韆 de Fomento, a propuesta de la Direcci髇 General de Vivienda, Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio, dicta la siguiente

INSTRUCCI覰 T蒀NICA URBAN蚐TICA 1/2007

Esta Instrucci髇 tiene por objeto armonizar la interpretaci髇 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Le髇 (en adelante LUCyL) y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y Le髇, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (en adelante RUCyL) con lo dispuesto en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (en adelante LS).

1.- R蒅IMEN DEL SUELO

Los art韈ulos contenidos en el T韙ulo I de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones:

1.1. Clasificaci髇 de suelo urbanizable.

Conforme al apartado a) del art韈ulo 10 LS, los art韈ulos 13, 15 y 16 LUCyL y 27, 30 y 31 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que solamente pueden clasificarse como suelo urbanizable los terrenos precisos para satisfacer las necesidades que lo justifiquen. Los dem醩 terrenos que conforme al Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇 podr韆n ser clasificados como suelo urbanizable, deber醤 clasificarse como suelo r鷖tico e incluirse en la categor韆 de suelo r鷖tico com鷑.

1.2. Participaci髇 municipal en el aprovechamiento urban韘tico.

Conforme al apartado 1.b) del art韈ulo 16 y a la Disposici髇 Transitoria 2.� LS, los art韈ulos 17 a 20 LUCyL y 40 a 45 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que:

• a) En suelo urbano consolidado, corresponde a los propietarios el aprovechamiento real (que se obtiene aplicando las determinaciones del planeamiento urban韘tico sobre la superficie bruta de sus parcelas) salvo cuando se modifique el planeamiento de forma que se incremente la edificabilidad o la densidad o se cambie el uso del suelo. En tal caso, debe analizarse si se dan las condiciones establecidas en el art韈ulo 26.1 RUCyL para que los terrenos hayan de ser considerados suelo urbano no consolidado. Si no se dan dichas condiciones, los terrenos podr醤 seguir siendo considerados suelo urbano consolidado, pero sus propietarios deber醤 ceder al Ayuntamiento el suelo apto para materializar el 5 por ciento del incremento de aprovechamiento que se genere con la modificaci髇, libre de cargas de urbanizaci髇. Pero si las caracter韘ticas de la Modificaci髇 no hacen posible la cesi髇 de parcelas edificables que puedan destinarse a la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica, dicha cesi髇 se sustituir� por la entrega de su valor en dinero.

  No obstante, este apartado no es aplicable a los instrumentos de planeamiento (incluso revisiones y modificaciones) ya aprobados inicialmente a la entrada en vigor de la LS. Para los dem醩, este apartado se aplicar� hasta la adaptaci髇 de la LUCyL a la LS, y como m醲imo hasta pasado un a駉 desde la entrada en vigor de esta. Si transcurrido este plazo no se hubiera aprobado la adaptaci髇 de la LUCyL a la LS, se aplicar� la cesi髇 del 5 por ciento en suelo urbano consolidado, en todos los Municipios, con las reglas establecidas en los apartados a), b) y c) de la Disposici髇 Transitoria 2.� LS.

• b) En suelo urbano no consolidado:
  • - En los Municipios con poblaci髇 igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con P.G.O.U., corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento medio del sector, salvo en los sectores incluidos total o parcialmente en Conjuntos Hist髍icos declarados B.I.C., donde se aplica 韓tegramente el aprovechamiento medio del sector, al amparo de la excepci髇 prevista en el p醨rafo cuarto del art韈ulo 16.1.b) LS.
  • - En los dem醩 Municipios con poblaci髇 inferior a 20.000 habitantes, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el aprovechamiento medio del sector, al amparo en la excepci髇 prevista en el p醨rafo cuarto del art韈ulo 16.1.b) LS.
• c) En suelo urbanizable, delimitado y no delimitado, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento medio del sector.
• d) En cualquier clase de suelo, la sustituci髇 de la cesi髇 de suelo por la entrega de su equivalente en dinero, tambi閚 conocida como 玬onetarizaci髇 del aprovechamiento�, s髄o es v醠ida si se acredita la imposibilidad de ceder parcelas edificables destinadas a la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica.

1.3. Patrimonializaci髇 de la edificabilidad.

Conforme al apartado 2 del art韈ulo 7 LS, los art韈ulos 17 y 19 LUCyL y 40, 42, 44 y 46 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los propietarios s髄o patrimonializan la edificabilidad que se permita sobre sus terrenos cuando la misma haya sido efectivamente realizada, y se hayan cumplido por completo todos los deberes urban韘ticos establecidos en los art韈ulos 18 y 20 LUCyL y 41, 43 y 45 RUCyL.

2.- PLANEAMIENTO URBAN蚐TICO

Los art韈ulos contenidos en el T韙ulo II de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones:

2.1. Reserva para la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica.

Conforme al apartado b) del art韈ulo 10 y a la Disposici髇 Transitoria 1.� LS, la reserva para la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable se aplicar� en los t閞minos previstos en los art韈ulos 38 LUCyL y 87 y 122 RUCyL, hasta que se apruebe la adaptaci髇 de la LUCyL a la LS, y como m醲imo hasta pasado un a駉 desde la entrada en vigor de esta. Si transcurrido este plazo a鷑 no se hubiera aprobado la adaptaci髇, se aplicar� directamente la reserva del 30 por ciento tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, en todos los Municipios, con las 鷑icas excepciones previstas en los apartados a) y b) de la Disposici髇 Transitoria 1.� LS.

2.2. Resumen ejecutivo.

Conforme al apartado 2 del art韈ulo 11 LS, los art韈ulos 51 LUCyL y 112, 130, 136, 142 y 148 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que la memoria vinculante que deben contener todos los instrumentos de planeamiento cumple el objeto del 玶esumen ejecutivo� exigido en la LS. A tal efecto la memoria vinculante deber� incluir, adem醩 de lo previsto en el RUCyL, un cap韙ulo denominado 玶esumen ejecutivo� con el siguiente contenido:

• a) La delimitaci髇 de los 醡bitos en los que la ordenaci髇 proyectada altera la vigente, con un plano de su situaci髇, indicando el alcance de dicha alteraci髇.
• b) Los 醡bitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urban韘ticas y la tramitaci髇 de otros instrumentos de planeamiento o gesti髇 urban韘tica.

2.3. Informe de sostenibilidad econ髆ica.

Conforme al apartado 4 del art韈ulo 15 LS, los art韈ulos 51 LUCyL y 110, 130, 136, 142 y 148 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los instrumentos de planeamiento urban韘tico (incluidas las revisiones y modificaciones) que establezcan determinaciones para el suelo urbano no consolidado o el suelo urbanizable, tanto delimitado como no delimitado, deben incluir un informe de sostenibilidad econ髆ica, en el que se ponderar� en particular:

• a) El impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas P鷅licas afectadas por su implantaci髇, en especial en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras necesarias y a la puesta en marcha y la prestaci髇 de los servicios resultantes.
• b) La suficiencia y adecuaci髇 del suelo destinado a usos productivos.

2.4. Evaluaci髇 ambiental.

Conforme a los apartados 1 a 3 del art韈ulo 15 LS, en relaci髇 con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci髇 de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (en adelante LEAPP), ser醤 objeto de evaluaci髇 ambiental los instrumentos de planeamiento urban韘tico, incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

A tal efecto se entender� que los instrumentos que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente son los mismos para los que el RUCyL exige un tr醡ite ambiental, con las salvedades citadas en el informe de la Direcci髇 General de Vivienda, Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio para la aplicaci髇 de la LEAPP a los instrumentos de planeamiento urban韘tico, de 16 de marzo de 2007.

Asimismo se entender� que el tr醡ite ambiental regulado en el art韈ulo 157.a) RUCyL cumple el objeto de la evaluaci髇 ambiental prevista en el art韈ulo 7 LEAPP, si bien con las salvedades indicadas en el citado informe de la Direcci髇 General de Vivienda, Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio, en cuanto al contenido del informe de sostenibilidad ambiental, las consultas previas a su elaboraci髇, las consultas ulteriores a la misma, la duraci髇 m韓ima del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, el procedimiento para la aprobaci髇 de la memoria ambiental y la publicidad de los instrumentos sometidos a evaluaci髇 ambiental. Adem醩 de todo ello, conforme al apartado 2 del art韈ulo 15 LS, el informe de sostenibilidad ambiental deber� incluir un mapa de riesgos naturales del 醡bito objeto de ordenaci髇.

2.5. Identificaci髇 de propietarios en modificaciones de planeamiento.

Conforme al apartado 3 del nuevo art韈ulo 70 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local, a馻dido por la Disposici髇 Adicional 9.� LS, los art韈ulos 58 LUCyL y 169 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que en la documentaci髇 de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urban韘tico que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo, debe hacerse constar la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco a駉s anteriores a la aprobaci髇 inicial de la modificaci髇, conforme conste en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

3.- GESTI覰 URBAN蚐TICA

Los art韈ulos contenidos en el T韙ulo III de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones:

3.1. Proyectos de Normalizaci髇: informaci髇 p鷅lica.

Conforme al apartado 1 del art韈ulo 11 LS, los art韈ulos 94 LUCyL y 439 y 440 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los Proyectos de Normalizaci髇 deben ser sometidos al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica durante un plazo no inferior a 20 d韆s h醔iles, aplicando las reglas establecidas en el Art. 432 RUCyL.

3.2. Prioridad de los propietarios para la gesti髇 urban韘tica.

Conforme al apartado 1.c) del art韈ulo 8 LS, los art韈ulos 72 LUCyL y 265, 270 y 278 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que durante el primer mes desde la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que establezca la ordenaci髇 detallada de un sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, s髄o est醤 habilitados para presentar el Proyecto de Actuaci髇 que desarrolle dicha unidad, quienes tengan la condici髇 de propietarios de los terrenos afectados.

4.- INTERVENCI覰 EN EL USO DEL SUELO

Los art韈ulos contenidos en el T韙ulo IV de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones:

4.1 L韒ites a la parcelaci髇.

Conforme al apartado 2 del art韈ulo 17 LS, los art韈ulos 24.2 y 104 LUCyL y 53, 309, 310 y 311 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que la divisi髇 o segregaci髇 de una finca para dar lugar a 2 o m醩 diferentes s髄o es posible si cada una de las resultantes re鷑e las caracter韘ticas exigidas en el RUCyL y en los instrumentos de ordenaci髇 del territorio y de planeamiento urban韘tico aplicables. Esta regla rige tambi閚 para la enajenaci髇, incluso sin divisi髇 ni segregaci髇, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilizaci髇 exclusiva de porci髇 o porciones concretas de la finca, as� como a la constituci髇 de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilizaci髇 exclusiva.

4.2 Venta y sustituci髇 forzosa.

Conforme a los apartados 2 y 3 del art韈ulo 32 LS, el procedimiento de venta forzosa regulado en los art韈ulos 109 LUCyL y 329 a 334 RUCyL se completar� con los tr醡ites ante el Registro de la Propiedad previstos en dichos apartados.

En cuanto al r間imen de sustituci髇 forzosa, la regulaci髇 contenida en los art韈ulos 31 y 32 LS es de directa aplicaci髇, ya que no est� previsto en el Derecho Urban韘tico de Castilla y Le髇.

5.- INTERVENCI覰 EN EL MERCADO DE SUELO

Los art韈ulos contenidos en el T韙ulo V de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones sobre gesti髇 de los patrimonios p鷅licos de suelo:

• a) Conforme al apartado 2 del art韈ulo 34 LS, los art韈ulos 127 LUCyL y 378 a 382 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los terrenos de los patrimonios p鷅licos de suelo que hayan sido obtenidos por cesi髇 y est閚 destinados a la construcci髇 de viviendas con protecci髇 p鷅lica, no podr醤 ser adjudicados ni ulteriormente transmitidos por un precio superior al valor m醲imo de repercusi髇 del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislaci髇 reguladora; en el expediente administrativo y en el acto o contrato de enajenaci髇 se har� constar esta limitaci髇.
• b) En cuanto al acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos y condiciones de las fincas integrantes de los patrimonios p鷅licos de suelo, debe aplicarse directamente lo previsto en los apartados 3 y 4 del art韈ulo 34 LS.

6.- ORGANIZACI覰 Y COORDINACI覰 ADMINISTRATIVA, INFORMACI覰 P贐LICA Y PARTICIPACI覰 SOCIAL

Los art韈ulos contenidos en los T韙ulos VI y VII de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectados por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con las siguientes excepciones o matizaciones:

6.1. Informe de seguimiento.

Conforme al apartado 5 del art韈ulo 15 LS, el art韈ulo 429 RUCyL se interpretar� en el sentido de que el informe urban韘tico anual que han de elaborar los Ayuntamientos que cuenten con Plan General de Ordenaci髇 Urbana debe, adem醩 de lo exigido en el RUCyL, considerar la sostenibilidad ambiental y econ髆ica de su actividad urban韘tica en los t閞minos previstos en dicho art韈ulo 15 LS. El informe podr� surtir los efectos del seguimiento a que se refiere el art韈ulo 15 LEAPP, si cumple todos los requisitos all� exigidos.

6.2. Convenios urban韘ticos: contenido.

Conforme al apartado 3 del art韈ulo 16 LS, los art韈ulos 94 LUCyL y 435 y ss. RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los convenios urban韘ticos no pueden establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni m醩 gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. Por lo tanto ser� requisito previo a su aprobaci髇 y publicaci髇 la acreditaci髇 de la conformidad de todos los propietarios afectados.

6.3 Convenios urban韘ticos: informaci髇 p鷅lica.

Conforme al apartado 1 del art韈ulo 11 LS, los art韈ulos 94 LUCyL y 439 y 440 RUCyL se interpretar醤 en el sentido de que los convenios urban韘ticos deben ser sometidos al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica durante un plazo no inferior a 20 d韆s h醔iles, aplicando las reglas establecidas en el Art. 432 RUCyL.

7.- DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

Las Disposiciones Adicionales y Transitorias de la LUCyL y del RUCyL no se ven afectadas por la entrada en vigor de la LS, sin perjuicio de su ulterior adaptaci髇 a la misma, con la excepci髇 del primer p醨rafo del apartado b) de la Disposici髇 Adicional 趎ica del RUCyL, donde la definici髇 de 玴arcela� se entender� sustituida por la que se contiene en el apartado 1.b) del art韈ulo 17 LS: 玪a unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o s髄o uso urban韘tico independiente.�

8.- EQUIVALENCIAS TERMINOL覩ICAS

Para la aplicaci髇 en la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 de los art韈ulos de la Ley de Suelo, se tendr醤 en cuenta las siguientes equivalencias terminol骻icas:

• 1. Las referencias al suelo 玴reservado por la ordenaci髇 territorial y urban韘tica de su transformaci髇 mediante la urbanizaci髇� (Art. 12.2 LS) se entender醤 hechas al suelo r鷖tico (Art. 30 RUCyL).
• 2. Las referencias al suelo 玴ara el que los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica prevean o permitan su paso a la situaci髇 de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuaci髇 de urbanizaci髇� (Art. 12.2 LS) se entender醤 hechas al suelo urbanizable (Art. 27 RUCyL).
• 3. Las referencias al suelo 玦ntegrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los n鷆leos de poblaci髇� (Art. 12.3 LS) se entender醤 hechas al suelo urbano (Art. 23 RUCyL).
• 4. Las referencias a las actuaciones 玠e nueva urbanizaci髇� (Art. 14.1 LS) deber醤 entenderse hechas a las actuaciones integradas para el desarrollo de sectores de suelo urbanizable (Arts. 27, 44 a 46, 188.2 y 233 a 286 RUCyL, entre otros).
• 5. Las referencias a las actuaciones 玵ue tengan por objeto reformar o renovar la urbanizaci髇 de un 醡bito de suelo urbanizado� (Art. 14.1 LS) deber醤 entenderse hechas a las actuaciones integradas para el desarrollo de sectores de suelo urbano no consolidado (Arts. 26, 42 y 43, 188.2 y 233 a 286 RUCyL, entre otros).
• 6. Las referencias a las 玜ctuaciones de dotaci髇� (Art. 14.1 LS) se entender醤 hechas a las actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado (Arts. 25, 40 y 41, 188.1 y 210 a 215 RUCyL), as� como a las modificaciones de planeamiento que incrementen la edificabilidad o la densidad en suelo urbano consolidado, siempre que no se den las condiciones establecidas en el Art. 26.1 RUCyL para que los terrenos hayan de ser considerados suelo urbano no consolidado.
• 7. Las referencias a la 玜creditaci髇 documental de la conformidad, aprobaci髇 o autorizaci髇 administrativa a que est� sujeta, en su caso, la divisi髇 o segregaci髇� (Art. 17.2 LS) se entender醤 hechas a la licencia urban韘tica municipal de parcelaci髇 (Arts. 309 a 311 RUCyL).
• 8. Las referencias a los 玦nstrumentos de distribuci髇 de beneficios y cargas� (Art. 17.5 LS) se entender醤 hechas a los instrumentos de gesti髇 urban韘tica (Arts. 219 y 240 a 254 RUCyL, entre otros).
• 9. Las referencias a la 玸ituaci髇 de fuera de ordenaci髇� (Arts. 18.2, 21.3 y 30 LS) se entender醤 hechas tambi閚 a la situaci髇 de disconformidad con el planeamiento (Arts. 185 y 186 RUCyL).
• 10. Las referencias a 玪os deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos est閚 sujetos a una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 14� (Arts. 18.2 LS) se entender醤 hechas a los deberes urban韘ticos pendientes en suelo urbano y urbanizable (Arts. 41, 43 y 45 RUCyL).
• 11. Las referencias al 玴royecto de expropiaci髇� (Art. 20.2 LS) se entender醤 tambi閚 hechas al Proyecto de Actuaci髇, cuando se aplique el sistema de expropiaci髇 (Arts. 277 y ss. RUCyL).
• 12. Las referencias a 玪a edificabilidad media y el uso mayoritario de las edificaciones existentes en el 醡bito espacial homog閚eo� (Art. 23.1 LS) se entender醤 hechas al aprovechamiento medio y al uso predominante del sector (Arts. 86, 107, 122 y 128 RUCyL, entre otros).
• 13. Las referencias a la 玣acultad de participar en la ejecuci髇 de una actuaci髇 de nueva urbanizaci髇� (Art. 24 LS) se entender醤 hechas al derecho de los propietarios de suelo urbanizable a promover la urbanizaci髇 de sus terrenos (Art. 46 RUCyL).
• 14. Las referencias a los 玦nstrumentos de ordenaci髇 y ejecuci髇 necesarios para legitimar una actuaci髇 de urbanizaci髇, edificaci髇, conservaci髇 o rehabilitaci髇� (Art. 25.1 LS) se entender醤 hechas a los instrumentos de planeamiento y gesti髇 urban韘tica exigibles en cada caso (Arts. 3.2.c y 14.1.d RUCyL, entre otros).
• 15. Las referencias a la 玶esoluci髇 declaratoria del incumplimiento de deberes del r間imen de la propiedad el suelo� (Art. 32.2 LS) se entender醤 hechas a la resoluci髇 de inclusi髇 en el Registro de Inmuebles en Venta Forzosa (Art. 331.2 RUCyL).
• 16. Las referencias al 玸uelo urbanizable incluido en 醡bitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo� (D.T. 3�.2 LS) se entender醤 hechas al suelo urbanizable delimitado (Art. 28 RUCyL).
• 17. Las referencias a los 玴lazos para la ejecuci髇 del planeamiento� (D.T. 3�.2 LS) se entender醤 hechas a los plazos para cumplir los deberes urban韘ticos que prevea cada instrumento de planeamiento o en su defecto al plazo gen閞ico de 8 a駉s (Arts. 28.3, 49, 50, 99 y 127 RUCyL, entre otros).