• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• EXPOSICI�N DE MOTIVOS
• CAP�TULO I.� Disposiciones generales
  • Art�culo 1 �Objeto de la Ley y �mbito de aplicaci�n
  • Art�culo 2 �Concepto de consumidor
  • Art�culo 3 �Situaciones de protecci�n prioritaria
• CAP�TULO II.� Principios Generales y Competencias
  • Art�culo 4 �Principios generales de actuaci�n en materia de consumo
  • Art�culo 5 �Competencias del Consejo de Gobierno y la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma
  • Art�culo 6 �Competencias de las Administraciones Locales
• CAP�TULO III.� Derechos de los consumidores
  • Art�culo 7 �Derechos de los consumidores
  • SECCI�N 1.� Derecho a la protecci�n de la salud y la seguridad
    • Art�culo 8 �Seguridad en los productos, bienes y servicios
    • Art�culo 9 �Responsabilidad en materia de seguridad de los productos
  • SECCI�N 2.� Derecho a la protecci�n de los intereses econ�micos y sociales
    • Art�culo 10 �Marco legal
    • Art�culo 11 �Derechos de los consumidores en la oferta, adquisici�n, utilizaci�n y disfrute de bienes y servicios
  • SECCI�N 3.� Protecci�n jur�dica, administrativa y t�cnica
    • Art�culo 12 �Actuaciones de protecci�n
    • Art�culo 13 �Reclamaciones
    • Art�culo 14 �Mediaci�n y arbitraje
  • SECCI�N 4.� Informaci�n y educaci�n del consumidor
    • Art�culo 15 �Derecho a la informaci�n y a la difusi�n de la informaci�n
    • Art�culo 16 �Oficinas Municipales de Informaci�n al Consumidor
    • Art�culo 17 �Cooperaci�n en programas conjuntos
    • Art�culo 18 �Derecho a la educaci�n
  • SECCI�N 5.� Representaci�n, audiencia y participaci�n
    • Art�culo 19 �R�gimen Jur�dico de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios
    • Art�culo 20 �Fomento de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios
    • Art�culo 21 �Registro
    • Art�culo 22 �Audiencia
    • Art�culo 23 �Consejo Regional de Consumo
• CAP�TULO IV.� Control e inspecci�n de los productos, bienes y servicios
  • Art�culo 24 �Inspecci�n de consumo
  • Art�culo 25 �Estatuto del personal inspector de consumo
  • Art�culo 26 �Obligaciones de los inspeccionados
  • Art�culo 27 �Actas de inspecci�n
  • Art�culo 28 �Modalidades de la actuaci�n de inspecci�n
  • Art�culo 29 �Formaci�n y recursos
  • Art�culo 30 �Red de laboratorios de consumo
  • Art�culo 31 �Medidas cautelares
  • Art�culo 32 �Actuaciones administrativas de protecci�n frente a cada clase de riesgo
  • Art�culo 33 �Proporcionalidad y notificaci�n de las medidas
  • Art�culo 34 �Red de alerta de seguridad de los productos
• CAP�TULO V.� R�gimen sancionador
  • Art�culo 35 �Potestad sancionadora
  • Art�culo 36 �Principio de territorialidad
  • Art�culo 37 �Denunciante
  • Art�culo 38 ��rganos competentes para imponer sanciones
  • Art�culo 39 �Infracciones
  • Art�culo 40 �Calificaci�n de las infracciones
  • Art�culo 41 �Sanciones
  • Art�culo 42 �Graduaci�n de las sanciones
  • Art�culo 43 �Prescripci�n
  • Art�culo 44 �Otras medidas de restablecimiento de la legalidad
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici�n Derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta

Art�culo 1 Objeto de la Ley y �mbito de aplicaci�n

La presente Ley tiene por objeto garantizar la protecci�n de los derechos y los leg�timos intereses de los consumidores y usuarios en el territorio de Castilla-La Mancha, en cumplimiento del mandato del art�culo 51, apartados 1 y 2, de la Constituci�n Espa�ola y en el ejercicio de la competencia que le atribuye a la Junta de Comunidades el art�culo 32.6 de su Estatuto de Autonom�a.

Art�culo 2 Concepto de consumidor

1.- A los efectos de esta Ley, son consumidores y usuarios las personas f�sicas o jur�dicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza p�blica o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.

2.- No tendr�n la consideraci�n de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producci�n, transformaci�n, comercializaci�n o prestaci�n a terceros.

Art�culo 3 Situaciones de protecci�n prioritaria

1.- Los colectivos de consumidores y usuarios que se encuentren en situaci�n de inferioridad, subordinaci�n, indefensi�n o desprotecci�n ser�n objeto de especial protecci�n por la Administraci�n Regional, en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, en especial los ni�os, adolescentes, ancianos, mujeres gestantes, mujeres solas con cargas familiares y con bajos ingresos, mujeres afectadas por procesos de marginaci�n, enfermos, discapacitados, inmigrantes o sectores econ�micos y sociales m�s d�biles.

2.- La Administraci�n Regional extremar� su atenci�n con relaci�n a los productos o servicios de uso o consumo com�n, ordinario y generalizado.

Art�culo 4 Principios generales de actuaci�n en materia de consumo

1.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha garantizar�n con medidas eficaces la defensa y protecci�n de los consumidores y usuarios, dentro del �mbito de su competencia.

2.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha har�n uso de sus competencias normativas y sancionadoras y ejercer�n medidas de vigilancia especial y permanente para asegurar el cumplimiento de la normativa reguladora sobre:

• a) La calidad higi�nico-sanitaria de los alimentos y bebidas y de los establecimientos donde se elaboren, almacenen o expendan.
• b) El origen, distribuci�n y utilizaci�n de los productos t�xicos y sustancias peligrosas.
• c) La seguridad y habitabilidad de viviendas y sus servicios comunitarios, tales como fluido el�ctrico, gas, agua, saneamiento y ascensor, as� como prevenci�n y extinci�n de incendios.
• d) La seguridad y calidad de los medios de transporte p�blicos de personas o mercanc�as.
• e) La seguridad en establecimientos p�blicos y dem�s lugares de uso o disfrute comunitario.
• f) La composici�n, grado de inflamabilidad, toxicidad y normas de uso de los productos textiles, as� como la seguridad de los productos dirigidos a la infancia.
• g) La accesibilidad arquitect�nica, urban�stica, en el transporte y en la comunicaci�n de las personas con discapacidad.
• h) La prestaci�n de servicios de telecomunicaciones y de servicios de la sociedad de la informaci�n y el mantenimiento de los sistemas y niveles de calidad y seguridad exigidos en la normativa aplicable.
• i) La legalidad, transparencia y accesibilidad de los precios exigidos por los bienes y servicios, as� como de los costes y comisiones que se repercutan en el consumidor.
• j) La calidad y prestaci�n universal de los servicios p�blicos y de inter�s general.
• k) La protecci�n de colectivos de consumidores que se encuentren en situaci�n de inferioridad, subordinaci�n, indefensi�n o desprotecci�n m�s acusada.
• l) La facilitaci�n de los medios y recursos para que los consumidores y usuarios puedan articular y hacer efectivas sus quejas y reclamaciones por los bienes que adquieran y servicios que disfruten.
• m) La protecci�n de los intereses econ�micos de los consumidores en cualesquiera modalidades de ventas especiales y ante las promociones comerciales.
• n) La distribuci�n al por menor de carburantes y combustibles de automoci�n en instalaciones de venta al p�blico.

3.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha velar�n especialmente y colaborar�n, de acuerdo con la legislaci�n vigente, por la defensa y protecci�n de los consumidores y usuarios en situaciones catastr�ficas o de emergencia, o de perturbaci�n grave en el abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y de servicios esenciales para la comunidad.

4.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha fomentar�n el asociacionismo de consumo como un instrumento b�sico de protecci�n al consumidor y usuario.

5.- La Junta de Comunidades actuar� conjuntamente con el resto de las Administraciones P�blicas, por medio de sistemas de intercambio r�pido de informaci�n establecidos en la legislaci�n estatal o que se puedan establecer por la Administraci�n Regional.

6.- La Junta de Comunidades se coordinar� con las Administraciones P�blicas en las actuaciones relativas a la protecci�n de los consumidores.

7.- La Administraci�n Auton�mica podr� establecer mecanismos de cooperaci�n con centros t�cnicos tanto p�blicos como privados al objeto de que colaboren y cooperen con ella en la elaboraci�n de estudios, informes y asesoramiento en materia de consumo.

Art�culo 5 Competencias del Consejo de Gobierno y la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma

1.- Al Consejo de Gobierno le corresponde realizar la planificaci�n general de la pol�tica de consumo en la Comunidad Aut�noma, aprobar los reglamentos que sirvan de desarrollo a la presente Ley y promover programas de actuaci�n conjunta y mecanismos de coordinaci�n con las Entidades locales, prest�ndoles apoyo t�cnico y financiero dentro del marco de cooperaci�n que se establezca en cada caso.

2.- Corresponde a los servicios de inspecci�n de la Administraci�n Regional, dentro de la programaci�n general, el cumplimiento de las funciones previstas en la presente Ley y, en particular, la realizaci�n de las inspecciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los deberes establecidos por la legislaci�n sobre productos y servicios de uso y consumo.

3.- Los servicios de inspecci�n de consumo de la Administraci�n de la Junta de Comunidades y de las Entidades locales se complementar�n entre s� y se prestar�n mutua asistencia, colaborando con los �rganos de otras Administraciones en la realizaci�n de diligencias que les competan por raz�n de la materia y el territorio.

Art�culo 6 Competencias de las Administraciones Locales

1.- Corresponde a las Corporaciones locales de Castilla-La Mancha promover y desarrollar la protecci�n y defensa de los consumidores en sus respectivos �mbitos territoriales, con el alcance y contenido que les atribuye la presente Ley y el resto de las normas jur�dicas de aplicaci�n, en el marco de la planificaci�n y programaci�n y financiaci�n generales que establezcan los �rganos se�alados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut�noma, sin perjuicio de las planificaciones propias o complementarias que establezcan las mismas.

2.- En concreto las Administraciones locales ejercer�n las siguientes competencias:

• a) La informaci�n y educaci�n de los consumidores y usuarios y el establecimiento de oficinas y servicios de informaci�n al consumidor.
• b) La inspecci�n de los bienes, productos y servicios para comprobar su adecuaci�n a la legislaci�n que los regula, garantizando, como m�nimo, el control de su origen e identidad, su etiquetado, presentaci�n y publicidad y los dem�s requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, salubridad y seguridad, sin perjuicio de las competencias atribuidas en el apartado segundo del art�culo anterior y con sujeci�n a los principios indicados en el apartado tercero.
• c) El apoyo y fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios radicadas en su territorio.
• d) La promoci�n de �rganos de participaci�n ciudadana en materia de consumo.
• e) La adopci�n de las medidas urgentes, requiriendo las colaboraciones precisas, en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud, seguridad o intereses econ�micos de los consumidores.
• f) La imposici�n de sanciones pecuniarias, con el l�mite m�ximo de la cuant�a establecido para las faltas graves, por la comisi�n de infracciones en materia de defensa del consumidor y usuario cuando se trate de empresas radicadas en su t�rmino municipal o la infracci�n se hubiera cometido en el mismo.

A efectos de la necesaria coordinaci�n respecto a la consideraci�n de antecedentes y para evitar una duplicidad de las sanciones, dar�n conocimiento a la Administraci�n Regional de los procedimientos que inicien y de las sanciones que impongan.

3.- Las funciones derivadas de las competencias atribuidas en los puntos a) al d) del apartado anterior podr�n ser ejercidas por medio de las f�rmulas asociativas previstas en la legislaci�n de r�gimen local.

Art�culo 7 Derechos de los consumidores

1.- Son derechos b�sicos de los consumidores:

• a) La protecci�n frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, incluyendo aquellos que amenacen el medio ambiente y la calidad de vida.
• b) La protecci�n de sus leg�timos intereses econ�micos y sociales.
• c) La protecci�n jur�dica, administrativa y t�cnica y la reparaci�n o indemnizaci�n de da�os y perjuicios, cuando proceda.
• d) La informaci�n adecuada y suficiente sobre bienes y servicios y la educaci�n y formaci�n en materia de consumo.
• e) La representaci�n, a trav�s de sus organizaciones, para la defensa de sus intereses, y la participaci�n y la consulta en las materias que les afecten.

2.- Se consideran nulos de pleno derecho la renuncia previa a los derechos reconocidos en esta Ley a consumidores y usuarios en la adquisici�n y utilizaci�n de bienes y servicios, as� como todo pacto en contrario a sus normas imperativas o prohibitivas.

Los actos en fraude de ley no impedir�n la debida aplicaci�n de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Art�culo 8 Seguridad en los productos, bienes y servicios

1.- Los productos, bienes y servicios comercializados no representar�n riesgo alguno para su salud y seguridad ni para el medio ambiente salvo los usual y reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizaci�n.

2.- Un producto se considerar� seguro si es conforme a lo dispuesto en la normativa estatal en materia de seguridad general de los productos.

3.- La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de adquirir otros productos que representen menor grado de riesgo no ser� raz�n suficiente para considerar que un producto es inseguro o peligroso.

Art�culo 9 Responsabilidad en materia de seguridad de los productos

1.- Los productores tienen el deber de comercializar �nicamente productos seguros y de probar tal seguridad ante la autoridad que se lo requiera.

2.- Dentro de los l�mites de sus respectivas actividades, los productores deben informar a los consumidores y usuarios, por medios apropiados, de los riesgos que no sean inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de provenir de una utilizaci�n normal o previsible de los productos, habida cuenta de su naturaleza, sus condiciones de duraci�n y las personas a las que van destinados. La facilitaci�n de esta informaci�n no eximir� del cumplimiento de los dem�s deberes establecidos en la presente disposici�n.

3.- Dentro de los l�mites de sus respectivas actividades y en funci�n de las caracter�sticas de los productos, los productores deber�n:

• a) Mantenerse informados de los riesgos que dichos productos puedan presentar e informar convenientemente a los distribuidores. Con este fin, registrar�n y estudiar�n aquellas reclamaciones de las que pudiera deducirse la existencia de un riesgo y, en su caso, realizar�n pruebas por muestreo de los productos comercializados o establecer�n otros sistemas apropiados. Cuando la forma de cumplir este deber est� determinada en los reglamentos espec�ficos, se estar� a lo que �stos prevean.
• b) Cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos que presenten para el consumidor riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, adoptar, sin necesidad de requerimiento de los �rganos administrativos competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, entre las que se incluir�n las de informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicaci�n de avisos especiales, retirarlos productos del mercado o recuperarlos de los consumidores.
• c) Indicar, en el producto o en su envase, los datos de identificaci�n de su empresa y de la referencia del producto o, si procede, del lote de fabricaci�n, salvo en los casos en que la omisi�n de dicha informaci�n est� justificada. Los datos que se relacionan con el lote de fabricaci�n deber�n conservarse por el productor, para cualquier producto, durante tres a�os. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr� reducirse al de un a�o a partir del final de esa fecha.

4.- Los distribuidores tienen el deber de distribuir s�lo productos seguros, por lo que no suministrar�n productos cuando sepan, o debieran saber, por la informaci�n que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito.

5.- Los distribuidores actuar�n con diligencia para contribuir al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables, en particular, durante el almacenamiento, transporte y exposici�n de los productos.

6.- Dentro de los l�mites de sus actividades respectivas, los distribuidores participar�n en la vigilancia de la seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto:

• a) Informando a los �rganos administrativos competentes y a los productores sobre los riesgos de los que tengan conocimiento.
• b) Manteniendo, durante un plazo de tres a�os despu�s de haber agotado las existencias de los productos, la documentaci�n necesaria para averiguar el origen de los productos, en particular la identidad de sus proveedores, y, en caso de no ser minoristas, su destino, y proporcionando aqu�lla, en su caso, a las autoridades que la soliciten.
• c) Colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los �rganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos.
• d) Informando a los consumidores sobre los riesgos de utilizaci�n de los bienes o servicios, conforme a la informaci�n proporcionada por los productores.

7.- Los productores y distribuidores deber�n acreditar que los productos, bienes y servicios puestos en el mercado en el territorio de Castilla-La Mancha cumplen con la normativa medioambiental que sea de aplicaci�n obligatoria y, especialmente, que han asumido los costes de recuperaci�n de envases y embalajes y residuos de envases o que han satisfecho el coste de valorizaci�n. En el supuesto de valorizaci�n, los distribuidores deber�n acreditar expresamente que han soportado dicho coste.

8.- Los productores y distribuidores comunicar�n inmediatamente a la Consejer�a competente en materia de consumo cualquier conocimiento que tengan o cualquier sospecha que alberguen respecto de riesgos incompatibles con el deber de seguridad, de que adolezca un producto puesto en el mercado. Deber�n igualmente colaborar con las distintas Administraciones en todas las actuaciones emprendidas por �stas para evitar los riesgos que presenten los productos que hayan suministrado, tanto materiales como jur�dicas, facilitando, en su caso, toda la informaci�n pertinente, aunque est� protegida por el secreto industrial, y asumiendo los costes de la actuaci�n.

9.- Si el productor o distribuidor tienen su domicilio social en otra Comunidad Aut�noma y el producto se ha distribuido en m�s de una, la comunicaci�n a que se refiere el apartado anterior se realizar� conforme a lo dispuesto en la normativa estatal.

Art�culo 10 Marco legal

Los leg�timos intereses econ�micos y sociales de los consumidores deber�n ser respetados en los t�rminos establecidos en esta Ley y en la legislaci�n general sobre defensa de los consumidores y usuarios. Los casos de concurrencia entre esta normativa y las disposiciones civiles, mercantiles y las que regulan el comercio exterior e interior y el r�gimen de autorizaci�n de cada producto o servicio se resolver�n de acuerdo con el principio de condici�n m�s beneficiosa para el consumidor.

Art�culo 11 Derechos de los consumidores en la oferta, adquisici�n, utilizaci�n y disfrute de bienes y servicios

1.- En la oferta, adquisici�n, utilizaci�n y disfrute de bienes y servicios, los consumidores tendr�n los siguientes derechos:

• a) Exigir y a que le sean facilitados los datos, caracter�sticas y condiciones que se incluyan en la oferta, promoci�n o publicidad. No obstante si el contrato contuviese cl�usulas m�s beneficiosas, estas prevalecer�n sobre el contenido de la oferta, promoci�n o publicidad.
• b) A obtener informaci�n completa, veraz y transparente sobre las caracter�sticas esenciales de los bienes y servicios puestos a disposici�n en el mercado, de acuerdo con la normativa vigente.
• c) A exigir el cumplimiento de los niveles de calidad impuestos por la normativa correspondiente a los servicios de inter�s general o a la producci�n y fabricaci�n de bienes de consumo.
• d) A que se tengan por no puestos los pactos contractuales que infrinjan en perjuicio del consumidor los precios m�ximos legal o reglamentariamente establecidos.
• e) A que no se realice el corte del suministro de servicios de inter�s general salvo en los casos previstos en la legislaci�n vigente.
• f) A exigir los servicios de asistencia t�cnica y de repuestos durante el plazo m�nimo legalmente establecido en la contrataci�n de bienes de naturaleza duradera.
• g) A que no se les exija el pago de cantidades adelantadas o anticipos de cualquier clase en la compraventa de vivienda o en la adquisici�n de derechos inmobiliarios sino en los t�rminos y con las garant�as legalmente establecidas.
• h) A que no se les repercuta los gastos, costes, mejoras o incrementos de precio de cualquier clase por prestaciones que no hayan sido debidamente aceptadas por ellos o por la adquisici�n de bienes o servicios que los consumidores no han tenido una oportunidad real de rechazar.
• i) A que el contrato conste por escrito y a que se les expida recibo justificante, factura detallada o documento acreditativo o recibo de dep�sito, sin sobrecoste alguno, cuando sean exigidos por el adquirente o impuestos por la norma correspondiente.
• j) A la elaboraci�n de un presupuesto previo en la adquisici�n de bienes o prestaci�n de servicios cuyo precio no pueda ser determinado en el momento de su contrataci�n. Las personas f�sicas o jur�dicas que ejerzan actividades o presten servicios profesionales estar�n obligados a la elaboraci�n de un presupuesto en el que se especifiquen, en t�rminos perfectamente claros, los datos identificativos del prestador, per�odo de validez del presupuesto y coste total del servicio, incluidos todos los conceptos, recargos e impuestos aplicables.
• k) A la entrega de un documento de garant�a en la compra de bienes duraderos, cuando esta garant�a sea exigible conforme a la normativa aplicable.
• l) A la entrega de un documento de revocaci�n y a revocar y desistir del contrato, en los t�rminos previstos en la normativa vigente.
• m) A que no se les exija el cumplimiento de obligaciones contenidas en las condiciones generales de la contrataci�n o cl�usulas no negociadas individualmente, cuando �stas no se incorporen al contrato.
• n) A la entrega, a petici�n propia, por el proveedor de bienes y servicios, incluidos los servicios profesionales, de un ejemplar autorizado de hojas de reclamaciones, lo que deber� anunciarse de manera conveniente, en los t�rminos previstos en la normativa en vigor.
• �) A la exposici�n p�blica y visible de los precios y tarifas vigentes, junto a los productos, bienes y servicios.
• o) A ser indemnizados por los cortes o suspensi�n o interrupci�n de los servicios a que se hallen abonados, en los t�rminos previstos por la legislaci�n vigente.
• p) A que no se incluyan en los contratos cl�usulas o estipulaciones no negociadas individualmente que perjudiquen al consumidor, contra la buena fe, causando un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
• q) A que no se les impongan restricciones desproporcionadas al derecho de causar baja en los contratos de suministro de bienes o prestaci�n de servicios.
• r) A que no se les exija dep�sitos de garant�a, en la prestaci�n de servicios p�blicos y servicios de inter�s general, sino en las condiciones previstas en la normativa vigente.

2.- El ejercicio de estos derechos se llevar� a cabo sin perjuicio de los derechos de los consumidores regulados en la normativa sectorial correspondiente.

Art�culo 12 Actuaciones de protecci�n

1.- La Administraci�n Regional desarrollar� las actuaciones jur�dicas, administrativas y t�cnicas que sean precisas para la efectiva protecci�n de los consumidores en su territorio y dirigir� su actividad permanente a:

• a) Programar y realizar actuaciones de inspecci�n y control de calidad de productos, bienes y servicios.
• b) Adoptar las medidas administrativas oportunas para la protecci�n frente a cada clase de riesgo.
• c) Desarrollar la legislaci�n a fin de lograr un elevado nivel de protecci�n de los consumidores.
• d) Favorecer la existencia de mecanismos de soluci�n amistosa de las demandas de los consumidores.
• e) Potenciar la cooperaci�n t�cnica y jur�dica con centros y entidades colaboradoras.

2.- De conformidad con la legislaci�n estatal, los consumidores tienen derecho a ser indemnizados por los da�os o perjuicios demostrados en el consumo de bienes y servicios, salvo que el da�o haya sido causado por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deban responder civilmente.

Art�culo 13 Reclamaciones

1.- Los establecimientos que comercialicen productos y bienes, presten servicios o ejerzan actividades profesionales, en el territorio de Castilla-La Mancha, tendr�n a disposici�n de los consumidores y usuarios hojas de reclamaciones, que deber�n anunciarse convenientemente, en los t�rminos previstos en la normativa vigente.

2.- En los supuestos de prestaci�n de servicio a domicilio, el prestador de los mismos deber� tener a disposici�n del usuario hojas de reclamaciones.

3.- En el caso de bienes o servicios ofertados de manera no presencial por entidades o empresas sin establecimiento abierto al p�blico, �stas deber�n informar suficientemente de los procedimientos de reclamaci�n, haciendo constar, al menos una direcci�n postal a la que los consumidores y usuarios podr�n dirigir sus quejas y reclamaciones.

4.- La utilizaci�n de hojas de reclamaciones es compatible con la formulaci�n de reclamaciones administrativas por cualquier otro medio admitido en derecho, incluidos los telem�t�cos.

Art�culo 14 Mediaci�n y arbitraje

1.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha cooperar�n para poner a disposici�n de los consumidores y de los profesionales y empresarios sistemas operativos para resolver amistosamente las reclamaciones en materia de consumo, y promover�n, en colaboraci�n con la Administraci�n del Estado, el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo y la adhesi�n al mismo de las empresas y los profesionales de toda la Comunidad Aut�noma.

2.- Igualmente, las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha propiciar�n en sus respectivos �mbitos que las entidades o empresas p�blicas que dependan de ellas y las entidades o empresas privadas que gestionen servicios p�blicos o reciban recursos de aqu�llas establezcan en sus contratos la adopci�n del Sistema Arbitral de Consumo para resolver los conflictos y reclamaciones de los consumidores surgidos en su actividad.

Art�culo 15 Derecho a la informaci�n y a la difusi�n de la informaci�n

1.- Los bienes, productos y servicios puestos a disposici�n de los consumidores deber�n incorporar o permitir de forma cierta y objetiva, una informaci�n veraz, eficaz y suficiente sobre sus caracter�sticas esenciales.

2.- La informaci�n se orientar� prioritariamente al conocimiento de los requisitos que resulten legalmente exigibles a los productos y servicios, de manera que los consumidores puedan asegurarse de la identidad de los mismos, realizar su elecci�n bas�ndose en criterios de racionalidad y utilizarlos de modo satisfactorio, participando activamente en su propia protecci�n frente a la publicidad, promoci�n y oferta il�citas.

La Administraci�n Regional velar� por la protecci�n frente a la publicidad, promoci�n y oferta il�citas y en especial, la dirigida a la poblaci�n en edad infantil o hacia otros colectivos especialmente vulnerables.

3.- A efectos de lo dispuesto en el apartado primero ser�n consideradas caracter�sticas esenciales de los productos o servicios, en todo caso:

• a) Precio total, al contado y a plazo, con especificaci�n de costes, impuestos, comisiones o suplementos y tipos de inter�s, as� como el precio anterior, en los casos exigidos en la normativa reguladora del comercio minorista.
• b) El derecho de desistimiento o revocaci�n por parte del consumidor, cuando sea reconocido por la legislaci�n aplicable.
• c) Las garant�as concedidas por el fabricante o vendedor o prestador del servicio.
• d) La identificaci�n de fabricante o vendedor a efectos de reclamaciones.
• e) La existencia de seguros, cuando los mismos sean obligatorios.
• f) La existencia de per�odos m�nimos de contrataci�n y en su caso los dep�sitos de garant�a exigidos.
• g) Todas aquellas que sean el objeto de informaci�n obligatoria en la compraventa de vivienda, en los t�rminos previstos en la legislaci�n estatal y auton�mica.
• h) En la prestaci�n de servicios de la sociedad de la informaci�n, la informaci�n exigible conforme a los art�culos 20, 27 y 28 de la Ley estatal 34/2002, de 11 de julio, de los servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico, o a los correspondientes art�culos de la norma estatal que la sustituya.
• i) Todas aquellas indicaciones que sean objeto de informaci�n obligatoria en los productos alimenticios e industriales, incluidos los componentes modificados gen�ticamente, conforme a la legislaci�n europea, estatal y auton�mica.

4.- La Administraci�n Regional:

• a) Impulsar� la difusi�n de la informaci�n y el acceso a la educaci�n de los ciudadanos como consumidores, concertando con los agentes econ�micos y sociales de la Regi�n f�rmulas de participaci�n activa en las campa�as informativas y educativas institucionales.
• b) Promover� la existencia de espacios y programas divulgativos sobre consumo en los medios de comunicaci�n. En especial, en los medios de comunicaci�n de titularidad p�blica y en los que la Administraci�n Regional tenga participaci�n.
• c) Fomentar�, en colaboraci�n con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos para productos, bienes y servicios de la regi�n caracterizados por incorporar un elevado nivel de calidad.
  V�ase D [CASTILLA-LA MANCHA] 83/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la concesi�n de los Distintivos a las Mejores Pr�cticas en Materia de Consumo y se crea su registro (�D.O.C.M.� 28 noviembre).

Art�culo 16 Oficinas Municipales de Informaci�n al Consumidor

1.- La Administraci�n Regional impulsar� la implantaci�n y consolidaci�n de Oficinas Municipales de Informaci�n al Consumidor que presten servicios en todo el territorio de Castilla-La Mancha y fomentar� sus actividades, aportando ayuda t�cnica y financiera para el cumplimiento de sus fines. All� donde sea preciso para la prestaci�n de este servicio los municipios podr�n mancomunarse.

2.- Las Oficinas Municipales de Informaci�n al Consumidor tendr�n como funciones propias, sin perjuicio de las establecidas por la legislaci�n estatal y por la legislaci�n auton�mica sectorial, las siguientes:

• a) Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos, y servir de mediadoras en las reclamaciones de consumo dentro de su �mbito territorial de actuaci�n.
• b) Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje, y remitir a los �rganos o entidades correspondientes, con seguimiento de las mismas para informar debidamente a los interesados.
• c) Servir de cauce de mediaci�n voluntaria en conflictos entre consumidores, usuarios, productores y distribuidores.
• d) Recibir peticiones concretas, elev�ndolas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan, o establecer otros nuevos si se considera necesario.
• e) Realizar tareas de educaci�n y formaci�n en materia de consumo, mediante campa�as informativas o programas dirigidos a mejorar el nivel de educaci�n espec�fica y formaci�n de los consumidores.
• f) Facilitar datos referentes al registro y autorizaci�n de bienes y servicios, y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o peligrosidad.
• g) Facilitar informaci�n a las asociaciones de consumidores sobre sanciones firmes impuestas por infracciones contra los derechos de los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 41.2 de esta Ley.
• h) Facilitar informaci�n sobre la regulaci�n de los precios y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo com�n, ordinario generalizado.
• i) Asistir, apoyar y potenciar las organizaciones de consumidores, con deber de facilitaci�n de toda la informaci�n necesaria sobre existencia y actividades de las mismas.
• j) Disponer de documentaci�n t�cnica y jur�dica sobre temas de consumo, as� como potenciar su investigaci�n y estudio.
• k) Servir de sede para el desarrollo de las actividades del sistema arbitral de consumo.
• l) Realizar, en colaboraci�n con la Administraci�n Regional, funciones de control e inspecci�n sobre productos, bienes y servicios.

3.- Se crea un Registro de Oficinas de Informaci�n al Consumidor. Se determinar�n reglamentariamente las condiciones, caracter�sticas y requisitos que deben reunir las Oficinas de Informaci�n al Consumidor para proceder a su inscripci�n, la cual posibilitar� su acceso a:

• a) Las bases de datos, fondos documentales y resultados de estudios, ensayos, an�lisis o controles de calidad en posesi�n de la Administraci�n de la Junta de Comunidades en relaci�n con las materias que constituyen el objeto de la informaci�n b�sica que faciliten.
• b) A recibir el apoyo t�cnico y econ�mico que establezca la Administraci�n Regional.

4.- Queda prohibida cualquier forma de publicidad no institucional en las dependencias de las Oficinas Municipales de Informaci�n al Consumidor, as� como en los dem�s espacios p�blicos que sean paso obligado para acceder a dichas dependencias.

Art�culo 17 Cooperaci�n en programas conjuntos

La Administraci�n de la Junta de Comunidades concertar� con las Entidades locales f�rmulas de participaci�n activa de �stas en programas conjuntos de protecci�n de los consumidores, y entre ellos, los de atenci�n de demandas, informaci�n, formaci�n, educaci�n y cooperaci�n en materia de consumo entre las Administraciones locales de toda la Uni�n Europea. Esta cooperaci�n conllevar� el asesoramiento y la orientaci�n de los consumidores y usuarios y de los productores y distribuidores en sus respectivas transacciones dentro de la Uni�n Europea.

Art�culo 18 Derecho a la educaci�n

1.- Las Administraciones P�blicas de la Comunidad Aut�noma velar�n para que los ciudadanos puedan recibir informaci�n y educaci�n en materia de consumo, conocer sus derechos como consumidores y la manera de ejercerlos con responsabilidad, como una contribuci�n a la formaci�n integral de la persona.

2.- La Administraci�n Regional, con el objetivo de hacer efectivo este derecho a la educaci�n en materia de consumo, adoptar� las medidas oportunas para:

• a) Establecer la colaboraci�n precisa con los �rganos competentes para incluir la educaci�n del consumidor dentro del curr�culo ordinario, en todos los ciclos y niveles de la educaci�n obligatoria.
• b) Asegurar la formaci�n permanente en materia de consumo del personal docente, en colaboraci�n con los organismos competentes en materia de educaci�n.
• c) Asegurar la formaci�n permanente en materia de consumo del personal que ejerza funciones de informaci�n y orientaci�n a los consumidores.
• d) Elaborar y publicar materiales did�cticos de apoyo a la educaci�n y formaci�n de los consumidores.

3.- La educaci�n del consumidor estar� orientada a la adecuaci�n de las pautas de consumo hacia la utilizaci�n racional de los recursos, a la prevenci�n del sobreendeudamiento, a la incorporaci�n de valores ecol�gicos en las decisiones individuales de compra, uso, disfrute y eliminaci�n de los productos de consumo y a la corresponsabilizaci�n y participaci�n del consumidor en la conservaci�n del medio ambiente y en la consecuci�n del desarrollo sostenible.

Art�culo 19 R�gimen Jur�dico de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios

1.- A los efectos de esta Ley, se consideran organizaciones o asociaciones de usuarios y consumidores las entidades privadas sin �nimo de lucro cuyo objeto social determinado estatutariamente sea la defensa y protecci�n de los intereses de los usuarios y consumidores, bien con car�cter general, bien con relaci�n a determinados productos o servicios, siempre que se constituyan de acuerdo a la legislaci�n vigente en materia de asociaciones.

2.- Asimismo, se consideran organizaciones o asociaciones de usuarios y consumidores, a los efectos de esta Ley, a las entidades constituidas en Castilla-La Mancha exclusivamente por usuarios o consumidores con arreglo a la normativa auton�mica sobre cooperativas, entre cuyos fines figure necesariamente la educaci�n y formaci�n de sus socios en materia de consumo y est�n obligadas a constituir un fondo social integrado por las aportaciones de los socios y destinen el 15% como m�nimo, de los excedentes netos de cada ejercicio econ�mico exclusivamente a la defensa, informaci�n, educaci�n y formaci�n de los socios en materias relacionadas con el consumo.

3.- Para poder gozar de los derechos y beneficios que esta Ley otorga a las asociaciones y organizaciones de usuarios y consumidores �stas deber�n cumplir con los siguientes requisitos

• a) Figurar inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha.
• b) Aplicar los medios de fomento y ayuda que se les otorgue para tal fin a la exclusiva defensa de los consumidores.
• c) Tener un funcionamiento democr�tico en todo lo relacionado con la toma de decisiones, elecci�n de �rganos directivos y elaboraci�n de programas de actividades.
• d) Cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficios, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de implantaci�n territorial, n�mero de asociados y programas de actividades.
• e) Poseer capacidad t�cnica e infraestructura suficiente.

4.- Son derechos de las organizaciones o asociaciones de usuarios y consumidores en Castilla-La Mancha:

• a) La presencia en los �rganos de participaci�n y representadas en los consejos de car�cter sectorial en los que se conozcan asuntos que puedan interesar a los consumidores, as� como en el Consejo Regional de Consumo.
• b) La legitimaci�n para promover como interesadas procedimientos administrativos para la defensa de los intereses de los consumidores en todo el �mbito territorial de Castilla-La Mancha, as� como para personarse en los procedimientos iniciados por terceros, especialmente en relaci�n al cese de pr�cticas enga�osas o fraudulentas en la oferta, promoci�n y publicidad de bienes y servicios en el �mbito auton�mico.
• c) La participaci�n en el Sistema Arbitral de Consumo, previa adhesi�n al mismo.
• d) La obtenci�n de informaci�n sobre los asuntos de su inter�s.
• e) Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de sus socios, de la asociaci�n y de los intereses colectivos de los consumidores en general, de conformidad con la legislaci�n aplicable.
• f) Integrarse en agrupaciones o federaciones con id�nticos fines y de �mbito territorial m�s amplio.
• g) Exigir la rectificaci�n p�blica de las comunicaciones e informaciones publicitarias enga�osas o il�citas y ejercitar en estos casos el derecho de r�plica, de acuerdo a la normativa vigente.
• h) Participar en la elaboraci�n y aprobaci�n de los modelos de contratos de prestaci�n de servicios si son prestados por las Administraciones a trav�s de empresas p�blicas o privadas.
• i) Propiciar sistemas de resoluci�n de conflictos.
• j) Formular peticiones y ejercer iniciativas, en el marco de la legislaci�n vigente, acerca del funcionamiento de los servicios p�blicos, y particularmente, de los prestados por las empresas p�blicas auton�micas.
• k) Ser o�das, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 22, en el procedimiento de elaboraci�n de disposiciones generales que puedan afectar a sus respectivos intereses.

Art�culo 20 Fomento de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios

1.- La Administraci�n de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce que las organizaciones de consumidores y usuarios constituyen el cauce de representaci�n y participaci�n de los consumidores. Las Administraciones Publicas de Castilla-La Mancha fomentar�n, en sus respectivos �mbitos, el asociacionismo de los consumidores de Castilla-La Mancha y promover�n el di�logo de sus organizaciones con las de empresarios mediante la creaci�n de Consejos Sectoriales de Consumo.

La Administraci�n Regional de la Junta de Comunidades concertar� con las organizaciones de consumidores y usuarios f�rmulas de participaci�n activa de �stas en programas conjuntos de protecci�n de los consumidores, entre otros, en los referidos a asistencia t�cnica y defensa jur�dica, atenci�n de demandas, investigaci�n, informaci�n, formaci�n, educaci�n y participaci�n en �rganos colegiados de naturaleza consultiva.

2.- A las organizaciones o asociaciones de usuarios y consumidores de Castilla-La Mancha se les conceder�n los siguientes beneficios:

• a) Recibir asistencia t�cnica y financiera con objeto de que se personen como parte en los procesos judiciales en los que se hallen implicados los derechos o intereses leg�timos de los consumidores de Castilla-La Mancha.
• b) Acceder a las ayudas y subvenciones que convoquen y concedan las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha.
• c) Acceder a los establecidos en la legislaci�n espec�fica sobre el voluntariado, pudiendo constituir la protecci�n del consumidor una de sus �reas de intervenci�n.
• d) Solicitar y poder ser declaradas de utilidad p�blica, conforme a lo que reglamentariamente se determine.

3.- Las organizaciones de consumidores y usuarios quedan obligadas en cualquier caso a aplicar los medios de ayuda y colaboraci�n que reciban con esta finalidad exclusivamente a la defensa de los consumidores o a la obtenci�n de los medios instrumentales y personales para conseguir dichas finalidades.

4.- Las organizaciones de consumidores y usuarios ajustar�n sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados anal�ticos o controles de calidad suficientemente contrastados.

5.- Las organizaciones de consumidores no podr�n gozar, en ning�n caso, de los beneficios antes citados cuando incluyan como asociadas a personas jur�dicas con �nimo de lucro, perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas suministradoras de bienes y servicios a los consumidores, efect�en publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes y servicios, se dediquen a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores, con la excepci�n en este �ltimo supuesto de las cooperativas referidas en el art�culo 20.2 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, o act�en con manifiesta temeridad judicialmente apreciada.

Art�culo 21 Registro

En el Registro de organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha adscrito a la Direcci�n General competente en materia de consumo podr�n inscribirse aqu�llas organizaciones cuya finalidad principal sea la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, seg�n lo dispuesto reglamentariamente, sin perjuicio de la obligatoriedad de la inscripci�n para que se les reconozcan los derechos y puedan gozar de los beneficios establecidos en la presente Ley.

Art�culo 22 Audiencia

1.- Las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones empresariales, legalmente constituidas, radicadas en la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha ser�n o�das preceptivamente en consulta en el procedimiento de elaboraci�n de las disposiciones administrativas de car�cter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.

Tambi�n ser�n o�das en la propuesta de las tarifas de los servicios p�blicos que se encuentren sujetas legalmente al control de la Administraci�n Auton�mica.

2.- Se entender� cumplido el tr�mite de audiencia cuando las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones empresariales se encuentren representadas en los �rganos colegiados que participen en la elaboraci�n de las disposiciones. En los dem�s casos, la notificaci�n o comunicaci�n se dirigir� a las federaciones y asociaciones con mayor implantaci�n en Castilla-La Mancha.

Art�culo 23 Consejo Regional de Consumo

1.- El Consejo Regional de Consumo es el principal �rgano de representaci�n y consulta en materia de consumo de la Administraci�n de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2.- Formar�n parte del Consejo Regional de Consumo los representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de empresarios, c�maras de comercio e industria, organizaciones sindicales, representantes de cooperativas de consumo, asociaciones de vecinos, organizaciones representativas de colectivos que requieran especial protecci�n, Administraci�n Auton�mica y local de la Regi�n y Consejo Regional de la Juventud. Reglamentariamente se determinar� su composici�n, la elecci�n o designaci�n de sus miembros, en funci�n de su representatividad y sus funciones.

Dispondr� de un reglamento interno de funcionamiento aprobado en su seno.

3.- El Consejo Regional de Consumo ser� consultado preceptivamente en la tramitaci�n de disposiciones generales en materias espec�ficas de consumo.

V�ase D [CASTILLA-LA MANCHA] 67/2018, 25 septiembre, del Consejo Regional de Consumo (�D.O.C.M.� 3 octubre).

Art�culo 24 Inspecci�n de consumo

1.- Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha con competencias en materia de defensa del consumidor y usuario desarrollar�n actuaciones de inspecci�n integral y control sobre los productos, bienes y servicios puestos a disposici�n de los consumidores en cualquiera de las fases de su comercializaci�n, para comprobar que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus caracter�sticas t�cnicas, higi�nico-sanitarias, de seguridad y comerciales y que se ajustan razonablemente a las expectativas que puedan motivar su adquisici�n, derivadas de la descripci�n realizada en su presentaci�n, publicidad, precio y otras circunstancias.

2.- Para su realizaci�n, los �rganos de la Administraci�n Regional y las Entidades locales actuar�n coordinadamente, aunando sus recursos de inspecci�n y control, de acuerdo con la normativa aplicable.

3.- La actividad de inspecci�n puede recaer sobre todos los bienes y servicios que se ofrecen o est�n destinados a ofrecerse a los consumidores, as� como sobre las materias primas empleadas, los establecimientos y maquinarias de toda clase utilizados para su producci�n, distribuci�n, comercializaci�n y prestaci�n de servicios. La perfecci�n y ejecuci�n de los contratos ser� objeto de inspecci�n en cuanto las mismas puedan dar lugar al ejercicio de potestades administrativas.

4.- Las actuaciones de control e inspecci�n se llevar�n a cabo preferentemente sobre aquellos productos, bienes y servicios considerados como de uso o consumo com�n, ordinario o generalizado, as� como sobre aquellos que, sin reunir esas caracter�sticas, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y a los leg�timos intereses econ�micos de los consumidores y usuarios o puedan crear situaciones de alarma social.

Art�culo 25 Estatuto del personal inspector de consumo

1.- El personal inspector de consumo se identificar� como tal cuando se encuentre en el ejercicio de su funci�n inspectora, salvo en aquellos casos en que la finalidad de la inspecci�n pudiera frustrarse por tal motivo. En estos supuestos, se determinar�n por escrito las causas que justifiquen dicha actuaci�n, bien en el acta o en el propio expediente administrativo.

2.- El personal inspector tendr� la consideraci�n de agente de la autoridad a todos los efectos, particularmente respecto de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.

3.- Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, los agentes de la inspecci�n o la autoridad competente en materia de consumo podr�n solicitar el apoyo, concurso, auxilio y protecci�n que les resulten precisos de cualquier otra autoridad, que deber� prest�rselo.

4.- Caso de apreciar indicios de irregularidad podr�n requerir la exhibici�n de la documentaci�n industrial, mercantil y contable que la Ley obligue a tener cumplimentada y que se juzgue necesaria para realizar las comprobaciones que requiera su funci�n, as� como acceder directamente a los locales y dependencias en los que se realicen actividades que tengan trascendencia para los consumidores.

5.- Cuando inspeccionen servicios o empresas dependientes de las Administraciones P�blicas territoriales, institucionales o corporativas, actuar�n con independencia funcional de los �rganos y autoridades de las mismas, debiendo proporcion�rseles la informaci�n que soliciten.

6.- De estas facultades har�n un uso proporcionado, perturbando s�lo en lo imprescindible la actividad laboral y empresarial. De la informaci�n que obtengan vienen obligados a guardar sigilo profesional.

Art�culo 26 Obligaciones de los inspeccionados

Las personas f�sicas y jur�dicas, a requerimiento de los agentes de la inspecci�n o de los �rganos competentes, tendr�n la obligaci�n de consentir y facilitar las visitas inspectoras as� como las de:

• a) Suministrar toda clase de informaci�n sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.
• b) Exhibir la documentaci�n que sirva de justificaci�n de las transacciones efectuadas, de los precios y m�rgenes aplicados y de los conceptos en los que se descomponen los mismos.
• c) Facilitar la obtenci�n de copia o reproducci�n de la documentaci�n citada en el punto anterior.
• d) Permitir que se practique la toma de muestras o que se efect�e cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de su comercializaci�n. La Administraci�n indemnizar� por el valor de coste de los productos utilizados como muestra, o inutilizados durante los controles, con posterioridad a su realizaci�n. Si se detecta infracci�n, junto a la sanci�n que se imponga, podr� exigirse del responsable el pago de los gastos ocasionados.
• e) Acudir, por s� mismas, o por medio de su representante a las oficinas de consumo a requerimiento de los agentes de inspecci�n o de los �rganos competentes, a fin de aportar nuevos datos o comprobar las diligencias de inspecci�n.

Art�culo 27 Actas de inspecci�n

1.- El personal inspector documentar� con car�cter general cada una de sus actuaciones mediante acta, en la que har� constar:

• A.- En la generalidad de los casos:
  • a) La identidad de la persona f�sica o jur�dica titular del establecimiento inspeccionado.
  • b) La identificaci�n del inspector o inspectores actuantes y la del compareciente a la inspecci�n, en su propio nombre o en representaci�n del interesado, con expresi�n del car�cter con el que comparece, pudiendo serle exigida la exhibici�n de la oportuna documentaci�n acreditativa.
  • c) Los hechos apreciados, las circunstancias concurrentes y las manifestaciones que deseen hacer constar los comparecientes.
  • d) El lugar, la fecha y, si fuera relevante, la hora del levantamiento, firm�ndose por todos los presentes.
• B.- La negativa a la firma por parte del compareciente, en su caso, la cual no invalidar� el acta. Si �sta se produce, se le advertir� de su obligaci�n de firmar y de que puede estampar su firma a los �nicos efectos de reconocer las circunstancias de los apartados a), b) y d) anteriores, lo cual se har� constar.
• C.- Cuando proceda, adem�s, las siguientes:
  • a) La descripci�n de la toma de muestras, medici�n, verificaci�n u otro tipo de control efectuado sobre las instalaciones, productos o servicios.
  • b) Las medidas cautelares adoptadas provisionalmente por el inspector o inspectores en casos de urgente necesidad para preservar la salud o la seguridad de los consumidores ante un peligro inminente y grave para no perjudicar sus intereses econ�micos y sociales, as� como su causa y su finalidad, que ser�n ratificadas, modificadas o levantadas por el �rgano competente en el plazo de tres d�as computado desde el d�a siguiente en que se hayan adoptado.
  • c) La relaci�n de documentos adjuntos, en los que se har� indicaci�n de la identificaci�n del acta a la que acompa�an.

2.- La empresa inspeccionada obtendr� de los agentes de la inspecci�n copia de los documentos que se redacten durante la actuaci�n inspectora. Las operaciones de la toma de muestras, su acondicionamiento y an�lisis, se atendr�n, en su caso, a los m�todos oficiales y procedimientos reglamentarios. La Administraci�n Regional facilitar� posteriormente la reproducci�n de toda la documentaci�n que en relaci�n con las actuaciones de control realizadas le sea solicitada.

3.- Si durante las actuaciones de inspecci�n se detectaran acciones u omisiones que no constituyeran un perjuicio directo e inmediato a los consumidores y usuarios, suponiendo simples irregularidades de car�cter formal, que no alcancen la tipificaci�n de infracci�n, se podr� requerir por los inspectores de consumo que se corrijan las mismas en el plazo que se considere razonable, que no podr� ser inferior a tres d�as ni superior a treinta. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a su correcci�n, se seguir� la tramitaci�n administrativa correspondiente.

Para la validez del requerimiento, deber� dejarse constancia escrita de su contenido y de la fecha en que se pone en conocimiento del sujeto afectado, a cuyos efectos, bastar� la entrega de copia del acta de inspecci�n en la que consten.

Art�culo 28 Modalidades de la actuaci�n de inspecci�n

1.- Las modalidades de la actuaci�n inspectora realizadas sobre instalaciones, bienes y servicios podr�n ser:

• a) De vigilancia y control del mercado.
• b) De investigaci�n y obtenci�n de informaci�n sobre sectores del mercado sometidos a estudio.
• c) De asesoramiento e informaci�n a los agentes del mercado.

2.- Las actuaciones de vigilancia y control del mercado tienen por objeto la verificaci�n del correcto cumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos por la legislaci�n vigente.

3.- Las actuaciones de investigaci�n y obtenci�n de informaci�n estar�n destinadas fundamentalmente a la obtenci�n de datos que permitan realizar estudios del mercado y determinarlos sectores en los que se pudieran producir riesgos para la salud, seguridad o perjuicios para los intereses econ�micos y sociales de los consumidores, a fin de incluirlos como objetivos prioritarios de las actuaciones de vigilancia y control.

4.- Las actuaciones de asesoramiento e informaci�n a los agentes del mercado tienen la finalidad de favorecer el correcto cumplimiento de las normativas y la extensi�n de buenas pr�cticas comerciales o de fabricaci�n, con las que mejorar cualquier aspecto de la calidad de bienes y servicios y de la informaci�n que se proporciona a los consumidores.

5.- Se fomentar� la adopci�n de los c�digos de buenas pr�cticas como instrumento para la protecci�n de los derechos de los consumidores y de mejora de la regulaci�n del mercado. Estos c�digos se elaborar�n por representantes de los sectores empresariales, de las organizaciones y asociaciones de consumidores, de los �rganos de defensa del consumidor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de otros colectivos cuyos intereses puedan verse afectados, conforme a lo que se establezca reglamentariamente.

Art�culo 29 Formaci�n y recursos

Las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha con competencias en la materia deben velar por la formaci�n continuada del personal inspector y para que la dotaci�n de recursos sea la adecuada que requiere su funci�n.

Art�culo 30 Red de laboratorios de consumo

El Gobierno Regional, en coordinaci�n con los municipios que lo soliciten, colaborar� en el establecimiento de una red de laboratorios de consumo que posibiliten llevar a cabo las pruebas periciales anal�ticas, de ensayos y de control de calidad sobre los productos de uso y consumo empleando los m�todos que al efecto hayan sido establecidos por la normativa en vigor; o bien, en su ausencia, aquellos otros que resulten cient�ficamente id�neos para la detecci�n de defectos que pudieran constituir un fraude, o cuando menos, un riesgo para los consumidores y usuarios.

Art�culo 31 Medidas cautelares

1.- Cuando existan claros indicios de riesgo para la salud y seguridad o de perjuicio para los intereses econ�micos y sociales de los consumidores, la autoridad competente ordenar� la paralizaci�n preventiva de los servicios o la intervenci�n cautelar de los productos afectados, quedando prohibida su comercializaci�n, cualquiera que sea la fase de la cadena comercial en la que se hallen.

2.- Las medidas podr�n afectar a los responsables de la producci�n, distribuci�n o comercializaci�n de bienes o servicios y a cualquier otro responsable del mantenimiento o existencia del riesgo, aunque ignorasen o no hubiesen podido conocer los defectos del producto o actividad. Pueden tener uno o varios destinatarios concretos o una pluralidad indeterminada de sujetos, o incluso car�cter general.

3.- Tambi�n podr�n afectar estas medidas a los responsables de la prestaci�n de servicios de la sociedad de la informaci�n cuando en su actividad originen, de forma directa, la situaci�n de riesgo. Asimismo, se podr� ordenar a quien act�e como intermediario la supervisi�n de los datos que transmitan o almacenen en los t�rminos previstos en la legislaci�n sectorial correspondiente.

4.- La adopci�n de cualquier medida cautelar es compatible con la iniciaci�n previa, simult�nea o posterior de un procedimiento sancionador.

Art�culo 32 Actuaciones administrativas de protecci�n frente a cada clase de riesgo

1.- Ante la existencia en el mercado de productos o servicios peligrosos para la salud se ejecutar�n las medidas que acuerde la autoridad sanitaria de acuerdo con la legislaci�n vigente.

2.- Para garantizar la protecci�n frente a los riesgos que afecten a la seguridad de los consumidores la autoridad competente en materia de consumo podr�:

• a) Organizar controles adecuados de las caracter�sticas de seguridad de los productos a escala apropiada, incluso despu�s de haber sido comercializados como seguros, hasta la fase de utilizaci�n o de consumo.
• b) Exigir toda la informaci�n pertinente a las partes implicadas.
• c) Recoger muestras de un producto o de una serie de productos para someterlos a an�lisis sobre seguridad.
• d) Imponer condiciones previas a la comercializaci�n de un producto, a fin de que sea seguro, y exigir que consten en el producto las advertencias pertinentes sobre los riesgos que el mismo suponga.
• e) Disponer que las personas que pudieran estar expuestas al riesgo derivado de un producto sean convenientemente informadas de manera inmediata sobre dicho riesgo, incluso mediante la publicaci�n de avisos especiales.
• f) Prohibir temporalmente, durante el per�odo necesario para efectuar los diferentes controles, que se suministre, proponga el suministro o se exponga un producto o un lote de productos cuando existan indicios claros y convergentes de su peligrosidad.
• g) Prohibir la comercializaci�n de un producto o de un lote de productos cuya peligrosidad se haya comprobado y determinar las medidas de acompa�amiento necesarias para garantizar el cumplimiento de esta prohibici�n.
• h) Organizar de manera eficaz e inmediata la retirada de un producto o de un lote de productos peligrosos ya puestos en el mercado y, si fuere necesario, su destrucci�n en condiciones adecuadas.
• i) Clausurar temporalmente establecimientos.

3.- Para garantizar la protecci�n de los leg�timos intereses econ�micos y sociales de los consumidores la autoridad competente en materia de consumo podr�:

• a) Prohibir la prestaci�n de los servicios o la comercializaci�n de los productos cuya adulteraci�n, falsificaci�n, o trascendente falta de adecuaci�n a la normativa que sea aplicable haya sido suficientemente comprobada.
• b) Imponer condiciones previas a la prestaci�n o comercializaci�n de los servicios y productos citados en el apartado anterior de modo que se evite el enga�o o la posibilidad de confusi�n de los consumidores y siempre que la falta de adecuaci�n sea subsanable.
• c) Exigir toda la informaci�n pertinente a las partes implicadas.
• d) Disponer que las personas que hubiesen padecido un evidente perjuicio en sus intereses econ�micos sean convenientemente informadas, mediante la publicaci�n de avisos especiales, de los remedios arbitrados para la compensaci�n del mismo.

Art�culo 33 Proporcionalidad y notificaci�n de las medidas

1.- La medidas de los dos art�culos precedentes deber�n ser proporcionales a la intensidad del riesgo y, en su caso, durar el tiempo estrictamente necesario para la realizaci�n de los oportunos controles y verificaciones en los centros cualificados para ello, o el que los interesados inviertan en la subsanaci�n del problema o completa eliminaci�n del riesgo, lo que habr� de ser convenientemente verificado por la autoridad que orden� la medida.

2.- Si el riesgo rebasase presumiblemente el inter�s regional, la autoridad competente lo pondr� en conocimiento del resto de las Administraciones cuyo territorio pueda verse afectado a trav�s de las v�as y procedimientos establecidos.

Art�culo 34 Red de alerta de seguridad de los productos

Para la r�pida comprobaci�n, y en su caso, retirada del mercado de los productos y cesaci�n de los servicios potencialmente peligrosos se establecer� comunicaci�n a trav�s del sistema estatal de intercambio r�pido de informaci�n (Red de alerta).

Art�culo 35 Potestad sancionadora

Corresponde a la Administraci�n Regional la potestad sancionadora en esta materia, ejerci�ndose por los �rganos administrativos de la misma que reglamentariamente la tengan expresamente atribuida, a trav�s del procedimiento reglamentariamente establecido, o por los �rganos de las Corporaciones locales en los t�rminos establecidos en la presente Ley y en las Ordenanzas Municipales.

En todo caso, los �rganos de la Administraci�n Regional y local cuyas competencias puedan concurrir en el �mbito de actuaci�n de la presente Ley quedan obligados a actuar bajo los principios de coordinaci�n y colaboraci�n.

Art�culo 36 Principio de territorialidad

1.- Las competencias sancionadoras de las autoridades de consumo est�n referidas a las infracciones cometidas, en el territorio de la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos o domicilio del responsable.

2.- Las infracciones a las que se refiere esta Ley se entender�n cometidas en cualquiera de los lugares en que se localicen las acciones u omisiones en que consistan y, adem�s, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos, instalaciones o personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi�n o riesgo para los derechos de los consumidores.

Art�culo 37 Denunciante

Ser� considerado parte en el procedimiento sancionador el denunciante, cuando de la resoluci�n sancionadora se pudiera deducir un efecto positivo en su esfera jur�dica o la eliminaci�n de una carga o gravamen, o cuando ostente un inter�s leg�timo en que se esclarezca la conducta objeto del expediente sancionador.

Art�culo 38 �rganos competentes para imponer sanciones

1.- Los �rganos competentes de la Junta de Comunidades para la imposici�n de sanciones a que se refiere la presente Ley ser�n establecidos reglamentariamente.

2.- En el �mbito de la Administraci�n Local ser�n �rganos competentes para la imposici�n de sanciones los que as� se determinen conforme a la legislaci�n de r�gimen local y a sus propias normas de organizaci�n.

Art�culo 39 Infracciones

A los efectos de la presente Ley se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios las que as� vengan establecidas por la legislaci�n vigente.

Art�culo 40 Calificaci�n de las infracciones

Las infracciones se calificar�n como muy graves, graves o leves de acuerdo con las disposiciones del r�gimen general y con los principios que rigen la potestad sancionadora.

Art�culo 41 Sanciones

1.- Por la comisi�n de infracciones en materia de defensa del consumidor se podr�n imponer las siguientes sanciones:

• A.- Por infracciones leves:
  • a) Amonestaci�n por escrito.
  • b) Multa de hasta 5.000 euros, con los siguientes tramos:
    • - Grado m�nimo: hasta 1.000 euros.
    • - Grado medio: desde 1.001 euros hasta 3.000 euros.
    • - Grado m�ximo: desde 3.001 euros hasta 5.000 euros
• B.- Por infracciones graves: multa de 5.001 hasta 30.000 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu�ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci�n. Los tramos ser�n los siguientes:
  • - Grado m�nimo: desde 5.001 euros a 10.000 euros.
  • - Grado medio: desde 10.001 euros a 20.000 euros.
  • - Grado m�ximo: desde 21.001 euros a 30.000 euros.
• C.- Por infracciones muy graves:
  • a) Multa de 30.001 hasta 900.000 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu�ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci�n. Los tramos ser�n los siguientes:
    • - Grado m�nimo: desde 30.001 euros a 300.000 euros.
    • - Grado medio: desde 300.001 euros a 600.000 euros.
    • - Grado m�ximo: desde 600.001 euros a 900.000 euros.
  • b) Cierre temporal del establecimiento, instalaci�n o servicio por un plazo m�ximo de cinco a�os.

2.- Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud, seguridad o intereses econ�micos de los consumidores, reincidencia en infracciones an�logas o acreditada intencionalidad, la autoridad que adopte la resoluci�n del procedimiento podr� acordar la publicidad de las sanciones impuestas en el plazo de tres meses desde que la resoluci�n sea firme. Dicha publicaci�n incluir� el nombre de la empresa o personas naturales o jur�dicas responsables y la clase o naturaleza de las infracciones, tanto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o boletines oficiales de la provincia o municipio, como en los medios de comunicaci�n social que se consideren adecuados para la prevenci�n de futuras conductas infractoras.

3.- La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podr� acordar, como sanci�n accesoria, el decomiso de la mercanc�a adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada, o que pueda suponer riesgo para el consumidor, siendo de cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de intervenci�n, dep�sito, comiso y destrucci�n de la mercanc�a.

Art�culo 42 Graduaci�n de las sanciones

1.- Las sanciones se graduar�n de acuerdo con las disposiciones del r�gimen general y con los principios que rigen la potestad sancionadora, consider�ndose especialmente los siguientes criterios:

• a) La existencia de intencionalidad o reiteraci�n.
• b) La naturaleza de los perjuicios causados.
• c) La reincidencia, por comisi�n en el t�rmino de un a�o de m�s de una infracci�n de la misma naturaleza cuando as� haya sido declarado por resoluci�n firme.

Se podr� atenuar la sanci�n administrativa, pudi�ndose llegar incluso a la cuant�a m�nima dentro de la calificaci�n correspondiente, en los casos en que quede acreditado en el expediente, antes de que la sanci�n sea firme en v�a administrativa, que las personas perjudicadas han sido compensadas satisfactoriamente de los perjuicios causados, siempre y cuando no concurra intoxicaci�n, lesi�n, enfermedad o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.

2.- Las multas se impondr�n de manera que la comisi�n de las infracciones tipificadas no resulte m�s beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Art�culo 43 Prescripci�n

1.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor prescribir�n por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los cinco a�os; las graves, a los dos a�os, y las leves, al a�o. El plazo de la prescripci�n empieza a contar desde el d�a de la comisi�n de la infracci�n y se interrumpe por la iniciaci�n, con conocimiento del presunto infractor, del procedimiento sancionador.

2.- La acci�n para perseguir las infracciones prescribir� cuando, conocida por la Administraci�n competente para sancionar la existencia de una infracci�n y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, transcurran seis meses sin que el �rgano competente de aqu�lla ordene iniciar el oportuno procedimiento. A estos efectos, cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspecci�n se entender�n finalizadas despu�s de practicado el an�lisis inicial.

Las solicitudes de an�lisis contradictorios y dirimentes que fuesen necesarios interrumpir�n los plazos de prescripci�n de la acci�n de persecuci�n de la infracci�n, o de caducidad del procedimiento ya iniciado, hasta que se practiquen.

3.- Las sanciones impuestas en aplicaci�n de esta Ley prescribir�n por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los cinco a�os; las graves, a los dos a�os, y las leves, al a�o. El plazo de prescripci�n de las sanciones comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci�n por la que se impone la sanci�n, y se interrumpe por la iniciaci�n con conocimiento del sancionado del procedimiento de ejecuci�n.

Art�culo 44 Otras medidas de restablecimiento de la legalidad

1.- Toda infracci�n consistente en el cobro indebido de sobreprecio o cantidad obligar� a la Administraci�n a imponer la restituci�n de la cantidad indebidamente cobrada, si el consumidor lo requiere. Si el obligado a esta restituci�n no la llevara a cabo quedar� expedita la v�a judicial.

2.- El particular afectado en sus derechos por la conducta constitutiva de infracci�n administrativa podr� pedir igualmente en el procedimiento sancionador la determinaci�n de los da�os sufridos. A tales efectos la Administraci�n se inhibir� cuando conste, antes o durante el procedimiento, que una de las partes en conflicto ha interpuesto la correspondiente acci�n judicial para la defensa de sus derechos.

Primera

En tanto no se promulguen las disposiciones de desarrollo previstas en la presente Ley mantendr�n su vigencia las normas que regulan materias comprendidas en su �mbito material de regulaci�n en lo que no se opongan a la misma.

Segunda

La presente Ley no ser� de aplicaci�n a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor.

Tercera

Lo previsto en el apartado anterior no ser� de aplicaci�n a los procedimientos sancionadores en lo que la presente Ley resulte m�s favorable para los presuntos infractores.

Disposici�n Derogatoria

Queda derogada la Ley 3/1995, de 9 de marzo, del Estatuto del Consumidor, as� como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci�n de la presente Ley.

Segunda

Corresponder� al Consejo de Gobierno la revisi�n y actualizaci�n peri�dica de las cuant�as previstas para las sanciones pecuniarias, para lo que se tendr� en cuenta la variaci�n de los �ndices de precios para el consumo.

Tercera

El ejercicio de las competencias de protecci�n de los consumidores y usuarios ser� compatible y supletorio del que en su caso se establezca en el Ordenamiento estatal o auton�mico para la protecci�n de los usuarios de servicios p�blicos o de inter�s general.

Cuarta

La presente Ley entrar� en vigor al mes de su publicaci�n en el �Diario Oficial de Castilla-La Mancha�.