Sumario

Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 3/1995, 9 marzo, derogada por la Disposici�n Derogatoria de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 11/2005, 15 diciembre, del Estatuto del Consumidor (�D.O.C.M.� 20 diciembre) el 20 de enero de 2006.

Exposici�n de Motivos

Aunque, desde un punto de vista puramente socio-econ�mico, el consumo se defina como medio para la satisfacci�n individual de necesidades que se expresan libremente, otras m�ltiples consideraciones explican justamente la aparici�n y el desarrollo de un conjunto de empe�os destinados a defender a los ciudadanos de los abusos y peligros derivados de la funci�n de consumir.

Muchas de estas consideraciones debieron de estar presentas en el �consenso constitucional� y condujeron a la formulaci�n contenida en el art�culo 51 de nuestra Constituci�n, cuya presencia en la Carta Magna ha producido efectos muy ben�ficos.

Con el apoyo directo de los apartados primero y segundo de dicho art�culo se han dictado la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y los Estatutos del consumidor y usuario de las Comunidades Aut�nomas cuyos Estatutos de Autonom�a les facultaban para ello.

Todas estas normas tienen por denominador com�n el establecimiento de correspondencias entre la lista de los derechos de los consumidores considerados �b�sicos�, con el sentido de primarios o esenciales, y el conjunto de las acciones de protecci�n que para la efectividad de aqu�llos deben emprender los poderes p�blicos, en referencia a la generalidad de los productos y servicios o, incluso a veces, a bienes concretos; acciones que comprenden, adem�s, la promoci�n de la informaci�n y la formaci�n de los consumidores y el fomento de sus organizaciones de manera que su opini�n pueda ser tenida en cuenta.

Nuestra Comunidad ha incorporado muy recientemente la competencia para el desarrollo legislativo sobre la �Defensa del consumidor y usuario� a nuestro Estatuto de Autonom�a (mediante la Ley Org�nica 7/1994, de 24 de marzo). Diligentemente, pues, se ha elaborado esta Ley, cuyo objetivo es id�ntico al perseguido por el resto de normas que desarrollan de modo directo y global el art�culo 51 de la Constituci�n, pero que difiere de ellas en lo que respecta a ciertos supuestos de partida y al marco jur�dico-administrativo dise�ado para su consecuci�n.

En cuanto a lo primero, esta Ley pretende no reiterar m�s preceptos de los ya contenidos en la Ley 26/1984 que los necesarios para asegurar una inteligibilidad aut�noma, puesto que nuestra Comunidad no se halla en el caso de las que asumieron estatutariamente competencias exclusivas sobre la materia con anterioridad a la promulgaci�n de la ley estatal.

Igualmente, en determinadas previsiones, referentes a la obligaci�n de colaboraci�n de los ciudadanos en las actuaciones inspectoras, a la potestad sancionadora y a la coordinaci�n de competencias entre los distintos �rganos de las Administraciones P�blicas, se advierte la influencia de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, que reclamaba para ellas el rango que ahora reciben.

En lo que respecta al marco jur�dico-administrativo, se ha procurado un dise�o en el que encajen adecuadamente las competencias t�cnicas que deben ejercer dentro del mercado sin fronteras de la Uni�n Europea, las autoridades encargadas en nuestra Comunidad de los distintos controles, para lo cual resulta necesario intensificar la cooperaci�n, pero sin que su ausencia o la lentitud en su materializaci�n impidan arbitrar en �ltima instancia los medios que garanticen los derechos b�sicos protegidos por esta Ley.

Dicho prop�sito comportaba la necesidad de sistematizar las medidas de protecci�n que resulta posible adoptar para expulsar, en caso necesario, del mercado aquellos productos, bienes o servicios insalubres, inseguros o perjudiciales, para los intereses econ�micos y sociales de los consumidores, para lo que se han empleado, en alg�n caso, formulaciones muy recientes, como es el caso de las tomadas de la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos. Paralelamente, se ha renunciado, por creer que toda la reforma ha de acometerse para el conjunto del Estado, a crear un cuadro propio de infracciones.

Dentro tambi�n del �mbito del control, resultar� novedosa la apertura del campo de la acci�n inspectora hacia modalidades de actuaci�n de car�cter preventivo: La investigaci�n y el asesoramiento, distintas de la �nica hasta ahora regulada de polic�a del mercado.

En todos los dem�s �rdenes, se apoyan decididamente las f�rmulas coparticipativas, recab�ndose la colaboraci�n de todo el tejido social, sin desde�ar la que pueden ofrecer las organizaciones empresariales, y creando el marco que afianzar� en nuestra Comunidad el desarrollo del movimiento asociativo.

En general, la Ley pone de manifiesto el sentido prioritario otorgado a la defensa de los consumidores y usuarios por la Junta de Comunidades desde sus inicios. Desde este momento debe advertirse que con expresi�n �consumidor� o �consumidores� se hace referencia en todo el texto tanto a quienes consumen o usan productos como a quienes utilizan bienes y servicios, resultando equivalente a la de �consumidores y usuarios�.

El Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha resultar� conveniente para dotar a las Administraciones P�blicas de la Comunidad Aut�noma del instrumento apropiado para el encuadramiento de su actividad reglamentaria y administrativa. La atribuci�n de competencias hecha a las Administraciones Locales compatibiliza la existencia de un amplio campo de acci�n para �stas en la defensa de sus ciudadanos con la responsabilidad de la Junta de Comunidades sobre todo en el territorio regional pues al fin y al cabo, la Constituci�n ha se�alado un objetivo com�n de consecuci�n por instancias plurales.