• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• Art韈ulo 1 燤odificaci髇 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
• Art韈ulo 2 燤odificaci髇 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contrataci髇
• Art韈ulo 3 燤odificaci髇 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Veh韈ulos
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燚evoluci髇 extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricultores y ganaderos
  • Disposici髇 adicional segunda 燙ompetencia sancionadora en materia de telecomunicaciones
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera 燫間imen transitorio en materia de contratos celebrados con los consumidores
  • Disposici髇 transitoria segunda 燫間imen transitorio en materia de aparcamientos
  • Disposici髇 transitoria tercera 燫間imen transitorio en materia de asociaciones de consumidores y usuarios
  • Disposici髇 transitoria cuarta 燫egistro Estatal de Asociaciones de Consumidores
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燫eforma del texto refundido de la Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados
  • Disposici髇 final segunda 燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final tercera 營ncorporaci髇 de Derecho comunitario
  • Disposici髇 final cuarta 營nfracciones y sanciones en materia de consumo
  • Disposici髇 final quinta 燞abilitaci髇 al Gobierno para elaborar un texto refundido
  • Disposici髇 final sexta 燫egulaci髇 del Sistema Arbitral del Consumo
  • Disposici髇 final s閜tima 燗ctualizaci髇 del cat醠ogo de bienes y servicios de uso ordinario, com鷑 y generalizado
  • Disposici髇 final octava 燤odificaci髇 de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Espa駉la de Seguridad Alimentaria
  • Disposici髇 final novena 燤odificaci髇 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales
  • Disposici髇 final d閏ima 燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 final und閏ima 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

• Uno. Se incorpora un nuevo art韈ulo, el sexto bis, del siguiente tenor:

  �1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las administraciones p鷅licas competentes podr醤 adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparici髇 del riesgo, incluida la intervenci髇 directa sobre las cosas y la compulsi髇 directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen ser醤 a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exacci髇 de tales gastos y sanciones podr� llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

  2. Los responsables de la coordinaci髇 de los sistemas estatales de intercambio de informaci髇 integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladar醤 las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la informaci髇 facilitada en las comunicaciones, los bienes o servicios alertados procedan de terceros pa韘es.�

  
• Dos. Se modifica el art韈ulo octavo, apartado 3, en los siguientes t閞minos:

  �3. La oferta, promoci髇 y publicidad falsa o enga駉sa de productos, actividades y servicios ser� perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores estar醤 legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos legalmente habilitados para hacerlas cesar.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo d閏imo, suprimiendo su apartado 4 y dando a su apartado 2 la siguiente redacci髇:

  �2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cl醬sula prevalecer� la interpretaci髇 m醩 favorable al consumidor.�

  
• Cuatro. Los apartados 1, p醨rafo primero, 2 y 3 del art韈ulo 10 bis, quedan redactados de la siguiente manera:

  �1. Se considerar醤 cl醬sulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqu閘las pr醕ticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se considerar醤 cl醬sulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposici髇 adicional primera de esta Ley.

  2. Ser醤 nulas de pleno derecho y se tendr醤 por no puestas las cl醬sulas abusivas. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrar� con arreglo a lo dispuesto por el art韈ulo 1.258 del C骴igo Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cl醬sulas integrar� el contrato y dispondr� de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. S髄o cuando las cl醬sulas subsistentes determinen una situaci髇 no equitativa en la posici髇 de las partes que no pueda ser subsanada podr� declarar la ineficacia del contrato.

  3. Las normas de protecci髇 de los consumidores frente a las cl醬sulas abusivas ser醤 aplicables cualquiera que sea la ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, cuando el mismo mantenga una estrecha relaci髇 con el territorio de un Estado miembro del Espacio Econ髆ico Europeo.

  Se entender�, en particular, que existe un v韓culo estrecho cuando el profesional ejerciere sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio Econ髆ico Europeo, o por cualquier medio de publicidad o comunicaci髇 dirigiere tales actividades a uno o varios Estados miembros y el contrato estuviere comprendido en el marco de esas actividades. En los contratos relativos a inmuebles se entender�, asimismo, que existe un v韓culo estrecho cuando se encuentren situados en el territorio de un Estado miembro.�

  
• Cinco. El apartado 1 del art韈ulo decimoprimero pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獷l r間imen de comprobaci髇, reclamaci髇, garant韆 y posibilidad de renuncia o de evoluci髇 que se establezca en los contratos, deber� permitir que el consumidor o usuario se asegure de la naturaleza, caracter韘ticas, condiciones y utilidad o finalidad del producto o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garant韆s de calidad y nivel de prestaci髇 y obtener la devoluci髇 equitativa del precio de mercado del producto o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato.

  La devoluci髇 del precio del producto habr� de ser total en el caso de que se encuentre dentro del plazo de garant韆 legal, en los t閞minos previstos en la Ley de Garant韆s en la Venta de de Bienes de Consumo.�

  
• Seis. Se modifica el art韈ulo duod閏imo que pasa a quedar redactado en los siguientes t閞minos:

  �1. En la contrataci髇 con consumidores debe constar de forma inequ韛oca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

  2. Se proh韇en, en los contratos con consumidores, las cl醬sulas que impongan obst醕ulos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.

  3. En particular, en los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado se proh韇en las cl醬sulas que establezcan plazos de duraci髇 excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

  El consumidor podr� ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebr�, sin ning鷑 tipo de sanci髇 o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la p閞dida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecuci髇 unilateral de las cl醬sulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijaci髇 de indemnizaciones que no se correspondan con los da駉s efectivamente causados.

  4. Los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado deber醤 contemplar expresamente el procedimiento a trav閟 del cual el consumidor puede ejercer su derecho a poner fin al contrato.

  5. Salvo lo previsto legalmente en relaci髇 con los contratos que, por prescripci髇 legal, deban formalizarse en escritura p鷅lica, la formalizaci髇 del contrato ser� gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse 閟te por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.

  6. Los contratos con los consumidores se integrar醤, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, tambi閚 en los supuestos de omisi髇 de informaci髇 precontractual relevante.

  7. No se podr� hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o tr醡ites similares.�

  
• Siete. Se modifica el art韈ulo decimotercero, adicionando una nueva letra, la g), en su apartado 1, y dos nuevos apartados, el 3 y el 4, y modificando la letra d) del apartado 1, con la siguiente redacci髇:
  • 玠) Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jur韉icas y econ髆icas y la informaci髇 sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda informaci髇 al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informar� del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicaci髇, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiaci髇 u otras condiciones de pago similares.�
  • 玤) Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.�

  �3. La informaci髇 precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita.�

  �4. Las oficinas y servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente que las empresas pongan a disposici髇 del consumidor deber醤 asegurar que 閟te tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atenci髇 telef髇ica o electr髇ica para llevar a cabo sus funciones deber醤 garantizar una atenci髇 personal directa, m醩 all� de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios t閏nicos a su alcance.�

  
• Ocho. Se modifica el Cap韙ulo VI que pasa a tener el siguiente contenido:

  獳rt韈ulo vig閟imo

  El presente cap韙ulo tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el art韈ulo 1.3 de la Ley Org醤ica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaci髇, el r間imen b醩ico de las asociaciones de consumidores y la regulaci髇 espec韋ica a la que quedan sometidas las asociaciones de consumidores y usuarios de 醡bito supraauton髆ico.

  Art韈ulo vig閟imo bis

  1. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin 醤imo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislaci髇 sobre asociaciones, y reuniendo los requisitos espec韋icos exigidos en esta Ley y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislaci髇 auton髆ica que les resulte de aplicaci髇, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses leg韙imos de los consumidores, incluyendo su informaci髇, formaci髇 y educaci髇, bien sea con car醕ter general, bien en relaci髇 con productos o servicios determinados.

  Tambi閚 son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislaci髇 de cooperativas, que respeten los requisitos b醩icos exigidos en esta Ley y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educaci髇 y formaci髇 de sus socios, y est閚 obligadas a constituir un fondo con tal objeto, seg鷑 su legislaci髇 espec韋ica.

  2. Las asociaciones de consumidores y usuarios podr醤 integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan id閚ticos fines y cumplan los requisitos espec韋icos exigidos por esta Ley.

  3. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en este cap韙ulo son las 鷑icas legitimadas para actuar en nombre y representaci髇 de los consumidores y usuarios.

  Las asociaciones o cooperativas que no re鷑an los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa auton髆ica que les resulte de aplicaci髇, s髄o podr醤 representar los intereses de sus asociados o de la asociaci髇, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.

  4. Se proh韇e utilizar los t閞minos consumidor o usuario, la denominaci髇 de asociaci髇 de consumidores y usuarios o cualquier otra expresi髇 similar que induzca a error o confusi髇 sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no re鷑an los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa auton髆ica que les resulte de aplicaci髇.

  Art韈ulo vig閟imo primero

  1. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes p鷅licos, sin que la obtenci髇 de subvenciones u otros recursos p鷅licos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.

  2. En particular, las asociaciones de consumidores no podr醤:

  • a) Incluir como asociados a personas jur韉icas con 醤imo de lucro.
  • b) Percibir ayudas econ髆icas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios.
    
    No tendr醤 la consideraci髇 de ayudas econ髆icas las aportaciones que se realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta Ley y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociaci髇 y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboraci髇 a que se refiere el art韈ulo siguiente.
  • c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.
    
    A estos efectos se entiende por comunicaci髇 comercial todo acto, conducta o manifestaci髇, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoci髇 o venta de bienes y servicios.
  • d) Autorizar el uso de su denominaci髇, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilizaci髇, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta.
    
    A estos efectos no se considerar醤 operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores en los t閞minos contemplados en el apartado 3.
  • e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o usuarios, salvo lo previsto en el art韈ulo 20 bis 1, p醨rafo segundo.
  • f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en el art韈ulo 21 bis.
  • g) Actuar la organizaci髇 o sus representantes legales con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.
  • h) Incumplir cualquier otra obligaci髇 impuesta a las asociaciones de consumidores y usuarios, legal o reglamentariamente.

  3. Las asociaciones de consumidores podr醤 participar en sociedades mercantiles siempre que re鷑an los siguientes requisitos:

  • a) Tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de informaci髇, formaci髇 y defensa de los consumidores y usuarios.
  • b) Su capital social corresponda 韓tegramente a asociaciones de consumidores que re鷑an los requisitos exigidos por la legislaci髇 que les resulte de aplicaci髇 y cuyos beneficios s髄o se repartan entre las asociaciones de consumidores que participen en el capital social.

  Estas sociedades mercantiles est醤 sometidas a las prohibiciones previstas en el apartado anterior y a la obligaci髇 de depositar sus cuentas, que en todo caso deber醤 ajustarse a la normativa que les resulte de aplicaci髇 seg鷑 su naturaleza, en el Instituto Nacional del Consumo de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo vig閟imo primero bis, 3.

  Del cumplimiento por estas sociedades mercantiles de lo dispuesto en esta Ley ser醤 responsables las asociaciones de consumidores que participen en su capital social en los t閞minos previstos en ella, pudiendo derivar, en su caso, en la p閞dida de la condici髇 de asociaci髇 de consumidores.

  4. Las organizaciones que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislaci髇 que les resulte de aplicaci髇 perder醤, en todo caso y por un per韔do no inferior a los cinco a駉s siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su condici髇 de asociaci髇 de consumidores y usuarios.

  Art韈ulo vig閟imo primero bis

  1. Estatutariamente, o por acuerdo adoptado en asamblea general, las asociaciones de consumidores y usuarios definir醤, con pleno respeto a lo establecido en esta Ley, cu醠 es el marco leg韙imo de su colaboraci髇 con los operadores del mercado de cualquier sector de actividad, en defensa de los derechos de los consumidores y la leal competencia, as� como los supuestos en que podr醤 celebrarse convenios o acuerdos de colaboraci髇 con 閟tos, su alcance y modo de instrumentarlos.

  Los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se establezca este marco de colaboraci髇 con los operadores del mercado de las asociaciones de 醡bito supraauton髆ico, se depositar醤 en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretar韆 del Consejo de Consumidores y Usuarios.

  2. Los convenios o acuerdos de colaboraci髇, de duraci髇 temporal o indefinida, de las asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organizaci髇 sin 醤imo de lucro deber醤 cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos espec韋icos de informaci髇, formaci髇 y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posici髇 en el mercado.
  • b) Respetar los principios de independencia y transparencia.
  • c) Consistir en la realizaci髇 de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de inter閟 general para los consumidores y usuarios.
  • d) Ser depositados, as� como sus modificaciones, pr髍rogas o denuncias, en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretar韆 del Consejo de Consumidores y Usuarios.

  3. Las cuentas anuales de la entidad se depositar醤 en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el d韆 siguiente a la fecha de su aprobaci髇 por los 髍ganos estatutarios correspondientes.

  Tales cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, deber醤 formalizarse cumpliendo las exigencias del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptaci髇 del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de informaci髇 presupuestaria de estas entidades.

  4. La informaci髇 a que se refieren los apartados precedentes ser� p鷅lica.

  5. Reglamentariamente podr醤 establecerse los plazos, condiciones y requisitos adicionales de las obligaciones de dep髎ito y acceso reguladas en este art韈ulo.

  Art韈ulo vig閟imo primero ter

  1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de 醡bito estatal y todas aqu閘las que no desarrollen principalmente sus funciones en el 醡bito de una comunidad aut髇oma, deber醤 figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.

  Tras su denominaci髇, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicar醤 su n鷐ero de inscripci髇 registral.

  2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en este cap韙ulo ser� condici髇 indispensable para acceder a la inscripci髇 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

  No obstante lo previsto en el p醨rafo anterior, reglamentariamente se establecer醤 los requisitos m韓imos de implantaci髇 territorial, n鷐ero de asociados y programas de actividades a desarrollar que deber醤 acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios para su inscripci髇 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

  3. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores podr� figurar informaci髇 sobre las asociaciones de consumidores inscritas en los registros que, con tal finalidad, pudieran crearse en las comunidades aut髇omas.

  4. El Instituto Nacional del Consumo cooperar� con las comunidades aut髇omas para que la informaci髇 a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y les facilitar� informaci髇 de las asociaciones de consumidores de 醡bito nacional o que no desarrollen principalmente sus funciones en el 醡bito de una comunidad aut髇oma inscritas en 閘.

  5. El Instituto Nacional del Consumo podr� pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten su inscripci髇 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores o a las ya inscritas en 閘, cuanta documentaci髇 e informaci髇 sea precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este cap韙ulo.

  Asimismo podr醤 realizar, por s� o mediante la contrataci髇 con entidades externas e independientes, auditor韆s de cuentas con id閚tica finalidad.

  6. La realizaci髇 por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores de alguna de las actuaciones prohibidas por el art韈ulo 21 dar� lugar a su exclusi髇 de dicho registro, previa tramitaci髇 del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente.

  La resoluci髇 de exclusi髇 del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores determinar� la p閞dida de esta condici髇, en todo caso, y por un per韔do no inferior a cinco a駉s desde la fecha de la exclusi髇, sin perjuicio del mantenimiento de su personalidad jur韉ica con arreglo a la legislaci髇 general de asociaciones o cooperativas.

  Art韈ulo vig閟imo segundo

  1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de 醡bito supraauton髆ico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores regulado en el art韈ulo 21 ter, tendr醤 derecho, en los t閞minos que legal o reglamentariamente se determinen, a:

  • a) Ser declaradas de utilidad p鷅lica.
  • b) Percibir ayudas y subvenciones p鷅licas.
  • c) Representar, como asociaci髇 de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociaci髇 o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.
  • d) Disfrutar del derecho de asistencia jur韉ica gratuita en la forma prevista en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur韉ica Gratuita.
  • e) Integrarse, en los t閞minos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de Consumidores y Usuarios.

  2. A efectos de lo previsto en el art韈ulo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendr醤 la consideraci髇 legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el 醡bito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad aut髇oma, en cuyo caso se estar� a su legislaci髇 espec韋ica.

  Art韈ulo vig閟imo segundo bis

  1. Como 髍gano nacional de consulta y representaci髇 institucional de los consumidores y usuarios a trav閟 de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios integrar� las asociaciones de consumidores y usuarios de 醡bito supraauton髆ico que, atendiendo a su implantaci髇 territorial, n鷐ero de socios, trayectoria en el 醡bito de la protecci髇 de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean m醩 representativas.

  Reglamentariamente se determinar� la composici髇 y funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios.

  2. La Administraci髇 fomentar� la colaboraci髇 entre el Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de consumidores que lo integran con las organizaciones de empresarios.

  3. El Consejo de Consumidores y Usuarios articular� mecanismos de cooperaci髇 con los 髍ganos de consulta y representaci髇 de los consumidores constituidos por las Comunidades Aut髇omas. A trav閟 de los mecanismos habilitados por el Consejo de Consumidores y Usuarios, 閟te y los respectivos 髍ganos consultivos podr醤 colaborar en la elaboraci髇 de los dict醡enes que les sean solicitados en tr醡ite de audiencia.

  Art韈ulo vig閟imo segundo ter

  1. El Consejo de Consumidores y Usuarios ser� o韉o en consulta, en el procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general de 醡bito estatal relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios.

  2. Ser� preceptiva su audiencia en los siguientes casos:

  • a) Reglamentos de aplicaci髇 de esta Ley.
  • b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.
  • c) Ordenaci髇 del mercado interior y disciplina del mercado.
  • d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las administraciones p鷅licas.
  • e) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los poderes p鷅licos en servicios de inter閟 general o prestados a los consumidores por empresas p鷅licas.
  • f) En los dem醩 casos en que una ley as� lo establezca.

  3. Las asociaciones empresariales ser醤 o韉as en consulta en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones de car醕ter general relativas a materias que les afecten directamente.

  Ser� preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f) del apartado anterior.

  4. Se entender� cumplido dicho tr醡ite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones citadas se encuentren representadas en los 髍ganos colegiados que participen en la elaboraci髇 de la disposici髇. En los dem醩 casos, la notificaci髇 o comunicaci髇 se dirigir� a la federaci髇 o agrupaci髇 empresarial correspondiente.�

  
• Nueve. Se modifica el art韈ulo trig閟imo primero, adicion醤dole un nuevo apartado, el cuarto, del siguiente tenor:

  �4. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este art韈ulo, s髄o podr醤 pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisi髇 a 髍ganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto espec韋ico.

  Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el p醨rafo precedente ser醤 nulos.�

  
• Diez. Se modifica el art韈ulo trig閟imo segundo para a馻dir los nuevos apartados 3, 4 y 5, con la siguiente redacci髇:

  �3. Las Administraciones espa駉las que en cada caso resulten competentes sancionar醤 las infracciones de consumo cometidas en territorio espa駉l cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable.

  4. Las infracciones se entender醤 cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adem醩, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi髇 o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.

  5. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionar醤, asimismo, las infracciones tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios y profesionales de los sectores que cuenten con regulaci髇 espec韋ica.�

  
• Once. El apartado 10 del art韈ulo trig閟imo cuarto pasa a ser el apartado 11, de manera que el apartado 10 queda redactado de la siguiente forma:

  �10. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizaci髇 al ejercicio de tal derecho del consumidor a trav閟 del procedimiento pactado, la falta de previsi髇 de 閟te o la falta de comunicaci髇 al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.�

  
• Doce. Se a馻de un apartado, el 4, al art韈ulo trig閟imo sexto, del siguiente tenor:

  �4. Conforme a lo previsto en el art韈ulo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, en el procedimiento sancionador podr� exigirse al infractor la reposici髇 de la situaci髇 alterada por la infracci髇 a su estado original y, en su caso, la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios probados causados al consumidor que ser醤 determinados por el 髍gano competente para imponer la sanci髇, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacci髇, quedando, de no hacerse as�, expedita la v韆 judicial.�

  
• Trece. Se a馻de un nuevo art韈ulo 42, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 42 La Conferencia Sectorial de Consumo

  1. La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por 閟te y los Consejeros competentes en esta materia por las Comunidades Aut髇omas, es el m醲imo 髍gano de cooperaci髇 institucional del Estado con las Comunidades Aut髇omas.

  2. Son funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo:

  • a) Servir de cauce de colaboraci髇, comunicaci髇 e informaci髇 entre las Comunidades Aut髇omas y la Administraci髇 del Estado en materia de consumo.
  • b) Aprobar los criterios comunes de actuaci髇 y coordinaci髇, as� como las propuestas en relaci髇 con la pol韙ica del sector.
  • c) Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos.
  • d) Hacer efectiva la participaci髇 de las Comunidades Aut髇omas en los asuntos comunitarios europeos en la materia.
  • e) Facilitar la informaci髇 rec韕roca en materia de consumo, dise馻r estad韘ticas comunes y poner a disposici髇 de los ciudadanos los datos de las estad韘ticas estatales obtenidas por ella.
  • f) Cooperar e impulsar las Campa馻s Nacionales de Inspecci髇 y Control.
  • g) Promover la promulgaci髇 de la normativa oportuna en materia de consumo o su reforma e informar, en su caso, las disposiciones reglamentarias sobre la materia.
  • h) Establecer criterios de actuaci髇 cuando resulten competentes varias Comunidades Aut髇omas.
  • i) Programar el empleo racional de medios materiales de posible utilizaci髇 com鷑.
  • j) Articular un sistema de formaci髇 y perfeccionamiento del personal con tareas espec韋icas en el 醡bito de consumo.
  • k) Cuantas otras funciones le atribuya la legislaci髇 vigente.�
  
• Catorce. Se a馻den dos nuevas cl醬sulas, la 7 bis y la 17 bis, a la disposici髇 adicional primera, y se modifica la cl醬sula n鷐ero 22, en los siguientes t閞minos:

  �7 bis. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulaci髇 que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.

  En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerar� abusiva la facturaci髇 por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.�

  �17 bis. Las estipulaciones que impongan obst醕ulos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposici髇 de plazos de duraci髇 excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, as� como la obstaculizaci髇 al ejercicio de este derecho a trav閟 del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposici髇 de formalidades distintas de las previstas para contratar o la p閞dida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribuci髇 al profesional de la facultad de ejecuci髇 unilateral de las cl醬sulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijaci髇 de indemnizaciones que no se correspondan con los da駉s efectivamente causados.�

  �22. La imposici髇 al consumidor de los gastos de documentaci髇 y tramitaci髇 que por ley corresponda al profesional. En particular, en la compraventa de viviendas:

  • a) La estipulaci髇 de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparaci髇 de la titulaci髇 que por su naturaleza correspondan al profesional (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcci髇 o su divisi髇 y cancelaci髇).
  • b) La estipulaci髇 que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional de la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogaci髇.
  • c) La estipulaci髇 que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional.
  • d) La estipulaci髇 que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando 閟ta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.�
  
• Quince. Se modifica el apartado 3 de la disposici髇 adicional tercera, que quedar� redactado en los siguientes t閞minos:

  �3. La legitimaci髇 para el ejercicio de esta acci髇 se regir� por lo dispuesto en el art韈ulo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

  Asimismo estar醤 legitimados para el ejercicio de esta acci髇:

  • a) El Instituto Nacional del Consumo y los 髍ganos o entidades correspondientes de las comunidades aut髇omas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.
  • b) El Ministerio Fiscal.�
  

Art韈ulo 2 Modificaci髇 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contrataci髇

Los art韈ulos 3 y 6.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contrataci髇 se modifican en los siguientes t閞minos:

• Uno. El p醨rafo segundo del art韈ulo 3 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contrataci髇 queda redactado de la siguiente manera:

  玊ambi閚 se aplicar� a los contratos sometidos a legislaci髇 extranjera cuando el adherente haya emitido su declaraci髇 negocial en territorio espa駉l y tenga en 閟te su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. Cuando el adherente sea un consumidor se aplicar� lo dispuesto en el apartado 3 del art韈ulo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.�

  
• Dos. El art韈ulo 6, apartado 2, de la Ley sobre Condiciones Generales de Contrataci髇, queda redactado de la siguiente manera:

  獿as dudas en la interpretaci髇 de las condiciones generales oscuras se resolver醤 a favor del adherente. En los contratos con consumidores esta norma de interpretaci髇 s髄o ser� aplicable cuando se ejerciten acciones individuales.�

  

Art韈ulo 3 Modificaci髇 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Veh韈ulos

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Veh韈ulos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 1 y se le adiciona un nuevo apartado, en los siguientes t閞minos:

  �1. Esta Ley establece el r間imen jur韉ico aplicable a los aparcamientos en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular para el estacionamiento de veh韈ulos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupaci髇, a cambio de un precio determinado en funci髇 del tiempo real de prestaci髇 del servicio.

  2. A los efectos de esta Ley, se consideran como modalidades de la prestaci髇 de este servicio:

  • a) Estacionamiento con reserva de plaza en el que el titular del aparcamiento se obliga a mantener durante todo el per韔do de tiempo pactado una plaza de aparcamiento a disposici髇 plena del usuario.
  • b) Estacionamiento rotatorio, en el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado.

  En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactar� por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas.�

  
• Dos. La letra b) del art韈ulo 2 queda redactada de la siguiente manera:
  • 玝) Los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente.�
  
• Tres. Las letras b) y d) del art韈ulo 3.1 quedan redactados de la siguiente manera:
  • 玝) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que permita su conservaci髇, incluidos los soportes que permitan el acceso a registros telem醫icos o electr髇icos, un justificante o resguardo del aparcamiento. En el justificante se har� constar, en todo caso, la identificaci髇 del veh韈ulo y si el usuario hace entrega al responsable del aparcamiento de las llaves del veh韈ulo. De esta obligaci髇 de identificaci髇 estar醤 exentos los aparcamientos de uso exclusivo para clientes de establecimientos comerciales con sistemas de control de acceso y cuyo horario coincida con el del establecimiento. El veh韈ulo se identificar� mediante su matr韈ula o cualquier marcador que permita tal identificaci髇 en el justificante o resguardo del aparcamiento entregado al usuario.
    
    En el estacionamiento rotatorio se har� constar en el justificante, adem醩, el d韆, hora y minuto de entrada.�
  • 玠) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y de manera f醕ilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento, incluido si es pr醕tica habitual del aparcamiento requerir al usuario la entrega de las llaves del veh韈ulo.�
  
• Cuatro. Se modifica la letra a) del art韈ulo 4, que queda redactada en los siguientes t閞minos:
  • 玜) Abonar el precio fijado para el aparcamiento en las condiciones acordadas.�
  

Disposici髇 adicional primera Devoluci髇 extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricultores y ganaderos

1. Se reconoce el derecho a la devoluci髇 de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores con ocasi髇 de las adquisiciones de gas髄eo que haya tributado al tipo del ep韌rafe 1.4 del art韈ulo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que hayan efectuado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. El importe de las cuotas a devolver ser� igual al resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1000 litros sobre una base constituida por el resultado de multiplicar el volumen de gas髄eo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganader韆 y silvicultura durante el periodo indicado, expresado en miles de litros, por el coeficiente 0,998.

2. A los efectos de esta devoluci髇 se consideran agricultores las personas o entidades que, en el periodo indicado, hayan tenido derecho a la utilizaci髇 de gas髄eo que tributa al tipo del ep韌rafe 1.4 del art韈ulo 50.1 de la Ley 38/1992, y que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganader韆 y silvicultura, y que, adem醩, hayan estado inscritos, en relaci髇 con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de Obligados Tributarios al que se refiere la Disposici髇 adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. El procedimiento para efectuar la devoluci髇 ser� establecido por el Ministro de Econom韆 y Hacienda y podr� comprender la obligaci髇 de que los interesados presenten declaraciones tributarias, incluso de car醕ter censal.�

V閍se Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devoluci髇 extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gas髄eo (獴.O.E.� 15 febrero).

Disposici髇 adicional segunda Competencia sancionadora en materia de telecomunicaciones

La sanci髇 por las infracciones previstas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponder�, en todo caso, a los organismos previstos en el art韈ulo 58 de dicha Ley.

Disposici髇 transitoria primera R間imen transitorio en materia de contratos celebrados con los consumidores

Los contratos con los consumidores deber醤 adaptarse a las modificaciones introducidas por esta ley, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo, las cl醬sulas contrarias a lo previsto en esta Ley ser醤, por tanto, nulas de pleno derecho.

Disposici髇 transitoria segunda R間imen transitorio en materia de aparcamientos

1. Las nuevas obligaciones impuestas por el art韈ulo 3 de esta Ley no ser醤 exigibles a los titulares de los aparcamientos hasta transcurridos cinco meses desde su entrada en vigor.

A los aparcamientos que operen en r間imen de concesi髇 administrativa, las obligaciones impuestas en el art韈ulo 1.2 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de veh韈ulos, no les ser醤 exigibles hasta transcurridos ocho meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. A los titulares de los aparcamientos dependientes o accesorios de otras instalaciones no les ser醤 exigibles las obligaciones establecidas en el art韈ulo 3.1.b) de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Veh韈ulos, hasta transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor.

Disposici髇 transitoria tercera R間imen transitorio en materia de asociaciones de consumidores y usuarios

1. Las obligaciones previstas en el art韈ulo 21 bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios son exigibles desde la entrada en vigor de esta Ley.

No obstante lo previsto en el p醨rafo precedente, los convenios o acuerdos de colaboraci髇 que se hubieran suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y estuvieran vigentes en dicha fecha, deber醤 depositarse en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley las asociaciones de consumidores y usuarios deber醤 adaptarse a lo dispuesto en ella.

Disposici髇 transitoria cuarta Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores

Sin perjuicio de la regulaci髇 que reglamentariamente se establezca del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores, 閟te adaptar� su funcionamiento a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Disposici髇 final primera Reforma del texto refundido de la Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados

El art韈ulo 61, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados, quedar� redactado en los siguientes t閞minos:

Disposici髇 final segunda T韙ulo competencial

1. El art韈ulo 1, apartado uno, de esta Ley tiene su fundamento constitucional en el art韈ulo 149.1.16.�

2. El art韈ulo 1, apartado ocho, art韈ulos vig閟imo bis, apartados 1 y 4, y vig閟imo primero, apartados 1 y 4, se dictan al amparo de lo previsto en el art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇.

El art韈ulo 1, apartado ocho, art韈ulo vig閟imo bis, apartado 3, se dicta en base a lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.� y 6.�

Los dem醩 preceptos del art韈ulo 1, apartado ocho, ser醤 de aplicaci髇 a las asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal.

3. El resto de los preceptos de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149, apartado 1, 6.� y 8.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final tercera Incorporaci髇 de Derecho comunitario

En los apartados tres y cuatro del art韈ulo 1 y en el art韈ulo 2 de esta Ley se incorporan aquellas disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl醬sulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004, en el Asunto C-70/2003, no hab韆n sido correctamente transpuestas al Derecho espa駉l.

Disposici髇 final cuarta Infracciones y sanciones en materia de consumo

En el plazo de dos a駉s, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificaci髇 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establezca, en el ejercicio de las competencias estatales, las reglas sobre infracciones y sanciones en materia de consumo.

Disposici髇 final quinta Habilitaci髇 al Gobierno para elaborar un texto refundido

Se habilita al Gobierno para que en el plazo de 12 meses proceda a refundir en un 鷑ico texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposici髇 de las directivas comunitarias dictadas en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios, que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.

V閍se R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (獴.O.E.� 30 noviembre).

V閍se a estos efectos el R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (獴.O.E.� 30 noviembre).

Disposici髇 final sexta Regulaci髇 del Sistema Arbitral del Consumo

1. En el plazo de un a駉, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, contando con el parecer de las Comunidades Aut髇omas a trav閟 de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios, dictar� una nueva regulaci髇 del sistema arbitral de consumo, regulando tambi閚 el arbitraje virtual.

2. Reglamentariamente se determinar醤 los supuestos en que podr� interponerse reclamaci髇 ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las juntas arbitrales territoriales sobre admisi髇 o inadmisi髇 de las solicitudes de arbitraje.

3. Reglamentariamente se establecer醤 los supuestos en que actuar� un 醨bitro 鷑ico en la administraci髇 del arbitraje de consumo.

V閍se R.D. 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (獴.O.E.� 25 febrero).

Disposici髇 final s閜tima Actualizaci髇 del cat醠ogo de bienes y servicios de uso ordinario, com鷑 y generalizado

En el plazo de un a駉 se proceder� a la actualizaci髇 del cat醠ogo de bienes y servicios de uso com鷑, ordinario y generalizado, incluidos en el Anexo I del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que actualiza los cat醠ogos de productos y servicios de uso com鷑, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, incorporando a 閘 los servicios de la sociedad de la informaci髇.

Disposici髇 final octava Modificaci髇 de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Espa駉la de Seguridad Alimentaria

Uno. Desde la entrada en vigor de esta Ley, la Agencia Espa駉la de Seguridad Alimentaria cambia su denominaci髇 por la de 獳gencia Espa駉la de Seguridad Alimentaria y Nutrici髇�.

Dos. Se modifica la letra a) del art韈ulo 2.1, en los t閞minos siguientes:

Tres. Se a馻de un nuevo apartado al art韈ulo 2.1, con la siguiente redacci髇:

Cinco. Se a馻den dos apartados al art韈ulo 2, con la siguiente redacci髇:

Disposici髇 final novena Modificaci髇 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales

Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que pasar� a tener la redacci髇 siguiente:

Disposici髇 final d閏ima Habilitaci髇 normativa

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci髇 de esta Ley.

Disposici髇 final und閏ima Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.