Artículo 60

El Defensor del Estudiante es un órgano de la Administración educativa, independiente en su actuación, encargado de velar por el respeto de los derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto.

Existirá un Defensor del Estudiante en el ámbito competencial de cada Dirección Territorial de Educación.

Artículo 61

El Defensor del Estudiante está facultado para admitir toda queja o reclamación que le presente cualquier alumno o alumna de todos los niveles no universitarios, así como sus padres o tutores, en la que se denuncie el incumplimiento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de los derechos reconocidos al alumnado, o cualquier perjuicio de los intereses legítimos de los estudiantes en sus relaciones con la Administración educativa, exista o no infracción estricta de la legalidad.

Artículo 62

Son funciones del Defensor del Estudiante las siguientes:

• a) Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones que sobre incumplimiento de los derechos del alumnado le sean presentadas.
• b) Poner en conocimiento del órgano competente de la Administración educativa cuantas acciones o decisiones atenten contra los derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto, bien de oficio o a instancia de parte.
• c) Solicitar informes a los centros docentes y al resto de los servicios de la Administración educativa sobre las reclamaciones o quejas que reciba.
• d) Elevar propuestas a los órganos competentes para resolver las situaciones que hayan dado lugar a las reclamaciones o quejas.
• e) Dar cuenta anualmente a la Dirección Territorial y al alumnado de las actividades y gestiones desarrolladas.

Artículo 63

1. Cada Defensor del Estudiante dependerá administrativamente de la Dirección Territorial de Educación correspondiente, y su mandato no podrá exceder de cuatro años, renovables por una sola vez.

2. El Defensor del Estudiante no podrá ser expedientado, sancionado o trasladado en razón de opiniones que formule o actos que realice en el ejercicio de sus funciones.

3. Las gestiones que realice el Defensor del Estudiante gozarán de la garantía de confidencialidad.

4. La Administración educativa prestará el apoyo necesario para el ejercicio de las funciones del Defensor del Estudiante, que tendrá derecho a acceder a cuanta documentación administrativa le sea precisa para el cumplimiento de las mismas.

Artículo 64

El Defensor del Estudiante será elegido por las Juntas de Delegados de los centros donde se impartan enseñanzas de nivel superior a la educación primaria, en la forma que reglamentariamente se determine, y nombrado por el Director Territorial de Educación.

Artículo 65

Serán requisitos para desempeñar el cargo de Defensor del Estudiante los siguientes:

• a) Ser funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos docentes con destino en un centro del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• b) Poseer experiencia docente de, al menos, cinco años en centros docentes de carácter público.

Artículo 66

El Defensor del Estudiante cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse algunas de las siguientes circunstancias:

• a) Renuncia motivada, aceptada por el Director Territorial correspondiente.
• b) Destitución o revocación acordada por el Director Territorial, cuando incumpla gravemente sus funciones. El expediente se iniciará de oficio o a propuesta mayoritaria del alumnado, con audiencia del interesado, en la forma que reglamentariamente se establezca.
• c) Traslado voluntario o forzoso a un centro dependiente de otra Dirección Territorial, pase a la situación de servicios especiales, de excedencia voluntaria o forzosa, suspensión de funciones, o separación del servicio, de acuerdo con la legislación vigente.

Primera

Los Reglamentos de Régimen Interior de los centros no podrán tipificar conductas sancionables ni establecer sanciones no contempladas en el presente Decreto, fijando normas de convivencia que garanticen el correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y el correcto uso de las dependencias, instalaciones y material pedagógico del centro.

Segunda

Lo dispuesto en este Decreto se aplicará en los centros de educación infantil, educación primaria, secundaria y educación especial con las adaptaciones que sean precisas de acuerdo con las características y edad de sus alumnos y la normativa específica de estos centros.

Tercera

Lo dispuesto en este Decreto se aplicará igualmente a los alumnos que utilicen las residencias escolares, con las adaptaciones que se regulen en sus Reglamentos de Régimen Interior.

Cuarta

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y las normas que la desarrollan, los centros privados no sostenidos con fondos públicos gozarán de autonomía para establecer sus normas de convivencia, en el marco de lo establecido en el presente Decreto sobre faltas, sanciones y garantías procedimentales, y para determinar el órgano al que correspondan las facultades disciplinarias.

Quinta

Los Reglamentos de Régimen Interior podrán contemplar la posibilidad de que el profesor de un grupo suspenda el derecho de asistencia de un alumno o alumna a una clase concreta cuando esté perturbando el normal desarrollo de la misma, siempre que exista profesorado disponible para tutelar al alumno durante el tiempo en que no asista a clase y que se comunique tal circunstancia y sus motivos en el transcurso de la jornada escolar al tutor del alumno o, en su caso, al jefe de estudios.

Sexta

El cómputo de los plazos establecidos en el presente Decreto se entenderá interrumpido durante los períodos determinados como no lectivos con carácter anual por la Consejería competente en materia de educación en el calendario escolar oficial.

Primera

Los Reglamentos de Régimen Interior en vigor deberán adaptarse al presente Decreto y, en ningún caso, podrán aplicarse si se oponen a lo dispuesto en el mismo.

Segunda

Lo dispuesto en este Decreto será de aplicación a los centros que impartan enseñanzas anteriores a las reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Tercera

Los profesores que actualmente desempeñan las funciones de Defensor del Estudiante continuarán desempeñándolas con las competencias que se les asignan en el presente Decreto, hasta tanto se proceda al nuevo nombramiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64.

Primera

1. Se autoriza al Consejero de Educación, Cultura y Deportes para dictar las disposiciones de ejecución y desarrollo de lo establecido en este Decreto.

2. Se autoriza al Consejero de Educación, Cultura y Deportes para adaptar lo dispuesto en este Decreto a las peculiaridades que se deriven de la normativa específica de los centros a que se refiere al artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.