• 玠) Cooperar estrechamente con otras autoridades competentes con responsabilidad supervisora sobre las entidades de cr閐ito extranjeras, matrices, filiales o participadas del mismo grupo en los t閞minos previstos en el art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.
  
  En particular, el Banco de Espa馻 cooperar� con las mencionadas autoridades competentes en la concesi髇 de la autorizaci髇 para el uso de calificaciones internas de cr閐ito o m閠odos internos de medici髇 del riesgo operacional a aplicar en los grupos espa駉les de entidades de cr閐ito y en la determinaci髇 de las condiciones, a las cuales, en su caso, deber� estar sujeta dicha autorizaci髇.
  
  Las solicitudes de autorizaci髇 mencionadas en el p醨rafo anterior, presentadas por una entidad de cr閐ito matriz de la Uni髇 Europea y sus filiales o, conjuntamente, por las filiales de una sociedad financiera de cartera matriz de la Uni髇 Europea, se dirigir醤 al Banco de Espa馻, en su condici髇 de autoridad responsable del ejercicio de la supervisi髇 de los grupos consolidables de entidades de cr閐ito.
  
  En estos supuestos, en un plazo no superior a seis meses, el Banco de Espa馻 promover� la adopci髇 de una decisi髇 conjunta sobre la solicitud con las dem醩 autoridades competentes de otros Estados miembros encargadas de la supervisi髇 de las distintas entidades integradas en el grupo. La resoluci髇 motivada que recoja esta decisi髇 conjunta ser� notificada al solicitante por el Banco de Espa馻.
  
  El per韔do al que se alude en el p醨rafo anterior comenzar� en la fecha de recepci髇 de la solicitud completa por el Banco de Espa馻. El Banco de Espa馻 remitir� dicha solicitud sin demora a las dem醩 autoridades competentes.
  
  En ausencia de una decisi髇 conjunta entre el Banco de Espa馻 y las dem醩 autoridades competentes en el plazo de seis meses, el Banco de Espa馻 resolver� sobre la solicitud. La resoluci髇 motivada tendr� en cuenta las opiniones y reservas de las dem醩 autoridades competentes expresadas a lo largo del plazo de seis meses. La resoluci髇 motivada ser� notificada al solicitante y a las dem醩 autoridades competentes por el Banco de Espa馻.
  
  Si al final del per韔do de seis meses alguna de las autoridades competentes implicadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/78/CE de la Comisi髇, el Banco de Espa馻 aplazar� su resoluci髇 y esperar� la decisi髇 que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el art韈ulo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. Posteriormente, resolver� con arreglo a la decisi髇 de la Autoridad Bancaria Europea. El per韔do de seis meses ser� considerado el per韔do de conciliaci髇 en el sentido del art韈ulo 19 del citado Reglamento.
  
  En el caso del procedimiento equivalente que rija, conforme a lo previsto en la Directiva 2006/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr閐ito y a su ejercicio, las autorizaciones antes mencionadas cuando se trate de grupos de entidades de cr閐ito extranjeros en los que se integre una entidad de cr閐ito espa駉la, el Banco de Espa馻, adem醩 de cooperar en la decisi髇 conjunta a adoptar, podr� aceptar, en su caso, las decisiones que al respecto adopten las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea cuando sean 閟tas las responsables del ejercicio de la supervisi髇 de aquellos grupos. La entidad espa駉la afectada calcular� sus requerimientos de recursos propios conforme a dicha decisi髇.
  
  Reglamentariamente, se podr醤 concretar los t閞minos del procedimiento de cooperaci髇 a que se refiere esta letra.�

• 玡) Suscribir acuerdos de coordinaci髇 y cooperaci髇 con otras autoridades competentes que tengan por objeto facilitar y establecer una supervisi髇 eficaz de los grupos encomendados a su supervisi髇 y asumir las tareas adicionales que resulten de tales acuerdos.
  
  En particular, el Banco de Espa馻 podr� suscribir un acuerdo bilateral de conformidad con el art韈ulo 28 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010, para delegar su responsabilidad de supervisi髇 de una entidad filial en las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz, con el fin de que 閟tas se ocupen de la vigilancia de la filial con arreglo a las disposiciones previstas en la presente ley y en su normativa de desarrollo. El Banco de Espa馻 deber� informar de la existencia y el contenido de tales acuerdos a la Autoridad Bancaria Europea�.

• 玣) Advertir, tan pronto como sea posible, al titular del Ministerio de Econom韆 y Competitividad, a las restantes autoridades supervisoras, nacionales o extranjeras, afectadas, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico, del surgimiento de una situaci髇 de emergencia, incluida una situaci髇 como la definida en el art韈ulo 18 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010 y, en particular, en aquellos casos en que exista una evoluci髇 adversa de los mercados financieros, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad del sistema financiero de cualquier Estado miembro de la Uni髇 Europea en el que hayan sido autorizadas entidades de un grupo sujeto a la supervisi髇 en base consolidada del Banco de Espa馻 o en el que est閚 establecidas sucursales significativas de una entidad de cr閐ito espa駉la, seg鷑 se contemplan en la letra g) siguiente.�

�2 bis En el marco de la cooperaci髇 a que se refiere el primer p醨rafo de la letra d) del apartado anterior, el Banco de Espa馻, como supervisor en base consolidada de un grupo o como autoridad competente responsable de la supervisi髇 de las filiales de una entidad de cr閐ito matriz de la UE o de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE en Espa馻, har� cuanto est� en su poder por alcanzar una decisi髇 conjunta sobre la aplicaci髇 del art韈ulo 6.4 de esta Ley y del apartado 1 del presente art韈ulo para determinar la adecuaci髇 del nivel consolidado de fondos propios que posea el grupo en relaci髇 con su situaci髇 financiera y perfil de riesgo y el nivel de fondos propios necesario para la aplicaci髇 del art韈ulo 11, a cada una de las entidades del grupo bancario y en base consolidada.

La decisi髇 conjunta se adoptar� en un plazo de cuatro meses a partir de la presentaci髇 por el supervisor en base consolidada, a las dem醩 autoridades competentes pertinentes, de un informe que incluya la evaluaci髇 de riesgos del grupo, de conformidad con el art韈ulo 6.4 y del apartado 1 del presente art韈ulo. La decisi髇 conjunta tambi閚 tomar� debidamente en consideraci髇 la evaluaci髇 de riesgo de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes con arreglo al art韈ulo 6.4 de esta Ley y al apartado 1 del presente art韈ulo y las reservas manifestadas por las dem醩 autoridades competentes.

La decisi髇 conjunta se expondr� en un documento que contenga la decisi髇 plenamente motivada y que el Banco de Espa馻, cuando sea el supervisor en base consolidada, remitir� a la entidad de cr閐ito matriz de la UE.

En caso de desacuerdo y a petici髇 de cualquiera de las dem醩 autoridades competentes afectadas, el Banco de Espa馻, antes de adoptar la decisi髇 a que se refiere el p醨rafo siguiente, consultar� a la Autoridad Bancaria Europea. El resultado de la consulta no le vincular�.

En ausencia de la referida decisi髇 conjunta entre las autoridades competentes en el plazo de cuatro meses, el Banco de Espa馻, cuando ejerza de supervisor en base consolidada, adoptar� la decisi髇 respecto a la aplicaci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo, as� como de los art韈ulos 6.4 y 11 de esta Ley, sobre una base consolidada, tras tomar debidamente en consideraci髇 la evaluaci髇 de riesgo de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria Europea, explicando toda variaci髇 significativa respecto del dictamen recibido de la misma. Si al final del per韔do de cuatro meses alguna de las autoridades competentes interesadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010, el Banco de Espa馻 aplazar� su resoluci髇 y esperar� la decisi髇 que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el art韈ulo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. Posteriormente, resolver� con arreglo a la decisi髇 de la Autoridad Bancaria Europea. El per韔do de cuatro meses ser� considerado el per韔do de conciliaci髇 en el sentido del art韈ulo 19 del citado Reglamento.

Igualmente, en ausencia de la referida decisi髇 conjunta, el Banco de Espa馻, como responsable de la supervisi髇 de las filiales de una entidad de cr閐ito matriz de la UE o de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE tomar醤 una decisi髇 sobre la aplicaci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo y de los art韈ulos 6.4 y 11 de esta Ley, sobre una base individual o subconsolidada, tras tomar debidamente en consideraci髇 las observaciones y las reservas manifestadas por el supervisor en base consolidada y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria Europea, explicando toda variaci髇 significativa respecto del dictamen recibido de la misma. Si al final del per韔do de cuatro meses alguna de las autoridades competentes implicadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010, el Banco de Espa馻 aplazar� su resoluci髇 y esperar� la decisi髇 que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el art韈ulo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. Posteriormente, resolver� con arreglo a la decisi髇 de la Autoridad Bancaria Europea. El per韔do de cuatro meses ser� considerado el per韔do de conciliaci髇 en el sentido del art韈ulo 19 del citado Reglamento.

La decisi髇 a que se refieren los dos p醨rafos anteriores se expondr� en un documento que contenga las decisiones plenamente motivadas y tendr醤 en cuenta la evaluaci髇 de riesgo, las observaciones y las reservas manifestadas por las dem醩 autoridades competentes a lo largo del per韔do de cuatro meses; el Banco de Espa馻, cuando ejerza de supervisor en base consolidada, remitir� el documento a todas las autoridades competentes afectadas y a la entidad de cr閐ito, matriz de la UE o filial afectada.

Las decisiones conjuntas a que se refiere el p醨rafo primero y las decisiones de los supervisores en base consolidada de otros Estados miembros de la UE, que afecten a entidades de cr閐ito espa駉las filiales de los grupos consolidados a que se refieran tales decisiones, tendr醤 id閚ticos efectos legales que las decisiones adoptadas por el Banco de Espa馻.

La decisi髇 conjunta a que se refiere el p醨rafo primero y las decisiones adoptadas a falta de una decisi髇 conjunta de conformidad con los p醨rafos cuarto y quinto ser醤 actualizadas cada a駉 o, en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad competente responsable de la supervisi髇 de filiales de una entidad de cr閐ito matriz de la UE o una sociedad financiera de cartera matriz de la UE presenten al supervisor en base consolidada una solicitud por escrito completamente razonada de que se actualice la decisi髇 sobre la aplicaci髇 del art韈ulo und閏imo de la presente Ley. En el segundo caso, podr醤 encargarse de la actualizaci髇 de modo bilateral el supervisor en base consolidada y la autoridad competente que haya presentado la solicitud.�

�1. El Banco de Espa馻 establecer�, como supervisor en base consolidada, colegios de supervisores con el objeto de facilitar el ejercicio de las tareas a que se refieren las letras a) a d) y f) del art韈ulo 10 bis.2 y, de conformidad con los requisitos de confidencialidad previstos en la legislaci髇 aplicable y con el Derecho de la Uni髇 Europea, velar�, en su caso, por establecer una coordinaci髇 y una cooperaci髇 adecuadas con las autoridades competentes de terceros pa韘es.

Los colegios de supervisores constituir醤 el marco en el que se desarrollen las siguientes tareas:

• a) Intercambiar informaci髇 entre autoridades competentes y con la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el art韈ulo 21 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010.
• b) Acordar la atribuci髇 voluntaria de tareas y delegaci髇 voluntaria de responsabilidades si procede.
• c) Establecer programas de examen prudencial basados en una evaluaci髇 de riesgos del grupo, con arreglo al art韈ulo 10 bis.1.
• d) Aumentar la eficiencia de la supervisi髇, eliminando toda duplicaci髇 de requisitos prudenciales innecesarios, concretamente en relaci髇 con las solicitudes de informaci髇 a la que se refieren los apartados 1 y 1 bis del art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci髇 del derecho vigente en materia de entidades de cr閐ito al de las Comunidades Europeas.
• e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr閐ito y a su ejercicio, en todas las entidades de un grupo bancario, sin perjuicio de las opciones y facultades que ofrece la legislaci髇 de la Uni髇 Europea.
• f) Aplicar el art韈ulo 10 bis.2.c) atendiendo a la labor realizada en otros foros que puedan constituirse en este 醡bito.�

�3. El Banco de Espa馻 deber� comprobar si las entidades de cr閐ito cuya entidad dominante sea una entidad financiera con domicilio fuera de la Uni髇 Europea est醤 sujetas a una supervisi髇 en base consolidada por parte de una autoridad competente de un tercer pa韘, que sea equivalente a la prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo.

Para realizar dicha comprobaci髇, el Banco de Espa馻 deber� tener en cuenta las orientaciones elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea a tal efecto. El Banco de Espa馻 consultar� a la Autoridad Bancaria Europea antes de tomar una decisi髇.

En el caso de que no se apreciase la existencia de un r間imen de supervisi髇 equivalente, resultar� de aplicaci髇 a las entidades de cr閐ito mencionadas en el p醨rafo anterior el r間imen de supervisi髇 en base consolidada previsto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, el Banco de Espa馻 podr� establecer otros m閠odos para la supervisi髇 en base consolidada de los grupos a que se refiere este apartado. Entre dichos m閠odos, figurar� la potestad del Banco de Espa馻 de exigir la constituci髇 de una entidad financiera dominante que tenga su domicilio social en la Uni髇 Europea.

Los m閠odos deber醤 cumplir los objetivos de la supervisi髇 en base consolidada definidos en esta Ley y ser comunicados a las dem醩 autoridades competentes implicadas, a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Bancaria Europea.�

�1. En el ejercicio de sus funciones de supervisi髇 e inspecci髇 de las entidades de cr閐ito, el Banco de Espa馻 colaborar� con las autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros y podr� comunicar informaciones relativas a la direcci髇, gesti髇 y propiedad de estas entidades, as� como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisi髇 o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares. Igualmente, podr� suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboraci髇.

En el caso de que las autoridades competentes no pertenezcan a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, el suministro de estas informaciones exigir� que exista reciprocidad y que las autoridades competentes est閚 sometidas a secreto profesional en condiciones que, como m韓imo, sean equiparables a las establecidas por las leyes espa駉las.

En el caso de que las autoridades competentes pertenezcan a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, el Banco de Espa馻 facilitar� a las interesadas, por propia iniciativa, cualquier informaci髇 que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisi髇, y, cuando se le solicite, toda informaci髇 pertinente a iguales fines.

La informaci髇 a que se refiere el p醨rafo anterior se considerar� esencial cuando pueda influir materialmente en la evaluaci髇 de la solidez financiera de una entidad de cr閐ito o de una sociedad financiera de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, e incluir� en especial:

• a) La identificaci髇 de la estructura del grupo con filiales o participadas en el correspondiente Estado miembro, y de la estructura accionarial de las principales entidades de cr閐ito de un grupo.
• b) Los procedimientos seguidos para la recogida y verificaci髇 de la informaci髇 solicitada a las entidades del grupo.
• c) Evoluciones adversas en la situaci髇 de solvencia de un grupo o de sus entidades que puedan afectar gravemente a sus entidades de cr閐ito.
• d) Sanciones por infracciones graves o muy graves y medidas excepcionales adoptadas, en particular la solicitud de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el art韈ulo 11.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y la imposici髇 de limitaciones al uso de m閠odos internos de medici髇 del riesgo operacional.

El Banco de Espa馻 cooperar� con la Autoridad Bancaria Europea a efectos de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr閐ito y a su ejercicio, de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/78/CE de la Comisi髇.

El Banco de Espa馻 facilitar� a la Autoridad Bancaria Europea, previa solicitud de 閟ta, toda la informaci髇 necesaria para el desempe駉 de sus funciones de conformidad con el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010.

• 玬) La informaci髇 comunicada a la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la normativa vigente, y en particular, la establecida en los art韈ulos 31 y 35 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010. No obstante lo anterior, dicha informaci髇 estar� sujeta a secreto profesional.
• n) La informaci髇 comunicada a la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico, cuando esta informaci髇 sea pertinente para el desempe駉 de sus funciones estatutarias conforme al Reglamento (UE) n.� 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisi髇 macroprudencial del sistema financiero en la Uni髇 Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sist閙ico.�

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 30, el folleto aprobado por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, as� como sus suplementos, ser醤 v醠idos para la admisi髇 a negociaci髇 en cualesquiera Estados miembros de acogida, siempre que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores lo notifique a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores publicar� en su p醙ina web una lista con los certificados de aprobaci髇 de folletos y de sus posibles suplementos, as� como un enlace, si procede, con la publicaci髇 de esos documentos en el sitio web de la autoridad competente del Estado miembro de origen, o en el sitio web del emisor, o en el sitio web del mercado regulado.

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado art韈ulo 30, el folleto aprobado por la autoridad competente del Estado de origen, as� como sus suplementos, ser醤 v醠idos para la admisi髇 a negociaci髇 en Espa馻, siempre que dicha autoridad competente lo notifique a la Autoridad Europea de Valores y Mercado y a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores. En este caso, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores se abstendr� de aprobar dicho folleto o de realizar procedimiento administrativo alguno en relaci髇 con 閘.�

�1. Cuando Espa馻 sea Estado miembro de acogida, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores deber� informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si observa que el emisor o las entidades financieras encargadas de la oferta p鷅lica han cometido irregularidades, o si observa violaciones de las obligaciones del emisor derivadas de la admisi髇 a cotizaci髇 en un mercado secundario oficial.

2. En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o debido a que dichas medidas hayan resultado inadecuadas, el emisor o la entidad financiera encargada de la oferta p鷅lica persista en la violaci髇 de las oportunas disposiciones legales o reglamentarias, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, adoptar� todas las medidas pertinentes para proteger a los inversores. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� inmediatamente a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre las medidas adoptadas�.

�4. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores mantendr� actualizada y enviar� a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a los restantes Estados miembros de la Uni髇 Europea la lista de los mercados secundarios oficiales, comunicando igualmente cualquier modificaci髇 de la lista.�

�4. El Ministro de Econom韆 y Competitividad podr� revocar la autorizaci髇 concedida a un mercado secundario oficial cuando se d� alguno de estos supuestos:

• a) El mercado no haga uso de la autorizaci髇 en un plazo de doce meses o renuncie expresamente a la misma.
• b) Por falta de actividad en el mercado durante los seis meses anteriores a la revocaci髇.
• c) Haya obtenido la autorizaci髇 vali閚dose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular.
• d) Deje de cumplir los requisitos a los que estaba supeditada la concesi髇 de la autorizaci髇.
• e) Incurra en una infracci髇 muy grave, de acuerdo con lo previsto en el t韙ulo VIII de esta Ley.

Toda revocaci髇 de una autorizaci髇 ser� notificada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados�.

�2. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores deber� hacer p鷅lico inmediatamente el acuerdo de suspensi髇 e informar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a las autoridades competentes de los dem醩 Estados miembros en los que se negocie ese instrumento, para que acuerden la suspensi髇 de su negociaci髇 en sus mercados regulados, sistemas multilaterales de negociaci髇 e internalizadores sistem醫icos bajo su supervisi髇, salvo cuando pudiera causarse perjuicio grave a los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.�

�2. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores deber� hacer p鷅lico inmediatamente el acuerdo de exclusi髇 e informar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a las autoridades competentes de los dem醩 Estados miembros en los que se negocie ese instrumento, para que acuerden la exclusi髇 de su negociaci髇 en sus mercados regulados, sistemas multilaterales de negociaci髇 e internalizadores sistem醫icos bajo su supervisi髇, salvo cuando pudiera causarse perjuicio grave a los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.�

�1. El mercado secundario oficial espa駉l que pretenda establecer mecanismos en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea para el acceso remoto de miembros desde ese Estado, deber� comunicarlo a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores quien, en el plazo de un mes desde la recepci髇 de la comunicaci髇, la remitir� a la autoridad competente de ese Estado miembro y facilitar� esa informaci髇 a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, en caso de que 閟ta lo solicite, de conformidad con el procedimiento y con arreglo a las condiciones previstos en el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/77/CE de la Comisi髇. Asimismo, a petici髇 de dicha autoridad competente, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores comunicar� en un plazo de tiempo razonable, la identidad de los miembros del mercado secundario oficial establecido en aquel Estado.�

1. Cuando Espa馻 sea Estado miembro de acogida en los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores deber� informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si observa que el emisor, el tenedor de acciones u otros instrumentos financieros o la persona f韘ica o jur韉ica aludida en el apartado 2 del art韈ulo 53, ha cometido irregularidades o incumplido las obligaciones a que se refieren los art韈ulos 35, 35 bis, 53 y 53 bis de esta Ley.

2. En el caso de que, bien porque la autoridad del Estado miembro de origen no haya adoptado medidas, bien porque pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o debido a que dichas medidas hayan resultado inadecuadas, la persona indicada en el apartado anterior persista en la violaci髇 de las oportunas disposiciones legales o reglamentarias, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptar� todas las medidas pertinentes para proteger a los inversores. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� inmediatamente a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre las medidas adoptadas.�

�6. Para que una empresa de servicios de inversi髇, una vez autorizada, pueda iniciar su actividad, los promotores deber醤 constituir la sociedad, inscribi閚dola en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores que corresponda. Cuando se trate de empresas de asesoramiento financiero que sean personas f韘icas, bastar� con la inscripci髇 en el registro de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores notificar� toda autorizaci髇 concedida a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.�

• 玝) Un programa de actividades en que se especifiquen, entre otras cosas, los servicios de inversi髇, as� como los servicios complementarios que se propone llevar a cabo y la indicaci髇 de si se prev� utilizar agentes vinculados en el territorio de los Estados miembros en los que piensa prestar servicios. Cuando la empresa de servicios de inversi髇 tenga previsto utilizar agentes vinculados, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores comunicar�, a petici髇 de la autoridad competente del Estado miembro de acogida y en un plazo de tiempo razonable, la identidad de los agentes vinculados que aquella tenga intenci髇 de utilizar en dicho Estado miembro. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores dar� acceso a esa informaci髇 a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de conformidad con el procedimiento y con arreglo a las condiciones previstas en el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

獿a Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de las dificultades generales a las que se enfrenten las empresas de servicios de inversi髇 a la hora de establecerse o de prestar servicios de inversi髇 en un Estado no miembro de la Uni髇 Europea.�

獷n el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen, la empresa de servicios de inversi髇 persista en una actuaci髇 claramente perjudicial para los intereses de los inversores en Espa馻 o para el funcionamiento correcto de los mercados, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptar� todas las medidas pertinentes, incluida la posibilidad de impedir que las empresas de servicios de inversi髇 infractoras efect鷈n nuevas operaciones en territorio espa駉l. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� sin demora acerca de estas medidas a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� instar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a actuar de conformidad con las facultades que le confiere el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

玈i, a pesar de las medidas adoptadas por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, la empresa contin鷄 infringiendo las disposiciones contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, podr� sancionarla y, en su caso, prohibirle la realizaci髇 de nuevas operaciones en territorio espa駉l. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados sin demora acerca de estas medidas. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� instar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a actuar de conformidad con las facultades que le confiere el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

�3. La resoluci髇 que acuerde la revocaci髇 ser� inmediatamente ejecutiva. Una vez notificada, la empresa de servicios interesada no podr� realizar nuevas operaciones. La resoluci髇 deber� inscribirse en el Registro Mercantil y en el de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, y ser� notificada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Asimismo, se publicar� en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, produciendo desde entonces efectos frente a terceros.�

�4. Se except鷄n de la obligaci髇 de secreto regulado en el presente art韈ulo:

• a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusi髇, publicaci髇 o comunicaci髇 de los datos.
• b) La publicaci髇 de datos agregados a fines estad韘ticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas ni siquiera indirectamente.
• c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o por el Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un juicio civil, si bien en este 鷏timo caso la obligaci髇 de secreto se mantendr� en todo lo relativo a las exigencias prudenciales de una empresa de servicios de inversi髇.
• d) Las informaciones que, en el marco de procedimientos concursales de una empresa de servicios de inversi髇, sean requeridas por las autoridades judiciales, siempre que no versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad.
• e) Las informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en materia de ordenaci髇 y disciplina de los mercados de valores, sean requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
• f) Las informaciones que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga que facilitar para el cumplimiento de sus respectivas funciones a las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de Bolsas de Valores; al Banco de Espa馻; a la Direcci髇 General de Seguros y Fondos de Pensiones; a las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales con el objeto de garantizar el funcionamiento regular de los mismos; a los fondos de garant韆 de inversores; a los interventores o s韓dicos de una empresa de servicios de inversi髇 o de una entidad de su grupo, designados en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales, y a los auditores de cuentas de las empresas de servicios de inversi髇 y de sus grupos.
• g) Las informaciones que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga que facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales en aplicaci髇 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci髇 del blanqueo de capitales, as� como las comunicaciones que, de modo excepcional, puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en los art韈ulos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, previa autorizaci髇 indelegable del Ministro de Econom韆 y Competitividad. A estos efectos, deber醤 tenerse en cuenta los acuerdos de colaboraci髇 formalizados por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores con autoridades supervisoras de otros pa韘es.
• h) Las informaciones requeridas por una Comisi髇 Parlamentaria de Investigaci髇, en los t閞minos establecidos por su legislaci髇 espec韋ica.
• i) Las informaciones que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores decida facilitar a un sistema o c醡ara de compensaci髇 y liquidaci髇 de un mercado espa駉l, cuando considere que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dichos sistemas ante cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, que se produzca en el mercado.
• j) Las informaciones que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga que facilitar, para el cumplimiento de sus funciones, a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico, a los organismos o autoridades de otros pa韘es en los que recaiga la funci髇 p鷅lica de supervisi髇 de las entidades de cr閐ito, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y de los mercados financieros, o la gesti髇 de los sistemas de garant韆 de dep髎itos o indemnizaci髇 de los inversores, siempre que exista reciprocidad, y que los organismos y autoridades est閚 sometidos a secreto profesional en condiciones que, como m韓imo, sean equiparables a las establecidas por las leyes espa駉las.
• k) Las informaciones que por razones de supervisi髇 prudencial o sanci髇 de las empresas de servicios de inversi髇 y entidades o instituciones financieras y mercados sujetos al 醡bito de esta ley, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga que dar a conocer al Ministerio de Econom韆 y Competitividad o a las autoridades de las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de mercados de valores.
• l) La informaci髇 que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores publique de acuerdo con lo dispuesto en el p醨rafo sexto del art韈ulo 69.6.
• ll) Las informaciones que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores facilite a las autoridades supervisoras espa駉las en materia energ閠ica y a las autoridades supervisoras del Mercado Ib閞ico de la Energ韆 El閏trica y que sea necesarias para el cumplimiento de sus funciones de supervisi髇 de dichos mercados. A estos efectos, deber醤 tenerse en cuenta los acuerdos de colaboraci髇 formalizados por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades. La informaci髇 comunicada s髄o podr� ser divulgada mediante consentimiento expreso de la Comisi髇.
• m) La informaci髇 comunicada a la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la normativa vigente, y en particular, la establecida en los art韈ulos 31 y 35 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/78/CE de la Comisi髇. No obstante lo anterior, dicha informaci髇 estar� sujeta a secreto profesional.
• n) La informaci髇 facilitada a la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico, cuando esta informaci髇 sea pertinente para el desempe駉 de sus funciones estatutarias conforme al Reglamento (UE) n.� 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, relativo a la supervisi髇 macroprudencial del sistema financiero en la Uni髇 Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sist閙ico.换

1. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores cooperar� con otras autoridades competentes de la Uni髇 Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, haciendo uso a tal fin de todas las facultades que la misma le atribuye y las establecidas en el Reglamento (CE) n.� 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificaci髇 crediticia.

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores prestar� ayuda a otras autoridades competentes de la Uni髇 Europea. En particular, intercambiar� informaci髇 y colaborar� en actividades de investigaci髇 o supervisi髇. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� ejercer sus poderes para fines de cooperaci髇, incluso en casos en que el comportamiento investigado no constituya una infracci髇 de la normativa vigente en el Estado espa駉l.

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores cooperar� con la Autoridad Europea de Valores y Mercados. En particular, le proporcionar� sin demora toda la informaci髇 que requiera para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas de conformidad con el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

1 bis La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores cooperar� con la Autoridad Bancaria Europea a efectos de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuaci髇 del capital de las empresas de inversi髇 y las entidades de cr閐ito, de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 1093/2010.

2. Cuando los mercados secundarios oficiales establezcan mecanismos en otros Estados miembros para permitir el acceso remoto y las operaciones de ese mercado, dada la situaci髇 de los mercados de valores en el Estado miembro de acogida, hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protecci髇 de los inversores en ese Estado, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores y la autoridad competente del Estado miembro de acogida establecer醤 mecanismos de cooperaci髇 proporcionados.

Asimismo, cuando un mercado regulado de otro Estado miembro haya establecido en territorio espa駉l mecanismos para garantizar el acceso remoto, y las operaciones realizadas en Espa馻, dada la situaci髇 de los mercados de valores espa駉les, hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protecci髇 de los inversores en Espa馻, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores y la autoridad competente del Estado miembro de origen del mercado regulado establecer醤 mecanismos de cooperaci髇 proporcionados.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entender� que las operaciones revisten una importancia sustancial cuando se cumpla lo dispuesto en el art韈ulo 16 del Reglamento (CE) n.� 1287/2006 de la Comisi髇, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversi髇 de llevar un registro, la informaci髇 sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisi髇 a negociaci髇 de instrumentos financieros, y t閞minos definidos a efectos de dicha Directiva.

3. Cuando la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga motivos fundados para sospechar que entidades no sujetas a su supervisi髇 est醤 realizando o han realizado en el territorio de otro Estado miembro actividades contrarias a las disposiciones nacionales por las que se haya transpuesto la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, lo notificar� de manera tan espec韋ica como sea posible a la autoridad competente de dicho Estado miembro y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Esta comunicaci髇 se entender� sin perjuicio de las competencias que pueda ejercer la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.

Asimismo, cuando la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores reciba una notificaci髇 de la autoridad competente de otro Estado miembro que tenga motivos fundados para sospechar de que entidades no sujetas a su supervisi髇 est醤 realizando o han realizado en territorio espa駉l actividades contrarias a esta ley, y a sus disposiciones de desarrollo, deber� adoptar las medidas oportunas para corregir esta situaci髇. Adem醩, comunicar� a la autoridad competente notificante y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados el resultado de su intervenci髇 y, en la medida de lo posible, los avances intermedios significativos.

4. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� pedir la cooperaci髇 de otras autoridades competentes de la Uni髇 Europea en una actividad de supervisi髇, para una verificaci髇 玦n situ� o una investigaci髇 relacionada con las materias reguladas en las normas nacionales que traspongan la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, as� como con las materias relacionadas con el Reglamento (CE) n.� 1060/2009. Cuando se trate de empresas de servicios de inversi髇, autorizadas en otro Estado miembro, que sean miembros remotos de un mercado secundario oficial, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� optar por dirigirse a ellas directamente, en cuyo caso informar� debidamente a la autoridad competente del Estado miembro de origen del miembro remoto.

En caso de que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores reciba una solicitud relativa a una verificaci髇 ''in situ'' o a una investigaci髇, en el marco de sus competencias:

• a) realizar� ella misma la verificaci髇 o investigaci髇;
• b) permitir� que la realicen las autoridades que hayan presentado la solicitud, o
• c) permitir� que la realicen auditores o expertos.

5. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, en relaci髇 con las materias reguladas en el Cap韙ulo II del T韙ulo VII, o su normativa de desarrollo, podr� pedir a las autoridades competentes de otros Estados miembros que realicen una investigaci髇 en su territorio. Tambi閚 podr� solicitar que se permita que miembros de su personal acompa馿n al personal de la autoridad competente de ese otro Estado miembro en el transcurso de la investigaci髇.

Las autoridades competentes de otros Estados miembros tambi閚 podr醤 solicitar a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores la realizaci髇 de investigaciones en relaci髇 con las materias se馻ladas anteriormente y en las mismas condiciones.

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a las solicitudes de investigaci髇 a las que se refiere este, o a que su personal est� acompa馻do del personal de la autoridad competente de otro Estado miembro, cuando ello pueda ir en perjuicio de la soberan韆, la seguridad o el orden p鷅lico, o cuando se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades espa駉las, o cuando sobre aqu閘los haya reca韉o una sentencia firme de un juez o tribunal espa駉l por los mismos hechos. En este caso, se notificar� debidamente a la autoridad competente que formul� el requerimiento, facilit醤dole informaci髇 lo m醩 detallada posible sobre dicho procedimiento o sentencia.

Todas las solicitudes de asistencia que se realicen o se reciban al amparo de lo dispuesto en este apartado por las Comunidades Aut髇omas con competencia en la materia se tramitar醤 a trav閟 de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.

Si la solicitud de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores es rechazada o no se le da curso dentro de un plazo razonable, aquella podr� ponerlo en conocimiento. En caso de que una solicitud haya sido rechazada, la Autoridad Europea de Valores y Mercados podr� asistir a las autoridades para llegar a un acuerdo, de conformidad con el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010, sin perjuicio de las posibilidades de denegaci髇 recogidas en el p醨rafo tercero anterior de este mismo apartado y de la capacidad de actuaci髇 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en caso de incumplimiento del Derecho de la Uni髇, reconocida en el art韈ulo 17 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

�1. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores facilitar� inmediatamente a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea la informaci髇 necesaria para el desempe駉 de sus funciones que 閟tos le requieran.�

�6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedir� que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores transmita a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a la Junta Europea de Riesgos Sist閙icos, observando las limitaciones relativas a informaci髇 espec韋ica sobre empresas concretas y a los efectos sobre terceros pa韘es que se prev閚 en el Reglamento (UE) n.� 1095/2010 y en el Reglamento (UE) n.� 1092/2010, respectivamente, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su condici髇 de autoridades monetarias y, al Banco de Espa馻, en la misma condici髇 que los anteriores, as� como en la de autoridad responsable de supervisar los sistemas de pago y liquidaci髇, la informaci髇 confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedir� a dichas autoridades comunicar a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores la informaci髇 que esta pueda necesitar para desempe馻r las funciones que le corresponden con arreglo a la presente Ley.�

獵uando la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores remita una solicitud de informaci髇 a la autoridad competente de un Estado miembro y esta sea rechazada o no se le d� curso en un plazo razonable, se pondr� en conocimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. En caso de que una solicitud de informaci髇 haya sido rechazada, la Autoridad Europea de Valores y Mercados podr� asistir a las autoridades para llegar a un acuerdo, de conformidad con el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010, sin perjuicio de las posibilidades de denegaci髇 recogidas en el art韈ulo 91 ter de esta ley y de la capacidad de actuaci髇 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en caso de incumplimiento del Derecho de la Uni髇, reconocida en el art韈ulo 17 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

�9. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores notificar� a la Autoridad Europea de Valores y Mercados la existencia de un procedimiento de reclamaciones para resoluci髇 extrajudicial de los conflictos de los usuarios de servicios financieros en relaci髇 con la prestaci髇 de servicios de inversi髇 y servicios auxiliares por empresas de inversi髇.�

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a una solicitud de cooperaci髇 en una investigaci髇, una verificaci髇 "in situ" o una supervisi髇 conforme al apartado 4 del art韈ulo 91 o a intercambiar informaci髇 conforme a los apartados 1 a 5 del art韈ulo 91 bis solamente en caso de que:

• a) dicha investigaci髇, verificaci髇 "in situ", supervisi髇 o intercambio de informaci髇 pueda atentar contra la soberan韆, la seguridad o el orden p鷅lico;
• b) se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas;
• c) se haya dictado ya una resoluci髇 judicial firme con respecto a las mismas personas y los mismos hechos.

En caso de denegaci髇, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores lo notificar� debidamente a la autoridad competente solicitante y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, facilitando la mayor informaci髇 posible al respecto.�

�1. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� celebrar acuerdos de cooperaci髇 que prevean el intercambio de informaci髇 con las autoridades competentes de terceros pa韘es, siempre y cuando la informaci髇 revelada goce de una garant韆 de secreto profesional al menos equivalente a la exigida en virtud del art韈ulo 90 y exista reciprocidad. Este intercambio de informaci髇 deber� estar destinado a la realizaci髇 de las tareas encomendadas a las autoridades competentes. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores notificar� a la Autoridad Europea de Valores y Mercados la celebraci髇 de los acuerdos de cooperaci髇 a que se refiere este apartado.�

• 玜) Intercambiar informaci髇 entre autoridades competentes y con la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el art韈ulo 21 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010.

• 玦) Un registro de los mercados secundarios oficiales, de cuyo contenido y modificaciones se informar� a los organismos supervisores de los dem醩 Estados miembros de la Uni髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.�

La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores facilitar� cada a駉 a la Autoridad Europea de Valores y Mercados informaci髇 agregada relativa a las infracciones cometidas por incumplimiento de las obligaciones de esta ley, as� como de las sanciones impuestas.

En el caso de que se haya divulgado p鷅licamente una medida administrativa o una sanci髇, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores notificar� simult醤eamente ese hecho a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.�

�1. Cuando Espa馻 sea Estado miembro de acogida de un mercado regulado o de un sistema multilateral de negociaci髇 y la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores tenga motivos claros y demostrables para creer que dicho mercado regulado o sistema multilateral de negociaci髇 infringe las obligaciones derivadas de las disposiciones adoptadas en virtud de la Directiva 2004/39/CE, comunicar� los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen del mercado regulado o del sistema multilateral de negociaci髇.

En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen, dicho mercado regulado o sistema multilateral de negociaci髇 persista en una actuaci髇 claramente perjudicial para los intereses de los inversores en Espa馻 o para el funcionamiento correcto de los mercados, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptar� todas las medidas pertinentes para su protecci髇. Entre las medidas se incluir� la posibilidad de impedir que dicho mercado regulado o sistema multilateral de negociaci髇 ponga sus mecanismos a disposici髇 de miembros remotos establecidos en Espa馻. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores informar� sin demora a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de las medidas adoptadas. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores podr� hacer constar la situaci髇 ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que podr� actuar de conformidad con las facultades que le confiere el art韈ulo 19 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010.

�3. Las acciones se agrupar醤 en categor韆s sobre la base del valor medio aritm閠ico de las 髍denes ejecutadas en el mercado para aquella acci髇. La Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores publicar� al menos una vez al a駉, mediante circular, la categor韆 de acciones a la que pertenece cada acci髇 y la transmitir� a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.�

La incoaci髇 de expedientes, cuando afecte a las sucursales de entidades de cr閐ito autorizadas en otro Estado de la Uni髇 Europea, se comunicar� a sus autoridades supervisoras, a fin de que, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a la presente Ley, adopten las medidas que consideren apropiadas para que la entidad ponga fin a su actuaci髇 infractora o evite su reiteraci髇 en el futuro. Resuelto el expediente, el Banco de Espa馻 notificar� la decisi髇 adoptada a las citadas autoridades y, cuando implique una sanci髇 por infracci髇 grave o muy grave, a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Bancaria Europea.�

�2. El Banco de Espa馻 resolver�, mediante decisi髇 motivada, en el plazo m醲imo de tres meses a partir de la recepci髇 de todas las informaciones. Salvo que el programa de actividades presentado recoja actividades no autorizadas a la entidad, o el Banco de Espa馻 tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuesti髇, de lo adecuado de las estructuras administrativas o de la situaci髇 financiera de la entidad de cr閐ito, el Banco aprobar� la solicitud. La falta de resoluci髇 en plazo equivaldr� a una denegaci髇 de la pretensi髇.

El Banco de Espa馻 comunicar� el n鷐ero y la naturaleza de los casos en los que se haya producido una denegaci髇 de la pretensi髇 a la que se refiere este art韈ulo a la Comisi髇 Europea y a la Autoridad Bancaria Europea.�

獷l Banco de Espa馻 y la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores proporcionar醤 sin demora a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, previa solicitud de 閟ta, toda la informaci髇 necesaria el desempe駉 de sus funciones conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) n.� 1095/2010 y notificar醤 a la Comisi髇 de la Uni髇 Europea los sistemas reconocidos en virtud de la presente ley que est閚 gestionados por ellos o por entidades sujetas a su supervisi髇, y ser醤 los organismos encargados de recibir o enviar las comunicaciones a que se refiere el art韈ulo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidaci髇 en los sistemas de pagos y de liquidaci髇 de valores.�

獶icha comunicaci髇 se remitir� por el Banco de Espa馻 o por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, seg鷑 proceda, con car醕ter inmediato a la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico, a los dem醩 Estados miembros y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.�

1. Las autoridades espa駉las competentes cooperar醤 entre s�, con el Comit� Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisi髇 y con el resto de autoridades competentes en el marco de la supervisi髇 adicional de las entidades reguladas de los conglomerados financieros sujetos tanto a esta Ley como al resto de las legislaciones nacionales dictadas en aplicaci髇 de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002.

2. Siempre que les corresponda desempe馻r la funci髇 de coordinador o sean responsables de la supervisi髇 en base consolidada de un grupo de entidades financieras integrado en alguno de los conglomerados financieros a que se refiere el apartado anterior, las autoridades espa駉las competentes deber醤 establecer acuerdos de coordinaci髇 con el resto de autoridades competentes del mismo conglomerado financiero, pudiendo restringirlos a aquellas que se consideren relevantes, de acuerdo con los criterios que se determinen reglamentariamente.

Dichos acuerdos podr醤 ampliar las funciones del coordinador y especificar los procedimientos aplicables al proceso de toma de decisiones entre las autoridades competentes firmantes, as� como los procedimientos de cooperaci髇 con otras autoridades competentes.

Tambi閚 deber醤 celebrar los referidos acuerdos cuando, siendo autoridades competentes, sean requeridas para ello por las autoridades de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea que desempe馿n las funciones descritas en el primer p醨rafo de este apartado.

3. Las autoridades espa駉las competentes intercambiar醤 con el resto de autoridades competentes del mismo conglomerado financiero cualquier informaci髇 pertinente o esencial para el ejercicio de la supervisi髇 adicional. Reglamentariamente, se determinar� el alcance m韓imo de la recopilaci髇 e intercambio de la informaci髇 a que se refiere este apartado.

Este r間imen de intercambio de informaci髇 podr� extenderse a los bancos centrales, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo y la Junta Europea de Riesgo Sist閙ico.

Las autoridades espa駉las competentes facilitar醤 sin demora al Comit� Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisi髇, previa solicitud de 閟te, toda la informaci髇 necesaria para cumplir sus obligaciones conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 35 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/78/CE de la Comisi髇; del Reglamento (UE) n.� 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilaci髇), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/79/CE de la Comisi髇; y del Reglamento (UE) n.� 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisi髇 (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisi髇 n.� 716/2009/CE y se deroga la Decisi髇 2009/77/CE de la Comisi髇, respectivamente.

4. Las autoridades espa駉las competentes consultar醤 con el resto de autoridades competentes del mismo conglomerado financiero, con car醕ter previo, la adopci髇 de las siguientes medidas cuando puedan ser relevantes para el ejercicio de la labor de supervisi髇 adicional:

• a) Cambios en la estructura accionarial, organizativa o de gesti髇 de las entidades reguladas del conglomerado financiero, que requieran la aprobaci髇 o autorizaci髇 de las autoridades competentes.
• b) Sanciones importantes o medidas excepcionales.
• c) Las dem醩 que puedan establecerse reglamentariamente.

Las autoridades espa駉las competentes podr醤 decidir no consultar en casos de urgencia o cuando dicha consulta pueda comprometer la eficacia de las decisiones. En tal caso, informar醤 a las dem醩 autoridades competentes.

5. La autoridad competente, espa駉la o de otro Estado miembro, que desempe馿 la funci髇 de coordinador de un conglomerado financiero podr� dirigirse directamente a las entidades, reguladas o no, de dicho conglomerado, para recabar cualquier informaci髇 que sea pertinente a efectos de la supervisi髇 adicional. Cuando una informaci髇 solicitada ya hubiera sido facilitada a una autoridad competente en virtud de la normativa sectorial aplicable, la autoridad que desempe馿 la funci髇 de coordinador podr� recabar dicha informaci髇 de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades espa駉las competentes, a instancias de la autoridad competente que desempe馿 la funci髇 de coordinador, deber醤 solicitar a las entidades domiciliadas en Espa馻, reguladas o no, de los conglomerados financieros, cualquier informaci髇 que pueda resultar pertinente para el ejercicio de su labor de coordinaci髇, y remitirle dicha informaci髇.

Igualmente, las autoridades competentes espa駉las que desempe馿n la funci髇 de coordinador de un conglomerado podr醤 solicitar a las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea cualquier informaci髇 que sea pertinente a efectos de la supervisi髇 adicional en relaci髇 con dicha entidad dominante, o las entidades, reguladas o no, del conglomerado, domiciliadas en el correspondiente Estado miembro.

6. El Ministro de Econom韆 y Competitividad podr� dictar las normas necesarias para asegurar una adecuada coordinaci髇 y colaboraci髇, en los t閞minos establecidos en este art韈ulo, entre las autoridades espa駉las competentes.�

獷n el caso previsto en el p醨rafo anterior, la autoridad espa駉la competente consultar� a las dem醩 autoridades competentes pertinentes y dar� cumplimiento a las directrices aplicables elaboradas a trav閟 del Comit� Mixto en la medida de lo posible.

Cuando alguna de las autoridades competentes relevantes est� en desacuerdo con la decisi髇 adoptada por la autoridad espa駉la competente a tenor de lo dispuesto en este apartado, se aplicar醤 los art韈ulos 19 del Reglamento (UE) n.� 1093/2010, del Reglamento (UE) n.� 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.� 1095/2010, respectivamente. Asimismo, se aplicar� dicho art韈ulo cuando la autoridad espa駉la competente no sea la coordinadora y est� en desacuerdo con la decisi髇 adoptada por el autoridad competente que realiza las funciones de coordinador.�

�2. A tal fin, se concede un cr閐ito extraordinario al presupuesto en vigor de la secci髇 27, Ministerio de Econom韆 y Competitividad, servicio 03 "Secretar韆 de Estado de Econom韆", programa 923 M "Direcci髇 y servicios generales de Econom韆 y Hacienda" cap韙ulo 8 "Activos financieros", art韈ulo 87 "Aportaciones patrimoniales" concepto 872 "Aportaci髇 patrimonial al Fondo para la Financiaci髇 de los Pagos a Proveedores" por importe de 1.500.000 miles de euros.

El cr閐ito extraordinario a que se refiere el p醨rafo anterior se financiar� con Deuda P鷅lica.�

�3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Org醤ica, la gesti髇 econ髆ico-financiera del Fondo estar� sometida al control de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, mediante auditor韆s p鷅licas en los t閞minos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.�

Las emisiones de deuda que pudiera llevar a cabo el Fondo al amparo de lo previsto en el art韈ulo 4 de este real decreto-ley tendr醤 el mismo r間imen fiscal que la Deuda P鷅lica.�