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Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protecci髇 de la seguridad y la salud en el 醡bito del servicio del hogar familiar

Ficha:
  • 觬ganoMinisterio de Trabajo y Econom韆 Social
  • Publicado en BOE n鷐. 220 de 11 de Septiembre de 2024
  • Vigencia desde 12 de Septiembre de 2024
Versiones/revisiones:

Sumario

Las obligaciones previstas en este real decreto no resultar醤 exigibles hasta transcurridos seis meses desde la puesta a disposici髇 de la herramienta a la que se refiere la disposici髇 adicional primera, incluso cuando la persona empleadora concierte dicho servicio con un servicio de prevenci髇 ajeno, conforme establece el n鷐ero 2 de la disposici髇 final quinta.LE0000931338_20240912Ir a Norma

I

El trabajo de las personas empleadas de hogar ha sido hist髍icamente objeto de un tratamiento normativo muy degradado y claramente discriminatorio, que no era sino el fiel reflejo de la valoraci髇 que desde los poderes p鷅licos se hac韆 de esta actividad entendida como subalterna y de escaso valor econ髆ico. Esta valoraci髇, por otra parte, forma parte intr韓seca del hecho de que se trata de una actividad casi completamente feminizada. Un trabajo sin ciudadan韆 que minusvaloraba los cuidados y ahondaba en la discriminaci髇 de la mujer en el trabajo sin reparar en que los cuidados y quienes los prestan son parte decisiva de nuestra sociedad.

La utilizaci髇 de la t閏nica de regulaci髇 propia de una relaci髇 laboral de car醕ter especial y separada de la general contemplada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, no ha servido solo para determinar las peculiaridades de esta forma de trabajo sino que, a diferencia de la mayor韆 del resto de supuestos con regulaci髇 especial, ha servido para determinar un estatuto mucho menos protector de las personas trabajadoras que desarrollan esta actividad. Las formas de contrataci髇 y extinci髇, el tiempo de trabajo y las condiciones que se les ofrec韆 presentaban caracter韘ticas que iban m醩 all de la mera especialidad para convertirse en regulaciones abiertamente opuestas al derecho a la igualdad y a la no discriminaci髇. A ello se a馻d韆n, adem醩, las peculiares condiciones en materia de protecci髇 social, que exclu韆n de importantes 醡bitos de la acci髇 protectora de la seguridad social a este colectivo.

La legislatura anterior ha supuesto un punto de inflexi髇 en el tratamiento de esta situaci髇 absolutamente injusta e injustificada, abordando un proceso de renovaci髇 normativa que supone literalmente el reconocimiento de la ciudadan韆 laboral de las personas trabajadoras del servicio dom閟tico. Ello se ha manifestado en una intensa actividad de ratificaci髇 de convenios de la OIT, incorporando de manera prioritaria el Convenio n鷐ero 189, sobre condiciones relativas al trabajo decente para las personas trabajadoras dom閟ticas. Esta ratificaci髇, as como la existencia de relevantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de Uni髇 Europea, ha acompa馻do un proceso sin precedentes de reversi髇 del conjunto de la normativa del trabajo dom閟tico.

En primer lugar, mediante la modificaci髇 por v韆 de urgencia de algunos de los aspectos m醩 lesivos de la regulaci髇 de la relaci髇 laboral especial del trabajo dom閟tico, singularmente el despido, pero sobre todo la completa equiparaci髇 de la protecci髇 social de estas personas trabajadoras, incorporando de manera expresa y permanente –con el precedente de la protecci髇 especial y extraordinaria que se estableci durante la pandemia de la COVID-19– a estas personas a la protecci髇 por desempleo.

En segundo lugar, y tal y como se comprometi en el propio Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, se aborda el proceso de mejora de la protecci髇 de la salud y la mejora de las condiciones de trabajo de las personas empleadas de hogar, estableciendo una normativa protectora espec韋ica armonizada con la normativa general de prevenci髇 de riesgos. Se trata de un paso decisivo que sit鷄 a nuestro pa韘 en la vanguardia normativa en materia de prevenci髇 de riesgos laborales de las empleadas de hogar.

II

El d韆 9 de septiembre de 2022 se public en el 獴olet韓 Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, con el fin de armonizar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar con las de las restantes personas trabajadoras por cuenta ajena. Se pretend韆 as eliminar las diferencias de trato no justificadas por la peculiaridad de esta actividad y cuya persistencia estaba vinculada a la hist髍ica infravaloraci髇 de este trabajo. De este modo, se avanzaba en la consecuci髇 de la equiparaci髇 del r間imen jur韉ico de esta relaci髇 laboral especial con la com鷑, continuando con la labor iniciada en 2011 con la aprobaci髇 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, y la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci髇, adecuaci髇 y modernizaci髇 del sistema de Seguridad Social.

Con este objetivo, el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, pon韆 fin a la exclusi髇 de este colectivo del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, reconociendo su derecho a la protecci髇 eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta novedad supon韆 dejar atr醩 el deber de la persona empleadora de cuidar de que el trabajo se realizase en condiciones de seguridad y salud, deber gen閞ico sin definir que no ofrec韆 suficientes garant韆s para su adecuado cumplimiento. Sin embargo, las peculiaridades de este tipo de actividad laboral derivadas, entre otras, de la falta de entidad empresarial de la persona empleadora, del 醡bito privado donde se prestan los servicios y de la pluralidad, en determinados supuestos, de personas empleadoras, deb韆n ser tenidas en cuenta a la hora de definir este derecho. Por ello, en aras de articular el derecho a la seguridad y salud de estas personas trabajadoras con los factores caracter韘ticos de esta relaci髇 laboral de car醕ter especial, se hac韆 necesario delimitar los t閞minos y garant韆s en que se reconoc韆 este derecho, delegando la disposici髇 adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre –disposici髇 introducida por el citado Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre– este cometido a la norma reglamentaria. En cumplimiento de este mandato la norma concreta el elenco de derechos de las personas trabajadoras del hogar familiar y de los correlativos deberes de las personas empleadoras otorgando la seguridad jur韉ica necesaria para su efectividad.

Adem醩, el impacto de esta norma excede al 醡bito de la prevenci髇 de riesgos laborales, alcanzando al derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres. El avance en los derechos reconocidos a este colectivo constituye una cuesti髇 de justicia social al ser una profesi髇 altamente feminizada. Se siguen as los criterios generales de actuaci髇 de los poderes p鷅licos fijados en el art韈ulo 14 de la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y, concretamente, la integraci髇 del principio de igualdad de trato en la pol韙ica laboral con el fin de evitar la segregaci髇 laboral y potenciar el valor del trabajo de las mujeres, incluido el dom閟tico. Se contribuye asimismo a visibilizar las enfermedades profesionales que aquejan a las personas trabajadoras del hogar familiar y que, hasta el momento, y como consecuencia de la inexistencia de un derecho a la vigilancia de salud en el 醡bito laboral se enfrentaban a mayores dificultades que el resto de las personas trabajadoras para su reconocimiento.

De otro lado, con la aprobaci髇 de esta norma, Espa馻 da debido cumplimiento a los compromisos asumidos con la ratificaci髇 del Convenio n鷐ero 189 de la Organizaci髇 Internacional del Trabajo, sobre condiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores dom閟ticos (citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores dom閟ticos, 2011), cuya entrada en vigor se produjo el 29 de febrero de 2024. La definici髇 del contenido del derecho a la protecci髇 eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo recogida en esta norma cumple con la obligaci髇 del art韈ulo 13 del citado convenio, consistente en adoptar medidas para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de este colectivo. Asimismo, atiende el deber contenido en el art韈ulo 5 del convenio de adoptar medidas para asegurar una protecci髇 efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

III

En el caso concreto de los de servicios de ayuda a domicilio, las especiales caracter韘ticas de esta actividad, que implica su desarrollo en domicilios privados, requieren una especificaci髇 del alcance de la acci髇 preventiva y, en particular, del modo en que esta debe recoger todas las condiciones de trabajo de los servicios de ayuda a domicilio.

En todo caso, el hecho de que los diferentes domicilios donde se prestan los servicios constituyan una esfera aparentemente alejada del control que puede ejercer la empresa requiere que se efect鷈 un desarrollo normativo que determine el alcance de las obligaciones preventivas. Espec韋icamente, es necesario que, a efectos de que se produzca la adecuada evaluaci髇 de riesgos laborales exigida para todo trabajo, las personas encargadas de la realizaci髇 de dichas evaluaciones efect鷈n visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado, todo ello en cumplimiento de la Directiva 89/391, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicaci髇 de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Por otra parte, tambi閚 resulta imperativo atender a las situaciones en las que, como consecuencia de la evaluaci髇, resulte aconsejable como acci髇 preventiva m醩 adecuada la adopci髇 de medidas en el domicilio, especialmente en relaci髇 con el consentimiento de la persona titular de aquel.

IV

El real decreto se articula en ocho art韈ulos, siete disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales.

La parte dispositiva comienza con un articulado dedicado a la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar. El art韈ulo 1 explicita su objeto y finalidad. Su art韈ulo 2 concreta el derecho de protecci髇 de los riesgos laborales, enumerando los derechos espec韋icos en que se manifiesta este. Prosigue el art韈ulo 3 definiendo las obligaciones de la persona empleadora relativas a la evaluaci髇 de riesgos y a las medidas preventivas derivadas de la misma y establece la aplicabilidad de los art韈ulos 25, 26, 27, 28.1 y 2 y 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Contin鷄 su art韈ulo 4 definiendo el deber de entrega de equipos de protecci髇 individual y equipos de trabajo adecuados. El art韈ulo 5 delimita los derechos de formaci髇, informaci髇 y participaci髇 de las personas trabajadoras. Prosigue el art韈ulo 6 detallando el derecho de las personas trabajadoras y el deber de las personas empleadoras relativos a la paralizaci髇 de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. El art韈ulo 7 regula el modo en que se puede llevar a cabo la organizaci髇 preventiva y, finalmente, el art韈ulo 8 desarrolla el derecho de las personas trabajadoras de la relaci髇 laboral especial del servicio del hogar familiar a la vigilancia de la salud.

En cuanto a la disposici髇 adicional primera, encomienda al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la puesta en marcha de una herramienta para facilitar el cumplimiento de las obligaciones preventivas de las personas empleadoras.

La disposici髇 adicional segunda reconoce el derecho a la protecci髇 frente a la violencia y acoso en el empleo dom閟tico, especificando su contenido, y encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboraci髇 de un protocolo para su prevenci髇.

En virtud de la disposici髇 adicional tercera, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe elaborar una gu韆 t閏nica para la prevenci髇 de los riesgos laborales en el trabajo dom閟tico.

La disposici髇 adicional cuarta aclara que el recargo de las prestaciones econ髆icas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de prevenci髇 de riesgos laborales no ser de aplicaci髇 a las personas empleadas de hogar.

La disposici髇 adicional quinta determina que las acciones formativas ser醤 financiadas por el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal y desarrolladas en el marco de las actividades formativas por la Fundaci髇 Estatal para la Formaci髇 en el Empleo, F.S.P.

Por su parte, la disposici髇 adicional sexta encomienda al Sistema Nacional de Salud la realizaci髇 gratuita de los reconocimientos m閐icos voluntarios para las personas trabajadoras empleadas del hogar.

La disposici髇 adicional s閜tima asegura que la aplicaci髇 de este real decreto se har sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos 髍ganos directivos y no supondr incremento de gasto p鷅lico.

La disposici髇 final primera modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci髇, introduciendo una disposici髇 adicional decimotercera, que establece las obligaciones de las empresas con personal dedicado a la actividad de ayuda a domicilio. Se especifica su 醡bito de aplicaci髇, las peculiaridades y contenido de la evaluaci髇 de riesgos, as como el consentimiento de la persona titular del domicilio para la adopci髇 de determinadas medidas preventivas.

La disposici髇 final segunda actualiza el Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposici髇 adicional quincuag閟ima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relaci髇 con la extensi髇 de la acci髇 protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, en lo relativo a la no aplicaci髇 del recargo de las prestaciones econ髆icas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Por 鷏timo, las disposiciones finales, tercera, cuarta y quinta se refieren, respectivamente, al t韙ulo competencial, la habilitaci髇 normativa y la entrada en vigor.

V

El real decreto desarrolla la disposici髇 adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, para configurar el r間imen preventivo de la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, as como las obligaciones recogidas en dicha ley para introducir aquellas precisiones de las mismas que son necesarias en el sector de la ayuda a domicilio.

Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia contenidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. El real decreto responde a la necesidad de dar desarrollo reglamentario a las obligaciones legales derivadas de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir lo previsto en el mismo. En cuanto al principio de seguridad jur韉ica, la norma establece de manera clara los l韒ites que han de aplicarse. Adem醩, cumple con el principio de transparencia ya que identifica claramente su prop髎ito y se ofrece una explicaci髇 completa de su contenido. En su elaboraci髇 se ha instrumentado la amplia participaci髇 de los sectores implicados a trav閟 de los tr醡ites de consulta y de audiencia e informaci髇 p鷅licas han sido consultadas las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas, as como las comunidades aut髇omas y ha sido sometido a la Comisi髇 Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por 鷏timo, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que su aplicaci髇 no impone cargas administrativas innecesarias.

Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidas las personas j髒enes y las personas con discapacidad, as como la igualdad de remuneraci髇 por trabajo de igual valor, as como en el de la meta 5.1, cuyo objetivo es poner fin a todas las formas de discriminaci髇 contra todas las mujeres y las ni馻s en todo el mundo.

Este real decreto ha sido sometido a los tr醡ites de consulta p鷅lica previa e informaci髇 y audiencia p鷅licas y en su elaboraci髇 han sido consultadas las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas, as como las comunidades aut髇omas y ha sido sometido a la Comisi髇 Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.7. de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 10 de septiembre de 2024,

DISPONGO:

Art韈ulo 1 Objeto y finalidad

1. Este real decreto tiene por objeto regular la protecci髇 de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras en el 醡bito de la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, de acuerdo con lo previsto en la disposici髇 adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.

2. Con la finalidad de garantizar que la protecci髇 eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras est adaptada a las caracter韘ticas espec韋icas del trabajo dom閟tico, la prevenci髇 de los riesgos laborales de la relaci髇 especial del servicio del hogar familiar se regir por lo previsto exclusivamente en esta norma.

3. A los efectos de lo previsto en esta norma ser醤 de aplicaci髇 las definiciones de 玴revenci髇, 玶iesgo laboral, 玠a駉s derivados del trabajo y 玶iesgo laboral grave e inminente contenidas en el art韈ulo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Art韈ulo 2 Derecho a la protecci髇 de los riesgos laborales en el empleo del hogar familiar

1. Las personas trabajadoras que prestan servicios en el 醡bito del servicio del hogar familiar tienen derecho a una protecci髇 eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de la persona empleadora de protecci髇 de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales, en los t閞minos previstos por este real decreto.

Los derechos de informaci髇, formaci髇 y participaci髇, paralizaci髇 de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los t閞minos previstos en la norma, forman parte del derecho de las personas trabajadoras a una protecci髇 eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. Las obligaciones de las personas trabajadoras establecidas en este real decreto, la atribuci髇 de funciones en materia de protecci髇 y prevenci髇 a personas trabajadoras o a la persona en quien delegue la persona empleadora conforme al art韈ulo 7.2 y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevenci髇 complementar醤 las acciones de la persona empleadora, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

3. El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deber recaer en modo alguno sobre las personas trabajadoras.

4. Las personas empleadoras podr醤 concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 醡bito de cobertura la previsi髇 de riesgos derivados del trabajo dom閟tico.

Art韈ulo 3 Evaluaci髇 de riesgos y adopci髇 de medidas preventivas en el empleo dom閟tico

1. La persona empleadora deber realizar una evaluaci髇 inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras que prestan servicios en el servicio del hogar familiar, teniendo en cuenta, con car醕ter general, las caracter韘ticas de la actividad y de las personas empleadas.

2. La evaluaci髇 de riesgos ser actualizada con la periodicidad que en ella se determine y, en todo caso, cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo o con ocasi髇 de los da駉s que se hayan producido.

3. Si los resultados de la evaluaci髇 prevista en este art韈ulo pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, la persona empleadora adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, document醤dolas por escrito con la fecha concreta de su adopci髇. Se entregar una copia de dicha documentaci髇 a la persona trabajadora para informarla de las medidas adoptadas.

Las medidas preventivas deber醤 ser modificadas cuando se aprecie por la persona empleadora, como consecuencia de los controles peri骴icos previstos en el apartado 2 o de la informaci髇 que a tal efecto le traslade la persona trabajadora, su inadecuaci髇 a los fines de protecci髇 requeridos.

4. Las previsiones recogidas en los art韈ulos 25, 26, 27, 28.1 y 2 y 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, resultar醤 de aplicaci髇 a la relaci髇 laboral especial del servicio del hogar familiar.

Art韈ulo 4 Equipos de trabajo y equipos de protecci髇 individual

1. La persona empleadora deber proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempe駉 de sus funciones y adoptar las medidas necesarias para que su utilizaci髇 pueda efectuarse de forma segura.

2. Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios t閏nicos de protecci髇 colectiva o mediante medidas, m閠odos o procedimientos de organizaci髇 del trabajo, la persona empleadora deber proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar aquellos equipos de protecci髇 individual adecuados para el desempe駉 de sus funciones, seg鷑 se determine en la evaluaci髇 de riesgos.

La evaluaci髇 de riesgos determinar las tareas en los que deban emplearse equipos de protecci髇 individual y precisar, para cada una, las caracter韘ticas que deben tener dichos equipos y los riesgos que motivan su uso.

La persona empleadora proporcionar los equipos de protecci髇 individual gratuitamente a las personas trabajadoras, reponi閚dolos cuando resulte preciso y adoptar las medidas necesarias para que su utilizaci髇 pueda efectuarse de forma segura, velando por su efectivo uso.

Art韈ulo 5 Informaci髇, participaci髇 y formaci髇 de las personas trabajadoras

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protecci髇 establecido en el art韈ulo 2, la persona empleadora deber asegurarse de que las personas trabajadoras tienen a su disposici髇 toda la informaci髇 necesaria en relaci髇 con:

  • a) Los riesgos para la seguridad y la salud del trabajo que desempe馻n.
  • b) Las medidas de protecci髇 y prevenci髇 aplicables a dichos riesgos.

2. Las personas empleadoras deber醤 permitir la participaci髇 de las personas trabajadoras en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el servicio del hogar familiar.

Las personas trabajadoras, asimismo, tendr醤 derecho a efectuar propuestas a la persona empleadora dirigidas a la mejora de los niveles de protecci髇 de la seguridad y la salud.

3. Las personas trabajadoras tendr醤 derecho a recibir una formaci髇 en materia preventiva en el momento de su contrataci髇. Dicha formaci髇 ser 鷑ica, aunque presten servicios por cuenta de varias personas empleadoras y deber estar centrada en los riesgos asociados a la realizaci髇 de las tareas del hogar. En el supuesto de que aquellas entra馿n riesgos excepcionales en alguno de los domicilios en los que se trabaje se deber impartir una formaci髇 complementaria que correr a cargo de la persona empleadora.

La formaci髇 deber impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compens醤dolo con tiempo de descanso equivalente al empleado.

Las actividades de formaci髇 en materia preventiva previstas en este apartado, salvo las que se refieran a actividades que entra馿n riesgos excepcionales, se desarrollar醤 a trav閟 de la plataforma formativa prevista en la disposici髇 adicional quinta.

Art韈ulo 6 Riesgo grave e inminente

1. Cuando las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar est閚 o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasi髇 de su trabajo, la persona empleadora estar obligada a:

  • a) Informar lo antes posible a las personas trabajadoras afectadas acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protecci髇.
  • b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio. En este supuesto no podr exigirse a las personas trabajadoras que reanuden su actividad mientras persista el peligro.

2. De acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 2.1, la persona trabajadora tendr derecho a interrumpir su actividad, cuando considere que dicha actividad entra馻 un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, as como a abandonar el domicilio si fuera necesario. Esta decisi髇 deber ser comunicada inmediatamente a la persona empleadora.

Las personas trabajadoras no podr醤 sufrir perjuicio alguno derivado de la adopci髇 de estas medidas, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Art韈ulo 7 Organizaci髇 de la actividad preventiva

1. En cumplimiento del deber de prevenci髇 de riesgos profesionales, la persona empleadora asumir personalmente dicha actividad, designar una o varias personas trabajadoras para ocuparse de dicha actividad, o concertar dicho servicio con un servicio de prevenci髇 ajeno.

2. La persona empleadora podr asumir personalmente las funciones se馻ladas en el apartado 1 siempre que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que deba desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el cap韙ulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci髇, o bien la capacidad suficiente para utilizar correctamente la herramienta a la que se refiere la disposici髇 adicional primera.

La persona empleadora que, por sus caracter韘ticas personales o estado biol骻ico conocido, incluida aquella que tenga reconocida la situaci髇 de discapacidad f韘ica, ps韖uica o sensorial, no pueda asumir directamente las obligaciones previstas en el apartado primero podr delegarlas en una persona de su entorno personal o familiar directo. La persona en qui閚 se delegue deber reunir los requisitos previstos en el p醨rafo anterior.

Esta delegaci髇, su justificaci髇, su aceptaci髇 expresa por ambas partes y la acreditaci髇 del cumplimiento de los requisitos por la persona delegada deber醤 constar por escrito. La delegaci髇 no podr ser objeto de contraprestaci髇 econ髆ica y la persona empleadora deber informar de ella a las personas trabajadoras.

3. Las personas trabajadoras designadas deber醤 tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en n鷐ero, teniendo en cuenta las caracter韘ticas del domicilio, as como los riesgos a que est醤 expuestas las personas trabajadoras y su distribuci髇 en el mismo.

Las personas trabajadoras a que se refiere el p醨rafo anterior colaborar醤 entre s y, en su caso, con los servicios de prevenci髇.

Para la realizaci髇 de la actividad de prevenci髇, la persona empleadora deber facilitar a las personas trabajadoras designadas el acceso a la informaci髇 y documentaci髇 resultante del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los art韈ulos 3 a 6.

Las personas trabajadoras designadas no podr醤 sufrir ning鷑 perjuicio derivado de sus actividades de protecci髇 y prevenci髇 de los riesgos profesionales en el domicilio. En ejercicio de esta funci髇 gozar醤, en particular, de las garant韆s que, para los representantes de las personas trabajadoras, establecen el art韈ulo 68.a), b) y c) y el art韈ulo 56.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Las personas trabajadoras a que se refieren los p醨rafos anteriores deber醤 guardar sigilo profesional sobre la informaci髇 relativa al hogar familiar a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempe駉 de sus funciones.

4. Se entender como servicio de prevenci髇 ajeno aquel que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.

Para el ejercicio de sus funciones, la persona empleadora deber facilitar a dicho servicio de prevenci髇 el acceso a la informaci髇 y documentaci髇 a que se refiere el p醨rafo 3 del apartado anterior.

Art韈ulo 8 Vigilancia de la salud

1. Las personas trabajadoras tienen derecho a la vigilancia de su estado de salud, que ser responsabilidad de la persona empleadora.

2. Esta vigilancia podr incluir la realizaci髇 de un reconocimiento m閐ico adecuado que tenga en cuenta todos los riesgos a los que la persona trabajadora pueda quedar expuesta, seg鷑 se hayan identificado en la evaluaci髇 de riesgos.

El reconocimiento m閐ico, adecuado y voluntario, podr ser 鷑ico por cada persona trabajadora, aun cuando preste servicio por cuenta de varias personas empleadoras. Para ello, las personas empleadoras deber醤 acreditar que las personas trabajadoras a su servicio cuentan con dicho reconocimiento.

El reconocimiento m閐ico se realizar, al menos, con una periodicidad trienal, a no ser que por decisi髇 facultativa se establezca una periodicidad inferior o sea necesario actualizar el reconocimiento por la modificaci髇 de las condiciones de trabajo.

3. Esta vigilancia s髄o podr llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su consentimiento y se realizar con las debidas garant韆s de respeto a su intimidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Herramienta gratuita de evaluaci髇 de riesgos

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el plazo de diez meses desde la publicaci髇 de esta norma, elaborar y pondr a disposici髇 de todas las personas empleadoras, a trav閟 de la p醙ina web del Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social, una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones referidas en los art韈ulos 3, 4 y 5, cuando las personas empleadoras asuman directamente la actividad preventiva o la deleguen en los t閞minos previstos en el art韈ulo 7.2, as como, en su caso, cuando se opte por la designaci髇 de una o varias personas trabajadoras que cuenten con la capacidad necesaria de conformidad con el art韈ulo 7.3.

Disposici髇 adicional segunda Prevenci髇 de la violencia y acoso en el empleo dom閟tico

1. Las personas trabajadoras que prestan servicios en el 醡bito del servicio del hogar familiar tienen derecho a la protecci髇 frente a la violencia y acoso, incluida la violencia, el acoso sexual y el acoso por raz髇 de origen racial o 閠nico, nacionalidad, sexo, identidad u orientaci髇 sexual o expresi髇 de g閚ero.

2. El abandono del domicilio ante una situaci髇 de violencia o acoso sufrida por la persona trabajadora no podr considerarse dimisi髇 ni podr ser causa de despido, sin perjuicio de la posibilidad de la persona trabajadora de solicitar la extinci髇 del contrato en virtud del art韈ulo 50 del Estatuto de los Trabajadores y de la solicitud de medidas cautelares en caso de formulaci髇 de demandas, de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci髇 social.

3. En el plazo m醲imo de un a駉 desde la publicaci髇 de esta norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborar un protocolo de actuaci髇 frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar.

Este protocolo deber incluirse dentro de la informaci髇 a que hace referencia el art韈ulo 5.1, ser publicado en las p醙inas web del Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social y del Ministerio de Igualdad y estar a disposici髇 de personas empleadoras y trabajadoras en las sedes de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Disposici髇 adicional tercera Gu韆 t閏nica en materia de prevenci髇 de riesgos laborales en el trabajo dom閟tico

1. En el plazo m醲imo de un a駉 desde la publicaci髇 de esta norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborar una gu韆 t閏nica para la prevenci髇 de los riesgos laborales en el servicio del hogar familiar.

2. Esta gu韆 t閏nica ser publicada en la p醙ina web del Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social y estar a disposici髇 de personas empleadoras y trabajadoras en las sedes de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Disposici髇 adicional cuarta Recargo de las prestaciones econ髆icas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

No ser de aplicaci髇 a las personas trabajadoras que prestan servicios en el 醡bito del servicio del hogar familiar el recargo de las prestaciones econ髆icas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional a que se refiere el art韈ulo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de conformidad con el art韈ulo 3.2 del Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre.

Disposici髇 adicional quinta Formaci髇 en materia preventiva con cargo al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal y apoyo de la Fundaci髇 Estatal para la Formaci髇 en el Empleo F.S.P

De conformidad con lo previsto en el art韈ulo 25.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formaci髇 Profesional para el Empleo en el 醡bito laboral, las actividades de formaci髇 en materia preventiva previstas en el art韈ulo 5.3, salvo las que se refieran a actividades que entra馿n riesgos excepcionales, se desarrollar醤 a trav閟 de una plataforma formativa cuya gesti髇 corresponder a la Fundaci髇 Estatal para la formaci髇 en el Empleo (Fundae). Estas actividades de formaci髇 deber醤 contemplar un proceso de autoevaluaci髇 y ser醤 certificables, todo ello en los t閞minos que se establezcan mediante resoluci髇 del Servicio P鷅lico de Empleo Estatal que habr de dictarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma.

Disposici髇 adicional sexta Realizaci髇 de reconocimientos m閐icos por el Sistema Nacional de Salud

El Ministerio de Sanidad promover la inclusi髇 de la realizaci髇 gratuita de los reconocimientos m閐icos previstos en el art韈ulo 8 en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en los t閞minos del art韈ulo 8 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualizaci髇.

Disposici髇 adicional s閜tima No incremento del gasto p鷅lico

La aplicaci髇 de este real decreto se har sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos 髍ganos directivos y no supondr incremento de gasto p鷅lico.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci髇

Se incorpora una nueva disposici髇 adicional decimotercera al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci髇, con el siguiente contenido:

獶isposici髇 adicional decimotercera Servicios de ayuda a domicilio

1. Los servicios de ayuda a domicilio para personas en situaci髇 de dependencia, consistentes en la atenci髇 de las necesidades del hogar y los cuidados personales, tal y como se indica en el art韈ulo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, y de atenci髇 a las necesidades de su vida cotidiana, que sean prestados por personas empleadas por empresas en r間imen de contrataci髇 directa o como consecuencia de la concesi髇 de la prestaci髇 del servicio por parte de una entidad p鷅lica en el marco del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia regulado en el t韙ulo I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, deber醤 cumplir con las especialidades descritas en los siguientes apartados de esta disposici髇 adicional, adem醩 de con el resto de las obligaciones establecidas en materia preventiva.

Tambi閚 se incluyen los servicios llevados a cabo en el domicilio en el marco de otras actuaciones relativas al respiro familiar, la intervenci髇 y el apoyo familiar, la intervenci髇 y protecci髇 de los menores, o la prevenci髇 o inclusi髇 social, definidas en la normativa de aplicaci髇.

2. En la realizaci髇 de la evaluaci髇 de riesgos, se deber醤 observar las siguientes normas:

  • a) En aplicaci髇 del art韈ulo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las empresas que empleen a personal dedicado a la actividad de ayuda a domicilio deber醤 efectuar una evaluaci髇 completa de los riesgos laborales que afectan a las personas trabajadoras en el desarrollo de sus tareas.
    Asimismo, en atenci髇 a lo recogido en el art韈ulo 4.7. de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se entender que las caracter韘ticas del domicilio de la persona dependiente, en su dimensi髇 de medio f韘ico donde tienen lugar las tareas que la persona trabajadora debe desarrollar, se incorporan como condiciones de trabajo desde la perspectiva de la prevenci髇 de riesgos laborales.
  • b) En aplicaci髇 de lo anterior, el deber de protecci髇 al que se refiere el art韈ulo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, solo podr entenderse cumplido cuando los riesgos a los que est expuesta la persona trabajadora sean conocidos y evaluados a trav閟 de visita presencial acreditada y efectuada a todos los domicilios en los que aquella deba prestar servicios.

3. La planificaci髇 y adopci髇 de medidas preventivas deber醤 respetar las siguientes reglas:

  • a) La empresa estar obligada a adoptar cuantas medidas resultasen necesarias seg鷑 la evaluaci髇 de riesgos, siempre que permitan garantizar un nivel de protecci髇 adecuado. Tales medidas t閏nicas y organizativas podr醤, entre otras, consistir en la utilizaci髇 de medios mec醤icos para la manipulaci髇 de cargas, en una mayor dotaci髇 de personal para desarrollar las tareas, en la prolongaci髇 de los descansos entre servicios en los domicilios, o en el uso de equipos de protecci髇 individual.
    Estas medidas preventivas deber醤 ser consultadas con las delegadas y delegados de prevenci髇.
  • b) Solo cabr la introducci髇 de modificaciones en el domicilio cuando la empresa obtenga el consentimiento de las personas titulares del domicilio previamente a su adopci髇 y cuando aquellas se requieran para garantizar la protecci髇 m醩 adecuada frente a los riesgos del puesto de trabajo, de conformidad con la evaluaci髇 de riesgos.
    De la solicitud de dicho consentimiento deber informarse a la representaci髇 unitaria y a los delegados y delegadas de prevenci髇 o al Comit de Seguridad y Salud, as como, en su caso, a la entidad p鷅lica que hubiese concedido la prestaci髇 del servicio.
  • c) Las medidas preventivas adoptadas ser醤 objeto de un control peri骴ico que permita comprobar su efectividad para la prevenci髇 de los riesgos existentes, especialmente los dorsolumbares y ergon髆icos. Para ello se establecer醤 los mecanismos adecuados que garanticen una comunicaci髇 efectiva entre la persona trabajadora y la empresa en caso de que var韊n las condiciones de trabajo evaluadas. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de volver a efectuar la evaluaci髇 de riesgos o de revisarla en los t閞minos descritos en este reglamento.

En este proceso deber醤 participar las delegadas y delegados de prevenci髇, y sobre sus resultados ser informada la persona trabajadora.

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposici髇 adicional quincuag閟ima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relaci髇 con la extensi髇 de la acci髇 protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 3 del Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, del siguiente modo:

2. No ser de aplicaci髇 a las personas incluidas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar el recargo de las prestaciones econ髆icas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional a que se refiere el art韈ulo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Disposici髇 final tercera T韙ulo competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.7. de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas.

Disposici髇 final cuarta Habilitaci髇 normativa

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo normativo y aplicaci髇 de este real decreto.

Disposici髇 final quinta Entrada en vigor

1. El real decreto entrar en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Las obligaciones previstas en este real decreto no resultar醤 exigibles hasta transcurridos seis meses desde la puesta a disposici髇 de la herramienta a la que se refiere la disposici髇 adicional primera, incluso cuando la persona empleadora concierte dicho servicio con un servicio de prevenci髇 ajeno.

3. Transcurrido el plazo se馻lado en el apartado 2, el art韈ulo 5.3 ser de aplicaci髇 a partir del momento en el que se dicte la Resoluci髇 del Servicio P鷅lico de Empleo Estatal para la puesta en marcha de las actividades de formaci髇 en materia preventiva.

4. De igual manera, una vez transcurrido el plazo del apartado 2, el art韈ulo 8.2 ser de aplicaci髇 solo cuando se desarrollen las previsiones normativas relativas a la realizaci髇 de reconocimientos m閐icos en el marco del Sistema Nacional de Salud establecido en la disposici髇 adicional sexta.