Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar

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  Seguridad y salud laboral en sectores con elevado riesgo de siniestralidad

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Sumario

V閍se la Res. de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar (獴.O.E.� 5 octubre).LE0000738844_20221005

I

La presente norma tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que adem醩 sit鷄n a este colectivo de personas trabajadoras en una situaci髇 de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias.

Se trata de un objetivo que fue formulado ya hace m醩 de diez a駉s, cuando la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci髇, adecuaci髇 y modernizaci髇 del sistema de Seguridad Social, en el 醡bito de la Seguridad Social, y el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, en el 醡bito de las condiciones de trabajo, configuraron un sistema de equiparaci髇 progresiva de la normativa laboral y de Seguridad Social, que hasta la fecha no se ha concluido.

De un lado, en el 醡bito de la Seguridad Social, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, estableci� una equiparaci髇 progresiva del sistema de cotizaci髇 de las empleadas de hogar.

De otro lado, en el 醡bito de las condiciones laborales, el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, reform� el marco de peculiaridades aplicables a las personas trabajadoras del hogar garantizando la convergencia con la normativa laboral com鷑 y estableciendo un principio seg鷑 el cual 玔l]a modificaci髇 del r間imen jur韉ico de la relaci髇 laboral especial del servicio dom閟tico se aborda desde una perspectiva que pretende conjugar el mantenimiento de las diferencias, all� donde estas encuentran una justificaci髇 objetiva y razonable, con la reducci髇 o eliminaci髇 de aquellas, cuando se comprenda que su raz髇 de ser ya no encuentra por m醩 tiempo motivo, de manera que se logre una progresiva equiparaci髇 del bagaje jur韉ico de esta relaci髇 laboral especial con la com鷑�.

Asimismo, se comprometi� –disposici髇 adicional segunda, apartado 2– la realizaci髇 de un estudio a fin de valorar:

• 1.� La viabilidad de aplicar plenamente el r間imen de extinci髇 del contrato de trabajo de la relaci髇 laboral com鷑 establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, a la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, as� como la posibilidad de incluir el desistimiento del empleador, entendido como p閞dida de confianza en el empleado, en alguna de las causas comunes de extinci髇 del contrato de trabajo establecidas en el art韈ulo 49 del Estatuto de los Trabajadores.
• 2.� La viabilidad de establecer un sistema de protecci髇 por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.

Lo anterior evidencia que exist韆 ya entonces la conciencia de que deb韆 progresarse hacia la equiparaci髇 con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el 醡bito del sistema extintivo de la relaci髇 laboral como en el de la prestaci髇 por desempleo. El debate de entonces ha sido superado por la realidad de nuestros d韆s, m醩 con la experiencia de la COVID-19 y la extensi髇 del trabajo a distancia, lo que permite afirmar que en torno a esas cuestiones existe un importante consenso social sobre la necesaria equiparaci髇 de derechos de estas personas trabajadoras con las del R間imen General de la Seguridad Social.

La prestaci髇 de servicios en el hogar familiar ha sido hist髍icamente objeto de tratamiento diferenciado respecto al resto de actividades laborales. Hay, ciertamente, peculiaridades relevantes en este tipo de actividad laboral derivadas de que la persona empleadora no tiene entidad empresarial, de que la prestaci髇 de servicios se produce en un 醡bito privado, de la alta variabilidad en las jornadas (desde el tiempo parcial muy reducido a la jornada completa), de la pluralidad, en determinados supuestos, de personas empleadoras y de otras circunstancias. Son factores que, sin duda, deben ser tenidos en cuenta en la configuraci髇 de la normativa aplicable a las personas que desarrollan esta actividad en la medida en que tengan una incidencia real en la prestaci髇 de los servicios.

Hay que tener en cuenta que la existencia de relaciones laborales especiales ha tenido como funci髇 principal la inclusi髇 de aquellas prestaciones de servicios que se desv韆n del prototipo en el 醡bito jur韉ico protector del derecho del trabajo, permiti閚dose la diversificaci髇 de protecci髇 o de tutela y obteniendo como resultado la expansi髇 tradicional de las fronteras tuitivas de esta rama del derecho. Por tanto, cuando la citada regulaci髇 especial introduce diferencias de trato que suponen una reducci髇 del nivel de protecci髇 es necesario plantear los l韒ites materiales de su configuraci髇 que, en ning鷑 caso, pueden suponer una tutela de los derechos fundamentales inferior a la prevista respecto de la relaci髇 laboral com鷑.

Existe, adem醩, un elemento hist髍ico de desvaloraci髇 del trabajo dom閟tico, que se ha mantenido en las conciencias y tambi閚 en las normas, y que es necesario corregir porque infravalora un trabajo desempe馻do hist髍ica y mayoritariamente por mujeres, contribuyendo a la perpetuaci髇 de estereotipos y al agravamiento de la brecha de g閚ero.

No puede olvidarse tampoco que un alto porcentaje de las personas que desarrollan en Espa馻 actividades en servicio del hogar no son espa駉las, con lo que el trato diferenciado en sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social puede tener consecuencias sociales que, incluso, podr韆n ser constitutivos de discriminaci髇 por raz髇 de origen racial o 閠nico, que se proh韇e de manera expl韈ita en el art韈ulo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores, tanto en el empleo como en las condiciones de empleo.

II

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, de 24 de febrero de 2022, asunto C 389/20, ha establecido con rotundidad que no son compatibles con el ordenamiento de la Uni髇 Europea las normas de Seguridad Social que sit鷈n a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no est� justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminaci髇 por raz髇 de sexo.

As� declara de manera concluyente: 獷l art韈ulo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicaci髇 progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposici髇 nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar por un r間imen legal de seguridad social, en la medida en que dicha disposici髇 sit鷈 a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no est� justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminaci髇 por raz髇 de sexo�.

En l韓ea con lo anterior, la sentencia viene a subrayar, como factor de coherencia y necesidad de los objetivos de pol韙ica social, que la exclusi髇 de la prestaci髇 por desempleo y de la obligaci髇 de cotizar por dicha contingencia implica adem醩 la imposibilidad de que las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar accedan a otras prestaciones de Seguridad Social a las que podr韆n tener derecho y cuya concesi髇 se supedita a la extinci髇 del derecho a las prestaciones por desempleo, de manera que esta mayor desprotecci髇 se traduce asimismo en una situaci髇 de mayor vulnerabilidad y desamparo.

En la STJUE de 24 de febrero de 2022, el Tribunal aplic� los criterios ya reflejados en otras sentencias previas, en las que consider� que cualquier trato diferenciado en el 醡bito de la Seguridad Social que, aun siendo aparentemente neutro, afecte mayoritariamente a mujeres, se opone a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicaci髇 progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, por ser constitutivo de discriminaci髇 indirecta por raz髇 de sexo. Entre otras, son significativas las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 22 de noviembre de 2012, asunto C-385/11 (Elbal Moreno), y de 9 de noviembre de 2017, asunto C-98/15 (Espadas Recio), ambas contra Espa馻, en las que se aplic� el mismo criterio de afectaci髇 mayoritaria a las mujeres. (獷l art韈ulo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicaci髇 progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye los d韆s no trabajados del c醠culo de los d韆s cotizados y que reduce de este modo el per韔do de pago de la prestaci髇 por desempleo, cuando est� acreditado que la mayor韆 de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por tal normativa�.)

La STJUE de 24 de febrero de 2022 tiene una trascendencia especial porque, a diferencia de los otros asuntos que, en el 醡bito de la aplicaci髇 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, se han planteado desde los 髍ganos jurisdiccionales espa駉les ante el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (por todas, STJUE de 14 de abril de 2015, asunto C 527/13), la mayor afectaci髇 femenina en el caso de las normas aplicables al sector del trabajo al servicio del hogar familiar resulta indudable.

En este contexto y considerando la manifiesta, incontrovertida y absoluta feminizaci髇 del Sistema Especial de empleo en el hogar familiar, acreditada por la propia TGSS con datos de mayo de 2021 (el 95,53 % lo conforman mujeres, y el 4,72 % de las trabajadoras del RGSS se encuentran en dicho Sistema Especial, frente al 0,21% de los hombres), el Tribunal reconoce que la exclusi髇 de la protecci髇 por desempleo entra馻 –de principio– una discriminaci髇 indirecta por raz髇 de sexo contraria al art韈ulo 4.1, de la Directiva 79/7, cuestionando que pueda contar con una justificaci髇 objetiva y ajena a dicha discriminaci髇, en t閞minos de objetivos leg韙imos y coherentes de pol韙ica social, y de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre la falta de justificaci髇 suficiente de la opci髇 legislativa de la disposici髇 nacional de excluir a las personas empleadas de hogar de las prestaciones por desempleo, basada en objetivos leg韙imos de pol韙ica social y sobre su aplicaci髇 de manera coherente y sistem醫ica, la sentencia viene a se馻lar que determinadas peculiaridades de este sector profesional que han justificado hasta la fecha las diferencias de trato, no son exclusivas del citado sector extendi閚dose a otros colectivos con condiciones de trabajo muy similares y respecto de los cuales no existen diferencias en el nivel de protecci髇 social (y laboral), encontr醤dose cubiertos frente a la contingencia de desempleo.

III

La equiparaci髇 de condiciones a la que se refiere la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 24 de febrero de 2022 trasciende el 醡bito de la Seguridad Social y llega tambi閚 al 醡bito de las condiciones de trabajo.

En efecto, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupaci髇, y el propio art韈ulo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, establecen la prohibici髇 de discriminaciones directas e indirectas en el trabajo.

Por tanto, la eliminaci髇 de cualquier diferencia de trato carente de justificaci髇 objetiva y razonable para las personas trabajadoras del hogar, de cualquier disposici髇 que 玸it鷈 a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no est� justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminaci髇 por raz髇 de sexo�, es una obligaci髇 derivada del cumplimiento de la normativa antidiscriminatoria de la Uni髇 Europea.

Adem醩, resulta imprescindible para incorporar al ordenamiento espa駉l lo establecido en el Convenio n鷐ero 189 de la OIT, sobre condiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores dom閟ticos (citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores dom閟ticos, 2011), cuya ratificaci髇 es un compromiso adquirido por el Gobierno y tambi閚 por gobiernos espa駉les anteriores, que cuenta con un amplio consenso pol韙ico, sindical y social y que tiene un espectro amplio que se refiere tanto a las condiciones de trabajo como a las de Seguridad Social. Ya el 8 de mayo de 2013 la Comisi髇 de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad una proposici髇 no de ley consensuada por todos los grupos de la C醡ara que instaba al Gobierno a someter a evaluaci髇 la ratificaci髇 del Convenio y a proceder a la adaptaci髇 de la legislaci髇 espa駉la en el sentido en que regulan el Convenio n鷐ero 189 y la Recomendaci髇 n鷐ero 201 de la Organizaci髇 Internacional del Trabajo.

Estos instrumentos jur韉icos destinados a un grupo particular de trabajadores se basan en dos principios b醩icos: los trabajadores y trabajadoras dom閟ticos tienen derecho a gozar de los derechos fundamentales en el trabajo y de una protecci髇 social y laboral m韓imas, y los trabajadores y trabajadoras dom閟ticos no pueden tener un nivel de protecci髇 inferior ni un trato menos favorable que el resto de las personas trabajadoras; puesto que la mayor韆 de los trabajadores dom閟ticos son mujeres, el fin de las exclusiones de la protecci髇 social y laboral son un paso efectivo e imprescindible hacia la realizaci髇 de la igualdad de g閚ero en el mundo del trabajo y en el ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y de protecci髇 de la mujer ante la ley.

Asimismo, es coherente con lo dispuesto en la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que recoge, en su art韈ulo 5, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formaci髇 y en la promoci髇 profesionales, y en las condiciones de trabajo y que proh韇e, en su art韈ulo 6, la discriminaci髇 directa e indirecta por raz髇 de sexo.

En suma y de acuerdo con los argumentos precedentes, la presente norma tiene como objetivo determinar de entre los preceptos aplicables a las personas trabajadoras del hogar, aquellos cuya diferencia respecto del ordenamiento laboral o social com鷑 no est醤 justificados por raz髇 de las peculiaridades de esta prestaci髇 de servicios, constituyendo para este colectivo, constituido casi de manera exclusiva por mujeres, una diferencia de trato o una desventaja particular carente de justificaci髇 objetiva y razonable y que, por ello, deben ser objeto de revisi髇, correcci髇 y, en su caso, derogaci髇.

Por tanto, procede una revisi髇 de determinados aspectos de la normativa socio-laboral –la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organizaci髇 y funcionamiento del Fondo de Garant韆 Salarial, y el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, el Reglamento General sobre inscripci髇 de empresas y afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos de personas trabajadoras en la Seguridad Social– a efectos de llevar a cabo: La equiparaci髇 de condiciones, la eliminaci髇 de aquellos tratamientos diferenciales e injustificados que generan una desventaja concreta en los t閞minos requeridos tanto por la normativa antidiscriminatoria de la Uni髇 Europea como por el Convenio 189 de la OIT, y asegurar un r間imen jur韉ico coherente y completo para el citado colectivo, anticipando y evitando el posible planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales en relaci髇 con aquellos aspectos en los que concurre identidad de raz髇 y circunstancias a los recogidos en la STJUE de 24 de febrero de 2022.

IV

Este real decreto-ley, adem醩 de la parte expositiva, consta, en su parte dispositiva, de seis art韈ulos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y siete disposiciones finales.

El art韈ulo primero elimina el apartado 4 del art韈ulo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y a馻de una disposici髇 adicional decimoctava, a fin de garantizar, a trav閟 del correspondiente desarrollo reglamentario, un nivel de protecci髇 de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora. Aun cuando no es dado obviar que la persona empleadora no tiene entidad empresarial, este hecho no puede ser 骲ice para conseguir la plena protecci髇 de estas trabajadoras en el 醡bito preventivo, puesto que ello resulta esencial no solo para asegurar la equiparaci髇 de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Uni髇 Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino tambi閚 para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.

El art韈ulo segundo, relativo a la modificaci髇 del art韈ulo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores tiene como objetivo proporcionar cobertura de garant韆 salarial al colectivo de personas trabajadoras al servicio del hogar, incluy閚dolas en su 醡bito subjetivo.

El art韈ulo tercero establece las modificaciones normativas necesarias para que se establezca la equiparaci髇 en el 醡bito de la Seguridad Social entre personas trabajadoras del hogar y el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena, de manera que quedan inalterados los aspectos contenidos en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gesti髇 y protecci髇 social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de car醕ter econ髆ico y social, que no establecen tratamientos diferenciales injustificados y menos favorables sino meros ajustes fundamentalmente formales y de gesti髇, justificados por el car醕ter no empresarial de la persona empleadora y por las especiales caracter韘ticas de la prestaci髇 de servicios en este sector de actividad. Sin embargo, s� que procede la modificaci髇 de aquellos preceptos de la normativa de Seguridad Social que sit鷄n a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no est� justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminaci髇 por raz髇 de sexo.

Se modifica por ello el art韈ulo 251 –con supresi髇 de su letra d)– del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, a efectos de que no quede excluida de la acci髇 protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar la correspondiente a desempleo.

Las personas trabajadoras al servicio del hogar son el 鷑ico colectivo laboral que carece de protecci髇 en situaci髇 de desempleo, cuando la mayor韆 hallan su ocupaci髇 en trabajos a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo se encuentran con una situaci髇 de finalizaci髇 repentina de su trabajo por defunci髇 de sus empleadores y con un r間imen especial de extinci髇 que permite los despidos arbitrarios e intempestivos, sin justificaci髇 objetiva alguna. En este contexto de especial vulnerabilidad, la prestaci髇 del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia social, una necesidad ineludible.

As�, toda vez que la STJUE de 24 de febrero de 2022 ha establecido que no se puede privar a las personas trabajadoras del hogar de su derecho a cotizar por desempleo, se debe eliminar del ordenamiento de la Seguridad Social la previsi髇 de que las personas trabajadoras de este sector de actividad quedan excluidas de la prestaci髇 por desempleo que se establec韆 en el art韈ulo 251.d) del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Una vez eliminado este apartado, la prestaci髇 por desempleo formar� parte de la acci髇 protectora del sistema especial de empleados y empleadas de hogar y, por lo tanto, ser� obligatoria la cotizaci髇 por desempleo.

La forma de realizar esa cotizaci髇 –reducida– durante el a駉 2022 se especifica en la disposici髇 transitoria segunda del presente real decreto-ley, todo ello sin perjuicio de que la cotizaci髇, a partir de enero de 2023, haya de hacerse en los t閞minos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se modifica, asimismo, el art韈ulo 267 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a fin de que conste como situaci髇 legal de desempleo la extinci髇 por causa justificada contemplada en el nuevo art韈ulo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, y a tal efecto se incorpora un nuevo apartado 8.� al art韈ulo 267.1.a).

Por 鷏timo, se actualiza el contenido de la disposici髇 transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a las bases y tipos de cotizaci髇 y acci髇 protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar incluyendo la escala de retribuciones y bases aplicable durante el a駉 2023 para la cotizaci髇 a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

El art韈ulo cuarto establece modificaciones en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organizaci髇 y funcionamiento del Fondo de Garant韆 Salarial, que son necesarias, a trav閟 de las que se reconoce, por un lado, la obligaci髇 de cotizaci髇 de las personas empleadoras del servicio dom閟tico y, por otra, proporciona una cobertura indemnizatoria a las personas trabajadoras del servicio dom閟tico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.

El art韈ulo quinto opera, por su parte, las modificaciones necesarias en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, para que se eliminen las diferencias injustificadas en las condiciones de trabajo de las personas incluidas en la relaci髇 laboral especial del servicio del hogar familiar con relaci髇 al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena.

Estas modificaciones son las siguientes:

Se modifica el art韈ulo 3.b) del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, a fin de que resulte aplicable a las personas trabajadoras de la relaci髇 laboral especial del servicio del hogar familiar lo establecido en el art韈ulo 33 del Estatuto de los Trabajadores con relaci髇 a la intervenci髇 del Fondo de Garant韆 Salarial.

La exclusi髇 de la cobertura dispensada por el Fondo de Garant韆 Salarial a las personas trabajadoras en el hogar es una diferencia de trato injustificada, dado que en la actualidad es posible la declaraci髇 de insolvencia de las unidades familiares por la ley de segunda oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de la carga financiera y otras medidas de orden social).

Asimismo, la ratificaci髇 del Convenio 189 de la OIT aconseja ir m醩 all�, habida cuenta de que la Recomendaci髇 n鷐ero 201 de la OIT, sobre las trabajadoras y los trabajadores dom閟ticos, hecho en Ginebra el 16 de junio de 2011, compromete a los Estados 玜 asegurar que los trabajadores dom閟ticos disfruten de condiciones que no sean menos favorables que las que se apliquen a los dem醩 trabajadores en general en lo relativo a la protecci髇 de los cr閐itos laborales en caso de insolvencia o de fallecimiento del empleador�.

Se modifica tambi閚 el art韈ulo 5.1. 2 y 4 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, referido a la forma del contrato de trabajo. As� se establece en el nuevo apartado 2 que la presunci髇 del car醕ter indefinido de la relaci髇 laboral se producir� cuando el contrato no se realice por escrito, cualquiera que sea la duraci髇 del mismo.

Con dicha modificaci髇 el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, se acomoda a la regulaci髇 de las presunciones sobre el car醕ter indefinido de las relaciones laborales establecidos para una lucha efectiva contra la precariedad en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo. Asimismo, con esta modificaci髇 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, se garantiza que la persona trabajadora reciba informaci髇 acerca de las condiciones de trabajo esenciales de su contrato sea cual sea la duraci髇 del mismo, tal y como establece la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Uni髇 Europea.

Por 鷏timo, se modifica el art韈ulo 11 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en el que se regulan las peculiaridades extintivas de las relaciones laborales en el hogar familiar.

El art韈ulo 11 es objeto de una intensa remodelaci髇 por la cual se eliminan la mayor韆 de las diferencias que exist韆n con anterioridad y que hac韆n que la protecci髇 frente al despido sin causa fuera muy inferior a la establecida para el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena.

El desistimiento, 玦nstituci髇 de excepci髇� viene regulada en el art韈ulo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, y permite de modo unilateral, mediante el pago de una indemnizaci髇 y sin alegaci髇 de causa, acometer el 玶ompimiento brusco –en el sentido de inopinado- del contrato�. Se trata de una figura presente 鷑icamente en la regulaci髇 del trabajo dom閟tico y el r間imen especial de alta direcci髇.

En primer lugar, la existencia de la figura del desistimiento provoca que se desvanezcan los l韒ites garantistas del despido objetivo para tales situaciones al existir una v韆 intermedia de convalidaci髇 de la extinci髇 ad nutum. Precisamente por ello la persona empleadora se ver� atra韉a por este mecanismo extintivo –salvo en aquellos casos en que resulte irrebatible la causa del despido disciplinario–, dada la falta de necesidad de alegar causa y la cuant韆 menor de la indemnizaci髇 que la fijada para la improcedencia del despido.

En segundo lugar, la eliminaci髇 de la figura del desistimiento resulta necesaria en el caso de esta relaci髇 laboral especial desde el momento en que constituye una diferencia de trato no justificada en perjuicio de las trabajadoras que adem醩 tiene como efectos una mayor desprotecci髇, un d閒icit de tutela en los casos de discriminaci髇 y un incremento de la precariedad y vulnerabilidad de este colectivo. Esto es, la condici髇 de la parte empleadora no puede desplazar y vaciar de contenido el objeto tuitivo del Derecho del Trabajo.

En tercer lugar, se pone de manifiesto en reiteradas sentencias de nuestros Tribunales internos que las personas al servicio del hogar familiar disfrutan de una tutela de derechos fundamentales muy inferior a la que se prev� en la relaci髇 laboral com鷑. La inaplicaci髇 en el caso de desistimiento del principio de nulidad objetiva del despido de la trabajadora embarazada, cuya finalidad es la de proporcionar una tutela m醩 en閞gica que la ordinaria frente a la discriminaci髇, es prueba palpable de ello.

Por ello el presente real decreto-ley modifica el art韈ulo 11 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, para que la extinci髇, sin perjuicio de las causas comunes previstas en el Estatuto de los Trabajadores, solo pueda producirse por causa justificada en atenci髇 a las particularidades de la relaci髇 laboral en el hogar, describiendo el precepto, de un lado, las concretas situaciones que habilitar韆n esta forma especial de extinci髇 y asegurando, de otro lado, que la decisi髇 extintiva ha sido adoptada por la persona empleadora en base a unas circunstancias valorables objetivamente. As� por raz髇 de lo anterior, se recogen como causas que pueden justificar la extinci髇 y sujetas al r間imen jur韉ico previsto en el citado precepto, la disminuci髇 de los ingresos de la unidad familiar o incremento de su gastos por circunstancia sobrevenida, como por ejemplo la p閞dida del trabajo o la declaraci髇 de incapacidad para el trabajo de la persona empleadora; la modificaci髇 sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar, como podr韆n ser, entre otras, la asunci髇 de las citadas tareas por entidad p鷅lica o el cambio en las necesidades de cuidado de alg鷑 miembro de la unidad familiar; as� como el comportamiento de la persona trabajadora que fundamenta de manera razonable y proporcionada la p閞dida de confianza de la persona empleadora.

El art韈ulo sexto introduce las modificaciones reglamentarias oportunas en el apartado 2 del art韈ulo 43 del Reglamento General sobre inscripci髇 de empresas y afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos de personas trabajadoras en la Seguridad Social, a fin de suprimir, con respecto a las personas trabajadoras incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el R間imen General de la Seguridad Social que presten sus servicios durante menos de sesenta horas mensuales por empleador, la posibilidad de que aquellos soliciten directamente su afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos cuando as� lo acuerden con los empleadores.

La disposici髇 adicional primera recoge los beneficios en la cotizaci髇 aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, incluyendo una modulaci髇 de aquellos en funci髇 de las condiciones de renta y patrimonio y las necesidades de cuidado de las familias.

La disposici髇 adicional segunda establece las previsiones necesarias para la asunci髇 por las personas empleadoras de las obligaciones en materia de cotizaci髇 con relaci髇 a las personas empleadas del hogar que presten sus servicios durante menos de sesenta horas mensuales.

La disposici髇 adicional tercera se refiere al suministro de informaci髇 al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal por parte de las administraciones tributarias.

La disposici髇 adicional cuarta establece el compromiso de creaci髇 de una comisi髇 de estudio cuyo objetivo es la inclusi髇 de la perspectiva de g閚ero en el cuadro de enfermedades profesionales regulado en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificaci髇 y registro, a efectos de que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el 醡bito de la protecci髇 ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.

La disposici髇 adicional quinta prev� la evaluaci髇 de las nuevas bonificaciones en la cotizaci髇 en el Sistema Especial para Empleados de Hogar a fin de valorar su eficacia.

La disposici髇 adicional sexta, sobre acreditaci髇 de competencias, con arreglo a la cual el Gobierno desarrollar� pol韙icas de formaci髇 y acreditaci髇 para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o atenci髇 de las personas miembros de la familia o de las personas que formen parte del 醡bito dom閟tico y familiar.

La disposici髇 transitoria primera establece que la nueva norma ser� de aplicaci髇 a los contratos vigentes a su fecha de entrada en vigor.

La disposici髇 transitoria segunda establece las reglas de cotizaci髇 por desempleo y al Fondo de Garant韆 Salarial que deben aplicarse desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022.

La disposici髇 transitoria tercera prev� el r間imen transitorio de mantenimiento de los beneficios por la contrataci髇 de cuidadores en familias numerosas.

La disposici髇 transitoria cuarta establece unos plazos extraordinarios en la gesti髇 de ayudas al transporte p鷅lico, previstas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.

La disposici髇 transitoria quinta se ocupa del r間imen de devoluci髇 de importes aplicable a los t韙ulos multiviaje de los servicios AVANT entre Ourense y A Coru馻 y Madrid-Salamanca.

La disposici髇 derogatoria 鷑ica deroga diferentes previsiones en materia de bonificaciones aplicables en la cotizaci髇 en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, que han quedado incorporadas al texto de este real decreto-ley y en materia de cotizaci髇 con relaci髇 a las personas empleadas de hogar que presten sus servicios durante menos de sesenta horas mensuales por empleador.

En cuanto a la disposici髇 final primera, incorpora una modificaci髇 de la disposici髇 adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la cual se regula la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, para aclarar los extremos relativos a la financiaci髇 de la fundaci髇, la elaboraci髇 de las bases y convocatorias, el desarrollo de las acciones previstas en los 醡bitos territoriales y las organizaciones beneficiarias de las subvenciones, en la l韓ea apuntada por la recomendaci髇 del Tribunal de Cuentas.

Por lo que se refiere a la disposici髇 final segunda modifica con car醕ter puntual determinados preceptos relativos a las medidas en materia de transportes introducidas por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica, y para la recuperaci髇 econ髆ica y social de la isla de La Palma.

La disposici髇 final tercera introduce una modificaci髇 en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activaci髇 para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, para ampliar el plazo de adaptaci髇 normativa en materia de pol韙icas activas de empleo.

Las disposiciones finales cuarta, quinta, sexta y s閜tima se refieren, respectivamente, a la cl醬sula de salvaguarda del rango de las disposiciones reglamentarias que se modifican, a los t韙ulos competenciales, a la habilitaci髇 normativa para el desarrollo reglamentario y, en particular, a la concerniente al desarrollo reglamentario de la disposici髇 adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, para concluir con la entrada en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, con las excepciones previstas en la propia disposici髇 final.

V

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la, el contenido del real decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos y de oportunidad pol韙ica que requieren su aprobaci髇 inmediata. De un lado, la presente norma garantiza el cumplimiento de la normativa de la Uni髇 Europea y, en concreto, de la Directiva 79/7 /CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, y de la Directiva 2006/54 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, cumpliendo as� con el principio de primac韆 del derecho europeo. Adem醩, asegura la adecuada e inmediata traslaci髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea en la STJUE de 24 de febrero de 2022, estableciendo con car醕ter inmediato el derecho a la cotizaci髇 por desempleo que dicha sentencia reconoce a las personas trabajadoras del hogar.

Pero, de otro lado, el presente real decreto-ley responde a la necesidad imperativa de establecer un marco normativo seguro, evitando que se produzcan resoluciones judiciales a nivel interno que resulten contradictorias entre s�. En efecto, la STJUE de 24 de febrero de 2022 indica que, sin perjuicio de las diferencias normativas justificadas por las peculiaridades indudables de la relaci髇 laboral especial de las personas trabajadoras del hogar, cualquier trato peyorativo no justificado debe considerarse constitutivo de discriminaci髇 indirecta por raz髇 de sexo. Procede, por ello, en aras de la necesaria seguridad jur韉ica, clarificar a la luz de la doctrina del TJUE, qu� aspectos de la normativa espa駉la sobre las personas empleadas de hogar deben mantenerse en atenci髇 a las peculiaridades del sector, y que preceptos, sin embargo, deben remodelarse o derogarse por ser constitutivos de discriminaci髇 indirecta.

Por otra parte, en lo que respecta a la modificaci髇 de la disposici髇 adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, es un medio para que la Administraci髇 cumpla con algunas de sus actuaciones p鷅licas en materia preventiva, concretamente las enunciadas en el art韈ulo 7.1.a) de la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de ah� la necesidad y urgencia de introducir las modificaciones legales imprescindibles para que pueda reanudar su actividad, paralizada desde el a駉 2017, lo cual resulta fundamental en el marco del sistema de prevenci髇 de riesgos laborales espa駉l.

Y es que los cambios planteados responden a la necesidad de garantizar el funcionamiento como organismo tripartito de dicha fundaci髇, consolidando la plena legitimidad de su actuaci髇 y salvando los problemas de inseguridad jur韉ica se馻lados en la recomendaci髇 del Tribunal de Cuentas sobre el desarrollo de la citada disposici髇 adicional quinta con absoluta transparencia y garant韆 del cumplimiento de sus fines. Adem醩, esta modificaci髇 resulta indispensable para dar respuesta a las leg韙imas peticiones de territorializaci髇 de las acciones, avaladas por varios pronunciamientos judiciales, garantizando as� que las comunidades aut髇omas, que forman parte del Patronato de la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, puedan ejercer las competencias que tienen atribuidas constitucionalmente en este 醡bito.

En cuanto a la modificaci髇 que se introduce, a trav閟 de la disposici髇 final segunda, en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, es necesario y urgente corregir el desajuste del plazo actualmente previsto de un a駉, que concluye el pr髕imo 30 de septiembre, con el que realmente precisa la amplia adaptaci髇 normativa para la aplicaci髇 de los programas comunes de activaci髇 para el empleo en los diferentes 醡bitos de gesti髇, tanto por el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal como por los servicios p鷅licos de empleo de las Comunidades Aut髇omas, de ah� que el mencionado plazo se ampl韊 a dos a駉s para abordar dicho proceso de adaptaci髇.

En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC 14/2020, de 28 de enero de 2020), centradas en el cumplimiento de los compromisos europeos, la seguridad jur韉ica y la protecci髇 de los colectivos especialmente vulnerables de nuestra sociedad.

Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning鷑 caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Asimismo, y en cuanto a la prohibici髇 de afectaci髇 de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇 Espa駉la y de acuerdo con una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, el hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales de car醕ter p鷅lico est� sujeto al principio de reserva de ley, no se deriva de manera necesaria que la citada materia se encuentre excluida del 醡bito de regulaci髇 del decreto-ley que podr� penetrar en la misma en la medida en que concurran los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no 玜fecte� en el sentido constitucional del t閞mino las materias excluidas (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, FJ 6 y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9).

La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta tambi閚 oportuna, puesto que otra alternativa requerir韆 de un plazo muy superior en el tiempo, que ser韆 contraproducente porque dar韆 lugar a diferentes pronunciamientos judiciales e incluso a nuevas cuestiones prejudiciales.

Finalmente, la satisfacci髇 del objetivo perseguido requiere, sin duda, la aprobaci髇 de una disposici髇 con rango de ley, pues requiere de la modificaci髇 de diversas normas de dicho rango.

VI

Por otra parte, el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica, y para la recuperaci髇 econ髆ica y social de la isla de La Palma, estableci� una serie de medidas encaminadas a incentivar el papel del transporte p鷅lico colectivo para afrontar el escenario actual de altos precios de la energ韆, fomentando el cambio a un medio de transporte m醩 seguro, fiable, c髆odo, econ髆ico y sostenible que el veh韈ulo particular.

Una de estas medidas fue establecer unas ayudas a las administraciones p鷅licas auton髆icas y locales que aplicaran un descuento m韓imo del 30 % en los abonos multiviaje de los transportes de su competencia entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. El cr閐ito extraordinario establecido para financiar estas ayudas, cuyo objeto ser韆 el compensar la p閞dida de ingresos derivada de este descuento, fue de 200 millones de euros. Con fecha 15 de julio de 2022 se aprob� por orden ministerial la metodolog韆 para el c醠culo de las cuant韆s a recibir por cada administraci髇. En esta metodolog韆, se hizo una estimaci髇 de los importes necesarios que es necesario actualizar para garantizar que la medida est� convenientemente financiada asegurando su m醲ima efectividad.

El aumento de los costes de los combustibles est� teniendo un impacto muy notable en la capacidad de los ciudadanos para poder asumir el coste del transporte asociado a la movilidad cotidiana obligada, por motivos esencialmente de trabajo, pero tambi閚 de atenci髇 familiar, o para acceder a servicios esenciales como atenci髇 m閐ica. La persistencia de esta situaci髇 puede derivar en una incapacidad para poder dar salida a esta movilidad cotidiana obligada por veh韈ulo particular, un medio que, por otro lado, tiene asociados una serie de costes externos muy elevados que tampoco la sociedad actual puede soportar.

Por ello, el Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad econ髆ica en el 醡bito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, as� como de medidas de ahorro, eficiencia energ閠ica y de reducci髇 de la dependencia energ閠ica del gas natural, ha establecido un nuevo impulso al transporte p鷅lico colectivo, aumentando las ayudas al ciudadano, para contribuir a fomentar el cambio a un medio de transporte m醩 seguro, fiable, c髆odo, econ髆ico y sostenible que el veh韈ulo particular, pero tambi閚 por otro lado reduciendo el coste del transporte obligado de movilidad cotidiana al ciudadano en una coyuntura extraordinaria. En este sentido, cabe destacar que el art韈ulo 7 de dicho real decreto-ley modifica el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, incrementando hasta el 100% las reducciones transitorias del coste de determinados t韙ulos multiviaje, desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, para los servicios de cada uno de los n鷆leos de Cercan韆s y Rodalies, as� como para los servicios ferroviarios de Media distancia prestados tanto por la red convencional como por la red de ancho m閠rico declarados como obligaci髇 de servicio p鷅lico por las administraciones competentes.

En este sentido, las comunidades aut髇omas de Canarias e Illes Balears no disponen en su territorio de servicios ferroviarios de competencia estatal, por lo que sus ciudadanos no pueden verse beneficiados de este descuento establecido para los servicios ferroviarios que se prestan sobre la Red Ferroviaria de Inter閟 General del Estado.

Por otro lado, la insularidad es una caracter韘tica f韘ica del territorio que genera un conjunto de desequilibrios y, en este sentido, el art韈ulo 138.1 de la Constituci髇 Espa駉la reconoce el hecho insular como una circunstancia de particular atenci髇 que debe ser tenida en cuenta al establecer el adecuado y justo equilibrio econ髆ico entre las diversas partes del territorio espa駉l, con vista a la efectiva realizaci髇 del principio de solidaridad.

Por tanto, estas desventajas de la insularidad deben ser corregidas mediante la acci髇 del Estado a fin de establecer un adecuado y justo equilibrio econ髆ico interterritorial.

Por todo lo anterior, se considera que resulta necesario un trabajo de coordinaci髇 y adaptaci髇 de las pol韙icas de ayudas transitorias a la movilidad en transporte p鷅lico a las especiales circunstancias geogr醘icas y administrativas de las regiones insulares, para que las mismas sean de utilidad a los ciudadanos que habitan las islas en similar medida que al resto de ciudadanos del Estado, aprobando medidas espec韋icas a este respecto.

En este sentido, se destinan 2,2 millones para la comunidad aut髇oma de las Illes Balears y 6 millones para la de las islas Canarias. En este caso, respecto de la Comunidad Aut髇oma de Canarias el importe de 6 millones se aplica sin perjuicio de la posibilidad de llevar a cabo alg鷑 tipo de liquidaci髇 en el caso de que la ayuda estatal no sea suficiente para cubrir la reducci髇 de ingresos derivada de la implantaci髇 de la medida, que se articular韆 a lo largo de 2023 con la metodolog韆 que se estableciera en el instrumento legal necesario para ello.

Por otra parte, dicho Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, estableci� determinados plazos para la aplicaci髇 de las medidas en materia de transporte y, en concreto, en los aspectos siguientes:

• – En relaci髇 con los servicios regulares, no tur韘ticos, que Renfe presta sobre la Red Ferroviaria de Inter閟 General en virtud de convenios o contratos con las administraciones auton髆icas, a efectos de que estas administraciones aceptaran expresamente la aplicaci髇 de las condiciones recogidas en el art韈ulo 10 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, para la reducci髇 del precio de abonos y t韙ulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros SME SA., mediante escrito remitido antes del 15 de agosto, por parte del titular de la Consejer韆 con competencias en materia de transporte, a la Direcci髇 General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de modo que pudieran aplicarse los descuentos previstos en dichas relaciones.
• – En el caso de los acuerdos, convenios u otras f髍mulas jur韉icas existentes entre Renfe Viajeros SME y los consorcios de transporte u otras entidades p鷅licas que gestionen el transporte metropolitano, para establecer la posibilidad de que la liquidaci髇 de la compensaci髇 a favor de Renfe Viajeros que procediera en cumplimiento de los mismos para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 pudiera ser asumida por la Administraci髇 General del Estado siempre que dichos consorcios y entidades p鷅licas se comprometieran expresamente a utilizar la cantidad que estimen que les corresponder韆 abonar a Renfe por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 a reducir el precio de los t韙ulos multimodales integrados en los que participen servicios de Cercan韆s de Renfe durante el mismo periodo.
• – En el caso de las posibles entidades locales beneficiarias del sistema de ayudas directas al transporte de viajeros establecidas en el art韈ulo 2, para que presentaran su solicitud en la Sede Electr髇ica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electr髇ico que a tal efecto se puso a su disposici髇, y cuyo plazo de presentaci髇 de aquel finaliz� el 16 de agosto de 2022, seg鷑 se recogi� en la Resoluci髇 de la Secretar韆 de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de ampliaci髇 de plazo de presentaci髇 de solicitudes de ayudas directas al transporte de viajeros reguladas en la secci髇 primera del cap韙ulo II del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, de fecha 29 de julio de 2022.

Dado el per韔do anual en el que se ha enmarcado la aprobaci髇 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, determinados plazos de los indicados anteriormente han finalizado en per韔dos usualmente vacacionales, por lo que se considera que los mismos podr韆n haber resultado escasos y, por ello, se podr韆 comprometer la consecuci髇 de los objetivos del sistema de ayudas, al limitar las posibilidades de que todos los interesados pudieran evaluar adecuadamente la conveniencia de adherirse a la convocatoria.

En este sentido, se incluyen nuevos plazos extraordinarios que permitir醤 que determinados interesados puedan decidir adecuadamente la conveniencia de solicitar las ayudas y preparar su expediente de solicitud.

Asimismo, el citado Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, modific� el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, que estableci� reducciones transitorias del 50 % en determinados t韙ulos multiviaje, increment醤dolas hasta el 100 % desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para los servicios de cada uno de los n鷆leos de Cercan韆s y Rodalies, as� como para los servicios ferroviarios de Media distancia declarados como obligaci髇 de servicio p鷅lico por las administraciones competentes. Los servicios de media Distancia prestados por la red de Alta Velocidad denominados 獳VANT� manten韆n el descuento del 50 % en los t韙ulos multiviaje.

En este sentido, la redacci髇 literal del texto aprobado determin� que los servicios AVANT entre Ourense y A Coru馻, y entre Madrid y Salamanca se ver韆n limitados al descuento del 50 % pese a prestarse sobre la red convencional (en el caso de Salamanca es convencional entre Salamanca y Medina del Campo), de modo que es necesario matizar este tratamiento para que, en base a su car醕ter de servicio prestado sobre red convencional, puedan beneficiarse de la reducci髇 transitoria del 100 % en determinados t韙ulos multiviaje para el caso del Ourense-A Coru馻 y destinos intermedios y el origen/destino Madrid-Salamanca

De esta forma, el r間imen previsto en la disposici髇 transitoria cuarta de este real decreto-ley permitir� que, a partir del 1 de septiembre de 2022, los usuarios del AVANT Ourense-A Coru馻 y Madrid-Salamanca puedan beneficiarse de la reducci髇 transitoria del 100 % en determinados t韙ulos multiviaje de los servicios prestados con dicha calificaci髇 sobre la red convencional, ya que aunque la aprobaci髇 del real decreto-ley ser� posterior al 1 de septiembre, se establecen los mecanismos necesarios para su aplicaci髇 retroactiva.

El marco temporal establecido por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, para estas reducciones transitorias obliga a la aprobaci髇 de esta modificaci髇 por la v韆 de la extraordinaria y urgente necesidad que permite un real decreto-ley, ya que el uso de cualquier otro mecanismo de modificaci髇 legal llevar韆 a su aprobaci髇 en un per韔do temporal elevado, de modo que ya habr韆 transcurrido el plazo para su aplicaci髇 y los ciudadanos no se habr韆n podido beneficiar de esta medida, necesaria porque el aumento de los costes de los combustibles tiene un impacto muy notable en la capacidad de los ciudadanos para poder asumir el coste del transporte asociado a la movilidad cotidiana obligada, por motivos esencialmente de trabajo, pero tambi閚 de atenci髇 familiar, o para acceder a servicios esenciales como atenci髇 m閐ica. La persistencia de esta situaci髇 puede derivar en una incapacidad para poder dar salida a esta movilidad cotidiana obligada por veh韈ulo particular, un medio que, por otro lado, tiene asociados una serie de costes externos muy elevados que tampoco la sociedad actual puede soportar, muy especialmente en el eje Ourense-A Coru馻 y el Madrid-Salamanca.

VII

Este real decreto-ley cumple con los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. En primer lugar, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, puesto que esta norma es el instrumento id髇eo para cumplir eficazmente con el prop髎ito que persigue, ya expresado anteriormente, de equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena; y es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados. Igualmente se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, en tanto que es coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico.

Adem醩, por lo que respecta al principio de transparencia, tanto en esta exposici髇 de motivos como en la memoria del an醠isis de impacto normativo que acompa馻 a esta norma se definen y explicitan sus objetivos, si bien, al tratarse de un decreto-ley est� exento de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por 鷏timo, este real decreto-ley es coherente con el principio de eficiencia, dado que de su aplicaci髇 no derivan cargas administrativas innecesarias para los ciudadanos.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.7.� y 17.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las materias de legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas, as� como de legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci髇 de sus servicios por las comunidades aut髇omas, respectivamente. Asimismo, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, as� como la disposici髇 final segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.13.� y 21.� de la Constituci髇 que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica y de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de m醩 de una Comunidad Aut髇oma.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social y del Ministro de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 6 de septiembre de 2022,

DISPONGO:

Art韈ulo segundo Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

El apartado 2 del art韈ulo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:

�2. El Fondo de Garant韆 Salarial, en los casos del apartado anterior, abonar� indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliaci髇 judicial o resoluci髇 administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinci髇 de los contratos conforme a los art韈ulos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3, y de extinci髇 de contratos conforme a los art韈ulos 181 y 182 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y al art韈ulo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relaci髇 laboral de car醕ter especial del servicio del hogar familiar, as� como las indemnizaciones por extinci髇 de contratos temporales o de duraci髇 determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos, con el l韒ite m醲imo de una anualidad, excepto en el supuesto del art韈ulo 41.3 de esta norma, en que el l韒ite m醲imo ser� de 9 mensualidades y en el del art韈ulo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en que el l韒ite ser� de 6 mensualidades, sin que el salario diario, base del c醠culo, pueda exceder del doble del salario m韓imo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnizaci髇, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garant韆 Salarial para los casos de despido o extinci髇 de los contratos conforme a los art韈ulos 50 y 56, se calcular� sobre la base de treinta d韆s por a駉 de servicio, con el l韒ite fijado en el p醨rafo anterior.�

LE0000561075_20240523

Art韈ulo sexto Modificaci髇 del Reglamento General sobre inscripci髇 de empresas y afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero

El apartado 2 del art韈ulo 43 del Reglamento General sobre inscripci髇 de empresas y afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, queda modificado como sigue:

�2. En las solicitudes de alta formuladas con respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el R間imen General de la Seguridad Social deber醤 figurar, adem醩 de los datos establecidos con car醕ter general, el c骴igo de la cuenta de la entidad financiera en la que ha de domiciliarse el pago de la cotizaci髇 y los datos correspondientes al tipo de contrato de trabajo y al contenido m韓imo del mismo, consistente en el n鷐ero de horas de trabajo mensuales y semanales, en el importe del salario pactado, tanto por hora realizada como mensual, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, as� como, en su caso, en el importe del salario mensual acordado en especie y en la existencia o no de pacto de horas de presencia y/o de horas de pernocta, junto con la retribuci髇 por hora pactada.�

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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Beneficios en la cotizaci髇 aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar

1. Las personas que tengan contratada o contraten bajo cualquier modalidad contractual a una persona trabajadora al servicio del hogar y le den de alta en el R間imen General de la Seguridad Social, tendr醤 derecho a una reducci髇 del 20 por ciento en la aportaci髇 empresarial a la cotizaci髇 a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en dicho r間imen.

Asimismo, tendr醤 derecho a una bonificaci髇 del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotizaci髇 por desempleo y al Fondo de Garant韆 Salarial en ese Sistema Especial.

El燼partado 1燿e esta disposici髇 entrar� en vigor el d韆 1 de octubre de 2022, conforme establece el n鷐ero 3 de爈a disposici髇 final s閜tima del presente R.D.-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar (獴.O.E.� 8 septiembre).LE0000737177_20240523

2. Como alternativa a la reducci髇 prevista en el p醨rafo primero del apartado anterior, las personas empleadoras que den de alta en el R間imen General de la Seguridad Social a una persona trabajadora al servicio del hogar, a partir de la entrada en vigor de este apartado, tendr醤 derecho, durante toda la situaci髇 de alta en dicho r間imen, a una bonificaci髇 del 45 por ciento o del 30 por ciento en la aportaci髇 empresarial a la cotizaci髇 a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el mismo, cuando cumplan los requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora en los t閞minos y condiciones que se fijen reglamentariamente.

Estas bonificaciones solo ser醤 aplicables respecto de una 鷑ica persona empleada de hogar en alta en el R間imen General de la Seguridad Social por cada persona empleadora. Si hubiese m醩 de una persona empleada de hogar en alta en dicho R間imen por cada persona empleadora, la bonificaci髇 ser� aplicable 鷑icamente respecto de aquella que figure en alta en primer lugar.

3. Corresponder� al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal la determinaci髇 del derecho a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a las que se refiere el apartado anterior. El inicio del derecho a esta bonificaci髇 de cuotas se producir� a partir del mes en que el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal comunique a la Tesorer韆 General de la Seguridad Social los beneficiarios y el porcentaje que corresponda aplicar a cada uno de ellos. Reglamentariamente se establecer� el procedimiento para la determinaci髇 del derecho e intercambio de informaci髇, que se deber� realizar a trav閟 de procedimientos automatizados, entre las distintas Administraciones p鷅licas, entre las que se encontrar醤 las Administraciones tributarias, incluidas las de r間imen foral.

Corresponder� al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal el control de los requisitos y condiciones establecidos para la aplicaci髇 de estas bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y a la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia de su cumplimiento.

4. La reducci髇 en la cotizaci髇 del apartado 1 ser� financiada con aportaciones del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social. La bonificaci髇 del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotizaci髇 por desempleo y al Fondo de Garant韆 Salarial en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, prevista en el apartado 1, ser� financiada por el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal y el Fondo de Garant韆 Salarial, cada uno en la parte que afecte a sus respectivas cotizaciones sociales.

Las bonificaciones establecidas en el apartado 2, ser醤 financiadas por el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal.

Los apartados 2 y 3, as� como el p醨rafo segundo del apartado 4 de esta disposici髇,爀ntrar醤 en vigor el d韆 1 de abril de 2023, conforme establece el n鷐ero�4 de la disposici髇 final s閜tima del presente R.D.-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar (獴.O.E.� 8 septiembre).LE0000737177_20240523

5. Respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, tambi閚 podr醤 resultar de aplicaci髇 las deducciones en la cotizaci髇 a la Seguridad Social establecidas en el art韈ulo 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; en el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los per韔dos de descanso por maternidad, adopci髇 y acogimiento, y en la disposici髇 adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, no result醤doles aplicables las exclusiones que pudieran establecerse para las relaciones laborales de car醕ter especial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria tercera Mantenimiento de los beneficios por la contrataci髇 de personas cuidadoras en familias numerosas

Las bonificaciones por la contrataci髇 de personas cuidadoras en familias numerosas que se estuvieran aplicando el 1 de abril de 2024, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 a las familias numerosas, as� como las bonificaciones a que se tenga derecho por los contratos celebrados a partir de dicha fecha al amparo de lo establecido en la disposici髇 adicional tercera bis del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contrataci髇 laboral y mejora de la protecci髇 social de las personas artistas, mantendr醤 su vigencia hasta la fecha de efectos de la baja de las personas cuidadoras que den derecho a las mismas en el R間imen General de la Seguridad Social.

Tales bonificaciones ser醤 incompatibles con la reducci髇 en la cotizaci髇 establecida en el p醨rafo primero del apartado 1 de la disposici髇 adicional primera de este real decreto-ley, as� como con las bonificaciones establecidas en el apartado 2 de dicha disposici髇 adicional.

LE0000920842_20240523 Disposici髇 transitoria tercera redactada por el apartado uno de la disposici髇 final quinta del R.D.-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificaci髇 y mejora del nivel asistencial de la protecci髇 por desempleo, y para completar la transposici髇 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (獴.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2024

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales

Se modifica la disposici髇 adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, que tendr� la siguiente redacci髇:

獶isposici髇 adicional quinta Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP

1. La Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 7.1.a), tendr� como finalidad la promoci髇 de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las peque馻s empresas, a trav閟 de la gesti髇 y el fomento de acciones de informaci髇, asistencia t閏nica, formaci髇 e impulso del cumplimiento de la normativa de prevenci髇 de riesgos.

A la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, le corresponde la gesti髇 de las acciones ordinarias de impulso de la prevenci髇 de riesgos laborales de 醡bito estatal, cuyo importe ser� del 33 % del presupuesto total de las mismas, y en las ciudades de Ceuta y Melilla, as� como todas las acciones que se deriven de la Estrategia Espa駉la de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. La Fundaci髇 quedar� adscrita al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social. Su Patronato se conformar� por una mayor韆 de representantes de la Administraci髇 General del Estado, y se integrar� asimismo por las restantes administraciones y organizaciones presentes en la Comisi髇 Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. En garant韆 del cumplimiento de los objetivos se馻lados en el apartado 1, se observar醤 las siguientes reglas:

• a) Las acciones, tanto de la Fundaci髇 como de los correspondientes 髍ganos de las comunidades aut髇omas, se financiar醤 con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
  Con el fin de garantizar la regularidad en el cumplimiento de los fines de la Fundaci髇 y de los correspondientes 髍ganos de las comunidades aut髇omas, la Secretar韆 de Estado de la Seguridad Social y Pensiones determinar� anualmente la cuant韆 del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social que se destinar� a la realizaci髇 de las acciones de impulso de la prevenci髇 de riesgos laborales, conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente.
  La Tesorer韆 General de la Seguridad Social, en los t閞minos que se determinen reglamentariamente, transferir� con car醕ter anual al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social, con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, los cr閐itos destinados a la realizaci髇 de las acciones se馻ladas en el p醨rafo anterior, correspondiendo al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social efectuar la procedente dotaci髇 a la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, as� como las transferencias a los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas. En relaci髇 con las comunidades aut髇omas, las transferencias tendr醤 car醕ter finalista y los cr閐itos recibidos se regir醤 por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  El Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social, en aplicaci髇 de lo previsto en el p醨rafo anterior, aprobar� las bases reguladoras de todas las subvenciones, para lo cual tendr� en consideraci髇 las observaciones y necesidades manifestadas por cada comunidad aut髇oma.
  En relaci髇 con las acciones ordinarias de 醡bito estatal, las correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla y las que se deriven de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, corresponder� al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social, asimismo, la autorizaci髇 previa de la concesi髇, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposici髇 de sanciones, las de control y las dem醩 que comporten el ejercicio de potestades administrativas.
• b) La distribuci髇 de los cr閐itos presupuestarios para la planificaci髇, desarrollo y financiaci髇 de acciones de 醡bito territorial auton髆ico se realizar� a trav閟 de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
  Anualmente, el Patronato de la Fundaci髇 Estatal para la Prevenci髇 de Riesgos Laborales, FSP, propondr� al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social la distribuci髇 territorial de estos cr閐itos, para lo cual tendr� en consideraci髇 la poblaci髇 ocupada, el tama駉 de las empresas, los 韓dices de siniestralidad laboral o cualesquiera otros par醡etros de cuantificaci髇 objetiva.
• c) De acuerdo con el reparto competencial previsto en el texto constitucional y en los estatutos de autonom韆, la gesti髇 de las acciones que sean competencia de las comunidades aut髇omas se realizar� a trav閟 de los instrumentos, organismos y centros directivos que estas determinen, debiendo garantizarse, en cualquier caso, la participaci髇 de los interlocutores sociales m醩 representativos a nivel estatal y de comunidad aut髇oma en el seguimiento de las acciones, la calidad de estas y el cumplimiento de los objetivos previstos.
• d) La Comisi髇 Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo propondr� orientaciones materiales tanto al Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social como a las comunidades aut髇omas, para la elaboraci髇 y aprobaci髇 de las correspondientes convocatorias de subvenciones en sus respectivos 醡bitos competenciales.

4. La calidad, eficacia y efectividad de las acciones reguladas en la presente disposici髇 se garantizar� mediante su desarrollo por las organizaciones a las que se refiere el art韈ulo 12, por las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su 醡bito sectorial correspondiente, as� como por las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y aquellas para la consecuci髇 de cualquiera de sus fines.�.

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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activaci髇 para el empleo del Sistema Nacional de Empleo

Se modifica la disposici髇 final novena del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activaci髇 para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que queda redactada como sigue:

獶isposici髇 final novena Adaptaci髇 normativa

No obstante lo dispuesto en la disposici髇 derogatoria 鷑ica, las administraciones p鷅licas competentes dispondr醤 de un plazo de dos a駉s, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, para realizar las adoptaciones que resulten necesarias de la normativa de cada uno de los programas comunes de activaci髇 para el empleo previstos en el mismo.�

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Disposici髇 final sexta Habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario

1. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci髇 de este real decreto-ley.

2. El Gobierno deber� aprobar, en el plazo de seis meses desde la publicaci髇 de este real decreto-ley, el desarrollo reglamentario de la disposici髇 adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

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Disposici髇 final s閜tima Entrada en vigor

1. El presente real decreto-ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, con las excepciones que se indican en los apartados siguientes.

2. La modificaci髇 normativa efectuada por el art韈ulo sexto, as� como las letras a) y c) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica, en las que se prev� la derogaci髇 de la disposici髇 adicional vig閟ima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la derogaci髇 del art韈ulo 34 bis del Reglamento General sobre Cotizaci髇 y Liquidaci髇 de otros Derechos de la Seguridad Social, surtir醤 efectos desde el d韆 1 de enero de 2023.

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3. El apartado 1 de la disposici髇 adicional primera entrar� en vigor el d韆 1 de octubre de 2022.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 y el p醨rafo segundo del apartado 4 de la disposici髇 adicional primera, producir醤 efectos cuando entre en vigor el desarrollo reglamentario previsto en los citados preceptos.

LE0000920842_20240523 N鷐ero 4 de la disposici髇 final s閜tima redactado por el apartado dos de la disposici髇 final quinta del R.D.-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificaci髇 y mejora del nivel asistencial de la protecci髇 por desempleo, y para completar la transposici髇 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (獴.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2024