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Sumario

V閍se la Res. de 12 de marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad y reducci髇 de la carga financiera y otras medidas del orden social (獴.O.E.� 18 marzo).LE0000548709_20150318

V閍se la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de la carga financiera y otras medidas de orden social (獴.O.E.� 29 julio).LE0000557314_20200901

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La econom韆 espa駉la lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperaci髇 y consolidando un crecimiento econ髆ico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los 鷏timos a駉s, est� teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepci髇 general de la situaci髇 que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones.

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un 閤ito de la sociedad espa駉la en su conjunto, la cual ha dado una vez m醩 muestras de su sobrada capacidad para sobreponerse a situaciones dif韈iles. La segunda es que todav韆 existen muchos espa駉les que siguen padeciendo los efectos de la recesi髇. Y es misi髇 de los poderes p鷅licos no cejar nunca en el empe駉 de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a trav閟 de las oportunas reformas encaminadas al bien com鷑, a la seguridad jur韉ica y, en definitiva, a la justicia.

En este 醡bito se enmarca de manera muy especial la llamada legislaci髇 sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominaci髇: el que una persona f韘ica, a pesar de un fracaso econ髆ico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podr� satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la econom韆. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean p鷅licos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la econom韆 sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundar� en beneficio del empleo.

A esta finalidad responde la primera parte de este real decreto-ley, por el cual se regulan diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos introducido en nuestra legislaci髇 concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci髇, y se introduce un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas f韘icas destinado a modular el rigor de la aplicaci髇 del art韈ulo 1911 del C骴igo civil. Conviene explicar brevemente cu醠es son los principios inspiradores de la regulaci髇 introducida a este respecto.

El concepto de persona jur韉ica es una de las creaciones m醩 relevantes del Derecho. La ficci髇 consistente en equiparar una organizaci髇 de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes y beneficiosos efectos en la realidad jur韉ica y econ髆ica. Mediante dicha ficci髇, las personas jur韉icas, al igual que las naturales, nacen, crecen y mueren. Adem醩, el principio de limitaci髇 de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que 閟tas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metaf髍ico), extingui閚dose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidaci髇, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez liquidado todo el activo.

Puede afirmarse que el principio de limitaci髇 de responsabilidad propio de las sociedades de capital est� en buena medida en el origen del desarrollo econ髆ico de los tres 鷏timos siglos. En el fondo, este principio de limitaci髇 de la responsabilidad se configur� como un incentivo a la actividad empresarial y a la inversi髇. El legislador incentivaba la puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos capitales ser韆n la p閞dida m醲ima del inversor, sin posibilidad de contagio a su patrimonio personal.

Pero la limitaci髇 de responsabilidad es una limitaci髇 de responsabilidad de los socios, que no de la sociedad, la cual habr� de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuesti髇 que se plantea entonces es el fundamento 鷏timo para el diferente r間imen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a trav閟 de una persona jur韉ica interpuesta y cuando esa misma persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podr� beneficiarse de una limitaci髇 de responsabilidad, en el segundo quedar� sujeta al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el art韈ulo 1911 del C骴igo Civil.

Adem醩, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, plante醤dose entonces el fundamento 閠ico de que el ordenamiento jur韉ico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteraci髇 totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contra韉os. No puede olvidarse con ello que cualquier consideraci髇 閠ica a este respecto debe cohonestarse siempre con la leg韙ima protecci髇 que el ordenamiento jur韉ico debe ofrecer a los derechos del acreedor, as� como con una premisa que aparece como dif韈ilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condici髇 que el que no lo hace.

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitaci髇 del principio de responsabilidad patrimonial universal del art韈ulo 1911 del C骴igo civil, no est� de m醩 acudir a los antecedentes hist髍icos de dicho precepto, as� como al contexto legislativo del mismo.

La inteligencia completa de este art韈ulo hab韆 de completarse con otros dos preceptos del mismo C骴igo Civil ubicados sistem醫icamente en el mismo cap韙ulo. Nos referimos a los hoy derogados art韈ulos 1919 y 1920 del citado cuerpo legal que se馻laban respectivamente lo siguiente: 玈i el deudor cumpliere el convenio, quedar醤 extinguidas sus obligaciones en los t閞minos estipulados en el mismo; pero, si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacer� el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su cr閐ito primitivo, y podr� cualquiera de ellos pedir la declaraci髇 o continuaci髇 del concurso� y 玁o mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservar醤 閟tos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulteriormente adquirir, la parte de cr閐ito no realizada�.

Aparec韆n seg鷑 estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneraci髇 de pasivo ligada a un convenio entre deudor y acreedores y a su cumplimiento, as� como el principio de limitaci髇 de la exoneraci髇 en caso de venir el deudor a mejor fortuna, pero tambi閚 circunscrito al devenir del propio convenio. Pero parad骿icamente no parec韆 haber ninguna previsi髇 relativa a la exoneraci髇 del deudor en el caso de que 閟te hubiese liquidado su patrimonio es decir en el caso de que, simple y llanamente, lo hubiese perdido todo.

El art韈ulo 1920 suscit� bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al C骴igo civil, se馻laba lo siguiente: 獷sta disposici髇 criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos del deudor derivados del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las razones y los motivos, en virtud de los que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores dentro o fuera del juicio de concurso (…) en consideraci髇 a las dif韈iles circunstancias en que se encuentra el que por carecer de bienes bastantes a cubrir su pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente todas sus obligaciones; (…) nada extra駉 tiene (…) que desapareciendo dicha raz髇 por haber cesado las dificultades (…) venga obligado el deudor a satisfacer la parte de cr閐ito no realizada por sus acreedores�. Y continuaba el mismo autor se馻lando que con ello se hab韆 conseguido disipar 玪as dudas que a los int閞pretes de nuestro antiguo derecho suger韆 la inteligencia de la ley 3� del t韙ulo 15� de la Partida 5.

Pero lo cierto es que el art韈ulo 1920 no establec韆 ninguna gradaci髇 de la mejora de fortuna ni tampoco ninguna limitaci髇 del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulteriormente adquirir, la parte no satisfecha del cr閐ito. Ello conllevaba una limitaci髇 manifiesta de la capacidad del deudor de mejorar de fortuna y tambi閚 un escaso incentivo para intentar efectivamente dicha mejora.

Y es que la ley de las Partidas que, en opini髇 de Manresa hab韆 quedado superada por el art韈ulo 1920 del C骴igo civil, era en cierto modo m醩 favorable al deudor al se馻lar lo siguiente: 獷l desamparamiento que faze el debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que despu閟 non puede ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podr韆 pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir�. As� pues, la Ley de Partidas ya previ� la liberaci髇 del deudor tras un proceso de liquidaci髇 de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y adem醩, en cierto modo, estableci� una modulaci髇 de la mejor fortuna al no permitir que 閟ta pudiera jugar en perjuicio del deudor salvo cuando 閟te pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresi髇 ciertamente algo confusa, parte de ellas) sin perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con 玹an gran ganancia� que en principio debiera considerarse at韕ica.

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 a駉s desde que termin� la redacci髇 de la gran obra legislativa de Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jur韉icos hispanoamericanos, pero sorprende ver c髆o en esta materia hab韆n llegado en algunos aspectos a unos preceptos m醩 avanzados que la codificaci髇 decimon髇ica.

La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde obviamente a una t閏nica legislativa m醩 moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho hist髍ico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios inspiradores no obedezcan a una improvisaci髇, sino antes bien al resultado de muchos a駉s o incluso siglos de reflexi髇 sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentaci髇 demag骻ica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar. Para que la econom韆 crezca es preciso que fluya el cr閐ito y que el marco jur韉ico aplicable d� confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se producir韆 precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del cr閐ito o, al menos, su encarecimiento.

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad dise馻do por este real decreto-ley establece los controles y garant韆s necesarios para evitar insolvencias estrat間icas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aqu閘 que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidaci髇. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitir� revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa.

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jur韉ica.

Adem醩 de la regulaci髇 del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos pre o paraconcursales, este real decreto-ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sistem醫ico a continuaci髇.

II

Este real decreto-ley se estructura en once art韈ulos, agrupados en dos t韙ulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria 鷑ica y tres disposiciones finales.

El t韙ulo I, bajo la r鷅rica 玀edidas urgentes para la reducci髇 de la carga financiera�, contiene tres art韈ulos de car醕ter modificativo a trav閟 de los que se da nueva redacci髇 a determinados preceptos de otras tantas normas legales: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social.

El t韙ulo II, 玂tras medidas de orden social�, se estructura en tres cap韙ulos.

El primero de ellos recoge en sus cuatro art韈ulos una serie de medidas relativas al 醡bito tributario y de las Administraciones P鷅licas, a trav閟 de la modificaci髇 de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El cap韙ulo II contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el 醡bito de la Seguridad Social. As�, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creaci髇 de empleo estable, consistente en la fijaci髇 de un m韓imo exento en la cotizaci髇 empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contrataci髇 indefinida de trabajadores. En segundo lugar, se sit鷄 en 20 el n鷐ero de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y en el art韈ulo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecci髇 por desempleo y mejora de la ocupabilidad, as� como de la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. En tercer lugar, y por 鷏timo, se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional aut髇omo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

La parte dispositiva de la norma se cierra con el cap韙ulo III, 玀edidas relativas al 醡bito de la Administraci髇 de Justicia�, de su t韙ulo II, en cuyo 鷑ico art韈ulo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 醡bito de la Administraci髇 de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, para adecuar el r間imen de tasas judiciales a la concreta situaci髇 de los sujetos obligados al pago de la misma.

Por lo que se refiere a la parte final de esta norma, las disposiciones adicionales primera a quinta complementan las modificaciones introducidas por su t韙ulo I, al regular las funciones de mediaci髇 concursal, la remuneraci髇 del mediador concursal, la no preceptividad de la representaci髇 del deudor en el concurso consecutivo, la aplicaci髇 inform醫ica destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o la forma en que se va a producir la adhesi髇 al 獵骴igo de Buenas Pr醕ticas para la reestructuraci髇 viable de las deudas con garant韆 hipotecaria sobre la vivienda habitual� con las modificaciones que en 閘 se introducen. Todas estas previsiones regulan cuestiones que est醤 directamente relacionadas con las contenidas en el t韙ulo I y que resultan necesarias para su inmediata efectividad. En la disposici髇 adicional sexta se regula el impulso y coordinaci髇 de la negociaci髇 colectiva.

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el r間imen transitorio en materia concursal mientras que en la segunda se prev� el r間imen aplicable a la contrataci髇 indefinida formalizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley y en la tercera las solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

La disposici髇 derogatoria 鷑ica contiene la cl醬sula derogatoria referida a cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley, mientras que las tres disposiciones finales regulan respectivamente el t韙ulo competencial, las habilitaciones para el desarrollo, ejecuci髇 y aplicaci髇 de la norma y su entrada en vigor.

III

Las iniciativas contenidas en el t韙ulo I de este real decreto-ley para permitir que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta legislatura destinadas a quienes se encuentran en una situaci髇 m醩 cercana a la insolvencia por sus circunstancias econ髆icas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y aut髇omos, o personas naturales en general.

Estas iniciativas se pueden resumir agrup醤dolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

En segundo t閞mino, se mejora tambi閚 el 獵骴igo de Buenas Pr醕ticas para la reestructuraci髇 viable de las deudas con garant韆 hipotecaria sobre la vivienda habitual�, introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

Por 鷏timo, se ampl韆 por un plazo adicional de dos a駉s la suspensi髇 de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social, as� como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el t韙ulo X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulaci髇 a la de los acuerdos de refinanciaci髇 de la disposici髇 adicional cuarta. Como elementos principales del nuevo r間imen est醤 la ampliaci髇 de su 醡bito de aplicaci髇 a las personas naturales no empresarios, regul醤dose adem醩 un procedimiento simplificado para 閟tas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al r間imen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciaci髇 de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que act鷈n como tal las C醡aras de Comercio, Industria, Navegaci髇 y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un r間imen de exoneraci髇 de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneraci髇 tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusi髇 del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podr� ver exoneradas de forma autom醫ica sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los cr閐itos contra la masa, los cr閐itos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los cr閐itos concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores cr閐itos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 a駉s siguientes, el deudor podr� quedar exonerado provisionalmente de todos sus cr閐itos, excepto los p鷅licos y por alimentos, contra la masa y aqu閘los que gocen de privilegio general. Para la liberaci髇 definitiva de deudas, el deudor deber� satisfacer en ese per韔do las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

Respecto al C骴igo de Buenas Pr醕ticas para deudores hipotecarios, se ampl韆 el 醡bito subjetivo, increment醤dose el l韒ite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calcular� con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 a駉s e introduciendo una nueva forma de c醠culo del l韒ite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicaci髇 definitiva de las cl醬sulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusi髇 que las tuvieran incluidas en sus contratos.

Por 鷏timo, se ampl韆 hasta 2017 el per韔do de suspensi髇 de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en t閞minos similares a los previstos para el C骴igo de Buenas Pr醕ticas, que m醩 personas puedan acogerse a la suspensi髇.

En la presente regulaci髇 concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la para la aprobaci髇 de los decretos-leyes. La justificaci髇 de las medidas del t韙ulo I, que se complementan con las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales primera a quinta y en la disposici髇 transitoria primera, se basa en la necesidad de aliviar la precaria situaci髇 financiera que soportan algunos deudores que, a pesar de su buena fe y su esfuerzo, no alcanzan a satisfacer sus deudas pendientes a鷑 despu閟 de la liquidaci髇 de su patrimonio. Una mayor demora de la puesta en marcha de las medidas contenidas en este t韙ulo y en las disposiciones citadas no har韆 m醩 que agravar la situaci髇 de estas personas. Asimismo, conviene que los efectos econ髆icos beneficiosos de la reestructuraci髇 de la deuda y de la segunda oportunidad -como el mantenimiento de las peque馻s y medianas empresas viables operativamente pero endeudadas, la reducci髇 de los incentivos para operar en la econom韆 informal y o el aumento de las oportunidades para emprender nuevas actividades econ髆icas, por citar 鷑icamente dos de ellos- se desplieguen tan r醦ido como sea posible. Diversos estudios han puesto de manifiesto que la legislaci髇 concursal ha contribuido relativamente poco al desendeudamiento de los hogares espa駉les. Tras el imprescindible saneamiento de una parte del sistema financiero espa駉l, la introducci髇 de la segunda oportunidad, la mejora del funcionamiento del acuerdo extrajudicial de pagos y la ampliaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 del C骴igo de Buenas Pr醕ticas contribuir醤 a acelerar la ca韉a de la ratio de endeudamiento de las familias espa駉las y las peque馻s y medianas empresas. Por 鷏timo, en el presente contexto de consolidaci髇 del crecimiento econ髆ico, la r醦ida adopci髇 de las medidas contenidas en el t韙ulo I y en las concordantes disposiciones de la parte final de este real decreto-ley, que regulan determinados aspectos directamente relacionados con los previstos en el articulado, debe contribuir tan pronto como sea posible a que los beneficios de la recuperaci髇 econ髆ica alcancen a todos los segmentos de la poblaci髇.

Estas medidas estructurales se completan con la ampliaci髇 de otras coyunturales destinadas a proteger, en particular, a deudores en situaci髇 de especial vulnerabilidad. Aunque la mejor韆 del escenario econ髆ico general es apreciable, en el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situaci髇 de aquellas familias que contin鷄n sufriendo la adversidad econ髆ica, lo que justifica que se ampl韊 el 醡bito subjetivo del C骴igo de Buenas Pr醕ticas y del plazo de suspensi髇 de lanzamientos, cuya finalizaci髇 es inminente.

IV

El t韙ulo II de este real decreto-ley contiene diversas medidas de orden social.

As�, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el 醡bito tributario destinadas a rebajar la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicaci髇 de las deducciones previstas en el art韈ulo 81 bis de esta Ley.

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino tambi閚 a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel.

Al mismo tiempo, se permitir� la aplicaci髇 de las nuevas deducciones reguladas en dicho art韈ulo a los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema p鷅lico de protecci髇 de desempleo o pensiones de los reg韒enes p鷅licos de previsi髇 social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental se馻lada anteriormente, y no s髄o a los trabajadores por cuenta propia o ajena.

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciaci髇 judicialmente homologado a que se refiere el art韈ulo 71 bis y la disposici髇 adicional cuarta de dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el t韙ulo X de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades econ髆icas, ya que, en este caso, su r間imen est� previsto en la disposici髇 final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci髇 y reestructuraci髇 de deuda empresarial.

Por 鷏timo, debe indicarse que en las modificaciones que se introducen en el 醡bito del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 como presupuesto habilitante para la aprobaci髇 de un real decreto-ley, dada la particularidad del colectivo beneficiario y la necesidad de su protecci髇 por parte de los poderes p鷅licos, y el hecho de que se permita la solicitud anticipada de las deducciones a partir de la aprobaci髇 de esta norma, de manera que se puedan percibir por aquel las ayudas aprobadas en el menor tiempo posible.

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas, mediante el art韈ulo 7 de este real decreto-ley se establece la exclusi髇 de la obligaci髇 de presentar declaraci髇 en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del per韔do impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas est閚 sometidas a retenci髇, siempre que no est閚 sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r間imen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos pol韙icos.

Esta modificaci髇 debe entrar en vigor para los per韔dos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, lo que justifica la urgencia de la aprobaci髇 de la misma, teniendo en cuenta, adicionalmente, que debiera evitarse su aplicaci髇 en los pagos fraccionados correspondientes a dichos per韔dos impositivos.

En segundo lugar, en el 醡bito de las Administraciones P鷅licas, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo una serie de medidas en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos existentes en materia de negociaci髇 colectiva, representaci髇 y participaci髇 del personal al servicio de las Administraciones P鷅licas. Entre otras modificaciones, dicho real decreto-ley efectu� una nueva ordenaci髇 de las unidades electorales en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado estableci閚dose as� un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el procedimiento de elecci髇 de los representantes de los empleados p鷅licos ante los 髍ganos de negociaci髇 y participaci髇. Estos instrumentos de negociaci髇 y participaci髇 configuran un abanico de garant韆s para la representaci髇 del empleado p鷅lico, de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, y que pretende afianzar la efectiva defensa de sus derechos e intereses en el 醡bito de las Administraciones P鷅licas.

La Mesa General de Negociaci髇 de la Administraci髇 General del Estado para materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociaci髇 del personal funcionario de la Administraci髇 General del Estado, en su sesi髇 conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acordaron proponer al Gobierno tres iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de participaci髇 y negociaci髇 colectiva en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado. La finalidad de dicha propuesta consiste en la introducci髇 de una serie de adaptaciones y mejoras t閏nicas en las medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Precisamente la pr髕ima celebraci髇 de elecciones sindicales en la Administraci髇 General del Estado justifica la necesidad de adoptar dichas modificaciones de los instrumentos de participaci髇 y negociaci髇 existentes, con car醕ter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades detectadas en el marco de dicho proceso y con objeto de mejorar tanto el marco jur韉ico aplicable como el sistema de garant韆s que deben presidirlo.

Se trata, en definitiva, de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la configuraci髇 en las unidades electorales, y que resulta preciso efectuar mediante modificaci髇 de una norma con rango de ley. Para su adopci髇, tras el oportuno per韔do de negociaci髇, la propuesta ha contado con el voto favorable de la mayor韆 de organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y, particularmente, de las organizaciones m醩 representativas: CCOO, UGT y CSIF.

En primer lugar, se mejora la articulaci髇 contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, en materia de 髍ganos de representaci髇 del personal estatutario del 醡bito sanitario, del personal docente no universitario, as� como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia; se trata de colectivos de personal espec韋ico que precisan de esta modificaci髇 para garantizar su adecuada representaci髇.

En segundo lugar, se introduce una mejora t閏nica en la redacci髇 actual del art韈ulo 35 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico que, al regular la composici髇 y constituci髇 de las Mesas de Negociaci髇, en su versi髇 hasta ahora vigente se refiere 鷑icamente a materias que afectan al personal funcionario, cuando resulta necesario que dicha regulaci髇 se haga extensible tambi閚 a las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora es una pr醕tica com鷑 en la negociaci髇 colectiva: efectuar una negociaci髇 global y de conjunto para las distintas tipolog韆s de personal que concurren en la Administraci髇.

Y, en tercer lugar, se introduce una nueva disposici髇 adicional en el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico en materia de Mesas de Negociaci髇 correspondientes a 醡bitos espec韋icos de negociaci髇, distintos en puridad a los previstos en su art韈ulo 34.4. En este sentido, es en dicho 醡bito donde se lleva a cabo la negociaci髇 sobre las condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de empleados p鷅licos que pueden estar adscritos a distintas Administraciones P鷅licas, en realidad esta negociaci髇 recae sobre la competencia de la Administraci髇 General del Estado. Con la introducci髇 de esta disposici髇 adicional, se pretende suplir un importante vac韔 legal referido a estas Mesas, adem醩 de completar la insuficiencia del r間imen normativo hasta ahora vigente.

Esta distinta dependencia funcional y org醤ica de los empleados p鷅licos, determina que para conformar la representaci髇 de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta sus respectivos 醡bitos de negociaci髇 en su conjunto y no el de una Administraci髇 P鷅lica determinada como ser韆 el caso de las Mesas Sectoriales reguladas en el art韈ulo 34.4 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico. Asimismo, con la incorporaci髇 de la nueva disposici髇 adicional se da cumplimiento efectivo al Acuerdo suscrito entre la Secretar韆 de Estado de Administraciones P鷅licas y las organizaciones sindicales de 25 de octubre de 2012, mediante el que ambas partes se comprometen a avanzar en la estructuraci髇 de la negociaci髇 colectiva.

Se trata, en definitiva, de dotarse de un marco legal espec韋ico y apropiado que permita articular adecuadamente su actividad negociadora en los distintos 醡bitos en los que se articula el sistema de negociaci髇, representaci髇 y participaci髇 en la Administraci髇 General del Estado y en la Administraci髇 de Justicia.

Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, adem醩, por las propias Mesas Generales de Negociaci髇 de la Administraci髇 General del Estado a las que se refieren los art韈ulos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, que con el acuerdo alcanzado entre la Administraci髇 y las organizaciones con mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobaci髇.

Por cuanto se trata de una modificaci髇 propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociaci髇, esta propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el art韈ulo 37.1 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, habiendo sido objeto de negociaci髇 y acuerdo en el seno de las mismas.

En cuanto a las razones de extraordinaria y urgente necesidad que aconsejan su inclusi髇 en este real decreto-ley debe significarse que estas modificaciones se deben aprobar con car醕ter previo al inicio del proceso de elecciones sindicales que se llevar醤 a cabo en el presente a駉 en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado. Resulta evidente, por tanto, que la tramitaci髇 ordinaria de una norma con rango de ley que permita dar aplicaci髇 a este conjunto de medidas dilatar韆 durante un tiempo considerable la entrada en vigor de la reforma, dando lugar a distorsiones en el desarrollo de la propia negociaci髇 colectiva e impidiendo su efectiva aplicaci髇 al proceso electoral previsto para 2015.

En efecto, la pr髕ima celebraci髇 de elecciones sindicales en la Administraci髇 General del Estado justifica la necesidad de adoptar estas modificaciones t閏nicas en los instrumentos de participaci髇 y negociaci髇 existentes, con car醕ter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades detectadas en el marco de dicho proceso, y con objeto de mejorar tanto el marco jur韉ico aplicable como el sistema de garant韆s que deben presidirlo. El proceso para la celebraci髇 de elecciones sindicales en la Administraci髇 General del Estado se ha iniciado ya con la presentaci髇 por las organizaciones sindicales mayoritarias del Acuerdo de promoci髇 generalizada de elecciones sindicales, de 29 de octubre de 2014. Est� previsto que el inicio del proceso electoral se produzca el 30 de abril de 2015, celebr醤dose las elecciones, con car醕ter general, el pr髕imo 18 de junio. Ello justifica la urgente necesidad de adoptar estas modificaciones t閏nicas en la normativa de aplicaci髇 en materia de participaci髇 y negociaci髇 existentes, con car醕ter previo a la finalizaci髇 del periodo para realizar los preavisos, que concluye un mes antes del inicio del proceso electoral referido.

La naturaleza de las modificaciones propuestas requieren para su adopci髇 de una norma con rango de ley, por cuanto se trata de modificaciones introducidas tanto en el Real Decreto-ley 20/2012 como en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico. Por todo ello, el instrumento adecuado para llevarlo a cabo ser韆 mediante un real decreto-ley al concurrir las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇. A la vista de la consolidada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida sobre este instrumento normativo, se considera que encaja en los supuestos habilitantes y en las causas y finalidades previstas en el Real Decreto-ley, y de forma espec韋ica por la necesidad de que las modificaciones propuestas puedan resultar efectivas en el proceso electoral previsto para el a駉 pr髕imo en la Administraci髇 General del Estado.

Por su parte, en el 醡bito de las pol韙icas p鷅licas de empleo y Seguridad Social, la reducci髇 de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contrataci髇 indefinida, aprobada por el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contrataci髇 indefinida, y que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana de cotizaci髇, ha constituido una medida eficaz para contribuir a la creaci髇 de empleo estable.

As�, seg鷑 los datos de la Encuesta de Poblaci髇 Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha crecido en 433.900 personas en los 12 鷏timos meses, con un variaci髇 anual del 2,5% y el empleo asalariado indefinido se ha incrementado en 212.800 personas, un 2,0 %.

Con el objetivo de consolidar esta evoluci髇 positiva de la contrataci髇 indefinida y potenciar su impacto para los colectivos con mayores dificultades para la inserci髇 laboral estable, y en cumplimiento de la resoluci髇 aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Naci髇 del 25 de febrero de 2015, mediante el art韈ulo 8 se establece un nuevo incentivo para la creaci髇 de empleo estable, consistente en la fijaci髇 de un m韓imo exento en la cotizaci髇 empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contrataci髇 indefinida de trabajadores.

El establecimiento de un m韓imo exento supone la creaci髇 de un incentivo de car醕ter progresivo que reduce en mayor medida las cotizaciones sociales por la contrataci髇 estable de trabajadores con menores retribuciones. Con esta medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con m醩 dificultades de inserci髇 estable en el mercado laboral, tales como desempleados de larga duraci髇, trabajadores con escasa formaci髇 y j髒enes sin experiencia laboral. Estos colectivos se ven m醩 afectados por el desempleo y la temporalidad.

Al amparo de esta nueva regulaci髇, de la que se podr醤 beneficiar todas las empresas que contraten de forma indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedar醤 exentos de cotizaci髇 empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuant韆 se reducir� en proporci髇 al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podr� ser inferior al 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Este beneficio en la cotizaci髇 consistir� en una bonificaci髇, a cargo del Servicio P鷅lico de Empleo Estatal, en caso de que el contrato indefinido se formalice con j髒enes inscritos en el Sistema Nacional de Garant韆 Juvenil, y en una reducci髇, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los dem醩 supuestos.

Al igual que la tarifa plana de cotizaci髇, la bonificaci髇 o reducci髇 se aplicar� durante un per韔do de 24 meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongar� durante 12 meses m醩, quedando exentos durante este 鷏timo per韔do de la aplicaci髇 del tipo de cotizaci髇 los primeros 250 euros de la base de cotizaci髇 o la cuant韆 que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contrataci髇 a tiempo parcial.

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotizaci髇, a los supuestos en que no procede su aplicaci髇, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicaci髇 indebida del mismo, son muy similares a los establecidos para la tarifa plana de cotizaci髇 en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, en aras de la continuidad y simplicidad del sistema.

La aplicaci髇 de la bonificaci髇 o reducci髇 a que se refiere este art韈ulo no afectar� a la determinaci髇 de la cuant韆 de las prestaciones econ髆icas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calcular� aplicando el importe 韓tegro de la base de cotizaci髇 que les corresponda.

Para el supuesto de contrataci髇 indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garant韆 Juvenil, se permite la compatibilizaci髇 de los incentivos previstos en el art韈ulo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobaci髇 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y tambi閚 se declara compatible con la ayuda econ髆ica de acompa馻miento que perciban los beneficiarios del Programa de Activaci髇 para el Empleo, en caso de formalizarse el contrato con ellos.

El nuevo beneficio en la cotizaci髇 por contrataci髇 indefinida coexistir� hasta el 31 de marzo de 2015 con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, previ閚dose en la disposici髇 transitoria segunda del real decreto-ley que los beneficios a la cotizaci髇 a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se regir醤 por la normativa vigente en el momento de su celebraci髇.

En la presente regulaci髇 concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la para la aprobaci髇 de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad la contrataci髇 indefinida de trabajadores y la necesidad de fomentar la estabilidad en el mercado laboral, lo que unido a la pr髕ima finalizaci髇, el 31 de marzo de 2015, del plazo para beneficiarse de la tarifa plana de cotizaci髇 del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, justifican la adopci髇 de esta nueva medida a la mayor urgencia posible.

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el art韈ulo 9, consistente en una bonificaci髇 a trabajadores aut髇omos por conciliaci髇 de la vida profesional y familiar vinculada a la contrataci髇, la previsi髇 de la disposici髇 final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Aut髇omo, que establece la convergencia progresiva de los derechos de los trabajadores aut髇omos en relaci髇 con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el R間imen General de la Seguridad Social, hace necesaria la adopci髇 de sucesivas medidas para el cumplimiento de dicho objetivo.

As�, en la l韓ea marcada para la equiparaci髇 de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la protecci髇 en la conciliaci髇 de la vida familiar y profesional de los trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mismos basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

Dicha medida consiste en una bonificaci髇 en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en una cuant韆 vinculada a la base de cotizaci髇 media de los 鷏timos doce meses del trabajador aut髇omo, garantizando as� la proporcionalidad de la medida.

Adem醩, el disfrute de esta bonificaci髇 queda sujeta a la contrataci髇 de un trabajador por cuenta ajena, con lo que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad del proyecto profesional del trabajador aut髇omo, permiti閚dole hacer frente a sus obligaciones familiares, manteniendo su actividad profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contrataci髇 de un trabajador por cuenta ajena, se pretende contribuir a la dinamizaci髇 del mercado de trabajo.

En la presente regulaci髇 concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la para la aprobaci髇 de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad la equiparaci髇 de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en lo concerniente a la necesaria protecci髇 de la conciliaci髇 de la vida familiar y profesional.

Dos de las piezas claves de la pol韙ica de la Uni髇 Europea son el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el fomento del emprendimiento.

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010, sobre la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad aut髇oma.

Adem醩, la Comisi髇 Europea present� al 9 de enero de 2013 el Plan de Acci髇 de Emprendimiento 2020, Plan por el que la Comisi髇 invitaba a los Estados miembros a que apliquen pol韙icas que permitan que las mujeres consigan un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana.

La citada Directiva 2010/41/UE establec韆 que a m醩 tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miembros deber醤 transmitir a la Comisi髇 Europea toda la informaci髇 disponible sobre la aplicaci髇 de la misma.

Dado que en el 醡bito de la conciliaci髇 entre la vida familiar y profesional, era patente la necesidad de regulaci髇 espec韋ica para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras aut髇omas, y dada la cercan韆 de la citada fecha de agosto de 2015, se constata la urgente necesidad de poner en marcha la medida que se propone.

Por 鷏timo, la importancia de los da駉s ocasionados por la sequ韆 en la campa馻 de la aceituna de 2014 en las comunidades aut髇omas de Andaluc韆 y Extremadura dificulta gravemente, por su incidencia en la p閞dida de jornadas de trabajo, la consecuci髇 del n鷐ero m韓imo de jornadas reales cotizadas precisas para acceder al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el R間imen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el art韈ulo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecci髇 por desempleo y mejora de la ocupabilidad, as� como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el R間imen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Aut髇omas de Andaluc韆 y Extremadura.

Dada la incidencia en la reducci髇 de producci髇, considerando que el olivar es el principal sector de actividad agr韈ola en estas regiones y teniendo en cuenta los estudios de movilidad de trabajadores que se desplazan a trabajar a provincias lim韙rofes, se hace preciso arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar con car醕ter urgente, excepcional y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias donde se ha producido un descenso de producci髇, siguiendo los precedentes de ocasiones anteriores, en los que ante circunstancias similares se aprob�, mediante los Real Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo, y 1/2013, de 25 de enero, la reducci髇 del n鷐ero m韓imo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones se馻ladas.

A tal finalidad responde la medida contemplada en el art韈ulo 10, mediante la que se sit鷄 en 20 el n鷐ero de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias afectadas para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo o de la renta agraria antes indicados.

Esta medida ser� de aplicaci髇 a los trabajadores que hubieran presentado las solicitud correspondiente entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Finalmente, por lo que se refiere al art韈ulo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la adopci髇 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situaci髇 econ髆ica desfavorable de un importante n鷐ero de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jur韉ica gratuita, debe ser objeto de atenci髇 en cuanto al impacto que sobre ellos est� teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

En este sentido, la conexi髇 entre la situaci髇 de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondr� la exenci髇 del pago de la tasa por parte de las personas f韘icas.

Por otra parte, la utilizaci髇 del real decreto-ley para proceder a la reforma de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 醡bito de la Administraci髇 de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses respeta la doctrina constitucional en cuanto al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, como necesidad relativa a un objetivo gubernamental que requiere de una acci髇 normativa en un plazo m醩 breve que el requerido por el procedimiento legislativo ordinario o por el de urgencia. En este sentido, la necesidad de acudir a una disposici髇 legal excepcional no s髄o resulta justificada por las razones antes expuestas, sino que tambi閚 puede vincularse, y as� se ha hecho en ocasiones, a medidas incentivadoras de la econom韆 o de estimulaci髇 de los mercados, que permitan llevar a cabo objetivos gubernamentales de pol韙ica econ髆ica general.

La utilizaci髇 del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez a la consecuci髇 de un doble objetivo: poner fin a una situaci髇 que hab韆 generado un enorme rechazo social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto de previsible aumento de movimientos econ髆icos entre los distintos operadores jur韉icos.

En efecto, resulta previsible que muchos sean los asuntos cuya judicializaci髇 decida posponerse a un momento posterior a la aprobaci髇 de la norma con rango legal, de tramitarse esta por el procedimiento ordinario o de urgencia, produci閚dose en ese momento una entrada masiva de causas en los Juzgados y Tribunales. En este sentido, la utilizaci髇 de un veh韈ulo normativo m醩 醙il temporalmente como es el real decreto-ley permitir� minimizar este efecto colateral que en la actividad de los 髍ganos judiciales puede producir la reforma.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de los Ministros de Econom韆 y Competitividad, de Justicia, de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones P鷅licas, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 27 de febrero de 2015,

DISPONGO:

T蚑ULO I
Medidas urgentes para la reducci髇 de la carga financiera

LE0000664780_20200901 Art韈ulo 1 derogado por la letra p) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

Art韈ulo 3 Modificaci髇 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social

Los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social, quedan redactados como sigue:

�1. Hasta transcurridos cuatro a駉s desde la entrada en vigor de esta Ley, no proceder� el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecuci髇 hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que act鷈 por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias econ髆icas previstas en este art韈ulo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

• a) Familia numerosa, de conformidad con la legislaci髇 vigente.
• b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
• c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres a駉s.
• d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situaci髇 de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
• e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situaci髇 de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
• f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o m醩 personas que est閚 unidas con el titular de la hipoteca o su c髇yuge por v韓culo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situaci髇 personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
• g) Unidad familiar en que exista una v韈tima de violencia de g閚ero, conforme a lo establecido en la legislaci髇 vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.
• h) El deudor mayor de 60 a駉s.

3. Para que sea de aplicaci髇 lo previsto en el apartado 1 deber醤 concurrir, adem醩 de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias econ髆icas siguientes:

• a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el l韒ite de tres veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas. Dicho l韒ite ser� de cuatro veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con par醠isis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad f韘ica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as� como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.
• b) Que, en los cuatro a駉s anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteraci髇 significativa de sus circunstancias econ髆icas, en t閞minos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
• c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
• d) Que se trate de un cr閐ito o pr閟tamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la 鷑ica vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisici髇 de la misma.�

LE0000505327_20200312

T蚑ULO II
Otras medidas de orden social

CAP蚑ULO I
Medidas en el 醡bito tributario y de las Administraciones P鷅licas

Art韈ulo 6 Modificaci髇 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

El art韈ulo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, queda redactado de la siguiente manera:

獳rt韈ulo 12 Determinaci髇 de las unidades electorales en la Administraci髇 General del Estado y en la Administraci髇 de Justicia

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 39.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado se elegir� una Junta Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:

• a) Una por cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos Aut髇omos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administraci髇 de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid.
• b) Una por cada Agencia, ente p鷅lico u organismo no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en la provincia de Madrid.
• c) Una en cada provincia, excluida la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, en la Delegaci髇 o Subdelegaci髇 de Gobierno, en la que se incluir醤 los Organismos Aut髇omos, Agencias comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administraci髇 de la Seguridad Social y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los funcionarios civiles que presten servicios en la Administraci髇 militar.
• d) Una para cada ente u organismo p鷅lico, no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.
• e) Una para los funcionarios destinados en las misiones diplom醫icas en cada pa韘, representaciones permanentes, oficinas consulares e instituciones y servicios de la Administraci髇 del Estado en el extranjero.
• f) Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para el personal estatutario de los servicios p鷅licos de salud.
• g) Una para el personal docente de los centros p鷅licos no universitarios, en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Aquellas Unidades Electorales a que se refiere el apartado anterior, con excepci髇 de las referidas en la letra d), que no alcanzasen el m韓imo de 50 funcionarios, 閟tos ejercer醤 su representaci髇 en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el Organismo o Unidad administrativa de que se trate.

Las Unidades Electorales provinciales previstas en la letra d) que no alcanzasen el m韓imo de 50 funcionarios, 閟tos ejercer醤 su representaci髇 en la Junta de Personal de Madrid del Organismo o Ente p鷅lico que corresponda.

3. En la Administraci髇 de Justicia, se elegir� una Junta de Personal en cada provincia, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para todo el personal funcionario a su servicio. Adem醩 de las anteriores, en Madrid se elegir� otra Junta de personal para el personal adscrito a los 髍ganos centrales de la Administraci髇 de Justicia.

4. En las elecciones a representantes del personal laboral en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y de la Administraci髇 de Justicia, no transferida, constituir� un 鷑ico centro de trabajo:

• a) La totalidad de las unidades o establecimientos de cada Departamento Ministerial, incluidos en ellos los correspondientes a sus Organismos Aut髇omos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administraci髇 de la Seguridad Social y todos sus servicios provinciales, en Madrid.
• b) La totalidad de las unidades o establecimientos en la provincia de Madrid de cada una de las Agencias comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 28/2006, organismos o entes p鷅licos no incluidos en la letra anterior y las dependientes de la Administraci髇 de Justicia.
• c) La totalidad de las unidades o establecimientos al servicio de las Administraci髇 General del Estado, sus Organismos Aut髇omos, Entidades gestoras, servicios comunes de la Administraci髇 de la Seguridad Social y Agencias comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 28/2006 que radiquen en una misma provincia, excluida la de Madrid, o en la ciudades de Ceuta y de Melilla. Se incluir醤 en este apartado las unidades y establecimientos dependientes de la Administraci髇 de Justicia.
• d) Constituir�, igualmente un 鷑ico centro de trabajo la totalidad de los establecimientos de cada ente u organismo p鷅lico no incluido en los apartados anteriores, radicados en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

5. Lo dispuesto en este art韈ulo producir� efectos al producirse el vencimiento de los mandatos electorales actualmente en vigor.

6. En todo caso las nuevas unidades electorales entrar醤 en vigor a partir del 1 de marzo de 2015, fecha en que todos los mandatos en vigor o prorrogados se extinguir醤 como consecuencia de la elecci髇 de los nuevos 髍ganos de representaci髇, elecci髇 que deber� producirse en el plazo de 10 meses desde la fecha indicada.�

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CAP蚑ULO II
Medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo aut髇omo y la protecci髇 social agraria

Art韈ulo 9 Modificaci髇 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Aut髇omo

Se a馻de un nuevo art韈ulo 30 a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut髇omo, con la siguiente redacci髇:

獳rt韈ulo 30 Bonificaci髇 a trabajadores incluidos en el R間imen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos por conciliaci髇 de la vida profesional y familiar vinculada a la contrataci髇

1. Los trabajadores incluidos en el R間imen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos tendr醤 derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificaci髇 del 100 por cien de la cuota de aut髇omos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotizaci髇 m韓imo de cotizaci髇 vigente en cada momento establecido en el citado R間imen Especial en los siguientes supuestos:

• a) Por cuidado de menores de 7 a駉s que tengan a su cargo.
• b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situaci髇 de dependencia, debidamente acreditada.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el R間imen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos, la base media de cotizaci髇 se calcular� desde la fecha de alta.

2. La aplicaci髇 de la bonificaci髇 recogida en el apartado anterior estar� condicionada a la permanencia en alta en el R間imen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos y a la contrataci髇 de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deber� mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duraci髇 del contrato deber� ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificaci髇.

Cuando se extinga la relaci髇 laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador aut髇omo podr� beneficiarse de la bonificaci髇 si contrata a otro trabajador por cuenta ajena en el plazo m醲imo de 30 d韆s.

El contrato a tiempo parcial no podr� celebrarse por una jornada laboral inferior al 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contrataci髇 es a tiempo parcial, la bonificaci髇 prevista en el apartado 1 de este art韈ulo ser� del 50 por 100.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador aut髇omo estar� obligado a reintegrar el importe de la bonificaci髇 disfrutada.

No proceder� el reintegro de la bonificaci髇 cuando la extinci髇 est� motivada por causas objetivas o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los supuestos de extinci髇 causada por dimisi髇, muerte, jubilaci髇 o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resoluci髇 durante el periodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedar� limitado exclusivamente a la parte de la bonificaci髇 disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extinci髇 se hubiera producido en supuestos distintos a los previstos en el p醨rafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificaci髇, el trabajador aut髇omo estar� obligado a reintegrar el importe de la bonificaci髇 disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 d韆s.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificaci髇 prevista en este art韈ulo alcanzase la edad de 7 a駉s con anterioridad a la finalizaci髇 del disfrute de la bonificaci髇, esta se podr� mantener hasta alcanzar el periodo m醲imo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador aut髇omo que se beneficie de la bonificaci髇 prevista en este art韈ulo deber� mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador aut髇omo estar� obligado a reintegrar el importe de la bonificaci髇 disfrutada.

4. Solo tendr醤 derecho a la bonificaci髇 los trabajadores por cuenta propia que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicaci髇 de la bonificaci髇 y durante los doce meses anteriores a la misma. No se tomar� en consideraci髇 a los efectos anteriores al trabajador contratado mediante contrato de interinidad para la sustituci髇 del trabajador aut髇omo durante los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopci髇 o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

5. Los beneficiarios de la bonificaci髇 tendr醤 derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos causantes a su cargo se馻lados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de requisitos previstos en el presente art韈ulo.

6. La medida prevista en este art韈ulo ser� compatible con el resto de incentivos a la contrataci髇 por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en este art韈ulo se regir醤 por lo dispuesto en el art韈ulo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.�

LE0000247669_20190401

CAP蚑ULO III
Medidas en el 醡bito de la Administraci髇 de Justicia

DISPOSICIONES ADICIONALES

LE0000664780_20200901 Disposici髇 adicional primera derogada por la letra p) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

LE0000664780_20200901 Disposici髇 adicional segunda derogada por la letra p) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

LE0000664780_20200901 Disposici髇 adicional tercera derogada por la letra p) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LE0000664780_20200901 Disposici髇 transitoria primera derogada por la letra p) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en este real decreto-ley se amparan en el t韙ulo competencial establecido en la norma objeto de modificaci髇.

2. El art韈ulo 4 se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

3. Los art韈ulos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo establecido en el art韈ulo 149.1.17.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el r間imen econ髆ico de la Seguridad Social.

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposici髇 transitoria primera se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 mercantil y de legislaci髇 procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Aut髇omas.

5. La disposici髇 adicional sexta se dicta al amparo de los art韈ulos 149.1.7.� y 18.� de la Constituci髇 Espa駉la.

V閍se la Res. de 2 de junio de 2015, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en relaci髇 con el R.D.-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de carga financiera y otras medidas de orden social (獴.O.E.� 17 junio/獴.O.P.V.� 17 junio).LE0000554957_20150618V閍se Res. 19 noviembre 2015, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en relaci髇 con el R.D.-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de carga financiera y otras medidas de orden social (獴.O.E.� 30 noviembre/獴.O.P.V.� 30 noviembre).LE0000563164_20151201