Real Decreto 397/2026, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial, y por el que se modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio

Artículo 1 Naturaleza y régimen jurídico

1. La Mutualidad General Judicial es un organismo autónomo de los previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Secretaría de Estado de Justicia.

2. Corresponde al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. Asimismo, el control de eficacia será ejercido por el departamento Ministerial de adscripción, a través de la correspondiente inspección de servicios. Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración General del Estado, en cuanto a la evaluación y control de los resultados de los organismos públicos integrantes del sector público estatal, correspondiendo la supervisión continua al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

3. El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en este Estatuto, salvo la potestad expropiatoria.

4. El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial se rige conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en general, en las normas que desarrollen las disposiciones citadas y aquellas otras que resulten de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado.

Artículo 2 Fines

El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial tiene como finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para el funcionariado en prácticas al servicio de dicha Administración y para los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, las contingencias y prestaciones objeto de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, llevando a cabo las funciones, competencias y actuaciones previstas en el referido real decreto, en las normas reglamentarias que lo desarrollen y resto de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Artículo 3 Sede

Para la prestación de los servicios que tiene encomendados, el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial realiza su actividad en la sede central, sita en Madrid, así como en las instalaciones de las Delegaciones existentes en cada provincia y en las dos ciudades autónomas, generalmente ubicadas en los edificios judiciales de la capital de provincia o ciudad autónoma.

Artículo 4 Órganos de gobierno, ejecutivos y de participación

1. Son órganos de gobierno de la mutualidad:

• a) La Presidencia.
• b) El Consejo Rector.

2. Son órganos ejecutivos de la mutualidad:

• a) La Dirección.
• b) Las Delegaciones Provinciales del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.

3. El Consejo General es el órgano de participación de los mutualistas en el control y vigilancia de la actividad del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (en adelante, MUGEJU O.A.).

Artículo 5 Presidencia de MUGEJU O.A

La Presidencia de MUGEJU O.A. corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Justicia o, en su defecto, a quien sea titular del órgano del Departamento ministerial a través del cual se adscribe al mismo.

Artículo 6 Funciones de la persona titular de la Presidencia

Son funciones de la persona titular de la Presidencia:

• a) Ostentar la máxima representación institucional de MUGEJU O.A.
• b) Presidir el Consejo Rector, ordenando sus correspondientes convocatorias y fijando los respectivos órdenes del día teniendo en cuenta las peticiones que formulen los miembros y el resto de funciones dispuestas en el artículo 19.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• c) Formular la propuesta de nombramiento de la persona titular de la dirección.
• d) Llevar a cabo el nombramiento y cese de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales, a propuesta de la persona que tenga a cargo la dirección del organismo.
• e) Impulsar y proponer a los departamentos ministeriales que resulten competentes, la elaboración de disposiciones que afecten al ámbito de actuación de la MUGEJU O.A.
• f) Proponer al departamento ministerial de adscripción la aprobación del Plan Anual de Actuación de MUGEJU O.A.

Artículo 7 Composición

1. El Consejo Rector, órgano colegiado de gobierno de la Mutualidad, está integrado por la persona que ostente su Presidencia y siete miembros.

2. La Presidencia del Consejo Rector corresponde a quien ostente la Presidencia de MUGEJU O.A.

3. Además de la persona que ostente la Presidencia, integran el Consejo Rector:

• a) Un miembro del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia judicial, nombrado por dicho órgano de entre sus integrantes.
• b) Un miembro de la Carrera Fiscal, nombrado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, oído el Consejo Fiscal.
• c) La persona titular de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
• d) La persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
• e) La persona que ejerza la Presidencia del Consejo General de la Mutualidad.
• f) Dos miembros del Consejo General de la Mutualidad, elegidos o elegidas de entre los integrantes de los Cuerpos contemplados en las letras c), d), e), f) y g) del artículo 15.1 de este Estatuto.

4. Asiste a las reuniones del Consejo Rector, con voz pero sin voto, quien ostente la Dirección de la Mutualidad.

5. Será titular de la Secretaría del Consejo Rector, con voz pero sin voto, aquella persona que lo sea de la Secretaría General de la Mutualidad.

6. La duración del mandato será de cuatro años, sin perjuicio de que continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Consejo Rector.

7. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia o cualquier otra causa legal de la persona que ostente la Presidencia del Consejo Rector, de la persona titular de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y de la persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, procederá su sustitución, respectivamente, de acuerdo con las previsiones que en materia de suplencia se establezcan en el real decreto de estructura orgánica básica del Departamento ministerial.

8. El resto de miembros del Consejo Rector serán sustituidos por la persona que designe el órgano que los hubiera nombrado, en caso de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal.

9. A las sesiones del Consejo Rector podrán asistir para el ejercicio de funciones de asesoría, con voz, pero sin voto, las personas responsables de área de la mutualidad, empleadas públicas o expertas del organismo que se estime conveniente, a propuesta de la persona a cargo de la Dirección de la mutualidad.

10. La condición de miembro del Consejo Rector es incompatible con el ejercicio simultáneo del cargo de Delegado o Delegada Provincial, así como con la prestación de servicios en el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial como empleado de la misma, cualquiera que sea su régimen funcionarial, estatutario o laboral.

11. El ejercicio de las funciones de los miembros, de la Presidencia o de la Secretaría del Consejo Rector es gratuito y no supone relevación de funciones. La concurrencia a las sesiones de este órgano colegiado no conllevará la percepción de asistencias conforme a lo definido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, sin perjuicio de las dietas por manutención o gastos de transporte que fueran reconocidos de acuerdo con la normativa vigente.

12. En atención al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, la composición de este órgano colegiado asegurará que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.

Artículo 8 Funciones

1. El Consejo Rector tiene las siguientes funciones:

• a) Aprobar de forma definitiva la memoria anual de la Mutualidad y la propuesta de los planes de actuación.
• b) Examinar, informar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual, así como las cuentas anuales del ejercicio anterior.
• c) Velar por el cumplimiento de las normas, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.
• d) Resolver acerca de todos los asuntos que le solicite la persona titular de la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.
• e) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general que establezcan o modifiquen prestaciones.
• f) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general que se refieran a la estructura, organización y funciones del organismo autónomo a Mutualidad General Judicial.
• g) Adoptar los criterios necesarios para el otorgamiento de prestaciones no regladas y otras ayudas discrecionales y ser informada por la persona titular de la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial de las que se concedan.
• h) Tomar conocimiento y ratificar los nombramientos y ceses de los Delegados y las Delegadas Provinciales titulares y sus suplentes realizados por la persona que ostente la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.
• i) Ejercer las demás funciones que las normas legales o reglamentarias le encomienden.

2. A la persona que ejerce la Presidencia del Consejo Rector le corresponden las siguientes funciones:

• a) Convocar y presidir el Consejo Rector, dirigiendo sus deliberaciones.
• b) Remitir a las distintas autoridades y organismos los acuerdos y peticiones de la Comisión Rectora en uso de sus competencias.
• c) Cuantas otras atribuciones y funciones le confieran las normas legales o reglamentarias.

Artículo 9 Convocatoria y régimen jurídico

1. El Consejo Rector se reúne dos veces al año, en sesión ordinaria, a convocatoria de la persona que ejerza su Presidencia, que podrá acordar la convocatoria de cuantas sesiones extraordinarias resulten necesarias, por propia iniciativa o a solicitud de la persona titular de la Presidencia de la mutualidad o a petición de cuatro de sus miembros. En este último supuesto, la solicitud debe ir acompañada de una propuesta de orden del día, aportándose los documentos que, en su caso, la justifiquen.

La convocatoria se efectuará con una antelación mínima de quince días hábiles en el caso de las sesiones ordinarias y de siete días hábiles en el supuesto de las sesiones extraordinarias, salvo en los casos de urgencia, en los que no será necesario cumplir dichos plazos.

2. La Presidencia del Consejo Rector podrá acordar la celebración de sus sesiones a distancia, a través de medios electrónicos válidos, a iniciativa de cualquiera de sus miembros.

3. El orden del día se fija por quien ejerza la Presidencia, a propuesta de quien ostente la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial, incluyendo el examen de las cuestiones que hayan motivado la convocatoria, comunicándose a los miembros, junto con la documentación complementaria necesaria.

Con una antelación mínima de siete días hábiles, en las sesiones ordinarias, o de cuatro en las extraordinarias, al menos la cuarta parte de los miembros pueden solicitar la inclusión de puntos en el orden del día, los cuales han de incluirse salvo que otro órgano de la Mutualidad sea el competente para su debate y resolución.

4. Para que el Consejo Rector quede válidamente constituida se requiere la presencia de quien ejerza su Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, así como de la mitad al menos de sus miembros, esto es, un mínimo de cuatro de ellos.

A los efectos de determinar el quórum de asistencia, se computan aquellos miembros que asistan a las sesiones en modalidad a distancia.

5. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptan por mayoría simple de sus miembros presentes, teniendo la persona que ejerza su Presidencia voto de calidad en caso de empate, habiendo sido observado, en todo caso, el quorum de asistencia previsto en el apartado 4 de este artículo.

6. De cada sesión se levantará acta por la persona titular de la Secretaría, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Quien ejerza la Presidencia del Consejo Rector podrá designar, de entre sus miembros, a quienes deban formar parte de comisiones para el estudio de temas específicos y monográficos, a cuyas sesiones podrán acudir las personas indicadas en el artículo 7.9 del presente Estatuto.

8. El régimen de funcionamiento del Consejo Rector de la Mutualidad es el previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las peculiaridades que contiene este Estatuto.

Artículo 10 Naturaleza

La Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial se configura como el órgano ejecutivo del mismo, a cuyo frente se sitúa el director o directora. Además, bajo su dependencia jerárquica, le dará asistencia la persona que ostente la Secretaría General, que, además, desempeñará las funciones que le sean propias.

Artículo 11 El director o la directora del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial

1. Tendrá el rango de Subdirector o Subdirectora General y su nombramiento y separación se llevará a cabo por orden de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Ostenta la representación ordinaria del organismo, así como, de acuerdo con los criterios generales fijados por el Consejo Rector, las competencias de dirección, gestión e inspección de sus actividades para el cumplimiento de sus fines. En concreto, le corresponde:

• a) Dirigir los servicios técnicos de la Mutualidad, aprobando las circulares, instrucciones y directrices que, sobre funcionamiento y régimen interior de la misma, sean necesarias.
• b) Supervisar la elaboración y ejecución de los planes de actuación de la Mutualidad y elevar su propuesta al Consejo Rector, así como del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos, de la memoria anual de actividades y de las cuentas anuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
• c) Representar a la Mutualidad en todos los actos y contratos, así como ante las autoridades, juzgados, tribunales, organismos, entidades y personas naturales y jurídicas, salvo en los casos previstos legal o reglamentariamente.
• d) Celebrar contratos, así como los acuerdos, convenios o protocolos, incluidos los conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria, con entidades públicas y privadas cuya actividad sea precisa para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutualidad, de acuerdo con la legislación vigente.
• e) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Mutualidad, así como gestionar sus recursos financieros.
• f) Gestionar y administrar los bienes y derechos patrimoniales de la Mutualidad.
• g) Enajenar, de conformidad con lo establecido en la normativa del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aquellos elementos del patrimonio de la Mutualidad que dejen de ser útiles para el cumplimiento de sus fines, a cuyo fin se oirá al Consejo Rector, tanto para la enajenación como para la determinación de la falta de utilidad.
• h) Reconocer la condición de mutualista y beneficiario de la Mutualidad, así como las prestaciones y otras ayudas que pudieran corresponderle.
• i) La implantación efectiva del régimen de prestaciones previstas en el artículo 12 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.
• j) Aprobar las normas internas, que en ningún caso tendrán carácter legal o reglamentario, relativas al régimen especial de Seguridad Social que resulten aconsejables, en especial, las relativas a la dispensación de la asistencia sanitaria conforme a las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.
• k) Proponer el nombramiento y cese de los Delegados y Delegadas Provinciales titulares y sus suplentes. En los nombramientos se tendrá en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.
• l) Establecer los proyectos de desarrollo que permitan alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Rector, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
• m) La rendición de cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.
• n) Ejercer cualquier otra competencia de dirección o gestión que le confieran las normas vigentes.

3. Se sustituirá, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal, por la persona titular de la Secretaría General.

Artículo 12 La Secretaría General de la Mutualidad

1. La Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial cuenta con una Secretaría General, cuya persona titular será nombrada conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración General del Estado en virtud de la forma de provisión establecida en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

2. A la persona titular de la Secretaría General le corresponde:

• a) Adoptar las decisiones necesarias para implementar las directrices ejecutivas establecidas por el director o la directora de la Mutualidad.
• b) Bajo la supervisión del director o de la directora, ejercer la jefatura del personal destinado en la Mutualidad.
• c) Ejercer la gestión económico-presupuestaria, contable y patrimonial, así como la responsabilidad de la caja central y de las habilitaciones de personal y de servicios.
• d) Elaborar y ejecutar los planes de actuación de la Mutualidad, que se ajustarán a la legislación vigente, a las competencias de la Mutualidad y al presupuesto aprobado para el ejercicio, que se podrán modificar o adoptar unos nuevos, en circunstancias excepcionales.
• e) Elaborar la memoria anual de la Mutualidad dentro del primer semestre de cada año.
• f) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual, así como las cuentas anuales, dentro del marco legal y de acuerdo con las disposiciones vigentes.
• g) Ejecutar aquellos proyectos, objetivos o actividades establecidos por el director o directora de la Mutualidad.
• h) Ejercer la gestión administrativa y la responsabilidad en la custodia de expedientes.
• i) Desempeñar las funciones de Secretario o Secretaria en las reuniones de los distintos órganos y comités de la Mutualidad cuya presencia se exija.
• j) Coordinar y ejecutar los planes elaborados por los distintos Ministerios en el ámbito de aplicación del Mutualismo Judicial.
• k) Asistir y participar en las reuniones de la Mutualidad con administraciones, organismos y personas físicas o jurídicas en las que sea conveniente por el ámbito de su actuación.
• l) La suplencia del director o de la directora, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.4 del presente Estatuto.
• m) Adoptar, bajo las directrices y supervisión del director o de la directora, cuantas decisiones sean necesarias para coordinar la actividad de los servicios técnicos y de la organización territorial de la Mutualidad, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del organismo en su quehacer diario.
• n) Ejercer cualquier otra competencia de gestión que le confieran las normas vigentes o que le sean delegadas por el director o la directora.

3. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal que imposibilite el ejercicio del cargo de la persona titular de la Secretaría General, corresponderán al propio director o directora las funciones relativas a la coordinación de la actividad de las diferentes áreas. En aquellas mismas circunstancias, sustituirá a quien ocupe la Secretaría General, para la adopción de las decisiones sobre directrices ejecutivas establecidas por el director o directora, la persona responsable del área afectada por la decisión. Por último, la sustitución de quien ocupe la Secretaría General para cuantas intervenciones le correspondan como fedatario en actuaciones propias de la Mutualidad se ejercerá por la persona que determine el director o directora en el supuesto concreto.

Artículo 13 Las Delegaciones Provinciales

1. La organización territorial de la Mutualidad se sustenta en las Delegaciones Provinciales, que desarrollan la misión ejecutiva de dirección y gestión descentralizada de aproximación al o a la mutualista, el refuerzo en la accesibilidad a los servicios de la Mutualidad en todo el territorio y el enlace con los servicios centrales, así como el apoyo administrativo al Delegado o Delegada.

Cuando así se establezca en virtud de los correspondientes convenios con las Administraciones públicas competentes, podrán atribuirse funciones de colaboración con la Mutualidad a oficinas o unidades territoriales integradas en la Administración de Justicia.

2. Las Delegaciones Provinciales realizarán cuantas tareas tengan carácter de soporte y apoyo a la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial, entre estas funciones se encuentran:

• a) El servicio de proximidad, información y apoyo a las personas mutualistas.
• b) El asesoramiento a las personas mutualistas en la realización de los trámites a través de la sede.
• c) La recepción y anotación de la documentación de entrada y salida en los libros de registro de la Delegación, y remisión a los servicios centrales de la Mutualidad cuando proceda.
• d) El apoyo y colaboración con el servicio de afiliación.
• e) En su caso, la gestión de expedientes de Comisión Mixta Provincial.
• f) La colaboración y apoyo a los servicios centrales de la Mutualidad para la mejora de la atención a los y las mutualistas.
• g) El control del inventario de la Delegación.
• h) El impulso y colaboración en la digitalización del organismo en el ámbito territorial propio.
• i) La custodia y archivo de la Delegación.
• j) La gestión del correo de la Delegación y elaboración de los albaranes de entrega.

Artículo 14 El Delegado o la Delegada Provincial

1. En las Delegaciones Provinciales del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial existe un Delegado o una Delegada que se nombra por quien sea titular de la Presidencia de la Mutualidad por un periodo de cuatro años entre quienes ostenten la condición de mutualista en activo con destino en la capital de la provincia correspondiente. Su nombramiento incorporará también el de una persona suplente para los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal que imposibilite el ejercicio del cargo de aquel o aquella.

2. El Delegado o la Delegada Provincial actúa, por delegación de la persona titular de la Dirección de la Mutualidad y dentro de su ámbito territorial, en la forma y con el alcance que determinen las circulares, instrucciones y directrices vigentes dictadas por la Dirección del organismo, y como órgano de enlace con los servicios centrales.

3. El Delegado o la Delegada y su suplente podrán ser removidos o removidas por decisión de quien ostente la Presidencia del organismo, a propuesta del director o directora.

4. El ejercicio de las funciones de Delegado o Delegada Provincial, tanto titular como suplente, es gratuito y no supone relevación de funciones.

Artículo 15 Composición

1. El Consejo General, órgano de participación de los mutualistas en el control y vigilancia de la actividad de la Mutualidad, está constituido por dos miembros de cada uno de las siguientes Carreras o Cuerpos:

• a) De la Carrera Judicial, designados por el Consejo General del Poder Judicial.
• b) De la Carrera Fiscal, designados por la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
• c) Del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
• d) De los Cuerpos de Médicos Forenses y de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
• e) De los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
• f) Del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
• g) Del Cuerpo de Auxilio Judicial y del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

2. Los miembros relacionados en la letra c) a la g) del apartado anterior, serán designados por la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, oídas las asociaciones profesionales reconocidas de forma oficial y las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a propuesta de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

3. El Consejo General elige, por mayoría simple, a quienes ejerzan la Presidencia y la Vicepresidencia, de entre sus miembros.

4. La persona titular de la Vicepresidencia del Consejo General ostentará las funciones de quien ejerza la Presidencia en caso de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal de la persona que ostente la Vicepresidencia, será sustituida por el Consejero o la Consejera de mayor antigüedad, teniendo en cuenta la fecha de ingreso en su Carrera o Cuerpo.

5. Como titular de la Secretaría del Consejo General, con voz pero sin voto, actúa quien esté a cargo de la Secretaría General de la Mutualidad.

6. En todos los nombramientos se debe tener en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo y en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

7. El órgano que nombra a cada uno de los miembros del Consejo General, designa también su suplente en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, renuncia u otra causa legal.

8. La duración del mandato es de cuatro años. Si, por alguna de las causas contempladas en el apartado anterior, cualquiera de sus miembros no puede finalizar su mandato, se procederá por el director o la directora del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial al nombramiento del suplente designado para sustituirle, extendiéndose su mandato al tiempo que reste para agotar el mandato del sustituido o sustituida.

9. En el plazo máximo de un año, desde la expiración del mandato del Consejo General, deberá designarse al nuevo Consejo General hasta cuya constitución, el anterior actuará en funciones.

10. Los miembros del Consejo General pierden su condición por acuerdo del órgano que los hubiere designado.

11. Los miembros que componen el Consejo General deben concurrir a todas sus sesiones, salvo causa debidamente justificada, bien sea de forma presencial o a distancia.

12. La condición de miembro del Consejo General es incompatible con el ejercicio simultáneo del cargo de Delegado o Delegada Provincial, así como con la prestación de servicios en el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial como empleado o empleada de la misma, cualquiera que sea su régimen funcionarial, estatutario o laboral.

13. El ejercicio de las funciones en el seno del Consejo General es gratuito y no implica relevación de funciones. La concurrencia a las sesiones de este órgano colegiado no conllevará la percepción de asistencias conforme a lo definido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, sin perjuicio de las dietas por manutención o gastos de transporte que fueran reconocidos de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 16 Funciones

1. El Consejo General tiene las siguientes funciones:

• a) Conocer la memoria anual del organismo.
• b) Conocer el anteproyecto anual de presupuesto, así como las cuentas anuales.
• c) Conocer los planes de inversión y de actuación del organismo.
• d) Proponer cuantas medidas, planes y programas sean convenientes para el desarrollo de los mecanismos de protección del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
• e) Conocer de cuantos asuntos le sean sometidos por los otros órganos de la Mutualidad.
• f) Ejercer las demás funciones que las normas legales o reglamentarias le encomienden.

2. A quien ejerza la Presidencia del Consejo General le corresponde las funciones previstas en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 17 Convocatoria y régimen jurídico

1. El Consejo General se reúne en sesión ordinaria una vez al año para ser informado de los extremos a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado primero del artículo anterior, a convocatoria de la persona que ejerza su Presidencia. También se podrán convocar cuantas sesiones extraordinarias resulten necesarias por iniciativa de la presidencia, de quien ostente la dirección de la Mutualidad o a petición de, al menos, una cuarta parte de sus miembros. En este último supuesto, la solicitud debe ir acompañada de una propuesta de orden del día, aportándose los documentos que, en su caso, la justifiquen.

La convocatoria se efectuará con una antelación mínima de quince días hábiles en el caso de las sesiones ordinarias y de siete días hábiles en el supuesto de las sesiones extraordinarias, salvo en los casos de urgencia, en los que no será necesario cumplir dichos plazos.

2. La Presidencia del Consejo General podrá acordar la celebración de sus sesiones a distancia, a través de medios electrónicos válidos, a iniciativa de cualquiera de sus miembros, oída la persona titular de la Dirección de la Mutualidad.

3. El orden del día se fija por quien ejerza la Presidencia, incluyendo el examen de las cuestiones que hayan motivado la convocatoria, comunicándose a los miembros, junto con la documentación complementaria necesaria.

Con una antelación mínima de siete días hábiles, en las sesiones ordinarias, o de cuatro en las extraordinarias, al menos la cuarta parte de los miembros puede solicitar la inclusión de puntos en el orden del día, los cuales han de incluirse salvo que otro órgano de la Mutualidad sea el competente para su debate y resolución.

4. Para que el Consejo General quede válidamente constituido, se requiere la presencia de quien ejerza su Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, así como de la mitad más uno al menos de sus miembros. En segunda convocatoria no se exige quórum especial. A los efectos de determinar el quórum de asistencia, se computan aquellos miembros que asistan a las sesiones en modalidad a distancia.

5. Los acuerdos del Consejo General se adoptan por mayoría simple de sus miembros presentes, teniendo la persona que ejerza su presidencia voto de calidad en caso de empate.

6. De cada sesión se levantará acta por la persona titular de la Secretaría, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. El régimen de funcionamiento del Consejo General de la Mutualidad es el previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las peculiaridades que contiene este Estatuto.

Artículo 18 Normativa aplicable

El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia se rige en cuanto al régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable y al de intervención y control financiero de las prestaciones, así como en lo referente al régimen de conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica, por dicho texto refundido, por las normas reglamentarias que, como la presente, lo desarrollen, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sus normas de desarrollo en las materias en las que sea de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 19 Patrimonio

Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otra clase del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial constituyen el patrimonio de la misma, distinto del patrimonio del Estado, el cual está afecto al cumplimiento de los fines que le son propios.

Artículo 20 Adquisición, administración y disposición de los bienes patrimoniales

1. La adquisición a título oneroso de bienes inmuebles por el organismo autónomo Mutualidad General Judicial para el cumplimiento de sus fines se efectuará, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda, mediante concurso público, salvo que, concurriendo las circunstancias previstas en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes autorice la adquisición directa.

2. Los arrendamientos de bienes inmuebles que deba efectuar el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial para la instalación de sus servicios, así como los contratos para la explotación de sus bienes patrimoniales, se adjudicarán por concurso público, salvo en aquellos casos, previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en los que se autorice por la persona responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la contratación en forma directa.

3. La enajenación de los bienes inmuebles del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial se llevará a cabo con arreglo a las siguientes normas:

• a) Declaración de alienabilidad y acuerdo de enajenación de los bienes: el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial podrá enajenar sus bienes propios cuando resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines, previo informe del Consejo Rector del organismo y declaración de alienabilidad y acuerdo de enajenación adoptado por la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando el valor de los bienes exceda de la cuantía determinada en el artículo 135 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, la autorización de venta de los bienes inmuebles deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros.
• b) Depuración física y jurídica de los bienes: antes de proceder a su enajenación se realizará la depuración física y jurídica de los inmuebles que se pretendan enajenar.
• c) Comunicación al Ministerio de Hacienda: con carácter previo a su enajenación, el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial comunicará la declaración de alienabilidad del inmueble al Ministerio de Hacienda, que podrá optar por incorporar los bienes al Patrimonio del Estado para afectarlos a cualquier otro servicio de la Administración o de sus organismos Públicos. Transcurridos tres meses desde la notificación al Ministerio de Hacienda sin haberse recibido contestación, se entenderá que dicho Ministerio no opta por incorporar los bienes al Patrimonio del Estado.
• d) Tasación de los bienes: antes de proceder a la enajenación de cualquier bien inmueble será imprescindible la realización de una tasación pericial, bien por servicios técnicos de la Administración o, excepcionalmente, por servicios externos de tasación. La aprobación de la tasación corresponde al director o directora del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.

4. Los procedimientos de enajenación serán el concurso, la subasta, la permuta y la adjudicación directa, que serán aplicables de acuerdo con la normativa vigente.

5. En las ventas directas de inmuebles, así como en las ventas realizadas por subasta, podrá admitirse el pago aplazado de precio de venta, por período no superior a diez años, en las condiciones que se determinan en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo.

6. En lo no previsto en este artículo, la adquisición, administración y disposición de los bienes patrimoniales se rigen por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y sus normas de desarrollo.

Artículo 21 Recursos económicos

Para el cumplimiento de sus fines, los recursos económicos del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial están constituidos por:

• a) Las aportaciones económicas del Estado a que se refiere el párrafo b) del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento del Mutualismo Judicial aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio.
• b) Las cuotas de mutualistas.
• c) Las subvenciones estatales y aquellos otros recursos de naturaleza pública que le correspondan con arreglo a la normativa vigente.
• d) Los bienes y valores que constituyen el patrimonio del organismo.
• e) Los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial.
• f) Los frutos, rentas, intereses y cualesquiera otros productos de sus bienes patrimoniales.
• g) Cualesquiera otros recursos privados que se obtengan para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 22 Sistema financiero

1. El sistema financiero del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial es el de reparto y su cuota revisable periódicamente.

2. En los casos en que la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán asimismo fondos de nivelación y de garantía para cubrir posibles déficits de cotización o en casos anormales de siniestralidad.

3. Los fondos de nivelación y garantía y cualesquiera otros que no hayan de destinarse de modo inmediato al cumplimiento de obligaciones reglamentarias, podrán ser invertidos de forma que se coordinen las finalidades de carácter social con la obtención de la mayor rentabilidad compatible con la seguridad de la inversión y una liquidez en grado adecuado a las finalidades que aquéllas hayan de atender.

4. La persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, previo informe del Ministerio de Hacienda, propondrá al Consejo de Ministros las normas que, con rango de real decreto, hayan de ser promulgadas para la inversión de tales fondos.

Artículo 23 Régimen presupuestario

1. El régimen presupuestario del organismo autónomo Mutualidad General Judicial se regula por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de sus posibles peculiaridades en cuanto a las normas sobre gastos, pagos, intervención y contabilidad, a cuyo fin el Ministerio de Hacienda, la Intervención General de la Administración del Estado, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con informe favorable de aquel departamento ministerial, dictarán las normas oportunas en el ejercicio de las competencias que en cada caso tengan atribuidas.

2. Dentro del ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, la Mutualidad elabora el anteproyecto de presupuesto de conformidad con las normas generales en la materia, ordenándose los créditos orgánica y funcionalmente, según la clasificación económica vigente, recogiendo las dotaciones necesarias para cubrir la acción protectora y los medios necesarios para llevarla a cabo, financiándose los gastos con los recursos económicos descritos en el artículo 21 de este Estatuto.

Artículo 24 Régimen de intervención y control

Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control interno de la gestión económico-financiera del organismo corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y se realiza en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y sus normas de desarrollo, por la Intervención Delegada en el organismo, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 25 Régimen contable

El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial forma y rinde sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y en sus normas de desarrollo, así como en las disposiciones generales contenidas al efecto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 26 Régimen de tesorería y créditos

1. Los ingresos y pagos a realizar por la Mutualidad se canalizan a través de las cuentas abiertas en el Banco de España, con arreglo a lo establecido en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y en otras entidades de crédito con las que el organismo, por razones de agilidad en la gestión y de eficiencia económica, considere necesario contratar para la prestación del servicio. Estos contratos se adjudican de conformidad con la normativa sobre contratos del Sector Público, sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva, y se ajustan a lo que, en todo caso, disponga el artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y sus normas de desarrollo.

2. Se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos que, afectos al ámbito de gestión del Mutualismo Judicial, se especifiquen como tales en las leyes anuales de Presupuestos Generales.

3. La Mutualidad, dentro de los límites fijados en su Presupuesto y con autorización del Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y previo informe del Ministerio de Hacienda, podrá convenir operaciones de crédito a corto plazo y de Tesorería. Estas últimas deberán quedar canceladas en el período de vigencia del Presupuesto.

4. Los créditos para gastos de administración de la Mutualidad no podrán exceder del cinco por ciento de los recursos económicos previstos para el ejercicio económico correspondiente.

Artículo 27 Régimen de contratación

1. El régimen de la contratación de la Mutualidad se ajusta a lo dispuesto para los organismos autónomos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la particularidad que se prevé en el apartado 3 siguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia respecto al régimen de conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica.

2. La persona titular de la Dirección del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial es el órgano de contratación del organismo y tiene facultades para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia, sin perjuicio, en su caso, de las autorizaciones que resulten procedentes de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3. La prestación de servicios asistenciales por Entidades Públicas, Sociedades Médicas, Colegios Farmacéuticos y otras Entidades o Empresas, que sean precisos para el cumplimiento de los fines de la acción protectora de la Mutualidad, cualquiera que sea su importe y la modalidad que revistan (convenios, conciertos, pólizas, u otras modalidades análogas), se convendrá entre el organismo y la entidad correspondiente, con informe previo de la Abogacía del Estado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y de la Intervención Delegada en el organismo sobre el proyecto de convenio, concierto, póliza o documento en el que consten las condiciones de prestación.

Artículo 28 Régimen del personal

1. El personal al servicio de la Mutualidad será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.

2. Las relaciones de puestos de trabajo del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial serán aprobadas por el órgano que sea competente conforme a la normativa vigente, siendo retribuidos con cargo a los mismos presupuestos del organismo.

Artículo 29 Recursos y régimen jurisdiccional

1. Los actos y resoluciones dictados por la Presidencia y el Consejo Rector podrán ser recurridos en alzada, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Finalizada la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. Los actos y resoluciones dictados en materia de Mutualismo Judicial por la persona titular de la Dirección de la Mutualidad y por el Consejo General en el ámbito de sus competencias, no ponen fin a la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del organismo conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Agotada la vía administrativa, podrán recurrirse en vía judicial con arreglo a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior y, en todo caso, ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y las dictadas en materia de personal por la persona titular de la Dirección de la Mutualidad. Asimismo, quedan exceptuadas aquellas resoluciones que, conforme a una norma con rango de ley, agoten la vía administrativa. En estos supuestos, las resoluciones podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

4. El recurso extraordinario de revisión puede interponerse en la forma y con los requisitos que determina el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.