Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenaci髇 minera de las Illes Balears

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• T蚑ULO I.�DISPOSICIONES GENERALES
  • Art韈ulo 1燨bjeto
  • Art韈ulo 2犃mbito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 3燩rincipios
  • Art韈ulo 4燚efiniciones
  • Art韈ulo 5燛xtracci髇 ocasional
• T蚑ULO II.�COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
  • CAP蚑ULO I.�Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears
    • Art韈ulo 6燙ompetencias del Gobierno
    • Art韈ulo 7燙onsejer韆 competente en materia de minas
    • Art韈ulo 8燙ompetencias de los consejos insulares
  • CAP蚑ULO II.�Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears
    • Art韈ulo 9燙onsejo de la Miner韆 de las Illes Balears
    • Art韈ulo 10燙omposici髇
    • Art韈ulo 11燜unciones
  • CAP蚑ULO III.�Registro Minero de las Illes Balears
    • Art韈ulo 12燫egistro Minero de las Illes Balears
• T蚑ULO III.�DERECHOS MINEROS
  • CAP蚑ULO I.�Concepto de derecho minero y procedimiento de otorgamiento
    • Art韈ulo 13燚erechos mineros
    • Art韈ulo 14犛rgano minero competente
    • Art韈ulo 15燬olicitudes de derechos mineros
    • Art韈ulo 16燬olicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental
    • Art韈ulo 17燙ondiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la secci髇 A
    • Art韈ulo 18燗pertura de nuevas canteras y sus instalaciones
    • Art韈ulo 19燙ondiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterr醤eas y similares
    • Art韈ulo 20燤odificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y termales
    • Art韈ulo 21燛xplotaciones de salinas
    • Art韈ulo 22燨cupaci髇 de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la secci髇 B
    • Art韈ulo 23燙ondiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la secci髇 C
    • Art韈ulo 24燙ondiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos geot閞micos
    • Art韈ulo 25燭ramitaci髇 de los expedientes de ocupaci髇 de terrenos y similares
    • Art韈ulo 26燬ubsanaci髇 de las solicitudes
    • Art韈ulo 27營nforme municipal preceptivo
    • Art韈ulo 28營nformaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 29燙ompatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de inter閟 p鷅lico
    • Art韈ulo 30燭r醡ite de audiencia
    • Art韈ulo 31燫esoluci髇
    • Art韈ulo 32燦otificaci髇 y publicidad
    • Art韈ulo 33燰inculaci髇 al planeamiento municipal
  • CAP蚑ULO II.�Contenido de los derechos mineros
    • Art韈ulo 34燙ontenido de los derechos mineros
    • Art韈ulo 35燰igencia temporal de los derechos mineros
    • Art韈ulo 36燩r髍roga de derechos mineros
    • Art韈ulo 37燩r髍roga de autorizaciones de las secciones A y B
    • Art韈ulo 38燩r髍roga de concesiones de las secciones C y D
    • Art韈ulo 39燗mpliaciones de autorizaciones de recursos mineros
  • CAP蚑ULO III.�Garant韆s financieras
    • Art韈ulo 40燝arant韆s financieras
    • Art韈ulo 41燙onstituci髇 de las garant韆s financieras
    • Art韈ulo 42燚evoluci髇 de las garant韆s
• T蚑ULO IV.�Contenido y transmisi髇 de los derechos mineros y de la restauraci髇
  • Art韈ulo 43燙ontenido
  • Art韈ulo 44燨bligaciones de los explotadores autorizados
  • Art韈ulo 45燯nidades de explotaci髇
  • Art韈ulo 46燨bligaci髇 de restaurar
  • Art韈ulo 47燫estauraci髇 o reutilizaci髇 de canteras a cargo de la administraci髇
  • Art韈ulo 48燭ransmisi髇 de los derechos mineros
  • Art韈ulo 49燭ransmisi髇 de derechos mineros de la secci髇 A
  • Art韈ulo 50燭ransmisi髇 de los derechos mineros por actos mortis causa
• T蚑ULO V.�Coordinaci髇 con otras legislaciones aplicables
  • Art韈ulo 51燙oordinaci髇 administrativa
  • Art韈ulo 52燙oordinaci髇 con el r間imen de aplicaci髇 en materia de licencias urban韘ticas y actividades
  • Art韈ulo 53燙oordinaci髇 con el procedimiento de evaluaci髇 ambiental
• T蚑ULO VI.�Disciplina minera
  • CAP蚑ULO I.�Inspecci髇
    • Art韈ulo 54營nspecci髇 minera
    • Art韈ulo 55燛jercicio de la potestad inspectora
    • Art韈ulo 56燜acultades
    • Art韈ulo 57燗ctas de inspecci髇
    • Art韈ulo 58燙onsecuencias de la actividad de inspecci髇
  • CAP蚑ULO II.�R間imen sancionador
    • Art韈ulo 59燫esponsables de las infracciones
    • Art韈ulo 60燙ompetencia sancionadora
    • Art韈ulo 61燩rocedimiento sancionador
    • Art韈ulo 62燤edidas cautelares
    • Art韈ulo 63燩rescripci髇
    • Art韈ulo 64燙oncurrencia de sanciones
  • CAP蚑ULO III.�Infracciones, sanciones y medidas accesorias
    • Art韈ulo 65營nfracciones
    • Art韈ulo 66營nfracciones leves
    • Art韈ulo 67營nfracciones graves
    • Art韈ulo 68營nfracciones muy graves
    • Art韈ulo 69燬anciones
    • Art韈ulo 70燝raduaci髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 71燫eparaci髇 de da駉s
    • Art韈ulo 72燤ultas coercitivas
    • Art韈ulo 73燬uspensi髇 temporal o caducidad
    • Art韈ulo 74營nformaci髇 al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燦ormativa aplicable a los procedimientos en materia minera
  • Disposici髇 adicional segunda燣egalizaci髇 de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricaci髇 de cer醡icas para la construcci髇
  • Disposici髇 adicional tercera營mpacto de g閚ero
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燩rocedimiento para actualizar y regularizar los derechos mineros
  • Disposici髇 transitoria segunda燫間imen transitorio de obtenci髇 de declaraci髇 de impacto ambiental
  • Disposici髇 transitoria tercera燬olicitudes en tr醡ite
  • Disposici髇 transitoria cuarta燫egistro Minero de las Illes Balears
  • Disposici髇 transitoria quinta燩lanes directores sectoriales de canteras
  • Disposici髇 transitoria sexta燛studios de viabilidad de grandes infraestructuras de transporte
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燦ormas que se derogan
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final segunda燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto

El objeto de esta ley es regular el desarrollo de las actividades mineras en el territorio de las Illes Balears, as� como la actividad administrativa de control y supervisi髇 de estas actividades y de las tareas de restauraci髇, en el marco de las competencias atribuidas a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears por el Estatuto de Autonom韆, en condiciones de sostenibilidad y seguridad, y promoviendo un aprovechamiento racional compatible con la protecci髇 del medio ambiente y el paisaje.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. Esta ley es aplicable a las siguientes actividades:

• a) Exploraci髇, investigaci髇, explotaci髇 y aprovechamiento de los recursos minerales y otros recursos geol骻icos situados en las Illes Balears.
• b) Aprovechamiento de los recursos geot閞micos situados en las Illes Balears.
• c) Preparaci髇 de los minerales y los recursos extra韉os para la entrega a los mercados.
• d) Gesti髇 de los residuos producidos en las actividades extractivas.
• e) Recuperaci髇 ambiental de los espacios afectados por actividades mineras.
• f) Establecimientos de beneficio dedicados a la preparaci髇, la concentraci髇 o el beneficio de los recursos mineros definidos en esta ley.
• g) Labores que se ejecuten en espacios subterr醤eos naturales, cualquiera que sea su importancia, incluidas las instalaciones el閏tricas y las de ventilaci髇.

2. Quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley las siguientes materias:

• a) Exploraci髇, investigaci髇, explotaci髇 y almacenaje subterr醤eo de hidrocarburos l韖uidos y gaseosos.
• b) Extracci髇 ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, de acuerdo con el art韈ulo 5 de esta ley.

Art韈ulo 3 Principios

Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:

• a) La planificaci髇 minera en el marco de la ordenaci髇 de la econom韆 y del territorio y con respeto al principio de abastecimiento de mineral propio, prioritario de cada isla.
• b) La gesti髇 sostenible de los recursos mineros, con garant韆s de protecci髇 del medio ambiente y del paisaje.
• c) La mejora de las condiciones de seguridad y salud laborales.
• d) La colaboraci髇, la coordinaci髇 y la cooperaci髇 de las administraciones p鷅licas, as� como la agilizaci髇 y la racionalizaci髇 de las oportunas tramitaciones.
• e) La participaci髇 en la pol韙ica minera de los sectores sociales y econ髆icos implicados y afectados.

Art韈ulo 4 Definiciones

1. Una explotaci髇 minera es el conjunto de actividades socio-econ髆icas que se llevan a cabo para obtener recursos de un yacimiento de minerales.

2. Los yacimientos minerales y los dem醩 recursos geol骻icos se clasifican, a efectos de esta ley y de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, en las siguientes secciones:

Secci髇 A: se incluyen los recursos geol骻icos de un valor econ髆ico y una comercializaci髇 geogr醘icamente restringidos, as� como aquellos cuyo aprovechamiento 鷑ico sea el de obtener fragmentos de tama駉 y forma apropiados para su utilizaci髇 directa en obras de infraestructura, construcci髇 y dem醩 usos que solo exigen las operaciones de extracci髇, las de arranque, quebrantado y calibrado.

Secci髇 B: incluye las aguas minerales, las aguas termales, las estructuras subterr醤eas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por esta ley.

Secci髇 C: comprende los yacimientos minerales y los recursos geol骻icos que no est閚 incluidos en las secciones anteriores y que sean objeto de aprovechamiento de conformidad con esta ley, excepto los incluidos en la secci髇 D.

Secci髇 D: incluye los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geot閞micos, las rocas bituminosas y cualquier otro yacimiento mineral o recurso geol骻ico de inter閟 energ閠ico.

3. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera toda explotaci髇 minera de recursos de las secciones A o C (de acuerdo con la normativa estatal b醩ica) descritos en el apartado anterior, en la cual se obtienen rocas para usos industriales, rocas de construcci髇 o 醨idos.

4. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera activa la explotaci髇 con autorizaci髇 o concesi髇 que no ha sido declarada caducada por una resoluci髇 firme de la autoridad minera.

5. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera caducada la explotaci髇 que ya no se incluye en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, dado que ha sido declarada caducada por la autoridad minera.

6. La reutilizaci髇 de canteras activas consiste en la modificaci髇 del Plan de restauraci髇 por un nuevo proyecto para realizar otras actividades diferentes de las extractivas en el espacio ocupado por la cantera. Para la autorizaci髇 de reutilizaci髇 el informe del consejo insular ser� preceptivo y vinculante.

7. La reutilizaci髇 de canteras caducadas consiste en usar el espacio ocupado por una cantera caducada cuya restauraci髇 no conste justificada para realizar actividades diferentes de las extractivas, como pueden ser las de tipo cultural, deportivo, social, etnol骻ico o las que determine el Consejo de la Miner韆. Para autorizar la reutilizaci髇 el informe del correspondiente consejo insular ser� preceptivo y vinculante.

8. A los efectos de esta ley, se entiende por actividad extractiva el conjunto de operaciones e instalaciones necesarias para obtener y comercializar recursos geol骻icos. Se incluyen los establecimientos de beneficio definidos en esta ley, as� como las instalaciones -fijas o m髒iles- y las edificaciones necesarias para el desarrollo normal de la actividad, como talleres, b醩culas, oficinas, almacenes, plantas envasadoras de agua mineral, vestuarios o comedores de personal, que, en todo caso, tienen que cumplir las prescripciones que, en cuanto a autorizaciones o permisos, haya previsto la Administraci髇 local o auton髆ica competente.

9. Se entiende por ampliaci髇 de cantera el incremento de la superficie de una cantera autorizada obtenido por la incorporaci髇 de terrenos a la autorizaci髇 inicial, por cualquier procedimiento admitido por la normativa minera. La cantera y el terreno por incorporar han de ser colindantes; en este sentido, no se debe entender que hay separaci髇 si entre ambos hay un camino, una servidumbre de paso o un vial.

10. A los efectos de esta ley, se entiende por suelo de uso extractivo aqu閘 en el cual se desarrolla la actividad extractiva definida en esta ley.

11. A los efectos de esta ley, se entiende por rocas para usos industriales las sustancias minerales utilizadas en procesos industriales, directamente o mediante un tratamiento adecuado seg鷑 sus propiedades f韘ico-qu韒icas. Se incluyen los 醨idos, los aglomerantes, las rocas de construcci髇, el vidrio y los productos cer醡icos utilizados en estos procesos. Se incluyen tambi閚 las arcillas.

12. Los 醨idos son sustancias minerales constituidas por piedras o fragmentos de diferentes medidas obtenidos directamente de los yacimientos naturales o mediante una o varias de las operaciones siguientes: rotura, trituraci髇, lavado, molienda y clasificaci髇.

13. Los aglomerados son sustancias formadas por 醨idos de granulometr韆 diferente en determinadas proporciones que mezcladas con otras sustancias o aditivos, como cemento, yeso, resinas, cal o aglomerantes, constituyen una masa compacta para diferentes usos constructivos.

14. Las rocas de construcci髇 son las que se explotan industrialmente para la obtenci髇 de bloques, losas o placas para recubrimientos usados en construcci髇. Se denominan rocas ornamentales las que han sido trabajadas, desbastadas o cortadas en determinada forma o tama駉, con superficies elaboradas mec醤icamente; y, piedras de construcci髇 las que han sido seleccionadas para su uso en construcci髇 y no admiten pulido.

15. Un recurso geot閞mico de baja entalp韆 es la fracci髇 de la energ韆 geot閞mica que podr� ser aprovechada de forma t閏nica y econ髆icamente viable, con valores de temperatura inferior a 100 grados Celsius.

16. Los establecimientos de beneficio son aquellos en los cuales se utilizan principalmente materias primas procedentes de la misma explotaci髇 y, sin incorporar procesos de enmoldado y/o fraguado, elaboran materiales aptos para infraestructuras e industrias de la construcci髇. En todo caso, se consideran establecimientos de beneficio propios de la actividad extractiva las plantas de fabricaci髇 de hormig髇 preparado, de aglomerado asf醠tico, de mortero, ensacadoras, toberas y de grava-cemento y suelo-cemento.

El establecimiento de beneficio siempre ha de estar ubicado dentro de la superficie incluida en la autorizaci髇 de explotaci髇 minera.

17. Los trabajos que requieren la aplicaci髇 de t閏nicas mineras son los siguientes:

• a) Todos los que se ejecutan mediante labores subterr醤eas, sea cu醠 sea su importancia.
• b) Los que requieren el uso de explosivos, aunque sean labores superficiales.
• c) Los que se hacen a cielo abierto y sin el uso de explosivos, y requieren la formaci髇 de cortas, tajos o bancos de m醩 de 3 metros de altura.
• d) Los que, incluidos o no en los casos anteriores, requieren utilizar cualquier clase de maquinaria para investigaci髇, extracci髇, preparaci髇 para concentraci髇, depuraci髇 o clasificaci髇.
• e) Todos los que se hagan en salinas mar韙imas y lacustres, y en relaci髇 con aguas minerales, aguas termales y recursos geot閞micos.

18. Se consideran residuos adecuados para obras de restauraci髇, acondicionamiento y llenado o con finalidades de construcci髇, cuando as� lo permita la normativa sectorial de residuos correspondiente, o los que indique la normativa general aplicable.

19. Plan de restauraci髇: conjunto de medidas destinadas al tratamiento del terreno afectado por las actividades mineras de forma que se devuelva el terreno a un estado satisfactorio, en particular, en relaci髇 con, seg鷑 los casos, la calidad del suelo, la fauna, los h醔itats naturales, los sistemas de agua dulce, el paisaje y los usos beneficiosos apropiados.

20. Dada la peculiaridad geogr醘ica de las Illes Balears, la cuadr韈ula minera ser� el volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separaci髇 sea de cinco segundos sexagesimales, que deber� coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un n鷐ero de segundos que necesariamente deber� ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.

Art韈ulo 5 Extracci髇 ocasional

1. Se considera ocasional y de escasa importancia la extracci髇 de recursos minerales que lleve a cabo el propietario de un terreno, para su uso exclusivo en la misma propiedad, y que no exige aplicar ninguna t閏nica minera. Este tipo de extracci髇 queda fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley.

2. Para ser considerada como extracci髇 ocasional, esta actividad tiene que estar sujeta a las siguientes limitaciones:

• a) No podr� tener car醕ter lucrativo ni comercial.
• b) La maquinaria utilizada ha de ser la com鷑 para extraer materiales, nivelar o compactar el terreno. No se permitir� usar maquinaria propia de las t閏nicas mineras, plantas de tratamiento fijas o m髒iles ni explosivos.
• c) La duraci髇 de la extracci髇 ocasional no podr� exceder del plazo aprobado correspondiente al permiso de la administraci髇 competente que lo ampare.

3. La comercializaci髇 de los excedentes de las extracciones realizadas en el 醡bito que prev� este art韈ulo es un supuesto regulado por el r間imen sancionador de esta ley. Tanto la conducta del promotor de la actuaci髇, en su caso, como la de la persona propietaria del terreno se tipificar醤 seg鷑 su grado de participaci髇 y responsabilidad en la infracci髇.

Art韈ulo 6 Competencias del Gobierno

Como 髍gano superior de direcci髇 y coordinaci髇 de la pol韙ica de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, corresponder醤 al Consejo de Gobierno las siguientes funciones:

• a) Garantizar la coordinaci髇 de los diferentes departamentos auton髆icos con incidencia en la miner韆, as� como facilitar mecanismos y organismos de cooperaci髇 y coordinaci髇 con la actividad y la normativa de los consejos insulares y de los municipios.
• b) Acordar con car醕ter excepcional, con la justificaci髇 previa del inter閟 p鷅lico, la continuaci髇 del procedimiento de otorgamiento de derechos mineros en caso de que haya informes preceptivos desfavorables, con las condiciones que considere adecuadas.
• c) Establecer las l韓eas de cooperaci髇 con las dem醩 administraciones p鷅licas.
• d) Resolver la prevalencia de declaraciones de utilidad p鷅lica incompatibles cuando se vean afectadas competencias atribuidas a diferentes consejer韆s.
• e) Declarar determinadas zonas del territorio de las Illes Balears como zonas registrables seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 23 de esta ley.

Art韈ulo 7 Consejer韆 competente en materia de minas

Corresponder醤 a la consejer韆 que tenga atribuida la competencia en materia de miner韆 las siguientes funciones:

• a) Otorgar las concesiones, los permisos, las autorizaciones, las ampliaciones y las transmisiones, en los t閞minos de la legislaci髇 b醩ica estatal, necesarios para desarrollar actividades extractivas.
• b) Declarar la caducidad de los derechos mineros.
• c) Autorizar la pr髍roga de las concesiones, las autorizaciones y los permisos de acuerdo con las previsiones de esta ley.
• d) Ejercer las competencias relativas a la seguridad minera.
• e) Inspeccionar el cumplimiento de las condiciones t閏nicas, de seguridad y ambientales de las actividades que utilicen t閏nicas mineras.
• f) Ejercer la potestad sancionadora en los t閞minos que establecen esta ley y el resto de la normativa reguladora.
• g) Aprobar, vigilar y controlar el cumplimiento de los planes de restauraci髇 de las explotaciones.
• h) Impulsar la mejora de las explotaciones mineras potenciando sus competencias t閏nicas, medioambientales, comerciales y organizativas.

Art韈ulo 8 Competencias de los consejos insulares

1. Los consejos insulares, en las competencias de ordenaci髇 del territorio atribuidas por el Estatuto de Autonom韆 y la Ley de consejos insulares, tendr醤 la funci髇 de elaborar y aprobar los planes directores de canteras insulares y sus modificaciones, estableciendo las zonas de inter閟 minero, as� como de emitir los informes previstos en esta ley.

2. Los planes directores sectoriales que aprueben los consejos insulares se ajustar醤 a lo establecido en las Directrices de Ordenaci髇 del Territorio y el Plan Territorial Insular.

Art韈ulo 9 Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears

1. Se crea el Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears como 髍gano colegiado, con funciones principalmente consultivas y de asesoramiento de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en relaci髇 con la miner韆, en el marco de la defensa ambiental y el desarrollo sostenible. En las cuestiones determinadas en el art韈ulo 11.2, sus funciones ser醤 decisorias.

2. A efectos administrativos, el Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears est� adscrito a la consejer韆 competente en materia de miner韆.

3. El Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears tendr� como finalidades estimular el consenso y la unidad de acci髇 en materia de miner韆, e impulsar la coordinaci髇 de los intereses p鷅licos y privados que confluyan con el objetivo de fomentar el desarrollo de una pol韙ica minera insular sostenible.

Art韈ulo 10 Composici髇

1. El Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears estar� presidido por la persona titular de la consejer韆 competente en materia de miner韆 o la persona en quien delegue.

2. La composici髇 del Consejo se determinar� reglamentariamente.

Cuando realice funciones consultivas y de asesoramiento, formar醤 parte de 閟te representantes de las administraciones, entre los que se integrar醤 representantes de los ayuntamientos con actividad minera, de los diferentes consejos insulares, de las federaciones de municipios, de las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas, de las organizaciones de defensa del medio ambiente, de los colegios profesionales implicados en la materia minera y, en definitiva, de los agentes socio-econ髆icos afectados por la actividad minera tales como canteras, aguas minerales envasadas, salinas, geot閞micas y otros.

Cuando realice funciones decisorias, tal y como se determina en el art韈ulo 11.2, el Consejo de la Miner韆 estar� formado tan solo por los representantes de las administraciones. En estas sesiones los representantes de las dem醩 entidades ser醤 invitados y tendr醤 voz pero no voto.

3. Los miembros del Consejo ser醤 nombrados por el consejero competente en materia de miner韆, a propuesta de las organizaciones representativas y de las diferentes instituciones.

4. Asimismo, estar� integrado por comit閟 t閏nicos compuestos por personal cualificado perteneciente a las diferentes administraciones, tanto auton髆icas como locales. Como m韓imo, contar醤 con representantes del 醡bito competencial de minas y medio ambiente del Gobierno de las Illes Balears, de los diferentes consejos insulares y del 醨ea urban韘tica de los ayuntamientos afectados. Cuando el Consejo tenga que emitir informes vinculantes ser� preceptivo el informe previo del comit� t閏nico.

5. Dentro de la estructura de los comit閟 t閏nicos, se crear� un 醨ea espec韋ica de car醕ter permanente, cuya funci髇 ser� la de elaborar informes y propuestas a la consejer韆 competente en materia de minas para la restauraci髇 o reutilizaci髇 de las canteras.

Art韈ulo 11 Funciones

1. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, corresponder醤 al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears las siguientes funciones:

• a) Emitir informes sobre los anteproyectos de ley, los proyectos de reglamentos con incidencia en la miner韆 y los planes sectoriales de actividades extractivas de las Illes Balears.
• b) Informar sobre los proyectos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears.
• c) Asesorar sobre los planes y los programas con incidencia significativa en el sector minero de las Illes Balears, a petici髇 del presidente.
• d) Informar sobre todos los asuntos que en materia minera someta a su consideraci髇 la consejer韆 competente en materia de miner韆 y los que reglamentariamente se le atribuyan.
• e) Proponer l韓eas de actuaci髇 para el desarrollo sostenible de la actividad extractiva.
• f) Contribuir y promover la restauraci髇 o la reutilizaci髇 de las canteras, especialmente de las que supongan los impactos ambientales y paisaj韘ticos m醩 graves. En este sentido, supervisar� la efectiva restauraci髇 del espacio afectado por extracciones que, ampar醤dose en una supuesta consideraci髇 como ocasional, hayan vulnerado los l韒ites que establece el art韈ulo 5 de la presente ley.
• g) Proponer medidas para mejorar la pol韙ica minera de las Illes Balears, teniendo en cuenta el entorno pr髕imo de la Uni髇 Europea.
• h) Emitir informes y efectuar propuestas en materia de miner韆, a iniciativa propia o para dar respuesta a las demandas del sector.
• i) Colaborar en los estudios sobre la evoluci髇 de la actividad extractiva y sus perspectivas.
• j) Formular propuestas de buenas pr醕ticas para la evoluci髇 de los procedimientos de extracci髇 y difundir las ya existentes.
• k) Proponer actuaciones para mejorar la imagen del sector y el conocimiento ciudadano sobre su incidencia econ髆ica y social.
• l) Impulsar la comunicaci髇 y la coordinaci髇 entre la iniciativa p鷅lica y privada.
• m) Ser informado anualmente con respecto a los expedientes administrativos relativos a autorizaciones, concesiones, ampliaciones, pr髍rogas, transmisiones y regularizaciones de explotaciones mineras de las Illes Balears.
• n) Ser informado anualmente de las sanciones impuestas en materia minera.

2. Los informes del Consejo de la Miner韆 ser醤 preceptivos y no vinculantes, excepto los que emita sobre planes sectoriales de actividades extractivas en las Illes Balears y sobre proyectos mineros de las secciones C y D, que ser醤 preceptivos y vinculantes.

Art韈ulo 12 Registro Minero de las Illes Balears

1. Se crea el Registro Minero de las Illes Balears, en el que han de inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Illes Balears, as� como sus modificaciones. La inscripci髇 incluir�, con el desglose suficiente, el tipo de derecho minero, el titular, la extensi髇, la delimitaci髇, los establecimientos de beneficio e instalaciones auxiliares, la maquinaria y cualquier otro elemento esencial para la actividad minera.

Igualmente, se incluir� la pertinente representaci髇 gr醘ica, tanto de la explotaci髇 propiamente dicha como, en su caso, del cumplimiento de las fases del Plan de restauraci髇.

2. Los datos reflejados en el Registro Minero de las Illes Balears ser醤 una herramienta fundamental de informaci髇 y de apoyo para la gesti髇 interna y la definici髇 de la pol韙ica minera de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears y ser醤, con car醕ter general, los 鷑icos v醠idos sobre la extensi髇 o delimitaci髇 de derechos mineros autorizados o concedidos durante el transcurso de la vida de la explotaci髇.

3. El Registro Minero de las Illes Balears ser� p鷅lico y estar� integrado en la informaci髇 territorial actualizada que proporcionan los servicios cartogr醘icos del Gobierno de las Illes Balears.

4. Las inscripciones en el Registro Minero de las Illes Balears, tanto de las modificaciones de los derechos mineros ya existentes a la entrada en vigor de esta ley, como de los que se autoricen con posterioridad, ser醤 realizadas de oficio por la autoridad minera. Asimismo ser醤 realizadas de oficio las inscripciones de los derechos mineros de los que se solicite la regularizaci髇 prevista en la disposici髇 transitoria primera de esta ley, una vez que haya resoluci髇 firme.

Art韈ulo 13 Derechos mineros

1. Los derechos mineros que se otorguen o se soliciten en las Illes Balears han de ajustarse a lo dispuesto en este t韙ulo.

2. Sin perjuicio de la aplicaci髇 de la legislaci髇 estatal b醩ica, fundamentalmente la Ley 22/1973 y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el r間imen de la miner韆, y la normativa concordante, vistas las caracter韘ticas especiales de la actividad minera balear, pr醕ticamente centrada en la explotaci髇 de canteras, se aplican las previsiones del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, y de la normativa sectorial vigente, mientras no se hayan aprobado los planes directores insulares de canteras.

3. Ser醤 derechos mineros regulados en la legislaci髇 espec韋ica minera los siguientes:

• a) Las autorizaciones de aprovechamiento si se trata de recursos de la secci髇 A, as� como sus ampliaciones.
• b) Las autorizaciones y las concesiones de aprovechamiento de recursos de la secci髇 B, as� como sus ampliaciones.
• c) Los permisos de exploraci髇, los permisos de investigaci髇 y las concesiones de explotaci髇 si se trata de yacimientos o recursos de las secciones C y D, as� como sus ampliaciones.

4. Con las particularidades previstas en esta ley, se establece un procedimiento unitario e integrado para otorgar todos los derechos mineros en el territorio de las Illes Balears, con independencia del tipo de recurso y de la actividad minera desarrollada.

5. El otorgamiento de una autorizaci髇, un permiso o una concesi髇 para exploraci髇, investigaci髇, aprovechamiento o explotaci髇 de yacimientos minerales y recursos geol骻icos, se entender� sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de obtener las dem醩 autorizaciones y requisitos que, de acuerdo con la normativa vigente, sean necesarios.

Art韈ulo 14 觬gano minero competente

1. Sin perjuicio de las funciones que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno de las Illes Balears en el art韈ulo 6, el 髍gano minero competente o la autoridad minera ser� la persona titular de la consejer韆 que tenga atribuidas las competencias en materia de minas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, a qui閚 corresponder� otorgar los derechos mineros, autorizar sus modificaciones, transmisiones y pr髍rogas, y, en su caso, declarar su caducidad.

2. El 髍gano minero competente velar� para que el otorgamiento de los derechos mineros respete las prescripciones de la normativa minera, de aguas, ambiental, agraria y de ordenaci髇 del territorio, as� como cualquier otra que sea aplicable.

3. En caso de aprovechamientos inmediatos directamente asociados a proyectos de obras p鷅licas y que no impliquen beneficio de recursos en el territorio de las Illes Balears, corresponder� autorizarlos al 髍gano competente para aprobar el correspondiente proyecto de construcci髇, cualquiera que sea el sistema de ejecuci髇, mediante el cumplimiento de las prescripciones de esta ley y de la normativa de seguridad minera. Las autorizaciones deber醤 fijar la obligaci髇 de restaurar los terrenos afectados.

4. El 髍gano competente para aprobar el proyecto de construcci髇 correspondiente ha de notificar a la consejer韆 competente en materia de minas el inicio y la finalizaci髇 de los trabajos mencionados en el apartado anterior, y anualmente ha de informar de las cantidades de materiales extra韉os.

5. Sin perjuicio del ejercicio propio de las competencias que tiene asignadas, el 髍gano minero podr� solicitar la colaboraci髇 de entidades colaboradoras de la Administraci髇 y de organismos de control autorizados, de acuerdo con la normativa vigente.

La actuaci髇 de estas entidades en el 醡bito de la administraci髇 minera podr� ser desarrollada reglamentariamente.

Art韈ulo 15 Solicitudes de derechos mineros

1. Las solicitudes de derechos mineros han de presentarse en soporte de papel debidamente foliadas y encuadernadas, acompa馻das de un 韓dice descriptivo del contenido y en tantas copias en formato digital como la autoridad minera exija. En todo caso, como m韓imo, se presentar� la siguiente documentaci髇:

• a) El modelo normalizado de solicitud.
• b) La documentaci髇 que acredite que la persona solicitante cumple los requisitos que exige la legislaci髇 minera para poder ser titular de derechos mineros, especialmente en cuanto a la disponibilidad de los terrenos durante el tiempo previsto de explotaci髇 solicitada, y un informe de su solvencia econ髆ica y t閏nica y de viabilidad del proyecto.
• c) Un proyecto de explotaci髇 (tomo I), que han de firmar los titulados universitarios que se determinan en el art韈ulo 117.2 y 3 de la Ley 22/1973, de minas, que ha de contener la siguiente documentaci髇:
  • 1�. Una memoria, que ha de comprender el proyecto de exploraci髇, investigaci髇 o explotaci髇 y los proyectos de instalaciones mineras y procesos productivos, cuyo contenido podr� establecerse reglamentariamente.
  • 2�. Un plan de cese y de abandono de actividades mineras.
  • 3�. Un calendario de ejecuci髇 y presupuesto.
  • 4�. Los planos.
  • 5�. La siguiente documentaci髇 anexa:
    • I. Geolog韆 del dep髎ito.
    • II. Estudio geot閏nico.
    • III. Estudio hidrol骻ico y estudio hidrogeol骻ico que valore la posible afecci髇 potencial al dominio p鷅lico hidr醬lico subterr醤eo y plantee las medidas de prevenci髇 necesarias.
    • IV. Instalaciones
  • 6�. Un presupuesto de los gastos previos al arranque de la actividad y del primer a駉 de explotaci髇.
  • 7�. Un estudio econ髆ico y financiero.
  • 8�. Un programa de ejecuci髇 de instalaciones.
• d) Un plan de restauraci髇 (tomo II), que ha de firmar un t閏nico o t閏nica competente seg鷑 la legislaci髇 vigente, del espacio afectado por las actividades mineras. La restauraci髇 se ejecutar� por fases, desde el inicio mismo de la explotaci髇. Este plan dispondr� de un 韓dice y de los contenidos especificados en la legislaci髇 vigente, y al menos de la documentaci髇 siguiente:
  • 1�. La descripci髇 del entorno.
  • 2�. Las medidas previstas para rehabilitar el espacio natural.
  • 3�. Las medidas previstas para rehabilitar los servicios y las instalaciones.
  • 4�. El plan de gesti髇 de residuos.
  • 5�. El calendario y el presupuesto de la restauraci髇, que contendr� las fases secuenciadas de la restauraci髇.
  • 6�. La documentaci髇 gr醘ica y planim閠rica, utilizando la mejor tecnolog韆 disponible, de c髆o quedar醤 finalmente los terrenos despu閟 de la restauraci髇.
• e) Cualquier otra documentaci髇 (tomo III) e informaci髇 acreditativa del cumplimiento de los requisitos que establece la legislaci髇 sectorial y medioambiental aplicable.
• f) El documento de seguridad y salud, que tendr� que ser redactado por un titulado universitario de minas (tomo IV).
• g) En caso de derechos mineros sometidos a la evaluaci髇 ambiental, un estudio ambiental con el contenido que establece la legislaci髇 vigente para remitirlo al correspondiente 髍gano ambiental (tomo V).

2. A la solicitud de los derechos mineros, se adjuntar� una memoria con el resumen de todas las indicaciones especificadas en los p醨rafos anteriores, para facilitar su comprensi髇 a efectos del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica.

3. Tambi閚 se presentar� cualquier otra documentaci髇 que establezca reglamentariamente la autoridad minera.

4. En los proyectos sujetos a tr醡ite ambiental definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears, la direcci髇 general competente en materia de minas emitir� un informe t閏nico sobre la idoneidad del proyecto que, junto con toda la documentaci髇 presentada, se enviar� al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears, el cual podr� realizar las observaciones que considere pertinentes.

5. En aquellas solicitudes de nuevos derechos mineros ubicados fuera de las zonas de localizaci髇 de recursos de inter閟 minero en el Plan director sectorial de canteras vigente en las que sea necesaria la declaraci髇 de inter閟 general, el consejo insular habr� de emitir un informe preceptivo y vinculante. Dicho informe suplir� la declaraci髇 de inter閟 general. Si el informe no se emite en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la recepci髇 de la solicitud, se entender� favorable y tampoco ser� necesaria la declaraci髇 de inter閟 general.

Art韈ulo 16 Solicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental

1. No se podr醤 autorizar nuevas canteras ni, en miner韆 met醠ica, el uso de t閏nica a cielo abierto, en el 醡bito de las 醨eas de especial protecci髇 de inter閟 en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears delimitadas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de r間imen urban韘tico vigente.

Tampoco se permitir醤 extracciones de arena ni el mantenimiento de las ya existentes:

• a) En el 醡bito de las ANEI (醨eas naturales de especial inter閟) declaradas por la citada ley.
• b) En los sistemas dunares litorales delimitados en el mapa geol骻ico de Espa馻, elaborado por el Instituto Geol骻ico y Minero de Espa馻.

2. En el resto de solicitudes de derechos mineros ubicados en 醨eas de especial protecci髇, definidas por la Ley 1/1991, o en lugares de relevancia ambiental, definidos por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservaci髇 de los espacios de relevancia ambiental, o la normativa de protecci髇 ambiental que la sustituya, adem醩 de la documentaci髇 descrita en el art韈ulo anterior, el promotor ha de presentar un documento de evaluaci髇 adecuada para analizar la repercusi髇 de las actividades en el espacio protegido.

Las solicitudes se tramitar醤 de acuerdo con las previsiones de la presente ley, y con cumplimiento de los requisitos que establece la normativa europea sobre h醔itats, con las medidas compensatorias que correspondan, de conformidad con los requisitos de la legislaci髇 ambiental aplicable. Paralelamente, se solicitar� la evaluaci髇 de impacto ambiental.

3. Una vez que se haya presentado la documentaci髇 relativa a la solicitud de derechos mineros en zonas de especial protecci髇 y en lugares de relevancia ambiental, la consejer韆 competente en materia de miner韆 la remitir� al 髍gano ambiental, que ha de informar sobre la evaluaci髇 adecuada.

4. La direcci髇 general competente en materia de minas, vista la declaraci髇 de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental del 髍gano ambiental, elaborar� un informe t閏nico sobre la idoneidad del proyecto, que, junto con toda la documentaci髇 relativa a la evaluaci髇 del 髍gano ambiental, enviar� al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears, el cual puede hacer las observaciones que considere pertinentes.

LE0000580992_20201020 N鷐ero 4 del art韈ulo 16 redactado por la disposici髇 final primera de la Ley [BALEARES] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluaci髇 ambiental de las Illes Balears (獴.O.I.B.� 20 agosto).Vigencia: 21 agosto 2016

5. En caso de que el informe del 髍gano ambiental sea favorable, el 髍gano sustantivo ha de continuar el procedimiento.

6. En caso de que el informe del 髍gano ambiental sea desfavorable y en circunstancias excepcionales, a instancia del promotor, se podr� continuar la tramitaci髇 siguiendo el procedimiento establecido para resoluci髇 de discrepancias en el art韈ulo 36.2.a) de la Ley 11/2006, siempre que se respeten las garant韆s procedimentales establecidas en las disposiciones europeas de protecci髇 ambiental y con la consulta previa a la Comisi髇 Europea. En todo caso, se requiere que no haya soluciones alternativas y que el plan o proyecto se tenga que ejecutar por razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden. En este caso, hay que aplicar medidas de compensaci髇.

La resoluci髇 de continuaci髇 ha de establecer las disposiciones necesarias en relaci髇 con la protecci髇 ambiental, que han de incorporarse al proyecto.

Art韈ulo 17 Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la secci髇 A

Adem醩 de la documentaci髇 exigida en el art韈ulo 15 de esta ley, en la solicitud de derechos mineros de la secci髇 A ha de adjuntarse la documentaci髇 que acredite el derecho del aprovechamiento cuando el yacimiento est� en terrenos de propiedad privada, de conformidad con la legislaci髇 espec韋ica de minas. Cuando el yacimiento est� en terrenos de propiedad p鷅lica, es necesario el t韙ulo habilitante de la administraci髇 titular.

Art韈ulo 18 Apertura de nuevas canteras y sus instalaciones

1. Si se solicita la autorizaci髇 o la concesi髇 para explotar un recurso minero de las secciones A o C que sea una cantera, el promotor ha de presentar, junto con la documentaci髇 descrita en los art韈ulos anteriores, un estudio, redactado por un t閏nico competente, sobre la viabilidad econ髆ica de la nueva cantera y un certificado emitido por un t閏nico competente sobre la situaci髇 de la cantera en relaci髇 con las 醨eas incluidas en las de localizaci髇 de recursos de inter閟 minero, seg鷑 el Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears vigente en el momento de la solicitud.

2. Para la autorizaci髇 o la concesi髇 de estas nuevas explotaciones se han de considerar los siguientes criterios de prioridad:

• a) Que se encuentren en las zonas incluidas dentro de la localizaci髇 de recursos de inter閟 minero seg鷑 los planes directores sectoriales correspondientes.
• b) La ampliaci髇 de canteras activas.
• c) La reexplotaci髇 de canteras caducadas.
• d) La posibilidad de recurrir a la sustituci髇 de un material por otro.

Art韈ulo 19 Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterr醤eas y similares

Adem醩 de la documentaci髇 exigida en el art韈ulo 15 de esta ley, la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterr醤eas y similares ha de exigir la declaraci髇 previa de su calificaci髇 como recursos de la secci髇 B, que ha de llevar a cabo el 髍gano minero competente.

Art韈ulo 20 Modificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y termales

1. En la solicitud de ampliaci髇 del reconocimiento de una nueva fuente o captaci髇 subterr醤ea dentro de un per韒etro de protecci髇 ya otorgado, ha de acreditarse que el agua procede del mismo acu韋ero y que su composici髇 fisico-qu韒ica es similar, seg鷑 el criterio de constancia qu韒ica que figura en la autorizaci髇 existente.

2. La acreditaci髇 a que se refiere el apartado anterior podr� llevarse a cabo mediante un an醠isis, seg鷑 el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, o cualquier otro procedimiento que deje constancia fehaciente de la identidad del acu韋ero y de la composici髇 f韘ico-qu韒ica similar del agua.

3. En caso de que la nueva captaci髇 o la profundizaci髇 del existente supongan la captaci髇 de otro acu韋ero diferente, ha de iniciarse un nuevo expediente de declaraci髇 mineral o termal de las aguas.

4. La autorizaci髇 de modificaci髇 del caudal m醲imo que ha de aprovecharse y de las condiciones que lo regulan corresponder� a la autoridad minera, con el informe previo y favorable del 髍gano competente en materia de recursos h韉ricos.

Art韈ulo 21 Explotaciones de salinas

Las autorizaciones de explotaciones de salinas, las ha de otorgar el 髍gano minero competente. En todo caso, cualquier modificaci髇 de la autorizaci髇, incluyendo los trabajos de mantenimiento, ha de presentarse al 髍gano minero para que la autorice, con el informe previo correspondiente del 髍gano ambiental competente.

Art韈ulo 22 Ocupaci髇 de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la secci髇 B

1. La persona titular de una autorizaci髇 de aprovechamiento de recurso de la secci髇 B tiene derecho a la ocupaci髇 temporal o a la expropiaci髇 forzosa de los terrenos necesarios para ubicar los trabajos, las instalaciones y los servicios.

2. Si no hay normativa auton髆ica y sin perjuicio de la aplicaci髇 de la Ley de expropiaci髇 forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha de aplicarse la normativa estatal en materia de miner韆.

Art韈ulo 23 Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la secci髇 C

1. De forma excepcional, podr� declararse la registrabilidad para los recursos mineros de la secci髇 C a solicitud del interesado y si se acredita la disponibilidad de los terrenos y el cumplimiento del resto de condiciones exigidas en los siguientes puntos.

N鷐ero 1 del art韈ulo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, n鷐. rec. 4051/2015.JU0005510089

2. Las explotaciones mineras de aprovechamiento de recursos de la secci髇 C, adem醩 de la previa declaraci髇 de zona registrable, necesitar醤, en el caso de nuevas concesiones, ampliaciones o pr髍rogas de las existentes, el informe favorable del Consejo de la Miner韆.

Inciso “adem醩 de la previa declaraci髇 de zona registrable” contenido en el apartado 2 del art韈ulo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, n鷐. rec. 4051/2015.JU0005510089

3. En el momento de la solicitud habr� de acreditarse la disponibilidad sobre los terrenos, al menos por el tiempo por el que se solicita la concesi髇, ampliaci髇 o pr髍roga.

En la solicitud han de adjuntarse, adem醩 de la documentaci髇 descrita en los art韈ulos 15 y 16 de esta ley, y de la solicitud de registrabilidad, los siguientes documentos:Inciso “y de la solicitud de registrabilidad” contenido en el segundo p醨rafo del apartado 3 del art韈ulo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, n鷐. rec. 4051/2015.JU0005510089

• a) Una memoria descriptiva de la explotaci髇 que se lleva a cabo, que ha de firmar una persona titulada universitaria de minas y en la cual han de detallarse las labores, las instalaciones y los servicios que han de realizarse y que se consideren imprescindibles para el aprovechamiento racional del recurso.
• b) Los planos detallados de la explotaci髇, que han de incluir los terrenos que se pretende explotar.
• c) La relaci髇 de las inversiones realizadas en instalaciones y trabajos efectuados.
• d) Las producciones que se hayan conseguido, en su caso, as� como las que se tengan que obtener, con indicaci髇 de las aplicaciones y las finalidades.

4. Una vez realizada la tramitaci髇, si los informes vinculantes son favorables, la consejer韆 competente en materia de miner韆 remitir� el expediente al Consejo de Gobierno para su declaraci髇 de zona registrable, si lo considera pertinente.

N鷐ero 4 del art韈ulo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, n鷐. rec. 4051/2015.JU0005510089

Art韈ulo 24 Condiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos geot閞micos

1. Para una solicitud de recursos de aprovechamiento geot閞mico se ha de presentar ante la autoridad minera, adem醩 del proyecto, seg鷑 el art韈ulo 15 de esta ley, la correspondiente autorizaci髇 de obra subterr醤ea y la concesi髇 de aprovechamiento de aguas subterr醤eas y de vertido, 閟ta 鷏tima si procede, emitidas por el 髍gano competente en materia de recursos h韉ricos o, en su caso, acreditaci髇 de haberlas solicitado.

Para otorgar el derecho minero de aprovechamiento de recursos geot閞micos ser� imprescindible acreditar la obtenci髇 de la autorizaci髇 y la concesi髇 antes mencionadas.

2. Siempre que se trate de yacimientos de baja entalp韆, y con el informe t閏nico favorable de la direcci髇 general competente en materia de minas, podr醤 realizarse labores mineras de explotaci髇 de recursos geot閞micos a distancias inferiores a cuarenta metros de edificios y conducciones de agua; inferiores a cien metros de surtidores, canales, acequias y abrevaderos o fuentes p鷅licas, y dentro de los per韒etros de protecci髇 de ba駉s o aguas minero-medicinales o minero-industriales o termales.

En este caso, con la solicitud y la documentaci髇 general prevista en el art韈ulo 15, el promotor ha de presentar una memoria completa, con la descripci髇 y la justificaci髇 de las vertientes ambientales, t閏nicas y de seguridad correspondientes.

Art韈ulo 25 Tramitaci髇 de los expedientes de ocupaci髇 de terrenos y similares

1. La tramitaci髇 de los expedientes de ocupaci髇 temporal y otros da駉s y los de expropiaci髇 forzosa, derivados de las situaciones descritas en los art韈ulos anteriores, han de llevarse a cabo de conformidad con la Ley de expropiaci髇 forzosa en todo lo que no prevea la normativa estatal en materia de miner韆.

2. Las remisiones generales del apartado anterior tambi閚 han de aplicarse con respecto a los titulares de permisos de exploraci髇, adjudicatarios de la fase exploratoria en una reserva o a los titulares de un permiso de investigaci髇 y adjudicatarios de la investigaci髇 de una zona con reserva, con relaci髇 a situaciones de ocupaci髇 de terrenos y supuestos similares.

Art韈ulo 26 Subsanaci髇 de las solicitudes

Si la solicitud de iniciaci髇 no cumple los requisitos que establece esta ley, ha de requerirse a la persona interesada para que, en el plazo de diez d韆s, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicaci髇 de que, si no lo hace, se considerar� que desiste de su petici髇, con la resoluci髇 previa motivada.

Art韈ulo 27 Informe municipal preceptivo

1. El ayuntamiento o los ayuntamientos en cuyo 醡bito territorial se ubique el proyecto de derecho minero han de emitir un informe sobre las cuestiones de competencia municipal. A este efecto, el 髍gano minero ha de remitir una copia digital del proyecto presentado al ayuntamiento afectado, que dispondr� de un plazo de un mes a contar desde que lo haya recibido para emitir el mencionado informe.

2. En caso de no emitir el informe en el plazo previsto, se podr醤 proseguir las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, pero recibido antes del otorgamiento de los derechos mineros, el 髍gano minero competente ha de valorarlo en la resoluci髇.

3. Si el informe municipal es desfavorable, siempre que el 髍gano competente lo reciba antes del otorgamiento de los derechos mineros, y si 閟te est� disconforme, excepcionalmente, elevar� el expediente al Consejo de Gobierno, que podr� autorizar motivadamente la continuaci髇 del procedimiento, con las condiciones que considere adecuadas, que habr醤 de incorporarse al proyecto.

Art韈ulo 28 Informaci髇 p鷅lica

1. Si se solicita un derecho minero o una modificaci髇 sustancial de un derecho minero ya existente, una vez presentada la documentaci髇 de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos anteriores, ha de abrirse un periodo de informaci髇 p鷅lica que no ha de ser inferior a treinta d韆s.

2. La previsi髇 del apartado anterior no ha de aplicarse en los supuestos que regula la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears, puesto que ya se habr� llevado a cabo el mencionado periodo de informaci髇 p鷅lica.

3. El 髍gano minero competente ha de remitir una copia del expediente a las dem醩 administraciones afectadas para que puedan pronunciarse sobre las materias de su competencia en un plazo m醲imo de un mes.

Art韈ulo 29 Compatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de inter閟 p鷅lico

1. Si la solicitud de un derecho minero afecta a un derecho minero preexistente u otros usos de inter閟 p鷅lico, el 髍gano minero competente ha de pronunciarse sobre su compatibilidad o incompatibilidad, as� como sobre su prevalencia, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

2. Para ello, ha de tener en cuenta los siguientes criterios:

• a) La viabilidad y el inter閟 econ髆ico de la solicitud, de acuerdo con la memoria presentada.
• b) La incidencia en el entorno natural y social, el paisaje y el medio rural.
• c) La repercusi髇 sobre otras infraestructuras de inter閟 p鷅lico existentes en el territorio afectado.

3. Si considera que la solicitud es incompatible con otro derecho minero preexistente, el 髍gano minero competente ha de dictar una resoluci髇 motivada que determine cu醠 es el derecho minero de mayor inter閟 o utilidad p鷅lica, que ser� el prevalente.

Art韈ulo 30 Tr醡ite de audiencia

1. Una vez emitidos los informes preceptivos o, en su caso, transcurrido el plazo correspondiente sin que se hayan emitido, ha de darse audiencia a las personas interesadas para que formulen las alegaciones o aporten las informaciones y los documentos que consideren pertinentes en el plazo m醲imo de treinta d韆s.

2. Si antes de vencer el plazo las personas interesadas manifiestan su decisi髇 de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el tr醡ite ha de considerarse cumplido.

Art韈ulo 31 Resoluci髇

1. El 髍gano minero competente ha de dictar y notificar la resoluci髇 motivada que pone fin al procedimiento en el plazo m醲imo de dieciocho meses desde la solicitud y ha de incorporar, en su caso, las condiciones que resulten de los informes preceptivos.

2. La resoluci髇 que otorgue el derecho minero podr� imponer las condiciones necesarias para su adecuaci髇 o compatibilidad con otros intereses dignos de protecci髇.

Con las condiciones que, en su caso, sean procedentes, la resoluci髇 tambi閚 podr� incluir la autorizaci髇 de establecimientos de beneficio, siempre que exista una unidad productiva y de ubicaci髇 f韘ica de las instalaciones.

3. Si transcurrido el plazo m醲imo de dieciocho meses no se ha notificado la resoluci髇 expresa, operar� el silencio administrativo.

Art韈ulo 32 Notificaci髇 y publicidad

1. La notificaci髇 ha de efectuarse a las personas interesadas, al ayuntamiento en cuyo t閞mino se sit鷈 el proyecto minero, a los diferentes 髍ganos que han emitido los informes preceptivos y, en su caso, a los dem醩 髍ganos administrativos que sean competentes.

2. El otorgamiento de los derechos mineros ha de inscribirse en el Registro Minero de las Illes Balears, regulado en el art韈ulo 12 de esta ley.

3. Si se trata de derechos mineros referidos a las secciones C y D, la resoluci髇 ha de publicarse en el Butllet� Oficial de les Illes Balears.

Art韈ulo 33 Vinculaci髇 al planeamiento municipal

1. La autorizaci髇 o la concesi髇 del derecho minero, y el 醡bito de suelo afectado, se tiene que publicar en el Bolet韓 Oficial de las Illes Balears y se tiene que comunicar al ayuntamiento afectado, acompa馻da de la documentaci髇 gr醘ica necesaria para concretar el 醡bito de suelo delimitado en la autorizaci髇 minera.

Este 醡bito f韘ico queda directamente incorporado en el planeamiento urban韘tico municipal vigente como suelo de uso extractivo, y se admite la actividad extractiva, en los t閞minos definidos en el art韈ulo 4 de esta ley.

Las autorizaciones urban韘ticas o de actividad municipales que correspondan al uso y actividad extractiva a que se refiere el p醨rafo anterior no requieren la declaraci髇 previa de inter閟 general que regula la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo r鷖tico de las Illes Balears, aunque les es plenamente de aplicaci髇 lo que determina el art韈ulo 17 de esta ley en cuanto a la exigencia de la prestaci髇 compensatoria.

2. En la formulaci髇 o la revisi髇 del planeamiento urban韘tico municipal, se tienen que delimitar oportunamente los 醡bitos de suelo a que se refiere el apartado 1 anterior, en los cuales la actividad extractiva se siga desarrollando legalmente al amparo de la autorizaci髇 minera y de las licencias y autorizaciones municipales. En todo caso, el planeamiento urban韘tico tiene que prever una calificaci髇 de suelo subyacente en la zona de uso extractivo, a fin de que pueda ser aplicable una vez aprobado, ejecutado y finalizado el plan de restauraci髇 de la actividad extractiva.

3. Las determinaciones del Plan Director Sectorial de Canteras de las Illes Balears o de cualquier otro plan sectorial que regule la actividad extractiva en las Illes Balears son aplicables directamente y prevalecen sobre los instrumentos de planeamiento urban韘tico, los cuales se tienen que adaptar en los t閞minos que dispone la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenaci髇 territorial.

LE0000921448_20240529Art韈ulo 33 redactado por el art韈ulo 52 del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativas de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears (獴.O.I.B.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024

Art韈ulo 34 Contenido de los derechos mineros

1. La resoluci髇 de otorgamiento de un derecho minero ha de incluir el siguiente contenido m韓imo:

• a) Las condiciones impuestas por el 髍gano minero competente para el ejercicio de las actividades de exploraci髇, investigaci髇 y explotaci髇, as� como para los establecimientos de beneficio.
• b) La extensi髇 y la delimitaci髇.
• c) El plazo de vigencia y las condiciones de pr髍roga, en su caso.
• d) La constituci髇 de las garant韆s obligatorias.
• e) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protecci髇 de los recursos naturales.
• f) Las medidas relativas al cierre definitivo y al abandono de la explotaci髇.
• g) Cualquier otra medida o condici髇 que determine la legislaci髇 sectorial aplicable.

2. Los derechos mineros han de contener, adem醩, cuando lo exija la normativa aplicable, la siguiente documentaci髇:

• a) La declaraci髇 de impacto ambiental u otras figuras de evaluaci髇 ambiental.
• b) Las condiciones preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves.
• c) Las condiciones de actividad de los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras.

Art韈ulo 35 Vigencia temporal de los derechos mineros

1. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B han de otorgarse por el periodo previsto en el correspondiente proyecto de explotaci髇. En todo caso, podr醤 prorrogarse de acuerdo con las previsiones del art韈ulo 36 siguiente.

2. La duraci髇 de la autorizaci髇 para recursos de las secciones A y B no podr� exceder del tiempo por el cual el peticionario tenga acreditado el derecho de aprovechamiento.

3. Los permisos de exploraci髇 se otorgar醤 por un plazo m醲imo de un a駉.

4. Los permisos de investigaci髇 se otorgar醤 por un periodo m醲imo de tres a駉s.

5. Las concesiones de explotaci髇 minera se otorgar醤 por un periodo de treinta a駉s.

6. La caducidad de los derechos mineros est� regulada por esta ley y por la normativa estatal en materia de miner韆.

Art韈ulo 36 Pr髍roga de derechos mineros

1. Transcurrido el plazo m醲imo de vigencia de los permisos de exploraci髇 y de los permisos de investigaci髇, podr醤 ser prorrogados por periodos sucesivos, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 general.

2. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B podr醤 prorrogarse por periodos de hasta diez a駉s, con un l韒ite m醲imo de treinta a駉s.

3. Las concesiones de explotaci髇 minera para recursos de la secci髇 C podr醤 prorrogarse por periodos sucesivos de treinta a駉s, hasta un m醲imo de noventa a駉s.

4. La pr髍roga de los derechos mineros no podr� suponer nunca una alteraci髇 sustancial de las condiciones de los derechos mineros vigentes.

5. Para tramitar la solicitud de pr髍roga, ser� imprescindible que la persona titular de la explotaci髇 garantice adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones de restauraci髇, que han de suponer siempre una actualizaci髇 del importe del aval o la garant韆 que se haya constituido con esta finalidad.

6. Si la persona titular de la explotaci髇 no es la propietaria de los terrenos, ha de acreditar su disponibilidad al menos durante el tiempo de pr髍roga solicitado.

7. La persona titular de las autorizaciones de las secciones A y B ha de solicitar la pr髍roga con una antelaci髇 m韓ima de doce meses. En el caso de las concesiones de explotaci髇 de la secci髇 C, ha de solicitar la pr髍roga con una antelaci髇 m韓ima de tres a駉s antes de vencer el plazo de vigencia de los derechos mineros.

8. La persona titular de los permisos de exploraci髇 ha de solicitar la pr髍roga con una antelaci髇 m韓ima de tres meses antes de vencer el plazo de vigencia de estos permisos.

9. La persona titular de los permisos de investigaci髇 ha de solicitar la pr髍roga con una antelaci髇 m韓ima de seis meses antes de vencer el plazo de vigencia de los permisos.

10. El plazo para resolver las solicitudes de pr髍roga de los permisos de exploraci髇 e investigaci髇 ser� de seis meses y se computar� desde la fecha de la solicitud. La falta de resoluci髇 en este plazo tendr� efectos denegatorios de la solicitud por silencio administrativo.

Art韈ulo 37 Pr髍roga de autorizaciones de las secciones A y B

1. Las autorizaciones de aprovechamiento que sean autorizaciones de recursos de las secciones A y B podr醤 prorrogarse de acuerdo con las previsiones reguladas en los art韈ulos 35 y 36 de esta ley.

2. En la solicitud ha de adjuntarse una modificaci髇 del proyecto de restauraci髇 y un proyecto general de explotaci髇 para el siguiente periodo con el uso de t閏nicas de explotaci髇, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnol骻ico, y con un c醠culo de reservas, con un informe emitido por el director facultativo responsable, en el cual:

• a) Ha de acreditar la continuidad del recurso explotado.
• b) En caso contrario, ha de justificar que no se han podido explotar todas las reservas concedidas por el periodo aprobado hasta la fecha y que el tiempo de pr髍roga solicitado se corresponde con el tiempo necesario para la explotaci髇 de las reservas mencionadas.

3. Corresponder� al 髍gano minero competente resolver el expediente de pr髍roga en el plazo de doce meses desde la solicitud. La falta de resoluci髇 en este plazo tendr� efectos denegatorios de la solicitud por silencio administrativo. En este caso, han de reanudarse las tareas exclusivamente de restauraci髇 del plan de restauraci髇 aprobado, con las prescripciones que ordene la autoridad minera.

Art韈ulo 38 Pr髍roga de concesiones de las secciones C y D

1. Las solicitudes de pr髍rogas relativas a concesiones de explotaci髇 de recursos de las secciones C y D han de tramitarse seg鷑 lo establecido en este art韈ulo y de acuerdo con las previsiones de los art韈ulos 35 y 36 de esta ley.

2. A la solicitud de cada pr髍roga, el concesionario ha de adjuntar una modificaci髇 del proyecto de restauraci髇 y un proyecto general de explotaci髇 para el siguiente periodo con el uso de t閏nicas de explotaci髇, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnol骻ico, y con un c醠culo de reservas.

3. A los efectos de justificar la pr髍roga, ha de presentarse un informe emitido por el director facultativo responsable, en el que:

• a) Ha de acreditar la continuidad del recurso explotado o el descubrimiento de un nuevo recurso.
• b) En caso contrario, ha de justificar que no se han podido explotar todas las reservas concedidas por el periodo aprobado hasta la fecha y que el tiempo de pr髍roga solicitado se corresponde con el tiempo necesario para la explotaci髇 de las reservas mencionadas.

4. Corresponder� al 髍gano minero competente resolver el expediente de pr髍roga en el plazo de doce meses desde la solicitud. La falta de resoluci髇 en este plazo tendr� efectos denegatorios de la solicitud por silencio administrativo. En este caso, han de reanudarse las tareas exclusivamente de restauraci髇 del plan de restauraci髇 aprobado, con las prescripciones que ordene la autoridad minera.

Art韈ulo 39 Ampliaciones de autorizaciones de recursos mineros

1. El procedimiento para ampliar la superficie autorizada y sus instalaciones, en lo no regulado en esta ley, ser� el previsto en la normativa b醩ica estatal y auton髆ica.

Las autorizaciones mineras han de otorgarse por el periodo previsto en el proyecto de explotaci髇 correspondiente, incluida la restauraci髇 de las 醨eas afectadas si procede, y no podr醤 exceder de aqu閘 para el cual la persona solicitante tenga acreditado el derecho de aprovechamiento. En el caso de las ampliaciones, adem醩 de la documentaci髇 establecida en el art韈ulo 15, se deber醤 acreditar la necesaria continuidad en superficie, la viabilidad t閏nica y econ髆ica de la ampliaci髇 y los medios y el personal previstos.

2. El 髍gano minero resolver� la solicitud de ampliaci髇 en el plazo m醲imo de doce meses a contar desde la fecha de la solicitud. La falta de resoluci髇 en este plazo tendr� efectos denegatorios por silencio administrativo.

Art韈ulo 40 Garant韆s financieras

1. La persona titular de un derecho minero ha de constituir una garant韆 suficiente en el plazo de dos meses a contar desde que se le haya notificado el otorgamiento, y ser� responsable de mantenerla en los t閞minos previstos en los siguientes apartados.

2. La autoridad minera ha de establecer la cuant韆 de la garant韆, que ha de fijarse teniendo en cuenta el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los terrenos que han de rehabilitarse. Esta cuant韆 ser� el resultado de la suma de la garant韆 para la rehabilitaci髇 del espacio natural afectado por la explotaci髇, la preparaci髇, la concentraci髇 y el beneficio de recursos minerales, y de la garant韆 para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorizaci髇 del plan de restauraci髇 para la gesti髇 y la rehabilitaci髇 del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros, de forma que, si es necesario, terceras personas independientes y debidamente calificados puedan evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitaci髇 necesario.

3. La garant韆 se revisar� a solicitud de la persona interesada, de acuerdo con los trabajos de rehabilitaci髇 de las superficies afectadas completamente acabados.

Dado que la ejecuci髇 de la restauraci髇 se realizar� por fases, desde el comienzo mismo de la explotaci髇, la garant韆 financiera para su realizaci髇 tambi閚 podr� ser depositada por fases, siempre que se garantice efectivamente la restauraci髇 del espacio que ha sido explotado en cada fase.

Se justificar醤 las fases de la rehabilitaci髇 prevista y se realizar醤 las devoluciones parciales correspondientes a los trabajos de restauraci髇 acabados adecuadamente.

En todo caso, los planes de restauraci髇 y de explotaci髇 se coordinar醤 de forma que los trabajos de rehabilitaci髇 se lleven a cabo tan avanzadamente como sea posible a medida que se efect鷈 la explotaci髇. No se podr� autorizar ninguna fase de explotaci髇 sin que est� debidamente restaurada la fase anterior.

趎icamente se autorizar� el inicio de la rehabilitaci髇 al final de la vida de la explotaci髇 en casos debidamente justificados y documentados a efectos de poder llevar a cabo t閏nicamente la explotaci髇.

4. La autoridad minera ha de fijar la garant韆 de acuerdo con los siguientes par醡etros:

• a) La garant韆, en cualquier explotaci髇 minera, ha de representar, como m韓imo, una cuant韆 inicial de 7.000 euros.
• b) A partir de este importe, la garant韆 ha de representar, como m韓imo, la cuant韆 m醩 elevada:
  • 1�. De calcular 7.000 euros por hect醨ea de superficie afectada o, en su caso, la parte proporcional.
  • 2�. De aplicar el resultado de multiplicar 0,40 € por cada metro c鷅ico que ha de explotarse (0,40 €/m3).
• c) En el caso de recursos geot閞micos de baja entalp韆 y de recursos de la Secci髇 B, no ha de aplicarse un m韓imo para la garant韆 de restauraci髇, sino que lo establecer� el 髍gano minero, vista la envergadura del proyecto.

5. La persona titular de la explotaci髇 asumir� la obligaci髇 de actualizar la fianza cada tres a駉s durante la vigencia de la concesi髇 o la autorizaci髇 de la explotaci髇, de acuerdo con la variaci髇 anual del 韓dice de precios al consumo en las Illes Balears, en un periodo no superior a treinta d韆s desde que se haya publicado.

El incumplimiento de esta obligaci髇 representa una infracci髇 que ha de sancionarse de acuerdo con el r間imen sancionador del t韙ulo VI de esta ley.

6. Cuando una administraci髇 p鷅lica sea titular de un derecho minero y lo explote directamente, la autoridad minera podr� eximirla de presentar garant韆s.

Art韈ulo 41 Constituci髇 de las garant韆s financieras

Los medios de constituci髇 de garant韆s financieras son los siguientes:

• a) Dep髎ito en met醠ico o en deuda p鷅lica del Estado o de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.LE0000565605_20160101 Letra a) del art韈ulo 41 redactada por la disposici髇 final und閏ima de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2016 (獴.O.I.B.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2016
• b) Aval solidario y sin condiciones prestado por alg鷑 banco, caja de ahorros, cooperativa de cr閐ito o establecimiento financiero de cr閐ito, autorizados para operar en Espa馻.
• c) Contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil de la entidad explotadora derivada del incumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauraci髇 autorizado. En todo caso, la p髄iza del seguro ha de establecer las obligaciones del explotador que recoge esta ley, incluyendo la actualizaci髇 del importe relativa a la ejecuci髇 del plan de restauraci髇 y las posibles restauraciones parciales del terreno.

Art韈ulo 42 Devoluci髇 de las garant韆s

1. La devoluci髇 de la fianza o la cancelaci髇 del aval ha de tramitarse una vez que la autoridad minera haya constatado que los planes de restauraci髇 han acabado correctamente.

2. En cualquier caso, antes de la devoluci髇 de las garant韆s, ser� necesario que el explotador presente un informe de una entidad colaboradora de la administraci髇 acreditada justificativo de que se ha completado la restauraci髇 de acuerdo con el plan de restauraci髇 aprobado.

3. De acuerdo con las previsiones del art韈ulo 40.3 de esta ley, se podr醤 tramitar devoluciones parciales siempre que se acredite que las superficies afectadas se han restaurado correctamente.

4. La reutilizaci髇 de una cantera activa ser� una modificaci髇 del plan de restauraci髇, y, por lo tanto, la autoridad minera podr� autorizar la modificaci髇 o, si el proyecto no se incluye en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, la devoluci髇 de la garant韆.

Art韈ulo 43 Contenido

Corresponder醤 al explotador que ha solicitado y obtenido la autorizaci髇 o la concesi髇 de explotaci髇 correspondiente los derechos mineros que son inherentes, en la extensi髇 y con las condiciones, la vigencia y los requisitos que se hayan determinado en la resoluci髇 administrativa de otorgamiento, y siempre con cumplimiento de las disposiciones estatales y auton髆icas vigentes y con sujeci髇 a lo previsto en este t韙ulo.

Art韈ulo 44 Obligaciones de los explotadores autorizados

Los explotadores est醤 sujetos a las siguientes obligaciones:

• a) Han de iniciar la actividad minera en la forma que prescriben los art韈ulos 18 y 70 de la Ley 22/1973.
• b) Han de mantener la actividad minera. Cualquier suspensi髇, total o parcial, ha de comunicarse en un plazo m醲imo de tres d韆s a la autoridad minera, que ha de decidir si es procedente o no.
• c) Los titulares de explotaciones, incluidas las secciones A, C y D, salvo los titulares de yacimientos geot閞micos de baja entalp韆, han de presentar el primer trimestre de cada a駉 un plan de labores para que la autoridad minera competente lo apruebe, en el marco de la legislaci髇 b醩ica de minas, con un informe favorable de una entidad colaboradora de la administraci髇 en cuanto al cumplimiento de la Ley de minas, que ha de confrontar el plan de labores presentado sobre el terreno.

  La aprobaci髇 del plan de labores ha de tramitarse, mientras no se desarrolle reglamentariamente, de acuerdo con las previsiones de la normativa estatal en materia de miner韆. En todo caso, la falta de resoluci髇 expresa sobre el plan de labores presentado no amparar� nunca una modificaci髇 de la autorizaci髇 o la ampliaci髇 del derecho minero existente o cualquier otro beneficio sobre la situaci髇 anterior, ni eximir� al titular de la responsabilidad de haber eludido, si procede, los tr醡ites previstos para las situaciones descritas.

• d) Los titulares de los derechos de aprovechamiento de los recursos de la secci髇 B han de presentar ante la autoridad minera, para su aprobaci髇, los proyectos que sean modificaciones sustanciales de las estructuras propias de estos recursos, incluso cuando formen parte de tareas de mantenimiento. La autoridad minera ha de solicitar a las diferentes administraciones los informes que considere necesarios.
• e) Han de disponer de un plan de restauraci髇 aprobado.
• f) En caso de que se haya iniciado la restauraci髇 de las 醨eas afectadas, en el primer trimestre de cada a駉 ha de presentarse un informe de restauraci髇 firmado por el t閏nico o la t閏nica de restauraci髇.

  De este informe, ha de remitirse una copia a la Comisi髇 de Medio Ambiente de las Illes Balears, para su conocimiento y a fin de que, si lo considera oportuno, pueda emitir el informe correspondiente sobre el cumplimiento del plan de restauraci髇 mencionado. El t閏nico o la t閏nica de restauraci髇 tiene que ser competente seg鷑 la legislaci髇 estatal y auton髆ica vigente de acuerdo con su titulaci髇, y ser� nombrado espec韋icamente y ratificado por el 髍gano minero competente.

• g) Deber醤 revisar el plan de restauraci髇 aprobado cada cinco a駉s, o antes si se producen modificaciones sustanciales, seg鷑 la tramitaci髇 prevista en la legislaci髇 estatal y auton髆ica aplicables.
• h) Deber醤 constituir las garant韆s financieras o los avales que la administraci髇 solicite para garantizar el ejercicio de la actividad y la restauraci髇, en los t閞minos descritos en el cap韙ulo III del t韙ulo III de esta ley.

Art韈ulo 45 Unidades de explotaci髇

1. Para reconocer una unidad de explotaci髇 han de cumplirse los siguientes requisitos:

• a) Los centros de trabajo han de ubicarse en la misma cuenca.
• b) La empresa explotadora de estos centros ha de ser la misma.
• c) Se considerar� explotaci髇 conjunta una unidad de explotaci髇 formada por dos o m醩 autorizaciones o concesiones mineras de explotaci髇 cuando se produzca al menos una de las siguientes circunstancias:
  • 1�. Que se comparta la plantilla de personal.
  • 2�. Que se comparta la maquinaria minera m髒il o fija.
• d) Deber� presentarse la siguiente documentaci髇, para que la autoridad minera la apruebe:
  • 1�. La solicitud.
  • 2�. Los documentos en los cuales se identifiquen las autorizaciones mineras que han de formar la unidad de explotaci髇.
  • 3�. El nombramiento de la persona titular de la direcci髇 facultativa de la futura unidad de explotaci髇.
  • 4�. La definici髇 de los recursos humanos o materiales destinados a la explotaci髇 conjunta.

2. Cuando as� lo solicite la persona titular de la actividad, la administraci髇 podr� aceptar que los planes de labores de la unidad de explotaci髇 sean 鷑icos.

3. Las fianzas que constituyen las garant韆s de restauraci髇 se depositar醤 de forma individualizada para cada una de las autorizaciones mineras de explotaci髇 que formen la unidad de explotaci髇, as� como la actualizaci髇 que establece el art韈ulo 40 de esta ley.

Art韈ulo 46 Obligaci髇 de restaurar

1. Los derechos mineros pertenecer醤 a su titular, seg鷑 la autorizaci髇 o la concesi髇 de explotaci髇 correspondiente. Por lo tanto, la obligaci髇 de restaurar corresponder� siempre a la persona titular del derecho minero, con independencia de quien sea la persona propietaria o titular de los derechos de disposici髇 sobre los terrenos donde se ubica la explotaci髇 minera.

2. Si el explotador y el titular de los terrenos no coinciden, en el momento en que se formalice el documento por el que se autoriza la cesi髇 de los terrenos para llevar a cabo la actividad minera, ha de constar que el propietario tiene conocimiento de que, aunque la obligaci髇 de restaurar corresponda al titular del derecho minero, el cedente de los terrenos tendr� que asumir la obligaci髇 de consentir las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de restauraci髇 vigente, tal como se prev� en el Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears.

3. Si la persona propietaria o titular de los terrenos impidiera acceder al lugar de la explotaci髇 al titular del derecho minero que haya manifestado de forma fehaciente su voluntad de restaurar el 醨ea afectada dentro del calendario aprobado en el plan de restauraci髇 vigente, se le podr� incoar un expediente sancionador de acuerdo con las disposiciones del t韙ulo VI de esta ley, todo sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan emprender las partes.

Art韈ulo 47 Restauraci髇 o reutilizaci髇 de canteras a cargo de la administraci髇

1. En caso de imposibilidad de llevar a cabo el plan de restauraci髇 autorizado, la autoridad minera podr� hacer efectiva la garant韆 financiera o equivalente correspondiente y proceder a las labores de rehabilitaci髇 del terreno afectado por la actividad minera.

En estos casos no se declarar� caducada la autorizaci髇 hasta que el plan de restauraci髇 se haya ejecutado, y podr� llevar a cabo las tareas de restauraci髇 o reutilizaci髇 autorizadas la administraci髇 directamente o indirectamente mediante terceras personas debidamente cualificadas.

2. En las canteras cuya autorizaci髇 haya caducado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sin que conste justificada su restauraci髇 o reutilizaci髇, y en las incluidas en el anexo 5 –Cat醠ogo de canteras inactivas- del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, el Consejo de la Miner韆, a propuesta de alguno de sus miembros y siempre previo informe favorable de la direcci髇 general competente en materia de miner韆, podr� elevar a la consejer韆 competente en materia de miner韆 la propuesta de instar a la persona propietaria del terreno a restaurarlo o reutilizarlo, lo cual en ning鷑 caso implicar� derecho a la explotaci髇.

3. Si la persona propietaria no responde satisfactoriamente respecto a la demanda de restauraci髇, excepcionalmente la administraci髇 podr� hacerse cargo del proceso de restauraci髇 o reutilizaci髇 siguiendo la normativa de expropiaciones que sea aplicable, en su caso.

4. En todo caso, si se opta por la reutilizaci髇, ser� preceptivo y vinculante el informe del consejo insular, que deber� emitirlo en un plazo de tres meses desde la recepci髇 de la solicitud. Si el informe no se emite en el plazo se馻lado se podr醤 proseguir las actuaciones.

Art韈ulo 48 Transmisi髇 de los derechos mineros

1. Los derechos que otorgan una autorizaci髇, una concesi髇 o un permiso de una explotaci髇 o actividad minera regulada en esta ley podr醤 ser transmitidos por el titular por cualquier medio admitido en derecho, de acuerdo con la Ley 22/1973 y el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y con las especificidades que prev� esta ley.

2. Con car醕ter general, cualquier modificaci髇 sustancial en la titularidad de un derecho minero, incluyendo la defunci髇 o el cambio de un socio o socia de la comunidad de bienes, el cambio de administradores de la sociedad, la declaraci髇 de concurso de acreedores o la misma disoluci髇 de la sociedad, ha de ser comunicada a la autoridad minera.

3. Para obtener la autorizaci髇 de transmisi髇 es imprescindible constituir una garant韆 financiera actualizada a nombre de la nueva persona titular, en los t閞minos del cap韙ulo III del t韙ulo III de esta ley.

4. Si la modificaci髇 en la titularidad del derecho minero se formaliza antes de la solicitud de autorizaci髇 de la autoridad minera, no producir� efectos hasta que se otorgue la mencionada autorizaci髇. En caso de que no se otorgue, el cedente y el cesionario quedan sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y las obligaciones derivadas del incumplimiento de la obligaci髇 de solicitar la autorizaci髇.

5. El otorgamiento de la autorizaci髇 administrativa implicar� la subrogaci髇 del cesionario en los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que correspondan al cedente, el cual ser� considerado titular legal con car醕ter general desde ese momento.

Art韈ulo 49 Transmisi髇 de derechos mineros de la secci髇 A

1. Para transmitir derechos mineros incluidos en la secci髇 A, el explotador ha de solicitar la autorizaci髇 de la persona titular de la consejer韆 competente en materia de miner韆, mediante un documento que tambi閚 ha de firmar la parte que quiera adquirir el derecho. En la solicitud, han de adjuntarse un proyecto del contrato que ha de suscribirse o el t韙ulo de transmisi髇 y los documentos acreditativos de que el adquirente cumple las condiciones legales que prev� la normativa vigente. El mencionado contrato no podr� modificarse sin la autorizaci髇 previa de la consejer韆 competente en materia de minas.

2. Una vez que la autoridad minera haya constatado que la operaci髇 propuesta cumple los requisitos legales exigidos, la consejer韆 competente en materia de miner韆 conceder�, en su caso, la autorizaci髇, considerando que el cesionario es titular del derecho minero una vez que presente el documento p鷅lico o privado y acredite el pago del impuesto correspondiente.

3. Si se extingue el derecho de uso del explotador sobre los terrenos y no se ha agotado la vigencia de la autorizaci髇 administrativa de explotaci髇, los derechos mineros y las obligaciones correspondientes continuar醤 perteneciendo al explotador inicialmente autorizado, que conserva el derecho de transmitirlos a la persona titular del terreno o a terceras personas con sujeci髇 a las reglas previstas en la normativa vigente y sin perjuicio de la obligaci髇 de restaurar el 醨ea afectada, y que han de regirse por las reglas que dispone este t韙ulo.

4. La obligaci髇 de restaurar el 醨ea afectada corresponder� siempre a la persona titular del derecho minero y se transmitir� con la titularidad del derecho. Si el explotador y el propietario o el titular de los terrenos donde se ubica la explotaci髇 no coinciden, han de aplicarse las previsiones del art韈ulo 46 de esta ley con respecto a la obligaci髇 que el titular de los terrenos asume de facilitar la ejecuci髇 de la restauraci髇, y que si impide acceder al lugar de la explotaci髇 al titular del derecho minero que haya manifestado de forma fehaciente su voluntad de restaurar el 醨ea afectada, incurre en un supuesto regulado por el r間imen sancionador de esta ley.

Art韈ulo 50 Transmisi髇 de los derechos mineros por actos mortis causa

1. La transmisi髇 de los derechos mineros por actos mortis causa, sin perjuicio de los derechos y las obligaciones de car醕ter civil, tendr�, a efectos administrativos, el mismo tratamiento que las transmisiones inter vivos.

2. A los efectos de obtener la autorizaci髇 para explotar la actividad, la persona sucesora ha de comunicar la defunci髇 de la persona titular del derecho minero a la direcci髇 general competente en materia de minas, en el plazo de un a駉 desde que se haya producido. Con la comunicaci髇 ha de acompa馻r la documentaci髇 que lo acredite como sucesor y, en su caso, de la disponibilidad de los terrenos donde se sit鷈 la explotaci髇 y de los documentos que acrediten que el adquirente cumple las condiciones legales que prev� la normativa vigente.

3. El incumplimiento de esta comunicaci髇 en el plazo fijado, sin perjuicio de que, en su caso, se autorice el cambio de titularidad, podr� dar lugar a la incoaci髇 de un expediente sancionador.

Art韈ulo 51 Coordinaci髇 administrativa

1. El otorgamiento de los derechos mineros ha de realizarse en coordinaci髇 con las dem醩 autorizaciones sustantivas o permisos que sean obligatorios, entre otros, los permisos municipales que correspondan y las autorizaciones o concesiones que tengan que exigirse para la ocupaci髇 o la utilizaci髇 del dominio p鷅lico, de conformidad con la normativa que resulte de aplicaci髇.

2. En todo caso, antes de que se inicie el procedimiento de autorizaci髇, regularizaci髇 o modificaci髇 de la autorizaci髇 del derecho minero, podr� abrirse una fase previa de consultas entre las administraciones afectadas y el promotor.

3. Esta fase previa de consultas, la podr� iniciar de oficio el 髍gano minero competente o a instancia de las partes afectadas, y ha de consistir en el an醠isis de una memoria resumen del proyecto, que ha de presentar el promotor, con todos los aspectos y las caracter韘ticas fundamentales: econ髆icos, ambientales, repercusi髇 en la zona, medidas de compensaci髇 al ayuntamiento afectado, restauraci髇 y cualquier otra de relevancia.

4. Las consultas previas han de presentarse por escrito, mediante el env韔 a las administraciones y las instituciones afectadas de la memoria resumen. Estas instituciones han de emitir su informe en un plazo m醲imo de quince d韆s desde que hayan recibido la mencionada memoria resumen.

5. La persona titular de la consejer韆 competente en materia de minas podr� decidir llevar a cabo el tr醡ite previo de consultas mediante una reuni髇 de los representantes de las instituciones afectadas y el promotor del proyecto, en la cual tienen que aportar los correspondientes informes sobre la memoria resumen. De esta reuni髇, ha de levantarse un acta que deber� notificarse a los asistentes, junto con la documentaci髇 que se haya aportado a la reuni髇, y al promotor, y ha de tenerse en cuenta, aunque no es vinculante, en el procedimiento de autorizaci髇 o modificaci髇 de que se trate.

Art韈ulo 52 Coordinaci髇 con el r間imen de aplicaci髇 en materia de licencias urban韘ticas y actividades

1. El ejercicio de los derechos mineros ha de estar condicionado al otorgamiento de las licencias urban韘ticas y de actividades, de conformidad con la normativa aplicable.

2. A este efecto, el municipio donde est� situado el derecho minero ha de pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto minero en el informe que ha de remitir al 髍gano minero competente durante la tramitaci髇 de los derechos mineros.

3. En todo caso, el Gobierno de las Illes Balears ha de favorecer actuaciones concretas y planes de actuaci髇 espec韋icos, de adaptaci髇 de las infraestructuras a sus necesidades, de mejora ambiental y seguridad y de diversificaci髇 del tejido productivo, en municipios con explotaciones mineras, de acuerdo con las previsiones de los planes sectoriales implicados.

El Gobierno de las Illes Balears ha de impulsar la suscripci髇 de convenios con estos municipios, con participaci髇 del sector empresarial, que han de regular las formas de asistencia y de cooperaci髇 t閏nica y financiera.

Art韈ulo 53 Coordinaci髇 con el procedimiento de evaluaci髇 ambiental

1. No se podr醤 otorgar derechos mineros si previamente no se ha dictado la declaraci髇 de impacto ambiental, cuando sea necesaria de conformidad con la legislaci髇 vigente y las previsiones de esta ley.

2. A este efecto, el 髍gano ambiental competente, cuando formule la declaraci髇 ambiental, ha de remitir una copia al 髍gano minero, que ha de incorporar sus condiciones al contenido de los derechos mineros.

Art韈ulo 54 Inspecci髇 minera

1. Corresponder� a la consejer韆 competente en materia de minas comprobar el cumplimiento de la normativa minera aplicable a las actividades incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, de oficio o a instancia de parte interesada, as� como de las condiciones de seguridad de cualquier otra actividad que utilice t閏nicas mineras, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de riesgos laborales.

2. Cuando tenga conocimiento de hechos que pueden producir efectos en el 醡bito normativo laboral y de Seguridad Social, la consejer韆 competente en materia de minas ha de trasladar las actuaciones practicadas a la Inspecci髇 de Trabajo y de Seguridad Social, a fin de que pueda llevar a cabo las actuaciones oportunas.

3. En concreto, corresponder醤 a la inspecci髇 de minas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal, las siguientes funciones:

• a) Vigilar el cumplimiento del plan de labores anual.
• b) Vigilar el cumplimiento del plan de restauraci髇 en todas las fases.
• c) Llevar a cabo la inspecci髇 de seguridad y salud siempre que se trate de actividades en las que se utilizan t閏nicas mineras.

Art韈ulo 55 Ejercicio de la potestad inspectora

1. La inspecci髇 de las actividades incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, as� como de la normativa en materia de prevenci髇 de riesgos laborales con respecto a las actividades en las que se utilizan t閏nicas mineras, la tienen que llevar a cabo funcionarios de la consejer韆 competente en materia de miner韆 que est閚 adscritos a 髍ganos administrativos con competencia para el control o la inspecci髇 mineros.

2. Para cumplir la funci髇 inspectora, la autoridad minera podr� establecer mecanismos de colaboraci髇 con 髍ganos o administraciones que tengan atribuidas competencias y responsabilidades en el 醡bito laboral.

Art韈ulo 56 Facultades

El personal funcionario que, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo anterior, ejerza funciones de inspecci髇 tendr� car醕ter de autoridad p鷅lica y estar� autorizado para las siguientes acciones:

• a) Acceder libremente, en cualquier momento, con la acreditaci髇 adecuada, a las explotaciones mineras, a sus establecimientos de beneficio o a los lugares donde se lleve a cabo alg鷑 tipo de actividad minera, y a permanecer all�. Deber� comunicar su presencia al empresario o a sus representantes.
• b) Practicar todas las diligencias y requerir la informaci髇 y la documentaci髇 necesarias para comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias, as� como obtener copias y extractos.
• c) Tomar muestras u obtener cualesquiera otras evidencias en el soporte que sea adecuado en presencia del empresario o la persona responsable del establecimiento, a no ser que la apreciaci髇 motivada de las circunstancias pueda requerir obtenerlas sin que est閚 presentes.

Art韈ulo 57 Actas de inspecci髇

1. Las actividades de inspecci髇 han de documentarse mediante actas, que est醤 dotadas de presunci髇 de certeza con respecto a los hechos que en ellas se reflejen y que haya hecho constar el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contra. El contenido ha de ajustarse a lo previsto en esta ley y a los modelos reglamentarios.

2. En las actas de inspecci髇 han de reflejarse, como m韓imo, los siguientes datos:

• a) La fecha y el lugar de las actuaciones y la identificaci髇 de los sujetos actuantes.
• b) Los hechos que haya constatado el funcionario. Han de destacarse los relevantes a efectos de tipificar las infracciones y graduar las sanciones.
• c) Las manifestaciones de las personas interesadas.
• d) Los medios y las muestras obtenidas para comprobar los hechos.
• e) Las medidas adoptadas.
• f) La infracci髇 o las infracciones supuestamente cometidas.
• g) La firma del funcionario actuante.

3. El acta de infracci髇 se notificar� al titular, al explotador o al responsable del establecimiento. La notificaci髇 podr� efectuarse en el mismo acto, mediante la entrega de una copia del acta, o posteriormente por cualquiera de los medios admitidos en derecho. En cualquier caso, la aceptaci髇 de la notificaci髇 acredita que se ha informado del acta y de su contenido.

Art韈ulo 58 Consecuencias de la actividad de inspecci髇

1. Acabadas las comprobaciones, el funcionario que ha llevado a t閞mino la inspecci髇 podr� adoptar las siguientes medidas:

• a) Requerir a la persona responsable, cuando las circunstancias as� lo aconsejen, para que adopte, en el plazo que se establezca, las oportunas medidas correctoras. Ha de informar al 髍gano competente en materia de seguridad minera de esta actuaci髇.
• b) Proponer la incoaci髇 del procedimiento sancionador en el acta de inspecci髇.
• c) Ordenar, por escrito, la suspensi髇 inmediata de los trabajos o las tareas que se desarrollen en caso de que se produzca un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores. Esta medida, que deber� ejecutarse inmediatamente, ha de comunicarse a las personas responsables, al 髍gano competente en materia de seguridad minera y a otras administraciones que tengan atribuidas competencias y responsabilidades en el 醡bito laboral.

2. La orden de suspensi髇, que ha de ratificar el director general competente en materia de miner韆 mediante el correspondiente procedimiento sancionador, la podr� levantar la autoridad minera tan pronto como se corrijan las deficiencias que la motivaron.

Art韈ulo 59 Responsables de las infracciones

1. Son sujetos responsables de las infracciones las personas f韘icas o jur韉icas que las cometan, y, en particular:

• a) El explotador efectivo del recurso minero y, en su caso, el titular de los derechos de aprovechamiento minero.
• b) El subcontratista del explotador efectivo del recurso minero.
• c) La direcci髇 facultativa, en el 醡bito de sus funciones.
• d) La persona propietaria o titular de los terrenos, en los supuestos que regula expresamente esta ley.

2. Si hay m醩 de una persona responsable de la infracci髇, las sanciones que se impongan tienen entre s� car醕ter independiente.

3. Cuando en aplicaci髇 de esta ley dos o m醩 personas resulten responsables de una infracci髇 y no haya sido posible determinar su grado de participaci髇, tienen que ser responsables solidariamente a efectos de las sanciones que se deriven.

Art韈ulo 60 Competencia sancionadora

1. Es competente para iniciar los expedientes sancionadores la persona titular de la direcci髇 general competente en materia de minas.

2. Es competente para resolver los expedientes sancionadores por infracciones leves la persona titular de la direcci髇 general competente en materia de minas.

3. Es competente para resolver los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves la persona titular de la consejer韆 competente en materia de minas.

Art韈ulo 61 Procedimiento sancionador

1. El procedimiento para la imposici髇 de sanciones ha de ajustarse al Decreto 14/1994, de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de procedimiento.

2. El plazo para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de doce meses desde la fecha en que se haya notificado su iniciaci髇. Transcurrido el plazo m醲imo para resolver sin que se haya dictado ninguna resoluci髇, se produce la caducidad del procedimiento. En caso de que la infracci髇 no haya prescrito, deber� iniciarse un nuevo procedimiento sancionador.

3. El pago voluntario de la sanci髇 resultante de la comisi髇 de cualquiera de las infracciones leves que regula esta ley, en cualquier momento anterior a la resoluci髇 del procedimiento sancionador, de acuerdo con la propuesta de sanci髇 que se haga constar en la resoluci髇 de inicio o en la propuesta de resoluci髇, determinar� una reducci髇 de hasta el 50% de la sanci髇 que corresponda en caso de que el pago voluntario se realice antes de que se notifique la propuesta de resoluci髇, o hasta el 25% en el caso de que se realice despu閟 de que se notifique, as� como, en todo caso, la terminaci髇 del procedimiento por medio de la resoluci髇 correspondiente. Esta reducci髇 se graduar� de tal manera que no sea econ髆icamente m醩 favorable cometer la infracci髇 que abonar la sanci髇.

Art韈ulo 62 Medidas cautelares

1. En los supuestos en que haya un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el director general competente en materia de miner韆 podr� ordenar motivadamente en cualquier momento la adopci髇 de todas las medidas cautelares que sean necesarias. En particular, se podr醤 adoptar las siguientes:

• a) Medidas de correcci髇, seguridad o control que impidan la continuidad en la producci髇 del da駉, incluyendo la paralizaci髇 total o parcial de la actividad.
• b) Precinto de aparatos, equipos o veh韈ulos.
• c) Suspensi髇 temporal de la autorizaci髇 para ejercer la actividad.
• d) Limitaci髇 o prohibici髇 de la comercializaci髇 de productos.

2. Las medidas cautelares han de adoptarse, con la audiencia previa de la persona interesada, en un plazo de cinco d韆s, excepto en los casos que requieren una actuaci髇 inmediata, en los que las pueden adoptar los inspectores de minas y las ha de ratificar el 髍gano minero competente.

Art韈ulo 63 Prescripci髇

1. Las infracciones previstas en esta ley prescribir醤 en el plazo de dos a駉s.

2. El c髆puto del plazo de prescripci髇 de las infracciones ha de iniciarse en la fecha en que se ha cometido la infracci髇 o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha del cese.

Art韈ulo 64 Concurrencia de sanciones

1. Las conductas constitutivas de infracci髇 que supongan incumplir la normativa en materia de seguridad industrial o de prevenci髇 de riesgos laborales han de sancionarse de acuerdo con esta normativa.

2. Las vinculaciones del procedimiento sancionador en materia minera con la orden jurisdiccional penal han de ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 14/1994, de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir para la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora.

Art韈ulo 65 Infracciones

Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, constituyen infracciones administrativas, en el 醡bito de las Illes Balears, las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones que establece la presente ley.

Art韈ulo 66 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• a) Incumplir las obligaciones de car醕ter formal o documental previstas en la normativa de seguridad minera, de lo cual no se derive ning鷑 riesgo laboral o ambiental.
• b) Incumplir los requerimientos de la inspecci髇 de minas, siempre que se refieran a condiciones de seguridad minera que no hayan supuesto da駉 derivado del trabajo o da駉s ambientales.
• c) Comercializar los excedentes de las extracciones ocasionales en los t閞minos que establece el art韈ulo 5 de esta ley, siempre que se trate de cantidades de escasa relevancia y actuaciones espor醖icas; en caso contrario, se considera infracci髇 grave.
• d) Incumplir la obligaci髇 de restaurar las canteras que no se hayan acogido al procedimiento de actualizaci髇 y regularizaci髇 previsto en la disposici髇 transitoria primera de esta ley. En funci髇 de la importancia del deterioro ambiental o la conducta de los infractores, esta infracci髇 podr� considerarse grave.
• e) Incumplir las previsiones del plan de restauraci髇, cuando consista en un simple retraso en la ejecuci髇 de una de sus fases. La infracci髇 podr� ser considerada grave seg鷑 las circunstancias concurrentes.
• f) No actualizar la fianza en el plazo previsto, de acuerdo con las previsiones del cap韙ulo III del t韙ulo III de esta ley. Seg鷑 la importancia del hecho podr� considerarse grave.
• g) Que la persona propietaria o titular de los terrenos impidiese o prohibiese al titular del derecho minero acceder a los terrenos para ejecutar la restauraci髇 del 醨ea afectada, en los t閞minos del art韈ulo 46 de esta ley. Esta infracci髇 podr� considerarse grave en funci髇 de las circunstancias concurrentes.
• h) No notificar a la consejer韆 competente en materia de minas, en los t閞minos y los plazos previstos, los cambios de titularidad o la transmisi髇 de derechos mineros.
• i) Incumplir los plazos concedidos por el 髍gano competente a las personas interesadas para presentar documentos requeridos previamente.
• j) Cualesquiera otros incumplimientos de las obligaciones comprendidas en esta ley y que no est閚 tipificados como infracci髇 grave o muy grave en los siguientes art韈ulos.

Art韈ulo 67 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) Explorar, investigar y explotar recursos mineros o abrir establecimientos de beneficio sin haber obtenido la autorizaci髇, el permiso o la concesi髇 correspondientes.
• b) Incumplir las obligaciones de car醕ter formal o documental que impidan conocer las condiciones de seguridad existentes en el establecimiento o que se derive riesgo laboral grave para la salud y la seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente.
• c) Incumplir los requerimientos realizados o retrasarse en la instalaci髇 de los elementos correctores impuestos por la inspecci髇 de minas o por los 髍ganos competentes en la materia, referidos a condiciones de seguridad minera, que hayan ocasionado da駉 a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
• d) No presentar los planes de labores y los informes anuales de restauraci髇 en los plazos que establece esta ley.
• e) Retrasarse en el cumplimiento total de las condiciones de seguridad exigibles.
• f) Incumplir, los directores facultativos, los deberes inherentes a su funci髇.
• g) No informar, en el plazo y en la forma apropiada, al 髍gano competente en materia de seguridad minera de los accidentes de trabajo que tengan lugar en las instalaciones que sean graves, muy graves o mortales o de incidentes que comprometan gravemente la seguridad de los trabajos o de las instalaciones.
• h) Negarse a colaborar con la inspecci髇 de minas u obstruir sus funciones.
• i) Incumplir las condiciones de otorgamiento de los derechos mineros, sin perjuicio de que se pueda declarar la caducidad, revocarlas o suspenderlas.
• j) Utilizar instrumentos, maquinaria o materiales que no cumplen las normas exigibles.
• k) Expedir certificados o emitir informes que no se ajusten a los resultados de las comprobaciones o inspecciones realizadas.
• l) Incumplir las obligaciones de restauraci髇 del espacio natural afectado por actividades mineras, cuando ello no sea considerado infracci髇 leve.
• m) Incumplir las previsiones contenidas en el plan de restauraci髇 del derecho minero.
• n) Denegar la informaci髇 solicitada por la autoridad minera competente cuando la entrega sea preceptiva, y siempre que no se considere una infracci髇 leve.
• o) Los supuestos del art韈ulo 66 anterior cuando se aprecien circunstancias de riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
• p) No contar con la preceptiva declaraci髇 de impacto ambiental una vez transcurridos los plazos establecidos en la disposici髇 transitoria segunda de esta ley, siempre que sea por causa imputable al interesado.

Art韈ulo 68 Infracciones muy graves

Es una infracci髇 muy grave cometer una infracci髇 grave cuando se aprecien circunstancias de reincidencia o de riesgo muy grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.

Art韈ulo 69 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en los art韈ulos anteriores ser醤 sancionadas tal y como se establece en la Ley 22/1973, de minas.

2. No obstante, cuando a consecuencia de la infracci髇 se obtenga un beneficio econ髆ico cuantificable, la multa podr� suponer hasta el cu醖ruplo del beneficio obtenido, con el l韒ite, en caso de las infracciones leves y graves, de la m醲ima sanci髇 correspondiente al grado inmediatamente superior.

3. La cuant韆 de las sanciones se graduar� atendiendo a criterios de proporcionalidad.

4. La comisi髇 de una falta muy grave a cargo del director facultativo podr� llevar aparejada la inhabilitaci髇 para ejercer las funciones de director facultativo de actividades mineras por un periodo m醲imo de un a駉 en el 醡bito territorial de las Illes Balears.

En el supuesto de reincidencia por la comisi髇 de infracciones muy graves, la sanci髇 podr� consistir en la inhabilitaci髇 para ejercer estas funciones por un periodo de cinco a駉s en el 醡bito territorial de las Illes Balears.

5. La comisi髇 de una infracci髇 grave o muy grave podr� llevar asociada la imposibilidad de obtener ayudas o subvenciones de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en materia de industria durante los siguientes plazos:

• a) Infracciones graves: hasta tres a駉s.
• b) Infracciones muy graves: hasta diez a駉s.

Art韈ulo 70 Graduaci髇 de las sanciones

Sin perjuicio de los criterios de graduaci髇 de sanciones que establece la legislaci髇 del procedimiento administrativo aplicable, las sanciones se graduar醤, adem醩, considerando los siguientes criterios:

• a) Peligro ocasionado a personas, a bienes o al medio ambiente.
• b) Importancia de los da駉s y los perjuicios ocasionados.
• c) Grado de participaci髇 y beneficio obtenido por el infractor.
• d) Intencionalidad en la comisi髇 de la infracci髇.
• e) Incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la inspecci髇 de minas.
• f) Reincidencia, entendida como la comisi髇 en el plazo de un a駉 de m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza cuando as� se haya declarado por resoluci髇 firme.

Art韈ulo 71 Reparaci髇 de da駉s

Sin perjuicio de la sanci髇 administrativa que se imponga, el infractor est� obligado a reparar los da駉s y los perjuicios causados con el fin de restaurar y reponer los bienes alterados en su estado anterior. El procedimiento de reparaci髇 empezar� con la presentaci髇 ante la autoridad minera de una memoria resumen del correspondiente proyecto, para que lo apruebe.

Art韈ulo 72 Multas coercitivas

1. Cuando el infractor incumpla la obligaci髇 impuesta en el art韈ulo anterior o lo haga de manera incompleta, se le podr醤 imponer multas coercitivas. La cuant韆 de cada una de estas multas no ha de superar el 20% de la sanci髇 fijada para la infracci髇, sin perjuicio de que la administraci髇 ejecute subsidiariamente la restauraci髇 y la reposici髇 de los bienes alterados con cargo al infractor.

2. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se hayan impuesto o hayan podido imponerse como sanci髇 por la infracci髇 cometida.

Art韈ulo 73 Suspensi髇 temporal o caducidad

1. La comisi髇 de una falta grave podr� implicar la suspensi髇 temporal con clausura de la explotaci髇 por un plazo no superior a dos meses.

2. La comisi髇 de una falta muy grave o de faltas graves podr� implicar la suspensi髇 temporal de las actividades de la empresa por un plazo entre dos meses a un a駉 o la incoaci髇 del expediente de caducidad del derecho minero.

3. Estas medidas han de ejecutarse, en todo caso, mediante una resoluci髇 motivada de la autoridad competente para otorgar los derechos mineros.

Art韈ulo 74 Informaci髇 al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears

La consejer韆 competente en materia de minas ha de informar al Consejo de la Miner韆 de las Illes Balears de los procedimientos sancionadores respecto de los cuales se haya dictado una resoluci髇 administrativa definitiva que declare a la persona f韘ica o jur韉ica interesada responsable de cualquiera de las infracciones recogidas en este cap韙ulo.

Disposici髇 adicional primera Normativa aplicable a los procedimientos en materia minera

Adem醩 de lo previsto en la normativa estatal b醩ica, en todos los aspectos que no regulen esta ley y las normas que la desarrollen, los procedimientos en materia minera se regir醤 por las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Disposici髇 adicional segunda Legalizaci髇 de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricaci髇 de cer醡icas para la construcci髇

1. Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricaci髇 de cer醡icas para la construcci髇, ubicadas en suelo r鷖tico y existentes a la entrada en vigor de esta ley, se considerar醤 ajustadas a la legalidad y asimiladas a las realizadas con licencia, con independencia de la categor韆 de suelo en que se ubiquen, siempre que dentro del plazo de tres a駉s a contar desde la entrada en vigor de esta ley presenten una solicitud de legalizaci髇 ante el ayuntamiento correspondiente, junto con:

• a) La documentaci髇 gr醘ica y escrita referida a las edificaciones o instalaciones que se quieren legalizar.
• b) La documentaci髇 que acredite la existencia de las edificaciones e instalaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e instalaciones fuera de ordenaci髇, con independencia que estas hayan sido objeto de reformas o ampliaciones posteriores.
• c) Una declaraci髇 responsable firmada por el titular de la actividad donde se declare el cumplimiento de la normativa sectorial que resulte de aplicaci髇.

2. Esta legalizaci髇 restar� sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones.

Disposici髇 adicional tercera Impacto de g閚ero

Todas las denominaciones de 髍ganos, cargos, profesiones y funciones que aparecen en esta ley en g閚ero masculino se tienen que entender referidas al g閚ero masculino o al femenino seg鷑 el sexo del titular de quien se trate.

Disposici髇 transitoria primera Procedimiento para actualizar y regularizar los derechos mineros

1. Se establece el plazo de un a駉, a contar desde el d韆 siguiente al de la publicaci髇 de esta ley en el Butllet� Oficial de les Illes Balears, para que los titulares de las explotaciones con expedientes en que haya discrepancias entre la autorizaci髇 o la concesi髇 minera y los derechos mineros incluidos en la explotaci髇 realmente ejecutada, presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad minera para actualizar superficies e instalaciones mineras.

2. Una vez acabado este plazo, la autoridad competente tiene que incoar un expediente sancionador y, si procede, de caducidad de la actividad de las canteras que, encontr醤dose en la situaci髇 descrita en el punto 1, no se hayan acogido al procedimiento de actualizaci髇, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 83.6 de la Ley 22/1973.

El incumplimiento de la obligaci髇 de restaurar el 醨ea afectada inherente a la declaraci髇 de caducidad ser� objeto de un expediente sancionador en los t閞minos previstos en el t韙ulo VI de esta ley. La restauraci髇 se llevar� a cabo seg鷑 las prescripciones de la autoridad minera.

3. Las discrepancias a que se refiere el apartado 1 de esta disposici髇 tienen que haber sido conocidas o autorizadas por la administraci髇 auton髆ica a ra韟 de la tramitaci髇 de cualquier expediente que afecte a los 醡bitos de la explotaci髇, y que se definen en el siguiente apartado.

4. A los efectos de regularizar las discrepancias, ha de considerarse la documentaci髇 escrita y gr醘ica integrante de cualquiera de los proyectos, los procedimientos o los expedientes siguientes:

• a) Adaptaci髇 de las explotaciones al Plan director sectorial de canteras y sus modificaciones.
• b) Proyecto de restauraci髇 de las canteras y sus actualizaciones.
• c) Planes de labores presentados antes del a駉 2012 que no se hayan rechazado.
• d) Proyectos mineros.
• e) Proyecto de establecimiento de beneficio.

5. El procedimiento que desarrolla esta disposici髇 es aplicable a los aspectos siguientes de los derechos mineros incluidos en la explotaci髇:

• a) Superficie de explotaci髇 y volumen que ha de explotarse.
• b) Instalaciones de aprovechamiento de los recursos, incluyendo los establecimientos de beneficio y las instalaciones integrantes e inherentes a la explotaci髇: maquinaria m髒il, oficinas, vestuarios, b醩culas y similares.
• c) Revisi髇 del proyecto de restauraci髇.
• d) Revisi髇 del proyecto de explotaci髇.

6. Si los derechos mineros incluidos en la explotaci髇 que se pretende actualizar o regularizar afectan a lugares de relevancia ambiental de la Red Natura 2000; de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservaci髇 de los espacios de relevancia ambiental; y de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y r間imen urban韘tico de las 醨eas de especial protecci髇 de las Illes Balears, no se considerar� en ning鷑 caso apertura de nueva explotaci髇 minera, sino que se considerar� un mero mantenimiento de la explotaci髇 existente, a efectos de lo previsto en el art韈ulo 22 de la Ley 1/1991. El procedimiento de regularizaci髇 se ajustar� a las siguientes previsiones m韓imas:

• a) El promotor tiene que presentar ante la autoridad minera, adem醩 de la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 15, un documento con el contenido que se enumera en el apartado c) para analizar las afectaciones ambientales en los espacios protegidos y el resto de zonas pr髕imas que se puedan ver afectadas y que est閚 fuera de zonas de recursos de inter閟 minero.
• b) Independientemente de la tramitaci髇 del documento descrito en el apartado a), ha de seguirse el procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental, de acuerdo con las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears.
• c) El documento descrito en el apartado a) ha de contener, como m韓imo, documentaci髇 sobre:
  • 1�. La localizaci髇 del lugar de extracci髇 y las infraestructuras asociadas en relaci髇 con los lugares protegidos de la zona con descripci髇 espec韋ica de todas las actividades que se prev閚 realizar durante cada fase del ciclo del proyecto.
  • 2�. La informaci髇 ambiental sobre el lugar y las razones de la especial protecci髇 y las figuras de especial protecci髇.
  • 3�. El an醠isis del lugar con identificaci髇 de todos los espacios protegidos en la zona afectada as� como de las zonas perimetrales pr髕imas; el an醠isis de las repercusiones ambientales de la actividad sobre los h醔itats y las especies existentes siempre de acuerdo con los objetivos de conservaci髇 del lugar; y la exposici髇 de estos objetivos y de las caracter韘ticas que han de tomarse en consideraci髇 (h醔itats y especies), con referencia a las caracter韘ticas medioambientales fundamentales y los factores ecol骻icos que sustentan la integridad del lugar.
  • 4�. La identificaci髇 de todos los dem醩 planes nacionales, auton髆icos o locales que puedan contribuir a los efectos adversos en algunos o todos los lugares protegidos en la zona afectada.
  • 5�. El an醠isis del plan: determinaci髇 de si se puede declarar que el plan no afectar� de manera adversa a la integridad de los lugares protegidos, teniendo en cuenta las diferentes alternativas, con un calendario de actuaciones y descripci髇 de los mecanismos para conseguir, aplicar y supervisar las medidas de mitigaci髇.
  • 6�. La propuesta del promotor de medidas de compensaci髇 puede ser uno o m醩 programas de:
    • - Restauraci髇 o mejora en lugares protegidos existentes: restauraci髇 del h醔itat para garantizar el mantenimiento de su valor de conservaci髇 y el cumplimiento de los objetivos de conservaci髇 del lugar, o mejora del h醔itat en proporci髇 a la p閞dida originada por el plan o proyecto en un lugar protegido.
    • - Recuperaci髇 del h醔itat: recuperaci髇 de un h醔itat en un lugar nuevo o ampliado, que se incorporar� a la Red Natura 2000, en una proporci髇 de como m韓imo 1 m² afectado por cada 1,5 m² que se incorporar� a la Red Natura 2000.

    La resoluci髇 de regularizaci髇 determinar� las condiciones de ejecuci髇 de las medidas de compensaci髇.

  • 7�. La designaci髇 de nuevos lugares conforme a las directivas sobre aves y sobre h醔itats, conjuntamente con otras acciones seg鷑 lo descrito anteriormente. Con respecto a las medidas de compensaci髇 para lugares designados conforme a las directivas 2009/147/CE, 92/43/CEE y la Ley 42/2007, toda nueva zona propuesta como compensaci髇 por da駉s en la Red Natura 2000 se designar� como tal una vez que cumpla sus objetivos con el fin de mantener la coherencia global de la red.
• d) Una vez presentada la documentaci髇 anterior, y en cumplimiento del apartado 10 de esta disposici髇, la consejer韆 competente en materia de miner韆 la remitir� al 髍gano ambiental, que informar� sobre el documento descrito en el apartado anterior.
• e) El 髍gano minero podr� a馻dir al proyecto en la oportuna resoluci髇, visto el informe ambiental, el cumplimiento de una o varias de las actuaciones siguientes:
  • 1�. Introducir medidas correctoras para eliminar los efectos negativos.
  • 2�. Introducir condiciones que han de cumplirse durante las fases de construcci髇 o explotaci髇.
  • 3�. Introducir modificaciones en el sentido de reducir su dimensi髇 para minorar al m醲imo los efectos negativos. En caso de efectos negativos, tambi閚 podr� plantear opciones alternativas.
• f) Si el 髍gano ambiental emite un informe desfavorable y en circunstancias excepcionales, a instancia del promotor, se podr� continuar la tramitaci髇 siguiendo el procedimiento establecido para la resoluci髇 de discrepancias en el articulo 36.2.a) de la Ley 11/2006, siempre que se respeten las garant韆s procedimentales que establecen las disposiciones europeas de protecci髇 ambiental y con la consulta previa a la Comisi髇 Europea.

La resoluci髇 de continuaci髇 ha de establecer las disposiciones necesarias en relaci髇 con la protecci髇 ambiental, que han de ser incorporadas al proyecto.

En todo caso, se requiere que no haya soluciones alternativas y que el plan o proyecto se tenga que ejecutar por razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden. En estos casos, hay que aplicar medidas de compensaci髇.

7. Todos los proyectos de actualizaci髇 referidos a zonas de especial protecci髇 y a lugares de relevancia ambiental de las Illes Balears tienen que prever las medidas compensatorias que sean necesarias en cumplimiento de las directivas europeas de conservaci髇 de h醔itats.

8. Si el derecho minero que ha de regularizarse incluido en la explotaci髇 se incluye en zonas de recursos de inter閟 minero definidas en el Plan director sectorial de canteras vigente, la evaluaci髇 de impacto ambiental se tramitar� en los plazos previstos en el punto 1 de la disposici髇 transitoria segunda de esta ley. En todos los casos, la solicitud, adem醩 del contenido m韓imo previsto en el art韈ulo 70 de la Ley 30/1992, ha de incluir la siguiente documentaci髇:

• a) Una copia de la autorizaci髇 que se pretende actualizar.
• b) Una copia de la documentaci髇 escrita y gr醘ica mencionada en el apartado 3 de esta disposici髇.
• c) Una memoria justificativa del cumplimiento de los requisitos de los apartados 3 y 4 de esta disposici髇.
• d) La documentaci髇 espec韋ica que se exija en funci髇 del supuesto concreto de actualizaci髇 de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Si se trata de regularizar establecimientos de beneficio, adem醩 de la documentaci髇 general, se presentar�:

• 1�. El plano de las instalaciones.
• 2�. El documento de medidas previstas para la rehabilitaci髇 del espacio afectado por las instalaciones, con un calendario y un presupuesto de estas medidas.
• 3�. La justificaci髇, en su caso, de la inscripci髇 de la explotaci髇 en el Censo de actividades potencialmente contaminantes de la atm髎fera conforme a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecci髇 de la atm髎fera.
• 4�. Un informe de una entidad colaboradora de la administraci髇 acreditada que justifique que se adapta a las siguientes normas:
  • - Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones m韓imas de seguridad y salud para la utilizaci髇 por los trabajadores de los equipos de trabajo.
  • - Reglamento general de normas b醩icas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.

Si se trata de regularizar maquinaria minera m髒il, adem醩 de la documentaci髇 general, se adjuntar� el informe de una entidad colaboradora de la administraci髇 acreditada, mencionado en el apartado 4� anterior.

9. Si no se presenta toda la documentaci髇 requerida o se detectan deficiencias en la misma, la consejer韆 competente en materia de minas tiene que requerir a la persona interesada para que, en el plazo de diez d韆s h醔iles, enmiende la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicaci髇 de que, si no lo hace, se considerar� que desiste de su solicitud, de conformidad con la legislaci髇 reguladora del procedimiento administrativo com鷑.

10. Una vez presentada toda la documentaci髇, y despu閟 de cotejarla con su base de datos, la consejer韆 competente en materia de miner韆 remitir� una copia de 閟ta, junto con un informe sobre las actuaciones realizadas, al 髍gano ambiental, en su caso, y, siempre, al Consejo de la Miner韆, que podr� efectuar las observaciones que considere pertinentes. Estos informes deber醤 ser emitidos en el plazo de un mes desde su recepci髇. Transcurrido este plazo se proseguir醤 las actuaciones y, si se emiten con posterioridad, podr醤 no ser tenidos en cuenta.

11. El 髍gano sustantivo en materia de miner韆 solicitar� tambi閚 un informe al municipio en cuanto a las cuestiones de competencia municipal, que ha de emitirse en un plazo m醲imo de dos meses. Transcurrido este plazo, se continuar� el procedimiento.

12. Corresponder� a la persona titular de la consejer韆 competente en materia de miner韆 dictar la resoluci髇 del expediente de actualizaci髇 en el plazo de dieciocho meses desde la fecha de la solicitud, y siempre con la actualizaci髇 previa al inicio de la actividad de las garant韆s financieras adecuadas. Si en este plazo no se ha dictado la resoluci髇, la solicitud se entender� denegada.

13. Si la resoluci髇 es denegatoria, expresa o presunta por silencio administrativo negativo, o de desistimiento, tal y como se indica en el punto 9 anterior, el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones. La restauraci髇 del 醨ea afectada ha de realizarse seg鷑 las prescripciones de la autoridad minera.

14. Incumplir las previsiones del apartado anterior da lugar a la incoaci髇 del expediente sancionador pertinente seg鷑 lo dispuesto en el t韙ulo VI de esta ley. En todo caso, se tiene que valorar, en cuanto a la cuant韆 de la sanci髇 correspondiente, la restauraci髇 del 醨ea mencionada.

15. Si la resoluci髇 es favorable se tiene que seguir lo dispuesto en los art韈ulos 31, 32 y 33 de esta ley, y los datos actualizados de la explotaci髇 se tienen que incluir en el Registro Minero de las Illes Balears, a efectos de garantizar su acceso a los ciudadanos.

16. Las modificaciones sustanciales de las instalaciones estar醤 sometidas a la autorizaci髇 previa de la autoridad minera, y se seguir� la tramitaci髇 que establecen la normativa estatal sobre minas, la normativa auton髆ica ambiental y cualquier otra normativa aplicable.

V閍se Res [BALEARES]燿el consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se ampl韆 el plazo para resolver la resoluci髇 del procedimiento de actualizaci髇 y regularizaci髇 de canteras previsto por la Disposici髇 transitoria primera de la Ley 10/2014 (LOMIB) (獴.O.I.B.� 16 marzo 2017).LE0000593332_20170316

Disposici髇 transitoria segunda R間imen transitorio de obtenci髇 de declaraci髇 de impacto ambiental

1. En el caso de explotaciones mineras cuyo proyecto, en su totalidad o en una parte, no haya obtenido la declaraci髇 de impacto ambiental favorable, han de solicitar dicha declaraci髇 en el plazo de seis meses desde el d韆 siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears. La solicitud se referir� a la parte que no haya obtenido la declaraci髇 de impacto ambiental favorable.

En las explotaciones mineras que se hayan acogido al procedimiento de regularizaci髇, referidas en el punto 8 de la disposici髇 transitoria primera anterior, el plazo de seis meses ser� computable desde la fecha de notificaci髇 de la resoluci髇 de regularizaci髇.

2. En caso de que la declaraci髇 de impacto ambiental fuese desfavorable, o de que transcurriesen los plazos previstos para la tramitaci髇 que establece la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estrat間icas en las Illes Balears, sin que se haya obtenido la declaraci髇 de impacto ambiental favorable, el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones. La restauraci髇 del 醨ea afectada se realizar� seg鷑 las prescripciones de la autoridad minera.

3. Incumplir las previsiones del apartado anterior da lugar a la incoaci髇 del expediente sancionador pertinente seg鷑 lo que dispone el t韙ulo VI de esta ley. En todo caso, se tiene que valorar como elemento de graduaci髇 de la cuant韆 de la sanci髇 correspondiente la restauraci髇 del 醨ea mencionada.

Disposici髇 transitoria tercera Solicitudes en tr醡ite

Las solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, pr髍rogas, transmisiones y ampliaciones presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley se han de continuar tramitando de conformidad con la normativa anterior.

Las personas interesadas podr醤 solicitar la aplicaci髇 de la normativa posterior.

Disposici髇 transitoria cuarta Registro Minero de las Illes Balears

El Registro Minero de las Illes Balears creado en el art韈ulo 12 de esta ley habr� de estar plenamente operativo en el plazo de seis meses desde que entre en vigor esta norma.

Las primeras inscripciones de los derechos mineros existentes a la entrada en vigor de esta ley deber醤 ser solicitadas por las personas interesadas en el plazo m醲imo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley. La autoridad minera, una vez comprobados los datos que constan en la solicitud, los inscribir� en el Registro Minero en el plazo m醲imo de tres meses desde su solicitud.

Si de la comprobaci髇 realizada se constata que se ha realizado alguna de las actividades tipificadas en la normativa sancionadora de minas vigente en aquel momento, se iniciar� el correspondiente expediente sancionador.

Disposici髇 transitoria quinta Planes directores sectoriales de canteras

Los consejos insulares aprobar醤 sus correspondientes planes directores sectoriales de canteras en el plazo m醲imo de 24 meses desde la publicaci髇 de esta ley. En ellos se establecer醤 las zonas de recursos mineros que substituir醤 lo que se dispone en el anexo 8 del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 65/1999, de 28 de mayo.

Disposici髇 transitoria sexta Estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transporte

...

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Normas que se derogan

Quedar醤 derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en esta ley, la contradigan o sean incompatibles.

Disposici髇 final primera Desarrollo reglamentario

1. El Consejo de Gobierno, en el 醡bito de sus competencias, podr� dictar las disposiciones necesarias para desarrollar lo dispuesto en esta ley.

2. Los consejos insulares, en el 醡bito de sus competencias, podr醤 dictar las disposiciones necesarias para desarrollar esta ley.

Disposici髇 final segunda Entrada en vigor

Esta ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.