Ley 17/2022, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023

«Disposición adicional primera Suspensión de la aplicación del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos de La Rioja

1. Desde el 1 de enero de 2023 quedan suspendidas las disposiciones del capítulo I del título I de esta ley, por las que se regula el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos de La Rioja.

2. No obstante, durante el mes de enero de 2023 los sustitutos deberán presentar la autoliquidación del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos de La Rioja correspondiente a los hechos imponibles realizados durante el cuarto trimestre de 2022.

3. Asimismo, durante 2023 los sujetos pasivos podrán presentar solicitud de devolución de aquellas cantidades que, habiendo sido repercutidas correctamente a los contribuyentes durante 2022, no hayan sido satisfechas por estos en el plazo de pago de la factura. Junto con la solicitud se deberá aportar una relación detallada de las deudas, así como de los trámites seguidos para obtener dicho cobro en los términos previstos en la Orden 8/2013, de 25 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se regulan la repercusión del Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos y los requisitos de pesaje, y se aprueban el documento de repercusión y el modelo de autoliquidación.

Tras la práctica de esta deducción, y comprobado que la repercusión ha sido realizada correctamente, la Comunidad Autónoma de La Rioja exigirá el pago de las deudas directamente al contribuyente, iniciando la vía de recaudación en periodo ejecutivo de acuerdo con la normativa vigente en la materia».

«Tasa 3.18. Expedición de Títulos Académicos y Profesionales.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas los que soliciten los servicios a los que se refiere el artículo anterior.

Devengo.

La tasa se devengará en el momento de formalizarse la solicitud, que igualmente determinará la exigibilidad del pago.

Tarifas.

La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:

• 1. Educación Secundaria Obligatoria:
  • 1.1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: Gratuito.
• 2. Bachillerato:
  • 2.1. Título de Bachiller:
    • 2.1.1. Tarifa normal: 55,00 euros.
    • 2.1.2. Familia numerosa de categoría general: 27,51 euros.
    • 2.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
• 3. Formación Profesional:
  • 3.1. Título de Formación Profesional Básico:
    • 3.1.1. Tarifa normal: 17,60 euros.
    • 3.1.2. Familia numerosa de categoría general: 8,80 euros.
    • 3.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 3.2. Título de Técnico:
    • 3.2.1. Tarifa normal: 22,44 euros.
    • 3.2.2. Familia numerosa de categoría general: 11,22 euros.
    • 3.2.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 3.3. Título de Técnico Superior:
    • 3.3.1. Tarifa normal: 32,12 euros.
    • 3.3.2. Familia numerosa de categoría general: 16,06 euros.
    • 3.3.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 3.4. Título de Especialista (Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Medio):
    • 3.4.1. Tarifa normal: 42,70 euros.
    • 3.4.2. Familia numerosa de categoría general: 21,35 euros.
    • 3.4.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 3.5. Título de Máster de Formación Profesional (Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior):
    • 3.5.1. Tarifa normal: 42,70 euros.
    • 3.5.2. Familia numerosa de categoría general: 21,35 euros.
    • 3.5.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
• 4. Enseñanzas de régimen especial:
  • 4.1. Enseñanzas profesionales de música:
    • 4.1.1. Título profesional de Música:
      • 4.1.1.1. Tarifa normal: 55,00 euros.
      • 4.1.1.2. Familia numerosa de categoría general: 27,51 euros.
      • 4.1.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 4.2. Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño:
    • 4.2.1. Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño:
      • 4.2.1.1. Tarifa normal: 22,44 euros.
      • 4.2.1.2. Familia numerosa de categoría general: 11,22 euros.
      • 4.2.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
    • 4.2.2. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño:
      • 4.2.2.1. Tarifa normal: 55,00 euros.
      • 4.2.2.2. Familia numerosa de categoría general: 27,51 euros.
      • 4.2.2.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 4.3. Enseñanzas de idiomas:
    • 4.3.1. Certificado de aptitud de idiomas:
      • 4.3.1.1. Tarifa normal: 26,48 euros.
      • 4.3.1.2. Familia numerosa de categoría general: 13,25 euros.
      • 4.3.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
    • 4.3.2. Certificado de nivel de idiomas:
      • 4.3.2.1. Certificado de Nivel Básico (A1, A2):
        • 4.3.2.1.1. Tarifa normal: 8,82 euros.
        • 4.3.2.1.2. Familia numerosa de categoría general: 4,40 euros.
        • 4.3.2.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
      • 4.3.2.2. Certificado de Nivel Intermedio (B1):
        • 4.3.2.2.1. Tarifa normal: 17,64 euros.
        • 4.3.2.2.2. Familia numerosa de categoría general: 8,82 euros.
        • 4.3.2.2.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
      • 4.3.2.3. Certificado de Nivel Intermedio (B2):
        • 4.3.2.3.1. Tarifa normal: 26,48 euros.
        • 4.3.2.3.2. Familia numerosa de categoría general: 13,25 euros.
        • 4.3.2.3.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
      • 4.3.2.4. Certificado de Nivel Avanzado (C1):
        • 4.3.2.4.1. Tarifa normal: 35,28 euros.
        • 4.3.2.4.2. Familia numerosa de categoría general: 17,64 euros.
        • 4.3.2.4.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
      • 4.3.2.5. Certificado de Nivel Avanzado (C2):
        • 4.3.2.5.1. Tarifa normal: 37,20 euros.
        • 4.3.2.5.2. Familia numerosa de categoría general: 18,60 euros.
        • 4.3.2.5.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 4.4. Enseñanzas deportivas:
    • 4.4.1. Título de Técnico Deportivo:
      • 4.4.1.1. Tarifa normal: 22,44 euros.
      • 4.4.1.2. Familia numerosa de categoría general: 11,22 euros.
      • 4.4.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
    • 4.4.2. Título de Técnico Deportivo Superior:
      • 4.4.2.1. Tarifa normal: 55,00 euros.
      • 4.4.2.2. Familia numerosa de categoría general: 27,51 euros.
      • 4.4.2.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 4.5. Enseñanzas artísticas superiores:
    Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores:
    Título de Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores:
    • 4.5.1. Tarifa normal + suplemento europeo: 101,00 euros.
    • 4.5.2. Familia numerosa de categoría general: 50,50 euros.
    • 4.5.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
• 5. Reexpedición (duplicados por causa no imputable al sujeto pasivo):
  • 5.1. Duplicado del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:
    • 5.1.1. Tarifa normal: 4,93 euros.
    • 5.1.2. Familia numerosa de categoría general: 2,46 euros.
    • 5.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
  • 5.2. Duplicado de los títulos de Bachiller, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial:
    • 5.2.1. Por causa no imputable al sujeto pasivo:
      • 5.2.1.1. Tarifa normal: 4,93 euros.
      • 5.2.1.2. Familia numerosa de categoría general: 2,46 euros.
      • 5.2.1.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros.
    • 5.2.2. Por causa imputable al sujeto pasivo: se abonará el importe correspondiente a la expedición del título original.
  • 5.3. Duplicado de títulos por causa imputable a la Administración: 0,00 euros.
• 6. Certificados de obtención de títulos oficiales no universitarios:
  • 6.1. Tarifa normal: 4,19 euros.
  • 6.2. Familia numerosa de categoría general: 2,09 euros.
  • 6.3. Familia numerosa de categoría especial: 0,00 euros».

«3.5. En el caso de movimientos de las especies bovina, ovina, caprina y equina, con destino a aprovechamiento de pastos, las tasas contempladas en los apartados anteriores se reducirán en un cincuenta por ciento».

«1. Inscripción de establecimientos y/o actividades en el Registro Integrado Industrial.

La tasa se exigirá estableciéndose una tarifa base de 57,25 euros para:

• 1.1. Nuevas inscripciones, ampliaciones, modificaciones y traslados: 57,25 euros.

2. Autorización de funcionamiento, inscripción de puesta en servicio, control e inspección de instalaciones sujetas a autorización o inscripción por reglamentos de seguridad industrial.

La tasa se exigirá de acuerdo con el siguiente detalle por actuaciones, estableciéndose una tarifa base de 57,25 euros, aplicándose el porcentaje sobre ella que a continuación se indica:

• 2.1.1. Nuevas inscripciones, ampliaciones, modificaciones y traslados de instalaciones que requieren proyecto (100%): 57,25 euros.
• 2.1.2. Inspección de instalaciones (100%): 57,25 euros.
• 2.1.3. Legalización de nuevas instalaciones, ampliación y modificaciones de instalaciones clandestinas (200%): 114,50 euros».

«3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y con el fin de favorecer la organización interna de los centros educativos, si se aprobaran las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley con posterioridad a la fecha de matriculación del alumnado para un curso académico, seguirá desplegando sus efectos jurídicos la Orden EDU/39/2018, de 20 de junio, hasta la finalización de dicho curso».

«Artículo 80 Mesa de Contratación

1. Existirá una Mesa de Contratación común para la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que, como órgano de asistencia técnica especializada de los órganos de contratación, ejercerá las funciones que le encomiende la legislación de contratos del sector público en los procedimientos en ella establecidos.

2. La Mesa de Contratación común estará constituida por cuatro miembros: un presidente, dos vocales y un secretario, todos ellos funcionarios de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja con experiencia en materia de contratación pública.

En ningún caso podrán formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los altos cargos y el personal eventual incluidos en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate.

Entre los vocales deberán figurar necesariamente:

• a) Un letrado adscrito a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
• b) Un interventor o un funcionario de la Intervención General que tenga atribuidas funciones de control económicopresupuestario.

El presidente deberá ser funcionario de Administración general, perteneciente al grupo A1 y ocupar un puesto de Jefatura de Servicio. El secretario deberá ser funcionario de Administración general perteneciente a los grupos A1 o A2, adscrito al servicio con funciones en materia de coordinación de la contratación y contratación centralizada de la consejería con competencias en materia de coordinación de la contratación.

La válida constitución de la Mesa exigirá la presencia de todos sus miembros.

El secretario asistirá a las reuniones con voz y voto.

El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

3. El nombramiento de los miembros, tanto titulares como suplentes, de la Mesa de Contratación común se realizará por el titular del órgano que tenga atribuida la competencia de coordinación de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a propuesta, en el caso de los vocales, del director general de los Servicios Jurídicos y del interventor general.

En el nombramiento se designarán un titular y dos suplentes de cada uno de los miembros de la Mesa común.

Tras el nombramiento, la composición de la Mesa común se publicará en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

4. La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de personal de la Administración general con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato y que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del mismo ni haya emitido el informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. Si la Mesa precisa del asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el contrato que no pertenezcan a la Administración general, precisará de la autorización del órgano de contratación. En cualquier caso, quedará constancia de su identidad en las actas de las sesiones de la Mesa a las que asistan, que se publicarán en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

5. Los organismos públicos se sujetarán a las prescripciones establecidas en la legislación de contratos del sector público sobre la Mesa de Contratación.

6. Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación, se constituirá para cada contrato una Mesa de seis miembros constituida por un presidente, cuatro vocales y un secretario, todos ellos personal de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja con experiencia en materia de contratación pública y con las mismas limitaciones que las establecidas en el apartado 2 para la Mesa de Contratación común. El presidente y el secretario deberán pertenecer al cuerpo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Administración general, y el presidente deberá ocupar puesto de jefe de Servicio. Entre los vocales deberá figurar necesariamente un letrado adscrito a la Dirección General de los Servicios Jurídicos y un interventor o funcionario de la Intervención General que tenga atribuidas funciones de control económico-presupuestario. A esta Mesa se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo o la asociación para la innovación. El número de estas personas será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto. Los miembros de la Mesa y los especialistas serán designados por el órgano de contratación».

«Disposición adicional sexta Comisión Delegada para la Coordinación de la Contratación Pública

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre las comisiones delegadas del Gobierno, se crea con carácter permanente una Comisión Delegada para la Coordinación de la Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyas funciones serán la elaboración y aprobación de directrices, programas o actuaciones de interés común en materia de contratación pública y racionalización de la contratación; la aprobación del clausulado general de los pliegos tipo de carácter administrativo; el informe de los pliegos de cláusulas administrativas particulares elaborados específicamente para un determinado contrato, cuando por su objeto o por el procedimiento escogido los pliegos tipo vigentes no sean idóneos o no se adapten a las necesidades contractuales del caso concreto.

2. La Comisión Delegada para la Coordinación de la Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja será presidida por el titular de la consejería con competencia en materia de coordinación de la contratación. Actuarán como vocales el resto de los consejeros cuando se trate de un asunto que afecte a todas las consejerías. En los demás casos, actuará como vocal el consejero que promueva el asunto sometido a su consideración. La Secretaría de la Comisión se ejercerá por el titular de la Secretaría General Técnica de la consejería que tenga la competencia de coordinación de la contratación, que actuará con voz pero sin voto. Podrá existir un vicepresidente en los términos que se regulen reglamentariamente.

3. El servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja que realice la coordinación de la contratación asistirá en sus funciones al secretario de la Comisión Delegada y recibirá para su custodia las actas de las sesiones.

4. Mediante decreto aprobado por Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la consejería competente en materia de coordinación de la contratación se especificarán las funciones que se atribuyen a esta comisión, así como las especialidades de su funcionamiento.

5. Las decisiones que se adopten por esta Comisión Delegada adoptarán la forma de acuerdo.

6. Hasta la constitución de esta Comisión Delegada seguirá subsistente la Comisión Delegada del Gobierno de Adquisiciones e Inversiones».

«Artículo 36 Los consejeros

1. Los consejeros, que no requerirán la condición de diputados del Parlamento de La Rioja, son miembros del Gobierno y titulares de las consejerías que tienen asignadas. Son nombrados y separados libremente por el presidente de la Comunidad Autónoma, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, surtiendo efectos el mismo día de su publicación.

2. El nombramiento conllevará el cese en el cargo que, en su caso, se estuviera desempeñando. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Gobierno, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular de la consejería.

3. A todos los efectos, se considerará que los consejeros inician sus funciones en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde el momento de la toma de posesión de sus cargos y que las finalizan en el momento de su cese».

«6. Anualmente, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la persona titular de la consejería con competencias en materia de hacienda, remitirá al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Gobierno informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero».

«4. En ningún caso pueden participar en el procedimiento de apertura de una oficina de farmacia profesionales con Licenciatura o Grado en Farmacia y titularidad única que tengan instalada una oficina de farmacia en el mismo municipio donde se solicite la nueva apertura ni quienes hubiesen transmitido o cedido total o parcialmente su oficina de farmacia hasta que no transcurra un plazo de quince años desde la última transmisión o cesión».

1. La gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos públicos del sistema público de salud de La Rioja se llevará a cabo de manera directa:

• a) Por la Administración pública competente.
• b) A través de entidades de entre las que conformen el sector público institucional.
• c) Mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional.

2. De forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Riojano de Salud, las administraciones públicas competentes para la prestación de servicios sanitarios podrán establecer conciertos o recurrir a los contratos procedentes, de los regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a las fórmulas de colaboración previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incluidos los consorcios sanitarios, así como lo que resulte de aplicación en virtud de la correspondiente normativa autonómica.

En los términos y a los efectos previstos en este mismo apartado 2, en los procedimientos que se sigan para la adjudicación de la gestión de los servicios sanitarios indicados, los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo tendrán prioridad, cuando existan condiciones análogas de eficacia, calidad y costes, todo ello en los términos que permita la normativa de aplicación.

A tales efectos, y de acuerdo con lo que se pudiera establecer en la normativa autonómica de desarrollo de la presente ley, la Administración pública riojana deberá motivar el cumplimiento de los siguientes criterios técnicos:

• a) La utilización óptima de sus recursos sanitarios propios.
• b) La insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones.
• c) La necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las establecidas en el apartado 1».

La totalidad de los servicios prestados en la extinta 'Fundación Hospital Calahorra' serán computables como servicios previos para el perfeccionamiento de trienios, a los efectos de lo previsto en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, y en el Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública al personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, desde el 25 de febrero de 2022».

En el ámbito de los procesos de selección de personal estatutario dependiente del Servicio Riojano de Salud y en desarrollo del párrafo a) del apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las personas extranjeras que no cumplan los requisitos establecidos en el citado apartado podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías estatutarias sanitarias para cuyo desempeño se requiera estar en posesión de la titulación universitaria oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de médico, de la titulación universitaria oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de enfermera, del título oficial de una especialidad médica en Ciencias de la Salud y del título oficial de una especialidad de Enfermería en Ciencias de la Salud».

«No obstante, podrá acordarse el cambio de titularidad de los bienes y derechos afectados por las administraciones públicas, siempre y cuando estos queden vinculados al mismo uso y servicio público».

1. Los Servicios Sociales de Primer Nivel son el nivel más próximo a los destinatarios y a los ámbitos familiar y social.

2. Tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo de las diferentes situaciones de necesidad social.

3. Están dirigidos a toda la población dentro de su ámbito de actuación territorial, debiendo dar respuestas en el marco de la convivencia de los destinatarios de los servicios y las prestaciones.

4. La dotación mínima profesional, atendiendo a indicadores cuantitativos y cualitativos, sería la configurada a tenor de la siguiente ratio:

• - 1 trabajador/a social por cada 3.000 habitantes.
• - 1 educador/a social por cada 6.000 habitantes.
• - 1 psicólogo/a por cada 20.000 habitantes.
• - 1 integrador/a social por cada 15.000 habitantes.

Asimismo, a la hora de aplicar geográficamente esta ratio se tendrán en cuenta otras variables como:

• - La dispersión geográfica de la población.
• - La densidad de atención (número de personas usuarias de los Servicios Sociales en relación con el total de habitantes).
• - Porcentaje de población inmigrante.
• - Porcentaje de población de minorías étnicas.
• - Tasa de dependencia.
• - Tasa de pobreza.
• - Tasa AROPE».

1. El órgano competente para el inicio de los expedientes sancionadores será la dirección general con competencias en materia de dependencia o servicios sociales, según corresponda.

2. El órgano competente para resolver será:

• a) En el caso de sanciones por infracciones leves y graves, la dirección general con competencias en materia de dependencia o servicios sociales, según corresponda.
• b) En el caso de sanciones por infracciones muy graves, la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales.

3. El órgano competente para imponer multas coercitivas será el órgano competente para resolver el procedimiento del que deriven».

Para la aplicación de las ratios de profesionales establecimientos en el artículo 16 en la presente ley, se establece el siguiente calendario:

• 1. Entre los años 2023 a 2025, alcanzar un/a trabajador/a social por cada 3.000 habitantes, siendo el profesional de referencia para la ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales.
• 2. Entre los años 2023 a 2026, alcanzar la ratio del resto de profesionales:
  • - 1 educador/a social por cada 6.000 habitantes.
  • - 1 psicólogo/a por cada 20.000 habitantes.
  • - 1 integrador/a social por cada 15.000 habitantes».

«Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a su conservación y a la preservación de la seguridad vial, a la explotación del servicio público viario y a otros fines auxiliares o complementarios, tales como las destinadas al descanso, áreas de servicio, mantenimiento de la vialidad invernal, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje o parada de autobuses.

Asimismo, tendrán dicha consideración los espacios longitudinales adyacentes a la carretera respecto de la que tienen un carácter complementario, como las vías de servicio, aceras y carriles destinados a la circulación de bicicletas o de uso ciclopeatonal».

«1. En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por el órgano titular de la carretera corresponde a los ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho órgano titular que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente ley.

2. En las zonas de servidumbre y afección de travesías y tramos urbanos, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán asimismo los ayuntamientos, si bien, cuando no estuviere aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento urbanístico, deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe vinculante del órgano titular de la carretera».

«1. El Gobierno de La Rioja, a través de la consejería competente en materia de carreteras, promoverá e impulsará la transferencia a los ayuntamientos de la titularidad de aquellas carreteras autonómicas que atiendan a una demanda esencialmente rural o local, que den servicio a medios agrícolas o forestales o de carácter urbano.

2. Asimismo, promoverá la incorporación a la red de carreteras autonómica de aquellas vías rurales o municipales que constituyan itinerarios de interés general de ámbito supramunicipal, en base a lo que establezcan al respecto los planes regionales de carreteras y, excepcionalmente, aquellas transferencias de titularidad que mejoren la funcionalidad y explotación de la red viaria objeto de esta ley. No obstante, no podrán ser objeto de incorporación a la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja aquellas vías rurales o municipales que no cuenten con las características técnicas necesarias establecidas en la normativa vigente en materia de carreteras.

3. El Gobierno de La Rioja, a través de la consejería competente en materia de carreteras, podrá celebrar con las corporaciones locales respectivas convenios de colaboración con el objeto de mejorar la conservación ordinaria de las vías que componen la red interior de comunicaciones municipales. El texto deberá contener el tramo o tramos a los que aparece referido, los medios materiales e importes proporcionados por cada una de las administraciones intervinientes y, especialmente, en las intervenciones relativas a la vialidad invernal, las prioridades de actuación que vendrán marcadas por el órgano competente en materia de conservación de carreteras de la Comunidad Autónoma. Para el caso de que las vías afectadas discurran por espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 o montes de utilidad pública, deberá mediar informe favorable de la dirección general competente en materia de biodiversidad, que tendrá carácter preceptivo y vinculante».

«1. El personal funcionario adscrito a la dirección general competente en materia de carreteras al que se le atribuyan funciones de explotación de las mismas tendrá la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de dichas funciones.

2. Los hechos constatados por el personal funcionario al que se le reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en acta o documento público gozarán de presunción de veracidad y tendrán valor probatorio, en cuanto a los hechos consignados en el mismo, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses.

3. El acta o documento público que se levante por el funcionario a quien se reconozca la condición de autoridad deberá contar con las siguientes formalidades para su validez:

• - Identificación del lugar de los hechos.
• - Descripción de los hechos.
• - Documentación gráfica de los hechos.
• - Identificación del funcionario, fecha, lugar y firma».

Se declaran de utilidad pública e interés social, y la necesidad de ocupación y la urgencia de la expropiación forzosa de las obras, terrenos e instalaciones afectados por las obras que se incluyan en el marco de los componentes 1 (Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos) y 6 (Movilidad sostenible, segura y conectada) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley sobre expropiación forzosa».

«En lo no previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal vigente en materia de carreteras. Asimismo, podrán ser de aplicación las normas de desarrollo dictadas por la Administración del Estado en materia de construcción, conservación o explotación de carreteras, cuando no exista normativa propia de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la materia, y resulten de aplicación en función de las características de la vía».

«Sección 14
De las cooperativas de viviendas en cesión de uso

1. Son cooperativas de viviendas de cesión de uso las que conservan la propiedad en pleno dominio o cualquier otro derecho sobre el suelo y/o la edificación, y procuran a precio de coste a las personas socias usuarias y, en su caso, al resto de miembros de la unidad de convivencia el uso particular de las viviendas como residencia habitual y permanente, el uso de dependencias susceptibles de aprovechamiento particular, junto con el uso compartido de los espacios y dependencias comunes, que deberá ser regulado bien en los estatutos o reglamento.

Estas cooperativas administran, gestionan, conservan y mejoran el conjunto de la edificación, repercutiendo a las personas socias la parte correspondiente de estos costes. A estos efectos, la cooperativa tiene la consideración de consumidor final. A efectos fiscales estas cooperativas tienen la consideración de cooperativas de consumo.

2. Las cooperativas de viviendas en cesión de uso han de reunir las siguientes características:

• a) Las personas socias usuarias podrán ser de colectivos específicos (mayores, diversidad funcional, etc.) o generales.
• b) Han de prestar servicios para satisfacer necesidades colectivas.
• c) Deben cumplir los requisitos exigidos para las cooperativas configuradas como las demás entidades sin ánimo de lucro.
• d) El derecho de uso de la persona socia sobre las viviendas o las dependencias susceptibles de aprovechamiento particular se configura como un derecho de naturaleza personal y societaria, no real, y es intransmisible por actos inter vivos o mortis causa, salvo en los supuestos y los procedimientos contemplados en esta ley.
• e) Se entienden por unidades de convivencia las formadas por las personas usuarias adscritas a una vivienda. Al menos una de ellas ha de ser socia usuaria de la cooperativa. Los estatutos o los reglamentos de la cooperativa regularán los derechos y obligaciones de todas las personas usuarias, socias o no. El régimen de derechos y obligaciones, así como las normas de disciplina social contempladas en las normas cooperativas relativos al régimen de uso de las viviendas y el resto de dependencias comunes serán aplicables a todas las personas que conviven en el edificio, tanto a las socias como a los demás miembros de las unidades de convivencia.

3. Limitaciones de las cooperativas de viviendas en cesión de uso:

• a) No podrán adjudicar a las personas socias la propiedad ni ningún derecho real sobre las viviendas o cualquier dependencia susceptible de aprovechamiento particular.
• b) En caso de disolución, las viviendas y demás dependencias susceptibles de aprovechamiento particular se han de traspasar a otra cooperativa de la misma clase, a las entidades que las agrupen o a otras entidades no lucrativas que tengan por objeto social la vivienda asequible en régimen de cesión de uso, para continuar destinándolas a residencia habitual y permanente de las personas socias y los miembros de su unidad de convivencia, en régimen de cesión de uso.
• c) No se pueden transformar en ningún otro tipo de sociedad, ni en ninguna otra clase de cooperativa. En caso de fusión o de escisión de estas cooperativas, si la cooperativa resultante fuera de otra clase, las viviendas y las otras dependencias susceptibles de aprovechamiento privativo se tienen que traspasar a otra u otras cooperativas o a las entidades que las agrupen de acuerdo con el apartado anterior.
• d) No pueden llevar a cabo la división horizontal del edificio, salvo en los siguientes supuestos:
  • - Cuando el edificio ya se encuentre sujeto a división horizontal.
  • - Cuando lo exija una norma legal o reglamentaria.
  • - Cuando sea imprescindible para la obtención de financiación.

En ningún caso la división horizontal conllevará la adjudicación a la persona socia de la propiedad ni de ningún derecho real sobre la vivienda ni sobre la finca en su conjunto. Las limitaciones recogidas en este artículo se han de inscribir en el Registro de la Propiedad.

1. Las aportaciones obligatorias al capital social y las aportaciones obligatorias de las personas socias para financiar la construcción no pueden ser superiores, en conjunto, al 30% de los costes de la promoción.

2. Las personas socias usuarias que ingresen con posterioridad solo podrán ser obligadas a efectuar las aportaciones previstas en el apartado anterior, actualizadas, en su caso, de acuerdo con el Índice General de Precios al Consumo.

3. Las personas socias usuarias están obligadas a los pagos periódicos que acuerde la asamblea general o, en su caso, la asamblea de cada proyecto para soportar los costes de la cooperativa.

4. Asimismo, las personas socias usuarias tienen que hacer frente al pago de los costes de los otros bienes y servicios que les suministre la cooperativa».

«Sección 15.ª De las cooperativas de energía

1. Son cooperativas de energía las que desarrollan su actividad en el área de la energía, además de poder realizar actividades complementarias y conexas. Esta categoría de cooperativas sirve para vehicular la creación de comunidades energéticas. Para ello deben poder conservar su autonomía respecto de sus propias personas socias y de otros actores habituales en el mercado, que cooperan de otras formas, como, por ejemplo, mediante la inversión.

2. Pueden estar constituidas por personas, tanto físicas como jurídicas, de ámbito público y privado, que podrán adquirir el tipo de condición de persona socia que le competa, contempladas en cualquier tipo de cooperativas contenidas en esta ley.

3. Las personas físicas y jurídicas pueden ser titulares de derechos de uso y aprovechamiento de energía u otros bienes inmuebles susceptibles para el desarrollo y despliegue de tecnologías, con derechos que pueden ser cedidos a la cooperativa, en consecuencia, adquirirán la condición de personas socias cedentes a la cooperativa.

4. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas de energía podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

• a) La producción y generación de energía con todo tipo de fuentes de energía, tanto destinada al consumo de las personas socias consumidoras como a su comercialización.
• b) El impulso, el diseño, la instalación y la gestión de todo tipo de proyectos, instalaciones dirigidas tanto a la generación como distribución de energía con todo tipo de fuentes, incluidos el ahorro y eficiencia energéticos, servicios de agregación, de gestión de la demanda, otros servicios energéticos, así como en cualquier proyecto de sustitución de fuentes energéticas no renovables, realizado tanto con recursos propios, como ajenos.
• c) La reducción de consumo de energía a través de medidas de eficiencia energética, formación, información y servicios de asesoramiento, así como intervenciones en el ámbito de la rehabilitación parcial, profunda e integral en edificios.
• d) Las acciones necesarias para la reducción de la dependencia energética en materia de movilidad. Analizar la viabilidad de proyectos orientados al uso de vehículos públicos y compartidos. Fomentar puntos de recarga de vehículos eléctricos en la calle. Promover planes y servicios específicos que prioricen el desplazamiento a pie, en bicicleta o medio mecánico sin uso de ningún sistema auxiliar.
• e) El fomento y desarrollo de actividades encaminadas a reducir y minimizar el impacto del consumo energético de las personas socias.
• f) La integración de colectivos vulnerables, basados en los principios cooperativos universales, realizando actuaciones que reduzcan su dependencia energética y mejoren su calidad de vida.
• g) Las acciones de intercooperación, colaboración, intercambio de experiencias, con otras entidades similares, como pueda ser la creación y participación en cooperativas de segundo grado y redes.
• h) La participación en otras sociedades de forma directa o indirecta.
• i) Todas las actividades que la legislación vigente, europea, estatal o autonómica y la que se pueda promulgar en un futuro y que, en su posible evolución futura, reserve a las llamadas 'comunidades energéticas'.»

«Disposición final tercera Moratoria de explotaciones ganaderas intensivas

1. Hasta el 1 de enero de 2028 no se admitirán solicitudes ni se concederán autorizaciones ganaderas para la instalación de explotaciones ganaderas intensivas con capacidad superior a:

• a) Porcino: 720 unidades de ganado mayor (UGM) de capacidad, entendiendo por UGM la equivalencia para cada tipo de animal presente en una explotación, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa básica de ordenación de las explotaciones porcinas.
• b) Pollos de engorde (broilers): 90.000 animales por ciclo.
• c) Gallinas ponedoras y recría: 40.000 animales por ciclo.
• d) Gallinas reproductoras y su recría: 40.000 animales por ciclo.
• e) Otras aves (excepto ratites): 40 000 animales por ciclo.
• f) Bovino de leche: 250 UGM.
• g) Bovino de carne (cebaderos): 180 UGM.
• h) Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de leche: 1.000 reproductores.
• i) Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de carne: 2.000 reproductores.
• j) Cebaderos de ovino: 3.000 animales.
• k) Equino: 180 UGM.
• l) Conejos: 1.500 madres y 10.500 gazapos.
• m) Asentamientos apícolas de flora silvestre: 120 colmenas.
• n) Asentamientos apícolas de aprovechamiento de cultivos: 200 colmenas.

2. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ganaderas para la ampliación de explotaciones ganaderas intensivas existentes que lleven a una explotación resultante superior a los máximos establecidos en el apartado 1 de esta disposición final tercera».

Los expedientes de resolución contractual de los contratos administrativos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de sus organismos autónomos y de los demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses».

«12.ª Los expedientes de resolución contractual de los contratos administrativos de las entidades locales del ámbito territorial de La Rioja deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses».