Sumario

La Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificaci髇 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenaci髇 urban韘tica y protecci髇 del medio rural de Galicia (DOG n.� 61, de 31 de marzo; correcci髇 de errores DOG de 23 de abril de 2010) como indica su exposici髇 de motivos, tuvo como raz髇 determinante la necesidad de dar una respuesta inmediata a las aspiraciones b醩icas de los ayuntamientos en materia urban韘tica y a las inquietudes municipales generadas por la situaci髇 del urbanismo en Galicia despu閟 de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, y su modificaci髇 posterior operada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, formalmente transmitidas a la Xunta de Galicia mediante acuerdo un醤ime de la Comisi髇 Ejecutiva de la FEGAMP, adoptado el 20 de marzo de 2007.

La experiencia adquirida en el breve per韔do de vigencia de la Ley 2/2010, permite abordar ya con las necesarias garant韆s los criterios de interpretaci髇 de sus preceptos, al fin de resolver las dudas que se fueron suscitando en su aplicaci髇 pr醕tica.

A este objeto responde la presente instrucci髇, que tiene la naturaleza de instrucci髇 u orden de servicio dictada al amparo de lo dispuesto por el art韈ulo 26.3.b de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 general y del sector auton髆ico de Galicia (DOG n.� 251, de 31 de diciembre de 2010) por lo que s髄o es de obligado cumplimiento para los 髍ganos y unidades administrativas de este departamento. Se circunscribe, en exclusiva, al 醡bito de sus competencias y tiene por objeto coordinar la actuaci髇 en materia de urbanismo de los 髍ganos y unidades administrativas integradas en el mismo, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a otros departamentos, organismos p鷅licos o a la Administraci髇 municipal.

Aunque esta instrucci髇, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 37.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, no tiene los efectos propios de una norma jur韉ica de naturaleza reglamentaria, en aras de la mayor transparencia en la gesti髇 administrativa y de la seguridad jur韉ica se considera conveniente su publicaci髇 para que todos los interesados puedan conocer los criterios que seguir� esta secretar韆 general en el ejercicio de sus competencias en materia urban韘tica, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 25 de marzo.

1. Aplicaci髇 de la Ley 2/2010 al planeamiento en tramitaci髇 a su entrada en vigor.

La disposici髇 transitoria primera de la Ley 2/2010 constituye, junto a sus disposiciones transitorias segunda y tercera, una norma de derecho transitorio propio y espec韋ico de esta ley de reforma que carece, por eso, de toda vocaci髇 de inserci髇 en la Ley 9/2002, y que resulta de aplicaci髇 independiente de las modificaciones que la propia Ley de medidas urgentes introduce, a su vez, en las disposiciones transitorias primera, und閏ima, duod閏ima y decimotercera de la Ley 9/2002.

La disposici髇 transitoria primera de la Ley 2/2010 regula la aplicaci髇 de esta al planeamiento en tr醡ite a la fecha de su entrada en vigor. Y esta regulaci髇 la lleva a cabo en base y con referencia a las tres situaciones b醩icas en que pueda encontrarse en ese momento el procedimiento que se tramite: que carezca de aprobaci髇 inicial; que cuente ya con ella; o que alcanzara su aprobaci髇 provisional. Para todo lo cual establece, a su vez, un r間imen de derecho transitorio diferenciado seg鷑 se trate de aplicar los preceptos de la ley que establecen una nueva regulaci髇 del procedimiento de aprobaci髇 de los planes, o bien de los restantes preceptos de la ley de reforma que afectan a las determinaciones y contenidos de esos mismos planes.

1.1. Planeamiento en tr醡ite sin aprobaci髇 inicial.

1.1.1. En esta disposici髇 transitoria primera se parte de la base de que el procedimiento de aprobaci髇 del plan comienza con el acuerdo de su aprobaci髇 inicial, y de que las actuaciones anteriores a esa aprobaci髇 inicial corresponden a tr醡ites de una fase anterior, la de la elaboraci髇 del planeamiento.

El acuerdo de aprobaci髇 inicial es pues el hito que marca el tr醤sito entre la fase de elaboraci髇 del planeamiento y la del procedimiento de su aprobaci髇.

Se entender� que si el acto de aprobaci髇 inicial no se produjo, el procedimiento de aprobaci髇 del planeamiento ni tan siquiera se inici�, por lo que los planes en tramitaci髇 que no hubieran alcanzado la aprobaci髇 inicial a la entrada en vigor de la Ley 2/2010 habr醤 de adaptarse plenamente a esa ley (disposici髇 transitoria primera. 3).

1.1.2. Respeto de la posibilidad de conservaci髇 de tr醡ites relativos a su evaluaci髇 ambiental, pertenecientes ahora a la fase de formulaci髇 del planeamiento, y que validamente se hubieran podido realizar con anterioridad a su aprobaci髇 inicial, se tendr� en cuenta que la regulaci髇 sobre evaluaci髇 ambiental estrat間ica de instrumentos de planeamiento establecida por la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenaci髇 del territorio y del litoral (DOG n.� 94, de 16 de mayo de 2007) mantiene su plena vigencia, tanto en lo concerniente a los supuestos de sujeci髇 a la evaluaci髇 ambiental estrat間ica como a los de innecesariedad de la misma (art韈ulo 5); a la determinaci髇 de las administraciones competentes (art韈ulo 6); y al seguimiento (art韈ulo 8), ya que la disposici髇 derogatoria de la Ley 2/2010 solamente afect� a su art韈ulo 7 (integraci髇 de procedimientos).

Por ello, si con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2010, y antes de la aprobaci髇 inicial de una modificaci髇 puntual de PGOM, se declar� la innecesariedad de someter a evaluaci髇 ambiental estrat間ica, proceder� conservar dicho tr醡ite. La resoluci髇 del 髍gano ambiental que la declar� sustituir� y permitir� tener por evacuados, a todos los efectos, los tr醡ites correlativos de su evaluaci髇 ambiental previstos en los art韈ulos 84 y 85 de la Ley 2/2010, y circunscribir el tr醡ite de consultas previsto en su art韈ulo 85.2 a los informes sectoriales de las administraciones p鷅licas competentes.

En iguales t閞minos se proceder� para el caso de declararse la inviabilidad de sometimiento de un plan general a su evaluaci髇 ambiental estrat間ica.

1.2. Planeamiento en tr醡ite con aprobaci髇 inicial.

1.2.1. Si a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010 el plan hubiera sido ya aprobado inicialmente, se considera que el procedimiento de aprobaci髇 ya se inici� con anterioridad a la reforma y, por ello, la tramitaci髇 de ese procedimiento puede seguirse y ultimarse de acuerdo con las normas procedimentales vigentes cuando se inici�; sin perjuicio de lo anterior, la ley legitima tambi閚 la opci髇 de reiniciar el procedimiento de acuerdo con la nueva regulaci髇 establecida por la Ley 2/2010.

Pero tanto si se opta por seguir con la tramitaci髇 del plan a tenor de lo dispuesto antes de esta reforma como si se opta por acomodarla a la nueva regulaci髇 del procedimiento establecido por la Ley 2/2010, el contenido y las determinaciones del plan habr醤 de adaptarse plenamente a esta 鷏tima (disposici髇 transitoria primera. 2).

1.2.2. La Ley 2/2010 reitera y hace suya la misma regla de derecho transitorio prevista en la disposici髇 transitoria tercera de la Ley 9/2002, disponiendo que la simple adaptaci髇 del contenido del plan en tramitaci髇 a las disposiciones establecidas en la propia ley de reforma no implicar�, por s� solo, la necesidad de someterlo a nueva informaci髇 p鷅lica, salvo cuando se pretendan introducir otras modificaciones que alteren sustancialmente la ordenaci髇 proyectada y no sean consecuencia de la adaptaci髇, extremo que ser� objeto de informe por la secretar韆 municipal (disposici髇 transitoria primera. 2).

1.3. Plan en tr醡ite con aprobaci髇 provisional.

En el supuesto de planes aprobados provisionalmente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, esa ley de reforma no resultar� de aplicaci髇 ni en cuanto al procedimiento, que podr� seguirse y ultimarse de conformidad con la regulaci髇 anterior, ni en cuanto al contenido y determinaciones.

2. Memoria ambiental y aprobaci髇 provisional del plan.

La aprobaci髇 provisional constituye el tr醡ite espec韋ico en el seno del procedimiento administrativo de aprobaci髇 del plan, para asegurar la efectiva incorporaci髇 al proyecto de todas aquellas determinaciones que sean consecuencia de la dimensi髇 ambiental que arroje el contenido de la ordenaci髇.

Estas determinaciones se recogen, al cabo, en la memoria ambiental, lo que, precisamente por ello, constar� que fue efectivamente cumplimentada en el acuerdo plenario de aprobaci髇 provisional. La comprobaci髇 de que la aprobaci髇 provisional dio fiel cumplimiento al contenido de la memoria ambiental tiene una dimensi髇 formal de gran alcance y por eso forma parte tambi閚 de la comprobaci髇 de la integridad documental de expediente y de las actuaciones administrativas realizadas, tal y como se prev� en la nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 al art韈ulo 85.7.

En consecuencia, los acuerdos municipales plenarios de aprobaci髇 provisional de planes generales que no aporten memoria ambiental o, en su caso, declaraci髇 de inviabilidad de sometimiento al tr醡ite de evaluaci髇 ambiental estrat間ica, no se entender醤 susceptibles de basar la aprobaci髇 definitiva auton髆ica del plan.

3. Modificaci髇 por la Ley 2/2010 del r間imen transitorio aplicable al suelo de n鷆leo rural del planeamento no adaptado.

3.1. A los efectos de la disposici髇 transitoria primera, se entender� por planeamiento adaptado el aprobado de conformidad con la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenaci髇 urban韘tica y protecci髇 del medio rural de Galicia, ya sea en su redacci髇 inicial o en la resultante de las modificaciones ulteriores operadas en virtud de la Ley 15/2004, de 29 de diciembre; de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia; de la Ley 6/2007, de 11 de mayo de medidas urgentes de materia de ordenaci髇 del territorio y del litoral de Galicia; de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenaci髇 de la miner韆 de Galicia; o de la Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda e suelo.

3.2. Por definici髇, y fuera de los supuestos espec韋icos en los que la Ley de reforma 2/2010 extiende nominalmente la aplicaci髇 de esta norma de derecho transitorio a elementos del planeamiento aprobados con posterioridad a la Ley 9/2002 (delimitaciones del 醨ea de expansi髇 de los n鷆leos rurales aprobadas de conformidad con esta, y aplicaci髇 del r間imen previsto en el art韈ulo 29.1. de la Ley 2/2010 a los terrenos delimitados como suelo de n鷆leo rural de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 13.2. de la Ley 9/2002 en su redacci髇 anterior) los supuestos de sujeci髇 al r間imen previsto en esta disposici髇 transitoria primera son los del planeamiento no adaptado a la Ley 9/2002.

3.3. En la nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 al apartado e) de la disposici髇 transitoria primera de la ley 9/2002 se contemplan, en todos los casos, terrenos incluidos en 醡bitos formalmente delimitados, incluyendo tanto las delimitaciones incorporadas en el plan general vigente adaptado a la ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, como las delimitaciones aprobadas al amparo de la Ley 11/1985, de adaptaci髇 de la del suelo a Galicia, y las formalizadas en expedientes de delimitaci髇 de n鷆leo al amparo de las normas subsidiarias provinciales. Se incluyen tambi閚 las delimitaciones aprobadas que comprend韆n zonas de influencia del n鷆leo m醩 all� del per韒etro del n鷆leo propiamente dicho.

Por otro lado, los expedientes de identificaci髇 de n鷆leo tramitados al amparo de la disposici髇 adicional 2� de la LOUG en su redacci髇 original, mantienen su consideraci髇 como delimitaciones de n鷆leo, si閚doles de aplicaci髇 lo establecido en el apartado 5� de la disposici髇 transitoria primera 1.e) en su condici髇 de terrenos delimitados como suelo de n鷆leo rural de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 13.2 de la ley 9/2002.

3.4. 羠ea de influencia y area de tolerancia se entender醤 aqu� como conceptos sin髇imos, ya que la terminolog韆 utilizada en su momento en las delimitaciones formalizadas fue una terminolog韆 dispar y meramente convencional que no obedeci� a una estricta denominaci髇 o nomenclatura legal.

Por eso la Ley 2/2010 utiliza la expresi髇 gen閞ica 醨ea de influencia, a fin de comprender todas esas heterog閚eas delimitaciones aprobadas bajo la vigencia de la legislaci髇 anterior a la Ley 9/2002, y que, por una exigencia elemental de seguridad jur韉ica, se incorporan por la Ley 2/2010 al r間imen previsto para el suelo de n鷆leo rural en esta disposici髇 transitoria, disposici髇 que, asimismo, resulta aplicable a las delimitaciones del 醨ea de expansi髇 realizadas al amparo de la Ley 9/2002 en el plan general o en delimitaciones ad hoc aprobadas tras la entrada en vigor de esta 鷏tima.

3.5. Por delimitaci髇 formal, a los efectos de este apartado, se entender� no s髄o la especificada en la documentaci髇 gr醘ica del plan o expediente ad hoc, sino que se considera que cumple con este requisito cuando est� determinada de forma incontrovertible mediante la fijaci髇 de una anchura dada a partir de la l韓ea per韒etro del n鷆leo rural grafiada en planos.

3.6. Es necesario subrayar que la diferencia del r間imen previsto para el suelo r鷖tico en el apartado f) de la misma disposici髇 transitoria primera, el nuevo r間imen urban韘tico previsto en el apartado e) lo ser� sin perjuicio de respetar las mayores limitaciones establecidas en el plan correspondiente, que resultar醤 siempre de aplicaci髇 a los 醡bitos delimitados.

Se entiende que esas mayores limitaciones se referir醤 a los par醡etros urban韘ticos o posibilidades de utilizaci髇, no al r間imen de derechos y deber de los propietarios o propietarias, que ser�, en todo caso, el establecido en el art韈ulo 24 en la redacci髇 dada por la Ley 2/2010, por lo que, en el r間imen establecido por la disposici髇 transitoria primera decae la prohibici髇 de parcelar en las 醨eas de expansi髇, incluso cuando esta prohibici髇 se hubiera incorporado a la normativa de los planeamientos generales en concordancia con el art韈ulo 24.4 en su redacci髇 anterior.

3.7. Lo previsto en esta disposici髇 transitoria no modifica la delimitaci髇, la extensi髇 ni el r間imen regulador de la franja de terrenos afectados por la servidumbre de protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, en los t閞minos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa b醩ica de aplicaci髇, incluido su r間imen autorizatorio.

4. Modificaci髇 por la Ley 2/2010 del r間imen transitorio aplicable al suelo r鷖tico del planeamiento no adaptado.

4.1. El supuesto de sujeci髇 a lo dispuesto en el apartado f) de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 9/2002, en su nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010, est� constituido, exclusivamente, por el suelo r鷖tico de municipios con planeamiento general no adaptado a la Ley 9/2002, para lo cual ser醤 de aplicaci髇 los criterios interpretativos especificados en el apartado 2.5 de esta instrucci髇, no resultando en ning鷑 caso de aplicaci髇 en el supuesto de planes generales aprobados al amparo de la Ley 9/2002.

Sin embargo, el nuevo r間imen de distribuci髇 de competencias establecido tras la Ley 2/2010 resulta de aplicaci髇 inmediata por lo que, y sin menoscabo de la plena vigencia del r間imen que el planeamiento adaptado a la Ley 9/2002 hubiera establecido para el suelo r鷖tico del t閞mino municipal respectivo, los supuestos de sujeci髇 de los usos previstos a la autorizaci髇 auton髆ica previa o a la licencia urban韘tica municipal sin necesidad de esa previa autorizaci髇 se ajustar醤 directamente a lo establecido al respeto por la Ley 2/2010.

4.2. El apartado f) de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 9/2002, en su redacci髇 anterior a la Ley 2/2010, inclu韆 un p醨rafo espec韋ico en virtud del cual el r間imen urban韘tico previsto en dicho apartado para el suelo no urbanizable o r鷖tico se aplicar韆 "sin perjuicio de las mayores limitaciones establecidas en el planeamiento vigente". Ahora se rechaza la aplicabilidad de las mayores limitaciones que hubiera podido incorporar en su d韆 el planeamiento no adaptado, al derogar ese p醨rafo, manteniendo por lo dem醩 el tenor literal restante de la anterior redacci髇.

En consecuencia, el r間imen transitorio del suelo r鷖tico de los municipios con planeamiento no adaptado a la Ley 9/2002 ser�, directamente, el previsto en la Ley 2/2010: el contenido en sus art韈ulos 33 y siguientes tras su redacci髇 dada por la Ley 2/2010, sin que resulten aplicables las mayores limitaciones que, en su caso, pudieran establecerse en el planeamiento vigente no adaptado, que resultan derogadas por la Ley 2/2010.

4.3. Lo previsto en esta disposici髇 transitoria no modifica la delimitaci髇, la extensi髇 ni el r間imen regulador de la franja de terrenos afectados por la servidumbre de protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, en los t閞minos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa b醩ica de aplicaci髇, incluido su r間imen autorizatorio.

5. Declaraci髇 de innecesariedad de sometimiento a evaluaci髇 ambiental estrat間ica de las modificaciones puntuales de plan general.

De declararse la innecesariedad de sometimiento de una modificaci髇 puntual de plan general de ordenaci髇 urbana a la evaluaci髇 ambiental estrat間ica, la resoluci髇 del 髍gano ambiental que la declare sustituir� y permitir� tener por evacuados, a todos los efectos, los tr醡ites previstos al efecto de su evaluaci髇 ambiental en los art韈ulos 84 y 85 de la Ley 2/2010, y circunscribir el tr醡ite de consultas previsto en su art韈ulo 85.2 a los informes sectoriales de las administraciones p鷅licas competentes.

6. El documento de inicio y los estudios del medio rural y del modelo de asentamiento, y la descripci髇 y evaluaci髇 del sistema de n鷆leos.

El contenido del estudio del medio rural, del modelo de asentamiento y la descripci髇 y evaluaci髇 del sistema de n鷆leos, que incorporasen el documento de inicio de acuerdo con lo previsto en la nueva redacci髇 dada al art韈ulo 84.4, no es equiparable al requerido en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 61 al determinar la documentaci髇 m韓ima en que se desarrollar醤 las determinaciones del plan general de ordenaci髇 municipal.

Esa documentaci髇 del documento de inicio se corresponde con la fase de anteproyecto, mientras que la documentaci髇 requerida en el art韈ulo 61 es ya la relativa a la fase integrada ulterior del proyecto, propiamente tal, del plan general, la que, previos a los tr醡ites oportunos, ser� presentada para su aprobaci髇 inicial, si procede, por el pleno de la corporaci髇.

7. Informe o memoria de sostenibilidad econ髆ica del pgom.

La inclusi髇 entre la documentaci髇 a contener por el plan general de ordenaci髇 municipal de un informe o memoria de sostenibilidad econ髆ica que requiere la nueva redacci髇 del art韈ulo 61.1. i) no se refiere al sost閚 econ髆ico de las actuaciones previstas en el plan respectivo, sino a la sostenibilidad econ髆ica de las cargas que la planificaci髇 suponga para las haciendas de las administraciones actuantes.

8. Delimitaci髇 de n鷆leos rurales en la franja de 200 metros desde el l韒ite de la costa.

La prohibici髇 establecida en el art韈ulo 13.4. de ampliar la delimitaci髇 de los n鷆leos rurales en esa franja del borde costero, aumentado su extensi髇 superficial en cualquiera de los tres tipos b醩icos de n鷆leo, mantiene id閚tico sentido; incluso desaparece tanto la noci髇 como la posibilidad legal de las 醨eas de expansi髇 de los n鷆leos rurales delimitados.

9. Obras en edificaciones tradicionales situadas en suelo de n鷆leo rural.

De conformidad con lo previsto en el apartado d) del art韈ulo 25 de la Ley 9/2002, en los n鷆leos rurales delimitados se permit韆n, sin necesidad de cumplir todas las condiciones exigidas por su art韈ulo 29, obras de conservaci髇, restauraci髇, rehabilitaci髇 y reconstrucci髇 de las edificaciones tradicionales o de especial valor arquitect髇ico existentes en el n鷆leo rural, siempre que no supongan variaci髇 de las caracter韘ticas esenciales del edificio ni alteraci髇 del lugar, de su volumen ni de la tipolog韆 originaria. Esta dispensa del cumplimiento de las condiciones exigidas en el art韈ulo 29 fue derogada por la Ley 2/2010 al dar nueva redacci髇 al art韈ulo 25.

Consecuentemente, dichas obras estar醤 sujetas al r間imen de los edificios fuera de ordenaci髇 previsto en el art. 103 de la ley de reforma. A estos efectos se tendr� en cuenta que,

-En casos justificados de acuerdo con la Ley 2/2010, el plan general respectivo podr� determinar que puedan autorizarse obras de ampliaci髇 de la superficie construida en edificios fuera de ordenaci髇 (art韈ulo 103.3).

-De conformidad con lo previsto en el art韈ulo 29.3, el plan general podr� establecer, justificadamente y con fundamento en el estudio detallado e individualizado del n鷆leo, ciertas condiciones de edificaci髇 distintas de las fijadas en el apartado 1 del art韈ulo 29, significadamente las condiciones de parcela m韓ima y altura m醲ima, respecto de alguno de los n鷆leos rurales hist髍ico-tradicionales.

-Las condiciones de retranqueo contempladas en el art韈ulo 29.1.f) 鷑icamente son exigibles para las nuevas construcciones que se levanten en los n鷆leos hist髍ico-tradicionales, pero no as� a las edificaciones preexistentes en 閘.

10. Actuaciones integrales en el suelo de n鷆leo rural.

En el suelo de n鷆leo rural no cabe la delimitaci髇 de 醨eas de reparto, que s髄o se prev閚 en la Ley para el suelo urbano no consolidado y urbanizable (art.111.1) y, puntualmente, para el suelo r鷖tico a los solos efectos de obtenci髇 de sistemas generales (art.166.3).

La noci髇 de 醨ea de reparto no se corresponde con la de las 醨eas de los n鷆leos rurales en las que por el plan general [art. 56.1.e)] o especial (72.1. p醨rafo 2�) se prevean actuaciones integrales.

Estas 醨eas de actuaci髇 integral, y de la consecuente divisi髇 poligonal que, en su caso, se proyecte, en el n鷆leo rural correspondiente, sustituyen a las 醨eas de reparto propiamente dichas tambi閚 para la determinaci髇 del 10% de cesi髇 del aprovechamiento lucrativo previsto en el art韈ulo 24.3. d), que, trat醤dose de suelo rural, no ser� del suelo en el que se localice el 10% del aprovechamiento tipo del 醨ea de reparto, ya que ni se delimita esta, ni se fijan aprovechamientos tipo, sino del suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urban韘tico del 醨ea en la que se contemple la correspondiente actuaci髇 de car醕ter integral en el n鷆leo rural.

11. Planes especiales de ordenaci髇 del n鷆leo rural de contenido limitado.

En el caso de los PONR que, de acuerdo con lo previsto en la nueva redacci髇 del art韈ulo 72.2, tengan un contenido limitado y se redacten con la finalidad exclusiva de completar el trazado de red viaria y alineaciones, o para asegurar la existencia de redes de dotaci髇 de servicios suficientes, su tramitaci髇 se ajustar� (art韈ulo 87.5) a la de los estudios de detalle prevista en el art韈ulo 86.2 de la ley.

12. Concentraciones parcelarias en n鷆leos rurales.

La nueva redacci髇 del art韈ulo 72.4 encarga a los PONR la reordenaci髇 de los n鷆leos rurales situados dentro del per韒etro de una zona de concentraci髇 parcelaria.

No obstante la dicci髇 literal del precepto, que pudiera dar pie a interpretar que esa tarea se encomienda en exclusiva al PONR, se considera m醩 acorde con la finalidad de la norma reservar al PONR la ordenaci髇 detallada del n鷆leo y mantener la habilitaci髇 legal al plan general de ordenaci髇 municipal para establecer su ordenaci髇 global, tal y como se recoge en la nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 al art韈ulo 56.2.

13. Evaluaci髇 ambiental estrat間ica de los planes de ordenaci髇 de n鷆leo rural.

Aunque en la nueva redacci髇 dada al art韈ulo 87, no se hace una previsi髇 espec韋ica respeto de la tramitaci髇 a seguir, en su caso, para la evaluaci髇 ambiental estrat間ica de los PONR, es indiscutible su naturaleza de planes especiales y, por lo tanto, la aplicaci髇 a los PONR de las previsiones establecidas, con car醕ter general en el art韈ulo 86.1.g de la LOUG para todos los planes especiales.

14. Compatibilidad de instalaciones destinadas a la producci髇 agr韈ola en suelo de n鷆leo rural.

El art韈ulo 28.1.e) en la redacci髇 dada por la Ley 2/2010 establece, en cualquiera de los tres tipos b醩icos de n鷆leo rural, la prohibici髇 expresa de nuevas instalaciones destinadas a la producci髇 ganadera, por resultar actuaciones incompatibles.

Dicha prohibici髇, por su propio car醕ter, no es susceptible de interpretaci髇 extensiva, por lo que no puede ampliarse a las nuevas instalaciones destinadas a la producci髇 agr韈ola, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el art. 28.2 c).

15. Montes vecinales en mano com鷑 y suelo r鷖tico de protecci髇 forestal.

Los montes vecinales en mano com鷑 dejan de estar, por el s髄o hecho de su catalogaci髇 como tales, sujetos a la clasificaci髇 de suelo r鷖tico de especial protecci髇 forestal, de acuerdo con la nueva redacci髇 del art韈ulo 32.2.b) en la Ley 2/2010, que define dentro de las categor韆s de suelo r鷖tico el suelo de especial protecci髇 forestal.

No obstante, si en todo o en parte del per韒etro catalogado como monte vecinal en mano com鷑 concurre alguno de los supuestos contemplados en el art. 32.2, proceder� su clasificaci髇 como suelo r鷖tico de especial protecci髇, en una o varias categor韆s en los t閞minos del art韈ulo 32.3.

16. Usos permitidos y autorizados en suelo r鷖tico de protecci髇 forestal.

En la nueva redacci髇 dada al art韈ulo 37, el uso previsto en el art. 33.1.e) de la Ley 9/2002, relativo a construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del entorno donde se sit鷈n, se contempla, a la vez, como un uso permitido por licencia municipal directa y como uso autorizable por la Comunidad Aut髇oma. Se trata de un error evidente, que puede salvarse considerando que se trata de un uso que requiere de autorizaci髇 urban韘tica previa a la intervenci髇 municipal de licencia.

17. El uso de turismo rural como potenciador del entorno.

En relaci髇 a la definici髇 contenida en el art韈ulo 33.2.e) de la LOUG como uso de "construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del medio donde se localicen", y a los efectos de decidir su car醕ter de potenciador del medio, la resoluci髇 sobre la autorizaci髇 auton髆ica tendr� en cuenta los informes de los departamentos auton髆icos con competencias en materia de turismo y desarrollo comarcal, as� como, en su caso, de los que tutelen los especiales valores del suelo r鷖tico donde se pretenda implantar la actividad tur韘tica.

18. Innecesariedad de autorizaci髇 auton髆ica para dotaciones y equipamientos contemplados en planes especiales previstos en el art韈ulo 33.2 G).

La nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 al art韈ulo 34.4 establece de manera expl韈ita que las dotaciones y equipamientos, p鷅licos o privados, permitidos en el art. 33.2. g) en suelo r鷖tico mediante la aprobaci髇 de un plan especial de dotaciones de los regulados en el art. 71, no requieren autorizaci髇 auton髆ica previa, cualquiera que sea la categor韆 de suelo r鷖tico, sin perjuicio de los casos de resultar un uso prohibido (suelo r鷖tico de protecci髇 de infraestructuras, de las aguas, de las costas, de inter閟 paisaj韘tico y de patrimonio cultural).

19. Suelo r鷖tico de protecci髇 de las costas.

Lo previsto en la nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 al art韈ulo 38, relativo a los suelos r鷖ticos de protecci髇 de las aguas, las costas, de inter閟 paisaj韘tico y de patrimonio cultural no modifica la delimitaci髇, la extensi髇 ni el r間imen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y afectados por la servidumbre de protecci髇 en los t閞minos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa b醩ica de aplicaci髇, incluido su r間imen autorizatorio.

20. Acceso rodado de uso p鷅lico como condici髇 general de las edificaciones en suelo r鷖tico.

La expresi髇 acceso rodado de uso p鷅lico que se recoge en la nueva redacci髇 del Art韈ulo 42.1. a) se entender� que es una expresi髇 de alcance m醩 amplio que la de acceso rodado p鷅lico que se recog韆 en la redacci髇 originaria de la ley. El requisito de acceso rodado de uso p鷅lico no exige de la titularidad p鷅lica del terreno de acceso, sino su libre acceso al uso p鷅lico.

21. Ampliaci髇 de cementerios.

La ocupaci髇 del 100% de la parcela que habilita la nueva redacci髇 del art韈ulo 42.1.c) para la ampliaci髇 de cementerios es excluyente, de por s�, de las condiciones de posici髇 previstas en su apartado d) y, m醩 espec韋icamente, de las de retranqueos y mantenimiento del estado natural de los terrenos al menos en la mitad de la superficie de la parcela.

22. Obras de derribo derivadas de expedientes de reposici髇 de la legalidad.

El art. 42.2 LOUGA, relativo a las condiciones generales de las edificaciones en el suelo r鷖tico, mantienen inalterado su tenor literal tras la reforma de 2010, conforme al cual, a las obras de derribo que se pretendan realizar en suelo r鷖tico le ser� aplicable lo dispuesto en el art. 26 de esta ley.

En este 鷏timo precepto se introdujo por la Ley 2/2010 un nuevo apartado d) que excluye de la prohibici髇 de obras de demolici髇 de construcciones existentes en el suelo de n鷆leo rural las derivadas de un expediente de reposici髇 de la legalidad urban韘tica; evitando la inviabilidad de las medidas de restauraci髇 de la legalidad urban韘tica infringida, que, al quedar fuera de los tres supuestos de excepci髇 acotados por el apartado 1 de este art韈ulo 26 con anterioridad a la reforma operada por la Ley 2/2010, pudieran entenderse prohibidas.

23. V醠idez del reconocimiento administrativo de explotaciones agropecuarias.

Lo previsto en la disposici髇 transitoria und閏ima de la Ley 9/2002, en la redacci髇 dada por la Ley 2/2010, relativa la explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria y aserraderos existentes, se entender� sin perjuicio de la plena validez del reconocimiento administrativo de explotaciones agropecuarias que tuviera lugar con anterioridad, de acuerdo con el r間imen legal previsto en la redacci髇 anterior de esta disposici髇 transitoria und閏ima de la Ley 9/2002.

24. Actividades mineras y establecimientos de beneficio vinculados.

El r間imen transitorio aplicable a las explotaciones mineras existentes recogido en la disposici髇 transitoria duod閏ima de la Ley 9/2002, luego modulado por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, fue objeto de una profunda modificaci髇 en virtud de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenaci髇 de la miner韆 de Galicia.

De acuerdo con la nueva redacci髇 dada por la Ley 2/2010 a esta disposici髇 transitoria duod閏ima, se requiere la preexistencia en activo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de las explotaciones mineras y de las actividades extractivas de recursos minerales, para continuar la actividad, en los 醡bitos para los que disponen de licencia urban韘tica municipal; o para obtenerla, de acuerdo con lo previsto en esta disposici髇 transitoria, si carecen de ella, y est醤 localizadas en suelo r鷖tico de protecci髇 ordinaria y de especial protecci髇 forestal o de las aguas.

Por lo que respecta a los establecimientos de beneficio vinculados a las explotaciones mineras, bastar� con la preexistencia en activo con anterioridad a la Ley 9/2002 de la explotaci髇 minera a la que atienda el establecimiento de beneficio para que este pueda continuar la actividad, en los 醡bitos para los que disponen de licencia urban韘tica municipal, o para obtenerla de acuerdo con lo previsto en esta disposici髇 transitoria, se carece de ella, y est� localizado en suelo r鷖tico de protecci髇 ordinaria o de especial protecci髇 forestal o de las aguas.

La nueva redacci髇 dada al art韈ulo 37 contempla el uso previsto en el art. 33.2.k) de la Ley 9/2002 como uno de los autorizables en suelo r鷖tico de protecci髇 ordinaria y en suelo r鷖tico de especial protecci髇 agr韈ola y forestal.

No obstante, en la disposici髇 transitoria 12�, en su 鷏timo apartado, s髄o se autorizan estos usos en suelo r鷖tico de protecci髇 ordinaria, y en suelo r鷖tico de especial protecci髇 forestal "seg鷑 lo dispuesto por los art韈ulos 36 y 37 de esta ley". Ahora bien, en estos art韈ulos el uso minero se permite tambi閚 en el suelo r鷖tico de especial protecci髇 agr韈ola, por lo que debe entenderse autorizable tambi閚 en esta categor韆 de suelo.

25. Pr髍roga de licencias.

La reforma por la Ley 2/2010 del art韈ulo 197.2 permite a los ayuntamientos conceder pr髍roga de los plazos de las licencias, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusi髇 de los plazos determinados, y sin requerir ning鷑 otro requisito suplementario, suprimiendo la limitaci髇 anterior que requer韆, adem醩, que la licencia otorgada resultara conforme con la ordenaci髇 urban韘tica vigente en el momento de la concesi髇 de la pr髍roga.

Tampoco resultan aplicables las limitaciones previstas en el art韈ulo 19 del Reglamento de disciplina urban韘tica aprobada por Decreto 2/1999, de 21 de enero (DOG n.� 32, de 17 de febrero) que la proh韇e si no transcurri� cuando menos la mitad del plazo inicialmente fijado (art韈ulo 19.3), sino est� realizada la cobertura de aguas del edificio (art韈ulo 19.5), o que la limita a la mitad del plazo inicialmente concedido (19.2), dado que contradicen el r間imen establecido en la ley.