Sumario

La Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, establece las bases de una política territorial sobre el medio rural dirigida a armonizar el desarrollo y bienestar de un mundo rural con la preservación y revitalización de los bienes naturales y culturales que se deben conservar para legarlos a las generaciones futuras.Téngase en cuenta que la Ley [GALICIA] 9/2002, 30 diciembre, a que hace referencia la presente Instrucción, ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [GALICIA] 2/2016, 10 febrero, del suelo de Galicia («D.O.G.» 19 febrero).

La regulación de los usos del suelo establecidas por esta ley se construye sobre parámetros no siempre compatibles con determinadas actividades económicas que tienen una gran repercusión sobre el suelo en el que se desarrollan, como es el caso de las actividades extractivas de recursos minerales. No obstante, estas actividades constituyen en la actualidad un sector industrial que se puede calificar de estratégico para Galicia y con una evidente utilidad pública e interés social en determinadas zonas de nuestra comunidad.

Los recursos minerales son recursos naturales con una distribución heterogénea sobre el territorio que no permite establecer, con carácter previo, la localización de las explotaciones minerales siguiendo criterios estrictamente urbanísticos. Como consecuencia de ello, con la entrada en vigor de la Ley de ordenación urbanística, un gran número de explotaciones mineras en activo y autorizadas conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, pasaron a encontrarse en una situación irregular desde el punto de vista urbanístico. Estas actividades se ajustan en su evolución temporal y espacial al proyecto de explotación aprobado en el procedimiento de autorización, proyecto que, además, se desarrolla anualmente conforme a los planes de cometidos sujetos a la aprobación de la autoridad minera.

Para resolver el problema de regularización urbanística de las explotaciones mineras existentes se estableció un régimen en la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre. Este régimen transitorio fue modulado por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, y fue objeto de una profunda modificación en virtud de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia. Esta última modificación coincidió en el tiempo con la aprobación del Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento de evaluación de incidencia ambiental. También la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (DOG n.º 61, del 31 de marzo; corrección de errores DOG del 23 de abril de 2010), modificó la disposición transitoria duodécima de dicha norma relativa a las explotaciones mineras existentes en suelo rústico, especialmente en lo que respecta al reconocimiento administrativo de la dirección general competente en materia de minas al objeto de dar respuesta a los problemas aparecidos en su aplicación.

Según la nueva disposición, las explotaciones mineras, las actividades extractivas de recursos minerales y los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras, cuando estas estuvieran en activo en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, localizados en suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección forestal o de las aguas que no disponen de licencia urbanística municipal para continuar su actividad deberán obtenerla, para lo que bastará con el reconocimiento administrativo de la dirección general con competencia en materia de minas. A estas categorías de suelo debe añadirse el suelo rústico de especial protección agrícola donde el uso minero es autorizable por el ayuntamiento respectivo previa la declaración de la preexistencia tal y como resulta de lo dispuesto en la disposición transitoria 12.ª y de los artículos 36 y 37 de la ley según la interpretación dada por el apartado 24 de la Instrucción 1/2011, de 12 de abril, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para la aplicación de la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (DOG n.º 91, del 11 de mayo de 2010).

Como se dijo, el Decreto 133/2008, de 12 de junio (DOG n.º 126, del 1 de julio), paralelamente estableció en su disposición adicional segunda, apartado 2, que las actividades extractivas de recursos minerales desarrolladas en las explotaciones mineras previstas en la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, no estarán sujetas al procedimiento de incidencia ambiental excepto en los casos de modificación sustancial, o de renovación de la concesión.

El reconocimiento administrativo se configura, por tanto, como esencial para la obtención de la licencia urbanística municipal que no requiere para su otorgamiento de otro requisito -tampoco del previo o simultáneo trámite de incidencia ambiental y consecuente licencia de actividad- que el propio reconocimiento administrativo conforme a la redacción dada en la Ley urbanística y en la disposición adicional segunda, apartado 2, del Decreto 133/2008, de 12 de junio.

No obstante, la experiencia adquirida en el período de tiempo transcurrido desde el dictado de los primeros reconocimientos administrativos por la Dirección General de Industria, Energía y Minas hasta la actualidad ha mostrado las dificultades interpretativas que existen sobre el alcance del reconocimiento administrativo a efectos tanto del otorgamiento de la licencia urbanística municipal como del archivo de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística que se puedan haber incoado respecto de las explotaciones, actividades o establecimientos objeto del reconocimiento.

Al objeto de aclarar el contenido y efectos del reconocimiento administrativo que emite la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la existencia de las explotaciones mineras, actividades extractivas o establecimientos de beneficio vinculados se dicta la presente instrucción, que tiene la naturaleza de instrucción u orden de servicio dictada al amparo del dispuesto por el artículo 26.3 b) de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la administración general y del sector autonómico de Galicia (DOG n.º 251, del 31 de diciembre).

Aunque esta instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, no tiene los efectos propios de una norma jurídica de naturaleza reglamentaria, en aras de una mayor transparencia en la gestión administrativa y de la seguridad jurídica se considera conveniente su publicación para que todos los interesados puedan conocer los criterios que seguirá la Dirección General de Industria, Energía y Minas en esta materia.

Primero. El reconocimiento administrativo que expida la Dirección General de Industria, Energía y Minas en aplicación de la disposición transitoria duodécima de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de acuerdo con la nueva redacción dada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo, acreditará la existencia, a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de las explotaciones mineras, actividades extractivas de recursos minerales y los establecimientos de beneficio a los que haga referencia. Estos deberán estar localizados en suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección agrícola, forestal o de las aguas y haber acreditado ante la autoridad minera que se encontraban en activo en dicha fecha.

Segundo. El reconocimiento administrativo acreditará el cumplimiento de la normativa sectorial vigente y sólo procederá de aquellas explotaciones o actividades extractivas que consten debidamente autorizadas por la autoridad minera con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre. Su ámbito se limitará a los términos del título de autorización o concesión vigente el 1 de enero de 2003 y al proyecto de explotación y plan de restauración que sirvieron de base para su otorgamiento. No será objeto de reconocimiento administrativo cualquier ampliación o modificación del proyecto de explotación o de renovación de la concesión posterior a dicha fecha.

Tercero. Por lo que respecta a los establecimientos de beneficio vinculados a las explotaciones mineras, bastará con la preexistencia en activo con anterioridad a la Ley 9/2002 de la explotación minera a que atienda el establecimiento de beneficio para que este pueda continuar la actividad. El reconocimiento se expedirá de aquellos establecimientos autorizados conforme la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y también de aquellos otros que respondan al concepto de establecimiento de beneficio recogido en el artículo 138 del Reglamento para el régimen de la minería de 1978 y que consten debidamente inscritos en el registro industrial en la fecha de 1 de enero de 2003. En este caso, la autoridad minera deberá haber acreditado la vinculación del establecimiento a una explotación minera en activo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002.

Cuarto. La Dirección General de Industria, Energía y Minas dará traslado de los reconocimientos administrativos expedidos a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística para su conocimiento y efectos en los expedientes incoados sobre explotaciones mineras, actividades extractivas de recursos minerales y los establecimientos de beneficio a los que haga referencia.