Sumario

--> Ley [BALEARES] 16/2006, 17 octubre, derogada por la letra a) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley [BALEARES] 7/2013, 26 noviembre, de r間imen jur韉ico de instalaci髇, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears (獴.O.I.B.� 30 noviembre), el 28 de febrero de 2014.

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 27.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La influencia del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprob� el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP), modificado parcialmente por el Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, ha resultado determinante en la configuraci髇 de las licencias municipales de actividades. En las Illes Balears su substrato legal ha quedado casi inalterado a causa del abanico de competencias que consagr� el citado decreto.

Desde el Ministerio de la Gobernaci髇, por el Decreto 2245/1979, se transfer韆n al ente preauton髆ico las competencias en materia de actividades clasificadas, efectivas a partir del 1 de enero de 1980. El Consejo General Interinsular aprob� el Decreto de 4 de febrero de 1980, por el cual se cre� la Comisi髇 Interinsular de Saneamiento. M醩 tarde, el Decreto 4/1980, de 28 de junio, cre� las Ponencias T閏nicas de Trabajo para la tramitaci髇 de los expedientes de actividades clasificadas. Posteriormente, mediante el Decreto 54/1988, se cre� la Comisi髇 de Actividades Clasificadas, cuyos 髍ganos eran el pleno y la comisi髇 permanente, radicada en la Consejer韆 Adjunta a la Presidencia. El director general de Gobernaci髇 ejerc韆 la presidencia de la comisi髇 permanente y la vicepresidencia del pleno, a parte de las competencias propias en los procedimientos relacionados con las actividades clasificadas.

Finalmente, la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acu醫icos, reguladora del procedimiento y de las infracciones y sanciones, recoge in nuce esta divisi髇 de competencias -menos la atribuci髇 a los consejos entre las competencias propias de la comunidad, hoy en el art韈ulo 5, potestades gen閞icas, y en el art韈ulo 6, potestades espec韋icas, que recuerdan mucho la divisi髇 de competencias del pleno, de la comisi髇 permanente y de la Direcci髇 General de Interior establecidas en el Decreto 54/1988.

Ha quedado inalterable hasta hoy la divisi髇 entre actividades clasificadas por una parte, y establecimientos, espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas por otra, independientemente de que sus procedimientos administrativos est閚 sometidos a diferentes normativas que a veces se superponen y dificultan la tramitaci髇 administrativa de las autorizaciones y licencias.

Como consecuencia de muchos a駉s de historia, la vis atractiva de los espect醕ulos y de las actividades recreativas, incidi�, posiblemente y de manera decisiva, en la consideraci髇 de esta materia -actividades clasificadas- como propia de la Consejer韆 de Interior. De la misma manera que el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ha dejado una huella extraordinaria en el campo de las actividades, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de polic韆 de espect醕ulos p鷅licos y de actividades recreativas, ha ejercido un papel similar en este campo espec韋ico.

Como se puede ver la superposici髇 de competencias entre actividades y espect醕ulos queda plasmada en el punto 3 del art韈ulo 1 de citado Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto: 獿a aplicaci髇 del presente reglamento tendr� car醕ter supletorio respecto de las disposiciones especiales dictadas, en relaci髇 con todas o alguna de las actividades enumeradas en el anexo, para garantizar la higiene y la sanidad p鷅lica y la seguridad ciudadana, proteger a la infancia y a la juventud y defender los intereses del p鷅lico en general, as� como para la prevenci髇 de incendios y otros riesgos colectivos�. La finalidad de esta regulaci髇 coincide, en parte, con las finalidades y los objetivos que espec韋icamente corresponden al contenido de la calificaci髇 y del informe sobre las actividades clasificadas.

Esta conjunci髇 de finalidades y competencias, justificable en un modelo de estado unitario, ha dejado de tener sentido en el estado de las autonom韆s, aunque la especificidad de la problem醫ica que ofrecen los espect醕ulos p鷅licos y las actividades recreativas incluya un componente m醩 concreto en cuanto a medidas contra incendios y de seguridad en general, para personas y bienes.

Hasta hoy, una licencia municipal sometida al Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, adem醩 de ser una actividad sujeta a calificaci髇, requer韆 el informe, casi siempre, de la Consejer韆 de Interior, de acuerdo con las previsiones de este reglamento. Esta duplicidad de tr醡ites ahora se considera innecesaria puesto que, aparte de posibilitar informes contradictorios entre el 髍gano calificador y el 髍gano colegiado de espect醕ulos, tras el estudio de la misma documentaci髇 para similares cuestiones y finalidades (seguridad contra incendios, b醩icamente), hac韆n innecesarias las tareas de la Comisi髇 de Espect醕ulos o de la Comisi髇 de Actividades Clasificadas y entorpec韆, con dilaciones injustificadas, el procedimiento de concesi髇 de licencias.

De esta manera se simplifica la tramitaci髇 de las actividades sometidas antes a la consideraci髇 de la Comisi髇 de Espect醕ulos y de Actividades Recreativas que hasta ahora eran competencias de la Consejer韆 de Interior. En este campo, pues, se produce la imprescindible coherencia competencial, acab醤dose las posibles divergencias y diferencias que hasta hoy se produc韆n y reduci閚dose notablemente los tr醡ites burocr醫icos.

As�, el procedimiento para la concesi髇 de la licencia municipal para las actividades catalogadas, las denominadas anteriormente espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, no diferir� del de cualquier otra actividad. Por la trascendencia por razones de seguridad para las personas y los bienes, ser醤 siempre actividades mayores, como lo determina el anexo I de la ley.

Se ha intentado, pues, sintetizar en un solo cuerpo legal las actividades denominadas gen閞icamente 玞lasificadas� y los espect醕ulos p鷅licos. Las actividades llamadas gen閞icamente en la ley 玞atalogadas� corresponden a la anterior denominaci髇 de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas y se incluyen en el texto legal unificando en cierto modo toda la regulaci髇 sobre la materia. La innovaci髇 que supone -que es la primera en Espa馻- no est� exenta de dificultades, dada la distinta naturaleza de las actividades llamadas a perdurar en el tiempo con vocaci髇 de permanencia y las actividades que se agotan en pocas horas y que, a pesar de ello, conllevan posibles problemas de seguridad y salud p鷅licas a los que la ley debe dar una adecuada respuesta.

La ley divide en dos grandes grupos, permanentes y no permanentes, todas las actividades que antes estaban incluidas en la Ley 8/1995, de 30 de marzo, y en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto. Son permanentes las actividades mayores, menores e inocuas que son en definitiva las reguladas por la Ley 8/1995, de 30 de marzo -las antiguas sujetas a calificaci髇 y las excluidas mayores y menores-, aunque no coincidan exactamente. Los l韒ites para diferenciarlas se han incrementado con el fin de ahorrar tr醡ites que a d韆 de hoy parecen poco operativos.

Las no permanentes, incluidas las temporales -reguladas hasta ahora por la Ley 8/1995, de 30 de marzo, y por el Decreto 18/1996, de 8 de febrero-, las extraordinarias, las singulares, las verbenas y fiestas patronales, las carreras y manifestaciones deportivas y las denominadas hasta ahora no reguladas, quedan definidas convenientemente en la presente ley.

Dentro de esta l韓ea de simplificaci髇, de coherencia y de unificaci髇 que se persigue, el art韈ulo 6 de la Ley 8/1995, de 30 de marzo, que contribu韆 a esta pluralidad de actuaciones interadministrativas y por la cual el Gobierno de las Illes Balears se reservaba una serie de competencias para ciertos tipos de actividades m醩 contaminantes, ha dejado de tener sentido, vista la Ley estatal 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 y la regulaci髇 del procedimiento para la obtenci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada. Desaparece, pues, esta reserva establecida a favor de la Consejer韆 de Interior de estas potestades espec韋icas en aras de una mayor simplificaci髇 administrativa. Se mantienen, no obstante, las potestades gen閞icas establecidas en el art韈ulo 5 de la Ley 8/1995, de 30 de marzo, y en el art韈ulo 3 de la Ley 7/1999, de 8 de abril, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, como no pod韆 ser de otra manera.

Asimismo, mediante la norma legal correspondiente, se atribuyen al Consejo Insular de Mallorca las competencias en materia de actividades catalogadas, las llamadas anteriormente espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, con el fin de homologar los bloques de actuaciones de las distintas administraciones intervinientes en las Illes Balears.

II

La normativa europea sobre medio ambiente ha contribuido notablemente a la superaci髇 de la configuraci髇 de las licencias municipales y de los conceptos de 玬olestas, insalubres, nocivas y peligrosas� que desarrolla el Reglamento de 1961 y que sobre diferentes formas legales se han mantenido hasta ahora vigentes.

La consideraci髇 de las licencias como las licencias ambientales integradas, recogidas de la normativa europea y cristalizadas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, ha revolucionado este campo, hasta hace poco tiempo pac韋ico, al menos en la normativa nacional.

Numerosas comunidades aut髇omas, como Andaluc韆, Galicia, Catalu馻, entre otras, iniciaron un camino que hoy parece irreversible. Ya son numerosas las comunidades aut髇omas que han desarrollado la filosof韆 que destila aquella ley, incluso m醩 all� de su alcance espec韋ico.

En efecto, la legislaci髇 de estas diferentes normativas auton髆icas coincide mayoritariamente en la consideraci髇 integral o integrada de las autorizaciones administrativas, incluidas las municipales, para la protecci髇 del medio ambiente, de la seguridad de personas y bienes, valores que en el ejercicio de las diferentes actividades comerciales, industriales, de ocio y de entretenimiento, se ponen en cuesti髇 y en peligro. No se trata de establecer, solamente, medidas correctoras, tambi閚 son imprescindibles las medidas preventivas y de control posterior.

A causa de la cada vez m醩 abundante legislaci髇 sectorial y medioambiental -que persigue en 鷏tima instancia la seguridad de personas y bienes y la calidad ambiental-, la clasificaci髇 o calificaci髇 de las actividades -que en definitiva son la misma cosa- ha dejado de tener la importancia que ha tenido hasta ahora. No son pocas las comunidades aut髇omas que han dejado sin aplicaci髇 el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en constataci髇 de este hecho. Lo que importa, hoy, es la adopci髇 de medidas adecuadas para que una actividad no cause perjuicios ni a las personas, ni al medio ambiente ni a los bienes, y no el nombre con el cual se pueda denominar o el adjetivo con el que se pueda calificar. La calidad o clase de actividad no predetermina s髄o por s� misma las medidas para evitar problemas derivados del ejercicio de la actividad. Del volumen de producci髇, del aforo, de la situaci髇 concreta en una calle o un pol韌ono determinado y de otros par醡etros depender醤 la configuraci髇 de la actividad y su estudio para minimizar riesgos y peligros. Las medidas preventivas, correctoras, de seguridad y de control que puedan impon閞seles ser醤 independientes de su calificaci髇 como molesta o como peligrosa. Esencialmente, la calificaci髇 no es m醩 que una tautolog韆 legal, innecesaria por repetitiva.

Esto no quiere decir, en absoluto, que la intervenci髇 administrativa haya de ser m醩 permisiva. Esto quiere decir, sencillamente, que se deber� acentuar de forma m醩 unitaria y m醩 integrada todo el tejido de medidas concretas, para la actividad concreta, en un lugar determinado, sin olvidar el cumplimiento de la normativa sectorial, abundante, la aplicaci髇 de los planes directores sectoriales, la normativa sobre residuos y la de protecci髇 contra los ruidos y las vibraciones, y el cumplimiento de los par醡etros que desde otras esferas de las distintas administraciones p鷅licas intervinientes, se puedan imponer. En esta materia, las generalizaciones y la aplicaci髇 de categor韆s conceptuales gen閞icas nos han llevado a una contemplaci髇 de la realidad desde el punto de vista intelectual y conceptual, no desde el punto de vista de la realidad; de esta manera se ha dejado de lado el aspecto o los aspectos m醩 espec韋icos, determinados y determinantes de una actividad concreta. Desde esta nueva perspectiva -es as� como se estudia el fen髆eno del medio ambiente entendido de manera global-, el acento se tendr� que poner sobre las medidas preventivas, correctoras y de control sobre 玡sta� actividad y sobre las medidas a tomar en el ejercicio de la actividad a lo largo del tiempo, no sobre las medidas de 玡stos tipos� de actividades, m閠odo por el cual en una pretensi髇 de aprehender la realidad, nos alejamos de ella.

Desde la publicaci髇 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, un hecho importante ha contribuido a su progresiva desnaturalizaci髇. La cada vez m醩 abundante normativa sectorial procedente de la Uni髇 Europea, de la Administraci髇 General del Estado y de las comunidades aut髇omas ha ido dejando el Reglamento sin contenido y, en consecuencia, sin virtualidad pr醕tica. Hoy, el cumplimiento de esta normativa sectorial, plasmada en los proyectos t閏nicos y dirigida siempre a la protecci髇 de personas y bienes y a la preservaci髇 del medio ambiente -estudios, evaluaciones, dict醡enes de impacto ambiental, pol韙ica de aguas, residuos y otras- hacen que este reglamento y las escasas normas que lo han desarrollado, el procedimiento que instaura y los principios que la inspiran hayan perdido eficacia pr醕tica, al tiempo que imposibilitan que se asuman nuevos conceptos, ya presentes en nuestras leyes y reglamentos, para combatir la contaminaci髇, garantizar la seguridad y mejorar la calidad de vida.

La Ley estatal 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, ha dado este paso m醩 all� del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, para las actividades incluidas en el anexo I, modificable por las comunidades aut髇omas para hacerlo m醩 restrictivo, ha instaurado un modelo de procedimiento que sin duda deber� influir en el resto de procedimientos para las licencias de actividades que hasta hoy hemos denominado clasificadas. La denominaci髇 de licencias integradas, dict醡enes integrados, responde a esta nueva filosof韆 que destila la ley estatal.

III

La presente ley incide en el principio de calidad de vida establecido tanto en el pre醡bulo de la Constituci髇 Espa駉la como en su art韈ulo 45. Este principio no s髄o se plantea el respeto al medio ambiente o a la seguridad, sino que, esencialmente, en una comunidad como la nuestra, con una econom韆 espec韋ica mayoritaria de servicios, la calidad de vida se refiere a aquellas circunstancias seg鷑 las cuales la ciudadan韆 encuentra en su paisaje vital las condiciones id髇eas necesarias para poder disfrutar de una existencia no s髄o libre de emisiones nocivas, degradaciones paisaj韘ticas o contaminaciones nocivas, sino un espacio vital c髆odo donde las diferentes actividades no se opongan al necesario equilibrio entre actividad econ髆ica y actividad humana integral. No s髄o no se ha de contaminar, sino que se han de crear las condiciones m醩 favorables para que el conjunto de la poblaci髇 consiga el m醩 alto nivel de calidad de vida, concepto que no se extingue con el de crecimiento econ髆ico, solamente. Un pa韘 que ha conseguido un cierto grado de desarrollo econ髆ico tiene la obligaci髇 de ir m醩 all� y garantizar para todo el mundo una calidad de vida tal que permita el desarrollo integral de la ciudadan韆. La idea de progreso econ髆ico, arm髇ico y solidario, debe acercarnos al objetivo que la ley persigue.

De todo lo anterior se desprende la conveniencia y la necesidad de que todo el mundo, personal t閏nico redactor de proyectos, personal funcionario que ha de estudiar y aplicar la ley y ciudadan韆 en general, haga un esfuerzo para superar los conceptos que se han consagrado durante casi cincuenta a駉s de pervivencia del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del a駉 1961 -que, por cierto, nunca ha tenido una ley que lo amparase-, y del Reglamento del a駉 1982, que no ha sufrido, pr醕ticamente, ninguna modificaci髇 posterior y cuyo resultado pr醕tico hay que ponerlo en consonancia con el dinamismo de las actividades econ髆icas.

Cabe insistir en que la calificaci髇 de las actividades ya no es operativa. Como se ha dicho antes, los nombres o, mejor dicho, los calificativos de molesta, insalubre, nociva y peligrosa no constituyen a partir de ahora ninguna categor韆 jur韉ica independiente ni conditio sine qua non sin la cual un expediente de actividades no pueda ser resuelto por el 髍gano correspondiente. El dictamen integrado previo al permiso municipal de instalaci髇 constituye el eje de la nueva regulaci髇.

IV

El Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas no fue generoso con los ayuntamientos. El trasfondo de dicho reglamento hace patente una cierta desconfianza hacia las corporaciones locales, fruto de las circunstancias de la 閜oca. Tambi閚 la Ley 8/1995, de 30 de marzo, que fue una extrapolaci髇 -la posible entonces- a las condiciones auton髆icas imperantes en el a駉 1995, contribuy� a la permanencia de sus principios inspiradores.

Es un principio b醩ico e indiscutible que las corporaciones locales -las administraciones m醩 cercanas a la ciudadan韆- son las que tienen que conceder las licencias municipales, las responsables, en 鷏timo lugar, ante las personas administradas, del ejercicio de las facultades que generan estas licencias; y en muchas ocasiones, las que se ven obligadas a exigir las medidas correctoras que otros organismos y administraciones han impuesto. No hablemos ya de los casos en que la ley, exonerando la necesidad de solicitar las licencias municipales, las ha dejado en una posici髇 poco definida como administraci髇 responsable, en 鷏tima instancia, de estas actividades y de los problemas que hayan podido surgir durante su ejercicio y explotaci髇.

El principio de autonom韆 municipal, consagrado constitucionalmente, obliga a una gran precauci髇 respecto a las competencias municipales. S髄o en los casos en que por imposibilidad material o personal no se pueda informar adecuadamente sobre las actividades que hasta hoy hemos denominado clasificadas, es posible entender la intervenci髇 de otras administraciones, los consejos insulares o la propia administraci髇 auton髆ica.

Evidentemente, esta intervenci髇 habr� de tener en ocasiones el car醕ter vinculante, en cuanto al an醠isis de las medidas propuestas y las adicionales que se puedan imponer, por obvios motivos de eficacia.

Si la Ley 8/1995, de 30 de marzo, fue en realidad una atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acu醫icos, adem醩 de ser una ley de procedimiento de las infracciones y sanciones, la presente ley da un paso m醩 y otorga a los ayuntamientos el papel de protagonistas a la hora de la concesi髇 de las licencias de actividad. Si es el ayuntamiento la administraci髇 que otorga las licencias de edificaci髇 y uso del suelo, entre otras, ninguna objeci髇 se puede oponer para que no pueda otorgar las de actividades, instruyendo todo el procedimiento de principio a fin; m醲ime cuando, a diferencia de otras 閜ocas, los ayuntamientos cuentan con excelentes profesionales t閏nicos cuya labor no ha sido siempre debidamente reconocida.

La 鷑ica objeci髇 que se podr韆 oponer ser韆 la limitaci髇 de medios materiales y personales de ciertas corporaciones locales.

Por este motivo la ley establece el l韒ite de 15.000 habitantes, con la excepci髇 de Formentera, seg鷑 el cual, las que lo superen, dictaminar醤 sobre la licencia municipal de actividades permanentes mayores y sobre las medidas preventivas, correctoras y de control posterior. Los ayuntamientos que no superen este l韒ite deber醤 someter estos expedientes al dictamen integrado, previo al permiso de instalaci髇, por parte de los consejos insulares, tr醡ite que recuerda la antigua calificaci髇 y el informe de las comisiones insulares de actividades clasificadas o de los 髍ganos correspondientes. La naturaleza de este informe es la de un acto de tr醡ite.

La ley, no obstante, posibilita en cualquier caso una cooperaci髇 t閏nica y jur韉ica r醦ida y efectiva de los consejos insulares con los ayuntamientos que lo soliciten, en el ejercicio de sus competencias autorizadoras. La antigua 玞alificaci髇� de las actividades constituye la consagraci髇 legal del principio de cooperaci髇 entre administraciones.

Se ha valorado positivamente la delegaci髇 de competencias del Consejo Insular de Mallorca a los ayuntamientos de Palma y de Calvi�, prevista en la Ley 8/1995, de 30 de marzo, llevada a cabo en los a駉s 2001 y 2003, en virtud de los principios de eficacia, jerarqu韆, descentralizaci髇, desconcentraci髇 y coordinaci髇, principios en los cuales se ha pretendido profundizar con la redacci髇 de esta ley.

Por esto, se mantiene la posibilidad de delegaci髇 de las competencias a los ayuntamientos y las mancomunidades, mediante el acuerdo mayoritario de cada consejo insular y del ayuntamiento o de la mancomunidad afectados, en t閞minos m醩 adecuados que en los de la Ley 8/1995, de 30 de marzo.

Desaparece en la ley el papel de los consejos insulares como administraci髇 ante la que se ha de denunciar la mora, para los casos de inactividad municipal. El transcurso de los plazos preceptuados, sin haberse dictado resoluci髇, se podr� denunciar delante de los tribunales directamente, en concordancia con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci髇 contencioso-administrativa, y con la legislaci髇 local, independientemente de la regulaci髇 que hace esta ley del silencio administrativo.

Asimismo, desaparece el papel supletorio o subsidiario de los consejos insulares en materia de procedimientos sancionadores, herencia arrastrada de situaciones anteriores, y se potencian los mecanismos de ayuda y cooperaci髇 en todos los campos de las actividades por parte de los consejos insulares para los municipios que no tengan atribuida la competencia en la emisi髇 de informes previos al permiso de instalaci髇. Los consejos insulares, en esta tarea de cooperaci髇, podr醤 informar al alcalde sobre la adopci髇 de las medidas cautelares adecuadas, incluidas la paralizaci髇 y la clausura, elaborar informes en procedimientos sancionadores municipales, sin obviar cualquier otro tipo de cooperaci髇 t閏nica o jur韉ica. La responsabilidad, en todo caso, ser� siempre municipal. La iniciativa, la instrucci髇 y la resoluci髇 final ser醤 municipales, cuando sea 閟ta la administraci髇 a la que corresponda el otorgamiento de la licencia de apertura y funcionamiento, dada la posibilidad de intervenci髇 de los consejos insulares para ciertos casos de actividades no permanentes.

La trascendencia del papel de los ayuntamientos en esta ley sale mucho m醩 reforzada y ampliada en consonancia con las nuevas tendencias municipalistas, a la vez que se refuerza el papel de los alcaldes y de las alcaldesas como 髍ganos habilitados en materia de licencias integradas de actividad y de cierto tipo de actividades catalogadas.

Por otra parte, por razones de seguridad y en atenci髇 a los promotores de actividades temporales -tal y como se definen en esta ley- ser� la Consejer韆 de Interior del Gobierno de las Illes Balears quien conserve las competencias en esta materia, en aras de un tratamiento uniforme de las licencias base, del registro de promotores y de instalaciones, razones que aconsejan una unidad de actuaci髇 para toda la comunidad aut髇oma, y su homologaci髇 con el resto de Espa馻.

Finalmente, a los consejos insulares corresponder� otorgar algunos de los tipos de licencias en actividades no permanentes.

La posibilidad de modificar la normativa sobre procedimientos administrativos supone, a menudo necesariamente, la modificaci髇 de las competencias atribuidas y el papel que hasta el momento ejerc韆n las diferentes administraciones que interven韆n en una determinada regulaci髇. Mantener la posici髇 contraria, es decir, la invariabilidad absoluta de las competencias o atribuciones de una administraci髇 en un momento determinado, supondr韆, en 鷏timo lugar, la petrificaci髇 de los procedimientos y, a largo plazo, la inoperatividad de la propia administraci髇.

V

Para una mayor claridad y de forma un poco reiterativa, la ley regula cada uno de los procedimientos seg鷑 el tipo de actividad a autorizar.

En lo referente a las actividades permanentes, se diferencia con precisi髇 el procedimiento municipal para la tramitaci髇 de las licencias integradas de actividades en municipios de m醩 de 15.000 habitantes y del Ayuntamiento de Formentera y para el resto de municipios. En este caso, constituye la excepci髇 el hecho de tener que solicitar a los consejos insulares, durante la tramitaci髇 municipal, el informe o el dictamen vinculante para las actividades sujetas a informe preceptivo integrado (anexo I), de tal forma que, dejando aparte las autorizaciones ambientales integradas, tenemos tres tipos de actividades permanentes a las cuales les ser醤 de aplicaci髇 diferentes procedimientos:

• - Actividades 玴ermanentes mayores� sometidas a dictamen integrado por parte de los ayuntamientos de m醩 de 15.000 habitantes y del Ayuntamiento de Formentera. Son las actividades que se denominaban anteriormente sujetas a clasificaci髇 o calificaci髇 cuyo n鷐ero se ha reducido con el objetivo de simplificar tr醡ites respecto de actividades que hasta ahora requer韆n una tramitaci髇 m醩 compleja. Son las del t韙ulo I del anexo I de la ley.
• - Actividades sometidas a informe integrado por parte de los consejos insulares en municipios de menos de 15.000 habitantes. Son las mismas del p醨rafo anterior, t韙ulo I del anexo I, con el tr醡ite intermedio de intervenci髇 de los consejos insulares.

  Ambas est醤 sometidas al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, al menos mediante la publicaci髇 en un diario de la isla durante 10 d韆s y mediante un cartel visible colocado en el lugar donde se pretende realizar la actividad.

• - Actividades 玴ermanentes menores�, con tramitaci髇 exclusivamente municipal, son las del t韙ulo II del anexo I.
• - Actividades 玴ermanentes inocuas�, son las del t韙ulo III del anexo I, sujetas 鷑icamente a comunicaci髇 previa al ayuntamiento, con los requisitos establecidos en esta ley, con procedimiento, en su caso, tambi閚 totalmente municipal.

En todos los casos ser醤 necesarios, obviamente, las autorizaciones y los informes sectoriales exigibles.

Las actividades sometidas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, y a la normativa auton髆ica que en aplicaci髇 de esta ley se pueda dictar, seguir醤 los tr醡ites previstos para la obtenci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada sin perjuicio de la intervenci髇 que los ayuntamientos tengan reservada en este tipo de procedimiento.

VI

La ley regula el tratamiento de las actividades, las instalaciones, los recintos y los edificios p鷅licos de titularidad p鷅lica, con las debidas y obvias excepciones para cuarteles, instalaciones de defensa e instalaciones amparadas por causas de seguridad. Se establece un r間imen si cabe m醩 severo puesto que es obligaci髇 de la administraci髇 mantener en perfectas condiciones de seguridad sus edificios e instalaciones para asegurar a las personas usuarias y al funcionariado que en ellas trabaja, un marco de seguridad activa y pasiva adecuado. Se concede m醩 importancia al control posterior que al hecho puntual de su apertura estableciendo los mecanismos necesarios de control para que el derecho de la ciudadan韆 a la seguridad en estos edificios quede garantizado a lo largo de los a駉s. La administraci髇, comenzando por s� misma, podr� exigir con m醩 autoridad a las personas administradas el cumplimiento de la ley.

VII

Se mantiene la dualidad del permiso de instalaci髇 y la licencia de apertura y funcionamiento, con excepci髇 de las actividades inocuas, debida fundamentalmente a la existencia de numerosas autorizaciones sectoriales a presentar antes de conceder la licencia de apertura y funcionamiento y a la necesidad, en algunos casos, de las oportunas pruebas de funcionamiento, previas a la licencia de apertura y funcionamiento.

Se mantiene como un rasgo importante la necesidad previa del dictamen de la Comisi髇 Balear de Medio Ambiente o, en su caso, del Comit� de Evaluaciones de Impacto Ambiental, para la iniciaci髇 del procedimiento municipal de licencias que lo necesiten. Y se a馻de, por obvias razones urban韘ticas, la necesidad de la declaraci髇 de inter閟 general, en suelo r鷖tico, si procede, como un paso previo para iniciar los procedimientos municipales de otorgamiento de licencias de actividad. Como medida de preservaci髇 del medio, todas las actividades situadas en suelo r鷖tico son actividades mayores, independientemente de su naturaleza, volumen e importancia.

Asimismo, se concept鷄 la circunstancia de la redacci髇 de un proyecto t閏nico manifiestamente deficiente -por lo que la administraci髇 instar� la rectificaci髇 de la documentaci髇-, que ser� causa para no admitirlo a tr醡ite y ser� suficiente para no tener en cuenta la fecha de presentaci髇 como punto de partida para que opere el silencio positivo determinado en la ley.

VIII

El silencio administrativo que consagra esta ley es el silencio fundamentado sobre el puntal de la seguridad jur韉ica, de tal forma que corresponder� a los ayuntamientos la revisi髇 de oficio de las licencias otorgadas por silencio administrativo contrarias a las leyes y los reglamentos. La jurisprudencia, en esta materia, analiza la virtualidad del silencio administrativo; si el silencio administrativo opera, en el caso de permisos de instalaci髇 y de licencias de apertura y funcionamiento, en sentido positivo, no puede al propio tiempo sustentarse una posici髇 parcial y sesgada que el referido silencio no va a tener lugar en el supuesto de que la solicitud sea disconforme a derecho; tal interpretaci髇 conducir韆 a la real inexistencia del silencio administrativo, puesto que habr� silencio administrativo o no dependiendo de si lo pedido es o no conforme a derecho; el ciudadano o la ciudadana no puede hacer valer el silencio en ning鷑 caso, pues siempre se mantendr� la incertidumbre de si la administraci髇 juzga, pero calla, conforme o no a derecho la solicitud.

De esta manera nos encontrar韆mos con que quien solicita el permiso de instalaci髇 o de licencia de apertura y funcionamiento, al transcurrir los plazos del silencio se encontrar韆 en una situaci髇 ins髄ita y totalmente contraria al principio de seguridad jur韉ica -y, por ende, al art韈ulo 9.3 de la Constituci髇 Espa駉la-, cual es el de no tener la legal certidumbre de si ha obtenido el permiso de instalaci髇 o la licencia de apertura y funcionamiento por silencio positivo -por el mero transcurso del tiempo- o si la misma le ha sido silenciosamente denegada -por ser contraria a las normas reguladoras-; como quiera que el valor presuntivo del silencio es positivo ex lege -en nuestro caso-, el ciudadano o la ciudadana no podr韆 entender denegada la licencia por silencio negativo y no podr韆 acudir a los tribunales contra la denegaci髇, tampoco podr韆 tener la certeza de si su permiso de instalaci髇 o licencia de apertura y funcionamiento ha sido concedido por silencio positivo, pues posteriormente podr韆 la administraci髇 sostener que el permiso o la licencia no ha sido adquirido al ser contrario a las normas reguladoras.

Obviamente, el ciudadano o la ciudadana podr韆 provocar un acto de la administraci髇 con el que se manifestase positivamente si entiende que la solicitud de licencia es o no conforme a derecho, como ser韆 iniciar la ejecuci髇 de las instalaciones o el ejercicio de la actividad y as� provocar que la administraci髇 las consintiere -con lo que podr韆 entender que la licencia ha sido adquirida por silencio positivo- o las paralizase, lo cual indicar韆 expresamente la disconformidad de la administraci髇 y abrir韆 al ciudadano o a la ciudadana la tutela jurisdiccional.

La ley quiere acabar con esta situaci髇 de especial inseguridad jur韉ica y proclama que se debe de estar conforme con la naturaleza jur韉ica de las instituciones, por lo que la posible disconformidad a derecho del permiso de instalaci髇 o de la licencia de apertura y funcionamiento, implica la nulidad radical de dichos t韙ulos administrativos, obtenidos por inactividad de la administraci髇, y la posibilidad de que sean objeto de un procedimiento de revisi髇 de oficio.

Como corolario de todo ello se establece la posibilidad de devoluci髇 a la persona titular o promotora de la actividad de las tasas satisfechas en los casos de inactividad de la administraci髇 municipal.

IX

Se instaura como novedad la necesidad de actualizaciones peri骴icas, para las actividades permanentes mayores y menores, sin perjuicio de la aplicaci髇 de la normativa sectorial. Se regula la obligaci髇 por parte de los ayuntamientos de elaborar un plan de inspecci髇 anual de actividades, dando cuenta al pleno de la corporaci髇 del resultado del mismo.

La ley crea la Junta Auton髆ica de Actividades de las Illes Balears, 髍gano consultivo, de estudio, coordinaci髇 y asesoramiento de las administraciones auton髆ica, insular y local en la materia regulada por esta ley, que estar� adscrita a la Consejer韆 de Interior del Gobierno de las Illes Balears.

Finalmente, la ley crea los registros municipal, insular y auton髆ico de empresas y establecimientos, 鷗iles en todo caso para una correcta gesti髇 administrativa en esta materia.

X

El Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears recoge, en el art韈ulo 10.27, la competencia exclusiva en materia de espect醕ulos y actividades recreativas. El art韈ulo 11.3, en cuanto a las normas administrativas derivadas de la peculiar organizaci髇 administrativa de la comunidad, y el art韈ulo 11.13, sobre las competencias en materia de actividades clasificadas en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, son fundamentos m醩 que suficientes para emprender esta nueva regulaci髇.

XI

La ley, en atenci髇 a las consecuencias de los riesgos inherentes al ejercicio de las diferentes actividades, con exclusi髇 de algunas actividades inocuas por obvias razones, introduce la obligaci髇 de concertar un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por da駉s a terceras personas por la actividad desarrollada.

XII

Una fuente de conflictos constatada en la vida real ha sido la falta de previsi髇 de instalaciones en la fase de construcci髇 de los edificios destinados a vivienda en los cuales se ubicar醤 los locales sede de las actividades objeto de esta ley. Estas instalaciones hoy en d韆 se consideran b醩icas, dados el grado de confort y el nivel de calidad de vida alcanzado por la sociedad balear. La ley determina unas previsiones m韓imas de instalaciones en la fase constructiva, que sin duda evitar醤 futuros conflictos y simplificar醤 la instalaci髇 de actividades en dichos locales sin costes adicionales para sus titulares y con una evidente eliminaci髇 de molestias para la vecindad del inmueble.

XIII

Para finalizar con los puntos m醩 relevantes de esta ley se destaca el principio de exclusividad de la actividad incluido en su articulado, seg鷑 el cual una vez autorizada una nueva actividad en un local determinado, autom醫icamente queda sin efecto la licencia que amparaba el ejercicio de la anterior actividad autorizada, al tiempo que se regulan con mayor precisi髇 las actividades secundarias o adicionales.

XIV

La ley se estructura de la siguiente manera:

T韙ulo I. Disposiciones generales

Cap韙ulo I. Disposiciones comunes a todas las actividades

Art韈ulo 1. Objeto de la ley

Art韈ulo 2. Principios

Art韈ulo 3. 羗bito de aplicaci髇

Art韈ulo 4. Definiciones

Art韈ulo 5. Tipos de actividades

Art韈ulo 6. Actividades permanentes mayores

Art韈ulo 7. Actividades permanentes menores

Art韈ulo 8. Actividades permanentes inocuas

Art韈ulo 9. Actividades no permanentes del tipo temporales

Art韈ulo 10. Actividades no permanentes del tipo extraordinarias

Art韈ulo 11. Actividades no permanentes del tipo exceptuables

Art韈ulo 12. Otras actividades no permanentes

Art韈ulo 13. Condiciones generales de funcionamiento de las actividades e instalaciones y de ejecuci髇 de proyectos

Art韈ulo 14. Concurrencia de autorizaciones

Art韈ulo 15. Actividades catalogadas

Art韈ulo 16. Exclusiones

Art韈ulo 17. Prohibiciones

Art韈ulo 18. Condiciones t閏nicas generales para los proyectos t閏nicos

Art韈ulo 19. Seguros

Art韈ulo 20. Obligatoriedad de licencias y autorizaciones administrativas

Art韈ulo 21. Objetivos y actos administrativos de la actuaci髇 administrativa integrada

Art韈ulo 22. Actividades e instalaciones excluidas de la obligaci髇 de solicitar y de obtener permiso de instalaci髇 y licencia de apertura y funcionamiento

Art韈ulo 23. Concordancia del permiso de instalaci髇 y de la licencia de edificaci髇 y uso del suelo

Art韈ulo 24. Actividades de titularidad p鷅lica

Art韈ulo 25. Actividades sujetas a un sistema de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇

Art韈ulo 26. Actividades que no requieren permiso de instalaci髇

Art韈ulo 27. Modificaci髇 y transmisi髇 de las actividades

Art韈ulo 28. Revisi髇 de oficio

Art韈ulo 29. Principio de exclusividad de la actividad

Cap韙ulo II. Actualizaci髇 de las actividades permanentes mayores y menores

Art韈ulo 30. Actualizaci髇 de las licencias de apertura y funcionamiento de las actividades permanentes mayores y menores

Art韈ulo 31. Procedimiento y alcance de la actualizaci髇

Art韈ulo 32. Informe de viabilidad de actividades permanentes mayores. Forma y contenido del informe

Art韈ulo 33. Informe de viabilidad de actividades permanentes menores. Forma y contenido del informe

Art韈ulo 34. Modificaci髇 de las licencias municipales de apertura y funcionamiento de las actividades mayores y menores

T韙ulo II. Disposiciones correspondientes a las actividades catalogadas y a las no permanentes

Art韈ulo 35. Autorizaciones excepcionales

Art韈ulo 36. Fianzas de actividades

Art韈ulo 37. Placa exterior

Art韈ulo 38. Domicilio del titular de la actividad al efecto de notificaciones

Art韈ulo 39. Derecho de admisi髇

Art韈ulo 40. Obligaciones de los titulares de la actividad

Art韈ulo 41. Artistas o ejecutantes

Art韈ulo 42. Derechos de los espectadores y de las espectadoras, de los y las asistentes, de los usuarios y de las usuarias y del p鷅lico en general

Art韈ulo 43. Obligaciones de los espectadores y de las espectadoras, de los y las asistentes, de los usuarios y de las usuarias y del p鷅lico en general

Art韈ulo 44. Protecci髇 de la persona menor

Art韈ulo 45. Horario general de las actividades catalogadas

Art韈ulo 46. Publicidad

Art韈ulo 47. Entradas

T韙ulo III. Actuaciones de las distintas administraciones p鷅licas

Cap韙ulo I. La cooperaci髇

Art韈ulo 48. Supuestos en que es procedente la cooperaci髇

Art韈ulo 49. Cooperaci髇 t閏nica

Art韈ulo 50. Procedimiento

Art韈ulo 51. Cooperaci髇 jur韉ica

Art韈ulo 52. Convenios de colaboraci髇

Art韈ulo 53. Abono de los servicios prestados

Art韈ulo 54. Cooperaci髇 policial

Art韈ulo 55. Competencias de la Administraci髇 General del Estado

Cap韙ulo II. La delegaci髇

Art韈ulo 56. Delegaci髇 a los ayuntamientos o a las mancomunidades

Art韈ulo 57. Dotaci髇 de medios personales y materiales

Art韈ulo 58. Solicitud de delegaci髇

Art韈ulo 59. Regulaci髇 de la delegaci髇

Cap韙ulo III. Los registros y la Junta Auton髆ica

Art韈ulo 60. Registros de actividades de las Illes Balears

Art韈ulo 61. Junta Auton髆ica de Actividades de las Illes Balears

Art韈ulo 62. Estructura, funcionamiento y composici髇 de la Junta Auton髆ica de Actividades de las Illes Balears

T韙ulo IV. Procedimiento aplicable a las actividades permanentes

Cap韙ulo I. Procedimiento aplicable a las actividades permanentes inocuas

Art韈ulo 63. Procedimiento para las actividades permanentes inocuas

Cap韙ulo II. Procedimiento aplicable a los permisos de instalaci髇 de las actividades permanentes mayores

Art韈ulo 64. Solicitud de permiso de instalaci髇

Art韈ulo 65. Autorizaci髇 de inter閟 general en suelo r鷖tico

Art韈ulo 66. Dictamen medioambiental

Art韈ulo 67. Licencias o autorizaciones previas

Art韈ulo 68. Rectificaci髇 de la solicitud

Art韈ulo 69. Incumplimiento del planeamiento o de la normativa municipal

Art韈ulo 70. Informe municipal e informaci髇 p鷅lica

Art韈ulo 71. Dictamen integrado de la actividad

Art韈ulo 72. Condiciones del permiso de instalaci髇

Art韈ulo 73. Pruebas de funcionamiento

Art韈ulo 74. Acreditaci髇 de las medidas preventivas, correctoras y de control

Art韈ulo 75. Plazo para resolver la solicitud del permiso de instalaci髇

Cap韙ulo III. Procedimiento aplicable a los permisos de instalaci髇 de las actividades permanentes menores

Art韈ulo 76. Solicitud de permiso de instalaci髇

Art韈ulo 77. Dictamen medioambiental

Art韈ulo 78. Licencias o autorizaciones previas

Art韈ulo 79. Rectificaci髇 de la solicitud

Art韈ulo 80. Resoluci髇 de las actividades permanentes menores

Art韈ulo 81. Condiciones del permiso de instalaci髇

Art韈ulo 82. Pruebas de funcionamiento

Art韈ulo 83. Acreditaci髇 de las medidas preventivas, correctoras y de control

Art韈ulo 84. Plazo para resolver la solicitud del permiso de instalaci髇

Cap韙ulo IV. Procedimiento aplicable a las licencias de apertura y funcionamiento de las actividades permanentes mayores y menores

Art韈ulo 85. Licencia municipal de apertura y funcionamiento de las actividades permanentes mayores y menores

Art韈ulo 86. Denegaci髇 de la licencia municipal de apertura y funcionamiento

Art韈ulo 87. Plazo para la resoluci髇 de la licencia de apertura y funcionamiento

Art韈ulo 88. Efectos de la no resoluci髇

Art韈ulo 89. Contenido m韓imo de la licencia de apertura y funcionamiento de actividades permanentes

T韙ulo V. Procedimiento aplicable a las actividades no permanentes

Cap韙ulo I. Procedimiento aplicable a las actividades no permanentes del tipo temporales convalidables

Art韈ulo 90. Convalidaci髇 del proyecto tipo ante la consejer韆 competente en materia de licencias de actividades

Art韈ulo 91. Solicitud municipal de instalaci髇, apertura y funcionamiento

Art韈ulo 92. Condicionamiento m韓imo de la licencia municipal de instalaci髇, apertura y funcionamiento

Art韈ulo 93. Plazo m醲imo para dictar la resoluci髇 sobre la licencia municipal de instalaci髇, apertura y funcionamiento

Art韈ulo 94. Levantamiento y desmontaje de la instalaci髇

Art韈ulo 95. Comunicaci髇 a la consejer韆 competente en materia de licencias de actividades

Art韈ulo 96. Actualizaci髇 de los proyectos tipo

Cap韙ulo II. Procedimiento aplicable a las actividades no permanentes del tipo temporales no convalidables

Art韈ulo 97. Actividades no permanentes del tipo temporales no convalidables

Cap韙ulo III. Procedimiento aplicable a las actividades no permanentes del tipo extraordinarias

Art韈ulo 98. Procedimiento

Cap韙ulo IV. Procedimiento aplicable a las actividades no permanentes del tipo exceptuables

Art韈ulo 99. Procedimiento

Cap韙ulo V. Procedimiento aplicable a las restantes actividades no permanentes

Art韈ulo 100. Procedimiento

Art韈ulo 101. Contenido m韓imo de las autorizaciones de las restantes actividades no permanentes

T韙ulo VI. Infracciones y sanciones

Cap韙ulo I. Vigilancia e inspecci髇

Art韈ulo 102. Autoridades competentes

Art韈ulo 103. Facultades administrativas

Art韈ulo 104. Planificaci髇 de las inspecciones

Art韈ulo 105. Actividad inspectora y de control

Art韈ulo 106. Facultades del personal inspector

Art韈ulo 107. Actas

Art韈ulo 108. Subsanaci髇

Art韈ulo 109. Medidas provisional韘imas

Art韈ulo 110. Supuestos de adopci髇 de medidas provisional韘imas

Cap韙ulo II. R間imen sancionador

Art韈ulo 111. Principios generales

Art韈ulo 112. Infracciones

Art韈ulo 113. Responsables

Art韈ulo 114. Procedimiento sancionador

Art韈ulo 115. Infracciones leves

Art韈ulo 116. Infracciones graves

Art韈ulo 117. Infracciones muy graves

Art韈ulo 118. Prescripci髇 y caducidad

Art韈ulo 119. Sanciones

Art韈ulo 120. Competencia para sancionar

Art韈ulo 121. Delitos e infracciones administrativas

Art韈ulo 122. Prescripci髇 de las sanciones

Art韈ulo 123. Medida cautelar de paralizaci髇 y clausura de la actividad

Art韈ulo 124. Medidas provisionales durante la instrucci髇 del procedimiento sancionador

Art韈ulo 125. Acci髇 p鷅lica

Disposici髇 adicional primera. Actualizaci髇 de las cuant韆s de las sanciones econ髆icas

Disposici髇 adicional segunda. Ayudas a los Municipios

Disposici髇 adiciona tercera. Incorporaci髇 de medios t閏nicos

Disposici髇 adicional cuarta. Concentraciones

Disposici髇 adicional quinta. Capitales m韓imos de los seguros

Disposici髇 adicional sexta. Hojas de reclamaciones

Disposici髇 adicional s閜tima. Normas y circulares que no son de aplicaci髇 en las Illes Balears

Disposici髇 transitoria primera. Normativa t閏nica a aplicar

Disposici髇 transitoria segunda. Expedientes sancionadores en tr醡ite

Disposici髇 transitoria tercera. Permisos, autorizaciones y licencias en tr醡ite

Disposici髇 transitoria cuarta. Plazo transitorio para acreditar los seguros

Disposici髇 transitoria quinta. R間imen transitorio sobre condiciones de establecimientos e instalaciones

Disposici髇 transitoria sexta. R間imen de equivalencia

Disposici髇 transitoria s閜tima. Plazo de presentaci髇 del Informe de viabilidad de actividades permanentes mayores

Disposici髇 transitoria octava. Plazo de presentaci髇 del informe de viabilidad de actividades permanentes menores

Disposici髇 transitoria novena. Acreditaci髇 del cumplimiento de la normativa

Disposici髇 transitoria d閏ima. Aplicaci髇 transitoria del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

Disposici髇 final primera. Habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario

Disposici髇 final segunda. Entrada en vigor

Anexo I. Actividades permanentes

T韙ulo I. Actividades permanentes mayores

T韙ulo II. Actividades permanentes menores

T韙ulo III. Actividades permanentes inocuas

T韙ulo IV. Actividades catalogadas permanentes

Cap韙ulo I. Espect醕ulos p鷅licos permanentes

Cap韙ulo II. Actividades recreativas permanentes

Anexo II. Documentos t閏nicos de actividades

T韙ulo I. Normas para la redacci髇 de proyectos t閏nicos de actividades permanentes mayores y menores

T韙ulo II. Normas para la redacci髇 de proyectos tipo de actividades no permanentes del tipo temporales convalidables

T韙ulo III. Normas para la redacci髇 de proyectos tipo de actividades no permanentes del tipo temporales no convalidables

T韙ulo IV. Ficha resumen de las caracter韘ticas de la actividad

T韙ulo V. Certificado de ejecuci髇 de las instalaciones y medidas correctoras de las actividades permanentes

T韙ulo VI. Certificado final de montaje e instalaci髇 de las actividades no permanentes temporales

XV

Se considera que con la aplicaci髇 de esta norma legal se conseguir� la introducci髇 de un procedimiento moderno y eficaz para la obtenci髇 de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears denominadas anteriormente clasificadas, de espect醕ulos p鷅licos y de actividades recreativas.

Atribuidas las competencias a los consejos insulares de Menorca y de Eivissa i Formentera por la Ley 7/1999, de 8 de abril, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Eivissa i Formentera en materia de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, se requiere, pues, la aprobaci髇 de otra norma competencial, que se har� paralelamente, para atribuir las competencias pertinentes al Consejo Insular de Mallorca y con ello homologar la distribuci髇 competencial. Con ello se inicia el camino de simplificaci髇 administrativa con un esfuerzo de coherencia y de reunir en un solo cuerpo legal los procedimientos y el correspondiente desarrollo reglamentario.