Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO I.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 2燣as telecomunicaciones como servicios de inter閟 general
  • Art韈ulo 3燨bjetivos y principios de la ley
  • Art韈ulo 4燬ervicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad p鷅lica, la seguridad vial y la protecci髇 civil
• T蚑ULO II.�Suministro de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de libre competencia
  • CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
    • Art韈ulo 5燫間imen de libre competencia
    • Art韈ulo 6燫equisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas
    • Art韈ulo 7燫egistro de operadores
    • Art韈ulo 8燙ondiciones para el suministro de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas
    • Art韈ulo 9燨bligaciones de suministro de informaci髇
    • Art韈ulo 10燦ormas t閏nicas
  • CAP蚑ULO II.�Notificaciones
    • Art韈ulo 11燚erechos derivados de la notificaci髇
    • Art韈ulo 12燨bligaciones derivadas de la notificaci髇
    • Art韈ulo 13燬uministro de redes p鷅licas y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de prestaci髇 a terceros por las Administraciones p鷅licas
  • CAP蚑ULO III.�Acceso a las redes y recursos asociados e interconexi髇
    • Art韈ulo 14燩rincipios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexi髇
  • CAP蚑ULO IV.�Regulaci髇 ex ante de los mercados
    • Art韈ulo 15燚efinici髇 de mercados de referencia
    • Art韈ulo 16燗n醠isis de los mercados de referencia
    • Art韈ulo 17燩rocedimiento para la imposici髇 de obligaciones espec韋icas
    • Art韈ulo 18燨bligaciones espec韋icas aplicables a los operadores con peso significativo en mercados de referencia
    • Art韈ulo 19燙ompromisos de acceso o coinversi髇 ofrecidos por el operador
    • Art韈ulo 20燙ompromisos de coinversi髇 en redes de muy alta capacidad
    • Art韈ulo 21燨peradores exclusivamente mayoristas
    • Art韈ulo 22燤igraci髇 desde una infraestructura heredada
    • Art韈ulo 23燭arifas de terminaci髇 de llamadas de voz
    • Art韈ulo 24燨bligaciones en mercados minoristas
  • CAP蚑ULO V.�Separaci髇 funcional
    • Art韈ulo 25燬eparaci髇 funcional obligatoria
    • Art韈ulo 26燬eparaci髇 funcional voluntaria
    • Art韈ulo 27燨bligaciones espec韋icas adicionales a la separaci髇 funcional
  • CAP蚑ULO VI.�Resoluci髇 de conflictos
    • Art韈ulo 28燫esoluci髇 de conflictos en el mercado espa駉l
    • Art韈ulo 29燫esoluci髇 de conflictos transfronterizos
  • CAP蚑ULO VII.�Numeraci髇
    • Art韈ulo 30燩rincipios generales
    • Art韈ulo 31燩lanes nacionales de numeraci髇
    • Art韈ulo 32燗cceso a n鷐eros o servicios
    • Art韈ulo 33燙onservaci髇 de los n鷐eros por los usuarios finales y fomento de la provisi髇 inal醡brica para facilitar el cambio de operador
    • Art韈ulo 34燦鷐eros armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social
• T蚑ULO III.�Obligaciones de servicio p鷅lico y derechos y obligaciones de car醕ter p鷅lico en el suministro de redes y en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas
  • CAP蚑ULO I.�Obligaciones de servicio p鷅lico
    • SECCI覰 1.�Delimitaci髇
      • Art韈ulo 35燚elimitaci髇 de las obligaciones de servicio p鷅lico
      • Art韈ulo 36燙ategor韆s de obligaciones de servicio p鷅lico
    • SECCI覰 2.�El servicio universal
      • Art韈ulo 37燙oncepto y 醡bito de aplicaci髇
      • Art韈ulo 38燗sequibilidad del servicio universal
      • Art韈ulo 39燗ccesibilidad del servicio universal
      • Art韈ulo 40燚esignaci髇 de los operadores encargados de la prestaci髇 del servicio universal
      • Art韈ulo 41燙ontrol del gasto
      • Art韈ulo 42燙oste y financiaci髇 del servicio universal
    • SECCI覰 3.�Otras obligaciones de servicio p鷅lico
      • Art韈ulo 43燨tras obligaciones de servicio p鷅lico
  • CAP蚑ULO II.�Derechos de los operadores y despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
    • SECCI覰 1.�Derechos de los operadores a la ocupaci髇 del dominio p鷅lico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiaci髇 forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
      • Art韈ulo 44燚erecho de ocupaci髇 de la propiedad privada
      • Art韈ulo 45燚erecho de ocupaci髇 del dominio p鷅lico
      • Art韈ulo 46燯bicaci髇 compartida y uso compartido de la propiedad p鷅lica o privada
      • Art韈ulo 47燨tras servidumbres y limitaciones a la propiedad
      • Art韈ulo 48燛studios geogr醘icos
    • SECCI覰 2.�Normativa de las Administraciones p鷅licas que afecte a la instalaci髇 o explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
      • Art韈ulo 49燙olaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas en la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
      • Art韈ulo 50燤ecanismos de colaboraci髇 entre el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y las Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
      • Art韈ulo 51燩revisi髇 de infraestructuras de comunicaciones electr髇icas en proyectos de urbanizaci髇 y en obras civiles financiadas con recursos p鷅licos
    • SECCI覰 3.�Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y coordinaci髇 de obras civiles
      • Art韈ulo 52燗cceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
      • Art韈ulo 53燙oordinaci髇 de obras civiles
      • Art韈ulo 54燗cceso o uso de las redes de comunicaciones electr髇icas titularidad de los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal
    • SECCI覰 4.�Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electr髇icas en los edificios
      • Art韈ulo 55營nfraestructuras comunes y redes de comunicaciones electr髇icas en los edificios
  • CAP蚑ULO III.�Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y protecci髇 de los datos personales y derechos y obligaciones de car醕ter p鷅lico vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas
    • Art韈ulo 56燬alvaguardia de derechos fundamentales
    • Art韈ulo 57燩rincipio de no discriminaci髇
    • Art韈ulo 58燬ecreto de las comunicaciones
    • Art韈ulo 59營nterceptaci髇 de las comunicaciones electr髇icas por los servicios t閏nicos
    • Art韈ulo 60燩rotecci髇 de los datos de car醕ter personal
    • Art韈ulo 61燙onservaci髇 y cesi髇 de datos relativos a las comunicaciones electr髇icas y a las redes p鷅licas de comunicaciones
    • Art韈ulo 62燙ifrado en las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas
    • Art韈ulo 63營ntegridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electr髇icas
  • CAP蚑ULO IV.�Derechos de los usuarios finales
    • Art韈ulo 64燚erechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electr髇icas
    • Art韈ulo 65燚erechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico
    • Art韈ulo 66燚erecho a la protecci髇 de datos personales y la privacidad en relaci髇 con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tr醘ico y de localizaci髇 y con las gu韆s de abonados
    • Art韈ulo 67燙ontratos
    • Art韈ulo 68燭ransparencia, comparaci髇 de ofertas y publicaci髇 de informaci髇
    • Art韈ulo 69燙alidad de servicio
    • Art韈ulo 70燙ambio de operador y conservaci髇 de los n鷐eros por los usuarios finales
    • Art韈ulo 71燙ontratos empaquetados
    • Art韈ulo 72燝u韆s de abonados y servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado
    • Art韈ulo 73燫egulaci髇 de las condiciones b醩icas de acceso por personas con discapacidad
    • Art韈ulo 74燙omunicaciones de emergencia y n鷐ero de emergencia 112
    • Art韈ulo 75燬istemas de alertas p鷅licas
    • Art韈ulo 76燗cceso abierto a internet
    • Art韈ulo 77營tinerancia en la Uni髇 Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladas
    • Art韈ulo 78燫esoluci髇 de controversias
• T蚑ULO IV.�Equipos de telecomunicaci髇
  • Art韈ulo 79燦ormalizaci髇 t閏nica
  • Art韈ulo 80燫equisitos esenciales y evaluaci髇 de conformidad de equipos de telecomunicaci髇
  • Art韈ulo 81燫econocimiento mutuo
  • Art韈ulo 82營mportaci髇, comercializaci髇, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicaci髇
  • Art韈ulo 83燰igilancia del mercado de equipos de telecomunicaci髇
  • Art韈ulo 84燙ondiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores
• T蚑ULO V.�Dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 85燚e la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 86燜acultades del Gobierno para la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 87燙oordinaci髇 transfronteriza del espectro radioel閏trico
  • Art韈ulo 88燭韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 89燭韙ulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitaci髇
  • Art韈ulo 90燙ompetencia efectiva en la asignaci髇 y uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 91燙ondiciones asociadas a los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 92燯so compartido
  • Art韈ulo 93燦eutralidad tecnol骻ica y de servicios en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 94燚uraci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 95燤odificaci髇, extinci髇 y revocaci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 96燩rotecci髇 activa del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Art韈ulo 97燤ercado secundario en el dominio p鷅lico radioel閏trico
• T蚑ULO VI.�La administraci髇 de las telecomunicaciones
  • Art韈ulo 98燙ompetencias de la Administraci髇 General del Estado y de sus organismos p鷅licos
  • Art韈ulo 99燤inisterio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital
  • Art韈ulo 100燣a Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia
• T蚑ULO VII.�Tasas en materia de telecomunicaciones
  • Art韈ulo 101燭asas en materia de telecomunicaciones
• T蚑ULO VIII.�Inspecci髇 y r間imen sancionador
  • Art韈ulo 102燜unciones inspectoras
  • Art韈ulo 103燜acultades de inspecci髇
  • Art韈ulo 104燫esponsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones
  • Art韈ulo 105燙lasificaci髇 de las infracciones
  • Art韈ulo 106營nfracciones muy graves
  • Art韈ulo 107營nfracciones graves
  • Art韈ulo 108營nfracciones leves
  • Art韈ulo 109燬anciones
  • Art韈ulo 110燙riterios para la determinaci髇 de la cuant韆 de la sanci髇
  • Art韈ulo 111燤edidas previas al procedimiento sancionador
  • Art韈ulo 112燤edidas cautelares en el procedimiento sancionador
  • Art韈ulo 113燩rescripci髇
  • Art韈ulo 114燙ompetencias y procedimiento sancionador
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燬ignificado de los t閞minos empleados por esta ley
  • Disposici髇 adicional segunda燣imitaciones y servidumbres
  • Disposici髇 adicional tercera燗plicaci髇 de la legislaci髇 reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios
  • Disposici髇 adicional cuarta營nformaci髇 confidencial
  • Disposici髇 adicional quinta燫eferencia a servicios de comunicaciones electr髇icas en otras normas
  • Disposici髇 adicional sexta燤ultas coercitivas
  • Disposici髇 adicional s閜tima燨bligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos y obligaciones de transmisi髇
  • Disposici髇 adicional octava營nteroperabilidad de receptores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos para autom髒iles, de receptores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos de consumo y equipos de consumo utilizados para la televisi髇 digital
  • Disposici髇 adicional novena燤ecanismo de notificaci髇
  • Disposici髇 adicional d閏ima燤ecanismo de consulta
  • Disposici髇 adicional und閏ima營nforme sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes p鷅licas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico
  • Disposici髇 adicional duod閏ima燙reaci髇 de la Comisi髇 sobre radiofrecuencias y salud
  • Disposici髇 adicional decimotercera燩ar醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr髇icas
  • Disposici髇 adicional decimocuarta燙ooperaci髇 en la promoci髇 de contenidos l韈itos en redes y servicios de comunicaciones electr髇icas
  • Disposici髇 adicional decimoquinta燝arant韆 de los derechos digitales
  • Disposici髇 adicional decimosexta燩ol韙icas de impulso de los derechos digitales
  • Disposici髇 adicional decimos閜tima燙oordinaci髇 de las ayudas p鷅licas a la banda ancha y al desarrollo de la econom韆 y empleo digitales y nuevos servicios digitales
  • Disposici髇 adicional decimoctava燩ublicaci髇 de actos
  • Disposici髇 adicional decimonovena燛staciones radioel閏tricas de radioaficionado
  • Disposici髇 adicional vig閟ima燩restaci髇 de determinados servicios a los que se refiere el art韈ulo 43
  • Disposici髇 adicional vig閟ima primera燙omunicaci髇 al Registro de operadores de los prestadores del servicio de comunicaciones electr髇icas interpersonales independientes de la numeraci髇 disponible al p鷅lico
  • Disposici髇 adicional vig閟ima segunda燙omunicaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP)
  • Disposici髇 adicional vig閟ima tercera燙omunicaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de los cables submarinos
  • Disposici髇 adicional vig閟ima cuarta燫econversi髇 de la infraestructura de los tel閒onos p鷅licos de pago
  • Disposici髇 adicional vig閟ima quinta燚atos del Registro de operadores puestos a disposici髇 del ORECE
  • Disposici髇 adicional vig閟ima sexta燫easignaci髇 de recursos
  • Disposici髇 adicional vig閟ima s閜tima燗daptaci髇 de la contrataci髇 con los usuarios finales por los operadores de comunicaciones electr髇icas
  • Disposici髇 adicional vig閟ima octava燙reaci髇 de la Comisi髇 Interministerial para la agilizaci髇 de los mecanismos de colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas
  • Disposici髇 adicional vig閟ima novena燘eneficios fiscales aplicables al evento 獳駉 Santo Jubilar San Isidro Labrador�
  • Disposici髇 adicional trig閟ima燯niversalizaci髇 del acceso a internet a una velocidad m韓ima de 100 Mbit por segundo
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燦ormativa anterior a la entrada en vigor de esta ley
  • Disposici髇 transitoria segunda燗daptaci髇 de los t韙ulos habilitantes del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Disposici髇 transitoria tercera燙ondiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio p鷅lico radioel閏trico
  • Disposici髇 transitoria cuarta燫egistro de operadores
  • Disposici髇 transitoria quinta燩restaci髇 transitoria del servicio universal
  • Disposici髇 transitoria sexta燩lanes de precios del servicio universal
  • Disposici髇 transitoria s閜tima燫間imen transitorio para la fijaci髇 de las tasas establecidas en el anexo I de esta ley
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas
  • Disposici髇 final segunda燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final tercera燫egulaci髇 de las condiciones en que los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitir醤 la ocupaci髇 del dominio p鷅lico que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares
  • Disposici髇 final cuarta營ncorporaci髇 de derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final quinta燞abilitaci髇 para el desarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final sexta燛ntrada en vigor
• ANEXO I.燭asas en materia de telecomunicaciones
  • 1.Tasa general de operadores
  • 2.Tasas por numeraci髇
  • 3.Tasa por reserva del dominio p鷅lico radioel閏trico
  • 4.Tasas de telecomunicaciones
  • 5.Gesti髇 y recaudaci髇 en per韔do voluntario de las tasas
• ANEXO II.燚efiniciones
• ANEXO III

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. El objeto de esta ley es la regulaci髇 de las telecomunicaciones, que comprende la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes de comunicaciones electr髇icas, la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioel閏tricos y los equipos terminales de telecomunicaci髇, de conformidad con el art韈ulo 149.1.21.� de la Constituci髇.

En particular, esta ley es de aplicaci髇 al dominio p鷅lico radioel閏trico utilizado por parte de todas las redes de comunicaciones electr髇icas, ya sean p鷅licas o no, y con independencia del servicio que haga uso del mismo.

2. Quedan excluidos del 醡bito de esta ley los servicios de comunicaci髇 audiovisual, los servicios de intercambio de v韉eos a trav閟 de plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos a trav閟 de las redes, as� como el r間imen b醩ico de los medios de comunicaci髇 social de naturaleza audiovisual a que se refiere el art韈ulo 149.1.27.� de la Constituci髇.

Asimismo, se excluyen del 醡bito de esta ley los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electr髇icas, las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Informaci髇, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico, en tanto en cuanto no sean asimismo servicios de comunicaciones electr髇icas.

Art韈ulo 2 Las telecomunicaciones como servicios de inter閟 general

1. Las telecomunicaciones son servicios de inter閟 general que se prestan en r間imen de libre competencia.

2. S髄o tienen la consideraci髇 de servicio p鷅lico o est醤 sometidos a obligaciones de servicio p鷅lico los servicios regulados en el art韈ulo 4 y en el t韙ulo III, respectivamente.

Art韈ulo 3 Objetivos y principios de la ley

Los objetivos y principios de esta ley son los siguientes:

• a) fomentar la competencia efectiva y sostenible en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al m醲imo los intereses y beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en t閞minos de bajada de los precios, calidad de los servicios, variedad de elecci髇 e innovaci髇, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas 醨eas geogr醘icas, y velando por que no exista falseamiento ni restricci髇 de la competencia en la explotaci髇 de redes o en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, incluida la transmisi髇 de contenidos;
• b) desarrollar la econom韆 y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten, impulsando la cohesi髇 social y territorial, mediante la mejora y extensi髇 de las redes, especialmente las de muy alta capacidad, as� como la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas y el suministro de los recursos asociados a ellas;
• c) promover, en aras a la consecuci髇 del fin de inter閟 general que supone, el despliegue de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, fomentando la conectividad, el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, m髒iles e inal醡bricas y la interoperabilidad de extremo a extremo, en condiciones de igualdad y no discriminaci髇;
• d) impulsar la innovaci髇 en el despliegue de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones, en aras a garantizar el servicio universal y la reducci髇 de la desigualdad en el acceso a internet y las Tecnolog韆s de la Informaci髇 y la Comunicaci髇 (TIC), con especial consideraci髇 al despliegue de redes y servicios a la ciudadan韆 vinculados a la mejora del acceso funcional a internet, del teletrabajo, del medioambiente, de la salud y la seguridad p鷅licas y de la protecci髇 civil; as� como cuando faciliten la vertebraci髇 y cohesi髇 social y territorial o contribuyan a la sostenibilidad de la log韘tica urbana.
• e) promover el desarrollo de la ingenier韆, as� como de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones;
• f) contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electr髇icas en la Uni髇 Europea, facilitando la convergencia de las condiciones que permitan la inversi髇 en redes de comunicaciones electr髇icas y en su suministro, en servicios de comunicaciones electr髇icas, en recursos asociados y servicios asociados en toda la Uni髇;
• g) promover la inversi髇 eficiente en materia de infraestructuras, especialmente en las redes de muy alta capacidad, incluyendo, cuando proceda y con car醕ter prioritario, la competencia basada en infraestructuras, reduciendo progresivamente la intervenci髇 ex ante en los mercados, posibilitando la coinversi髇 y el uso compartido y fomentando la innovaci髇, teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras;
• h) hacer posible el uso eficaz y eficiente de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeraci髇 y el espectro radioel閏trico, la adecuada protecci髇 de este 鷏timo, y el acceso a los derechos de ocupaci髇 de la propiedad p鷅lica y privada;
• i) fomentar la neutralidad tecnol骻ica en la regulaci髇;
• j) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico en la explotaci髇 de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas a las que se refiere el t韙ulo III, en especial las de servicio universal;
• k) defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electr髇icas en condiciones adecuadas de elecci髇, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la informaci髇 o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elecci髇, en particular a trav閟 de un acceso abierto a internet. En la prestaci髇 de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminaci髇, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protecci髇 a la juventud y a la infancia, la protecci髇 a las personas con discapacidad, la protecci髇 de los datos personales y el secreto en las comunicaciones;
• l) salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacci髇 de las necesidades de grupos sociales espec韋icos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situaci髇 de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminaci髇. En lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones electr髇icas de las personas con discapacidad y personas en situaci髇 de dependencia, se fomentar� el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalizaci髇 t閏nica publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria y se facilitar� el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electr髇icas y al uso de equipos terminales;
• m) impulsar la universalizaci髇 del acceso a las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas de banda ancha y contribuir a alcanzar la mayor vertebraci髇 territorial y social posible mediante el despliegue de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en las distintas zonas del territorio espa駉l, especialmente en aquellas que necesitan de la instalaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas y la mejora de las existentes para permitir impulsar distintas actividades econ髆icas y sociales.

Art韈ulo 4 Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad p鷅lica, la seguridad vial y la protecci髇 civil

1. S髄o tienen la consideraci髇 de servicio p鷅lico los servicios regulados en este art韈ulo.

2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la seguridad y defensa nacionales integran los medios destinados a 閟tas, se reservan al Estado y se rigen por su normativa espec韋ica.

3. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital es el 髍gano de la Administraci髇 General del Estado con competencia, de conformidad con la legislaci髇 espec韋ica sobre la materia y lo establecido en esta ley, para ejecutar, en la medida en que le afecte, la pol韙ica de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, con la debida coordinaci髇 con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por 閟te.

En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportaci髇 a la defensa nacional en el 醡bito de las telecomunicaciones.

A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital coordinar醤 la planificaci髇 del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios civiles. Asimismo, elaborar醤 los programas de coordinaci髇 tecnol骻ica precisos que faciliten la armonizaci髇, homologaci髇 y utilizaci髇, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y redes civiles y militares en el 醡bito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se constituir醤 los 髍ganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composici髇 y competencia que se determinen mediante real decreto.

4. En los 醡bitos del orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, seguridad vial y de la protecci髇 civil, en su espec韋ica relaci髇 con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital cooperar� con el Ministerio del Interior y con los 髍ganos responsables de las Comunidades Aut髇omas con competencias sobre las citadas materias.

5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes y a la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas dispondr醤 de las medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusi髇 de informaci髇, prevenci髇 de riesgos y protecci髇 que se determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, dentro del 醡bito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deber醤 estar disponibles en las situaciones de normalidad o en las de crisis, as� como en los supuestos contemplados en la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepci髇 y Sitio, la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protecci髇 de las Infraestructuras Cr韙icas, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protecci髇 Civil y el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇.

6. El Gobierno, con car醕ter excepcional y transitorio, podr� acordar la asunci髇 por la Administraci髇 General del Estado de la gesti髇 directa de determinados servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales, independientes de la numeraci髇 o de la explotaci髇 de ciertas redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, para garantizar la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional, en los t閞minos en que dichas redes y servicios est醤 definidos en el anexo II, excluy閚dose en consecuencia las redes y servicios que se exploten o presten 韓tegramente en autoprestaci髇. Esta facultad excepcional y transitoria de gesti髇 directa podr� afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional.

En ning鷑 caso esta intervenci髇 podr� suponer una vulneraci髇 de los derechos fundamentales y libertades p鷅licas reconocidas en el ordenamiento jur韉ico.

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico a las que se refiere el t韙ulo III, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, e igualmente con car醕ter excepcional y transitorio, podr� acordar la asunci髇 por la Administraci髇 General del Estado de la gesti髇 directa de los correspondientes servicios o de la explotaci髇 de las correspondientes redes. En este 鷏timo caso, podr�, con las mismas condiciones, intervenir la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas.

Los acuerdos de asunci髇 de la gesti髇 directa del servicio y de intervenci髇 de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los p醨rafos anteriores se adoptar醤 por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administraci髇 P鷅lica competente. En este 鷏timo caso, ser� preciso que la Administraci髇 P鷅lica tenga competencias en materia de seguridad o para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electr髇icas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administraci髇 distinta de la del Estado, aquella tendr� la consideraci髇 de interesada y podr� evacuar informe con car醕ter previo a la resoluci髇 final.

Los acuerdos de asunci髇 de la gesti髇 directa del servicio y de intervenci髇 de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere este apartado deber醤 ser comunicados por el Gobierno en el plazo de veinticuatro horas al 髍gano jurisdiccional competente para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, establezca si los mismos resultan acordes con los derechos fundamentales y libertades p鷅licas reconocidas en el ordenamiento jur韉ico, procediendo a su anulaci髇 en caso negativo.

7. La regulaci髇 contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa espec韋ica sobre las telecomunicaciones relacionadas con el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, la defensa nacional y la seguridad nacional.

Art韈ulo 5 R間imen de libre competencia

La instalaci髇 y explotaci髇 de las redes y la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas se realizar� en r間imen de libre competencia sin m醩 limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 6 Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas

1. Podr醤 suministrar redes p鷅licas y prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico las personas f韘icas o jur韉icas nacionales de un Estado miembro de la Uni髇 Europea o de un pa韘 perteneciente al Espacio Econ髆ico Europeo. Asimismo, podr醤 suministrar redes p鷅licas y prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico las personas f韘icas o jur韉icas de otra nacionalidad, cuando as� est� previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de Espa馻, sin perjuicio de la aplicaci髇 de la normativa reguladora de las inversiones extranjeras. Para el resto de personas f韘icas o jur韉icas, el Gobierno podr� autorizar excepciones de car醕ter general o particular a la regla anterior.

2. Los interesados en el suministro de una determinada red p鷅lica o en la prestaci髇 de un determinado servicio de comunicaciones electr髇icas disponible al p鷅lico deber醤, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo previamente al Registro de operadores previsto en el art韈ulo 7, someti閚dose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar. Esta obligaci髇 de notificaci髇 no resultar� de aplicaci髇 a los interesados en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas interpersonales independientes de la numeraci髇, as� como para quienes suministren redes y presten servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇.

En la notificaci髇 se deber� proporcionar la siguiente informaci髇 m韓ima:

• a) nombre y apellidos o, en su caso, denominaci髇 o raz髇 social y nacionalidad del operador;
• b) datos de inscripci髇 en el registro mercantil u otro registro p鷅lico similar en el que figure el operador y n鷐ero de identificaci髇 fiscal;
• c) domicilio social y el se馻lado a los efectos de notificaciones;
• d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas;
• e) nombre, apellidos, n鷐ero de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta 鷏tima la direcci髇 de correo electr髇ico y n鷐ero de tel閒ono m髒il para poder recibir los avisos de puesta a disposici髇 de las notificaciones que le sean enviadas;
• f) una exposici髇 sucinta de las redes y servicios que se propone suministrar;
• g) una estimaci髇 de la fecha estimada de inicio de la actividad;
• h) Estados miembros afectados.

3. Se regular醤 mediante real decreto los requisitos, la informaci髇 a proporcionar y el procedimiento para efectuar las notificaciones a que se refiere el apartado anterior. En todo caso, cuando el Registro de operadores constate que las notificaciones no re鷑en las condiciones y requisitos establecidos dictar� resoluci髇 motivada en un plazo m醲imo de quince d韆s h醔iles desde su presentaci髇, no teniendo por realizadas aqu閘las.

4. Los datos de las notificaciones contempladas en el apartado 2 que deban ser incluidos en la base de datos de la Uni髇 Europea mencionada en el art韈ulo 12 del C骴igo Europeo de las Comunicaciones Electr髇icas deber醤 ser puestos a disposici髇 del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr髇icas (ORECE). La remisi髇 de la citada informaci髇 se realizar� en los t閞minos y plazos que se acuerden por el ORECE.

5. Cuando el suministro de acceso a una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de una red de 醨ea local radioel閏trica (RLAN) no forme parte de una actividad econ髆ica o sea accesorio respecto de otra actividad econ髆ica o un servicio p鷅lico que no dependa del transporte de se馻les por esas redes, las empresas, las Administraciones p鷅licas o usuarios finales que suministren el acceso no deber醤 efectuar la notificaci髇 a que se refiere el apartado 2 ni deber醤 inscribirse en el Registro de operadores.

6. Los interesados en la prestaci髇 de un determinado servicio de comunicaciones electr髇icas interpersonales independientes de la numeraci髇 disponible al p鷅lico deber醤 comunicarlo previamente al Registro de operadores, a efectos puramente estad韘ticos y censales.

7. Las Administraciones p鷅licas comunicar醤 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital toda instalaci髇 o explotaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇 que haga uso del dominio p鷅lico, tanto si dicha instalaci髇 o explotaci髇 se realiza de manera directa, a trav閟 de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella o a trav閟 de cualquier entidad o sociedad a la que se le haya otorgado una concesi髇 o habilitaci髇 al efecto.

El r間imen de autoprestaci髇 en la instalaci髇 o explotaci髇 de dicha red puede ser total o parcial, y por tanto dicha comunicaci髇 deber� efectuarse aun cuando la capacidad excedentaria de la citada red pueda utilizarse para su explotaci髇 por terceros o para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico.

En el caso de que se utilice o est� previsto utilizar, directamente por la Administraci髇 P鷅lica o por terceros, la capacidad excedentaria de estas redes de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital verificar� el cumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 13. A tal efecto, la Administraci髇 P鷅lica deber� proporcionar al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital toda la informaci髇 que le sea requerida a efecto de verificar dicho cumplimiento.

Mediante real decreto podr醤 especificarse aquellos supuestos en que, en atenci髇 a las caracter韘ticas, la dimensi髇 de la instalaci髇 o la naturaleza de los servicios a prestar, no resulte necesario que las Administraciones p鷅licas efect鷈n la comunicaci髇 a que se refiere este apartado sobre la instalaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇 que haga uso del dominio p鷅lico.

8. Tambi閚 deber� comunicarse al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital la instalaci髇 o explotaci髇 de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en territorio espa駉l, a efecto de poder conocer y analizar la capacidad global de gesti髇 y transmisi髇 de todo el tr醘ico de comunicaciones electr髇icas con origen, tr醤sito o destino en Espa馻.

9. Asimismo, deber� comunicarse al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital la instalaci髇 o explotaci髇 de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexi髇 a redes de comunicaciones electr髇icas se produzca en territorio espa駉l.

10. Mediante real decreto, que se aprobar� en un plazo m醲imo de tres meses tras la publicaci髇 de la presente ley, se determinar醤 los datos que deber醤 aportarse y los plazos en los que efectuar las comunicaciones al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital referidas en los apartados anteriores.

Art韈ulo 7 Registro de operadores

1. Se crea, dependiente de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, el Registro de operadores. Dicho Registro ser� de car醕ter p鷅lico y su regulaci髇 se har� por real decreto. Se garantizar� que el acceso a dicho Registro pueda efectuarse por medios electr髇icos.

2. En el Registro deber醤 inscribirse los datos que se determinen mediante real decreto relativos a las personas f韘icas o jur韉icas que hayan notificado, en los t閞minos indicados en el apartado 2 del art韈ulo 6, su intenci髇 de suministrar redes p鷅licas o prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, las condiciones para desarrollar la actividad y sus modificaciones. Una vez realizada la notificaci髇, el interesado adquirir� la condici髇 de operador y podr� comenzar la prestaci髇 del servicio o el suministro de la red, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 6.3.

3. A petici髇 del operador inscrito, el Registro de operadores emitir�, en el plazo de una semana desde la presentaci髇 de dicha petici髇, una declaraci髇 normalizada que confirme que ha presentado la notificaci髇 la persona interesada en el suministro de una determinada red p鷅lica o en la prestaci髇 de un determinado servicio de comunicaciones electr髇icas disponible al p鷅lico. Dicha declaraci髇 detallar� las circunstancias en que los operadores tienen derecho a solicitar derechos de suministro de redes y recursos, negociar la interconexi髇 y obtener el acceso o la interconexi髇 para as� facilitar el ejercicio de estos derechos.

4. Quienes resultasen seleccionados para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas armonizados en procedimientos de licitaci髇 convocados por las instituciones de la Uni髇 Europea ser醤 inscritos de oficio en el Registro de operadores.

5. No ser� preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos de car醕ter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicaci髇 de dichos datos que se derive de su publicidad.

Art韈ulo 8 Condiciones para el suministro de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas

1. El suministro de redes y la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas se sujetar醤 a las condiciones previstas en esta ley y su normativa de desarrollo, entre las cuales se incluir醤 las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales.

2. La adquisici髇 de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, de ocupaci髇 del dominio p鷅lico o de la propiedad privada y de los recursos de numeraci髇 necesarios para la instalaci髇 y explotaci髇 de redes y para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas deber� realizarse conforme a lo dispuesto en esta ley y en lo no contemplado en la misma por su normativa espec韋ica.

Art韈ulo 9 Obligaciones de suministro de informaci髇

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr醤, en el 醡bito de su actuaci髇, requerir a las personas f韘icas o jur韉icas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electr髇icas, recursos asociados, servicios asociados e infraestructuras digitales, incluyendo los puntos de intercambio de internet (IXP) y centros de proceso de datos (CPD), en especial en 閟tos 鷏timos, los que est閚 directamente vinculados al suministro de redes o a la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, as� como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente relacionados, incluyendo los proveedores de contenidos y de servicios digitales, la informaci髇 necesaria, incluso financiera, para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:

• a) satisfacer necesidades estad韘ticas o de an醠isis y para la elaboraci髇 de estudios e informes de seguimiento sectoriales;
• b) comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestaci髇 de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electr髇icas, en particular, cuando la explotaci髇 de las redes conlleve emisiones radioel閏tricas;
• c) comprobar que la prestaci髇 de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electr髇icas por parte de operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas cumplen las condiciones establecidas por esta ley y sus normas de desarrollo;
• d) evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico y de la numeraci髇;
• e) comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y n鷐eros y el cumplimiento de las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, de la numeraci髇 o de la ocupaci髇 del dominio p鷅lico o de la propiedad privada;
• f) elaborar an醠isis que permitan la definici髇 de los mercados de referencia, el establecimiento de condiciones espec韋icas a los operadores con peso significativo de mercado en aqu閘los y conocer el modo en que la futura evoluci髇 de las redes o los servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposici髇 de sus competidores. Asimismo, podr� exigirse a las empresas con un peso significativo en los mercados mayoristas que presenten datos sobre los mercados descendentes o minoristas asociados con dichos mercados mayoristas, incluyendo datos contables, as� como sobre otros mercados estrechamente relacionados;
• g) comprobar el cumplimiento de las obligaciones espec韋icas impuestas en el marco de la regulaci髇 ex ante y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para resolver conflictos entre operadores;
• h) comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico y obligaciones de car醕ter p鷅lico, as� como determinar los operadores encargados de prestar el servicio universal;
• i) comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que 閟tos se beneficien de la posibilidad de elecci髇 de empresas y servicios disponibles para la mayor韆 de los usuarios finales;
• j) la puesta a disposici髇 de los ciudadanos de informaci髇 o aplicaciones interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en inter閟 de los usuarios;
• k) la adopci髇 de medidas destinadas a facilitar la coubicaci髇 o el uso compartido de elementos de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados;
• l) evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas;
• m) planificar de manera eficiente el uso de fondos p鷅licos destinados, en su caso, al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;
• n) evaluar la futura evoluci髇 de la red o del servicio que pueda tener repercusiones sobre los servicios al por mayor puestos a disposici髇 de la competencia, sobre la cobertura territorial, la conectividad a disposici髇 de los usuarios finales o en la determinaci髇 de zonas para el uso de fondos p鷅licos destinados al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;
• �) efectuar estudios geogr醘icos;
• o) cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jur韉ico, incluyendo la informaci髇 que pueda resultar necesaria para responder a solicitudes motivadas de informaci髇 del ORECE y de la Comisi髇 Europea;
• p) comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo, as� como en la normativa comunitaria.

La informaci髇 a la que se refiere este apartado, excepto aquella a la que se refieren las letras d) y m), no podr� exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrar� en el plazo y forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso.

2. Las Administraciones p鷅licas podr醤 solicitar la informaci髇 que sea necesaria en el ejercicio de sus competencias.

Las Administraciones p鷅licas, antes de solicitar informaci髇 en materia de telecomunicaciones a las personas f韘icas o jur韉icas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electr髇icas para el ejercicio de sus funciones, deber醤 recabar dicha informaci髇 del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital o de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia. 趎icamente en el caso de que estas autoridades no dispongan de la informaci髇 solicitada o la misma no pueda ser proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto comercial o industrial, los 髍ganos competentes de las Administraciones p鷅licas podr醤 solicitar dicha informaci髇 en materia de telecomunicaciones de las personas f韘icas o jur韉icas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electr髇icas.

3. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� solicitar informaci髇 del punto de informaci髇 鷑ico establecido de acuerdo al Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta velocidad.

4. Las solicitudes de informaci髇 que se realicen de conformidad con los apartados anteriores habr醤 de ser motivadas, proporcionadas al fin perseguido y se indicar醤 los fines concretos para los que va a utilizarse dicha informaci髇.

5. En todo caso, se garantizar� la confidencialidad de la informaci髇 suministrada que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electr髇icas o al secreto comercial o industrial.

Art韈ulo 10 Normas t閏nicas

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital garantizar� la utilizaci髇 de las normas o especificaciones t閏nicas cuya aplicaci髇 declare obligatoria la Comisi髇 Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Uni髇 Europea.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital fomentar� el uso de las normas o especificaciones t閏nicas identificadas en la relaci髇 que la Comisi髇 Europea elabore como base para fomentar la armonizaci髇 del suministro de redes de comunicaciones electr髇icas, servicios de comunicaciones electr髇icas y recursos y servicios asociados, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitaci髇 del cambio de proveedor y la conservaci髇 de la numeraci髇, y para mejorar la libertad de elecci髇 de los usuarios.

En ausencia de normas o especificaciones t閏nicas identificadas por la Comisi髇 Europea para fomentar la armonizaci髇, se promover� la aplicaci髇 de las normas o especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalizaci髇.

A su vez, en ausencia de dichas normas o especificaciones, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital promover� la aplicaci髇 de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Uni髇 Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), el Comit� Europeo de Normalizaci髇 (CEN), el Comit� Europeo de Normalizaci髇 Electrot閏nica (CENELEC), la Comisi髇 Internacional de Normalizaci髇 (ISO) y la Comisi髇 Electrot閏nica Internacional (CEI).

Mediante real decreto se podr醤 determinar las formas de elaboraci髇 y, en su caso, de adopci髇 de las especificaciones t閏nicas aplicables a redes y servicios de comunicaciones electr髇icas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos en materia de despliegue de redes, obligaciones de servicio p鷅lico, interoperabilidad, integridad y seguridad de redes y servicios.

Mediante real decreto se establecer� el procedimiento de comunicaci髇 de las citadas especificaciones a la Comisi髇 Europea de conformidad con la normativa de la Uni髇 Europea.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tambi閚 fomentar� y garantizar� el uso de las normas o especificaciones t閏nicas en los t閞minos se馻lados en el apartado anterior en el ejercicio de sus funciones.

Art韈ulo 11 Derechos derivados de la notificaci髇

1. La notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2 habilita a ejercer los derechos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. En particular, la notificaci髇 habilita a la siguiente lista m韓ima de derechos:

• a) suministrar redes y prestar servicios de comunicaciones electr髇icas;
• b) poder obtener derechos de uso y ocupaci髇 de propiedad privada y de dominio p鷅lico en los t閞minos indicados en el t韙ulo III;
• c) poder obtener derechos de uso de dominio p鷅lico radioel閏trico en los t閞minos indicados en el t韙ulo V;
• d) poder obtener derechos de uso de los recursos de numeraci髇, en los t閞minos indicados en el cap韙ulo VII;
• e) negociar la interconexi髇 y, en su caso, obtener el acceso o la interconexi髇 a partir de otros proveedores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico habilitados;
• f) tener oportunidad de ser designados para suministrar diferentes elementos de servicio universal de telecomunicaciones o cubrir diferentes partes del territorio nacional;
• g) poder resultar seleccionados para el suministro de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en procedimientos de licitaci髇 convocados por las Administraciones p鷅licas.

Art韈ulo 12 Obligaciones derivadas de la notificaci髇

1. La notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2 obliga a cumplir con las cargas y obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. Las obligaciones espec韋icas que se impongan en materia de acceso e interconexi髇 en virtud de lo dispuesto en el t韙ulo II y las que se impongan en la prestaci髇 del servicio universal de telecomunicaciones a tenor de lo establecido en el t韙ulo III son jur韉icamente independientes de los derechos y obligaciones que se derivan de la notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2.

3. Los operadores que, de acuerdo con la legislaci髇 vigente, tengan derechos especiales o exclusivos para la prestaci髇 de servicios en otro sector econ髆ico y que exploten redes p鷅licas o presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico deber醤 llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de comunicaciones electr髇icas, o establecer una separaci髇 estructural efectiva para las actividades asociadas con la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas. Mediante real decreto podr� establecerse la exenci髇 de esta obligaci髇 para las entidades cuyos ingresos brutos de explotaci髇 anuales por actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electr髇icas sea inferior a 50 millones de euros en la Uni髇 Europea.

Art韈ulo 13 Suministro de redes p鷅licas y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de prestaci髇 a terceros por las Administraciones p鷅licas

1. La instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas se regir� de manera espec韋ica por lo dispuesto en el presente art韈ulo. En su actuaci髇, las Administraciones p鷅licas deber醤 velar por el cumplimiento de los principios generales contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, incluyendo en particular los principios de eficacia, de econom韆, suficiencia y adecuaci髇 estricta de los medios a los fines institucionales, y de eficiencia en la asignaci髇 y utilizaci髇 de los recursos p鷅licos.

2. La instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas se realizar� dando cumplimiento al principio de inversor privado, con la debida separaci髇 de cuentas, con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia, no distorsi髇 de la competencia y no discriminaci髇, y cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren los art韈ulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea.

Mediante real decreto, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinar醤 las condiciones en que los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas deber醤 llevar a cabo la instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico y, en especial, los criterios, condiciones y requisitos para que dichos operadores act鷈n con sujeci髇 al principio de inversor privado en una econom韆 de mercado. En particular, en dicho real decreto se establecer醤 los supuestos en los que, como excepci髇 a la exigencia de actuaci髇 con sujeci髇 al principio de inversor privado en una econom韆 de mercado, los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas podr醤 instalar, desplegar y explotar redes p鷅licas y prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no exista inter閟 de concurrencia en el despliegue del sector privado por ausencia o insuficiencia de inversi髇 privada, ajust醤dose la inversi髇 p鷅lica al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesi髇 territorial y social.

En las iniciativas llevadas a cabo por los 髍ganos competentes de las Administraciones p鷅licas y entidades dependientes de ellas para la difusi髇 a los ciudadanos del servicio de televisi髇 digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisi髇 digital terrestre, se considera que se produce una situaci髇 de fallo de mercado. Por ello, estas iniciativas no deben sujetarse al principio de inversor privado ni deben comunicarse al Registro de operadores, salvo que la red de comunicaciones electr髇icas que sirva de soporte para efectuar la difusi髇 del servicio de televisi髇 digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisi髇 digital terrestre se ponga a disposici髇 de terceros, a t韙ulo oneroso o gratuito, o que a trav閟 de la misma se presten otros servicios disponibles al p鷅lico distintos del mencionado servicio de televisi髇 digital, en cuyo caso se deber� cumplir lo establecido en este art韈ulo.

3. Una Administraci髇 P鷅lica podr� instalar, desplegar y explotar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o prestar servicios de comunicaciones disponibles al p鷅lico directamente o a trav閟 de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalaci髇 y explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas.

La instalaci髇 o explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se realizar� en las condiciones establecidas en el art韈ulo 54.

4. La instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas deber醤 llevarse a cabo en las condiciones establecidas en el art韈ulo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones:

• a) los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las infraestructuras y recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas;
• b) los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados instaladas por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias;
• c) si las Administraciones p鷅licas reguladoras o titulares del dominio p鷅lico ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico, deber醤 mantener una separaci髇 estructural entre dichos operadores y los 髍ganos encargados de la regulaci髇 y gesti髇 de los derechos de utilizaci髇 del dominio p鷅lico correspondiente.

5. Se permite a las Administraciones p鷅licas el suministro al p鷅lico de acceso a RLAN, sin ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 3:

• a) cuando dicho suministro es accesorio respecto de los servicios p鷅licos suministrados en los locales ocupados por las Administraciones p鷅licas o en espacios p鷅licos cercanos a estos locales, que se determinen reglamentariamente.
• b) cuando se desarrollen iniciativas que agregan y permiten el acceso rec韕roco o de otra forma a sus RLAN por parte de diferentes usuarios finales.
• c) cuando el suministro de acceso a una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de una RLAN no forme parte de una actividad econ髆ica o sea accesorio respecto de otra actividad econ髆ica o un servicio p鷅lico que no dependa del transporte de se馻les por esas redes, las Administraciones p鷅licas que suministren el acceso no deber醤 efectuar la notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2 ni deber醤 inscribirse en el Registro de operadores.

6. La instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por parte de Administraciones p鷅licas que se lleve a cabo en el marco de programas de ayudas otorgadas directamente por la Comisi髇 Europea y sus Servicios o entidades se regir� en exclusiva por el instrumento que regule el otorgamiento de las ayudas y el resto de normativa europea, no siendo necesaria la inscripci髇 de la Administraci髇 P鷅lica en el Registro de operadores.

Art韈ulo 14 Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexi髇

1. Este cap韙ulo y su desarrollo reglamentario ser醤 aplicables a la interconexi髇 y a los accesos a redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la definici髇 que se da a los conceptos de acceso e interconexi髇 en el anexo II.

2. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas tendr醤 el derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones electr髇icas, la obligaci髇 de negociar la interconexi髇 mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, con el objeto de garantizar as� la prestaci髇 de servicios y su interoperabilidad.

Las empresas, autoridades p鷅licas o usuarios finales que suministren el acceso a una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad econ髆ica o sea accesorio respecto de otra actividad econ髆ica o un servicio p鷅lico que no dependa del transporte de se馻les por esas redes, no estar醤 sujetos a la obligaci髇 de interconectar su red RLAN.

3. No existir醤 restricciones que impidan que los operadores negocien entre s� acuerdos de acceso e interconexi髇.

4. La persona f韘ica o jur韉ica habilitada para suministrar redes o prestar servicios en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea que solicite acceso o interconexi髇 en Espa馻 no necesitar� llevar a cabo la notificaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 6.2 cuando no suministre redes ni preste servicios de comunicaciones electr髇icas en el territorio nacional.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia fomentar醤 y, cuando sea pertinente, garantizar醤, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, la adecuaci髇 del acceso, la interconexi髇 y la interoperabilidad de los servicios, y ejercer醤 sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovaci髇 e inversi髇 eficientes y el m醲imo beneficio para los usuarios finales.

6. En particular, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� imponer:

• a) en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables;
• b) en casos justificados, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales est� en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, obligaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeraci髇 para que sus servicios sean interoperables. Estas obligaciones 鷑icamente podr醤 imponerse cuando se den las dos circunstancias siguientes:
  • 1.� en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones interpersonales, y podr醤 incluir, para los proveedores de dichos servicios, obligaciones proporcionadas de publicar y autorizar la utilizaci髇, modificaci髇 y redistribuci髇 de informaci髇 pertinente por parte de las autoridades y de otros proveedores, o la obligaci髇 de utilizar o aplicar normas de armonizaci髇 o cualesquiera otras normas europeas o internacionales pertinentes;
  • 2.� cuando la Comisi髇 Europea, previa consulta al ORECE y teniendo especialmente en cuenta su dictamen, haya encontrado una amenaza considerable para la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales y haya adoptado medidas de ejecuci髇 para especificar la naturaleza y el alcance de cualesquiera obligaciones que puedan imponerse.

7. A su vez, y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relaci髇 con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 18, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer:

• a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexi髇 de extremo a extremo, obligaciones a operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligaci髇 de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;
• b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivo o radiof髇ico y los servicios complementarios conexos, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y gu韆s electr髇icas de programaci髇 (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

8. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este cap韙ulo ser醤 objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.

9. Los operadores que obtengan informaci髇 de otros, con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociaci髇 de acuerdos de acceso o interconexi髇, destinar醤 dicha informaci髇 exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respetar醤 en todo momento la confidencialidad de la informaci髇 transmitida o almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia empresa, filiales o asociados.

Art韈ulo 15 Definici髇 de mercados de referencia

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la Recomendaci髇 de la Comisi髇 Europea sobre mercados relevantes de productos y servicios, las Directrices de la Comisi髇 Europea para el an醠isis del mercado y evaluaci髇 del peso significativo en el mercado y los dict醡enes y posiciones comunes pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr髇icas (ORECE), definir�, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y mediante resoluci髇 publicada en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electr髇icas, entre los que se incluir醤 los correspondientes mercados de referencia, y el 醡bito geogr醘ico de los mismos, cuyas caracter韘ticas pueden justificar la imposici髇 de obligaciones espec韋icas. A tal efecto, tendr� en cuenta los resultados del estudio geogr醘ico a que se refiere el art韈ulo 48.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� presentar junto con la autoridad nacional de reglamentaci髇 de otro u otros Estados miembros una solicitud motivada al ORECE, a fin de que este organismo efect鷈 un an醠isis relativo a la posible existencia de un mercado transnacional, para su posterior valoraci髇 por la Comisi髇 Europea. En el caso de mercados transnacionales determinados por la Comisi髇 Europea, las autoridades nacionales de reglamentaci髇 afectadas efectuar醤 un an醠isis conjunto de mercado y se pronunciar醤 concertadamente sobre la imposici髇, el mantenimiento, la modificaci髇 o la supresi髇 de las obligaciones espec韋icas.

3. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con la autoridad nacional de reglamentaci髇 de otro u otros Estados miembros, tambi閚 podr醤 notificar conjuntamente sus proyectos de medidas en relaci髇 con el an醠isis del mercado y cualesquiera obligaciones reglamentarias en ausencia de mercados transnacionales, cuando consideren que las condiciones de mercado en sus respectivas jurisdicciones son suficientemente homog閚eas.

4. En todo caso, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en aplicaci髇 de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, deber� supervisar el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electr髇icas, as� como la actividad de los operadores ya tengan o no peso significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva en los mismos.

Art韈ulo 16 An醠isis de los mercados de referencia

1. Teniendo en cuenta las referencias citadas en el art韈ulo 15, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia llevar� a cabo un an醠isis de los citados mercados:

• a) En un plazo m醲imo de cinco a駉s contado desde la adopci髇 de una medida anterior cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia haya definido el mercado pertinente y determinado qu� operadores tienen un peso significativo en el mercado.

  Con car醕ter excepcional dicho plazo podr� ampliarse hasta un a駉 adicional previa notificaci髇 a la Comisi髇 Europea cuatro meses antes de que expire el plazo inicial de cinco a駉s y sin que 閟ta haya manifestado objeci髇 alguna en un mes desde la fecha de tal notificaci髇.

  En caso de mercados din醡icos, deber� realizarse un an醠isis del mercado cada tres a駉s. Los mercados deben ser considerados como din醡icos si la evoluci髇 tecnol骻ica y las pautas de demanda de los usuarios finales pueden evolucionar de manera tal que las conclusiones del an醠isis quedar韆n superadas a medio plazo en un grupo significativo de zonas geogr醘icas o de usuarios finales dentro del mercado geogr醘ico y de producto que defina la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

• b) En el plazo m醲imo de tres a駉s desde la adopci髇 de una recomendaci髇 revisada sobre mercados pertinentes, para los mercados no notificados previamente a la Comisi髇 Europea.

2. Si la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia considera que no puede concluir o no hubiera concluido su an醠isis de un mercado relevante que figura en la Recomendaci髇 de mercados relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE le prestar� asistencia, a petici髇 de la propia Comisi髇, para la conclusi髇 del an醠isis del mercado concreto y la determinaci髇 de las obligaciones espec韋icas que deban imponerse. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta colaboraci髇, notificar� el proyecto de medida a la Comisi髇 Europea en un plazo de seis meses.

3. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, podr� solicitar a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia para que realice el an醠isis de un mercado determinado de comunicaciones electr髇icas cuando concurran razones de inter閟 general, las condiciones competitivas de dicho mercado se hayan modificado sustancialmente o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales o plurianuales de actuaci髇 que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y prioridades a tenor de lo dispuesto en el art韈ulo 20.16 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, deber� identificar los mercados relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias para la adecuada realizaci髇 de dicho an醠isis dentro de los plazos previstos en este art韈ulo.

5. La persona titular de la Presidencia de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el art韈ulo 39.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, deber� dar cuenta del resultado de los an醠isis de los mercados y el cumplimiento de los plazos establecidos en este art韈ulo.

Art韈ulo 17 Procedimiento para la imposici髇 de obligaciones espec韋icas

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinar� si en un mercado considerado se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas apropiadas.

Puede considerarse que en un mercado considerado se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas si se cumplen todos los criterios siguientes:

• a) la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jur韉ico o reglamentario;
• b) la existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de competencia basada en la infraestructura y de otras fuentes de competencia detr醩 de las barreras de entrada;
• c) el hecho de que la legislaci髇 en materia de competencia por s� sola resulte insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.

2. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia realice un an醠isis de un mercado incluido en la Recomendaci髇 de la Comisi髇 Europea sobre mercados relevantes de productos y servicios, considerar� que concurren los criterios establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior, a menos que, a la vista de las circunstancias nacionales espec韋icas, determine que uno o varios de dichos criterios no se cumplen.

3. A la hora de analizar si se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas en un mercado considerado, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia considerar� la evoluci髇 desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulaci髇 impuesta en dicho mercado pertinente, teniendo en cuenta:

• a) la evoluci髇 del mercado que afecte a la probabilidad de que el mercado pertinente tienda hacia la competencia efectiva;
• b) todas las restricciones competitivas pertinentes, a nivel mayorista y minorista, con independencia de que las causas de dichas restricciones se consideren redes de comunicaciones electr髇icas, servicios de comunicaciones electr髇icas u otros tipos de servicios o aplicaciones que sean comparables desde la perspectiva del usuario final, y con independencia de que dichas restricciones formen parte del mercado pertinente;
• c) otros tipos de reglamentaci髇 o medidas impuestas que afecten al mercado pertinente o al mercado o mercados minoristas conexos durante el per韔do pertinente, y
• d) la regulaci髇 impuesta a otros mercados pertinentes.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez determinado si en un mercado considerado se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas, podr�, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, imponer obligaciones espec韋icas o mantener o modificar obligaciones espec韋icas que tuvieran impuestas.

En los mercados en los que se llegue a la conclusi髇 de que no se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia no impondr� o mantendr� obligaciones espec韋icas y suprimir� las obligaciones espec韋icas impuestas.

5. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia determine que en un mercado considerado se justifica la imposici髇 de las obligaciones espec韋icas, determinar�, identificar� y har� p鷅licos, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el operador u operadores que, individual o conjuntamente, poseen un peso significativo en cada mercado considerado.

Cuando un operador tenga un peso significativo en un mercado determinado, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� considerar que tiene tambi閚 un peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con aquel si los v韓culos entre los dos mercados son tales que, gracias al efecto de apalancamiento, resulta posible ejercer en el mercado estrechamente relacionado el peso que se tiene en el mercado determinado, reforzando as� el peso del operador en el mercado. En este supuesto, podr醤 imponerse obligaciones espec韋icas adecuadas en el mercado estrechamente relacionado, en virtud del art韈ulo 18.

Art韈ulo 18 Obligaciones espec韋icas aplicables a los operadores con peso significativo en mercados de referencia

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las condiciones que se determinen en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 8 de este art韈ulo, podr� imponer a los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado obligaciones espec韋icas en materia de:

• a) transparencia, en relaci髇 con la interconexi髇 y el acceso, conforme a las cuales los operadores deber醤 hacer p鷅lico determinado tipo de informaci髇, como la relativa a la contabilidad, los precios, las especificaciones t閏nicas, las caracter韘ticas de las redes y su evoluci髇 probable, las condiciones de suministro y utilizaci髇, incluidas todas las condiciones que modifiquen el acceso o la utilizaci髇 de los servicios y aplicaciones, en especial en relaci髇 con la migraci髇 desde una infraestructura heredada.

  En particular, cuando de conformidad con la letra b) de este apartado se impongan a un operador obligaciones de no discriminaci髇, se le podr� exigir que publique una oferta de referencia, que deber� estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a los operadores pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido. Dicha oferta contendr� las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de acuerdo con las necesidades del mercado, as� como las condiciones correspondientes, incluidos los precios. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� determinar la informaci髇 concreta a incluir e imponer cambios en las ofertas de referencia, para hacer efectivas las obligaciones a que se refiere este cap韙ulo.

  Asimismo, se garantizar� que los operadores a los que de conformidad con las letras d) y e) se impongan obligaciones en relaci髇 con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red dispongan y publiquen una oferta de referencia, debiendo especificar unos indicadores de rendimiento clave, en su caso, as� como los niveles de servicio correspondientes;

• b) no discriminaci髇 en relaci髇 con la interconexi髇 y el acceso, que garantizar醤, en particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e informaci髇 de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.

  La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer al operador con peso significativo en el mercado obligaciones de suministrar productos y servicios de acceso a todos los operadores, incluido 閘 mismo, en los mismos plazos, t閞minos y condiciones, incluso en lo relacionado con niveles de precios y servicios, y a trav閟 de los mismos sistemas y procesos, con el fin de garantizar la equivalencia de acceso;

• c) separaci髇 de cuentas, en el formato y con la metodolog韆 que, en su caso, se especifiquen.

  En particular, se podr� exigir a un operador integrado verticalmente que ponga de manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y los precios de transferencia internos que practica, para garantizar el cumplimiento de una obligaci髇 de no discriminaci髇 o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas de car醕ter desleal;

• d) acceso a la obra civil, al efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso y de uso de obra civil, incluidos, entre otros, edificios o accesos a edificios, cableado, antenas, torres y otras estructuras de soporte, postes, m醩tiles, conductos, tuber韆s, c醡aras de inspecci髇, bocas de inspecci髇 y armarios, en situaciones en las que se llegue a la conclusi髇 de que la denegaci髇 de acceso o el acceso otorgado en virtud de t閞minos y condiciones no razonables obstaculizar韆n el desarrollo de un mercado competitivo sostenible y no responder韆n al inter閟 del usuario final.

  La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer obligaciones a un operador para que facilite acceso a la obra civil, con independencia de si los bienes afectados por la obligaci髇 forman parte del mercado pertinente de acuerdo con el an醠isis del mercado, a condici髇 de que la obligaci髇 sea necesaria y proporcionada;

• e) acceso a elementos o a recursos espec韋icos de las redes y recursos asociados y a su utilizaci髇, a efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso a estos elementos y recursos, as� como las relativas a su utilizaci髇, en aquellas situaciones en las que se considere que la denegaci髇 del acceso o unas condiciones no razonables de efecto an醠ogo pueden constituir un obst醕ulo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista y que no benefician a los usuarios finales;
• f) control de precios, tales como la fijaci髇 de precios, la orientaci髇 de los precios en funci髇 de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto de garantizar la formaci髇 de precios competitivos y evitar precios excesivos y m醨genes no competitivos en detrimento de los usuarios finales.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia velar� para que estos mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia efectiva, los beneficios de los usuarios en t閞minos de precios y calidad de los servicios y los intereses a largo plazo de los usuarios finales en relaci髇 con el despliegue y la adopci髇 de redes de pr髕ima generaci髇, y en particular de redes de muy alta capacidad. Para favorecer la inversi髇 por parte del operador, en particular en redes de pr髕ima generaci髇, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tendr� en cuenta la inversi髇 efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relaci髇 con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos espec韋icos de un nuevo proyecto de inversi髇 concreto.

2. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer las obligaciones espec韋icas de acceso previstas en la letra e) del apartado 1 de este art韈ulo, podr� exigir al operador con peso significativo en el mercado que:

• a) permita a terceros el acceso a elementos f韘icos espec韋icos de la red y de los recursos asociados, seg鷑 proceda, incluido el acceso desagregado al bucle y a los subbucles locales, y autorizar la utilizaci髇 de los mismos;
• b) conceda a terceros un acceso a elementos y servicios de redes espec韋icos activos o virtuales;
• c) negocie de buena fe con los operadores que soliciten el acceso;
• d) no revoque una autorizaci髇 de acceso a recursos previamente concedida;
• e) preste servicios espec韋icos en r間imen de venta al por mayor para su reventa por terceros;
• f) conceda libre acceso a interfaces t閏nicas, protocolos u otras tecnolog韆s clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales;
• g) facilite la coubicaci髇 u otras modalidades de uso compartido de recursos asociados;
• h) preste servicios espec韋icos necesarios para garantizar la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes m髒iles;
• i) proporcione acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas inform醫icos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestaci髇 de servicios;
• j) interconecte redes o los recursos de estas;
• k) proporcione acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad, localizaci髇 y presencia.

3. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer cualesquiera de las posibles obligaciones espec韋icas previstas en el apartado 2, y en particular al evaluar, de conformidad con el principio de proporcionalidad, si dichas obligaciones deber韆n imponerse y de qu� manera, analizar� si otras formas de acceso a los insumos al por mayor, bien en el mismo mercado o en un mercado mayorista relacionado, ser韆n suficientes para resolver el problema identificado a nivel minorista en la b鷖queda de los intereses de los usuarios finales. Dicho an醠isis incluir� ofertas de acceso comercial, un acceso regulado nuevo o un acceso regulado existente o previsto a otros insumos al por mayor. En particular, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia habr� de considerar los siguientes elementos:

• a) la viabilidad t閏nica y econ髆ica de utilizar o instalar recursos que compitan entre s�, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexi髇 o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos;
• b) la evoluci髇 tecnol骻ica previsible que afecte al dise駉 y a la gesti髇 de la red;
• c) la necesidad de garantizar una neutralidad tecnol骻ica que permita a las partes dise馻r y gestionar sus propias redes;
• d) la viabilidad de proporcionar el acceso, en relaci髇 con la capacidad disponible;
• e) la inversi髇 inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones p鷅licas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, con especial atenci髇 a las inversiones en redes de muy alta capacidad y a los niveles de riesgo asociados a las mismas;
• f) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atenci髇 a la competencia econ髆icamente eficiente basada en las infraestructuras y a unos modelos de negocio innovadores que apoyan la competencia sostenible, como los basados en inversiones conjuntas en redes;
• g) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual;
• h) el suministro de servicios paneuropeos.

Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia estudie, de conformidad con el art韈ulo 17, la imposici髇 de obligaciones previstas en las letras d) o e) del apartado 1 de este art韈ulo, examinar� si solo la imposici髇 de obligaciones de acceso a las infraestructuras civiles ser韆 un medio proporcionado para fomentar la competencia y los intereses del usuario final.

4. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de notificaci髇 previsto en la disposici髇 adicional novena, podr� imponer obligaciones espec韋icas relativas al acceso o a la interconexi髇 distintas a las enumeradas en el apartado 1.

A tal efecto, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia presentar� una solicitud a la Comisi髇 Europea, que adoptar� decisiones por las que se autorice o impida tomar tales medidas.

5. En la determinaci髇 e imposici髇, mantenimiento o modificaci髇 de las obligaciones espec韋icas la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia optar� por la forma menos intervencionista posible de resolver los problemas observados en el an醠isis del mercado, conforme al principio de proporcionalidad. En particular, tomar� en cuenta los compromisos relativos a las condiciones de acceso o coinversi髇 que hayan sido ofrecidos por los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado y a los que se les haya otorgado car醕ter vinculante en los t閞minos indicados en los art韈ulos 19 y 20.

Las obligaciones espec韋icas a imponer se basar醤 en la naturaleza del problema identificado, ser醤 proporcionadas y estar醤 justificadas en el cumplimiento de los objetivos del art韈ulo 3. Dichas obligaciones se mantendr醤 en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible.

6. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en la imposici髇, mantenimiento, modificaci髇 o supresi髇 de las obligaciones espec韋icas tendr� en consideraci髇 el impacto de la nueva evoluci髇 del mercado que influya en la din醡ica competitiva, para lo cual deber� tener en cuenta, entre otros, los acuerdos comerciales alcanzados entre operadores, incluidos los acuerdos de coinversi髇.

Si esa evoluci髇 no es suficientemente importante para necesitar un nuevo an醠isis del mercado, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia valorar� sin demora si es necesario revisar las obligaciones impuestas a los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisi髇 previa, incluidas la supresi髇 de obligaciones o la imposici髇 de nuevas, previa realizaci髇 de la notificaci髇 prevista en la disposici髇 adicional novena.

7. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia imponga obligaciones espec韋icas a un operador de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas para que facilite acceso podr� establecer determinadas condiciones t閏nicas u operativas al citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre que ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se establezca mediante real decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones t閏nicas concretas estar醤 de acuerdo con las normas a que se refiere el art韈ulo 10.

8. Mediante real decreto, el Gobierno identificar� las obligaciones espec韋icas que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer en los mercados de referencia considerados en este art韈ulo y determinar� las condiciones para su imposici髇, modificaci髇 o supresi髇.

Art韈ulo 19 Compromisos de acceso o coinversi髇 ofrecidos por el operador

1. Los operadores que hayan sido calificados con peso significativo en el mercado podr醤 ofrecer a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia compromisos relativos a las condiciones de acceso o de coinversi髇, o a ambas, que se aplicar醤 a sus redes en relaci髇, entre otros asuntos, con:

• a) los acuerdos de cooperaci髇 que sean pertinentes a efectos de la evaluaci髇 de la adecuaci髇 y proporcionalidad de las obligaciones espec韋icas;
• b) la coinversi髇 en redes de muy alta capacidad en virtud del art韈ulo siguiente, o
• c) el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros en virtud del art韈ulo 26, tanto durante el per韔do de ejecuci髇 de una separaci髇 voluntaria por parte de un operador integrado verticalmente como despu閟 de llevarse a cabo la separaci髇 propuesta.

La oferta de compromisos debe ser lo suficientemente detallada, en relaci髇 con el calendario y al alcance de la ejecuci髇 de los compromisos y a su duraci髇, como para permitir su evaluaci髇 por parte de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia. Tales compromisos podr醤 extenderse m醩 all� de los plazos para la realizaci髇 de los an醠isis del mercado previstos en el art韈ulo 16.

2. A fin de evaluar los compromisos ofrecidos, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia debe llevar a cabo, salvo cuando esos compromisos incumplan claramente uno de las condiciones o criterios pertinentes, una prueba de mercado, en particular, de las condiciones ofrecidas mediante la realizaci髇 de una consulta p鷅lica a las partes interesadas, en particular los terceros directamente afectados. Los coinversores potenciales o los solicitantes de acceso podr醤 manifestar sus impresiones sobre si los compromisos propuestos cumplen o no las condiciones fijadas, y podr醤 proponer cambios a la oferta.

En la valoraci髇 de los compromisos, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, tendr� especialmente en cuenta:

• a) las caracter韘ticas que acrediten el car醕ter justo y razonable de los compromisos ofrecidos;
• b) su apertura a todos los participantes del mercado;
• c) la disponibilidad oportuna del acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, incluido el acceso a redes de muy alta capacidad, antes de que se pongan a la venta los servicios minoristas relacionados, y
• d) la idoneidad general de los compromisos ofrecidos para permitir una competencia prolongada en los mercados descendentes y facilitar la cooperaci髇 en el despliegue y la adopci髇 de redes de muy alta capacidad en inter閟 de los usuarios finales.

Teniendo en cuenta todas las opiniones manifestadas en la consulta, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia comunicar� al operador que haya sido declarado con peso significativo en el mercado sus conclusiones preliminares sobre si los compromisos ofrecidos cumplen o no los objetivos, criterios y procedimientos previstos en el presente art韈ulo y las condiciones en las que podr韆 otorgar car醕ter vinculante a los citados compromisos. El operador podr� revisar su oferta inicial para tener en cuenta las conclusiones preliminares de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y para cumplir los criterios establecidos.

3. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� adoptar una decisi髇 por la que otorgue car醕ter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte, por un per韔do de tiempo espec韋ico, que podr� coincidir con la totalidad del per韔do para el que se ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo siguiente para la coinversi髇 en redes de muy alta capacidad, teniendo en cuenta que en este 鷏timo caso de coinversi髇 dicho car醕ter vinculante tendr� una duraci髇 m韓ima de siete a駉s.

El otorgamiento de car醕ter vinculante a los servicios se entender� sin perjuicio de la aplicaci髇 del procedimiento de an醠isis del mercado previsto en el art韈ulo 16 y la imposici髇 de obligaciones con arreglo a los art韈ulos 17 y 18. En particular, cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia otorgue car醕ter vinculante a los compromisos, evaluar� las consecuencias de tal decisi髇 en el desarrollo del mercado y la idoneidad de las obligaciones que haya impuesto o, en ausencia de tales compromisos, hubiera pretendido imponer con arreglo a los anteriores art韈ulos.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia controlar�, supervisar� y velar� por la ejecuci髇 de los compromisos a los que haya otorgado car醕ter vinculante de la misma manera en que controle, supervise y vele por la ejecuci髇 de las obligaciones espec韋icas y sopesar� la pr髍roga una vez haya expirado el per韔do de tiempo para el cual se les otorg� car醕ter vinculante.

En caso de que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia concluya que el operador no ha cumplido los compromisos convertidos en vinculantes, podr� imponer las sanciones oportunas. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� asimismo reevaluar en estos casos las obligaciones impuestas al operador con peso significativo en el mercado, de conformidad con el art韈ulo 18.

5. Las obligaciones relacionadas con los compromisos relativos a las condiciones de acceso y los acuerdos de coinversi髇 se entender醤 sin perjuicio de la aplicaci髇 a los mismos de la normativa en materia de competencia.

Art韈ulo 20 Compromisos de coinversi髇 en redes de muy alta capacidad

1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado en uno o varios mercados pertinentes podr醤 ofrecer compromisos con arreglo al procedimiento previsto en el art韈ulo anterior para abrir a la coinversi髇 el despliegue de una nueva red de muy alta capacidad que consista en elementos de fibra 髉tica hasta los locales del usuario final o la estaci髇 base. Estos compromisos de coinversi髇 pueden consistir, entre otros, en ofertas de propiedad conjunta, distribuci髇 de riesgos a largo plazo mediante cofinanciaci髇 o acuerdos de compra que generen derechos espec韋icos de car醕ter estructural en favor de otros operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas.

2. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia eval鷈 esos compromisos, deber� determinar en particular si la oferta de coinversi髇 cumple todas las condiciones siguientes:

• a) se encuentra abierta a cualquier operador de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas en cualquier momento de la vida 鷗il de la red;
• b) permite a otros coinversores que sean operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas competir de forma efectiva y prolongada en los mercados descendentes en los que ejerce su actividad el operador con peso significativo en el mercado, en condiciones que incluyan:
  • 1.� condiciones justas, razonables y no discriminatorias que permitan acceder a la plena capacidad de la red en la medida en que sea objeto de coinversi髇;
  • 2.� flexibilidad en t閞minos del valor y del tiempo de la participaci髇 de cada coinversor;
  • 3.� la posibilidad de aumentar dicha participaci髇 en el futuro, y
  • 4.� derechos rec韕rocos conferidos por los coinversores tras el despliegue de la infraestructura objeto de coinversi髇;
• c) el operador la hace p鷅lica al menos seis meses antes del inicio del despliegue de la nueva red, salvo que se trate de un operador exclusivamente mayorista en los t閞minos indicados en el art韈ulo 21;
• d) los operadores solicitantes de acceso que no participen en la coinversi髇 pueden beneficiarse desde el principio de la misma calidad y velocidad, de las mismas condiciones y de la misma penetraci髇 entre los usuarios finales disponible antes del despliegue, acompa馻dos de un mecanismo de adaptaci髇 confirmado por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia a las novedades que se produzcan en los mercados minoristas relacionados y que mantenga los incentivos para participar en la coinversi髇. El citado mecanismo velar� por que los solicitantes de acceso puedan acceder a los elementos de muy alta capacidad de la red en un momento y sobre la base de condiciones transparentes y no discriminatorias que reflejen adecuadamente los niveles de riesgo asumidos por los correspondientes coinversores en las distintas etapas del despliegue y tengan en cuenta la situaci髇 de la competencia en los mercados minoristas;
• e) satisface como m韓imo los criterios que figuran en el anexo IV del C骴igo Europeo de Comunicaciones electr髇icas y se hace de buena fe.

3. Si la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de mercado llevada a cabo con arreglo al art韈ulo 19, concluye que el compromiso de coinversi髇 propuesto re鷑e las condiciones del apartado 2, otorgar� car醕ter vinculante a los compromisos y no impondr� obligaciones espec韋icas adicionales en lo que respecta a los elementos de la nueva red de muy alta capacidad que sean objeto de tales compromisos si al menos uno de los potenciales coinversores ha suscrito un acuerdo de coinversi髇 con el operador con peso significativo en el mercado.

No obstante, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr�, en circunstancias debidamente justificadas, imponer, mantener o adaptar obligaciones espec韋icas en lo que respecta a las nuevas redes de muy alta capacidad con el fin de hacer frente a problemas de competencia importantes en mercados espec韋icos cuando considere que, debido a las caracter韘ticas espec韋icas de tales mercados, no se podr韆 hacer frente de otro modo a dichos problemas de competencia.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia deber� supervisar continuamente el cumplimiento de los compromisos de coinversi髇 y podr� exigir al operador con peso significativo en el mercado que le facilite cada a駉 declaraciones de cumplimiento.

5. Lo dispuesto en el presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de resolver los conflictos que se le planteen entre empresas en el marco de un acuerdo de coinversi髇.

Art韈ulo 21 Operadores exclusivamente mayoristas

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando designe a un operador que est� ausente de los mercados minoristas de servicios de comunicaciones electr髇icas como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados al por mayor, examinar� si dicho operador re鷑e las siguientes caracter韘ticas:

• a) todas las sociedades y unidades empresariales del operador, todas las sociedades controladas por el operador y cualquier accionista que ejerza un control sobre el operador, solamente tienen actividades, actuales y previstas para el futuro, en los mercados al por mayor de servicios de comunicaciones electr髇icas y, por lo tanto, no tienen ninguna actividad en el mercado al por menor de servicios de comunicaciones electr髇icas suministrados a los usuarios finales;
• b) el operador no est� obligado a negociar con un operador 鷑ico e independiente que act鷈 en fases posteriores en un mercado al por menor de servicios de comunicaciones electr髇icas prestados a usuarios finales, a causa de un acuerdo exclusivo o un acuerdo que de hecho equivalga a un acuerdo exclusivo.

2. A este tipo de operadores exclusivamente mayoristas, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia solo les podr� imponer alguna de las obligaciones espec韋icas de no discriminaci髇 o de acceso a elementos o a recursos espec韋icos de las redes y recursos asociados y a su utilizaci髇, establecidas en el art韈ulo 18.1.b) y e) o en relaci髇 con la fijaci髇 de precios justos y razonables si as� lo justifica un an醠isis del mercado que incluya una evaluaci髇 prospectiva del comportamiento probable del operador con peso significativo en el mercado.

3. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia revisar� en cualquier momento las obligaciones impuestas al operador exclusivamente mayorista con arreglo al presente art韈ulo si llega a la conclusi髇 de que las condiciones establecidas en el apartado 1 han dejado de cumplirse y, en su caso, le impondr� las obligaciones espec韋icas que corresponda. Los operadores exclusivamente mayoristas informar醤 sin demora indebida a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de circunstancias relacionado con el apartado 1, letras a) y b), del presente art韈ulo.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tambi閚 revisar� las obligaciones impuestas al operador conforme al presente art韈ulo si, sobre la base de pruebas de las condiciones ofrecidas por el operador a sus clientes finales, llega a la conclusi髇 de que han surgido o es probable que surjan problemas de competencia en detrimento de los usuarios finales y, en su caso, le impondr� las obligaciones espec韋icas que corresponda.

Art韈ulo 22 Migraci髇 desde una infraestructura heredada

1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes notificar醤 de antemano y de forma oportuna a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia cuando tengan previsto clausurar o sustituir por una infraestructura nueva partes de la red, incluida la infraestructura existente necesaria para suministrar una red de cobre, que est閚 sujetas a las obligaciones contempladas en los cap韙ulos IV y V de este t韙ulo.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia velar� por que el proceso de desmantelamiento y cierre o sustituci髇 incluya un calendario y condiciones transparentes, incluido un plazo adecuado de notificaci髇 para la transici髇, y establezca la disponibilidad de productos alternativos de una calidad al menos comparable que faciliten el acceso a una infraestructura de red mejorada que sustituya a los elementos remplazados, si ello fuera necesario para preservar la competencia y los derechos de los usuarios finales.

3. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� retirar las obligaciones espec韋icas impuestas en relaci髇 con los bienes cuya clausura o sustituci髇 se propone, tras haberse asegurado de que el operador de acceso:

• a) ha establecido las condiciones adecuadas para la migraci髇, incluida la puesta a disposici髇 de un producto de acceso alternativo de una calidad al menos comparable tal como era posible utilizando la infraestructura heredada que permita al solicitante de acceso llegar a los mismos usuarios finales, y
• b) ha cumplido las condiciones y procedimientos que fueron notificados a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. Este art韈ulo se entender� sin perjuicio de la disponibilidad de productos regulados impuesta por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en la infraestructura de red mejorada, de conformidad con los procedimientos establecidos en el marco de los procesos de an醠isis de mercados e imposici髇 de obligaciones espec韋icas.

Art韈ulo 23 Tarifas de terminaci髇 de llamadas de voz

1. En el caso de que la Comisi髇 Europea no establezca a escala europea tarifas m醲imas de terminaci髇 de llamadas de voz en redes fijas o en redes m髒iles, o en ambas, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� realizar un an醠isis de mercado de los mercados de terminaci髇 de llamadas de voz para evaluar si es necesaria la imposici髇 de obligaciones espec韋icas, y, en su caso, podr� acordar su imposici髇. Si como resultado de tal an醠isis, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia impone unas tarifas de terminaci髇 orientadas a los costes en un mercado respectivo, seguir� los principios, criterios y par醡etros establecidos en el anexo III del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia supervisar� estrechamente y velar� por el cumplimiento de la aplicaci髇 de las tarifas de terminaci髇 de llamadas de voz establecidas a escala europea. En cualquier momento, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� exigir a un operador de servicios de terminaci髇 de llamadas de voz que modifique la tarifa que cobra a otros operadores si no cumple las tarifas m醲imas de terminaci髇 de llamadas de voz en redes fijas y en redes m髒iles establecidas por la Comisi髇 Europea.

Art韈ulo 24 Obligaciones en mercados minoristas

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia se abstendr� de aplicar mecanismos de control minorista a los mercados geogr醘icos o minoristas en los que considere que existe una competencia efectiva.

2. No obstante lo anterior, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer obligaciones apropiadas a los operadores que considere que tienen un peso significativo en un mercado minorista dado, cuando:

• a) como resultado de un an醠isis de mercado, determine que un mercado minorista dado no es realmente competitivo, y
• b) concluya que las obligaciones espec韋icas impuestas en virtud de lo establecido en el art韈ulo 18 no van a conllevar el logro de los objetivos establecidos en el art韈ulo 3.

3. Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado anterior podr醤 prohibir que los operadores considerados apliquen precios excesivos, obstaculicen la entrada de otros operadores en el mercado, falseen la competencia mediante el establecimiento de precios abusivos, favorezcan de manera excesiva a usuarios finales espec韋icos o agrupen sus servicios de manera injustificada. Se podr醤 aplicar medidas apropiadas de limitaci髇 de los precios al p鷅lico, de control de tarifas individuales o de orientaci髇 de las tarifas hacia costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los intereses de los usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.

Las obligaciones impuestas se basar醤 en la naturaleza del problema detectado y ser醤 proporcionadas y estar醤 justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el art韈ulo 3.

4. En los casos en que un operador vea sometidas a control sus tarifas al p鷅lico u otros elementos pertinentes, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia garantizar� la aplicaci髇 de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� especificar el formato y la metodolog韆 contable que deber� emplearse, si bien un organismo independiente cualificado verificar� la observancia del sistema de contabilidad de costes. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia velar� por que se publique anualmente una declaraci髇 de conformidad.

Art韈ulo 25 Separaci髇 funcional obligatoria

1. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusi髇 de que las obligaciones espec韋icas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 18, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relaci髇 con mercados al por mayor de productos de acceso, podr� decidir la imposici髇, como medida excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligaci髇 de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que act鷈 independientemente.

Esa unidad empresarial suministrar� productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, t閞minos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

La imposici髇 de la obligaci髇 de separaci髇 funcional prevista en el presente art韈ulo se entender� sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicaci髇 de la normativa en materia de competencia.

2. Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligaci髇 de separaci髇 funcional, elaborar� una propuesta que incluya:

• a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado;
• b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable;
• c) un an醠isis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electr髇icas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesi髇 social y territorial, as� como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y
• d) un an醠isis de las razones que justifiquen que esta obligaci髇 es el medio m醩 adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

3. El proyecto de medida incluir� los elementos siguientes:

• a) la naturaleza y el grado precisos de la separaci髇, especificando en particular el estatuto jur韉ico de la entidad empresarial separada;
• b) una indicaci髇 de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad;
• c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;
• d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;
• e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y
• f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicaci髇 de un informe anual.

4. La propuesta de imposici髇 de la obligaci髇 de separaci髇 funcional, una vez que el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital haya emitido informe sobre la misma, se presentar� a la Comisi髇 Europea.

5. Tras la decisi髇 de la Comisi髇 Europea, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia llevar� a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el art韈ulo 16, un an醠isis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluaci髇, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia impondr�, mantendr�, modificar� o suprimir� las obligaciones espec韋icas correspondientes.

Art韈ulo 26 Separaci髇 funcional voluntaria

1. En el supuesto de que un operador que haya sido declarado con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jur韉ica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los operadores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deber� informar con al menos tres meses de antelaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

El operador deber� informar tambi閚 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho prop髎ito, as� como del resultado final del proceso de separaci髇.

2. Dicho operador tambi閚 puede ofrecer compromisos respecto a las condiciones de acceso que aplicar� a su red durante un per韔do de ejecuci髇 y una vez se lleve a cabo la forma de separaci髇 propuesta, con el fin de garantizar el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros. La oferta de compromisos incluir� detalles suficientes, incluso en t閞minos de calendario de ejecuci髇 y duraci髇, a fin de permitir a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia que pueda llevar a cabo sus funciones. Tales compromisos podr醤 extenderse m醩 all� del per韔do m醲imo para las revisiones de los mercados relevantes establecidos en el art韈ulo 16.

3. En el caso de que se realice la separaci髇 funcional voluntaria, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia evaluar� el efecto de la transacci髇 prevista, junto con los compromisos propuestos en su caso, sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el art韈ulo 16, un an醠isis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso.

En dicho an醠isis, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tendr� en cuenta los compromisos ofrecidos por el operador, con especial atenci髇 a los objetivos establecidos en el art韈ulo 3, para lo cual consultar� a terceros y se dirigir� particularmente a aquellos terceros que est閚 directamente afectados por la transacci髇 propuesta.

Sobre la base de su evaluaci髇, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia impondr�, mantendr�, modificar� o suprimir� las obligaciones espec韋icas correspondientes, aplicando si procede las obligaciones del art韈ulo 21. En su decisi髇, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� dar car醕ter vinculante a los compromisos ofrecidos por el operador, en su totalidad o en parte, pudiendo acordar que algunos o todos los compromisos sean vinculantes para la totalidad del per韔do para el cual se ofrecen.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia supervisar� la ejecuci髇 de los compromisos ofrecidos por el operador que haya considerado vinculantes y sopesar� su pr髍roga, una vez expirado el per韔do para el cual fueron inicialmente ofrecidos.

Art韈ulo 27 Obligaciones espec韋icas adicionales a la separaci髇 funcional

Los operadores a los que se haya impuesto o que hayan decidido la separaci髇 funcional podr醤 estar sujetos a cualquiera de las obligaciones espec韋icas enumeradas en el art韈ulo 18 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado.

Art韈ulo 28 Resoluci髇 de conflictos en el mercado espa駉l

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia resolver� los conflictos que se susciten, a petici髇 de cualquiera de las partes interesadas, en relaci髇 con las obligaciones existentes en virtud de la presente ley y su normativa de desarrollo entre operadores, entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexi髇 o entre operadores y proveedores de recursos asociados.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia de las partes, dictar� resoluci髇 vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de cuatro meses desde la recepci髇 de toda la informaci髇, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resoluci髇 definitiva.

3. Al dictar la resoluci髇 que resuelva el conflicto, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia perseguir� la consecuci髇 de los objetivos establecidos en el art韈ulo 3. Las obligaciones que se puedan imponer en la resoluci髇 del conflicto deber醤 respetar los l韒ites, requisitos y marco institucional establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo. La resoluci髇 del conflicto podr� impugnarse ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

4. La posibilidad de presentar un conflicto ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante los 髍ganos jurisdiccionales.

Art韈ulo 29 Resoluci髇 de conflictos transfronterizos

1. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes est� radicada en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, salvo cuando el conflicto verse sobre la coordinaci髇 del espectro radioel閏trico, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en caso de que cualquiera de las partes as� lo solicite, coordinar� sus esfuerzos para encontrar una soluci髇 al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales de reglamentaci髇 afectadas.

2. Cuando el conflicto afecte a las relaciones comerciales entre Espa馻 y otro Estado miembro, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia notificar� el conflicto al ORECE con miras a alcanzar una resoluci髇 coherente del mismo, de conformidad con los objetivos establecidos en el art韈ulo 3.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentaci髇 afectadas esperar醤 el dictamen del ORECE antes de tomar medida alguna para resolver el conflicto, sin perjuicio de que puedan adoptar, a petici髇 de las partes o por iniciativa propia, medidas provisionales, con el fin de salvaguardar la competencia o de proteger los intereses de los usuarios finales.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentaci髇 afectadas deber醤 resolver el conflicto en el plazo de cuatro meses y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar del dictamen del ORECE.

3. Las obligaciones que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentaci髇 afectadas puedan imponer a una de las partes en la resoluci髇 del conflicto deber醤 ajustarse a la Directiva por la que se aprueba el C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas, y tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE.

4. La posibilidad de presentar un conflicto transfronterizo ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante los 髍ganos jurisdiccionales.

Art韈ulo 30 Principios generales

1. Para los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico se proporcionar醤 los n鷐eros que se necesiten para permitir su efectiva prestaci髇, tom醤dose esta circunstancia en consideraci髇 en los planes nacionales correspondientes y en sus disposiciones de desarrollo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulaci髇 de los nombres de dominio de internet bajo el indicativo del pa韘 correspondiente a Espa馻 (�.es�) se regir� por su normativa espec韋ica.

3. Corresponde al Gobierno la aprobaci髇 por real decreto de los planes nacionales de numeraci髇, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las organizaciones y los foros internacionales.

4. Corresponde al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, la elaboraci髇 de las propuestas de planes nacionales para su elevaci髇 al Gobierno, y el desarrollo normativo de estos planes que podr醤 establecer condiciones asociadas a la utilizaci髇 de los recursos p鷅licos de numeraci髇, en particular la designaci髇 del servicio para el que se utilizar醤 estos recursos, incluyendo cualquier requisito relacionado con el suministro de dicho servicio.

5. Corresponde a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos p鷅licos regulados en los planes nacionales de numeraci髇.

No se limitar� el n鷐ero de derechos de uso de los recursos de numeraci髇 que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de los recursos de numeraci髇.

Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos ser醤 abiertos, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se establecer醤 mediante real decreto.

Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptar醤, comunicar醤 y har醤 p鷅licas en el plazo m醲imo de tres semanas desde la recepci髇 de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selecci髇 comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo m醲imo ser� de seis semanas desde el fin del plazo de recepci髇 de ofertas. En estas decisiones se especificar� si el titular de los derechos puede cederlos, y en qu� condiciones.

Transcurrido el plazo m醲imo sin haberse notificado la resoluci髇 expresa, se podr� entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Asimismo, tambi閚 se har醤 p鷅licas las decisiones que se adopten relativas a la cancelaci髇 de derechos de uso.

6. Los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales u otros servicios que permitan efectuar y recibir llamadas a n鷐eros del plan nacional de numeraci髇 deber醤 cursar las llamadas que se efect鷈n a los rangos de numeraci髇 telef髇ica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, a todos los n鷐eros proporcionados en la Uni髇 Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeraci髇 de otros Estados miembros, y a otros rangos de numeraci髇 internacional, en los t閞minos que se especifiquen en los planes nacionales de numeraci髇 o en sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio del derecho del usuario de desconexi髇 de determinados servicios.

7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos p鷅licos de numeraci髇 regulados en los planes nacionales no supondr� el otorgamiento de m醩 derechos que los de su utilizaci髇 conforme a lo que se establece en esta ley.

8. Los operadores a los que se haya concedido el derecho de uso de recursos de numeraci髇 no podr醤 discriminar a otros operadores en lo que se refiere a los recursos de numeraci髇 utilizados para dar acceso a sus servicios.

9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estar醤 obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se adopten por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en materia de numeraci髇.

10. Empresas distintas de los operadores de redes p鷅licas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico tendr醤, en los t閞minos que determine la normativa de desarrollo de la ley, acceso a los recursos p鷅licos regulados en los planes nacionales para la prestaci髇 de servicios espec韋icos. Esta normativa podr� prever, cuando est� justificado, el otorgamiento de derechos de uso de n鷐eros a estas empresas para determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes nacionales o en sus disposiciones de desarrollo. Dichas empresas deber醤 demostrar su capacidad para gestionar los recursos de numeraci髇 y cumplir con cualquier requisito pertinente que se establezca. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� acordar no mantener la concesi髇 de los derechos de uso de recursos de numeraci髇 a dichas empresas si se demuestra que existe un riesgo de agotamiento de los recursos de numeraci髇.

11. El n鷐ero �00� es el c骴igo com鷑 de acceso a la red telef髇ica internacional.

Ser� posible adoptar o mantener mecanismos espec韋icos para el uso de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeraci髇 entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre Espa馻 y resto de Estados miembros.

Asimismo, se podr� acordar con otros Estados miembros compartir un plan de numeraci髇 com鷑 para todas las categor韆s de n鷐eros o para algunas categor韆s espec韋icas.

12. El Gobierno apoyar� la armonizaci髇 de determinados n鷐eros o series de n鷐eros concretos dentro de la Uni髇 Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.

Art韈ulo 31 Planes nacionales de numeraci髇

1. Los planes nacionales de numeraci髇 y sus disposiciones de desarrollo designar醤 los servicios para los que puedan utilizarse los n鷐eros, incluido cualquier requisito relacionado con la prestaci髇 de tales servicios y las condiciones asociadas a su uso, que ser醤 proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podr醤 incluir los principios de fijaci髇 de precios y los precios m醲imos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protecci髇 de los consumidores.

2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y gesti髇 ser醤 p鷅licos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional.

3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para garantizar la disponibilidad suficiente de n鷐eros, la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr�, mediante orden que se publicar� con la debida antelaci髇 a su entrada en vigor, y previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, modificar la estructura y la organizaci髇 de los planes nacionales o, en ausencia de 閟tos o de planes espec韋icos para cada servicio, establecer medidas sobre la utilizaci髇 de los recursos num閞icos y alfanum閞icos necesarios para la prestaci髇 de los servicios. Se habr醤 de tener en cuenta, a tales efectos, los intereses de los afectados y los gastos de adaptaci髇 que, de todo ello, se deriven para los operadores y para los usuarios.

4. Los planes nacionales de numeraci髇 o sus disposiciones de desarrollo podr醤 establecer procedimientos de selecci髇 competitiva o comparativa para el otorgamiento de derechos de uso de n鷐eros y nombres con valor econ髆ico excepcional o que sean particularmente apropiados para la prestaci髇 de determinados servicios de inter閟 general. Estos procedimientos respetar醤 los principios de publicidad, concurrencia y no discriminaci髇 para todas las partes interesadas.

5. Los planes nacionales de numeraci髇 destinada a la prestaci髇 de los servicios de tarificaci髇 adicional se aprobar醤 por Orden del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. En dichos planes se incluir醤 las condiciones directamente asociadas al uso de la numeraci髇 para dichos servicios, entre ellas:

• a) La atribuci髇 de los servicios concretos a que se dedicar� cada rango de numeraci髇.
• b) Los precios m醲imos minoristas para los servicios, as� como para cada uno de los rangos y subrangos de numeraci髇 atribuidos o habilitados a estos servicios y su posible distribuci髇 por intervalos.
• c) La obligatoriedad de incorporar una locuci髇 inicial o mensaje previo informativo, que el usuario deber� recibir antes del inicio o contrataci髇 del servicio.
• d) Los distintos modos de marcaci髇 de la numeraci髇 admisibles para la contrataci髇 del servicio.
• e) La duraci髇 m醲ima de la llamada telef髇ica para la prestaci髇 de estos servicios.

6. No podr醤 ser objeto de regulaci髇 en los planes a los que se refiere el apartado anterior aquellos aspectos no directamente relacionados con el uso de la numeraci髇, por ser relativos a la protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios y, en consecuencia, regidos por la legislaci髇 general de esta materia. Entre ellos se pueden citar:

• a) La publicidad de los servicios de tarificaci髇 adicional, en cualquiera de sus formas.
• b) El contenido de los servicios, as� como la especial protecci髇 de determinados grupos de poblaci髇, como la infancia y la juventud.
• c) Las reglas de los concursos u otro tipo de juegos o sorteos de azar que puedan desarrollarse a trav閟 de llamadas o mensajes de tarificaci髇 adicional.

Art韈ulo 32 Acceso a n鷐eros o servicios

1. En la medida que resulte necesario para la consecuci髇 de los objetivos establecidos en el art韈ulo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeraci髇 y sus disposiciones de desarrollo, podr醤 establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades m韓imas que deber醤 cumplir determinados tipos de servicios.

2. Los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones o presten servicios vocales disponibles al p鷅lico, siempre que sea t閏nica y econ髆icamente posible, adoptar醤 las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando n鷐eros no geogr醘icos en la Uni髇 Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnolog韆 y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los n鷐eros proporcionados en la Uni髇 Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeraci髇 de otros Estados miembros, y los N鷐eros Universales Internacionales de Llamada Gratuita.

3. Asimismo, mediante real decreto, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecer醤 las condiciones en las que los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico lleven a cabo el bloqueo de acceso a n鷐eros o servicios, siempre que est� justificado por motivos de tr醘ico no permitido y de tr醘ico irregular con fines fraudulentos, y los casos en que los prestadores de servicios de comunicaciones electr髇icas retengan los correspondientes ingresos por interconexi髇 u otros servicios. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� ordenar el bloqueo de acceso a n鷐eros o servicios por motivos de tr醘ico irregular con fines fraudulentos cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexi髇 que le sea planteado por dichos operadores. En ning鷑 caso podr� exigirse al amparo de este apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, como los servicios de la Sociedad de la Informaci髇 regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico.

4. La persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� establecer que, por razones de protecci髇 de los derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electr髇icas, en especial, relacionadas con la facturaci髇 y las tarifas que se aplican en la prestaci髇 de determinados servicios, algunos n鷐eros o rangos de numeraci髇 s髄o sean accesibles previa petici髇 expresa del usuario, en las condiciones que se fijen mediante orden.

Art韈ulo 33 Conservaci髇 de los n鷐eros por los usuarios finales y fomento de la provisi髇 inal醡brica para facilitar el cambio de operador

1. Los operadores garantizar醤, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 65.1.e) y en el art韈ulo 70, que los usuarios finales con n鷐eros del plan nacional de numeraci髇 puedan conservar, previa solicitud, los n鷐eros que les hayan sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio. Mediante real decreto se fijar醤 los supuestos a los que sea de aplicaci髇 la conservaci髇 de n鷐eros, as� como los aspectos t閏nicos y administrativos necesarios para que esta se lleve a cabo. En aplicaci髇 de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� fijar, mediante circular, caracter韘ticas y condiciones para la conservaci髇 de los n鷐eros.

2. Los costes derivados de la actualizaci髇 de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible la conservaci髇 de los n鷐eros deber醤 ser sufragados por cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnizaci髇 alguna. Los dem醩 costes que produzca la conservaci髇 de los n鷐eros telef髇icos se repartir醤, a trav閟 del oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. A falta de acuerdo, resolver� la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia. Los precios de interconexi髇 para la aplicaci髇 de las facilidades de conservaci髇 de los n鷐eros habr醤 de estar orientados en funci髇 de los costes. No se podr醤 imponer cuotas directas a los usuarios finales por la conservaci髇 del n鷐ero.

3. Cuando sea t閏nicamente viable, se fomentar� la provisi髇 inal醡brica para facilitar el cambio de operadores de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas por parte de los usuarios finales, en particular los operadores y usuarios finales de servicios de m醧uina a m醧uina.

Art韈ulo 34 N鷐eros armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital promover� el conocimiento por la poblaci髇 de los n鷐eros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116, garantizar� que los usuarios finales tengan acceso gratuito a las llamadas a esa numeraci髇 y fomentar� la prestaci髇 en Espa馻 de los servicios de valor social para los que est醤 reservados tales n鷐eros, poni閚dolos a disposici髇 de los interesados en su prestaci髇.

2. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital adoptar� las iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el mejor acceso posible a los servicios prestados a trav閟 de los n鷐eros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116. En la atribuci髇 de tales n鷐eros, dicho Ministerio establecer� las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se presten a trav閟 de ellos por los usuarios finales con discapacidad.

Entre las referidas condiciones podr醤 incluirse, en funci髇 del servicio en concreto de valor social que se trate, la de posibilitar la comunicaci髇 total a trav閟 de voz, texto y video para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas.

3. Las Administraciones p鷅licas competentes en la regulaci髇 o supervisi髇 de cada uno de los servicios que se presten a trav閟 de los n鷐eros armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 velar醤 por que los ciudadanos reciban una informaci髇 adecuada sobre la existencia y utilizaci髇 de estos servicios de valor social.

Art韈ulo 35 Delimitaci髇 de las obligaciones de servicio p鷅lico

1. Este cap韙ulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico de adecuada calidad en todo el territorio nacional a trav閟 de una competencia y una libertad de elecci髇 reales, y hacer frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.

2. Los operadores se sujetar醤 al r間imen de obligaciones de servicio p鷅lico y de car醕ter p鷅lico, de acuerdo con lo establecido en este t韙ulo.

3. La imposici髇 de obligaciones de servicio p鷅lico perseguir� la consecuci髇 de los objetivos establecidos en el art韈ulo 3 y podr� recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupaci髇 del dominio p鷅lico o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, de derechos de uso de recursos p鷅licos de numeraci髇 o que ostenten la condici髇 de operador con peso significativo en un determinado mercado de referencia. Cuando se impongan obligaciones de servicio p鷅lico, se aplicar� con car醕ter supletorio el r間imen establecido para la concesi髇 de servicios en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4. El cumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico en la instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas y en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas para los que aqu閘las sean exigibles se efectuar� con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminaci髇, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad universal y permanencia y conforme a los t閞minos y condiciones que mediante real decreto se determinen.

5. Corresponde al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital el control y el ejercicio de las facultades de la Administraci髇 relativas a las obligaciones de servicio p鷅lico y de car醕ter p鷅lico a que se refiere este art韈ulo.

6. Cuando el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital constate que cualquiera de los servicios a que se refiere este art韈ulo se est� prestando en competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los operadores designados deben prestarlas, podr�, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestaci髇 como obligaci髇 de servicio p鷅lico y, en consecuencia, de la financiaci髇 prevista para tales obligaciones.

Art韈ulo 36 Categor韆s de obligaciones de servicio p鷅lico

Los operadores est醤 sometidos a las siguientes categor韆s de obligaciones de servicio p鷅lico:

• a) el servicio universal en los t閞minos contenidos en la secci髇 2.� de este cap韙ulo;
• b) otras obligaciones de servicio p鷅lico impuestas por razones de inter閟 general, en la forma y con las condiciones establecidas en la secci髇 3.� de este cap韙ulo.

Art韈ulo 37 Concepto y 醡bito de aplicaci髇

1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestaci髇 se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localizaci髇 geogr醘ica, en condiciones de neutralidad tecnol骻ica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Los servicios incluidos en el servicio universal, en los t閞minos y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno, son:

• a) Servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija, que deber� soportar el conjunto m韓imo de servicios a que se refiere el anexo III. La velocidad m韓ima de acceso a una internet de banda ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

  Mediante real decreto, teniendo en cuenta la evoluci髇 social, econ髆ica y tecnol骻ica y las condiciones de competencia en el mercado, se modificar� la velocidad m韓ima de acceso a una internet de banda ancha, en particular, escalando dicha velocidad m韓ima a 30 Mbit por segundo en sentido descendente tan pronto como sea posible en funci髇 de la extensi髇 de las redes y del estado de la t閏nica, as� como se determinar醤 sus caracter韘ticas y par醡etros t閏nicos, y se podr� modificar el conjunto m韓imo de servicios que deber� soportar el servicio de acceso a una internet de banda ancha a que se refiere el anexo III.

• b) Servicios de comunicaciones vocales a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija.

2. La conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija podr� limitarse al soporte de los servicios de las comunicaciones vocales, cuando as� lo solicite el consumidor.

3. Mediante real decreto, se podr� ampliar el 醡bito de aplicaci髇 del servicio universal o de algunos de sus elementos u obligaciones a los usuarios finales que sean microempresas y peque馻s y medianas empresas y organizaciones sin 醤imo de lucro.

4. Las condiciones en que se preste el servicio universal deber醤 perseguir reducir al m韓imo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestaci髇 de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las pr醕ticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el inter閟 p鷅lico.

5. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podr� revisar la determinaci髇 de los servicios que forman parte del servicio universal, as� como el alcance de las obligaciones de servicio universal.

Art韈ulo 38 Asequibilidad del servicio universal

1. Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. A tales efectos, mediante real decreto, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinar醤 las caracter韘ticas sociales y de poder adquisitivo correspondientes para determinar de que los consumidores tienen rentas bajas o necesidades sociales especiales.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en coordinaci髇 con el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y con el departamento ministerial competente en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios, supervisar� la evoluci髇 y el nivel de la tarificaci髇 al p鷅lico de los servicios incluidos en el servicio universal, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean prestados por el operador u operadores designados, en particular en relaci髇 con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.

3. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotaci髇 comercial en condiciones transparentes, p鷅licas y no discriminatorias. A tal fin se podr� exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparaci髇 geogr醘ica u otros reg韒enes similares. Mediante real decreto se podr� establecer si los operadores, en el marco de estas opciones o paquetes de tarifas, disponen de la posibilidad o no de fijar un volumen m醲imo de datos a transmitir en el servicio de acceso a internet de banda ancha.

Entre estas opciones o paquetes de tarifas deber醤 figurar un abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija, un abono social para servicios de acceso a una internet de banda ancha que se presten a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija y un abono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podr� exigir la modificaci髇 o supresi髇 de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, para lo cual podr� exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparaci髇 geogr醘ica u otros reg韒enes similares. En todo caso, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� proponer a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia la modificaci髇 o supresi髇 de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad por todos los operadores impuestas en el apartado anterior d� lugar a una carga administrativa o financiera excesiva, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa y de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podr� decidir, con car醕ter excepcional, imponer la obligaci髇 de ofrecer estas opciones o paquetes de tarifas solo al operador u operadores designados en virtud de lo establecido en el art韈ulo 40, en cuyo caso deber� velar por que todos los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales disfruten de una variedad de operadores que ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus necesidades, a menos que ello resulte imposible o cree una carga organizativa o financiera adicional excesiva.

5. Los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales que puedan beneficiarse de dichas opciones o paquetes de tarifas tienen el derecho de celebrar un contrato y que su n鷐ero siga disponible durante un per韔do adecuado y se evite la desconexi髇 injustificada del servicio.

6. Los operadores que tengan la obligaci髇 de ofrecer opciones o paquetes de tarifas a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales deber醤 publicarlas adecuadamente, garantizar que sean transparentes, que las apliquen de conformidad con el principio de no discriminaci髇 y mantener informados a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.

7. Mediante real decreto, se podr醤 establecer requisitos para que el servicio de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 no fija resulten asequibles en aras de garantizar la plena participaci髇 social y econ髆ica de los consumidores en la sociedad.

8. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija en el marco del servicio universal deben garantizar el cumplimiento de las condiciones de velocidad de acceso a internet y de prestaci髇 de los servicios normativamente establecidas as� como las que figuren en los correspondientes contratos con los consumidores.

Art韈ulo 39 Accesibilidad del servicio universal

1. Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios incluidos en el servicio universal a un nivel equivalente al que disfrutan otros consumidores.

2. A tal efecto, se podr醤 imponer como obligaci髇 de servicio universal medidas espec韋icas con vistas a garantizar que los equipos terminales conexos y los equipos y servicios espec韋icos que favorecen un acceso equivalente, incluidos, en su caso, los servicios de conversi髇 a texto y los servicios de conversaci髇 total en modo texto, est閚 disponibles y sean asequibles.

3. Mediante real decreto se adoptar醤 medidas a fin de garantizar que los consumidores con discapacidad tambi閚 puedan beneficiarse de la capacidad de elecci髇 de operadores de que disfruta la mayor韆 de los consumidores.

Art韈ulo 40 Designaci髇 de los operadores encargados de la prestaci髇 del servicio universal

1. Cuando la prestaci髇 de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicaci髇 fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotaci髇 comercial, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital designar� uno o m醩 operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestaci髇 eficiente en las partes afectadas del territorio nacional a efecto de asegurar su disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos podr醤 designarse operadores diferentes para la prestaci髇 de los distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.

2. El sistema de designaci髇 de operadores encargados de garantizar la prestaci髇 de los servicios integrantes del servicio universal se establecer� mediante real decreto, con sujeci髇 a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminaci髇 sin excluir a priori la designaci髇 de ning鷑 operador. En todo caso, contemplar� un mecanismo de licitaci髇 p鷅lica para la prestaci髇 de dichos servicios. Estos procedimientos de designaci髇 garantizar醤 que la prestaci髇 de los servicios incluidos en el servicio universal se haga de manera rentable y se podr醤 utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 42.2.

3. Cuando uno de los operadores designados para la prestaci髇 del servicio universal se proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jur韉ica separada de distinta propiedad, informar� con la debida antelaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital a fin de evaluar las repercusiones de la operaci髇 prevista en el suministro en una ubicaci髇 fija de los servicios incluidos en el servicio universal. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, como consecuencia de la evaluaci髇 realizada, podr� imponer, modificar o suprimir obligaciones a dicho operador designado.

4. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� establecer objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestaci髇 del servicio universal.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital notificar� a la Comisi髇 Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, as� como los cambios relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados.

Art韈ulo 41 Control del gasto

1. Los operadores que cumplan obligaciones de servicio universal en virtud de lo establecido en los art韈ulos 37 a 40, deber醤 ofrecer a los consumidores las facilidades y los servicios espec韋icos determinados mediante real decreto, que incluir醤, en todo caso, los relacionados en la parte A del anexo VI del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas, a fin de permitir a los consumidores el seguimiento y control de sus propios gastos.

2. Dichos operadores deber醤 implantar un sistema para evitar la desconexi髇 injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, incluido un mecanismo adecuado para verificar el inter閟 por seguir utilizando el servicio.

3. Los consumidores que se beneficien del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal no pueden verse obligados al pago de facilidades o servicios adicionales que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.

Art韈ulo 42 Coste y financiaci髇 del servicio universal

1. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estar醤 sujetas a los mecanismos de financiaci髇 que se establecen en este art韈ulo.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia determinar� si la obligaci髇 de la prestaci髇 del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestaci髇.

En caso de que se considere que puede existir dicha carga injusta, el coste neto de prestaci髇 del servicio universal ser� determinado peri骴icamente por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designaci髇 previstos en el art韈ulo 40.2 o en funci髇 del ahorro neto que el operador conseguir韆 si no tuviera la obligaci髇 de prestar el servicio universal.

Para la determinaci髇 de este ahorro neto la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia desarrollar� y publicar� una metodolog韆 de acuerdo con los criterios que se establezcan mediante real decreto.

Las cuentas y dem醩 informaci髇 en que se base el c醠culo del ahorro neto ser醤 objeto de auditor韆 por parte de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia. Los resultados y las conclusiones de la auditor韆 se pondr醤 a disposici髇 del p鷅lico.

3. El coste neto de la obligaci髇 de prestaci髇 del servicio universal ser� financiado por un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia, distorsi髇 m韓ima del mercado, no discriminaci髇 y proporcionalidad, por aquellos operadores que obtengan por el suministro de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico unos ingresos brutos de explotaci髇 anuales superiores a 100 millones de euros. Esta cifra podr� ser actualizada o modificada mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en funci髇 de la evoluci髇 del mercado y de las cuotas que los distintos operadores tienen en cada momento en el mercado.

4. Una vez fijado este coste, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia determinar� las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribuci髇 a la financiaci髇 del servicio universal.

Dichas aportaciones, as� como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se verificar醤 de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto.

Las aportaciones recibidas se depositar醤 en el Fondo nacional del servicio universal.

5. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiaci髇 del servicio universal.

El Fondo nacional del servicio universal ha de utilizar un sistema transparente y neutro de recaudaci髇 de contribuciones que evite el peligro de la doble imposici髇 de contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por los operadores.

Los activos en met醠ico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a la financiaci髇 del servicio universal se depositar醤 en este fondo, en una cuenta espec韋ica designada a tal efecto. Los gastos de gesti髇 de esta cuenta ser醤 deducidos de su saldo, y los rendimientos que este genere, si los hubiere, minorar醤 la contribuci髇 de los aportantes.

En la cuenta podr醤 depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por cualquier persona f韘ica o jur韉ica que desee contribuir, desinteresadamente, a la financiaci髇 de cualquier prestaci髇 propia del servicio universal.

Los operadores sujetos a obligaciones de prestaci髇 del servicio universal recibir醤 de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligaci髇, calculado seg鷑 el procedimiento establecido en este art韈ulo.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia se encargar� de la gesti髇 del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinar� su estructura, organizaci髇, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizar醤 las aportaciones.

6. Mediante real decreto podr� preverse la existencia de un mecanismo de compensaci髇 directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del coste no justifique los costes de gesti髇 del fondo nacional del servicio universal.

Art韈ulo 43 Otras obligaciones de servicio p鷅lico

1. El Gobierno podr�, por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la seguridad p鷅lica, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protecci髇 civil, imponer otras obligaciones de servicio p鷅lico distintas de las de servicio universal a los operadores.

2. El Gobierno podr�, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio p鷅lico, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, as� como de la administraci髇 territorial competente, motivadas por:

• a) razones de cohesi髇 territorial;
• b) razones de extensi髇 del uso de nuevos servicios y tecnolog韆s, en especial a la sanidad, a la educaci髇, a la acci髇 social y a la cultura;
• c) por la necesidad de facilitar la comunicaci髇 entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y est閚 insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.

3. Mediante real decreto se regular� el procedimiento de imposici髇 de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiaci髇.

Art韈ulo 44 Derecho de ocupaci髇 de la propiedad privada

1. Los operadores tendr醤 derecho, en los t閞minos de este cap韙ulo, a la ocupaci髇 de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalaci髇, despliegue y explotaci髇 de la red en la medida prevista en el proyecto t閏nico presentado y siempre que no existan otras alternativas t閏nica o econ髆icamente viables, ya sea a trav閟 de su expropiaci髇 forzosa o mediante la declaraci髇 de servidumbre forzosa de paso para la instalaci髇, despliegue y explotaci髇 de infraestructura de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas. En ambos casos tendr醤 la condici髇 de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa.

Los operadores asumir醤 los costes a los que hubiera lugar por esta ocupaci髇.

La ocupaci髇 de la propiedad privada se llevar� a cabo tras la instrucci髇 y resoluci髇 por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital del oportuno procedimiento, en que deber醤 cumplirse todos los tr醡ites y respetarse todas las garant韆s establecidas a favor de los titulares afectados en la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa.

2. La aprobaci髇 por el 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital del proyecto t閏nico para la ocupaci髇 de propiedad privada llevar� impl韈ita, en cada caso concreto, la declaraci髇 de utilidad p鷅lica y la necesidad de ocupaci髇 para la instalaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, a efectos de lo previsto en la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa.

3. Con car醕ter previo a la aprobaci髇 del proyecto t閏nico, se recabar� informe del 髍gano de la Comunidad Aut髇oma competente en materia de ordenaci髇 del territorio, que habr� de ser emitido en el plazo m醲imo de treinta d韆s h醔iles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un 醨ea geogr醘ica relevante o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo ser� ampliado hasta tres meses. Asimismo, se recabar� informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto t閏nico con la ordenaci髇 urban韘tica vigente, que deber� ser emitido en el plazo de treinta d韆s h醔iles desde la recepci髇 de la solicitud.

4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas ligadas de manera espec韋ica al cumplimiento de obligaciones de servicio p鷅lico se seguir� el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiaci髇 Forzosa, cuando as� se haga constar en la resoluci髇 del 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital que apruebe el oportuno proyecto t閏nico.

Art韈ulo 45 Derecho de ocupaci髇 del dominio p鷅lico

Los operadores tendr醤 derecho, en los t閞minos de este cap韙ulo, a la ocupaci髇 del dominio p鷅lico necesario para el establecimiento de la red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas de que se trate.

Los titulares del dominio p鷅lico garantizar醤 el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ning鷑 caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupaci髇 de dicho dominio p鷅lico en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electr髇icas. En particular, la ocupaci髇 o el derecho de uso de dominio p鷅lico para la instalaci髇 o explotaci髇 de una red no podr� ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitaci髇.

Se podr醤 celebrar acuerdos o convenios entre los operadores y los titulares o gestores del dominio p鷅lico para facilitar el despliegue simult醤eo de otros servicios, que deber醤 ser gratuitos para las Administraciones y los ciudadanos, vinculados a la mejora del medio ambiente, de la salud p鷅lica, de la seguridad p鷅lica y de la protecci髇 civil ante cat醩trofes naturales o para mejorar o facilitar la vertebraci髇 y cohesi髇 territorial y urbana o contribuir a la sostenibilidad de la log韘tica urbana.

La propuesta de acuerdo o convenio para la ocupaci髇 del dominio p鷅lico deber� incluir un plan de despliegue e instalaci髇 con el contenido previsto en el art韈ulo 49.9 de esta ley. Transcurrido el plazo m醲imo de tres meses desde su presentaci髇, el acuerdo o convenio se entender� aprobado si no hubiera pronunciamiento expreso en contra justificado adecuadamente.

Art韈ulo 46 Ubicaci髇 compartida y uso compartido de la propiedad p鷅lica o privada

1. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas podr醤 celebrar de manera voluntaria acuerdos entre s� para determinar las condiciones para la ubicaci髇 o el uso compartido de sus elementos de red y recursos asociados, as� como la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada, con plena sujeci髇 a la normativa de defensa de la competencia.

Las Administraciones p鷅licas fomentar醤 la celebraci髇 de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicaci髇 compartida y el uso compartido de elementos de red y recursos asociados, as� como la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad.

2. La ubicaci髇 compartida de elementos de red y recursos asociados y la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada tambi閚 podr� ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que hayan ejercido el derecho a la ocupaci髇 de la propiedad p鷅lica o privada. A tal efecto, en los t閞minos en que mediante real decreto se determine, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, previo tr醡ite de audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podr� imponer, con car醕ter general o para casos concretos, la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada en que se van a establecer las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o el uso compartido de los elementos de red y recursos asociados, determinando, en su caso, los criterios para compartir los gastos que produzca la ubicaci髇 o el uso compartido.

Cuando una Administraci髇 P鷅lica competente considere que por razones de medio ambiente, salud p鷅lica, seguridad p鷅lica u ordenaci髇 urbana y territorial se justifica la imposici髇 de la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada, podr� instar de manera motivada al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital el inicio del procedimiento establecido en el p醨rafo anterior. En estos casos, antes de que el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital imponga la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deber� realizar un tr醡ite para que la Administraci髇 P鷅lica competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones por un plazo de quince d韆s h醔iles.

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente art韈ulo deber醤 ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicar醤 de forma coordinada con las Administraciones competentes correspondientes y con la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

Art韈ulo 47 Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad

1. La protecci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico tiene como finalidades su aprovechamiento 髉timo, evitar su degradaci髇 y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones y aquellos otros que hacen uso del dominio p鷅lico radioel閏trico.

El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� establecer las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo el閏trico y las servidumbres que resulten necesarias para la protecci髇 radioel閏trica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioel閏tricas utilizadas para la prestaci髇 de servicios p鷅licos, por motivos de seguridad p鷅lica o cuando as� sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los t閞minos de la disposici髇 adicional segunda y las normas de desarrollo de esta ley.

2. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� imponer l韒ites a los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico para la protecci髇 de otros servicios o bienes jur韉icamente protegidos prevalentes o de servicios p鷅licos que puedan verse afectados por la utilizaci髇 de dicho dominio p鷅lico, en los t閞minos que mediante real decreto se determinen. En la imposici髇 de estos l韒ites se debe efectuar un previo tr醡ite de audiencia a los titulares de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico que pueden verse afectados y se deber醤 respetar los principios de transparencia y publicidad.

Art韈ulo 48 Estudios geogr醘icos

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital efectuar� anualmente un estudio sobre el alcance y extensi髇 de las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregaci髇 local o incluso inferior.

El estudio geogr醘ico incluir� informaci髇 suficiente sobre la calidad del servicio y los par醡etros de este 鷏timo.

La informaci髇 que no est� sujeta a confidencialidad comercial ser� accesible de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital informar� a las empresas que proporcionen informaci髇 en base a este art韈ulo sobre el hecho de que la misma ha sido compartida con otras autoridades p鷅licas, en su caso.

2. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital incluir� en el estudio geogr醘ico una previsi髇 sobre el alcance y extensi髇 que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un per韔do determinado, con el grado de desagregaci髇 que estime oportuno.

Esta previsi髇 ser� sometida a una consulta p鷅lica en la p醙ina web del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. En ella, a partir de una base de datos geogr醘ica proporcionada por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, los operadores declarar醤 cualquier intenci髇 de desplegar redes de banda ancha que ofrezca velocidades de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps o redes de muy alta capacidad o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta alcanzar una velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps. Esta declaraci髇 de intenciones supone un compromiso en firme por parte del operador, de forma que su incumplimiento por causas imputables al operador que produzca un perjuicio al inter閟 p鷅lico en el dise駉 de planes nacionales de banda ancha, en la determinaci髇 de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioel閏trico o en la verificaci髇 de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligaci髇 de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador, podr� ser sancionada en los t閞minos previstos en el t韙ulo VIII.

A la vista de las aportaciones efectuadas en la consulta p鷅lica, de las declaraciones de intenciones efectuadas y de otra informaci髇 de que pueda disponer, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital elaborar� y publicar� una previsi髇 definitiva sobre el alcance y extensi髇 que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un per韔do determinado. Esta previsi髇 incluir� toda la informaci髇 pertinente, en particular, informaci髇 del despliegue planeado de redes de muy alta capacidad y mejoras o extensiones de redes con una velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps.

3. A efectos de la elaboraci髇 de estos estudios geogr醘icos, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� solicitar la informaci髇 necesaria y ajustada a este fin, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 9, a las personas f韘icas o jur韉icas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electr髇icas, as� como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente relacionados, con el grado de desagregaci髇 oportuno.

El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital tambi閚 solicitar� informaci髇 para la elaboraci髇 de estos estudios geogr醘icos al resto de Administraciones p鷅licas, en particular, a las Comunidades Aut髇omas, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

4. La informaci髇 contenida en los estudios geogr醘icos servir� de base para la elaboraci髇 de los planes nacionales de banda ancha o de conectividad digital, que priorizar醤 la cobertura de los n鷆leos de poblaci髇 m醩 peque駉s y del entorno rural, para el dise駉 de ayudas p鷅licas para el despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, para la aplicaci髇 de la normativa sobre ayudas estatales, para la determinaci髇 de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioel閏trico y la verificaci髇 de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligaci髇 de servicio universal.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y otras Administraciones p鷅licas tambi閚 podr醤 basarse en la informaci髇 que proporcionen los estudios geogr醘icos para el ejercicio de sus funciones. A tal efecto, podr醤 solicitar al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital la informaci髇 oportuna, priorizando el acceso y tratamiento de dicha informaci髇 por medios electr髇icos. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia colaborar醤 en la determinaci髇 y desglose de la informaci髇 a obtener para confeccionar los estudios geogr醘icos, a efectos de que puedan ejercer con mayor eficacia y eficiencia sus funciones.

Art韈ulo 49 Colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas en la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas

1. La Administraci髇 General del Estado y las dem醩 Administraciones p鷅licas deber醤 colaborar a trav閟 de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jur韉ico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electr髇icas de ocupar la propiedad p鷅lica y privada para realizar el despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas.

2. Las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados coadyuvan a la consecuci髇 de un fin de inter閟 general, constituyen equipamiento de car醕ter b醩ico y su previsi髇 en los instrumentos de planificaci髇 urban韘tica tiene el car醕ter de determinaciones estructurantes. Su instalaci髇 y despliegue constituyen obras de inter閟 general.

3. La normativa elaborada por las Administraciones p鷅licas que afecte a la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica deber醤, en todo caso, contemplar la necesidad de instalar y explotar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados y reconocer el derecho de ocupaci髇 del dominio p鷅lico o la propiedad privada para la instalaci髇, despliegue o explotaci髇 de dichas redes y recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este t韙ulo.

4. La normativa elaborada por las Administraciones p鷅licas que afecte a la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados y los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica deber醤 recoger las disposiciones necesarias para permitir, impulsar o facilitar la instalaci髇 o explotaci髇 de infraestructuras de redes de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados en su 醡bito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalaci髇 o explotaci髇 de redes y recursos asociados y en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios f韘icos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica no podr醤 establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupaci髇 del dominio p鷅lico y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnol骻icas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electr髇icas. En este sentido, cuando una condici髇 pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupaci髇 del dominio p鷅lico o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condici髇 deber� estar plenamente justificado por razones de medio ambiente, seguridad p鷅lica u ordenaci髇 urbana y territorial e ir acompa馻do de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupaci髇 de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

Las Administraciones p鷅licas contribuir醤 a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios f韘icos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios f韘icos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electr髇icas, as� como la obtenci髇 de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial.

5. La normativa elaborada por las Administraciones p鷅licas en el ejercicio de sus competencias que afecte a la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados y los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica deber醤 cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deber醤 respetar los par醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr髇icas, establecidos en la disposici髇 adicional decimotercera y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los l韒ites en los niveles de emisi髇 radioel閏trica tolerable fijados por el Estado.

En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte a la instalaci髇 o explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, las Administraciones p鷅licas actuar醤 de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

6. La normativa elaborada por las Administraciones p鷅licas en el ejercicio de sus competencias que afecte a la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados y los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica deber醤 cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

• a) ser publicadas en un diario oficial del 醡bito correspondiente a la Administraci髇 competente, as� como en la p醙ina web de dicha Administraci髇 P鷅lica y, en todo caso, ser accesibles por medios electr髇icos;
• b) prever un procedimiento r醦ido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resoluci髇 de las solicitudes de ocupaci髇, que no podr� exceder de cuatro meses contados a partir de la presentaci髇 de la solicitud, salvo en caso de expropiaci髇. No obstante lo anterior, la obtenci髇 de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas de alta o muy alta capacidad, las Administraciones p鷅licas conceder醤 o denegar醤 los mismos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recepci髇 de la solicitud completa. Excepcionalmente, y mediante resoluci髇 motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este plazo podr� extenderse un mes m醩, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la fecha de recepci髇 de la solicitud completa. La Administraci髇 P鷅lica competente podr� fijar unos plazos de resoluci髇 inferiores;
• c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores;
• d) garantizar el respeto de los l韒ites impuestos a la intervenci髇 administrativa en esta ley en protecci髇 de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentaci髇 que los operadores deban aportar deber� ser motivada, tener una justificaci髇 objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario y al principio de reducci髇 de cargas administrativas.

7. Los operadores no tendr醤 obligaci髇 de aportar la documentaci髇 o informaci髇 de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administraci髇. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital establecer�, mediante real decreto, la forma en que se facilitar� a las Administraciones p鷅licas la informaci髇 que precisen para el ejercicio de sus propias competencias.

8. Los operadores deber醤 hacer uso de las canalizaciones subterr醤eas o en el interior de las edificaciones que permitan la instalaci髇 y explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o razonable su uso por razones t閏nicas los operadores podr醤 efectuar despliegues a閞eos siguiendo los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podr醤 efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados, si bien para ello deber醤 utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.

Los despliegues a閞eos y por fachadas no podr醤 realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio hist髍ico-art韘tico con la categor韆 de bien de inter閟 cultural declarada por las administraciones competentes o que puedan afectar a la seguridad p鷅lica.

9. Para la instalaci髇 o explotaci髇 de las estaciones o infraestructuras radioel閏tricas y recursos asociados en dominio privado no podr� exigirse por parte de las Administraciones p鷅licas competentes la obtenci髇 de licencia o autorizaci髇 previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de car醕ter medioambiental ni otras de clase similar o an醠ogas, excepto en edificaciones del patrimonio hist髍ico-art韘tico con la categor韆 de bien de inter閟 cultural declarada por las autoridades competentes o cuando ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, comput醤dose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estaci髇 o instalaci髇 o, trat醤dose de instalaciones de nueva construcci髇, tengan impacto en espacios naturales protegidos.

Para la instalaci髇 o explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas fijas o de estaciones o infraestructuras radioel閏tricas y sus recursos asociados en dominio privado distintas de las se馻ladas en el p醨rafo anterior, no podr� exigirse por parte de las Administraciones p鷅licas competentes la obtenci髇 de licencia o autorizaci髇 previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de car醕ter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o an醠ogas que sujeten a previa autorizaci髇 dicha instalaci髇, en el caso de que el operador haya presentado voluntariamente a la Administraci髇 P鷅lica competente para el otorgamiento de la licencia o autorizaci髇 un plan de despliegue o instalaci髇 de red de comunicaciones electr髇icas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administraci髇.

Para la instalaci髇 y despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados que deban realizarse en dominio p鷅lico, las Administraciones p鷅licas podr醤 establecer, cada una en el 醡bito exclusivo de sus competencias y para todos o algunos de los casos, que la tramitaci髇 se realice mediante declaraci髇 responsable o comunicaci髇 previa.

Los planes de despliegue o instalaci髇 son documentos de car醕ter descriptivo e informativo, no debiendo tener un grado de detalle propio de un proyecto t閏nico y su presentaci髇 es potestativa para los operadores. Su contenido se considera confidencial.

En el plan de despliegue o instalaci髇, el operador efectuar� una mera previsi髇 de los supuestos en los que se pueden efectuar despliegues a閞eos o por fachadas de cables y equipos en los t閞minos indicados en el apartado anterior.

Este plan de despliegue o instalaci髇 a presentar por el operador se sujetar� al contenido y deber� respetar las condiciones t閏nicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

El plan de despliegue o instalaci髇 de red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas se entender� aprobado si, transcurrido el plazo m醲imo de tres meses desde su presentaci髇, la Administraci髇 P鷅lica competente no ha dictado resoluci髇 expresa. La Administraci髇 P鷅lica competente podr� fijar un plazo de resoluci髇 inferior.

Tanto para la aprobaci髇 de un plan de despliegue o instalaci髇 como para el otorgamiento, en su caso, de una autorizaci髇 o licencia, la Administraci髇 competente s髄o podr� exigir al operador documentaci髇 asociada a su 醡bito competencial, que sea razonable y proporcional al fin perseguido y que no se encuentre ya en poder de la propia administraci髇.

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los p醨rafos anteriores, no puedan ser exigidas, ser醤 sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deber� estar en posesi髇 del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La declaraci髇 responsable deber� contener una manifestaci髇 expl韈ita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesi髇 de la documentaci髇 que as� lo acredite.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estaci髇 radioel閏trica, las declaraciones responsables se tramitar醤 conjuntamente siempre que ello resulte posible.

La presentaci髇 de la declaraci髇 responsable, con el consiguiente efecto de habilitaci髇 a partir de ese momento para ejecutar la instalaci髇, no prejuzgar� en modo alguno la situaci髇 y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estaci髇 radioel閏trica a la normativa aplicable, ni limitar� el ejercicio de las potestades administrativas de comprobaci髇, inspecci髇, sanci髇, y, en general, de control que a la Administraci髇 en cualquier orden, estatal, auton髆ico o local, le est閚 atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

La inexactitud, falsedad u omisi髇, de car醕ter esencial, en cualquier dato, manifestaci髇 o documento que se acompa馿 o incorpore a una declaraci髇 responsable, o la no presentaci髇 de la declaraci髇 responsable determinar� la imposibilidad de explotar la instalaci髇 y, en su caso, la obligaci髇 de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Reglamentariamente se establecer醤 los elementos de la declaraci髇 responsable que tendr醤 dicho car醕ter esencial.

10. Para la instalaci髇 o explotaci髇 de los puntos de acceso inal醡brico para peque馻s 醨eas y sus recursos asociados, en los t閞minos definidos por la normativa europea, no se requerir� ning鷑 tipo de concesi髇, autorizaci髇 o licencia nueva o modificaci髇 de la existente o declaraci髇 responsable o comunicaci髇 previa a las Administraciones p鷅licas competentes por razones de ordenaci髇 del territorio o urbanismo, salvo en los supuestos de edificios o lugares de valor arquitect髇ico, hist髍ico o natural que est閚 protegidos de acuerdo con la legislaci髇 nacional o, en su caso, por motivos de seguridad p鷅lica o seguridad nacional.

La instalaci髇 de los puntos de acceso inal醡brico para peque馻s 醨eas y sus recursos asociados no est� sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administraci髇 P鷅lica, excepto la tasa general de operadores y sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 52.

11. En el caso de que sobre una infraestructura de red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas, fija o m髒il, incluidas las estaciones radioel閏tricas de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados, ya est� ubicada en dominio p鷅lico o privado, se realicen actuaciones de innovaci髇 tecnol骻ica o adaptaci髇 t閏nica que supongan la incorporaci髇 de nuevo equipamiento o la realizaci髇 de emisiones radioel閏tricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnolog韆s, sin cambiar la ubicaci髇 de los elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y m醩til, no se requerir� ning鷑 tipo de concesi髇, autorizaci髇 o licencia nueva o modificaci髇 de la existente o declaraci髇 responsable o comunicaci髇 previa a las Administraciones p鷅licas competentes por razones de ordenaci髇 del territorio, urbanismo, dominio p鷅lico hidr醬lico, de carreteras o medioambientales, siempre y cuando no suponga un riesgo estructural para la infraestructura sobre la que se asienta la red.

12. Cuando las Administraciones p鷅licas elaboren proyectos que impliquen la variaci髇 en la ubicaci髇 de una infraestructura o un elemento de la red de transmisi髇 de comunicaciones electr髇icas, deber醤 dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las alegaciones pertinentes sobre los aspectos t閏nicos, econ髆icos y de cualquier otra 韓dole respecto a la variaci髇 proyectada.

13. Si las Administraciones p鷅licas reguladoras o titulares del dominio p鷅lico ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico, deber醤 mantener una separaci髇 estructural entre dichos operadores y los 髍ganos encargados de la regulaci髇 y gesti髇 de los derechos de utilizaci髇 del dominio p鷅lico correspondiente.

Art韈ulo 50 Mecanismos de colaboraci髇 entre el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y las Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y las Administraciones p鷅licas tienen los deberes de rec韕roca informaci髇 y de colaboraci髇 y cooperaci髇 mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulaci髇 y que puedan afectar a las telecomunicaciones, seg鷑 lo establecido por el ordenamiento vigente.

Esta colaboraci髇 se articular�, entre otros, a trav閟 de los mecanismos establecidos en los siguientes apartados, que podr醤 ser complementados mediante acuerdos de coordinaci髇 y cooperaci髇 entre el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y las Administraciones p鷅licas competentes, garantizando en todo caso un tr醡ite de audiencia para los interesados.

2. Los 髍ganos encargados de los procedimientos de aprobaci髇, modificaci髇 o revisi髇 de los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica que afecten a la instalaci髇 o explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados deber醤 recabar el oportuno informe del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. Dicho informe versar� sobre la adecuaci髇 de dichos instrumentos de planificaci髇 con la presente ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas en el 醡bito territorial a que se refieran.

El referido informe preceptivo ser� previo a la aprobaci髇 del instrumento de planificaci髇 de que se trate y tendr� car醕ter vinculante en lo que se refiere a su adecuaci髇 a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al r間imen jur韉ico de las telecomunicaciones establecido por la presente ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, debiendo se馻lar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese car醕ter vinculante.

El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital emitir� el informe en un plazo m醲imo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, transcurrido dicho plazo, el informe se entender� emitido con car醕ter favorable y podr� continuarse con la tramitaci髇 del instrumento de planificaci髇.

A falta de solicitud del preceptivo informe, no podr� aprobarse el correspondiente instrumento de planificaci髇 territorial o urban韘tica en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.

En el caso de que el informe no sea favorable, los 髍ganos encargados de la tramitaci髇 de los procedimientos de aprobaci髇, modificaci髇 o revisi髇 de los instrumentos de planificaci髇 territorial o urban韘tica dispondr醤 de un plazo m醲imo de un mes, a contar desde la recepci髇 del informe, para remitir al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio ambiente, salud p鷅lica, seguridad p鷅lica u ordenaci髇 urbana y territorial.

El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, a la vista de las alegaciones presentadas, emitir� un nuevo informe en el plazo m醲imo de un mes a contar desde la recepci髇 de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, transcurrido dicho plazo, el informe se entender� emitido con car醕ter favorable y podr� continuarse con la tramitaci髇 del instrumento de planificaci髇. El informe tiene car醕ter vinculante, de forma que si el informe vuelve a ser no favorable, no podr� aprobarse el correspondiente instrumento de planificaci髇 territorial o urban韘tica en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.

3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital se podr� establecer la forma en que han de solicitarse los informes a que se refiere el apartado anterior y la informaci髇 a facilitar por parte del 髍gano solicitante, en funci髇 del tipo de instrumento de planificaci髇 territorial o urban韘tica, pudiendo exigirse a las Administraciones p鷅licas competentes su tramitaci髇 por v韆 electr髇ica.

4. En la medida en que la instalaci髇 y despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados constituyen obras de inter閟 general, el conjunto de Administraciones p鷅licas tiene la obligaci髇 de facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electr髇icas en su 醡bito territorial, para lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de rec韕roca informaci髇 y de colaboraci髇 y cooperaci髇 mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias.

En defecto de acuerdo entre las Administraciones p鷅licas, cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, y siempre y cuando se cumplan los par醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas establecidos en el apartado 5 del art韈ulo 49, el Consejo de Ministros podr� autorizar la ubicaci髇 o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electr髇icas, en cuyo caso la Administraci髇 P鷅lica competente deber� incorporar necesariamente en sus respectivos instrumentos de ordenaci髇 las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aqu閘las, salvo que est� plenamente justificada su imposibilidad por razones de medio ambiente u ordenaci髇 urbana y territorial, o por su ubicaci髇 en edificaciones afectas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyo caso deber� ir acompa馻do de las alternativas oportunas, factibles y viables que permitan el despliegue efectivo de la red y garantizar en la pr醕tica el derecho de ocupaci髇 de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

5. La tramitaci髇 por la Administraci髇 P鷅lica competente de una medida cautelar que impida o paralice o de una resoluci髇 que deniegue o imposibilite la instalaci髇 de la infraestructura de red o recursos asociados que cumpla los par醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr髇icas establecidos en el apartado 5 del art韈ulo 49, excepto en edificaciones del patrimonio hist髍ico-art韘tico con la categor韆 de bien de inter閟 cultural, ser� objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, que dispone del plazo m醲imo de un mes para su emisi髇 y que ser� evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una soluci髇 negociada con los 髍ganos encargados de la tramitaci髇 de la citada medida o resoluci髇.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, transcurrido dicho plazo, el informe se entender� emitido con car醕ter favorable y podr� continuarse con la tramitaci髇 de la medida o resoluci髇.

A falta de solicitud del preceptivo informe, as� como en el supuesto de que el informe no sea favorable, no se podr� aprobar la medida o resoluci髇.

6. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital promover� con la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito estatal con mayor implantaci髇 la elaboraci髇 de un modelo tipo de declaraci髇 responsable a que se refiere el apartado 9 del art韈ulo 49.

7. Igualmente, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital aprobar� recomendaciones para la elaboraci髇 por parte de las Administraciones p鷅licas competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente secci髇, que podr醤 contener modelos de ordenanzas municipales elaborados conjuntamente con la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito estatal con mayor implantaci髇. En el caso de municipios se podr� reemplazar la solicitud de informe a que se refiere el apartado 2 de este art韈ulo por la presentaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital del proyecto de instrumento acompa馻do de la declaraci髇 del Alcalde del municipio acreditando el cumplimiento de dichas recomendaciones.

8. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital crear� un punto de gesti髇 鷑ico a trav閟 del cual los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico acceder醤 por v韆 electr髇ica a toda la informaci髇 relativa sobre las condiciones y procedimientos aplicables para la instalaci髇 y despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados, as� como a la informaci髇 para el cumplimiento de las obligaciones tributarias espec韋icas de 醡bito auton髆ico y local, a trav閟 de los enlaces de las administraciones correspondientes.

Las Comunidades Aut髇omas y las Corporaciones Locales podr醤, mediante la suscripci髇 del oportuno convenio de colaboraci髇 con el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, adherirse al punto de gesti髇 鷑ico, en cuyo caso, los operadores de comunicaciones electr髇icas deber醤 presentar en formato electr髇ico a trav閟 de dicho punto las declaraciones responsables a que se refiere el apartado 5 del art韈ulo 49 y permisos de toda 韓dole para el despliegue de dichas redes que vayan dirigidas a la respectiva Comunidad Aut髇oma o Corporaci髇 Local. En el 醡bito tributario, el punto de gesti髇 鷑ico permitir� la conexi髇 con la sede electr髇ica de dichas Administraciones, al objeto de que se pueda disponer de informaci髇 de manera centralizada, m醩 simplificada, accesible y eficiente, por parte de los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias espec韋icas en los 醡bitos auton髆ico y local, sin perjuicio de las competencias que, en el 醡bito de aplicaci髇 de los tributos, corresponden a las citadas administraciones.

El punto de gesti髇 鷑ico ser� gestionado por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y ser� el encargado de remitir a la Comunidad Aut髇oma o Corporaci髇 Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones responsables y solicitudes para la instalaci髇 y despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas y sus recursos asociados que les hayan presentado los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas.

El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, las Comunidades Aut髇omas y la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito estatal con mayor implantaci髇 fomentar醤 el uso de este punto de gesti髇 鷑ico por el conjunto de las Administraciones p鷅licas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la interlocuci髇 de los operadores con la Administraci髇 y simplificar el cumplimiento de los tr醡ites administrativos.

Art韈ulo 51 Previsi髇 de infraestructuras de comunicaciones electr髇icas en proyectos de urbanizaci髇 y en obras civiles financiadas con recursos p鷅licos

1. Cuando se acometan proyectos de urbanizaci髇, el proyecto t閏nico de urbanizaci髇 deber� ir acompa馻do de un proyecto espec韋ico de telecomunicaciones que deber� prever la instalaci髇 de infraestructura de obra civil para facilitar la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, pudiendo incluir adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los t閞minos que determine la normativa t閏nica de telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este art韈ulo.

Las infraestructuras que se instalen para facilitar la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas conforme al p醨rafo anterior formar醤 parte del conjunto resultante de las obras de urbanizaci髇 y pasar醤 a integrarse en el dominio p鷅lico municipal. La Administraci髇 P鷅lica titular de dicho dominio p鷅lico pondr� tales infraestructuras a disposici髇 de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminaci髇.

Mediante real decreto se establecer� el dimensionamiento y caracter韘ticas t閏nicas m韓imas que habr醤 de reunir estas infraestructuras.

2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos p鷅licos se prever�, en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la instalaci髇 de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, que se pondr醤 a disposici髇 de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminaci髇.

Art韈ulo 52 Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas

1. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas podr醤 acceder a las infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas para la instalaci髇 o explotaci髇 de redes de alta y muy alta capacidad, en los t閞minos indicados en el presente art韈ulo.

2. Cuando un operador que instale o explote redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas realice una solicitud razonable de acceso a una infraestructura f韘ica a alguno de los sujetos obligados, 閟te estar� obligado a atender y negociar dicha solicitud de acceso, en condiciones equitativas y razonables, en particular, en cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad.

No se estar� obligado a negociar el acceso en relaci髇 con aquellas infraestructuras vinculadas con la seguridad nacional, la defensa nacional o la seguridad p鷅lica, o cuando tengan la consideraci髇 de cr韙icas en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protecci髇 de las infraestructuras cr韙icas. En este 鷏timo caso, para la negociaci髇 del acceso a dichas infraestructuras ser� preceptivo el informe de la Secretar韆 de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

3. Son sujetos obligados los siguientes propietarios, gestores o titulares de derechos de utilizaci髇 de infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas de alta o muy alta capacidad:

• a) operadores de redes que proporcionen una infraestructura f韘ica destinada a prestar un servicio de producci髇, transporte o distribuci髇 de:
  • 1.� gas;
  • 2.� electricidad, incluida la iluminaci髇 p鷅lica;
  • 3.� calefacci髇;
  • 4.� agua, incluidos los sistemas de saneamiento: evacuaci髇 o tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se incluye dentro de esta definici髇 a los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, definida esta 鷏tima seg鷑 lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano;
• b) operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico;
• c) empresas que proporcionen infraestructuras f韘icas destinadas a prestar servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gesti髇 de infraestructuras de transporte de competencia estatal;
• d) las Administraciones p鷅licas titulares de infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas.

Los sujetos obligados deber醤 atender y negociar las solicitudes de acceso a su infraestructura f韘ica al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas de alta o muy alta capacidad. En los casos en que la solicitud de acceso se produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a un operador de comunicaciones electr髇icas sujeto a obligaciones motivadas por los art韈ulos 17 y 18, el acceso a dichas infraestructuras f韘icas ser� coherente con tales obligaciones y la introducci髇 de procedimientos y tareas nuevas se basar� en las ya existentes.

4. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas de alta o muy alta capacidad se entiende cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuber韆s, m醩tiles, conductos, c醡aras de acceso, bocas de inspecci髇, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, as� como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, no son infraestructura f韘ica en el sentido de este art韈ulo.

5. En particular, se garantiza que los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas tengan derecho a acceder, en los t閞minos establecidos en la normativa europea, a cualquier infraestructura f韘ica controlada por las Administraciones p鷅licas que sea t閏nicamente apta para acoger puntos de acceso inal醡brico para peque馻s 醨eas o que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, se馻les viales, sem醘oros, vallas publicitarias, paradas de autob鷖 y de tranv韆 y estaciones de metro. Las autoridades p鷅licas satisfar醤 todas las solicitudes razonables de acceso en el marco de unas condiciones justas, razonables, transparentes y no discriminatorias, que ser醤 hechas p鷅licas en el punto de informaci髇 鷑ico a que se refiere el apartado 13 de este art韈ulo.

6. El acceso a dichas infraestructuras para la instalaci髇 o explotaci髇 de una red no podr� ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitaci髇.

Las Administraciones p鷅licas titulares de las infraestructuras a las que se hace referencia en este art韈ulo tendr醤 derecho a establecer las compensaciones econ髆icas que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores.

7. Cualquier denegaci髇 de acceso deber� justificarse de manera clara al solicitante, en el plazo m醲imo de dos meses a partir de la fecha de recepci髇 de la solicitud de acceso completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta. La denegaci髇 deber� basarse en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:

• a) la falta de idoneidad t閏nica de la infraestructura f韘ica a la que se ha solicitado acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad. Los motivos de denegaci髇 basados en la falta de adecuaci髇 t閏nica de la infraestructura ser醤 determinadas por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital mediante orden, previo informe del departamento ministerial con competencia sectorial sobre dicha infraestructura;
• b) la falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, incluidas las futuras necesidades de espacio del sujeto obligado, siempre y cuando esto quede suficientemente demostrado;
• c) los riesgos para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad p鷅lica, la salud p鷅lica, la seguridad vial o la protecci髇 civil;
• d) los riesgos para la integridad y la seguridad de una red, en particular de las infraestructuras nacionales cr韙icas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este art韈ulo;
• e) los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electr髇icas previstos con la prestaci髇 de otros servicios a trav閟 de la misma infraestructura f韘ica;
• f) la disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red f韘ica al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el suministro de redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, siempre que dicho acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables;
• g) garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestaci髇 de los servicios p鷅licos o de car醕ter p鷅lico que en dichas infraestructuras realiza su Administraci髇 P鷅lica titular.

8. Cualquiera de las partes podr� plantear un conflicto ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el apartado anterior, no se llegue a un acuerdo sobre las condiciones en las que debe producirse el mismo, incluidos los precios. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptar�, en el plazo m醲imo de cuatro meses desde la recepci髇 de toda la informaci髇, una decisi髇 para resolverlo, incluida la fijaci髇 de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.

9. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura f韘ica de conformidad con lo dispuesto en este art韈ulo, los operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito en la que se especifique la zona en la que tienen intenci髇 de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad a la siguiente informaci髇 m韓ima relativa a las infraestructuras f韘icas existentes de cualquiera de los sujetos obligados:

• a) localizaci髇 y trazado de la infraestructura;
• b) tipo y utilizaci髇 de la misma, describiendo su grado de ocupaci髇 actual;
• c) punto de contacto al que dirigirse.

10. Los sujetos obligados tienen la obligaci髇 de atender las solicitudes de informaci髇 m韓ima relativa a las infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electr髇icas, otorgando el acceso a dicha informaci髇 en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepci髇 de la solicitud.

Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligaci髇 de atender las solicitudes razonables de realizaci髇 de estudios sobre el terreno de elementos espec韋icos de sus infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electr髇icas.

El acceso a la informaci髇 m韓ima podr� estar limitado si es necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad p鷅lica, en el caso de infraestructuras cr韙icas o por motivos de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.

11. Las solicitudes de informaci髇 m韓ima y las solicitudes de estudios sobre el terreno podr醤 ser denegadas de manera justificada, en el caso de infraestructuras nacionales cr韙icas o de infraestructuras que no se consideren t閏nicamente adecuadas para el despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, as� como por motivos de seguridad nacional, defensa nacional, seguridad y salud p鷅lica.

12. Cualquiera de las partes podr� plantear los conflictos que pudieran surgir en relaci髇 con las solicitudes de informaci髇 m韓ima y las solicitudes de estudios sobre el terreno, ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolver� la diferencia en un plazo m醲imo de dos meses desde la recepci髇 de toda la informaci髇.

13. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital gestionar� a trav閟 del punto de informaci髇 鷑ico la informaci髇 en materia de infraestructuras existentes. Mediante el punto de informaci髇 鷑ico los sujetos obligados podr醤 poner a disposici髇 de los operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, informaci髇 relativa a sus infraestructuras susceptibles de alojar redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad en particular, su ubicaci髇 detallada.

14. Mediante real decreto se desarrollar� lo establecido en este art韈ulo, atendiendo a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta velocidad.

15. Lo previsto en este art韈ulo se entender� sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. Los operadores que suministren redes de comunicaciones electr髇icas que obtengan acceso a informaci髇 en virtud del presente art韈ulo adoptar醤 las medidas adecuadas para garantizar el respeto de la confidencialidad y el secreto comercial u operativo.

Art韈ulo 53 Coordinaci髇 de obras civiles

1. Todo sujeto obligado, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 52, tendr� derecho a negociar acuerdos relativos a la coordinaci髇 de obras civiles con operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad.

2. Los sujetos obligados que realicen directa o indirectamente obras civiles, total o parcialmente financiadas con recursos p鷅licos deber醤 atender y negociar las solicitudes de coordinaci髇 de dichas obras civiles, al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad.

3. A tal fin, cuando un operador que instale o explote redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico realice una solicitud razonable de coordinaci髇 de las obras a las que se refiere el apartado anterior con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, los sujetos obligados atender醤 dicha solicitud en condiciones transparentes y no discriminatorias.

4. Las obligaciones establecidas en el presente art韈ulo no se aplicar醤 en relaci髇 con las infraestructuras nacionales cr韙icas y con las obras civiles de importancia insignificante.

5. Cuando en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepci髇 de la solicitud formal de coordinaci髇 de obras civiles no se haya conseguido un acuerdo, cualquiera de las partes, sin perjuicio del sometimiento de la cuesti髇 a los tribunales, podr� plantear el conflicto ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptar�, en el plazo m醲imo de dos meses desde la recepci髇 de toda la informaci髇, una decisi髇 para resolver el conflicto, incluida la fijaci髇 de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.

6. A fin de negociar los acuerdos relativos a la coordinaci髇 de obras civiles a que hace referencia este art韈ulo, los operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito, en la que se especifique la zona en la que tienen intenci髇 de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, a la siguiente informaci髇 m韓ima relativa a las obras civiles relacionadas con la infraestructura f韘ica de los sujetos obligados, que est閚 en curso, para las que se haya presentado solicitud de permiso y a鷑 no haya sido concedido o para las que se prevea realizar la primera presentaci髇 de solicitud de permiso, licencia o de la documentaci髇 que la sustituya ante las autoridades competentes en los seis meses siguientes a la presentaci髇 de la solicitud de coordinaci髇:

• a) localizaci髇 y tipo de obra;
• b) elementos de la red implicados;
• c) fecha prevista de inicio de las obras y duraci髇 de estas, y
• d) punto de contacto al que dirigirse.

7. Los sujetos obligados tienen la obligaci髇 de atender las solicitudes de informaci髇 m韓ima relativa a las obras civiles en curso o previstas, otorgando el acceso a dicha informaci髇, en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepci髇 de la solicitud.

8. Los sujetos obligados podr醤 limitar el acceso a la informaci髇 m韓ima si es necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad p鷅lica, de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.

9. Cualquiera de las partes podr� plantear los conflictos que pudieran surgir en relaci髇 con las solicitudes de informaci髇 m韓ima relativa a las obras civiles, ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolver� la diferencia en un plazo m醲imo de dos meses desde la recepci髇 de toda la informaci髇.

10. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital gestionar� el punto de informaci髇 鷑ico de coordinaci髇 de obras civiles a trav閟 del cual los operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas podr醤 acceder a la informaci髇 m韓ima contemplada en este art韈ulo.

11. Mediante real decreto se desarrollar� lo establecido en este art韈ulo, atendiendo a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta velocidad.

12. Lo establecido en el presente art韈ulo se entender� sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 51.2 o de cualquier obligaci髇 de reservar capacidad para el despliegue de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, independientemente de la existencia o no de solicitudes de coordinaci髇 de obra civil y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia.

Art韈ulo 54 Acceso o uso de las redes de comunicaciones electr髇icas titularidad de los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal

1. Los 髍ganos o entes pertenecientes a la Administraci髇 General del Estado as� como cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gesti髇 de infraestructuras de transporte de competencia estatal que presten, directamente o a trav閟 de entidades o sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electr髇icas o comercialicen la explotaci髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, negociar醤 con los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas interesados en el acceso o uso de las redes de comunicaciones electr髇icas de las que aquellos sean titulares.

2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que se garantice al menos la recuperaci髇 de coste de las inversiones y su operaci髇 y mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos 髍ganos o entes, sin que en ning鷑 caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o uso a dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electr髇icas. En todo caso, deber� preservarse la seguridad de las infraestructuras de transporte en las que est醤 instaladas las redes de comunicaciones electr髇icas a que se refiere este art韈ulo y de los servicios que en dichas infraestructuras se prestan.

3. Las partes acordar醤 libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere este art韈ulo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. Cualquiera de las partes podr� presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictar� resoluci髇 vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resoluci髇 definitiva.

Art韈ulo 55 Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electr髇icas en los edificios

1. Mediante real decreto se desarrollar� la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electr髇icas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios. Dicho real decreto determinar�, tanto el punto de interconexi髇 de la red interior con las redes p鷅licas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo, regular� las garant韆s aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones electr髇icas, y el r間imen de instalaci髇 de 閟tas en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.

2. La normativa t閏nica b醩ica de edificaci髇 que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deber� tomar en consideraci髇 las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electr髇icas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas infraestructuras por aqu閘los.

3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones electr髇icas promover� la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducci髇 de aquellas tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones y el 獻nternet de las Cosas� que favorezcan su eficiencia energ閠ica, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantaci髇 progresiva en Espa馻 del edificio sostenible y conectado con unidades de convivencia superiores y del concepto de hogar digital.

4. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital crear� y mantendr� un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario ser� puesto a disposici髇 de los operadores y de las empresas instaladoras de telecomunicaci髇.

5. Los operadores podr醤 instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad as� como sus recursos asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que est閚 acogidos, o deban acogerse, al r間imen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un a駉, salvo los que alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.

En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura com鷑 de comunicaciones electr髇icas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso a las redes fijas de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad, dicha instalaci髇 podr� realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificaci髇. En los casos en los que no sea posible realizar la instalaci髇 en el interior de la edificaci髇 o finca por razones t閏nicas o econ髆icas, la instalaci髇 podr� realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones.

El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere el presente apartado, deber� comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con una descripci髇 de la actuaci髇 que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalaci髇. El formato, contenido, y plazos formales de presentaci髇 tanto de la comunicaci髇 escrita como de la descripci髇 de actuaci髇 referidos en el presente p醨rafo ser醤 determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponder� al operador acreditar que la comunicaci髇 escrita ha sido entregada.

La instalaci髇 no podr� realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicaci髇 se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio est� interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestaci髇, la instalaci髇 de una infraestructura com鷑 de comunicaciones electr髇icas en el interior del edificio o la adaptaci髇 de la previamente existente que permita dicho acceso de alta o muy alta capacidad. Transcurrido el plazo de un mes antes se馻lado desde que la comunicaci髇 se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestaci髇 sin que se haya realizado la instalaci髇 de la infraestructura com鷑 de comunicaciones electr髇icas, el operador estar� habilitado para iniciar la instalaci髇 de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien ser� necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el d韆 de inicio de la instalaci髇.

El procedimiento del p醨rafo anterior no ser� aplicable al operador que se proponga instalar los tramos finales de redes fijas de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que otro operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos casos, sean edificaciones o fincas sujetas al r間imen de propiedad horizontal o no, en los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalaci髇 que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa econ髆icamente eficiente y t閏nicamente viable que quede justificada, en cuyo caso la comunidad de propietarios o el propietario no podr� denegar al operador la instalaci髇 de los tramos finales en el edificio, ni podr� denegar la instalaci髇 del tramo de red necesario para dar continuidad de la red hacia los edificios o fincas colindantes. En ambos supuestos deber� existir, en todo caso, una comunicaci髇 previa m韓ima de un mes de antelaci髇 del operador a la comunidad de propietarios o al propietario junto con una descripci髇 de la actuaci髇 que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalaci髇.

En todo caso, ser� necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el d韆 de inicio de la instalaci髇.

6. Los operadores ser醤 responsables de cualquier da駉 que inflijan en las edificaciones o fincas como consecuencia de las actividades de instalaci髇 de las redes y recursos asociados a que se refiere el apartado anterior.

7. Por orden del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital se determinar醤 los aspectos t閏nicos que deben cumplir los operadores en la instalaci髇 de los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electr髇icas de alta y muy alta capacidad as� como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el apartado 5 de este art韈ulo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la instalaci髇 de las redes y facilitar el despliegue de las redes por los distintos operadores.

8. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer, previa solicitud razonable o de oficio, a los operadores y a los propietarios de los correspondientes cables o recursos asociados cuando estos propietarios no sean operadores, previo tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias relativas al acceso o utilizaci髇 compartida de los tramos finales de las redes de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentraci髇 o distribuci髇 ubicado en su exterior, cuando la duplicaci髇 de esta infraestructura sea econ髆icamente ineficiente o f韘icamente inviable. Las condiciones impuestas podr醤 incluir normas espec韋icas sobre el acceso a dichos elementos de redes y a los recursos y servicios asociados, transparencia y no discriminaci髇, as� como de prorrateo de los costes de acceso, los cuales, en su caso, se ajustar醤 para tener en cuenta los factores de riesgo.

Cuando la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia concluya, habida cuenta en su caso de las obligaciones resultantes de cualquier an醠isis de mercado pertinente, que las obligaciones impuestas en virtud de lo dispuesto en el p醨rafo anterior no resuelven de modo suficiente barreras f韘icas o econ髆icas importantes y no transitorias a la replicaci髇 subyacente a una situaci髇 existente o incipiente en el mercado que limitan significativamente los resultados de competitividad para los usuarios finales, podr� ampliar la imposici髇 de dichas obligaciones de acceso, en condiciones justas y razonables, m醩 all� del primer punto de concentraci髇 o distribuci髇 hasta un punto que considere es el m醩 pr髕imo a los usuarios finales que pueda acoger un n鷐ero de conexiones de usuarios finales suficiente como para ser viable comercialmente para los solicitantes de acceso eficientes. Al determinar la extensi髇 de la ampliaci髇 m醩 all� del primer punto de concentraci髇 o de distribuci髇, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tendr� en cuenta en la mayor medida posible las correspondientes directrices del ORECE. Si ello se justifica por motivos t閏nicos o econ髆icos, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer unas obligaciones de acceso activas o virtuales.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia no impondr� las obligaciones mencionadas en el p醨rafo anterior en cualquiera de los siguientes supuestos:

• a) el operador sea exclusivamente mayorista y pone a disposici髇 de cualquier operador unos medios de acceso a los usuarios finales alternativos, viables y similares en condiciones justas, no discriminatorias y razonables a una red de muy alta capacidad. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� hacer extensiva esta exenci髇 a otros operadores que ofrezcan, en condiciones justas, no discriminatorias y razonables, acceso a una red de muy alta capacidad. Esta exenci髇 no podr� aplicarse cuando las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas sean o hayan sido financiadas p鷅licamente;
• b) se ponga en peligro la viabilidad econ髆ica o financiera de un nuevo despliegue de redes, en particular mediante proyectos locales de menor dimensi髇.

Art韈ulo 56 Salvaguardia de derechos fundamentales

1. Las medidas que se adopten en relaci髇 al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a trav閟 de redes de comunicaciones electr髇icas respetar醤 los derechos y libertades fundamentales, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, en los principios generales del Derecho comunitario y en la Constituci髇 Espa駉la.

2. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a trav閟 de redes de comunicaciones electr髇icas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podr� imponerse si es adecuada, necesaria y proporcionada en una sociedad democr醫ica, y su aplicaci髇 est� sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con las normas mencionadas en el apartado anterior. Por tanto, dichas medidas solo podr醤 ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunci髇 de inocencia, el derecho a la vida privada e intimidad, el derecho a la libertad de expresi髇 e informaci髇 y el derecho a la tutela judicial efectiva, a trav閟 de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluir� el derecho de los interesados a ser o韉os, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los requisitos procedimentales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea.

Art韈ulo 57 Principio de no discriminaci髇

Los operadores que instalen o exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico no aplicar醤 a los usuarios finales ning鷑 requisito diferente ni condiciones generales de acceso o uso de redes o servicios ni de utilizaci髇 de los mismos por motivos relacionados con la nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento del usuario final, a menos que dicho trato diferente se justifique de forma objetiva.

Art韈ulo 58 Secreto de las comunicaciones

1. Los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico deber醤 garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los art韈ulos 18.3 y 55.2 de la Constituci髇, debiendo adoptar las medidas t閏nicas necesarias.

2. Los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeraci髇 disponibles al p鷅lico o servicios de acceso a internet est醤 obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen judicialmente de acuerdo con lo establecido en el cap韙ulo V del t韙ulo VIII del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Org醤ica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley org醤ica. Asimismo, deber醤 adoptar a su costa las medidas que se establecen en este art韈ulo y en los reglamentos correspondientes.

3. La interceptaci髇 a que se refiere el apartado anterior deber� facilitarse para cualquier comunicaci髇 que tenga como origen o destino el punto de terminaci髇 de red o el terminal espec韋ico que se determine a partir de la orden de interceptaci髇 legal, incluso aunque est� destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la informaci髇; asimismo, la interceptaci髇 podr� realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicaci髇 temporal para comunicaciones desde locales p鷅licos. Cuando no exista una vinculaci髇 fija entre el sujeto de la interceptaci髇 y el terminal utilizado, 閟te podr� ser determinado din醡icamente cuando el sujeto de la interceptaci髇 lo active para la comunicaci髇 mediante un c骴igo de identificaci髇 personal.

4. El acceso se facilitar� para todo tipo de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico distintas de las comunicaciones interpersonales independientes de la numeraci髇, en particular, por su penetraci髇 y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefon韆 y de transmisi髇 de datos, se trate de comunicaciones de v韉eo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisi髇 de facs韒iles.

El acceso facilitado servir� tanto para la supervisi髇 como para la transmisi髇 a los centros de recepci髇 de las interceptaciones de la comunicaci髇 electr髇ica interceptada y la informaci髇 relativa a la interceptaci髇, y permitir� obtener la se馻l con la que se realiza la comunicaci髇.

5. Los sujetos obligados deber醤 facilitar al agente facultado, salvo que por las caracter韘ticas del servicio no est閚 a su disposici髇, los datos indicados en la orden de interceptaci髇 legal, de entre los que se relacionan a continuaci髇:

• a) identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptaci髇.

  Se entiende por identidad: etiqueta t閏nica que puede representar el origen o el destino de cualquier tr醘ico de comunicaciones electr髇icas, en general identificada mediante un n鷐ero de identidad de comunicaciones electr髇icas f韘ico (tal como un n鷐ero de tel閒ono) o un c骴igo de identidad de comunicaciones electr髇icas l骻ico o virtual (tal como un n鷐ero personal) que el abonado puede asignar a un acceso f韘ico caso a caso.

  Los sujetos obligados proporcionar醤, cuando t閏nicamente sea posible, los identificadores permanentes que sean necesarios para la atribuci髇 de un servicio a un usuario determinado de forma inequ韛oca, as� como los identificadores del dispositivo empleado para la comunicaci髇.

  Si en una comunicaci髇 electr髇ica se asignaran identidades de car醕ter temporal al usuario, el sujeto obligado implementar�, cuando t閏nicamente sea posible, las medidas de correlaci髇 necesarias para que en la informaci髇 de la interceptaci髇 se faciliten las identidades permanentes que permitan la identificaci髇 inequ韛oca del usuario asignado, as� como del dispositivo empleado en la comunicaci髇.

• b) identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicaci髇 electr髇ica;
• c) servicios b醩icos utilizados;
• d) servicios suplementarios utilizados;
• e) direcci髇 de la comunicaci髇;
• f) indicaci髇 de respuesta;
• g) causa de finalizaci髇;
• h) marcas temporales;
• i) informaci髇 de localizaci髇;
• j) informaci髇 intercambiada a trav閟 del canal de control o se馻lizaci髇.

6. Adem醩 de la informaci髇 relativa a la interceptaci髇 prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deber醤 facilitar al agente facultado, salvo que por las caracter韘ticas del servicio no est閚 a su disposici髇, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicaci髇 que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:

• a) identificaci髇 de la persona f韘ica o jur韉ica;
• b) domicilio en el que el operador realiza las notificaciones;

  y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los siguientes:

• c) n鷐ero de titular de servicio (tanto el n鷐ero de directorio como todas las identificaciones de comunicaciones electr髇icas del abonado);
• d) n鷐ero de identificaci髇 del terminal;
• e) n鷐ero de cuenta asignada por el proveedor de servicios internet;
• f) direcci髇 de correo electr髇ico.

7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deber醤 facilitar, salvo que por las caracter韘ticas del servicio no est� a su disposici髇, informaci髇 de la situaci髇 geogr醘ica del terminal o punto de terminaci髇 de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios m髒iles, se proporcionar� una posici髇 lo m醩 exacta posible del punto de comunicaci髇 y, en todo caso, la identificaci髇, localizaci髇 y tipo de la estaci髇 base afectada.

8. Los sujetos obligados deber醤 facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los apartados 5, 6 y 7 de este art韈ulo, s髄o aqu閘los que est閚 incluidos en la orden de interceptaci髇 legal.

9. Con car醕ter previo a la ejecuci髇 de la orden de interceptaci髇 legal, los sujetos obligados deber醤 facilitar al agente facultado informaci髇 sobre los servicios y caracter韘ticas del sistema de telecomunicaci髇 que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptaci髇 y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus n鷐eros de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas f韘icas, o denominaci髇 y n鷐ero de identificaci髇 fiscal en el caso de personas jur韉icas.

10. Los sujetos obligados deber醤 tener en todo momento preparadas una o m醩 interfaces a trav閟 de las cuales las comunicaciones electr髇icas interceptadas y la informaci髇 relativa a la interceptaci髇 se transmitir醤 a los centros de recepci髇 de las interceptaciones. Las caracter韘ticas de estas interfaces y el formato para la transmisi髇 de las comunicaciones interceptadas a estos centros estar醤 sujetas a las especificaciones t閏nicas que se establezcan por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.

11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptaci髇 legal alg鷑 procedimiento de compresi髇, cifrado, digitalizaci髇 o cualquier otro tipo de codificaci髇, deber醤 entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.

Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepci髇 de las interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicaci髇.

Art韈ulo 59 Interceptaci髇 de las comunicaciones electr髇icas por los servicios t閏nicos

1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorizaci髇 judicial para la interceptaci髇 de contenidos, cuando para la realizaci髇 de las tareas de control para la eficaz utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico o para la localizaci髇 de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilizaci髇 de equipos, infraestructuras e instalaciones t閏nicas de interceptaci髇 de se馻les no dirigidas al p鷅lico en general, ser� de aplicaci髇 lo siguiente:

• a) la administraci髇 de las telecomunicaciones deber� dise馻r y establecer sus sistemas t閏nicos de interceptaci髇 de se馻les en forma tal que se reduzca al m韓imo el riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones;
• b) cuando, como consecuencia de las interceptaciones t閏nicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que 閟tos aparezcan deber醤 ser custodiados hasta la finalizaci髇, en su caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podr醤 ser objeto de divulgaci髇.

2. Las mismas reglas se aplicar醤 para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas.

3. Lo establecido en este art韈ulo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administraci髇 atribuye el art韈ulo 85.

Art韈ulo 60 Protecci髇 de los datos de car醕ter personal

1. Los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, incluidas las redes p鷅licas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificaci髇 y recopilaci髇 de datos, deber醤 adoptar las medidas t閏nicas y de gesti髇 adecuadas para preservar la seguridad en el suministro de su red o en la prestaci髇 de sus servicios, con el fin de garantizar la protecci髇 de los datos de car醕ter personal. Dichas medidas incluir醤, como m韓imo:

• a) la garant韆 de que s髄o el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la ley;
• b) la protecci髇 de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucci髇 accidental o il韈ita, la p閞dida o alteraci髇 accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelaci髇 no autorizados o il韈itos;
• c) la garant韆 de la aplicaci髇 efectiva de una pol韙ica de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales.

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, en el ejercicio de su competencia de garant韆 de la seguridad en el tratamiento de datos de car醕ter personal, podr� examinar las medidas adoptadas por los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico y podr� formular recomendaciones sobre las mejores pr醕ticas con respecto al nivel de seguridad que deber韆 conseguirse con estas medidas.

2. En caso de que exista un riesgo particular de violaci髇 de la seguridad de la red p鷅lica o del servicio de comunicaciones electr髇icas, el operador que suministre dicha red o preste el servicio de comunicaciones electr髇icas informar� a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.

3. En caso de violaci髇 de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico notificar� sin dilaciones indebidas dicha violaci髇 a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos. Si la violaci髇 de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificar� tambi閚 la violaci髇 al abonado o particular sin dilaciones indebidas.

La notificaci髇 de una violaci髇 de los datos personales a un abonado o particular afectado no ser� necesaria si el operador ha probado a satisfacci髇 de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos que ha aplicado las medidas de protecci髇 tecnol骻ica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violaci髇 de seguridad. Unas medidas de protecci髇 de estas caracter韘ticas podr韆n ser aquellas que convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no est� autorizada a acceder a ellos.

Sin perjuicio de la obligaci髇 del operador de informar a los abonados o particulares afectados, si el operador no ha notificado ya al abonado o al particular la violaci髇 de los datos personales, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr� exigirle que lo haga, una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violaci髇.

En la notificaci髇 al abonado o al particular se describir� al menos la naturaleza de la violaci髇 de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse m醩 informaci髇 y se recomendar醤 medidas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violaci髇. En la notificaci髇 a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos se describir醤 adem醩 las consecuencias de la violaci髇 y las medidas propuestas o adoptadas por el operador respecto a la violaci髇 de los datos personales.

Los operadores deber醤 llevar un inventario de las violaciones de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificaci髇 reguladas en este apartado. Mediante real decreto podr� establecerse el formato y contenido del inventario.

A los efectos establecidos en este art韈ulo, se entender� como violaci髇 de los datos personales la violaci髇 de la seguridad que provoque la destrucci髇, accidental o il韈ita, la p閞dida, la alteraci髇, la revelaci髇 o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relaci髇 con la prestaci髇 de un servicio de comunicaciones electr髇icas de acceso p鷅lico.

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr� adoptar directrices y, en caso necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el operador notifique la violaci髇 de los datos personales, sobre el formato que debe adoptar dicha notificaci髇 y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las disposiciones que en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisi髇 Europea.

4. Lo dispuesto en el presente art韈ulo ser� sin perjuicio de la aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 61 Conservaci髇 y cesi髇 de datos relativos a las comunicaciones electr髇icas y a las redes p鷅licas de comunicaciones

La conservaci髇 y cesi髇 de los datos generados o tratados en el marco de la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas o de redes p鷅licas de comunicaci髇 a los agentes facultados a trav閟 de la correspondiente autorizaci髇 judicial con fines de detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el C骴igo Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci髇 de datos relativos a las comunicaciones electr髇icas y a las redes p鷅licas de comunicaciones.

Art韈ulo 62 Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas

1. Cualquier tipo de informaci髇 que se transmita por redes de comunicaciones electr髇icas podr� ser protegida mediante procedimientos de cifrado.

2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la informaci髇. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la informaci髇, se podr� imponer la obligaci髇 de facilitar a un 髍gano de la Administraci髇 General del Estado o a un organismo p鷅lico, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, en casos justificados de protecci髇 de los intereses esenciales de seguridad del Estado y la seguridad p鷅lica, y para permitir la investigaci髇, la detecci髇 y el enjuiciamiento de delitos, as� como la obligaci髇 de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.

3. Toda informaci髇 obtenida por parte de la Administraci髇 General del Estado o cualquier organismo p鷅lico a trav閟 de los preceptos incluidos en el apartado 2 de este art韈ulo deber� ser tratada con la m醲ima confidencialidad y destruida una vez que se resuelva la amenaza para la seguridad del Estado y la seguridad p鷅lica o se haya dictado sentencia firme sobre el delito en cuesti髇.

Art韈ulo 63 Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electr髇icas

1. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, gestionar醤 adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al m韓imo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en otras redes y servicios, para lo cual deber醤 adoptar las medidas t閏nicas y organizativas adecuadas, que deber醤 ser proporcionadas y en l韓ea con el estado de la t閏nica, pudiendo incluir el cifrado.

2. Asimismo, los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas garantizar醤 la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestaci髇 de los servicios que utilizan dichas redes.

3. Los operadores que suministren redes p鷅licas o presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico notificar醤 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital los incidentes de seguridad que hayan tenido un impacto significativo en el suministro de las redes o los servicios.

Con el fin de determinar la importancia del impacto de un incidente de seguridad se tendr醤 en cuenta, en particular, los par醡etros siguientes, cuando se disponga de ellos:

• a) el n鷐ero de usuarios afectados por el incidente de seguridad;
• b) la duraci髇 del incidente de seguridad;
• c) el 醨ea geogr醘ica afectada por el incidente de seguridad;
• d) la medida en que se ha visto afectado el funcionamiento de la red o del servicio;
• e) el alcance del impacto sobre las actividades econ髆icas y sociales.

Cuando proceda, el Ministerio informar� a las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Informaci髇 (ENISA). Asimismo, podr� informar al p鷅lico o exigir a los operadores que lo hagan, en caso de estimar que la divulgaci髇 del incidente de seguridad reviste inter閟 p鷅lico. Una vez al a駉, el Ministerio presentar� a la Comisi髇 y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.

Del mismo modo, el Ministerio comunicar� a la Secretar韆 de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estrat間icos nacionales sean de inter閟 para la mejora de la protecci髇 de infraestructuras cr韙icas, en el marco de la Ley 8/2011, de 28 de abril, reguladora de las mismas. Tambi閚 el Ministerio comunicar� a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia los incidentes de seguridad a que se refiere este apartado que afecten o puedan afectar a las obligaciones espec韋icas impuestas por dicha Comisi髇 en los mercados de referencia.

4. En caso de que exista una amenaza particular y significativa de incidente de seguridad en las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o en los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico, los operadores deber醤 informar a sus usuarios que pudieran verse afectados por dicha amenaza sobre las posibles medidas de protecci髇 o soluciones que pueden adoptar los usuarios. Cuando proceda, los operadores tambi閚 informar醤 a sus usuarios sobre la propia amenaza.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital establecer� los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso, dictar� las instrucciones correspondientes, que ser醤 vinculantes para los operadores, incluidas las relativas a las medidas necesarias adicionales a las identificadas por los operadores para solventar incidentes de seguridad, o impedir que ocurran cuando se haya observado una amenaza significativa, e incumplimientos de las fechas l韒ite de aplicaci髇. Entre las medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas que se puedan exigir a los operadores, podr� imponer:

• a) la obligaci髇 de facilitar la informaci髇 necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las pol韙icas de seguridad;
• b) la obligaci髇 de someterse a una auditor韆 de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposici髇 del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. El coste de la auditor韆 ser� sufragado por el operador.

6. En particular, los operadores garantizar醤 la mayor disponibilidad posible de los servicios de comunicaciones vocales y de acceso a internet a trav閟 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas en caso de fallo catastr骹ico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptar醤 todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisi髇 ininterrumpida de las alertas p鷅licas.

7. El presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 4.6.

8. Lo dispuesto en el presente art韈ulo ser� sin perjuicio de la aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 64 Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electr髇icas

1. Son titulares de los derechos espec韋icos reconocidos en este cap韙ulo, en las condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electr髇icas.

2. Los operadores que suministren redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico estar醤 obligados a respetar los derechos reconocidos en este cap韙ulo. Las microempresas que presten servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeraci髇 no estar醤 obligados a respetar los derechos reconocidos en este cap韙ulo, salvo que tambi閚 presten otros servicios de comunicaciones electr髇icas. Estas microempresas deber醤 informar a los usuarios finales y consumidores antes de celebrar un contrato que se benefician de esta excepci髇 y que, por tanto, no est醤 obligadas a respetar los derechos reconocidos en este cap韙ulo.

Tampoco est醤 obligados a respetar los derechos reconocidos en este cap韙ulo las empresas, autoridades p鷅licas o usuarios finales que suministren el acceso a una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad econ髆ica o sea accesorio respecto de otra actividad econ髆ica o un servicio p鷅lico que no dependa del transporte de se馻les por esas redes.

Las excepciones contempladas en el presente apartado lo ser醤 sin perjuicio de la aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios y los operadores de comunicaciones electr髇icas podr醤 negociar y aprobar c骴igos de conducta con el objetivo de mejorar la calidad general de la prestaci髇 de los servicios, que tendr醤 car醕ter vinculante exclusivamente entre los firmantes de los c骴igos.

4. El reconocimiento de los derechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico que efect鷄 este cap韙ulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para aspectos no recogidos en la presente ley.

5. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contienen en materia de derechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electr髇icas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Uni髇 Europea de las que traigan causa, ser醤 de aplicaci髇 preferente en caso de conflicto con las disposiciones que regulen con car醕ter general los derechos de los consumidores y usuarios. La supervisi髇 y control del correcto ejercicio de los derechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electr髇icas, as� como la inspecci髇 y sanci髇 por su incumplimiento, estar� a cargo de la autoridad que se determine en esta ley y su desarrollo reglamentario.

Art韈ulo 65 Derechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico

1. Los derechos espec韋icos de los usuarios finales y consumidores, seg鷑 corresponda, de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico son, entre otros, los siguientes, que ser醤 objeto de desarrollo mediante real decreto:

• a) el derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, as� como el contenido m韓imo de dichos contratos, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 67;
• b) el derecho a rescindir el contrato anticipadamente y sin penalizaci髇 en los supuestos contemplados en el art韈ulo 67;
• c) el derecho a la informaci髇, que deber� ser veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 68;
• d) el derecho a recibir informaci髇 completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y de f醕il consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 69;
• e) el derecho al cambio de operador, con conservaci髇 de los n鷐eros del plan nacional de numeraci髇 en los supuestos y con los requisitos contemplados en el art韈ulo 70;
• f) el derecho a recibir informaci髇 sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 73;
• g) el derecho a acceder a los servicios de emergencia a trav閟 de los servicios de comunicaciones de emergencia de forma gratuita sin tener que utilizar ning鷑 medio de pago, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 74;
• h) el derecho a acceder, a trav閟 de su servicio de acceso a internet, a la informaci髇 y contenidos, as� como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elecci髇, con independencia de la ubicaci髇 del usuario final o del operador o de la ubicaci髇, origen o destino de la informaci髇, contenido, aplicaci髇 o servicio, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 76;
• i) el derecho a acceder a los servicios de comunicaciones electr髇icas de voz, SMS y datos en itinerancia internacional, en particular, la itinerancia en la Uni髇 Europea de conformidad con las condiciones, requisitos y tarifas reguladas en el Reglamento 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇;
• j) el derecho a la facturaci髇 detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho a recibir facturas no desglosadas a petici髇 del usuario.

  Mediante real decreto se determinar� el nivel b醩ico de detalle en las facturas que los operadores habr醤 de ofrecer a los usuarios finales de manera gratuita, a fin de que estos puedan comprobar y controlar los gastos generados por el uso de los servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones vocales, o los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeraci髇, as� como efectuar un seguimiento adecuado de sus propios gastos y utilizaci髇, ejerciendo con ello un nivel razonable de control sobre sus facturas.

  Dichas facturas detalladas incluir醤 una menci髇 expl韈ita de la identidad del operador;

• k) el derecho de desconexi髇 de determinados servicios.

  Mediante real decreto de determinar醤 los supuestos, plazos y condiciones en que el usuario, previa solicitud, podr� ejercer el derecho de desconexi髇 de determinados servicios y se contemplar� la necesidad de petici髇 expresa para el acceso a servicios de distinta consideraci髇;

• l) el derecho a acceder a servicios de tarificaci髇 adicional en las condiciones directamente asociadas al uso de la numeraci髇 para dichos servicios;
• m) el derecho de los usuarios finales a solicitar al operador que ofrezca informaci髇 sobre tarifas alternativas de menor precio, en caso de estar disponibles;
• n) el derecho de los usuarios finales de desactivar la capacidad de terceros proveedores de servicios de aprovechar la factura de un operador de un servicio de acceso a internet o de un proveedor de un servicio de comunicaciones interpersonales disponible para el p鷅lico, para cobrar por sus productos o servicios;
• �) el derecho a detener el desv韔 autom醫ico de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero;
• o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci髇 de la identificaci髇 de su l韓ea en las llamadas que genere o la presentaci髇 de la identificaci髇 de su l韓ea al usuario que le realice una llamada.

  Los usuarios finales no podr醤 ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a trav閟 del n鷐ero de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto.

  Por un per韔do de tiempo limitado, los usuarios finales no podr醤 ejercer este derecho cuando el abonado a la l韓ea de destino haya solicitado la identificaci髇 de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su l韓ea;

• p) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci髇 de la identificaci髇 de la l韓ea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha l韓ea no aparezca identificada.

  En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en la numeraci髇, as� como los que exploten redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, deber醤 cumplir las condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualizaci髇, restricci髇 y supresi髇 de la identificaci髇 de la l韓ea de origen y conectada;

• q) el derecho al reenv韔 de correos electr髇icos o al acceso a los correos electr髇icos una vez rescindido el contrato con un proveedor de servicios de acceso a internet.

  Los usuarios finales que rescindan su contrato con un operador de servicios de acceso a internet, y que as� lo soliciten, tienen el derecho bien a acceder a sus correos recibidos a las direcciones basadas en la denominaci髇 comercial o marca de su operador anterior o bien a que se le reenv韊n los correos enviados a esa direcci髇 a la nueva direcci髇 que el usuario final indique. Tanto el acceso como el reenv韔 ser� gratuito para el usuario final;

• r) el derecho a una especial protecci髇 en la utilizaci髇 de servicios de tarificaci髇 adicional.

2. Los operadores deber醤 disponer de un servicio de atenci髇 al cliente, gratuito para los usuarios, que puede estar desvinculado de los servicios comerciales, que tenga por objeto facilitar informaci髇 y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes. Los servicios de atenci髇 al cliente mediante el canal telef髇ico deber醤 garantizar en todo momento una atenci髇 personal directa, m醩 all� de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios t閏nicos a su alcance para mejorar dicha atenci髇. Los operadores pondr醤 a disposici髇 de sus clientes m閠odos para la acreditaci髇 documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un n鷐ero de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero.

3. En lo no previsto en esta ley, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico independientes de la numeraci髇 les ser� de aplicaci髇 lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relaci髇 con los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.

4. Toda la informaci髇 recibida por los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icos disponibles al p鷅lico, as� como todos los servicios de atenci髇 al cliente deber醤 ser ofrecidos en la lengua oficial del Estado y en la lengua oficial de la Comunidad Aut髇oma correspondiente, cuando as� sea requerido por el usuario final o consumidor.

Art韈ulo 66 Derecho a la protecci髇 de datos personales y la privacidad en relaci髇 con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tr醘ico y de localizaci髇 y con las gu韆s de abonados

1. Respecto a la protecci髇 de datos personales y la privacidad en relaci髇 con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en la numeraci髇 tendr醤 los siguientes derechos:

• a) a no recibir llamadas autom醫icas sin intervenci髇 humana o mensajes de fax, con fines de comunicaci髇 comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello;
• b) a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicaci髇 comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicaci髇 pueda ampararse en otra base de legitimaci髇 de las previstas en el art韈ulo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales.V閍se la Circular 1/2023, de 26 de junio, sobre la aplicaci髇 del art韈ulo 66.1.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (獴.O.E.� 28 junio).LE0000764287_20230629

2. Respecto a la protecci髇 de datos personales y la privacidad en relaci髇 con los datos de tr醘ico y los datos de localizaci髇 distintos de los datos de tr醘ico, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en la numeraci髇 tendr醤 los siguientes derechos:

• a) a que se hagan an髇imos o se cancelen sus datos de tr醘ico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisi髇 de una comunicaci髇. Los datos de tr醘ico necesarios a efectos de la facturaci髇 de los abonados y los pagos de las interconexiones podr醤 ser tratados 鷑icamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnaci髇 de la factura del servicio, para la devoluci髇 del cargo efectuado por el operador, para el pago de la factura o para que el operador pueda exigir su pago;
• b) a que sus datos de tr醘ico sean utilizados para promoci髇 comercial de servicios de comunicaciones electr髇icas o para la prestaci髇 de servicios de valor a馻dido, en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoci髇 comercial 鷑icamente cuando hubieran prestado su consentimiento para ello. Los usuarios finales dispondr醤 del derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tr醘ico en cualquier momento y con efecto inmediato;
• c) a que s髄o se proceda al tratamiento de sus datos de localizaci髇 distintos a los datos de tr醘ico cuando se hayan hecho an髇imos o previo su consentimiento y 鷑icamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestaci髇, en su caso, de servicios de valor a馻dido, con conocimiento inequ韛oco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duraci髇 del mismo y el servicio de valor a馻dido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondr醤 del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localizaci髇 distintos de tr醘ico.

Los usuarios finales no podr醤 ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a trav閟 del n鷐ero de emergencia 112 o comunicaciones de emergencia efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.

3. Respecto a la protecci髇 de datos personales y la privacidad en relaci髇 con las gu韆s de abonados y los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en la numeraci髇 tendr醤 los siguientes derechos:

• a) a figurar en las gu韆s de abonados y a que sus datos sean usados para la prestaci髇 de los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado;
• b) a ser informados gratuitamente de la inclusi髇 de sus datos en las gu韆s y en los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado, as� como de la finalidad de las mismas, con car醕ter previo a dicha inclusi髇;
• c) a no figurar en las gu韆s o a solicitar la omisi髇 de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la gu韆 que haya estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonados que se presenten en el mercado.

4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 se entiende sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci髇 de datos relativos a las comunicaciones electr髇icas y a las redes p鷅licas de comunicaciones.

5. Lo dispuesto en este art韈ulo ser� sin perjuicio de la aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, y, en particular, de la aplicaci髇 del concepto de consentimiento que figura en la misma.

Art韈ulo 67 Contratos

1. Antes de que un consumidor quede vinculado por un contrato o cualquier oferta correspondiente, los operadores que presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico distintos de los servicios de transmisi髇 utilizados para la prestaci髇 de servicios m醧uina a m醧uina le facilitar醤 al menos la informaci髇 que a estos efectos se establece en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Adicionalmente a lo establecido en el p醨rafo anterior, los operadores citados tambi閚 proporcionar醤, antes de la celebraci髇 del contrato, la informaci髇 espec韋ica sobre el servicio de comunicaciones electr髇icas de que se trate establecida en el anexo VIII del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas.

El operador facilitar� dicha informaci髇 de manera clara y comprensible en un soporte duradero, tal como se define en el art韈ulo 59 bis.1.q) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, o, en casos en los que un soporte duradero no sea viable, en un documento que se pueda descargar f醕ilmente. El operador llamar� expresamente la atenci髇 del consumidor acerca de la disponibilidad de dicho documento y acerca de la importancia de su descarga con fines de documentaci髇, referencia futura y reproducci髇 sin cambios.

Esta informaci髇 se proporcionar�, previa petici髇, en un formato accesible para usuarios finales con discapacidad de acuerdo con la normativa por la que se armonizan los requisitos para productos y servicios.

2. Los operadores mencionados en el apartado anterior deben proporcionar a los consumidores un resumen del contrato conciso y de f醕il lectura. Dicho resumen identificar� los elementos principales del contrato referidos en el apartado anterior y, en todo caso, los siguientes:

• a) el nombre, la direcci髇 y la informaci髇 de contacto del operador y, si fuera diferente, la informaci髇 de contacto para las reclamaciones;
• b) las caracter韘ticas principales de cada servicio prestado;
• c) los precios respectivos totales, incluyendo impuestos y tasas aplicables, por activar el servicio de comunicaciones electr髇icas y por cualquier gasto recurrente o relacionado con el consumo, si el servicio se presta mediante un pago directo;
• d) la duraci髇 del contrato y las condiciones para su renovaci髇;
• e) las condiciones y los mecanismos para solicitar la resoluci髇 del contrato, as� como los costes asociados y posibles penalizaciones asociados a la rescisi髇 del mismo;
• f) en qu� medida los productos y servicios est醤 dise馻dos para usuarios finales con discapacidad;
• g) con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la velocidad m韓ima, disponible normalmente, m醲ima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad m醲ima y anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes m髒iles.

Los operadores deber醤 remitir, antes de la celebraci髇 del contrato, el contrato resumido de forma gratuita a los consumidores, incluso cuando se trate de contratos a distancia. Cuando por razones t閏nicas objetivas sea imposible facilitar el contrato resumido en el momento, se facilitar� posteriormente sin demora indebida y el contrato ser� efectivo cuando el consumidor haya dado su consentimiento tras haber recibido el contrato resumido.

3. La informaci髇 a que se refieren los dos apartados anteriores forma parte integrante del contrato y no se alterar� a menos que las partes contratantes dispongan expresamente lo contrario.

4. Cuando los servicios de acceso a internet o los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico se facturen en funci髇 del consumo de tiempo o de volumen, los operadores ofrecer醤 a los consumidores medios para vigilar y controlar el uso de cada uno de estos servicios. Estos medios incluir醤 el acceso a informaci髇 oportuna sobre el nivel de consumo de los servicios incluidos en un plan de tarifas. En concreto, los operadores avisar醤 a los consumidores antes de alcanzar el l韒ite de consumo determinado mediante real decreto e incluido en su plan de tarifas y cuando se haya consumido completamente un servicio incluido en su plan de tarifas.

5. La informaci髇 mencionada en los apartados anteriores se suministrar� tambi閚 a los usuarios finales que sean microempresas, peque馻s empresas y organizaciones sin 醤imo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de la informaci髇 contenida en dichos apartados.

6. Mediante real decreto, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, se podr� regular que los operadores deban facilitar m醩 informaci髇 sobre el nivel de consumo y, en su caso, impedir temporalmente la utilizaci髇 del servicio correspondiente que supere un determinado l韒ite financiero o de volumen.

7. Los contratos celebrados entre consumidores y operadores de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico distintos de los servicios de transmisi髇 utilizados para la prestaci髇 de servicios m醧uina a m醧uina, no tendr醤 un per韔do de vigencia superior a veinticuatro meses. Esta duraci髇 tambi閚 ser� aplicable a los contratos para dichos servicios suscritos con los usuarios finales que sean microempresas, peque馻s empresas u organizaciones sin 醤imo de lucro, a menos que estas hayan acordado expl韈itamente renunciar a la misma.

El presente apartado no se aplicar� a la duraci髇 de un contrato a plazos cuando el consumidor haya acordado en un contrato aparte efectuar pagos a plazos exclusivamente para el despliegue de una conexi髇 f韘ica, en particular a redes de muy alta capacidad. Un contrato a plazos para el despliegue de una conexi髇 f韘ica no incluir� terminales, como encaminadores o m骴ems, y no impedir� a los consumidores ejercer sus derechos en virtud de lo dispuesto en el presente art韈ulo.

Una vez que se cumpla el per韔do de vigencia, dichos contratos quedan prorrogados autom醫icamente por el mismo periodo si bien, tras dicha pr髍roga, los usuarios finales tienen el derecho de rescindirlo en cualquier momento con un preaviso m醲imo de un mes sin contraer ning鷑 coste excepto el de la recepci髇 del servicio durante el per韔do de preaviso. Con anterioridad a dicha pr髍roga autom醫ica, los operadores informar醤 a los usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la finalizaci髇 de los compromisos contractuales y los medios para rescindir el contrato y, de manera simult醤ea, el operador proporcionar� a los usuarios finales informaci髇 sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los operadores facilitar醤 a los usuarios finales informaci髇 sobre las mejores tarifas al menos una vez al a駉.

8. Los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ning鷑 coste adicional cuando el operador de los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos normativamente.

Los operadores comunicar醤 a los usuarios finales, al menos con un mes de antelaci髇, cualquier cambio de las condiciones contractuales y les informar醤 al mismo tiempo de su derecho a rescindir su contrato sin contraer ning鷑 coste adicional si no aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podr� ejercerse en el plazo de un mes a partir de la comunicaci髇, la cual debe efectuarse de forma clara y comprensible y en un soporte duradero.

En cualquier caso, 鷑icamente podr醤 modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por los motivos v醠idos expresados en 閘.

9. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o frecuentemente recurrente, entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones electr髇icas distinto del servicio de acceso a internet y distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeraci髇, y el rendimiento indicado en el contrato se considerar� un motivo para poder presentar las oportunas reclamaciones, en cuya resoluci髇 se podr� reconocer el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno.

10. Cuando el usuario final tenga derecho a rescindir un contrato de servicio de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeraci髇 antes de que finalice el per韔do fijado en el contrato, el usuario final no deber� abonar ninguna compensaci髇 excepto por el equipo terminal subvencionado que conserve.

Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en el momento de su finalizaci髇, la compensaci髇 debida no exceder� de su valor prorrateado en el momento de la finalizaci髇 del contrato o la parte restante de la tasa de servicio hasta el final del contrato, si esa cantidad fuera inferior.

Cualquier condici髇 sobre el uso de los equipos terminales en otras redes ser� eliminada, de forma gratuita, por el operador a m醩 tardar, tras el pago de dicha compensaci髇.

11. En lo relativo a servicios de transmisi髇 empleados para servicios m醧uina a m醧uina, los derechos a que se refieren los apartados 8 y 10 s髄o deber醤 beneficiar a los usuarios finales que sean consumidores, microempresas o peque馻s empresas u organizaciones sin 醤imo de lucro.

Art韈ulo 68 Transparencia, comparaci髇 de ofertas y publicaci髇 de informaci髇

1. Los operadores de servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico deber醤 publicar la informaci髇 relacionada con el contrato y los servicios que cubre con el fin de garantizar que todos los usuarios finales puedan elegir con conocimiento de causa. Esta informaci髇 ser�, al menos, la establecida en el anexo IX del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas.

Esta informaci髇 deber� ser proporcionada de manera clara, comprensible, en formato automatizado y f醕ilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad, y deber� mantenerse actualizada regularmente.

2. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, de acuerdo con las condiciones que se establezcan mediante real decreto, garantizar� que los usuarios finales tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparaci髇 independiente que les permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇 y, cuando proceda, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico independientes de la numeraci髇, en lo que respecta a:

• a) precios y tarifas de servicios proporcionados a cambio de pagos recurrentes o directos basados en el consumo;
• b) la calidad de prestaci髇 del servicio cuando se ofrezca una calidad m韓ima de servicio o cuando el operador est� obligado a publicar esa informaci髇, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 69.

3. Las herramientas de comparaci髇 deber醤 reunir los siguientes requisitos:

• a) ser醤 funcionalmente independientes de los proveedores de esos servicios, garantizando as� que los proveedores de servicios reciben un trato equitativo en los resultados de las b鷖quedas;
• b) indicar醤 claramente los propietarios y operadores de la herramienta de comparaci髇;
• c) establecer醤 criterios claros y objetivos en los que deber� basarse la comparaci髇;
• d) utilizar醤 un lenguaje sencillo e inequ韛oco;
• e) proporcionar醤 informaci髇 precisa y actualizada e indicar醤 el momento de la actualizaci髇 m醩 reciente;
• f) estar醤 abiertas a cualquier proveedor de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico de manera que pueda utilizar la informaci髇 relevante e incluir醤 una amplia gama de ofertas que abarquen una parte significativa del mercado y, cuando la informaci髇 presentada no proporcione una visi髇 completa del mercado, una declaraci髇 clara a tal efecto antes de mostrar los resultados;
• g) ofrecer醤 un procedimiento eficaz de notificaci髇 de errores en la informaci髇;
• h) incluir醤 la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestaci髇 del servicio entre las ofertas disponibles para los consumidores, y entre dichas ofertas y las ofertas tipo disponibles para otros usuarios finales si as� se requiriese.

Las herramientas de comparaci髇, previa solicitud del proveedor de la herramienta, deber醤 ser certificadas por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, en los t閞minos en que se determine mediante real decreto.

La informaci髇 publicada por los operadores de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico podr� ser utilizada gratuitamente por terceros en formatos de datos abiertos, con el fin de hacer disponibles dichas herramientas de comparaci髇 independientes.

4. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� exigir a los operadores que ofrezcan servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇, o a ambos, que difundan de forma gratuita informaci髇 de inter閟 p鷅lico a los antiguos y nuevos usuarios finales, cuando proceda, por las mismas v韆s que las utilizadas normalmente en sus comunicaciones con los usuarios finales. Dicha informaci髇, que ser� facilitada a los operadores en un formato normalizado, cubrir�, entre otros, los siguientes aspectos:

• a) los usos m醩 comunes de los servicios de acceso a internet y de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇 para desarrollar actividades il韈itas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello puede atentar contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de protecci髇 de datos, los derechos de autor y derechos afines, as� como sus consecuencias jur韉icas;
• b) los medios de protecci髇 contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos de car醕ter personal cuando utilicen los servicios de acceso a internet y los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital publicar� peri骴icamente los datos resultantes de la gesti髇 del procedimiento de resoluci髇 de controversias establecido en el art韈ulo 78.1. Los datos incluir醤 un nivel de desagregaci髇 que permita obtener informaci髇 acerca de los servicios, materias y operadores sobre los que versan las reclamaciones recibidas.

6. Los operadores que presten a los consumidores servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico de acceso a internet o de comunicaciones interpersonales basados en el uso de la numeraci髇, estar醤 obligados a comunicar al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, con al menos un mes de antelaci髇 a su entrada en vigor, todas las condiciones contractuales, tarifas y planes de precios conforme se establezca mediante real decreto, y entre ellos los siguientes:

• a) las condiciones generales de contrataci髇 y cualquiera de sus modificaciones;
• b) las tarifas y planes de precios que vayan a poner en el mercado, y cualquiera de sus modificaciones;
• c) las condiciones particulares de todos los servicios, tarifas y planes de precios, as� como sus modificaciones.

Art韈ulo 69 Calidad de servicio

1. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, especificar� los par醡etros de calidad de servicio que habr醤 de cuantificarse y los m閠odos de medici髇 aplicables, as� como el contenido y formato de la informaci髇 que deber� hacerse p鷅lica, incluidos posibles mecanismos de certificaci髇 de la calidad. Para ello, se tendr醤 en cuenta las directrices que establezca el ORECE y se utilizar醤, si procede, los par醡etros, definiciones y m閠odos de medici髇 que figuran en el anexo X del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas.

2. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� exigir a los operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico la publicaci髇 de informaci髇 completa, comparable, fiable, de f醕il consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios destinada a los usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos elementos de la red, ya sea directamente o en virtud de un acuerdo de nivel de servicio en este sentido, y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tambi閚 podr� exigir a los operadores de servicios de comunicaci髇 interpersonal disponibles al p鷅lico que informen a los consumidores, en caso de que la calidad de los servicios que suministran dependa de cualesquiera factores externos, como el control de la transmisi髇 de la se馻l o la conectividad de red.

Previa petici髇, dicha informaci髇 deber� ser facilitada, a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, con anterioridad a su publicaci髇.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia realizar� bienalmente un estudio de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios finales radicados en las zonas rurales y escasamente pobladas respecto de la calidad media de servicio ofrecida al conjunto de usuarios radicados en el resto del pa韘.

Las medidas que establezcan los operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico para garantizar la calidad de sus servicios, ser醤 conformes al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relaci髇 con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.

Art韈ulo 70 Cambio de operador y conservaci髇 de los n鷐eros por los usuarios finales

1. Los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y los que tengan n鷐eros del plan nacional de numeraci髇 tienen el derecho de conservar su n鷐ero, previa solicitud, con independencia del operador que preste el servicio, al menos en los siguientes supuestos:

• a) en una ubicaci髇 fija, cuando se trate de n鷐eros geogr醘icos;
• b) en cualquier ubicaci髇, si se trata de n鷐eros no geogr醘icos.

2. Cuando un usuario final rescinda un contrato con un operador, conservar� el derecho a cambiar su n鷐ero al nuevo operador durante, al menos, un mes despu閟 de la fecha de rescisi髇, a menos que el usuario final renuncie a ese derecho.

3. La conservaci髇 del n鷐ero y su activaci髇 subsiguiente se ejecutar醤 con la mayor brevedad en la fecha o fechas acordadas expl韈itamente con el usuario final. En cualquier caso, a los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un n鷐ero a un nuevo operador se les activar� dicho n鷐ero en el plazo de un d韆 h醔il desde la fecha acordada con el usuario final.

En caso de que el proceso de conservaci髇 del n鷐ero falle, el operador donante reactivar� el n鷐ero o el servicio del usuario final hasta que dicho proceso finalice con 閤ito y continuar� prestando sus servicios en las mismas condiciones hasta que se activen los servicios del operador receptor. En cualquier caso, la p閞dida de servicio durante el proceso de cambio y conservaci髇 no exceder� de un d韆 h醔il.

Los operadores cuyas redes de acceso o recursos sean utilizadas por el operador donante o por el receptor, o por ambos, velar醤 por que no haya p閞dida de servicio que pueda retrasar los procesos de cambio o conservaci髇.

4. En el caso de cambio de operador de servicios de acceso a internet, los operadores afectados facilitar醤 a los usuarios finales informaci髇 adecuada antes y durante el proceso de transferencia y garantizar醤 la continuidad del servicio de acceso a internet, salvo que no sea posible t閏nicamente.

El operador receptor velar� por que la activaci髇 del servicio de acceso a internet se produzca en el menor tiempo posible, en la fecha y en el horario expresamente acordados con el usuario final. El operador donante continuar� prestando sus servicios de acceso a internet en las mismas condiciones hasta que el nuevo operador active a su vez los servicios de acceso a internet. La p閞dida de servicio durante el proceso de transferencia no exceder� de un d韆 h醔il.

5. El operador receptor dirigir� los procesos de cambio y conservaci髇 de n鷐eros, debiendo cooperar de buena fe tanto el operador receptor como el operador donante. A tal efecto, ambos operadores no provocar醤 retrasos ni cometer醤 abusos relacionados con los procesos de cambio y conservaci髇 ni cambiar醤 n鷐eros. En particular, no se podr� transferir a los usuarios finales en contra de su voluntad o sin su consentimiento expl韈ito.

El contrato del usuario final con el operador donante se rescindir� de forma autom醫ica con la finalizaci髇 del proceso de cambio.

6. El proceso de cambio de operador y de conservaci髇 del n鷐ero se regular� mediante real decreto, para lo cual deber� tenerse en cuenta la normativa en materia de consumidores y usuarios, la viabilidad t閏nica y la necesidad de mantener la continuidad del servicio al usuario final. En aplicaci髇 de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� fijar, mediante circular, caracter韘ticas y condiciones para el cambio de operador y la conservaci髇 de los n鷐eros, as� como los aspectos t閏nicos y administrativos necesarios para que 閟ta se lleve a cabo.

Esta regulaci髇 incluir�, cuando sea t閏nicamente viable, un requisito para que la conservaci髇 del n鷐ero se complete mediante el aprovisionamiento inal醡brico de recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� adoptar medidas adecuadas que garanticen que los usuarios finales queden adecuadamente informados y protegidos durante todo el proceso de cambio y conservaci髇.

7. Los operadores donantes reembolsar醤, a petici髇 del consumidor y sin dilaciones indebidas, cualquier cr閐ito pendiente a los consumidores que usen servicios de prepago. El reembolso solo podr� estar sujeto a una tasa si se estipula as� en el contrato. Esa tasa ser� proporcionada y adecuada a los costes reales asumidos por el operador donante al ofrecer el reembolso, a cuyos efectos la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� requerir del operador donante cualquier informaci髇 que permita acreditar este extremo.

8. El retraso y los abusos en materia de cambio de operador, de conservaci髇 de los n鷐eros y en caso de no presentaci髇 a una cita de servicio y para la instalaci髇, por parte de los operadores o en su nombre, dar� derecho a los abonados a una compensaci髇 en los t閞minos que se establezcan mediante real decreto, en el que se fijar醤 asimismo los supuestos en que dicha compensaci髇 ser� autom醫ica. Las condiciones y procedimientos para la resoluci髇 de los contratos no deber醤 constituir un factor disuasorio para cambiar de operador.

Art韈ulo 71 Contratos empaquetados

1. Si un contrato incluye un paquete de servicios o un paquete de servicios y equipos terminales ofrecidos a un consumidor, y al menos uno de estos servicios es un servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇, se aplicar醤 a todos los elementos del paquete:

• a) la obligaci髇 consistente en proporcionar al usuario final con car醕ter previo a la celebraci髇 del contrato un resumen del contrato conciso y de f醕il lectura a que se refiere el art韈ulo 67.2;
• b) la obligaci髇 de proporcionar la informaci髇 relacionada con el contrato y los servicios que cubre establecida en el art韈ulo 67.1;
• c) las condiciones sobre duraci髇 y resoluci髇 de los contratos establecidas en el art韈ulo 67;
• d) las condiciones para llevar a cabo el cambio de operador de servicios de acceso a internet establecidas en el art韈ulo 70.4.

2. Cuando el consumidor tenga derecho a rescindir cualquier elemento del paquete de servicios o del paquete de servicios y equipos terminales contratado antes del vencimiento del plazo contractual, ya sea por razones de falta de adecuaci髇 con el contrato o ya sea por incumplimiento del suministro de los servicios, el consumidor tiene derecho a rescindir el contrato 韓tegro respecto a todos los elementos del paquete de servicios.

3. Cualquier abono a servicios adicionales prestados o a equipos terminales distribuidos por el mismo operador de los servicios de acceso a internet o de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇 no prolongar� el per韔do original del contrato al que se han a馻dido dichos servicios o equipos terminales, a menos que el consumidor acepte expresamente lo contrario en el momento de contratar los servicios adicionales y los equipos terminales.

4. Los apartados 1 y 3 tambi閚 se aplicar醤 a los usuarios finales que sean microempresas, peque馻s empresas u organizaciones sin 醤imo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de lo establecido en los mismos.

Art韈ulo 72 Gu韆s de abonados y servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado

1. La elaboraci髇 y comercializaci髇 de las gu韆s de abonados a los servicios de comunicaciones electr髇icas y la prestaci髇 de los servicios de informaci髇 sobre ellos se realizar� en r間imen de libre competencia.

2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeraci髇 que asignan n鷐eros de tel閒ono a partir de un plan de numeraci髇 habr醤 de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de informaci髇 pertinente para la prestaci髇 de los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonados y gu韆s accesibles al p鷅lico, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en funci髇 de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada informaci髇 y su posterior utilizaci髇 a la presente ley y su normativa de desarrollo.

La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia deber� suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:

• a) entidades que elaboren gu韆s telef髇icas de abonados;
• b) operadores que presten el servicio de consulta telef髇ica sobre n鷐eros de abonado;
• c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el art韈ulo 74;
• d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 58.2.
• e) los servicios estad韘ticos oficiales para la elaboraci髇 de encuestas y el desarrollo de las competencias estad韘ticas que la ley les confiere, no siendo aplicable en este caso el derecho previsto en el art韈ulo 66.3 c). La cesi髇 se producir� de acuerdo con los principios recogidos en la normativa de protecci髇 de datos personales y con las siguientes garant韆s espec韋icas:
  • 1.� Se identificar� en la solicitud el 醡bito territorial respecto del cual se solicitan los n鷐eros de tel閒ono.
  • 2.� En el caso de encuestas de cumplimentaci髇 obligatoria, la solicitud y cesi髇 de los n鷐eros de tel閒ono deber醤 adecuarse a la metodolog韆 de la encuesta dise馻da por el servicio estad韘tico oficial, de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa reguladora de la funci髇 estad韘tica p鷅lica.
  • 3.� En el caso de encuestas y sondeos de cumplimentaci髇 voluntaria, la solicitud de n鷐eros de tel閒ono no podr� referirse a un porcentaje de 閟tos superior al veinte por ciento de la poblaci髇 de dicho 醡bito territorial, salvo que las caracter韘ticas muestrales del estudio, o las dificultades para obtener una entrevista v醠ida, exijan un porcentaje superior, debidamente justificado en la solicitud.
  • 4.� En los supuestos de encuestas y sondeos de cumplimentaci髇 voluntaria, los n鷐eros de tel閒ono s髄o podr醤 ir segmentados y clasificados por las variables provincia, edad y sexo, tama駉 de h醔itat y situaci髇 laboral, debiendo ser en todo caso seleccionados de manera aleatoria de acuerdo con criterios estad韘ticos por parte de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de entre todos los disponibles en el 醡bito solicitado, y debiendo ser n鷐eros de tel閒ono an髇imos no asociados al nombre del titular.
  • 5.� Los n鷐eros de tel閒ono cedidos son datos de contacto con los informantes y no podr醤 utilizarse para un fin distinto del identificado en la solicitud. Una solicitud podr� incluir, a efectos de sistematicidad, varios tratamientos independientes.
  • 6.� Los n鷐eros de tel閒ono cedidos de las unidades de la muestra deber醤 ser suprimidos una vez haya finalizado su colaboraci髇 en la operaci髇 estad韘tica y los resultados hayan sido publicados. Los n鷐eros de tel閒ono deber醤 estar disociados de las respuestas de los encuestados una vez finalizada la depuraci髇 de la informaci髇. En los supuestos de encuestas de cumplimentaci髇 voluntaria, en caso de no autorizarse la realizaci髇 de la encuesta, el n鷐ero de tel閒ono deber� ser inmediatamente suprimido.
  • 7.� Cualquier dato que se publique a partir de las encuestas realizadas, deber� ser previamente anonimizado de acuerdo con la normativa de secreto estad韘tico.

El suministro de los datos por parte de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia a las entidades previstas en las letras a), b), c) y d), se realizar� de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepci髇 de la informaci髇 que, en su caso, pueda fijar la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular.

3. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonados, para cuya consecuci髇 la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestaci髇 de servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonado que deber醤 ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.

4. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia adoptar� medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de informaci髇 sobre n鷐eros de abonados de otro pa韘 comunitario mediante llamada vocal o SMS.

5. Lo dispuesto en el presente art韈ulo se entender� sin perjuicio de la aplicaci髇 de la normativa en materia de protecci髇 de datos personales aplicable.

Art韈ulo 73 Regulaci髇 de las condiciones b醩icas de acceso por personas con discapacidad

Mediante real decreto, o韉o en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se podr醤 establecer las condiciones b醩icas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnolog韆s, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electr髇icas. En la citada norma se establecer醤 los requisitos que deber醤 cumplir los operadores de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico para garantizar que los usuarios con discapacidad:

• a) puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electr髇icas equivalente al que disfrutan la mayor韆 de los usuarios finales, incluida la informaci髇 contractual, la facturaci髇 y la atenci髇 al p鷅lico, en condiciones y formatos universalmente accesibles y con el uso de lenguas cooficiales;
• b) se beneficien de la posibilidad de elecci髇 de operadores y servicios disponibles para la mayor韆 de usuarios finales.

Art韈ulo 74 Comunicaciones de emergencia y n鷐ero de emergencia 112

1. Los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un n鷐ero de un plan de numeraci髇 nacional o internacional, incluidos los usuarios de los tel閒onos p鷅licos de pago, tienen derecho a acceder de manera gratuita, sin contraprestaci髇 econ髆ica de ning鷑 tipo y sin tener que utilizar ning鷑 medio de pago a los servicios de emergencia a trav閟 de comunicaciones de emergencia utilizando el n鷐ero de emergencia 112 y otros n鷐eros de emergencia que se determinen mediante real decreto.

En todo caso, el servicio de comunicaciones de emergencia ser� gratuito para los usuarios y para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia, cualquiera que sea la Administraci髇 P鷅lica responsable de su prestaci髇 y con independencia del tipo de terminal que se utilice.

2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en numeraci髇, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un n鷐ero de un plan de numeraci髇 nacional o internacional, tienen la obligaci髇 de encaminar gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia cuando se utilice el n鷐ero de emergencia 112 u otros n鷐eros de emergencia que se determinen.

Asimismo, los operadores citados pondr醤 a disposici髇 de las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la informaci髇 que mediante real decreto se determine relativa a la ubicaci髇 de las personas que efect鷄n la comunicaci髇 de emergencia, inmediatamente despu閟 del establecimiento de dicha comunicaci髇. La generaci髇 y transmisi髇 de la informaci髇 relativa a la localizaci髇 del llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice el n鷐ero de emergencia 112 u otros n鷐eros de emergencia que se determinen.

Mediante real decreto se establecer醤 criterios para la precisi髇 y la fiabilidad de la informaci髇 facilitada sobre la ubicaci髇 de las personas que efect鷄n comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia.

La informaci髇 relativa a la ubicaci髇 de las personas que efect鷄n la comunicaci髇 de emergencia 鷑icamente podr� ser utilizada con la finalidad de facilitar la localizaci髇 del llamante en relaci髇 con la concreta llamada de emergencia realizada.

3. El acceso a los servicios de emergencia a trav閟 de comunicaciones de emergencia para los usuarios finales con discapacidad ser� equivalente al que disfrutan otros usuarios finales. Mediante real decreto, o韉o en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se establecer醤 las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, los usuarios finales con discapacidad puedan acceder a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios finales y, si fuera factible, sin necesidad de registro previo. Estas medidas procurar醤 garantizar la interoperabilidad entre los Estados miembros y se basar醤 en la mayor medida posible en las normas o las especificaciones europeas pertinentes.

4. Las autoridades responsables de la prestaci髇 de los servicios de emergencia velar醤 por que los ciudadanos reciban una informaci髇 adecuada sobre la existencia y utilizaci髇 del n鷐ero de emergencia 112, as� como sus caracter韘ticas de accesibilidad, y en particular, mediante iniciativas espec韋icamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros de la Uni髇 Europea y a los usuarios finales con discapacidad.

5. Se promover� el acceso a los servicios de emergencia a trav閟 del n鷐ero de emergencia 112 y otros n鷐eros de emergencia desde redes de comunicaciones electr髇icas que no sean accesibles al p鷅lico pero que permitan realizar llamadas a redes p鷅licas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione un acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente art韈ulo, a las comunicaciones de emergencia les ser� de aplicaci髇 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 75 Sistemas de alertas p鷅licas

1. Los operadores de servicios m髒iles de comunicaciones interpersonales basados en numeraci髇 deber醤 transmitir las alertas p鷅licas en casos de grandes cat醩trofes o emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los t閞minos que se determinen mediante real decreto.

2. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, mediante real decreto se podr� establecer que las alertas p鷅licas en casos de grandes cat醩trofes o emergencias inminentes o en curso se puedan transmitir por medio de otros servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico distintos de los indicados en el apartado anterior, por medio de servicios de comunicaci髇 audiovisual o por medio de una aplicaci髇 m髒il basada en un servicio de acceso a trav閟 de internet, siempre que la eficacia del sistema de alerta sea equivalente en t閞minos de cobertura y capacidad para abarcar a los usuarios finales, incluso aquellos que se encuentren de forma temporal en el 醨ea en cuesti髇.

3. Los usuarios finales deber醤 poder recibir las alertas f醕ilmente. La transmisi髇 de alertas al p鷅lico debe ser gratuita para los usuarios finales y para la entidad encargada de la emisi髇 de las alertas.

Art韈ulo 76 Acceso abierto a internet

1. Los usuarios finales tienen el derecho a acceder, a trav閟 de su servicio de acceso a internet, a la informaci髇 y contenidos, as� como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elecci髇, con independencia de la ubicaci髇 del usuario final o del operador o de la ubicaci髇, origen o destino de la informaci髇, contenido, aplicaci髇 o servicio, sin perjuicio de la normativa aplicable relativa a la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios.

2. Los acuerdos entre los operadores de servicios de acceso a internet y los usuarios finales sobre condiciones comerciales y t閏nicas y caracter韘ticas de los servicios de acceso a internet como el precio, los vol鷐enes de datos o la velocidad, as� como cualquier pr醕tica comercial puesta en marcha por los operadores de servicios de acceso a internet, no limitar醤 el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado anterior.

3. Los operadores de servicios de acceso a internet tratar醤 todo el tr醘ico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminaci髇, restricci髇 o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado.

Ello no impedir� que los operadores de servicios de acceso a internet apliquen medidas razonables de gesti髇 del tr醘ico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas deber醤 ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podr醤 basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad t閏nica del servicio para categor韆s espec韋icas de tr醘ico. Dichas medidas no supervisar醤 el contenido espec韋ico y no se mantendr醤 por m醩 tiempo del necesario.

Los operadores de servicios de acceso a internet no tomar醤 medidas de gesti髇 del tr醘ico que vayan m醩 all� de las recogidas en el p醨rafo anterior y, en particular, no bloquear醤, ralentizar醤, alterar醤, restringir醤, interferir醤, degradar醤 ni discriminar醤 entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categor韆s espec韋icas, excepto en caso necesario y 鷑icamente durante el tiempo necesario para:

• a) cumplir la normativa europea y nacional a la que el operador de servicio de acceso a internet est� sujeto, o dar cumplimiento a las sentencias judiciales;
• b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a trav閟 de ella y los equipos terminales de los usuarios finales;
• c) evitar la inminente congesti髇 de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, siempre que categor韆s equivalentes de tr醘ico se traten de manera equitativa.

4. S髄o se podr醤 tratar los datos personales para ejecutar las medidas de gesti髇 del tr醘ico para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el apartado anterior de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad y de conformidad con la presente ley y su normativa de desarrollo y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

5. Los operadores de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet y los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios, tendr醤 libertad para ofrecer servicios distintos a los servicios de acceso a internet que est閚 optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios espec韋icos o para combinaciones de estos, cuando la optimizaci髇 sea necesaria para atender a las necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que precisen de un nivel de calidad espec韋ico.

Los operadores de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet, podr醤 ofrecer o facilitar tales servicios 鷑icamente si la capacidad de la red es suficiente para ofrecerlos adem醩 de los servicios de acceso a internet que ya se est醤 prestando. Dichos servicios no ser醤 utilizables u ofrecidos como sustituci髇 de los servicios de acceso a internet y no ir醤 en detrimento de la disponibilidad o de la calidad general de los servicios de acceso a internet para los usuarios finales.

6. Los operadores de servicios de acceso a internet se asegurar醤 de que cualquier contrato que incluya un servicio de acceso a internet especifique al menos la informaci髇 siguiente:

• a) informaci髇 sobre c髆o podr韆n afectar las medidas de gesti髇 del tr醘ico aplicadas por el operador en cuesti髇 a la calidad del servicio de acceso a internet, la intimidad de los usuarios f韓ales y la protecci髇 de sus datos personales;
• b) una explicaci髇 clara y comprensible de la forma en que cualquier limitaci髇 del volumen de datos, la velocidad y otros par醡etros de calidad del servicio pueden afectar en la pr醕tica a los servicios de acceso a internet, especialmente a la utilizaci髇 de contenidos, aplicaciones y servicios;
• c) una explicaci髇 clara y comprensible de la manera en que cualquier servicio de los indicados en el apartado anterior, al que se suscriba el usuario final podr� afectar en la pr醕tica a los servicios de acceso a internet proporcionados a dicho usuario final;
• d) una explicaci髇 clara y comprensible de la velocidad m韓ima, disponible normalmente, m醲ima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad m醲ima y anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes m髒iles, y la manera en que desviaciones significativas de las velocidades respectivas descendente y ascendente anunciadas podr韆n afectar al ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1;
• e) una explicaci髇 clara y comprensible de las v韆s de resoluci髇 de reclamaciones y controversias disponibles para el consumidor en caso de surgir cualquier discrepancia, continua o peri骴icamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que respecta a la velocidad u otros par醡etros de calidad del servicio y el rendimiento indicado de conformidad con las letras a) a d).

Los operadores de servicios de internet deber醤 publicar toda esta informaci髇.

7. Los operadores de servicios de acceso a internet implantar醤 procedimientos transparentes, sencillos y eficaces para hacer frente a las reclamaciones de los usuarios finales relacionadas con los derechos y obligaciones establecidos en este art韈ulo.

8. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o peri骴icamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que se refiere a la velocidad u otros par醡etros de calidad del servicio y el rendimiento indicado al p鷅lico por el operador de servicios de acceso a internet de conformidad con el apartado 6, letras a) a d), se considerar�, cuando los hechos pertinentes se establezcan mediante un mecanismo de supervisi髇 certificado por una autoridad competente, como una falta de conformidad del rendimiento a efectos de abrir las v韆s de recurso disponibles para los consumidores.

9. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital supervisar� la aplicaci髇 de lo establecido en este art韈ulo y publicar� un informe anual sobre dicha supervisi髇 y sus resultados y lo remitir� a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, a la Comisi髇 Europea y al ORECE.

Para llevar a cabo dicha supervisi髇, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� solicitar a los operadores de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet, con el grado de detalle oportuno, informaci髇 pertinente a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este art韈ulo y, en particular, informaci髇 sobre la gesti髇 del tr醘ico en su red y su capacidad, as� como podr� solicitar la aportaci髇 de los documentos que justifiquen todas las medidas de gesti髇 del tr醘ico aplicadas.

Art韈ulo 77 Itinerancia en la Uni髇 Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladas

1. La regulaci髇 de la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Uni髇 Europea ser� la establecida en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇 y los reglamentos de ejecuci髇 que lo desarrollan.

2. La regulaci髇 de las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales basadas en numeraci髇 intracomunitarias ser� la establecida en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.

Art韈ulo 78 Resoluci髇 de controversias

1. Los usuarios finales que sean personas f韘icas, incluidos los aut髇omos o trabajadores por cuenta propia, y las microempresas tendr醤 derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones, como los prestadores de servicios de tarificaci髇 adicional, cuando tales controversias se refieran a sus derechos espec韋icos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electr髇icas reconocidos en esta ley y su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa europea.

A tal fin, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital establecer� mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales podr醤 someterle dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. Los operadores y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones estar醤 obligados a someterse al procedimiento, as� como a cumplir la resoluci髇 que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecer� el plazo m醲imo en el que deber� notificarse la resoluci髇 expresa, transcurrido el cual se podr� entender desestimada la reclamaci髇 por silencio administrativo, sin perjuicio de que el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital tenga la obligaci髇 de resolver la reclamaci髇 de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. La resoluci髇 que se dicte podr� impugnarse ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

Mediante real decreto se podr� prever que los usuarios finales que sean peque馻s y medianas empresas y organizaciones sin 醤imo de lucro puedan tambi閚 acceder a este procedimiento de resoluci髇 de controversias en defensa de sus derechos espec韋icos de comunicaciones electr髇icas.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislaci髇 vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de consumo hubieran acordado el inicio de un procedimiento, no ser� posible acudir al procedimiento del apartado anterior a no ser que la solicitud haya sido archivada sin entrar en el fondo del asunto o las partes hayan desistido del procedimiento arbitral.

Art韈ulo 79 Normalizaci髇 t閏nica

1. Mediante real decreto se podr醤 establecer los supuestos y condiciones en que los operadores de redes p鷅licas y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico habr醤 de publicar las especificaciones t閏nicas precisas y adecuadas de las interfaces ofrecidas en Espa馻, con anterioridad a la posibilidad de acceso p鷅lico a los servicios prestados a trav閟 de dichas interfaces.

2. Mediante real decreto se determinar醤 las formas de elaboraci髇, en su caso, de las especificaciones t閏nicas aplicables a los equipos de telecomunicaci髇, a efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de evaluaci髇 de conformidad y se fijar醤 los equipos exceptuados de la aplicaci髇 de dicha evaluaci髇.

En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� aprobar especificaciones t閏nicas distintas de las anteriores para equipos de telecomunicaci髇.

Art韈ulo 80 Requisitos esenciales y evaluaci髇 de conformidad de equipos de telecomunicaci髇

1. Mediante real decreto se establecer醤 los requisitos esenciales que han de cumplir los equipos de telecomunicaci髇 y los procedimientos para la evaluaci髇 de su conformidad con dichos requisitos.

2. Los equipos de telecomunicaci髇 deber醤 evaluar su conformidad con los requisitos esenciales, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluaci髇 realizada. Podr� exceptuarse de la aplicaci髇 de lo dispuesto en este t韙ulo el uso de los equipos que mediante real decreto se determine, como los equipos de radioaficionados construidos por el propio usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo dispuesto en su regulaci髇 espec韋ica.

3. El cumplimiento de todos los requisitos esenciales incluye la habilitaci髇 para la conexi髇 de los equipos de telecomunicaci髇 destinados a conectarse a los puntos de terminaci髇 de una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas. Dicho cumplimiento no supone autorizaci髇 de uso para los equipos radioel閏tricos sujetos a la obtenci髇 de autorizaci髇 o concesi髇 de dominio p鷅lico radioel閏trico en los t閞minos establecidos en esta ley.

4. Mediante real decreto se establecer醤 los requisitos que deben cumplir los organismos de evaluaci髇 de la conformidad, sus subcontratas y filiales y los procedimientos para su acreditaci髇 y para la evaluaci髇 y notificaci髇 a la Comisi髇 Europea por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, como Autoridad Notificante, de organismos de evaluaci髇 de la conformidad.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� promover procedimientos complementarios de certificaci髇 voluntaria para los equipos de telecomunicaci髇 que incluir醤, al menos, la evaluaci髇 de la conformidad indicada en los apartados anteriores.

Art韈ulo 81 Reconocimiento mutuo

1. Los equipos de telecomunicaci髇 que hayan evaluado su conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros pa韘es, y cumplan con las dem醩 disposiciones aplicables en la materia, tendr醤 la misma consideraci髇, en lo que se refiere a lo dispuesto en este t韙ulo, que los equipos cuya conformidad se ha verificado en Espa馻 y cumplan, asimismo, las dem醩 disposiciones legales en la materia.

2. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital establecer� los procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los equipos de telecomunicaci髇 a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que establezca la Uni髇 Europea con terceros pa韘es.

3. Los equipos de telecomunicaci髇 que utilicen el espectro radioel閏trico con par醡etros de radio no armonizados en la Uni髇 Europea no podr醤 ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, adem醩 de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables a aqu閘los y ser conformes con el resto de disposiciones que les sean aplicables.

Art韈ulo 82 Importaci髇, comercializaci髇, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicaci髇

1. Mediante real decreto se establecer醤 los requisitos para la importaci髇, comercializaci髇, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicaci髇 y las obligaciones aplicables a los distintos operadores econ髆icos.

2. Para la importaci髇 de equipos de telecomunicaci髇 desde terceros pa韘es no pertenecientes a la Uni髇 Europea, y para la comercializaci髇, puesta en servicio y uso de estos equipos ser� requisito imprescindible que el operador econ髆ico establecido en la Uni髇 Europea o el usuario final haya verificado previamente la conformidad de los equipos con los requisitos esenciales que les sean aplicables, as� como el cumplimiento de las restantes disposiciones de aplicaci髇.

3. Los equipos o sistemas sujetos a la obtenci髇 de concesiones, permisos o licencias solo podr醤 ser puestos en servicio y ser utilizados por los usuarios, en general, cuando hayan obtenido las citadas habilitaciones. Adem醩, en el caso de equipos radioel閏tricos, a fin de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioel閏trico, evitar interferencias perjudiciales o perturbaciones electromagn閠icas, solo se permitir� la puesta en servicio de aquellos equipos que hayan sido fabricados de acuerdo con el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico establecido en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias y de acuerdo con las interfaces de radio espa駉las, donde se define en cada caso, el uso del servicio, las frecuencias que pueden ser usadas y la potencia de las emisiones, as� como otros par醡etros radioel閏tricos establecidos para la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico en Espa馻.

4. No est� permitida la importaci髇, comercializaci髇, publicidad, cesi髇 de forma gratuita u onerosa, instalaci髇, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para la generaci髇 intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de telecomunicaciones.

No obstante, se podr醤 llevar a cabo las actividades anteriores excepcionalmente por necesidades relacionadas con la seguridad p鷅lica, la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad de la navegaci髇 a閞ea, la seguridad de la navegaci髇 mar韙ima y la seguridad de las instituciones penitenciarias. Mediante real decreto se determinar醤 los mecanismos para su autorizaci髇 y control.

Art韈ulo 83 Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicaci髇

1. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como 髍gano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicaci髇, garantizar� que los equipos comercializados cumplan lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicaci髇, obligando a que se adapte el equipo a la normativa aplicable, se retire del mercado o se proh韇a o restrinja su comercializaci髇 cuando no cumplan lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme al fin previsto o en las condiciones que razonablemente cabr韆 prever, cuando su instalaci髇 o su mantenimiento no sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o seguridad de los usuarios.

2. Mediante real decreto se desarrollar� el procedimiento para la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicaci髇, atribuyendo a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la realizaci髇 de los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado cumplen los requisitos aplicables.

3. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� requerir a los operadores econ髆icos implicados en la comercializaci髇 de los equipos las siguientes actuaciones:

• a) la provisi髇 de manera gratuita de los equipos comercializados para poder llevar a cabo los controles correspondientes;
• b) la puesta a disposici髇 de los documentos, las especificaciones t閏nicas, los datos o la informaci髇 pertinentes en relaci髇 con la conformidad y los aspectos t閏nicos del producto, lo que incluye el acceso al software incorporado, en la medida en que dicho acceso sea necesario para evaluar la conformidad del producto con la normativa aplicable. La puesta a disposici髇 ser� con independencia de la forma o formato y del soporte de almacenamiento o del lugar en que dichos documentos, especificaciones t閏nicas, datos o informaci髇 est閚 almacenados. La puesta a disposici髇 incluye la posibilidad de hacer u obtener copias de los documentos, especificaciones t閏nicas, datos o informaci髇;
• c) la provisi髇 de la informaci髇 pertinente sobre la cadena de suministro, los detalles de la red de distribuci髇, las cantidades de equipos en el mercado y otros modelos de equipos que tengan las mismas caracter韘ticas t閏nicas que el equipo en cuesti髇, cuando sea pertinente para el cumplimiento de la normativa aplicable;
• d) la provisi髇 de la informaci髇 pertinente que se requiera con miras a determinar la titularidad de los sitios web, cuando la informaci髇 en cuesti髇 est� relacionada con el objeto de la investigaci髇;
• e) cuando no se disponga de otros medios efectivos para eliminar un riesgo grave:
  • 1.� la supresi髇 del contenido relativo a los productos relacionados de una interfaz en l韓ea, o para exigir que se muestre expl韈itamente una advertencia a los usuarios finales cuando accedan a una interfaz en l韓ea o
  • 2.� cuando no se atienda a un requerimiento con arreglo al anterior inciso 1.�, se podr� exigir a los proveedores de servicios de la sociedad de la informaci髇 que restrinjan el acceso a la interfaz en l韓ea, incluso pidiendo a un tercero pertinente que aplique dichas medidas.

4. Si la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales comprueba que un equipo de telecomunicaci髇, a pesar de cumplir con lo establecido en la normativa que resulte de aplicaci髇, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las personas o para otros aspectos de la protecci髇 del inter閟 p鷅lico, se solicitar� al operador econ髆ico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que el equipo de telecomunicaci髇 no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, o bien, para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que se determine.

5. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� reclamar al operador econ髆ico responsable de la comercializaci髇 de los equipos la totalidad de los costes de sus actividades con respecto a casos de incumplimiento de la normativa que resulte de aplicaci髇. Dichos costes podr醤 incluir los costes de los ensayos, los costes de almacenamiento y los costes de actividades relacionadas con equipos considerados no conformes.

6. Asimismo, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� proceder a la recuperaci髇 de equipos de telecomunicaci髇 de los usuarios que los posean cuando se hubieran causado interferencias perjudiciales o cuando se considere, justificadamente, que dichos equipos pueden causar las citadas interferencias.

Art韈ulo 84 Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores

1. La instalaci髇 de los equipos de telecomunicaci髇 deber� ser realizada siguiendo las instrucciones proporcionadas por el operador econ髆ico, manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los t閞minos establecidos en los art韈ulos anteriores de este t韙ulo.

2. La prestaci髇 a terceros de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 se realizar� en r間imen de libre competencia sin m醩 limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

Podr醤 prestar a terceros servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 las personas f韘icas o jur韉icas nacionales de un Estado miembro de la Uni髇 Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, as� est� previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de Espa馻. Para el resto de personas f韘icas o jur韉icas, el Gobierno podr� autorizar excepciones de car醕ter general o particular a la regla anterior.

Mediante real decreto se establecer醤 los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad consistente en la prestaci髇 a terceros de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 relativos a la capacidad t閏nica y a la cualificaci髇 profesional para el ejercicio de la actividad, medios t閏nicos y cobertura m韓ima del seguro, aval o de cualquier otra garant韆 financiera. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio ser醤 proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos, y estar醤 clara y directamente vinculados al inter閟 general concreto que los justifique. Estos requisitos tambi閚 ser醤 exigibles para poder instalar o mantener equipos o sistemas de telecomunicaci髇 que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico.

3. Los interesados en la prestaci髇 a terceros de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 o en la instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico deber醤, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci髇, por medios electr髇icos o telem醫icos, una declaraci髇 responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.

La declaraci髇 responsable habilita para la prestaci髇 a terceros de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 o para la instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico en todo el territorio espa駉l y con una duraci髇 indefinida.

Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se le dirigir� al interesado una notificaci髇 para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de quince d韆s h醔iles. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanaci髇 se hubiera producido, se proceder� a dictar resoluci髇 privando de eficacia a la declaraci髇 y se cancelar� la inscripci髇 registral.

Cualquier hecho que suponga modificaci髇 de alguno de los datos incluidos en la declaraci髇 originaria deber� ser comunicado por el interesado por medios electr髇icos o telem醫icos, en el plazo m醲imo de un mes a partir del momento en que se produzca, a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que proceder� a la inscripci髇 de la modificaci髇 en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci髇.

Si como consecuencia de la prestaci髇 de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 se pusiera en peligro la seguridad de las personas o de las redes p鷅licas de telecomunicaciones, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� dictar resoluci髇 motivada por la que, previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el tiempo imprescindible para ello la suspensi髇 del ejercicio de la actividad de instalaci髇 para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el t韙ulo VIII.

Ser� libre la prestaci髇 a terceros temporal u ocasional en el territorio espa駉l de servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 por personas f韘icas o jur韉icas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la Uni髇 Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean de aplicaci髇 a los profesionales que se desplacen.

4. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci髇 ser� de car醕ter p鷅lico y su regulaci髇 se har� mediante real decreto. En 閘 se inscribir醤 de oficio los datos que se determinen mediante real decreto relativos a las personas f韘icas o jur韉icas que hayan declarado su intenci髇 de prestar a terceros servicios de instalaci髇 o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaci髇 o de instalar o mantener equipos o sistemas de telecomunicaci髇 que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico y sus modificaciones, a partir de la informaci髇 contenida en las declaraciones. Los tr醡ites relativos a la inscripci髇 en el mismo no podr醤 suponer un retraso de la habilitaci髇 para ejercer la actividad.

Art韈ulo 85 De la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. El espectro radioel閏trico es un bien de dominio p鷅lico, cuya titularidad y administraci髇 corresponden al Estado. Dicha administraci髇 se ejercer� de conformidad con lo dispuesto en este t韙ulo y en los tratados y acuerdos internacionales en los que Espa馻 sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Uni髇 Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Uni髇 Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.

2. La administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico se llevar� a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y econ髆ico y la necesaria cooperaci髇 con otros Estados miembros de la Uni髇 Europea y con la Comisi髇 Europea en la planificaci髇 estrat間ica, la coordinaci髇 y la armonizaci髇 del uso del espectro radioel閏trico en la Uni髇 Europea.

En el marco de dicha cooperaci髇 se fomentar� la coordinaci髇 de los enfoques pol韙icos en materia de espectro radioel閏trico en la Uni髇 Europea y, cuando proceda, la armonizaci髇 de las condiciones necesarias para la creaci髇 y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electr髇icas. Para ello, se tendr醤 en cuenta, entre otros, los aspectos econ髆icos, de seguridad, de salud, de inter閟 p鷅lico, de libertad de expresi髇, de derechos de los consumidores, culturales, cient韋icos, sociales y t閏nicos de las pol韙icas de la Uni髇 Europea, as� como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la realizaci髇 de econom韆s de escala y la interoperabilidad de los servicios y redes.

En esa labor, la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico perseguir�, entre otras finalidades:

• a) procurar la cobertura de banda ancha inal醡brica del territorio y la poblaci髇 en condiciones de alta calidad y velocidad, as� como la cobertura de los grandes corredores de transporte;
• b) facilitar el r醦ido desarrollo de nuevas tecnolog韆s y aplicaciones inal醡bricas al servicio de las comunicaciones, incluido, cuando sea oportuno, el enfoque intersectorial;
• c) garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesi髇, renovaci髇, modificaci髇, restricci髇 o supresi髇 de los derechos de utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico con miras a promover inversiones a largo plazo;
• d) procurar la prevenci髇 de las interferencias perjudiciales, y adoptar a tal fin medidas apropiadas, tanto preventivas como correctoras;
• e) promover el uso compartido del espectro radioel閏trico entre usos similares o diferentes de conformidad con la normativa de competencia;
• f) aplicar el sistema de autorizaci髇 m醩 apropiado y menos oneroso posible, de forma que se maximice la flexibilidad, el uso compartido y el uso eficiente en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• g) aplicar normas para la concesi髇, cesi髇, renovaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico que est閚 definidas de forma clara y transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;
• h) preservar la salud de la poblaci髇 mediante la determinaci髇, control e inspecci髇 de los niveles 鷑icos de emisi髇 radioel閏trica tolerable que no supongan un peligro para la salud p鷅lica.

3. En particular, son principios aplicables a la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, entre otros, los siguientes:

• a) garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso;
• b) fomentar la neutralidad tecnol骻ica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro;
• c) fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electr髇icas.

4. La administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico tiene por objetivo el establecimiento de un marco jur韉ico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones entre las cuales se incluyen las siguientes:

• a) planificaci髇: Elaboraci髇 y aprobaci髇 de los planes de utilizaci髇;
• b) gesti髇: Establecimiento, de acuerdo con la planificaci髇 previa, de las condiciones t閏nicas de explotaci髇 y otorgamiento de los derechos de uso;
• c) control: Comprobaci髇 t閏nica de las emisiones, detecci髇 y eliminaci髇 de interferencias, inspecci髇 t閏nica de instalaciones, equipos radioel閏tricos, as� como el control de la comercializaci髇, la puesta en servicio y el uso de 閟tos 鷏timos.

  Igualmente, incluye la protecci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, consistente, entre otras actuaciones, en la realizaci髇 de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioel閏tricos cuyos derechos de uso, en el 醡bito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados, con independencia de que dichas frecuencias o canales radioel閏tricos sean objeto en la pr醕tica de ocupaci髇 o uso efectivo;

• d) aplicaci髇 del r間imen sancionador.

5. La utilizaci髇 de frecuencias radioel閏tricas mediante redes de sat閘ites se incluye dentro de la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico.

Asimismo, la utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico necesaria para la utilizaci髇 de los recursos 髍bita-espectro en el 醡bito de la soberan韆 espa駉la y mediante sat閘ites de comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotaci髇 estar� sometida al derecho internacional y se realizar�, en la forma que mediante real decreto se determine, mediante su gesti髇 directa por el Estado o mediante concesi髇, en el que se fijar� asimismo su duraci髇. En todo caso, la gesti髇 podr� tambi閚 llevarse a cabo mediante conciertos con organismos internacionales.

Art韈ulo 86 Facultades del Gobierno para la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico

El Gobierno desarrollar� mediante real decreto las condiciones para la adecuada administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico. En dicho real decreto se regular�, como m韓imo, lo siguiente:

• a) el procedimiento para la elaboraci髇 de los planes de utilizaci髇 del espectro radioel閏trico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias, los planes t閏nicos nacionales de radiodifusi髇 y televisi髇, cuya aprobaci髇 corresponder� al Gobierno, y las necesidades de espectro radioel閏trico para la defensa nacional. Los datos relativos a esta 鷏tima materia tendr醤 el car醕ter de reservados;
• b) el procedimiento de determinaci髇, control e inspecci髇 de los niveles 鷑icos de emisi髇 radioel閏trica tolerable y que no supongan un peligro para la salud p鷅lica, que deber醤 ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio p鷅lico radioel閏trico. En la determinaci髇 de estos niveles 鷑icos de emisi髇 radioel閏trica tolerable se tendr� en cuenta tanto criterios t閏nicos en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, como criterios de preservaci髇 de la salud de las personas y en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisi髇 Europea. Tales l韒ites deber醤 ser respetados, en todo caso, por el resto de Administraciones p鷅licas, tanto auton髆icas como locales, que no podr醤 modificarlos ni de manera directa, en t閞minos de densidad de potencia o de intensidad de campo el閏trico, ni de manera indirecta mediante el establecimiento de distancias m韓imas de protecci髇 radioel閏trica;
• c) los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitaci髇 del ejercicio de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, que revestir� la forma de autorizaci髇 general, autorizaci髇 individual, afectaci髇 o concesi髇 administrativas.

  En particular, se regular醤 los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, que se basar醤 en criterios de elegibilidad fijados de antemano, objetivos, transparentes, no discriminatorios, proporcionados y que reflejen las condiciones asociadas a tales derechos.

  No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos individuales de utilizaci髇 de radiofrecuencias a prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos o televisivos para lograr un objetivo de inter閟 general establecido de conformidad con el Derecho de la Uni髇 Europea, podr醤 establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto;

• d) el procedimiento para la reasignaci髇 del uso de bandas de frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso m醩 eficiente del espectro radioel閏trico, en funci髇 de su idoneidad para la prestaci髇 de nuevos servicios o de la evaluaci髇 de las tecnolog韆s, que podr� incluir el calendario de actuaciones y la evaluaci髇 de los costes asociados, en particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas actuaciones de reasignaci髇, que podr醤 verse compensados a trav閟 de un fondo econ髆ico o cualquier otro mecanismo de compensaci髇 que se establezca;
• e) las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, entre las que se incluir醤 las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los compromisos contra韉os por los operadores en los procesos de licitaci髇 previstos en el art韈ulo 89. Estas condiciones buscar醤 promover en todo caso la consecuci髇 de los mayores beneficios posibles para los usuarios, as� como mantener los incentivos suficientes para la inversi髇 y la innovaci髇;
• f) las condiciones de otorgamiento de t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico para fines experimentales o eventos de corta duraci髇;
• g) la adecuada utilizaci髇 del espectro radioel閏trico mediante el empleo de equipos y aparatos.

Art韈ulo 87 Coordinaci髇 transfronteriza del espectro radioel閏trico

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital llevar� a cabo una administraci髇 del espectro radioel閏trico de forma que no se impida a ning鷑 otro Estado miembro de la Uni髇 Europea permitir en su territorio el uso del espectro radioel閏trico armonizado de conformidad con la legislaci髇 de la Uni髇 Europea, principalmente en lo relativo a evitar interferencias perjudiciales transfronterizas entre los Estados miembros, sin perjuicio del cumplimiento de la legislaci髇 internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Uni髇 Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

2. Se cooperar� con los Estados miembros de la Uni髇 Europea y, cuando proceda, a trav閟 del Grupo de Pol韙ica del Espectro Radioel閏trico (RSPG, en ingl閟), en la coordinaci髇 transfronteriza en el uso del espectro radioel閏trico al objeto de:

• a) garantizar el uso del espectro radioel閏trico armonizado de conformidad con la legislaci髇 de la Uni髇 Europea;
• b) resolver cualquier problema o disputa en relaci髇 con la coordinaci髇 transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros o con terceros pa韘es que impiden hacer uso del espectro radioel閏trico armonizado.

3. En esta labor de coordinaci髇 transfronteriza del espectro radioel閏trico, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� solicitar la colaboraci髇 y el apoyo del RSPG para hacer frente a cualquier problema o disputa en relaci髇 con la coordinaci髇 transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas. En su caso, el RSPG podr� emitir un dictamen en el que proponga una soluci髇 coordinada en relaci髇 con dicho problema o disputa.

4. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� solicitar a las instituciones europeas apoyo jur韉ico, pol韙ico y t閏nico a fin de resolver problemas de coordinaci髇 del espectro radioel閏trico con pa韘es vecinos de la Uni髇 Europea.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital cooperar� con el fin de coordinar el uso del espectro radioel閏trico armonizado para redes y servicios de comunicaciones electr髇icas en la Uni髇 Europea. Ello puede incluir determinar una o, cuando sea pertinente, varias fechas l韒ite comunes para la autorizaci髇 de bandas espec韋icas del espectro radioel閏trico armonizado.

6. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital cooperar� con los 髍ganos competentes de otros Estados fuera de la Uni髇 Europea para resolver de forma temprana y eficaz cualquier problema o disputa en relaci髇 con terceros pa韘es que impiden hacer uso del espectro radioel閏trico, de forma que se garantice el cumplimiento de la legislaci髇 internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Uni髇 Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

Art韈ulo 88 T韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. El uso del dominio p鷅lico radioel閏trico podr� ser com鷑, especial o privativo.

El uso com鷑 del dominio p鷅lico radioel閏trico no precisar� de ning鷑 t韙ulo habilitante y se llevar� a cabo en las bandas de frecuencias y con las caracter韘ticas t閏nicas que se establezcan al efecto. No obstante, los operadores que hagan uso de bandas de frecuencias de uso com鷑 deber醤 comunicar a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales los siguientes datos:

• a) las bandas de frecuencias de funcionamiento de sus redes que hagan un uso com鷑 del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• b) los datos descriptivos de la zona de servicio de cada una de las redes del operador que hagan un uso com鷑 del dominio p鷅lico radioel閏trico, incluyendo el tipo de cobertura (municipal, provincial, auton髆ica o estatal), as� como los identificadores de cada red;
• c) el n鷐ero de transmisores de cada red que hagan un uso com鷑 del dominio p鷅lico radioel閏trico, as� como los datos t閏nicos actualizados de los transmisores de cada red, incluyendo sus coordenadas geogr醘icas.

El uso especial del dominio p鷅lico radioel閏trico es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotaci髇 de forma compartida, sin limitaci髇 de n鷐ero de operadores o usuarios y con las condiciones t閏nicas y para los servicios que se establezcan en cada caso.

El uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico es el que se realiza mediante la explotaci髇 en exclusiva o por un n鷐ero limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo 醡bito f韘ico de aplicaci髇.

2. Para el acceso a una red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de RLAN, cuando dicho acceso no forme parte de una actividad econ髆ica o sea accesorio respecto de otra actividad econ髆ica o un servicio p鷅lico que no dependa del transporte de se馻les por esas redes, las empresas, autoridades p鷅licas o usuarios finales que suministren el acceso no estar醤 sujetos a la previa obtenci髇 de un t韙ulo habilitante, sin perjuicio de que el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico deba llevarse a cabo en las bandas de frecuencias y con las caracter韘ticas t閏nicas que se establezcan al efecto.

3. Los t韙ulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico revestir醤 la forma de autorizaci髇 general, autorizaci髇 individual, afectaci髇 o concesi髇 administrativas. El plazo para el otorgamiento de los t韙ulos habilitantes ser� de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del 髍gano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los derechos de uso con limitaci髇 de n鷐ero. Dicho plazo no ser� de aplicaci髇 cuando sea necesaria la coordinaci髇 internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales.

4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico revestir� la forma de autorizaci髇 general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto a trav閟 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas suministradas por operadores de comunicaciones electr髇icas.

La autorizaci髇 general se entender� concedida sin m醩 tr醡ite que la notificaci髇 a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, mediante el procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, sin perjuicio de la obligaci髇 de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretar韆 de Estado constate que la notificaci髇 no re鷑e los requisitos establecidos anteriormente, dictar� resoluci髇 motivada en un plazo m醲imo de quince d韆s h醔iles, no teniendo por realizada aqu閘la.

5. El otorgamiento de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico revestir� la forma de autorizaci髇 individual en los siguientes supuestos:

• a) si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido econ髆ico en cuya regulaci髇 espec韋ica as� se establezca;
• b) si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestaci髇 por el solicitante, salvo en el caso de Administraciones p鷅licas, que requerir醤 de afectaci髇 demanial.

6. En el resto de los supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico requerir� una concesi髇 administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesi髇, ser� requisito previo que los solicitantes ostenten la condici髇 de operador de comunicaciones electr髇icas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Las concesiones de uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico reservado para la prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual se otorgar醤 por la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales aneja al t韙ulo habilitante audiovisual, ya consista este t韙ulo habilitante en una licencia o en la habilitaci髇 para la prestaci髇 de servicios p鷅licos de comunicaci髇 audiovisual conforme a lo establecido en la normativa de servicios de comunicaci髇 audiovisual. La duraci髇 de estas concesiones ser� la del t韙ulo habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue la concesi髇 no tiene por qu� ostentar la condici髇 de operador de comunicaciones electr髇icas sino la de prestador de servicios de comunicaci髇 audiovisual.

7. En caso de falta de demanda a nivel nacional o inferior de uso de una banda en el dominio p鷅lico radioel閏trico sujeto a condiciones armonizadas, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� permitir un uso alternativo de dicha banda o de parte de ella, incluido el uso existente, a condici髇 de que:

• a) el descubrimiento de la falta de demanda de uso de tal banda se base en una consulta p鷅lica por un plazo no inferior a treinta d韆s naturales, incluida una evaluaci髇 prospectiva de la demanda en el mercado;
• b) el citado uso alternativo no impida o entorpezca la disponibilidad del uso de la banda armonizada en otros Estados miembros, y
• c) tenga debidamente en cuenta la disponibilidad o el uso a largo plazo de la banda armonizada, as� como las econom韆s de escala para los equipos que resultan del uso del espectro radioel閏trico armonizado.

La decisi髇 que permita el uso alternativo de forma excepcional de una banda o parte de ella estar� sujeta a revisi髇 peri骴ica, y en cualquier caso se revisar� con prontitud a ra韟 de una petici髇 debidamente justificada de uso de la banda de conformidad con las condiciones armonizadas.

8. Es competencia de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el otorgamiento de los t韙ulos habilitantes, salvo en los supuestos de otorgamiento por procedimiento de licitaci髇 contemplado en el art韈ulo 89.

Las resoluciones mediante las cuales se otorguen los t韙ulos habilitantes de dominio p鷅lico radioel閏trico se dictar醤 en la forma y plazos que se establezcan mediante real decreto que establecer�, asimismo, la informaci髇 que se har� p鷅lica sobre dichas concesiones.

9. Los operadores que resultasen seleccionados para la asignaci髇 o reserva a su favor de derechos de uso del espectro radioel閏trico efectuada por las instituciones de la Uni髇 Europea o derivada de acuerdos internacionales, se inscribir醤 de oficio en el Registro de operadores. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales otorgar� la concesi髇 demanial a los operadores antes mencionados. En las citadas concesiones se incluir醤, entre otras, las condiciones que procedan establecidas en los procedimientos de asignaci髇 o reserva, as� como los compromisos adquiridos por el operador en dichos procedimientos, sin que se puedan imponer condiciones o criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicaci髇 de la asignaci髇 com鷑 de dicho espectro radioel閏trico.

10. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, teniendo en cuenta los intereses manifestados por los agentes intervinientes en el mercado de las telecomunicaciones y previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, podr� cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea y con el Grupo de Pol韙ica del Espectro Radioel閏trico (RSPG) para establecer conjuntamente los aspectos comunes de un proceso de asignaci髇 de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico y, en su caso, desarrollar tambi閚 conjuntamente el proceso de selecci髇 para el otorgamiento de t韙ulos habilitantes del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico.

Al concebir el proceso de asignaci髇 conjunta, se podr� tener en cuenta los siguientes criterios:

• a) los distintos procesos de asignaci髇 nacionales ser醤 iniciados y desarrollados por las autoridades competentes de conformidad con un calendario aprobado conjuntamente;
• b) dispondr�, en su caso, unas condiciones y procedimientos comunes para la selecci髇 y otorgamiento de los t韙ulos habilitantes de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• c) dispondr�, si procede, unas condiciones comunes o comparables en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, pudiendo permitir la asignaci髇 de bloques similares de frecuencias radioel閏tricas;
• d) permanecer� abierto a otros Estados miembros de la Uni髇 Europea en todo momento hasta que se haya realizado el proceso de asignaci髇 conjunta.

11. Los operadores que suministren las redes o servicios de comunicaciones electr髇icas que hagan uso del dominio p鷅lico radioel閏trico deber醤 disponer del correspondiente t韙ulo habilitante de dicho uso.

Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioel閏tricas mediante el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico por encargo de otras personas o entidades deber醤 verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a cuya disposici髇 ponen su red ostentan el correspondiente t韙ulo habilitante en materia de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico. Dichos operadores no podr醤 poner a disposici髇 de las entidades referidas su red y, en consecuencia, no podr醤 dar el acceso a su red a dichas entidades ni podr醤 efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado t韙ulo habilitante.

Los titulares de las infraestructuras f韘icas desde las que los operadores vayan a efectuar materialmente emisiones radioel閏tricas mediante el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, ya sea directamente o mediante acuerdos de coubicaci髇, deber醤 tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioel閏tricas y una relaci髇 actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.

Art韈ulo 89 T韙ulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitaci髇

1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los m醲imos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr�, previa consulta p鷅lica a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, por un plazo de treinta d韆s naturales y previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, limitar el n鷐ero de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para el suministro de redes p鷅licas y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas. Toda decisi髇 de limitar el otorgamiento de derechos de uso habr� de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. La limitaci髇 del n鷐ero de t韙ulos habilitantes ser� revisable por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.

2. Cuando, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, el titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital limite el n鷐ero de concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitar� un procedimiento de licitaci髇 para el otorgamiento de las mismas que respetar� en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminaci髇 para todas las partes interesadas. Para ello se aprobar�, mediante orden del titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, la convocatoria y el pliego de bases por el que se regir� la licitaci髇, previa consulta p鷅lica por un plazo no inferior a treinta d韆s naturales y previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

Los objetivos que pueden perseguirse con la convocatoria de la licitaci髇 deber醤 limitarse a uno o varios de los siguientes:

• a) fomentar la competencia;
• b) promover la cobertura;
• c) asegurar la calidad del servicio requerida;
• d) fomentar el uso eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico teniendo en cuenta, en particular, las condiciones asociadas a los derechos de uso y la cuant韆 de las tasas;
• e) promover la innovaci髇 y el desarrollo de las empresas.

Antes de la convocatoria de la licitaci髇, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital informar� al RSPG de la pr髕ima convocatoria y determinar� si solicita al RSPG que convoque un foro de revisi髇 por pares a fin de debatir y cambiar impresiones sobre la licitaci髇 y facilitar el intercambio de experiencias y buenas pr醕ticas.

El procedimiento de licitaci髇 deber� resolverse mediante orden del titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en un plazo m醲imo de ocho meses desde la convocatoria de la licitaci髇.

Art韈ulo 90 Competencia efectiva en la asignaci髇 y uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Se promover� una competencia efectiva y se evitar� el falseamiento de la competencia cuando se tomen decisiones referentes a la asignaci髇 o modificaci髇 de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico.

2. A tal efecto, en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitaci髇 para el otorgamiento de t韙ulos habilitantes se podr醤 tomar las siguientes medidas, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia:

• a) establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, en particular, mediante la fijaci髇 de l韒ites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o la fijaci髇 de plazos estrictos para la explotaci髇 de los derechos de uso por parte de su titular, pudiendo establecer un per韔do de tiempo durante el cual no se pueden efectuar operaciones de mercado secundario con los t韙ulos habilitantes o los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• b) imponer condiciones a la concesi髇 de tales derechos, como podr韆 ser el suministro de acceso al por mayor, o la itinerancia nacional o inferior, en determinadas bandas o grupos de bandas con caracter韘ticas similares;
• c) reservar, si resulta conveniente y justificado debido a una situaci髇 espec韋ica del mercado, una parte de una banda del dominio p鷅lico radioel閏trico o grupo de bandas para su asignaci髇 a nuevos operadores en el mercado.

3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� adoptar las siguientes medidas, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia:

• a) denegar la concesi髇 de nuevos derechos del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico o la de nuevos usos de dicho dominio p鷅lico en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesi髇 de nuevos derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico o a la autorizaci髇 de nuevos usos de dicho dominio p鷅lico, con el fin de evitar un falseamiento de la competencia por efecto de asignaciones, transferencias o acumulaciones de derechos de uso;
• b) incluir condiciones que proh韇an las transferencias de derechos de uso del dominio p鷅lico no sujetos a la normativa de control de fusiones, o impongan condiciones a las mismas, si tales transferencias pudieran ser perjudiciales para la competencia;
• c) modificar los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico si fuera necesario para poner remedio a posteriori a falseamientos de la competencia causados por la transferencia o acumulaci髇 de derechos de uso del espectro radioel閏trico.

4. La adopci髇 por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de las medidas a las que se refiere este art韈ulo se basar� en una evaluaci髇 objetiva y prospectiva de las condiciones de competencia del mercado y de si tales medidas son necesarias para lograr o mantener una competencia efectiva, y de los efectos previsibles de las mismas sobre la inversi髇 presente y futura de los agentes del mercado, especialmente por lo que se refiere al despliegue de las redes. Al hacerlo, tendr� en cuenta el enfoque del an醠isis del mercado expuesto en los apartados 1 a 3 del art韈ulo 17.

Art韈ulo 91 Condiciones asociadas a los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Cuando se otorgue un t韙ulo habilitante para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, se especificar� su duraci髇, sus causas de extinci髇 y revocaci髇 y si los derechos de uso pueden ser objeto de operaciones de mercado secundario y sus condiciones.

2. En el otorgamiento de los t韙ulos habilitantes, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, podr� imponer las siguientes condiciones para garantizar un uso eficaz y eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico o reforzar la cobertura:

• a) compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del dominio p鷅lico radioel閏trico, o compartir el dominio p鷅lico radioel閏trico;
• b) celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia nacional o inferior;
• c) desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios que dependen del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico.

3. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico podr醤 permitir un acceso p鷅lico a sus redes a trav閟 de RLAN que podr韆n estar situadas en los locales de un usuario final, siempre que se atengan a las condiciones establecidas en este t韙ulo y al acuerdo previo y con conocimiento de causa del usuario final.

4. Los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico no podr醤 restringir o impedir unilateralmente la posibilidad de que los usuarios:

• a) accedan a las RLAN que prefieran suministradas por terceros, o
• b) permitan el acceso rec韕roco o m醩 en general a las redes de tales proveedores por parte de otros usuarios finales a trav閟 de redes de 醨ea local radioel閏tricas, tambi閚 si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten el acceso p鷅lico a las RLAN de diferentes usuarios finales.

5. Se permite que los usuarios finales permitan el acceso de forma rec韕roca o de otra forma a sus RLAN por parte de otros usuarios finales, tambi閚 si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten un acceso p鷅lico a las RLAN de diferentes usuarios finales.

6. En los t閞minos que se determinen reglamentariamente, con car醕ter previo a la utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, se exigir�, preceptivamente, la aprobaci髇 del proyecto t閏nico o la presentaci髇 de una declaraci髇 responsable de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Com鷑 de las Administraciones p鷅licas, as� como la inspecci髇 de las instalaciones o una certificaci髇 expedida por t閏nico competente con el fin de comprobar que las instalaciones se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

En funci髇 de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la importancia t閏nica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la gesti髇 del espectro, se determinar醤 los supuestos en los que procede la exigencia de presentaci髇 o aprobaci髇 de proyecto t閏nico o una declaraci髇 responsable de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, sin perjuicio de que la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pueda exigir en cualquier momento la presentaci髇 del proyecto t閏nico. Asimismo, tambi閚 se determinar醤 los supuestos en los que procede la inspecci髇 previa o una certificaci髇 expedida por t閏nico competente.

Art韈ulo 92 Uso compartido

1. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, podr� imponer a los operadores de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas obligaciones en relaci髇 con la compartici髇 de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de acceso itinerante localizado, siempre que, en ambos casos, ello resulte directamente necesario para la prestaci髇 local de servicios que dependen de la utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, y siempre que los operadores no dispongan de medios de acceso alternativos viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones justas y razonables.

2. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� excepcionalmente imponer tales obligaciones 鷑icamente si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el t韙ulo habilitante de derechos de uso del dominio p鷅lico y si ello est� justificado por el hecho de que, en la zona sujeta a tales obligaciones, el despliegue de infraestructuras con base en el mercado para el suministro de redes o servicios que dependan del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico est� sujeto a obst醕ulos f韘icos o econ髆icos insalvables, y el acceso a las redes o los servicios por parte de los usuarios finales sea, por consiguiente, muy deficiente o inexistente.

3. Cuando el acceso itinerante localizado y el uso compartido de la infraestructura pasiva no basten para abordar la situaci髇, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer obligaciones relativas al uso compartido de la infraestructura activa si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el t韙ulo habilitante de derechos de uso del dominio p鷅lico.

4. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, al imponer estas obligaciones de uso compartido, tomar� en consideraci髇:

• a) la necesidad de maximizar la conectividad a lo largo de los principales corredores de transporte y en 醨eas territoriales particulares;
• b) la posibilidad de aumentar considerablemente las posibilidades de elecci髇 y una mejor calidad de servicio para los usuarios finales;
• c) el uso eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• d) la viabilidad t閏nica de la compartici髇 y las condiciones conexas;
• e) el estado de la competencia basada en las infraestructuras, as� como el de la competencia basada en los servicios;
• f) la innovaci髇 tecnol骻ica;
• g) la necesidad imperativa de incentivar al operador anfitri髇 para desplegar la infraestructura en el primer lugar.

5. En caso de resoluci髇 de conflictos, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� imponer al beneficiario de la obligaci髇 de compartici髇 o acceso, entre otras, la obligaci髇 de compartir el espectro radioel閏trico con la infraestructura de acogida en la zona de que se trate.

Art韈ulo 93 Neutralidad tecnol骻ica y de servicios en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electr髇icas en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias se podr� emplear cualquier tipo de tecnolog韆 utilizada para los servicios de comunicaciones electr髇icas de conformidad con el Derecho de la Uni髇 Europea.

Podr醤, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnolog韆 de acceso inal醡brico o red radioel閏trica utilizados para los servicios de comunicaciones electr髇icas cuando sea necesario para:

• a) evitar interferencias perjudiciales;
• b) proteger la salud p鷅lica frente a los campos electromagn閠icos;
• c) asegurar la calidad t閏nica del servicio;
• d) garantizar un uso compartido m醲imo de las radiofrecuencias;
• e) garantizar un uso eficiente del espectro;
• f) garantizar el logro de un objetivo de inter閟 general.

2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electr髇icas en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias se podr� prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electr髇icas, de conformidad con el Derecho de la Uni髇 Europea.

Podr醤, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electr髇icas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Uni髇 Internacional de Telecomunicaciones.

Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electr髇icas se preste en una banda espec韋ica disponible para los servicios de comunicaciones electr髇icas deber醤 estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de inter閟 general definidos con arreglo al Derecho de la Uni髇 Europea, tales como:

• a) la seguridad de la vida humana;
• b) la promoci髇 de la cohesi髇 social, regional o territorial;
• c) la evitaci髇 del uso ineficiente de las radiofrecuencias;
• d) la promoci髇 de la diversidad cultural y lingstica y del pluralismo de los medios de comunicaci髇, mediante, por ejemplo, la prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos.

趎icamente se impondr� la atribuci髇 espec韋ica de una banda de frecuencias para la prestaci髇 de un determinado servicio de comunicaciones electr髇icas cuando est� justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de inter閟 general definidos con arreglo al Derecho de la Uni髇 Europea.

3. Las restricciones a la utilizaci髇 de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores s髄o podr醤 adoptarse tras haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta, en un plazo razonable.

4. Peri骴icamente, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales revisar� la pertinencia de mantener las restricciones a la utilizaci髇 de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores, har� p鷅licos los resultados de estas revisiones y elevar� las propuestas correspondientes al 髍gano competente para su aprobaci髇.

Art韈ulo 94 Duraci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Los derechos de uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico sin limitaci髇 de n鷐ero se otorgar醤, con car醕ter general, por un per韔do que finalizar� el 31 de diciembre del a駉 natural en que cumplan su quinto a駉 de vigencia, renovables por per韔dos de cinco a駉s en funci髇 de las disponibilidades y previsiones de la planificaci髇 de dicho dominio p鷅lico. La renovaci髇 no podr� otorgar ventajas indebidas a su titular. Mediante real decreto se determinar醤 los supuestos en los que podr� fijarse un per韔do de duraci髇 distinto para los derechos de uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico sin limitaci髇 de n鷐ero.

2. Los derechos de uso privativo con limitaci髇 de n鷐ero tendr醤 la duraci髇 prevista en los correspondientes procedimientos de licitaci髇. A la hora de determinar en el procedimiento de licitaci髇 la duraci髇 concreta de los derechos de uso, se tendr醤 en cuenta, entre otros criterios, la necesidad de garantizar la competencia, un uso eficaz y eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico y de promover la innovaci髇 y las inversiones eficientes, incluso autorizando un per韔do apropiado de amortizaci髇 de las inversiones, las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura m韓ima que se imponga, y las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los t閞minos que se concreten mediante real decreto.

3. Los derechos de uso privativo con limitaci髇 de n鷐ero tendr醤 la duraci髇 m韓ima de veinte a駉s.

En el caso de que resulte necesario para incentivar la inversi髇 eficiente y rentable en infraestructuras, los derechos de uso privativo con limitaci髇 de n鷐ero podr醤 ser objeto de una pr髍roga, por una sola vez, por una duraci髇 m韓ima de cinco a駉s y una duraci髇 m醲ima de veinte a駉s adicionales. La duraci髇 concreta de la pr髍roga se determinar� en el pliego regulador de la licitaci髇.

4. Los criterios concretos para el otorgamiento de la pr髍roga se determinar醤 en el pliego regulador de la licitaci髇 y se basar醤 en alguno de los siguientes criterios generales:

• a) el uso eficaz y eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico de que se trate;
• b) el cumplimiento de objetivos de cobertura territorial y de poblaci髇;
• c) el cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad;
• d) el cumplimiento de objetivos de cobertura de los grandes corredores de transporte;
• e) las aportaciones al desarrollo de nuevas tecnolog韆s y aplicaciones inal醡bricas;
• f) el cumplimiento de objetivos de inter閟 general de protecci髇 de la seguridad de la vida humana;
• g) el cumplimiento de objetivos de inter閟 general de protecci髇 del orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional;
• h) el cumplimiento de cualquier compromiso asumido en el procedimiento de licitaci髇;
• i) la necesidad de garantizar una competencia no falseada.

5. El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, antes del plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de finalizaci髇 del per韔do de vigencia inicial del t韙ulo habilitante, realizar� una evaluaci髇 objetiva de los criterios concretos para el otorgamiento de la pr髍roga determinados en el pliego regulador de la licitaci髇.

Los interesados dispondr醤 de un plazo de tres meses para presentar alegaciones en el expediente de pr髍roga del t韙ulo habilitante.

Partiendo de dicha evaluaci髇, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, decidir� sobre el otorgamiento de la pr髍roga.

6. Se podr醤 establecer unos plazos de duraci髇 m韓imos y m醲imos diferentes a los previstos anteriormente cuando est� debidamente justificado en los siguientes casos:

• a) en zonas geogr醘icas limitadas en las que el acceso a redes de alta capacidad sea muy deficiente o inexistente;
• b) para proyectos espec韋icos a corto plazo;
• c) para uso experimental;
• d) para aquellos usos del dominio p鷅lico radioel閏trico que, de conformidad con los principios de neutralidad tecnol骻ica y de servicios, puedan coexistir con servicios de banda ancha inal醡brica;
• e) para usos alternativos del espectro radioel閏trico, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 88.7;
• f) para ajustar la duraci髇 de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico en aras de garantizar la expiraci髇 simult醤ea de la duraci髇 de los derechos en una o varias bandas de frecuencias.

7. Salvo que en los correspondientes procedimientos de licitaci髇 se haya previsto que no pueden ser objeto de renovaci髇, los derechos de uso privativo con limitaci髇 de n鷐ero podr醤 ser renovados antes del t閞mino de su duraci髇.

En los casos en que est� permitido, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital evaluar� la necesidad de renovar por iniciativa propia o a petici髇 del titular de los derechos, en cuyo caso la renovaci髇 no tendr� lugar antes de los cinco a駉s de su t閞mino.

Al analizar una eventual renovaci髇, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, llevar� a cabo un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, y, en particular:

• a) dar� a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a trav閟 de un procedimiento p鷅lico de consulta conforme con lo dispuesto en la disposici髇 adicional d閏ima, y
• b) expondr� claramente las razones de la eventual renovaci髇.

  El Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital deber� tener en cuenta cualquier constataci髇 en el seno del procedimiento p鷅lico de consulta mencionado de que existe una demanda de mercado procedente de empresas diferentes de los titulares de los derechos de uso de la banda considerada del espectro radioel閏trico al decidir si renueva los derechos de uso u organiza un nuevo procedimiento de licitaci髇.

Toda decisi髇 de renovaci髇 podr� ir acompa馻da de una revisi髇 de las condiciones asociadas al t韙ulo habilitante.

Art韈ulo 95 Modificaci髇, extinci髇 y revocaci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo principalmente a las necesidades de la planificaci髇 y del uso eficiente y a la disponibilidad del espectro radioel閏trico, en los t閞minos establecidos mediante real decreto, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� modificar los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, previa audiencia del interesado.

En el caso de que se trate de t韙ulos habilitantes que hubiesen sido otorgados por el procedimiento de licitaci髇, y salvo cuando se trate de propuestas de modificaci髇 de escasa importancia convenidas con el titular de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, la propuesta de modificaci髇 deber� requerir el informe previo de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones m醩 representativas de los restantes usuarios durante un plazo suficiente, que, salvo en circunstancias excepcionales, no podr� ser inferior a cuatro semanas. En estos casos la modificaci髇 se realizar� mediante orden ministerial, previo informe de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos, que establecer� un plazo para que los titulares se adapten a ella.

La modificaci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones distintas a las que exist韆n cuando se otorg� el t韙ulo, podr� consistir en prolongar la duraci髇 de derechos ya existentes, incluso m醩 all� de las duraciones establecidas en el art韈ulo anterior.

2. Los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico se extinguir醤 por:

• a) las causas que resulten aplicables de las rese馻das en el art韈ulo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones p鷅licas;
• b) muerte del titular del derecho de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico o extinci髇 de la persona jur韉ica titular;
• c) renuncia del titular, con efectos desde su aceptaci髇 por el 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital;
• d) p閞dida de la condici髇 de operador del titular del derecho de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, cuando dicha condici髇 fuera necesaria, o cualquier causa que imposibilite la prestaci髇 del servicio por su titular;
• e) falta de pago de la tasa por reserva del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• f) p閞dida de adecuaci髇 de las caracter韘ticas t閏nicas de la red al Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas;
• g) mutuo acuerdo entre el titular y el 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital;
• h) transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin limitaci髇 de n鷐ero, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin que se haya efectuado su renovaci髇;
• i) por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas como causa de revocaci髇;
• j) aquellas otras causas que se establezcan en el t韙ulo habilitante, conforme a la presente ley.

3. El 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, a trav閟 del procedimiento administrativo general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, podr� acordar la revocaci髇 de los t韙ulos habilitantes para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico por las siguientes causas:

• a) el incumplimiento de las condiciones y requisitos t閏nicos aplicables al uso del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• b) no pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados;
• c) no efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• d) la utilizaci髇 de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignaci髇 o para otros diferentes de los de la prestaci髇 del servicio o el ejercicio de la actividad que haya motivado su asignaci髇, siempre que no sean aplicables algunas de las restricciones previstas en los apartados 1 o 2 del art韈ulo 93.

Art韈ulo 96 Protecci髇 activa del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en cualquier momento, podr� efectuar una protecci髇 activa del dominio p鷅lico radioel閏trico mediante la realizaci髇 de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioel閏tricos cuyos derechos de uso, en el 醡bito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.

Esta potestad se ejercitar� sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se hubieran podido incurrir por el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico sin disponer de t韙ulo habilitante, por la producci髇 de interferencias o por la comisi髇 de cualquier otra infracci髇 tipificada en el marco del r間imen sancionador establecido en el t韙ulo VIII.

2. Mediante real decreto se regular� el procedimiento para el ejercicio de la potestad de protecci髇 activa del dominio p鷅lico radioel閏trico en el caso de que la frecuencia o canal radioel閏trico sea objeto de una ocupaci髇 o uso efectivo sin que se disponga de t韙ulo habilitante, con sujeci髇 a las siguientes normas:

• a) se constatar� la ocupaci髇 o uso efectivo de la frecuencia o canal radioel閏trico sin que se disponga de t韙ulo habilitante para ello;
• b) se efectuar� un tr醡ite de previa audiencia a la persona f韘ica o jur韉ica que est� efectuando la ocupaci髇 o el uso de la frecuencia o canal radioel閏trico sin t韙ulo habilitante o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se produce la emisi髇 en esa frecuencia, para que en el plazo de diez d韆s h醔iles alegue lo que estime oportuno;
• c) en su caso, una vez efectuado el tr醡ite de previa audiencia, se requerir� a la persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacu� dicho tr醡ite, para que en el plazo de ocho d韆s h醔iles proceda al cese de las emisiones no autorizadas;
• d) en el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podr� iniciar sus emisiones en dicha frecuencia o canal radioel閏trico.

Art韈ulo 97 Mercado secundario en el dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Los t韙ulos habilitantes de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico podr醤 ser transferidos y los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico podr醤 ser objeto de cesi髇, utilizaci髇 o mutualizaci髇, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones de autorizaci髇 que se establezcan mediante real decreto.

En dicho real decreto se identificar醤 igualmente las bandas de frecuencia en las que no se pueden efectuar operaciones de transferencia de t韙ulos o cesi髇, utilizaci髇 o mutualizaci髇 de derechos de uso de dominio p鷅lico radioel閏trico.

2. En el caso de la cesi髇, utilizaci髇 o mutualizaci髇, en ning鷑 caso se eximir� al titular del derecho de uso de las obligaciones asumidas frente a la Administraci髇. Cualquier transferencia de t韙ulo habilitante o cesi髇, utilizaci髇 o mutualizaci髇 de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico deber� en todo caso respetar las condiciones t閏nicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias o en los planes t閏nicos o las que, en su caso, est閚 fijadas en las medidas t閏nicas de aplicaci髇 de la Uni髇 Europea.

3. Mediante dicho real decreto se establecer醤 tambi閚 las restricciones a la transferencia, cesi髇, utilizaci髇 o mutualizaci髇 de derechos individuales de uso de radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma gratuita.

Art韈ulo 98 Competencias de la Administraci髇 General del Estado y de sus organismos p鷅licos

1. Tendr醤 la consideraci髇 de autoridades p鷅licas competentes espec韋icas en materia de telecomunicaciones:

• a) los 髍ganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital que, de conformidad con la estructura org醤ica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta ley;
• b) la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias que se le han asignado en materias reguladas por esta ley. En el ejercicio de estas competencias, tiene la consideraci髇 de autoridad nacional de reglamentaci髇 a los efectos del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas.

2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades cooperar醤 mutuamente, con los restantes 髍ganos competentes de otros Estados miembros y con los organismos pertinentes de la Uni髇 Europea, a fin de fomentar la aplicaci髇 coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electr髇icas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyar醤 activamente los objetivos de la Comisi髇 y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electr髇icas (ORECE) de promover una mayor coordinaci髇, en particular, teniendo en cuenta en la medida de lo posible las recomendaciones de armonizaci髇 de la Comisi髇 Europea. Asimismo, colaborar醤 con ambas instituciones, a fin de determinar qu� tipos de instrumentos y soluciones son los m醩 apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.

3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades, deber醤 tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el art韈ulo 3 y aplicar醤 principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios:

• a) promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en per韔dos de revisi髇 apropiados;
• b) fomentar la inversi髇 eficiente orientada al mercado y la innovaci髇 en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligaci髇 relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras, y permitir diferentes modalidades de cooperaci髇 entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminaci髇;
• c) imponer obligaciones espec韋icas 鷑icamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el cumplimiento de dicha condici髇;
• d) garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas;
• e) salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras, especialmente mediante la instalaci髇 y explotaci髇 de redes de alta y muy alta capacidad;
• f) tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geogr醘icas;
• g) ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el m醲imo beneficio para los usuarios finales.

Art韈ulo 99 Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital

Los 髍ganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital que, de conformidad con la estructura org醤ica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercer醤 las siguientes funciones:

• a) ejecutar la pol韙ica adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad p鷅lica, la seguridad vial y la protecci髇 civil a los que se refiere el art韈ulo 4;
• b) ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos asociados, interoperabilidad e interconexi髇 le atribuye la presente ley y su desarrollo reglamentario, en particular, en los siguientes supuestos:
  • 1.� en los procedimientos de licitaci髇 para la obtenci髇 de derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico;
  • 2.� cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y protecci髇 de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr髇icas;
  • 3.� cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de telecomunicaciones;
• c) imponer obligaciones a los operadores de comunicaciones electr髇icas que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 14.6;
• d) imponer obligaciones a los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeraci髇 para que sus servicios sean interoperables, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales est� en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 14.6;
• e) proponer al Gobierno la aprobaci髇 de los planes nacionales de numeraci髇 y llevar a cabo la atribuci髇 de los derechos de uso de los recursos p鷅licos regulados en dichos planes y ejercer las dem醩 competencias que le atribuye el cap韙ulo VII del t韙ulo II;
• f) proponer al Gobierno la pol韙ica a seguir para facilitar el desarrollo y la evoluci髇 de las obligaciones de servicio p鷅lico a las que se hace referencia en el cap韙ulo I del t韙ulo III y la desarrollar� asumiendo la competencia de control y seguimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico que correspondan a los distintos operadores en la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas;
• g) proponer al Gobierno la pol韙ica a seguir para reconocer y garantizar los derechos y obligaciones de car醕ter p鷅lico en la explotaci髇 de redes y en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, as� como los derechos de los usuarios finales a los que se hace referencia en los cap韙ulos II, III y IV del t韙ulo III;
• h) verificar el cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones establecidas en el art韈ulo 76 para garantizar el derecho de los usuarios finales de acceso abierto a internet y publicar el informe anual al que se refiere dicho art韈ulo;
• i) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇, en materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones electr髇icas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Uni髇 Europea, incluida su venta por separado, la correcta prestaci髇 de servicios regulados de itinerancia al por menor, la correcta aplicaci髇 de las tarifas al por menor de servicios regulados de itinerancia, la no inclusi髇 de recargos y de sus condiciones y mecanismos de transparencia, as� como la correcta aplicaci髇 por los operadores de itinerancia de su pol韙ica de utilizaci髇 razonable al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor, la resoluci髇 de controversias entre usuarios finales y operadores por la prestaci髇 de servicios de itinerancia y el control y supervisi髇 de la itinerancia involuntaria en zonas fronterizas;
• j) verificar la correcta aplicaci髇 de las tarifas al por menor de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los t閞minos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, a excepci髇 de la materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificaci髇 nacional de un operador;
• k) gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicaci髇;
• l) formular las propuestas para la elaboraci髇 de normativa relativa a las infraestructuras comunes de comunicaciones electr髇icas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantaci髇 en Espa馻;
• m) ejercer las funciones en materia de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, de coordinaci髇 de obras civiles y de acceso o uso de las redes de comunicaciones electr髇icas titularidad de los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal a que se refieren los art韈ulos 52 a 54, salvo la resoluci髇 de conflictos;
• n) ejercer las funciones en materia de requisitos esenciales y evaluaci髇 de conformidad de equipos de telecomunicaci髇 a las que se refiere el t韙ulo IV;
• �) ejercer las funciones en materia de administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico a las que se refiere el t韙ulo V. En particular, ejercer� las siguientes funciones:
  • 1.� la propuesta de planificaci髇, la gesti髇 y el control del dominio p鷅lico radioel閏trico, as� como la tramitaci髇 y el otorgamiento de los t韙ulos habilitantes para su utilizaci髇;
  • 2.� el ejercicio de las funciones atribuidas a la Administraci髇 General del Estado en materia de autorizaci髇 e inspecci髇 de instalaciones radioel閏tricas en relaci髇 con los niveles 鷑icos de emisi髇 radioel閏trica permitidos a que se refiere el art韈ulo 86.b);
  • 3.� la gesti髇 de un registro p鷅lico de radiofrecuencias, accesible a trav閟 de internet, en el que constar醤 los titulares de concesiones administrativas para el uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico;
  • 4.� la elaboraci髇 de proyectos y desarrollo de los planes t閏nicos nacionales de radiodifusi髇 y televisi髇;
  • 5.� la comprobaci髇 t閏nica de emisiones radioel閏tricas para la identificaci髇, localizaci髇 y eliminaci髇 de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de radiocomunicaci髇, y la verificaci髇 del uso efectivo y eficiente del dominio p鷅lico radioel閏trico por parte de los titulares de derechos de uso;
  • 6.� la protecci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, para lo cual podr�, entre otras actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioel閏tricos cuyos derechos de uso, en el 醡bito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados;
  • 7.� la gesti髇 de la asignaci髇 de los recursos 髍bita-espectro para comunicaciones por sat閘ite;
  • 8.� la elaboraci髇 de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administraci髇 General del Estado en todo lo relativo a la administraci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico;
  • 9.� la participaci髇 en los organismos internacionales relacionados con la planificaci髇, gesti髇 y control del espectro radioel閏trico.
• o) gestionar en per韔do voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente ley que no correspondan a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia;
• p) controlar el cumplimiento de las condiciones que sobre el suministro de redes p鷅licas y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de prestaci髇 a terceros por las Administraciones p鷅licas vienen establecidas en el art韈ulo 13;
• q) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente ley y su normativa de desarrollo;
• r) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto.

Art韈ulo 100 La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia

1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y dem醩 materias que configuran la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia est醤 reguladas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. En particular, en las materias reguladas por la presente ley, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia ejercer� las siguientes funciones:

• a) definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electr髇icas y el 醡bito geogr醘ico de los mismos, cuyas caracter韘ticas pueden justificar la imposici髇 de obligaciones espec韋icas, en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 15 y 16 y su normativa de desarrollo;
• b) identificar el operador u operadores que poseen un peso significativo en el mercado cuando del an醠isis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva;
• c) establecer, cuando proceda, las obligaciones espec韋icas que correspondan a los operadores con peso significativo en mercados de referencia, incluidos los operadores exclusivamente mayoristas, en los t閞minos establecidos en el cap韙ulo III del t韙ulo II y su normativa de desarrollo;
• d) decidir la imposici髇, como medida excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligaci髇 de separaci髇 funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el art韈ulo 25;
• e) imponer obligaciones de interconexi髇 de redes a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexi髇 de extremo a extremo, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 14.7;
• f) imponer obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y gu韆s electr髇icas de programaci髇 (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos y los servicios complementarios conexos, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 14.7;
• g) adoptar decisiones por las que otorgue car醕ter vinculante a los compromisos que en materia de acceso y coinversi髇, incluyendo las redes de muy alta capacidad, hayan sido ofrecidos por los operadores con peso significativo en el mercado, as� como asumir el control y supervisi髇 de las mismas y velar por la ejecuci髇 de los compromisos a los que haya otorgado car醕ter vinculante;
• h) velar por la adecuaci髇 y el cumplimiento del proceso de migraci髇 desde una infraestructura heredada que quieran realizar operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, consistente en el desmantelamiento y cierre o sustituci髇 de partes de la red por una infraestructura nueva;
• i) evaluar y, en su caso, imponer tarifas m醲imas de terminaci髇 de llamadas de voz en redes fijas y en redes m髒iles, o ambas, as� como supervisar y velar por el cumplimiento de la aplicaci髇 de las tarifas de terminaci髇 de llamadas de voz establecidas a escala europea, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 23;
• j) resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electr髇icas a los que se refieren los art韈ulos 28 y 29 y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

  En particular, le corresponder� resolver conflictos entre operadores relativos a la determinaci髇 de las condiciones concretas para la puesta en pr醕tica de la obligaci髇 impuesta por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada, o de la ubicaci髇 compartida de infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento regulado en el art韈ulo 46, as� como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, la coordinaci髇 de obras civiles y el acceso o uso de las redes de comunicaciones electr髇icas titularidad de los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, en los t閞minos establecidos por los art韈ulos 52 a 54;

• k) fijar las caracter韘ticas y condiciones para garantizar el cambio de operador y la conservaci髇 de los n鷐eros, as� como el cambio de proveedor de los servicios de acceso a internet, en aplicaci髇 de los aspectos t閏nicos y administrativos que mediante real decreto se establezcan para que 閟ta se lleve a cabo;
• l) determinar si la obligaci髇 de la prestaci髇 del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestaci髇, as� como determinar la cuant韆 que supone el coste neto en la prestaci髇 del servicio universal, a que se refiere al art韈ulo 42;
• m) definir y revisar la metodolog韆 para determinar el coste neto del servicio universal, tanto en lo que respecta a la imputaci髇 de costes como a la atribuci髇 de ingresos, que deber� basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales y tener car醕ter p鷅lico;
• n) establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestaci髇 del servicio universal;
• �) determinar las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribuci髇 a la financiaci髇 del servicio universal y la gesti髇 del Fondo nacional del servicio universal;
• o) supervisar la evoluci髇 y el nivel de la tarificaci髇 al p鷅lico de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones y garantizar la asequibilidad del servicio universal de telecomunicaciones, en coordinaci髇 con el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital;
• p) determinar los par醡etros de calidad de servicio que habr醤 de cuantificarse y los m閠odos de medici髇 aplicables, as� como el contenido y formato de la informaci髇 que deber� hacerse p鷅lica, incluidos posibles mecanismos de certificaci髇 de la calidad;
• q) suministrar gratuitamente a las entidades mencionadas en el art韈ulo 72, los datos sobre n鷐eros de abonados que le faciliten los operadores de comunicaciones electr髇icas, as� como imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales para que 閟tos puedan acceder a los servicios de informaci髇 sobre n鷐eros de abonados;
• r) imponer obligaciones relativas al acceso o utilizaci髇 compartida del cableado y recursos asociados de los tramos finales de las redes de acceso en el interior de los edificios o hasta el primer punto de concentraci髇 o distribuci髇, o m醩 all� del primer punto de concentraci髇 o distribuci髇, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 55.8;
• s) determinar la localizaci髇 del punto de terminaci髇 de la red;
• t) asesorar sobre la configuraci髇 del mercado y sobre elementos relativos a la competencia en los procesos de otorgamiento de los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico para las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas;
• u) contribuir a la protecci髇 de los derechos del usuario final en el sector de las comunicaciones electr髇icas, en coordinaci髇, en su caso, con otras autoridades competentes;
• v) evaluar y supervisar las cuestiones de configuraci髇 del mercado y de competencia en relaci髇 con el acceso abierto a internet;
• w) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇, en materia de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones electr髇icas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Uni髇 Europea, de sostenibilidad de la supresi髇 de los recargos por itinerancia, de la correcta aplicaci髇 de las tarifas al por mayor de servicios regulados de itinerancia, de la publicaci髇 de la informaci髇 actualizada relativa a la aplicaci髇 del citado Reglamento y de la resoluci髇 de conflictos entre operadores;
• x) ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en materia de comunicaciones electr髇icas, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podr� ser consultada en materia de comunicaciones electr髇icas por las Comunidades Aut髇omas y las Corporaciones Locales.

  En el ejercicio de esta funci髇, participar�, mediante informe, en el proceso de elaboraci髇 de normas que afecten a su 醡bito de competencias en materia de comunicaciones electr髇icas;

• y) realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electr髇icas en aplicaci髇 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje;
• z) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa europea, la presente ley y su normativa de desarrollo;
• aa) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto;
• ab) gestionar el Registro de operadores, conforme a lo establecido en el art韈ulo 7;
• ac) llevar a cabo la asignaci髇 de los derechos de uso de los recursos p鷅licos regulados en los planes nacionales de numeraci髇 en los t閞minos indicados en el cap韙ulo VII del t韙ulo II;
• ad) gestionar en per韔do voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente ley que no correspondan al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital;
• ae) velar por la sostenibilidad del modelo nacional de tarificaci髇 del operador y supervisar la evoluci髇 del mercado y de los precios de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los t閞minos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015.

Art韈ulo 101 Tasas en materia de telecomunicaciones

1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administraci髇 General del Estado ser醤 las recogidas en el anexo I.

2. Dichas tasas tendr醤 como finalidad cubrir:

• a) los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulaci髇 relativo a la preparaci髇 y puesta en pr醕tica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como las relativas a la interconexi髇 y acceso;
• b) los gastos que ocasionen la gesti髇, control y ejecuci髇 del r間imen establecido en esta ley;
• c) los gastos que ocasionen la gesti髇, control y ejecuci髇 de los derechos de ocupaci髇 del dominio p鷅lico, los derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico y la numeraci髇;
• d) los gastos que ocasione la gesti髇 de las notificaciones reguladas en el art韈ulo 6.2;
• e) los gastos de cooperaci髇 internacional, armonizaci髇 y normalizaci髇 y el an醠isis de mercado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por reserva del dominio p鷅lico radioel閏trico, la numeraci髇 y el dominio p鷅lico necesario para la instalaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas tendr醤 como finalidad la necesidad de garantizar el uso 髉timo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deber醤 ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deber醤 fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el art韈ulo 3, en los t閞minos que se establezcan mediante real decreto.

4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores ser醤 impuestas de manera objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos.

5. La instalaci髇 de los puntos de acceso inal醡brico para peque馻s 醨eas no est� sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administraci髇 P鷅lica, excepto la tasa general de operadores.

6. La revisi髇 en v韆 administrativa de los actos de aplicaci髇, gesti髇 y recaudaci髇 de las tasas en materia de telecomunicaciones habr� de sujetarse a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.

7. La Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia respecto de las tasas a las que se refiere el apartado 1, y las Administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este art韈ulo, publicar醤 un resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposici髇 y del importe total de la recaudaci髇. Asimismo, las Administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 3 de este art韈ulo publicar醤 anualmente el importe total de la recaudaci髇 obtenida de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas.

Art韈ulo 102 Funciones inspectoras

1. La funci髇 inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:

• a) el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital;
• b) la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. Ser� competencia del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital la inspecci髇 de aquellas actuaciones sobre las que tenga atribuida competencia sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo y, en particular, la inspecci髇:

• a) de los servicios y de las redes de comunicaciones electr髇icas y de sus condiciones de prestaci髇 y explotaci髇;
• b) de las obligaciones de servicio p鷅lico y derechos y obligaciones de car醕ter p鷅lico en la instalaci髇 y explotaci髇 de redes y en la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas;
• c) de los equipos de telecomunicaci髇, de las instalaciones y de los sistemas civiles;
• d) del dominio p鷅lico radioel閏trico;
• e) de las tasas en materia de telecomunicaciones;
• f) de los servicios de tarificaci髇 adicional que se soporten sobre redes y servicios de comunicaciones electr髇icas.

3. Corresponder� a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en los t閞minos establecidos en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, la inspecci髇 de las actividades de los operadores de comunicaciones electr髇icas respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo.

4. Para la realizaci髇 de determinadas actividades de inspecci髇 t閏nica, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, podr� solicitar la actuaci髇 del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.

Art韈ulo 103 Facultades de inspecci髇

1. Los funcionarios destinados en la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital que tengan asignadas funciones de inspecci髇, ya sea en servicios centrales o perif閞icos, y el personal funcionario de carrera de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia espec韋icamente designado para ello tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideraci髇 de autoridad p鷅lica y podr醤 solicitar, a trav閟 de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley vendr醤 obligados a facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspecci髇, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. Tambi閚 deber醤 permitir que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades que realicen, de las redes que suministren y de cuantos documentos est醤 obligados a poseer o conservar.

Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendr醤 la obligaci髇 de permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspecci髇 a que se refiere este art韈ulo. A estos efectos, el acceso por el personal de inspecci髇 a las mencionadas fincas o inmuebles requerir� el consentimiento de dichos titulares o autorizaci髇 judicial solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo. Los 髍ganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo resolver醤 sobre el otorgamiento de la autorizaci髇 judicial en el plazo m醲imo de setenta y dos horas.

Igualmente, los operadores y titulares mencionados deber醤 facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspecci髇 la realizaci髇 de las pruebas t閏nicas o actuaciones complementarias dirigidas a dilucidar el origen o las consecuencias de las presuntas actuaciones infractoras que dicho personal de inspecci髇 les requiera, ya sean dentro o fuera de las instalaciones.

3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley quedan obligados a poner a disposici髇 del personal de inspecci髇 cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su forma y soporte, y medios t閏nicos este considere precisos, incluidos el software, los programas inform醫icos y los archivos magn閠icos, 髉ticos o de cualquier otra clase, pudiendo al efecto el personal de inspecci髇 hacer u obtener copias de ellos.

Asimismo, deber醤 facilitarles, a su petici髇, cualquier tipo de documentaci髇 que el personal de la inspecci髇 les exija para la determinaci髇 de la titularidad de los equipos o la autor韆 de emisiones, actividades o de los contenidos o servicios que se presten a trav閟 de las redes de comunicaciones electr髇icas.

4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores ser醤 exigibles a los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su normativa de desarrollo y que sean directamente responsables del suministro de la red, la prestaci髇 del servicio o la realizaci髇 de la actividad regulada por esta ley, y tambi閚 ser醤 exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los administradores y otros miembros del personal de todas ellas.

5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su normativa de desarrollo est醤 obligados a someterse a las inspecciones que efect鷈 el personal de inspecci髇. La negativa u obstrucci髇 al acceso a las instalaciones, fincas o bienes inmuebles, a comparecer a los actos de inspecci髇 a los cuales haya sido citados, a la realizaci髇 de las pruebas t閏nicas o actuaciones complementarias requeridas o a facilitar la informaci髇 o documentaci髇 requerida ser� sancionada, conforme a los art韈ulos siguientes de este t韙ulo, como obstrucci髇 a la labor inspectora.

6. En particular, el personal de inspecci髇 tendr� las siguientes facultades:

• a) precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y dem醩 bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspecci髇;
• b) realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotograf韆s, v韉eos, y grabaciones de imagen o sonido.

7. Las actuaciones de inspecci髇, comprobaci髇 o investigaci髇 llevadas a cabo por el personal de inspecci髇 podr醤 desarrollarse, a su elecci髇:

• a) en cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las represente;
• b) en los propios locales de la autoridad de inspecci髇;
• c) en cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los hechos objeto de inspecci髇.

8. El personal de inspecci髇, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en este art韈ulo, tendr� acceso gratuito a todo registro p鷅lico, en particular, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles. El acceso a la informaci髇 registral se realizar� por medios electr髇icos, en la forma determinada en su normativa reguladora.

9. El personal de inspecci髇, en el ejercicio de sus funciones de control y supervisi髇 del adecuado uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, podr� colaborar con el de otros Estados. En particular, el personal de inspecci髇 deber� tramitar las solicitudes que se presenten y remitir la documentaci髇 oportuna a los 髍ganos competentes en los supuestos de emisiones de estaciones radioel閏tricas ubicadas en territorio espa駉l que produzcan interferencias en las redes y servicios de otros Estados. En estos supuestos, los documentos procedentes de las autoridades competentes de otros Estados, emitidos conforme a los tratados internacionales de que Espa馻 sea parte acreditar醤 la producci髇 de las interferencias.

Art韈ulo 104 Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones

La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones ser� exigible:

• a) en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la instalaci髇 o explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, a la persona f韘ica o jur韉ica que desarrolle la actividad;
• b) en las cometidas con motivo del suministro de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sin haber efectuado la notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2 o sin disponer de t韙ulo habilitante para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico cuando dicho t韙ulo sea necesario, a la persona f韘ica o jur韉ica que realice la actividad.

  Para identificar a la persona f韘ica o jur韉ica que realiza la actividad, se puede solicitar colaboraci髇 a la persona f韘ica o jur韉ica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por cualquier t韙ulo jur韉ico v醠ido en derecho o careciendo de 閟te o a la persona f韘ica o jur韉ica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones. Si, practicada la notificaci髇 del requerimiento de colaboraci髇 conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se presta la citada colaboraci髇, se considerar� que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona f韘ica o jur韉ica que realiza la actividad;

• c) en las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicaci髇, por los operadores econ髆icos relacionados con equipos de telecomunicaci髇 o por otras personas que, sin estar comprendidas en los p醨rafos anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona f韘ica o jur韉ica cuya actuaci髇 se halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyen espec韋icamente la responsabilidad;
• d) en el caso de infracciones cometidas en materia de evaluaci髇 de la conformidad y puesta en el mercado de equipos de telecomunicaci髇, ser� compatible la exigencia de responsabilidad de distintos agentes por los mismos hechos, en funci髇 de las obligaciones establecidas a cada uno de ellos por la legislaci髇 de armonizaci髇 de la Uni髇 Europea en materia de equipos de telecomunicaci髇, esta ley y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 105 Clasificaci髇 de las infracciones

Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

Art韈ulo 106 Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

• 1. La realizaci髇 de actividades sin disponer de la habilitaci髇 oportuna en las materias reguladas por esta ley, cuando legalmente sea necesaria.
• 2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para el suministro de las redes y prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas establecidos en el art韈ulo 6.1.
• 3. El incumplimiento de la obligaci髇 de notificaci髇 al Registro de operadores establecida en los art韈ulos 6.2.
• 4. La utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, frecuencias o canales radioel閏tricos sin disponer de la concesi髇 de uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico a que se refiere el art韈ulo 88, cuando legalmente sea necesario.
• 5. La utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, frecuencias o canales radioel閏tricos no adecuada al correspondiente plan de utilizaci髇 del espectro radioel閏trico o al Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias.
• 6. La realizaci髇 de emisiones radioel閏tricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantaci髇 de lo establecido en los planes de utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico o en el Cuadro Nacional de Atribuci髇 de Frecuencias.
• 7. La producci髇 deliberada, en Espa馻 o en los pa韘es vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados, incluidas las causadas por estaciones radioel閏tricas que est閚 instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio espa駉l para su posible recepci髇 total o parcial en este.
• 8. No atender el requerimiento de cesaci髇 formulado por la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en los supuestos de producci髇 de interferencias.
• 9. La importaci髇, comercializaci髇, publicidad, cesi髇 de forma gratuita u onerosa, instalaci髇, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para la generaci髇 intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de telecomunicaciones, salvo cuando estas actividades est閚 amparadas por la excepci髇 prevista en el art韈ulo 82.4.
• 10. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de interconexi髇 e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversi髇.
• 11. El incumplimiento grave de las caracter韘ticas y condiciones establecidas para la conservaci髇 de los n鷐eros.
• 12. El incumplimiento por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en v韆 administrativa dictadas en las controversias a que se refiere el art韈ulo 78.
• 13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en v韆 administrativa o de las medidas previas al procedimiento sancionador o de las medidas cautelares acordadas dentro de 閟te a que se refieren los art韈ulos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en el ejercicio de sus funciones atribuidas por esta ley.
• 14. El incumplimiento de las resoluciones firmes en v韆 administrativa o de las medidas cautelares a que se refieren los art韈ulos 111 y 112 dictadas por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr髇icas, con excepci髇 de las que se lleven a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
• 15. La interceptaci髇, sin autorizaci髇, de telecomunicaciones no destinadas al p鷅lico en general, as� como la divulgaci髇 del contenido.
• 16. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los t閞minos expresados en el art韈ulo 109.6.

Art韈ulo 107 Infracciones graves

Se consideran infracciones graves:

• 1. La instalaci髇 de estaciones radioel閏tricas sin autorizaci髇, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
• 2. La instalaci髇 de estaciones radioel閏tricas con caracter韘ticas distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto t閏nico aprobado, incluyendo las estaciones radioel閏tricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de 閘, posibilite la transmisi髇 de emisiones desde el exterior para su posible recepci髇 total o parcial en territorio nacional.
• 3. El uso del dominio p鷅lico radioel閏trico en condiciones distintas a las previstas en la concesi髇 para el uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico a que se refiere el art韈ulo 88, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto t閏nico de las instalaciones, entre ellas utilizando par醡etros t閏nicos distintos de los propios de la concesi髇 o potencias de emisi髇 superiores a las autorizadas.
• 4. El emplazamiento de estaciones radioel閏tricas en ubicaciones diferentes de las aprobadas.
• 5. La utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, frecuencias o canales radioel閏tricos sin disponer de la autorizaci髇 general, autorizaci髇 individual o afectaci髇 demanial para el uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico, cuando legalmente sea necesario.
• 6. La mera producci髇, en Espa馻 o en los pa韘es vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados que no se encuentren comprendidas en el art韈ulo anterior.
• 7. Efectuar emisiones radioel閏tricas que incumplan los l韒ites de exposici髇 establecidos en la normativa de desarrollo del art韈ulo 86 o incumplir las dem醩 medidas de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de se馻lizaci髇 o vallado de las instalaciones radioel閏tricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan dichos l韒ites.
• 8. La realizaci髇 de operaciones de mercado secundario de t韙ulos habilitantes o derechos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, sin cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta ley.
• 9. La puesta a disposici髇 de redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o de cualquier elemento de red que contribuya a la transmisi髇 de la se馻l a favor de entidades para que se realicen emisiones radioel閏tricas cuando no se ostente el correspondiente t韙ulo habilitante para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico.
• 10. La presentaci髇 de declaraciones responsables sustitutivas de aprobaci髇 de proyectos t閏nicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspecci髇 previa de instalaciones radioel閏tricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisi髇 radioel閏trica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioel閏tricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.
• 11. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la Administraci髇 de telecomunicaciones en materia de evaluaci髇 de la conformidad de equipos de telecomunicaci髇, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicaci髇.
• 12. La importaci髇 o comercializaci髇 de equipos de telecomunicaci髇 cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el t韙ulo IV y su normativa de desarrollo, o con las disposiciones, los acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado espa駉l.
• 13. La instalaci髇, puesta en servicio o utilizaci髇 de equipos de telecomunicaci髇 cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el t韙ulo IV y su normativa de desarrollo.
• 14. El ejercicio de la actividad de instalaci髇 y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaci髇 sin haber efectuado la declaraci髇 responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el art韈ulo 84.
• 15. La instalaci髇 de infraestructuras comunes de telecomunicaci髇 en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de da駉s en las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas.
• 16. La alteraci髇, la manipulaci髇 o la omisi髇 de las caracter韘ticas t閏nicas en la documentaci髇 de las instalaciones comunes de telecomunicaci髇 en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administraci髇 o a los propietarios.
• 17. El incumplimiento de las condiciones para el suministro de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
• 18. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones p鷅licas de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 13.
• 19. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes nacionales de numeraci髇 o sus disposiciones de desarrollo o en las atribuciones y asignaciones de los derechos de uso de los recursos de numeraci髇 incluidos en los planes de numeraci髇.
• 20. El incumplimiento de las condiciones asociadas al uso de numeraci髇 atribuida a los servicios de tarificaci髇 adicional.
• 21. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilizaci髇 de normas o especificaciones t閏nicas declaradas obligatorias por la Comisi髇 Europea.
• 22. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestaci髇 de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electr髇icas.
• 23. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilizaci髇 compartida del dominio p鷅lico o la propiedad privada en que se van a establecer las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.
• 24. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilizaci髇 compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
• 25. El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes, de acceso a infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas y obras civiles y su coordinaci髇, de las obligaciones de transparencia o informaci髇 m韓ima respecto de las mismas, as� como en materia de interconexi髇 e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversi髇.
• 26. Cursar tr醘ico no permitido o tr醘ico irregular con fines fraudulentos en las redes p鷅licas y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico.
• 27. El incumplimiento de las caracter韘ticas y condiciones establecidas para el cambio de operador y la conservaci髇 de los n鷐eros, as� como para el cambio de proveedor de los servicios de acceso a internet.
• 28. El incumplimiento de la normativa en materia de itinerancia en la Uni髇 Europea e internacional.
• 29. El incumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico seg鷑 lo establecido en el t韙ulo III y su normativa de desarrollo.
• 30. La vulneraci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios finales, seg鷑 lo establecido en el t韙ulo III y su normativa de desarrollo, incluidos los derechos de conservaci髇 de n鷐ero, de itinerancia en la Uni髇 Europea e internacional, en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas y acceso abierto a internet.
• 31. El cumplimiento tard韔 o defectuoso por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en v韆 administrativa dictadas en las controversias a que se refieren el art韈ulo 78.
• 32. Proporcionar informaci髇 enga駉sa, err髇ea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboraci髇 de los estudios geogr醘icos a que se refiere el art韈ulo 48.
• 33. El incumplimiento, por causas imputables al operador, del compromiso en firme de desplegar, extender o mejorar redes de banda ancha en los t閞minos indicados en el art韈ulo 48, que produzca un perjuicio al inter閟 p鷅lico en el dise駉 de planes nacionales de banda ancha, en la determinaci髇 de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioel閏trico o en la verificaci髇 de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligaci髇 de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador.
• 34. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electr髇icas, los datos requeridos por la Administraci髇 de telecomunicaciones una vez transcurridos un mes a contar desde la finalizaci髇 del plazo otorgado en el requerimiento de informaci髇 o una vez finalizado el plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma informaci髇, as� como aportar informaci髇 inexacta o falsa en cualquier dato, manifestaci髇 o documento que se presente a la Administraci髇 de telecomunicaciones.
• 35. La falta de notificaci髇 a la Administraci髇 por el titular de una red de comunicaciones electr髇icas de los servicios que se est閚 prestando a trav閟 de ella cuando esta informaci髇 sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.
• 36. La negativa o la obstrucci髇 a ser inspeccionado, la no colaboraci髇 con la inspecci髇 cuando esta sea requerida y la no identificaci髇 por la persona f韘ica o jur韉ica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona f韘ica o jur韉ica que suministre redes o preste servicios.
• 37. El cumplimiento tard韔 o defectuoso de las resoluciones firmes en v韆 administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los art韈ulos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr髇icas.
• 38. El cumplimiento tard韔 o defectuoso de las resoluciones firmes en v韆 administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los art韈ulos 111 y 112 dictadas por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electr髇icas, con excepci髇 de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
• 39. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de calidad de servicio establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo,
• 40. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 76 y su normativa de desarrollo, as� como en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
• 41. El incumplimiento de la normativa en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas.
• 42. El incumplimiento por los titulares de las infraestructuras f韘icas desde las que los operadores efect鷈n materialmente emisiones radioel閏tricas mediante el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico de tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioel閏tricas o de tener una relaci髇 actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.
• 43. El incumplimiento de las obligaciones en materia de interceptaci髇 legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del art韈ulo 58.
• 44. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los t閞minos expresados en el art韈ulo 109.6.

Art韈ulo 108 Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

• 1. La producci髇 de cualquier tipo de emisi髇 radioel閏trica no autorizada, salvo que deba ser considerada como infracci髇 grave o muy grave.
• 2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas, salvo que deba ser considerada como infracci髇 grave.
• 3. La utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico, frecuencias o canales radioel閏tricos sin disponer de la autorizaci髇 para el uso especial del dominio p鷅lico radioel閏trico, cuando legalmente sea necesario.
• 4. La instalaci髇 de estaciones radioel閏tricas de radioaficionado careciendo de autorizaci髇.
• 5. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico de las condiciones autorizadas o que se les impongan por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.
• 6. El suministro de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo, distintos de los previstos en los art韈ulos 6.1 y 6.2.
• 7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene el fabricante, el representante autorizado de un fabricante, el importador, el prestador de servicios log韘ticos o el distribuidor de equipos de telecomunicaci髇, seg鷑 lo dispuesto en el t韙ulo IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracci髇 grave o muy grave.
• 8. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la puesta en servicio y utilizaci髇 de equipos de telecomunicaci髇, seg鷑 lo dispuesto en el t韙ulo IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracci髇 grave o muy grave.
• 9. La no presentaci髇 de la documentaci髇 de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administraci髇 o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentaci髇, o el incumplimiento de los requisitos en la presentaci髇 de la documentaci髇 o en la ejecuci髇 de las instalaciones comunes de telecomunicaciones.
• 10. La instalaci髇 de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente ley, salvo que deba ser considerada como infracci髇 grave o muy grave.
• 11. El incumplimiento de las obligaciones de car醕ter p鷅lico, seg鷑 lo establecido en el t韙ulo III y su normativa de desarrollo.
• 12. No facilitar los datos requeridos por la Administraci髇 de telecomunicaciones o retrasar injustificadamente su aportaci髇 cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electr髇icas.
• 13. La expedici髇 de declaraciones responsables sustitutivas de aprobaci髇 de proyectos t閏nicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspecci髇 previa de instalaciones radioel閏tricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisi髇 radioel閏trica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioel閏tricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.

Art韈ulo 109 Sanciones

1. Por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en los art韈ulos anteriores se impondr醤 las siguientes sanciones:

• a) por la comisi髇 de infracciones muy graves se impondr� al infractor multa por importe de hasta veinte millones de euros.

  Por la comisi髇 de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondr� al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al qu韓tuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracci髇. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el l韒ite m醲imo de la sanci髇 ser� el dos por ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el 鷏timo ejercicio;

• b) las infracciones muy graves, en funci髇 de sus circunstancias, podr醤 dar lugar a la inhabilitaci髇 hasta de cinco a駉s del operador para el suministro de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas. Tambi閚 podr� dar lugar a la inhabilitaci髇 hasta cinco a駉s para el ejercicio de la actividad de instalador;
• c) por la comisi髇 de infracciones graves se impondr� al infractor multa por importe de hasta dos millones de euros.

  Por la comisi髇 de infracciones graves tipificadas en las que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondr� al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquellas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, el l韒ite m醲imo de la sanci髇 ser� el uno por ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el 鷏timo ejercicio;

• d) por la comisi髇 de infracciones leves se impondr� al infractor una multa por importe de hasta 100.000 euros.

2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los art韈ulos 106, 107 y 108 podr醤 llevar aparejada, como sanci髇 accesoria, en tanto no se disponga del t韙ulo habilitante que resulte necesario para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, o teniendo dicho t韙ulo, mientras se efect鷈n emisiones radioel閏tricas con par醡etros o caracter韘ticas t閏nicas distintas a las autorizadas:

• a) el cese inmediato de emisiones radioel閏tricas no autorizadas, ya sea por carecer de t韙ulo habilitante o por efectuarse con par醡etros o caracter韘ticas t閏nicas distintas a las autorizadas;
• b) el ajuste de las emisiones radioel閏tricas a los par醡etros y caracter韘ticas t閏nicas autorizadas;
• c) el precintado o la incautaci髇 de los equipos de telecomunicaci髇;
• d) la clausura de las instalaciones.

3. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los art韈ulos 106, 107 y 108 podr醤 llevar aparejada, en caso de equipos de telecomunicaci髇 que no cumplan los requisitos para su comercializaci髇, la retirada o recuperaci髇 del mercado de los mismos o la prohibici髇 o restricci髇 de su comercializaci髇, hasta que se produzca el cumplimiento de dichos requisitos.

4. Las sanciones impuestas por vulneraci髇 de las condiciones establecidas para la utilizaci髇 de la numeraci髇 podr醤 llevar aparejada orden de imposibilidad de uso del n鷐ero o n鷐eros a trav閟 de los cuales se ha producido el incumplimiento, por un per韔do m醲imo de dos a駉s.

5. Adem醩 de la sanci髇 que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jur韉ica, se podr� imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los 髍ganos directivos o los 髍ganos colegiados de administraci髇 que hayan intervenido en el acuerdo o decisi髇.

Quedan excluidas de la sanci髇 aquellas personas que, formando parte de 髍ganos directivos o de los 髍ganos colegiados de administraci髇, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.

6. A los efectos de lo establecido en esta ley, tendr� la consideraci髇 de incumplimiento reiterado la sanci髇 firme en v韆 administrativa por la comisi髇 de dos o m醩 infracciones del mismo tipo infractor en un per韔do de tres a駉s.

Art韈ulo 110 Criterios para la determinaci髇 de la cuant韆 de la sanci髇

1. La cuant韆 de la sanci髇 que se imponga, dentro de los l韒ites indicados, se graduar� teniendo en cuenta, adem醩 de lo previsto en el art韈ulo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, lo siguiente:

• a) la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona;
• b) el da駉 causado, como la producci髇 de interferencias a terceros autorizados, y su reparaci髇;
• c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador;
• d) la negativa u obstrucci髇 al acceso a las instalaciones o a facilitar la informaci髇 o documentaci髇 requerida;
• e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitaci髇 del expediente sancionador;
• f) la afectaci髇 a bienes jur韉icos protegidos relativos al uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional o los derechos de los usuarios;
• g) la colaboraci髇 activa y efectiva con la autoridad competente en la detecci髇 o prueba de la actividad infractora.

2. En el caso de la infracci髇 consistente en proporcionar informaci髇 enga駉sa, err髇ea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboraci髇 de los estudios geogr醘icos a que se refiere el art韈ulo 48 tipificada en el art韈ulo 107.32, en la fijaci髇 de la cuant韆 de la sanci髇 se tendr� en cuenta, entre otros criterios, si el comportamiento de la empresa o autoridad p鷅lica ha tenido un efecto negativo sobre la competencia y, en particular, si, contrariamente a la informaci髇 proporcionada originalmente o a cualquier actualizaci髇 de la misma, la empresa o autoridad p鷅lica ha desplegado, extendido o mejorado una red o no ha desplegado una red y ha incumplido su obligaci髇 de presentar una justificaci髇 objetiva para este cambio de planes.

3. El infractor vendr� obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.2 o de haber disfrutado de t韙ulo para la utilizaci髇 del dominio p鷅lico radioel閏trico.

Art韈ulo 111 Medidas previas al procedimiento sancionador

1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podr� ordenarse por el 髍gano competente del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital o de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante resoluci髇 motivada sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:

• a) cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional;
• b) cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud p鷅lica;
• c) cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad p鷅lica, protecci髇 civil y de emergencias;
• d) cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electr髇icas;
• e) cuando cree graves problemas econ髆icos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas o dem醩 usuarios del dominio p鷅lico radioel閏trico.

2. Esta orden de cese ir� dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposici髇 de ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitaci髇 de responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecuci髇 forzosa, la resoluci髇 podr� disponer que, a trav閟 de la autoridad gubernativa, se facilite apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

3. En la resoluci髇 se determinar� el 醡bito objetivo y temporal de la medida, sin que pueda exceder del plazo de quince d韆s h醔iles.

La resoluci髇 a la que se refiere este apartado ser� directamente recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

4. En los supuestos en los que la imposici髇 de la medida previa y excepcional de cese de actividad pudiera afectar a una se馻l radioel閏trica, redes de comunicaciones electr髇icas o sitio web, tal medida deber� en todo caso ser conocida por los usuarios de dichos servicios afectados debiendo quedar reflejado al acceder a la se馻l radioel閏trica mediante imagen visualizada o anuncio sonoro, o al acceder al sitio web, en el que se informe que el mismo ha sido bloqueado y la informaci髇 relevante sobre dicha circunstancia, informaci髇 que deber� incluir la base legal para el bloqueo, la fecha y el n鷐ero de la decisi髇 de bloqueo, el organismo emisor, as� como el texto de la decisi髇 de bloqueo, incluyendo las razones de la misma, y las v韆s de recurso, debiendo quedar reflejada esta informaci髇 por espacio temporal de un mes.

5. En el plazo de quince d韆s h醔iles siguientes a su adopci髇 y previa audiencia del interesado para que pueda proponer soluciones debe confirmarse, modificarse o levantarse la orden de cese, lo que se efectuar� en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento sancionador.

6. En todo caso, ser� de aplicaci髇 con car醕ter supletorio lo dispuesto en el art韈ulo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 112 Medidas cautelares en el procedimiento sancionador

1. Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a las que se refieren los art韈ulos 106, 107 y 108, de conformidad con el art韈ulo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, podr醤 dar lugar a la adopci髇 de las siguientes medidas cautelares:

• a) ordenar el cese inmediato de emisiones radioel閏tricas no autorizadas;
• b) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. Entre ellas:
  • 1.� poner fin a la prestaci髇 de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestaci髇 pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones espec韋icas impuestas a ra韟 de un an醠isis de mercado con arreglo al art韈ulo 18. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicar� al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma;
  • 2.� impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electr髇icas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestaci髇 de servicios o el suministro de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones espec韋icas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracci髇;
  • 3.� confirmar o modificar las medidas provisionales de urgencia adoptadas conforme a lo dispuesto en el art韈ulo anterior. Estas medidas provisionales ser醤 v醠idas durante tres meses como m醲imo, prorrogables por otro per韔do de hasta tres meses;
• c) ordenar el ajuste y la adecuaci髇 de las emisiones a los par醡etros y condiciones t閏nicas autorizadas;
• d) ordenar el precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor, siendo, en su caso, aplicable el r間imen de ejecuci髇 subsidiaria previsto en el art韈ulo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas;
• e) ordenar la retirada o su recuperaci髇 del mercado de los equipos de telecomunicaci髇 que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable;
• f) la suspensi髇 provisional de la eficacia del t韙ulo y la clausura provisional de las instalaciones, por un plazo m醲imo de seis meses.

2. Cuando el presunto infractor carezca de t韙ulo habilitante para la ocupaci髇 o uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, vulnere o condicione la adecuada ejecuci髇 de los planes t閏nicos de uso del dominio p鷅lico radioel閏trico, produzca interferencias a servicios legalmente autorizados o si con la infracci髇 se superan los niveles de emisiones radioel閏tricas establecidos en la normativa de desarrollo del art韈ulo 86, la medida cautelar prevista en la letra a) y, en su caso, en la letra c) del apartado anterior ser� obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciaci髇 de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar el correcto uso de dicho dominio p鷅lico.

3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo m醲imo de duraci髇, las medidas cautelares podr醤 mantenerse hasta la resoluci髇 del procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resoluci髇 final que pudiera recaer. Como excepci髇, la medida cautelar de retirada o su recuperaci髇 del mercado de los equipos de telecomunicaci髇 cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deber� levantarse cuando se acredite la realizaci髇 de la evaluaci髇 de la conformidad de los equipos de telecomunicaci髇 afectados.

Art韈ulo 113 Prescripci髇

1. Las infracciones muy graves prescribir醤 a los tres a駉s, las graves a los dos a駉s y las leves al a駉.

El plazo de prescripci髇 de las infracciones comenzar� a computarse desde el d韆 en que se hubieran cometido. Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripci髇 volver� a correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

En el supuesto de infracci髇 continuada, la fecha inicial del c髆puto ser� aquella en que deje de realizarse la actividad infractora o la del 鷏timo acto con que la infracci髇 se consume. No obstante, se entender� que persiste la infracci髇 en tanto los equipos de telecomunicaci髇 o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposici髇 de la Administraci髇 o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir醤 a los tres a駉s; las impuestas por faltas graves, a los dos a駉s, y las impuestas por faltas leves, al a駉. El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar� a computarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇 o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a correr el plazo si aqu閘 est� paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al infractor.

Art韈ulo 114 Competencias y procedimiento sancionador

1. La competencia sancionadora corresponder�:

• a) a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en el 醡bito material de su actuaci髇, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 3, 10, 11 y 14 del art韈ulo 106, infracciones graves tipificadas en los apartados 19, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39 y 41 del art韈ulo 107 e infracciones leves tipificadas en los apartados 6 y 12 del art韈ulo 108;
• b) a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, en el caso de que se trate de las infracciones graves del art韈ulo 107 tipificadas en el apartado 30 y de las infracciones leves del art韈ulo 108 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protecci髇 de datos y privacidad reconocidos en el art韈ulo 66;
• c) a la persona titular de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el resto de los casos y en los supuestos de imposici髇 de sanciones por la comisi髇 de las infracciones se馻ladas en las letras a) y b) cuando se trate de su 醡bito material de actuaci髇.

2. En el ejercicio de la potestad sancionadora ser� de aplicaci髇 el procedimiento administrativo com鷑 establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de resoluci髇 del mismo ser� de un a駉 y el plazo de alegaciones ser� como m韓imo de quince d韆s h醔iles.

Disposici髇 adicional primera Significado de los t閞minos empleados por esta ley

A los efectos de esta ley, los t閞minos definidos en el anexo II tendr醤 el significado que all� se les asigna.

Disposici髇 adicional segunda Limitaciones y servidumbres

1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el art韈ulo 47.1 podr醤 afectar:

• a) a la altura m醲ima de los edificios;
• b) a la distancia m韓ima a la que podr醤 ubicarse industrias que produzcan emisiones radioel閏tricas e instalaciones el閏tricas de alta tensi髇 y l韓eas f閞reas electrificadas no soterradas;
• c) a la distancia m韓ima a la que podr醤 instalarse transmisores radioel閏tricos.

2. Con la excepci髇 de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional, a la navegaci髇 a閞ea y a la radioastronom韆, no podr醤 establecerse, por v韆 reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones m醩 gravosas que las siguientes:

• a) para distancias inferiores a 1.000 metros, el 醤gulo sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estaci髇, el punto m醩 elevado de un edificio ser� como m醲imo de tres grados;
• b) la m醲ima limitaci髇 exigible de separaci髇 entre una industria que produzca emisiones radioel閏tricas o una l韓ea de tendido el閏trico de alta tensi髇 o l韓eas de ferrocarril no soterradas y cualquiera de las antenas receptoras de la estaci髇 ser� de 1.000 metros.

La instalaci髇 de transmisores radioel閏tricos en las proximidades de la estaci髇 se realizar� con las siguientes limitaciones:

3. Las limitaciones de intensidad de campo el閏trico se exigir醤 para aquellas instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se entiende que utilizan equipos de alta sensibilidad las instalaciones dedicadas a la investigaci髇:

• a) las estaciones dedicadas a la observaci髇 radioastron髆ica, estas limitaciones ser醤 las siguientes:

  Niveles m醲imos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observaci髇 de Radioastronom韆 (1) (2)
  Frecuencia central (MHz)	Anchura de banda de canal (kHz)	Densidad espectral de flujo de potencia (dB(W/(m2 � Hz)))	Observaciones radioastron髆icas
  13,385	50	-248	Continuo.
  25,61	120	-249	Continuo.
  73,8	1600	-258	Continuo.
  151,525	2950	-259	Continuo.
  325,3	6600	-258	Continuo.
  327	10	-244	Rayas espectrales.
  408,05	3900	-255	Continuo.
  611	6000	-253	Continuo.
  1413,5	27000	-255	Continuo.
  1420	20	-239	Rayas espectrales.
  1612	20	-238	Rayas espectrales.
  1665	20	-237	Rayas espectrales.
  1665	10000	-251	Continuo.
  2695	10000	-247	Continuo.
  4830	50	-230	Rayas espectrales.
  4995	10000	-241	Continuo.
  10650	100000	-240	Continuo.
  14488	150	-221	Rayas espectrales.
  15375	50000	-233	Continuo.
  22200	250	-216	Rayas espectrales.
  22355	290000	-231	Continuo.
  23700	250	-215	Rayas espectrales.
  23800	400000	-233	Continuo.
  31550	500000	-228	Continuo.
  43000	500	-210	Rayas espectrales.
  43000	1000000	-227	Continuo.
  48000	500	-209	Rayas espectrales.
  76750	8000000	-229	Continuo.
  82500	8000000	-228	Continuo.
  88600	1000	-208	Rayas espectrales.
  89000	8000000	-228	Continuo.
  105050	8000000	-223	Continuo.
  132000	8000000	-223	Continuo.
  147250	8000000	-223	Continuo.
  150000	8000000	-223	Continuo.
  150000	1000	-204	Rayas espectrales.
  165500	8000000	-222	Continuo.
  183500	8000000	-220	Continuo.
  215750	8000000	-218	Continuo.
  220000	1000	-199	Rayas espectrales.
  224000	8000000	-218	Continuo.
  244500	8000000	-217	Continuo.
  265000	1000	-197	Rayas espectrales.
  270000	8000000	-216	Continuo.

• b) para la protecci髇 de las instalaciones de observatorios de astrof韘ica, la limitaci髇 de la intensidad de campo el閏trico, en cualquier frecuencia, ser� de 88,8 dB (礦/m) en la ubicaci髇 del observatorio.

4. Para un mejor aprovechamiento del dominio p鷅lico radioel閏trico, el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital podr� imponer la utilizaci髇 en las instalaciones de aquellos elementos t閏nicos que mejoren la compatibilidad radioel閏trica entre estaciones.

Disposici髇 adicional tercera Aplicaci髇 de la legislaci髇 reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios

Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se regulan por lo establecido en la presente ley, por el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaci髇 y sus desarrollos reglamentarios.

Disposici髇 adicional cuarta Informaci髇 confidencial

Las personas f韘icas o jur韉icas que aporten a alguna de las autoridades p鷅licas competentes espec韋icas en materia de telecomunicaciones datos o informaciones de cualquier tipo, con ocasi髇 del desempe駉 de sus funciones y respetando la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos y privacidad, podr醤 indicar, de forma justificada, qu� parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusi髇 podr韆 perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada autoridad p鷅lica competente espec韋ica en materia de telecomunicaciones decidir�, de forma motivada y a trav閟 de las resoluciones oportunas, sobre la informaci髇 que, seg鷑 la legislaci髇 vigente, resulte o no amparada por la confidencialidad.

Disposici髇 adicional quinta Referencia a servicios de comunicaciones electr髇icas en otras normas

Las referencias a los servicios de comunicaciones electr髇icas efectuadas en otras normas previas a la vigencia del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas se entender醤 realizadas a las distintas clases de servicios de comunicaciones electr髇icas que establece el citado C骴igo (servicio de acceso a internet, servicio de comunicaciones interpersonales basado en la numeraci髇, servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeraci髇 y servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de se馻les). En funci髇 de la naturaleza y caracter韘ticas de cada servicio en concreto y de la finalidad que persiga dicha normativa, se tendr醤 en cuenta al efecto los derechos y obligaciones que el mencionado C骴igo Europeo y la presente ley asocian a cada clase de servicio de comunicaciones electr髇icas.

Disposici髇 adicional sexta Multas coercitivas

Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de informaci髇 que dicten el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital o la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr醤 imponer multas coercitivas por importe diario de 125 hasta 30.000 euros, en los t閞minos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Las multas coercitivas ser醤 independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.

El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposici髇 se ingresar� en el Tesoro P鷅lico.

Disposici髇 adicional s閜tima Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos y obligaciones de transmisi髇

1. En el acceso condicional a los servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos difundidos a los telespectadores y oyentes, deber醤 cumplirse los requisitos siguientes, con independencia del medio de transmisi髇 utilizado:

• a) con independencia de los medios de transmisi髇, todas las empresas proveedoras de servicios de acceso condicional que prestan servicios de acceso a los servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos y de cuyos servicios de acceso dependen los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual para llegar a cualquier grupo de telespectadores u oyentes potenciales estar醤 obligados a:
  • 1.� proponer a todos los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten compatibles con el Derecho de la competencia, servicios t閏nicos que permitan que sus servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos sean recibidos por los telespectadores u oyentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los operadores de servicios, as� como a respetar el Derecho de la competencia;
  • 2.� llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su actividad de suministro de servicios de acceso condicional;
• b) cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de consumo, los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso condicional, deber醤 hacerlo en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. La concesi髇 de licencias, que tendr� en cuenta los factores t閏nicos y comerciales, no podr� estar subordinada por los propietarios de los derechos a condiciones que proh韇an, disuadan o desalienten la inclusi髇 en el mismo producto de:
  • 1.� bien una interfaz com鷑 que permita la conexi髇 con varios sistemas de acceso;
  • 2.� bien medios espec韋icos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario de la licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a 閘 se refiere, la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de acceso condicional.

2. En el caso de que en el mercado involucrado en el acceso condicional a los servicios digitales de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos no se hubiera designado operador con peso significativo en el mercado, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia podr� modificar o suprimir las condiciones con respecto a los operadores de dicho mercado, siempre y cuando:

• a) dicha modificaci髇 o supresi髇 no incida negativamente en el acceso de los usuarios finales a las emisiones de los servicios de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos, y
• b) dicha modificaci髇 o supresi髇 no incida negativamente en las perspectivas de competencia efectiva en los siguientes mercados:
  • 1.� los mercados de servicios de comunicaci髇 audiovisual al por menor de radio y televisi髇 digital;
  • 2.� los mercados de sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados.

3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital se podr� imponer exigencias razonables de transmisi髇 de determinados canales de servicios de comunicaci髇 audiovisual televisivos y radiof髇icos, as� como exigencias de transmisi髇 de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de comunicaciones electr髇icas utilizadas para la distribuci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual al p鷅lico, si un n鷐ero significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepci髇 de programas de servicios de comunicaci髇 audiovisual, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de inter閟 general claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y peri骴icamente revisable.

Asimismo, podr醤 establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisi髇 digital, para que cooperen en la prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad.

4. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital se regular� el establecimiento de las obligaciones y requisitos para los gestores de m鷏tiples digitales de la televisi髇 digital terrestre y la creaci髇 y regulaci髇 del Registro de par醡etros de informaci髇 de los servicios de televisi髇 digital terrestre. La gesti髇, asignaci髇 y control de los par醡etros de informaci髇 de los servicios de televisi髇 digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

Disposici髇 adicional octava Interoperabilidad de receptores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos para autom髒iles, de receptores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos de consumo y equipos de consumo utilizados para la televisi髇 digital

1. Los equipos receptores de servicios de comunicaci髇 audiovisual radiof髇icos para autom髒iles y los equipos de consumo utilizados para la televisi髇 digital deben ser interoperables de conformidad con las siguientes reglas:

• a) algoritmo de cifrado com鷑 y recepci髇 de libre acceso. Todos los equipos de consumo para la recepci髇 de se馻les de televisi髇 digital, ya sea por emisi髇 terrestre, por cable o por sat閘ite, que se comercialicen para la venta, en alquiler o en cualquier otra f髍mula comercial con capacidad para descifrar se馻les de televisi髇 digital deber醤 incluir las siguientes funciones:
  • i) descifrado de se馻les de conformidad con un algoritmo de cifrado com鷑 europeo gestionado por una organizaci髇 europea de normalizaci髇 reconocida;
  • ii) visualizaci髇 de se馻les transmitidas en abierto, a condici髇 de que, en los casos en que el equipo se suministre en alquiler, el arrendatario se halle en situaci髇 de cumplimiento del contrato correspondiente;
• b) interoperabilidad de aparatos de televisi髇 digitales. Todo aparato digital de televisi髇 dotado de una pantalla de visualizaci髇 integral de una diagonal visible superior a 30 cent韒etros comercializado para su venta o alquiler deber� estar provisto de, al menos, una conexi髇 de interfaz abierta normalizada por una organizaci髇 europea de normalizaci髇 reconocida, conforme con la norma adoptada por 閟ta, o conforme con las especificaciones adoptadas por la industria, que permita la conexi髇 sencilla de perif閞icos, y poder transferir todos los elementos pertinentes de una se馻l de televisi髇 digital, incluida la informaci髇 relativa a servicios interactivos y de acceso condicional;
• c) interoperabilidad de los receptores de servicios de radio para autom髒iles. Todo receptor de servicios de radio integrado en un veh韈ulo nuevo de la categor韆 M introducido en el mercado para su venta o alquiler deber� incluir un receptor capaz de recepci髇 y reproducci髇 de, al menos, los servicios de radiodifusi髇 ofrecidos a trav閟 de la radiodifusi髇 digital terrestre.

Lo establecido en el presente apartado podr� ser objeto de modificaci髇 mediante real decreto, de conformidad con lo que dispongan las normas y actos emanados de las instituciones europeas.

2. Mediante real decreto se podr醤 adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad de otros receptores de servicios de radio de consumo, para lo cual deber� tenerse en cuenta el impacto en el mercado de los receptores de radiodifusi髇 de valor reducido y garantizar que dichas medidas no se apliquen a los productos en los que el receptor de servicios de radio tenga un car醕ter puramente auxiliar, como los tel閒onos m髒iles multifunci髇, ni a los equipos utilizados por radioaficionados.

3. Los usuarios finales, en el momento de la resoluci髇 de su contrato, tendr醤 la posibilidad de devolver los equipos terminales de televisi髇 digital de forma gratuita y sencilla, a menos que el proveedor demuestre la completa interoperabilidad del equipo con los servicios de televisi髇 digital de otros proveedores, entre ellos aquel al que se haya cambiado el usuario final.

Mediante real decreto se podr醤 adoptar medidas para que los equipos terminales de televisi髇 digital que los prestadores de servicios digitales de televisi髇 suministren a sus usuarios finales sean interoperables a fin de que, cuando ello sea t閏nicamente posible, estos puedan reutilizarse con otros prestadores de servicios digitales de televisi髇. En todo caso, se considerar� que los equipos terminales de televisi髇 digital que sean conformes a las normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el 獶iario Oficial de la Uni髇 Europea�, o a partes de estas, cumplen el requisito de interoperabilidad establecido en este p醨rafo.

Disposici髇 adicional novena Mecanismo de notificaci髇

Las medidas adoptadas por la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los cap韙ulos III, IV y V del t韙ulo II, art韈ulo 55.8 y disposici髇 adicional s閜tima de esta ley, y su normativa de desarrollo, que puedan tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se someter醤 a los mecanismos de notificaci髇 a que se refieren los art韈ulos 32, 33 y 34 del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas y las normas dictadas al efecto en desarrollo de los mismos por la Uni髇 Europea.

Disposici髇 adicional d閏ima Mecanismo de consulta

Las autoridades p鷅licas competentes espec韋icas en materia de telecomunicaciones que tengan la intenci髇 de adoptar medidas conforme a lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo que incidan significativamente en el mercado pertinente as� como medidas de restricci髇 a la neutralidad tecnol骻ica y de servicios en el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico regulada en el art韈ulo 93, deber醤 dar a los interesados la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable, seg鷑 la complejidad del asunto, pero en cualquier caso no inferior a treinta d韆s naturales, excepto en circunstancias excepcionales, en los t閞minos y con las condiciones establecidas en el art韈ulo 23 del C骴igo Europeo de Comunicaciones Electr髇icas y las normas dictadas al efecto en desarrollo del mismo por la Uni髇 Europea.

Disposici髇 adicional und閏ima Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes p鷅licas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico

Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley o acto administrativo en ejecuci髇 de dicha medida normativa que tramite cualquier Administraci髇 P鷅lica y que persiga imponer con car醕ter generalizado a los operadores de redes p鷅licas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico o a un grupo espec韋ico de los mismos obligaciones de servicio p鷅lico distintas de las previstas en el art韈ulo 43, obligaciones de supervisi髇 de la informaci髇 tratada o gestionada en dichas redes o servicios o de colaboraci髇 con los agentes facultados respecto al tr醘ico gestionado, requerir� el informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital.

Dicha medida normativa o acto administrativo deber� contemplar de manera expresa los mecanismos de financiaci髇 de los costes derivados de las obligaciones de servicio p鷅lico distintas de las previstas en el art韈ulo 43, obligaciones de car醕ter p鷅lico o cualquier otra carga administrativa que se imponga, que no podr� ser a cargo de los operadores de redes p鷅licas o de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico cuando se traten de obligaciones o cargas que no deriven directamente del marco normativo de las comunicaciones electr髇icas sino que respondan a otras razones de pol韙icas p鷅licas, salvo que concurran motivos de inter閟 p鷅lico que lleven a la conclusi髇 de que dichos operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente.

La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital se considera un requisito esencial en la tramitaci髇 de la norma o acto administrativo.

Disposici髇 adicional duod閏ima Creaci髇 de la Comisi髇 sobre radiofrecuencias y salud

Mediante real decreto se regular� la composici髇, organizaci髇 y funciones de la Comisi髇 sobre radiofrecuencias y salud, cuya misi髇 es la de asesorar e informar a la ciudadan韆, al conjunto de las Administraciones p鷅licas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioel閏tricas, las medidas de protecci髇 sanitaria aprobadas frente a emisiones radioel閏tricas y los m鷏tiples y peri骴icos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioel閏tricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisi髇 realizar� y divulgar� estudios e investigaciones sobre las emisiones radioel閏tricas y sus efectos y c髆o las restricciones a las emisiones, las medidas de protecci髇 sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, as� como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizar� propuestas y sugerir� l韓eas de mejora en las medidas y controles a realizar.

De la Comisi髇 formar醤 parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y una representaci髇 de las Comunidades Aut髇omas.

Dicha Comisi髇 contar� con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participaci髇 de Comunidades Aut髇omas, de la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito estatal con mayor implantaci髇 y un grupo de expertos independientes, sociedades cient韋icas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluaci髇 y seguimiento peri骴ico de la prevenci髇 y protecci髇 de la salud de la poblaci髇 en relaci髇 con las emisiones radioel閏tricas, proponiendo estudios de investigaci髇, medidas consensuadas de identificaci髇, elaboraci髇 de registros y protocolos de atenci髇 al ciudadano.

La creaci髇 y el funcionamiento tanto de la Comisi髇 como del grupo asesor se atender醤 con los medios personales, t閏nicos y presupuestarios actuales asignados a los Ministerios y dem醩 Administraciones participantes, sin incremento en el gasto p鷅lico.

Disposici髇 adicional decimotercera Par醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electr髇icas

Los par醡etros y requerimientos t閏nicos esenciales que son indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas se establecer醤 mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

Disposici髇 adicional decimocuarta Cooperaci髇 en la promoci髇 de contenidos l韈itos en redes y servicios de comunicaciones electr髇icas

Las autoridades competentes podr醤 promover la cooperaci髇 entre los operadores de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas y los sectores interesados en la promoci髇 de contenidos l韈itos en dichas redes y servicios.

Disposici髇 adicional decimoquinta Garant韆 de los derechos digitales

Lo dispuesto en esta ley ser� sin perjuicio de la aplicaci髇 de las medidas que en materia de garant韆 de los derechos digitales se establecen en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en el t韙ulo X de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

Disposici髇 adicional decimosexta Pol韙icas de impulso de los derechos digitales

El Gobierno, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas, elaborar� un Plan de Acceso a Internet con los siguientes objetivos:

• a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a internet de los colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales econ髆icamente desfavorecidos;
• b) impulsar la existencia de espacios de conexi髇 de acceso p鷅lico y
• c) fomentar medidas educativas que promuevan la formaci髇 en competencias y habilidades digitales b醩icas de las personas y colectivos en riesgo de exclusi髇 digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso aut髇omo y responsable de internet y de las tecnolog韆s digitales.

Disposici髇 adicional decimos閜tima Coordinaci髇 de las ayudas p鷅licas a la banda ancha y al desarrollo de la econom韆 y empleo digitales y nuevos servicios digitales

Por real decreto se identificar醤 los 髍ganos competentes y se establecer醤 los procedimientos de coordinaci髇 entre Administraciones y Organismos p鷅licos, en relaci髇 con las ayudas p鷅licas a la banda ancha, cuya convocatoria y otorgamiento deber� respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el art韈ulo 3 y en relaci髇 con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la econom韆, el empleo digital y todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten, garantizando la cohesi髇 social y territorial.

Disposici髇 adicional decimoctava Publicaci髇 de actos

Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente ley se podr醤 publicar en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 45 y disposici髇 adicional tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. En particular, todas aquellas resoluciones, actos administrativos o actos de tr醡ite dictados por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente ley y que pudieran tener por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando estime que la notificaci髇 efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificaci髇 a todos, deber醤 ser publicados en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposici髇 adicional decimonovena Estaciones radioel閏tricas de radioaficionado

En la instalaci髇 de estaciones radioel閏tricas de radioaficionado se aplicar� lo establecido en el primer p醨rafo del art韈ulo 49.9, sin perjuicio de la aplicaci髇 de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulaci髇 del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioel閏tricas de aficionados, y su normativa de desarrollo.

Disposici髇 adicional vig閟ima Prestaci髇 de determinados servicios a los que se refiere el art韈ulo 43

La Direcci髇 General de la Marina Mercante asume la prestaci髇 de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el art韈ulo 43.1.

Disposici髇 adicional vig閟ima primera Comunicaci髇 al Registro de operadores de los prestadores del servicio de comunicaciones electr髇icas interpersonales independientes de la numeraci髇 disponible al p鷅lico

Los operadores que est閚 prestando el servicio de comunicaciones electr髇icas interpersonales independientes de la numeraci髇 disponible al p鷅lico dispondr醤 del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicaci髇 al Registro de operadores a que se refiere el art韈ulo 6.6.

En la comunicaci髇 se deber� proporcionar la siguiente informaci髇 m韓ima:

• a) nombre y apellidos o, en su caso, denominaci髇 o raz髇 social y nacionalidad del operador;
• b) datos de inscripci髇 en el registro mercantil u otro registro p鷅lico similar en el que figure el operador y n鷐ero de identificaci髇 fiscal;
• c) domicilio social y el se馻lado a los efectos de notificaciones;
• d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de servicios de comunicaciones electr髇icas;
• e) nombre, apellidos, n鷐ero de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta 鷏tima, la direcci髇 de correo electr髇ico y n鷐ero de tel閒ono m髒il para poder recibir los avisos de puesta a disposici髇 de las notificaciones que le sean enviadas;
• f) una exposici髇 sucinta de los servicios que suministra.

Disposici髇 adicional vig閟ima segunda Comunicaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP)

Los titulares y gestores de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en territorio espa駉l dispondr醤 del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital a que se refiere el art韈ulo 6.8.

En la comunicaci髇 se deber� proporcionar la siguiente informaci髇 m韓ima:

• a) nombre y apellidos o, en su caso, denominaci髇 o raz髇 social y nacionalidad del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP);
• b) datos de inscripci髇 en el registro mercantil u otro registro p鷅lico similar en el que figure el titular y el gestor del punto de intercambio de internet (IXP) y n鷐ero de identificaci髇 fiscal;
• c) domicilio social y el se馻lado a los efectos de notificaciones;
• d) el sitio web del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP), de haberlo;
• e) nombre, apellidos, n鷐ero de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta 鷏tima la direcci髇 de correo electr髇ico y n鷐ero de tel閒ono m髒il para poder recibir los avisos de puesta a disposici髇 de las notificaciones que le sean enviadas;
• f) ubicaci髇 de cada uno de los puntos de intercambio de internet (IXP) de los que sea titular o gestor y una exposici髇 sucinta de sus principales caracter韘ticas t閏nicas.

Disposici髇 adicional vig閟ima tercera Comunicaci髇 al Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital de los cables submarinos

Los titulares y gestores de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexi髇 a redes de comunicaciones electr髇icas se produce en territorio espa駉l, dispondr醤 del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicaci髇 a que se refiere el art韈ulo 6.9.

En la comunicaci髇 se deber� proporcionar la siguiente informaci髇 m韓ima:

• a) nombre y apellidos o, en su caso, denominaci髇 o raz髇 social y nacionalidad del titular y del gestor del cable submarino;
• b) datos de inscripci髇 en el registro mercantil u otro registro p鷅lico similar en el que figure el titular y el gestor del cable submarino y n鷐ero de identificaci髇 fiscal;
• c) domicilio social y el se馻lado a los efectos de notificaciones;
• d) el sitio web del titular y del gestor del cable submarino, de haberlo;
• e) nombre, apellidos, n鷐ero de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta 鷏tima, la direcci髇 de correo electr髇ico y n鷐ero de tel閒ono m髒il para poder recibir los avisos de puesta a disposici髇 de las notificaciones que le sean enviadas;
• f) una exposici髇 sucinta del trazado del cable submarino y de sus principales caracter韘ticas t閏nicas y, en particular, del lugar en el que se produce el enganche, acceso o interconexi髇 a redes de comunicaciones electr髇icas ubicadas en territorio espa駉l.

Disposici髇 adicional vig閟ima cuarta Reconversi髇 de la infraestructura de los tel閒onos p鷅licos de pago

Las infraestructuras de los tel閒onos p鷅licos de pago se podr醤 reconvertir o utilizar como puntos de conectividad para la prestaci髇, entre otros, de los siguientes servicios:

• a) puntos de conexi髇 a internet;
• b) tel閒ono de emergencias;
• c) punto de env韔 y recogida de paqueter韆.

Disposici髇 adicional vig閟ima quinta Datos del Registro de operadores puestos a disposici髇 del ORECE

Los datos correspondientes a las notificaciones efectuadas al Registro de operadores que hayan sido inscritos entre el 21 de diciembre de 2020 y la entrada en vigor de esta ley deber醤 ponerse a disposici髇 del ORECE a la mayor brevedad posible.

Disposici髇 adicional vig閟ima sexta Reasignaci髇 de recursos

Los 髍ganos y organismos de la Administraci髇 General del Estado podr醤 ejercer las funciones que en la presente ley se les atribuyen con sus recursos disponibles sin necesidad de requerir dotaciones presupuestarias adicionales.

Disposici髇 adicional vig閟ima s閜tima Adaptaci髇 de la contrataci髇 con los usuarios finales por los operadores de comunicaciones electr髇icas

1. Los operadores de comunicaciones electr髇icas dispondr醤 de un plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para adaptar su operativa y el contenido de los contratos a formalizar con los usuarios finales a lo establecido en el cap韙ulo IV del t韙ulo III y dem醩 disposiciones de esta ley.

2. Los operadores de comunicaciones electr髇icas dispondr醤 de un plazo de cuatro meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para modificar los contratos formalizados con los usuarios finales para adaptarlos a lo establecido en el cap韙ulo IV del t韙ulo III y dem醩 disposiciones de esta ley o, en su caso, y a petici髇 expresa de los usuarios, proceder a su rescisi髇 en los t閞minos indicados en el art韈ulo 67.8.

Disposici髇 adicional vig閟ima octava Creaci髇 de la Comisi髇 Interministerial para la agilizaci髇 de los mecanismos de colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas

Mediante real decreto se regular� la composici髇, organizaci髇 y funciones de la Comisi髇 Interministerial para la agilizaci髇 de los mecanismos de colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas para la instalaci髇 y explotaci髇 de las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, cuya misi髇 es el impulso de la resoluci髇 醙il y eficiente de las solicitudes de ocupaci髇 del dominio p鷅lico y la propiedad privada presentadas por los operadores ante las diferentes Administraciones p鷅licas al amparo del art韈ulo 49 de la presente ley, garantizando el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y minimizando los retrasos y las incidencias asociadas a la tramitaci髇 y resoluci髇 de dichas solicitudes de ocupaci髇. De la Comisi髇 Interministerial formar醤 parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico.

Disposici髇 adicional vig閟ima novena Beneficios fiscales aplicables al evento 獳駉 Santo Jubilar San Isidro Labrador�

1. La celebraci髇 del 獳駉 Santo Jubilar San Isidro Labrador� tendr� la consideraci髇 de acontecimiento excepcional de inter閟 p鷅lico a los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r間imen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

2. La duraci髇 del programa de apoyo a este acontecimiento abarcar� desde la entrada en vigor de la presente ley al 15 de mayo de 2023.

3. La certificaci髇 de la adecuaci髇 de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuar� de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

4. Las actuaciones a realizar ser醤 las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreci髇 en planes y programas de actividades espec韋icas se realizar醤 por el 髍gano competente de conformidad con lo dispuesto en el citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

5. Los beneficios fiscales de este programa ser醤 los m醲imos establecidos en el art韈ulo 27.3 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Disposici髇 adicional trig閟ima Universalizaci髇 del acceso a internet a una velocidad m韓ima de 100 Mbit por segundo

El Gobierno desarrollar� las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en el plazo de un a駉 a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalizaci髇 del acceso a internet de banda ancha a una velocidad m韓ima de 100 Mbit por segundo en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localizaci髇 geogr醘ica, en aras de impulsar la cohesi髇 social y territorial mediante el despliegue de las m醩 modernas redes de telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los m醩 diversos y necesarios servicios, cada vez m醩 b醩icos y esenciales, que se prestan a trav閟 de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la ense馻nza online, y con ello fortalecer la vertebraci髇 social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demogr醘ico y de ayudar a la fijaci髇 de la poblaci髇 en el territorio, combatiendo la despoblaci髇 rural.

Disposici髇 transitoria primera Normativa anterior a la entrada en vigor de esta ley

Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley o dictadas en desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones o de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, continuar醤 vigentes en lo que no se opongan a esta ley, hasta que se apruebe su normativa de desarrollo.

Disposici髇 transitoria segunda Adaptaci髇 de los t韙ulos habilitantes del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico

1. Los t韙ulos habilitantes del uso del dominio p鷅lico radioel閏trico otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedan autom醫icamente adaptados al r間imen jur韉ico establecido en 閟ta, a excepci髇 de su duraci髇, que ser� la establecida en el t韙ulo original o sus modificaciones.

2. Los t韙ulos habilitantes del uso privativo del dominio p鷅lico radioel閏trico con limitaci髇 de n鷐ero otorgados mediante procedimientos de licitaci髇 y cuyo otorgamiento siga siendo con limitaci髇 de n鷐ero podr醤 ver ampliada su duraci髇 hasta un plazo total de cuarenta a駉s, incluidas pr髍rogas y modificaciones, si bien la ampliaci髇 de plazo no podr� en ning鷑 caso ser superior a los diez a駉s adicionales a la duraci髇 actual del t韙ulo habilitante, incluidas pr髍rogas y modificaciones. Asimismo, estos t韙ulos habilitantes podr醤 ser objeto de renovaci髇 en los t閞minos indicados en el art韈ulo 94.7.

Esta adaptaci髇 en los plazos de duraci髇 y en la posible renovaci髇 de los t韙ulos habilitantes mencionados se aprobar� mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, en la que se tendr醤 en cuenta las circunstancias particulares de cada banda de frecuencias y de cada t韙ulo habilitante, incluidas sus modificaciones, previa solicitud del titular del t韙ulo habilitante, que deber� ser presentada en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

En la tramitaci髇 de la orden ministerial se evacuar� un tr醡ite de audiencia con el titular solicitante y se dar� a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a trav閟 de un procedimiento p鷅lico de consulta conforme con lo dispuesto en la disposici髇 adicional d閏ima. Asimismo, se solicitar� el informe previo de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia e informe de la Abogac韆 del Estado.

Disposici髇 transitoria tercera Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio p鷅lico radioel閏trico

Las condiciones ligadas a los t韙ulos habilitantes para la explotaci髇 de redes o prestaci髇 de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio p鷅lico radioel閏trico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley a trav閟 de procedimientos de licitaci髇 p鷅lica, ya estuvieran previstas en los pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las concesiones de uso privativo de dominio p鷅lico radioel閏trico.

Disposici髇 transitoria cuarta Registro de operadores

El Registro de operadores regulado en el art韈ulo 7 mantiene su continuidad respecto del Registro de operadores regulado en el art韈ulo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, de manera que los datos inscritos en este pasar醤 a formar parte del registro regulado en esta ley.

Disposici髇 transitoria quinta Prestaci髇 transitoria del servicio universal

Telef髇ica de Espa馻, S.A.U. seguir� encarg醤dose de la prestaci髇 de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexi髇 a la red p鷅lica de comunicaciones electr髇icas y a la prestaci髇 del servicio telef髇ico disponible al p鷅lico en las mismas condiciones establecidas en la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre, por la que se designa a dicho operador como encargado de la prestaci髇 citada, hasta que finalice el plazo para el que fue designado o se proceda a efectuar una nueva designaci髇 de operador u operadores encargados de la prestaci髇 de los servicios incluidos en el servicio universal conforme al r間imen jur韉ico instaurado por la presente ley y su normativa de desarrollo.

Disposici髇 transitoria sexta Planes de precios del servicio universal

En tanto no se determine reglamentariamente, el abono social a los servicios de comunicaciones vocales a trav閟 de una conexi髇 subyacente en una ubicaci髇 fija, el plan de precios aplicable a abonados invidentes o con graves dificultades visuales y el plan de precios aplicable a usuarios sordos o con graves dificultades auditivas estar醤 definidos por los supuestos, requisitos y condiciones establecidos en el apartado 4 del anexo del Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 25 de enero de 2007, publicado por Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por el que se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal, y el Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 13 de mayo de 2010, por el que se modifica el umbral de renta familiar que da acceso al abono social, publicado por la Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio.

Disposici髇 transitoria s閜tima R間imen transitorio para la fijaci髇 de las tasas establecidas en el anexo I de esta ley

Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuant韆s de la tasa prevista en el apartado 4 del anexo I, se aplicar醤 las siguientes:

• a) por la expedici髇 de certificaciones registrales, 43,80 euros;
• b) por la expedici髇 de certificaciones de presentaci髇 a la administraci髇 de las telecomunicaciones del proyecto t閏nico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el bolet韓 de instalaci髇 y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 43,80 euros;
• c) por la expedici髇 de certificaciones de cumplimiento de especificaciones t閏nicas de equipos de telecomunicaci髇, 345,65 euros;
• d) por cada acto de inspecci髇 previa o comprobaci髇 t閏nica efectuado, 363,42 euros;
• e) por la presentaci髇 de cada certificaci髇 expedida por t閏nico competente sustitutiva del acto de inspecci髇 previa, 90,67 euros;
• f) por la tramitaci髇 de concesi髇 demanial o autorizaci髇 para el uso privativo o de autorizaci髇 general para el uso especial del dominio p鷅lico radioel閏trico, 70,53 euros;
• g) por la tramitaci髇 de la autorizaci髇 individual para el uso especial del dominio p鷅lico radioel閏trico, 114,36 euros;
• h) por la presentaci髇 a los ex醡enes de capacitaci髇 para operar estaciones de radioaficionado, 23,67 euros;
• i) por inscripci髇 en el registro de empresas instaladoras de telecomunicaci髇, 107,72;
• j) por la solicitud y emisi髇 del dictamen t閏nico de evaluaci髇 de la conformidad de equipos de telecomunicaci髇, 356,30 euros.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, quedan derogadas las siguientes disposiciones:

• a) la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de Telecomunicaciones, a excepci髇 de su disposici髇 adicional decimosexta y las disposiciones transitorias s閜tima, novena y duod閏ima. No obstante, la derogaci髇 de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y s閜tima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectar� a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus t閞minos actualmente vigentes;LE0000529091_20220630LE0000529091_20220630
• b) la disposici髇 adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizaci髇 del comercio y de determinados servicios;LE0000495415_20221019
• c) igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas:

• Uno. El art韈ulo 9.2.c) queda redactado como sigue:
  • 玞) Cualquier otro sistema que las Administraciones p鷅licas consideren v醠ido en los t閞minos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicaci髇 a la Secretar韆 General de Administraci髇 Digital del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. Esta comunicaci髇 vendr� acompa馻da de una declaraci髇 responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jur韉ica del sistema, habr醤 de transcurrir dos meses desde dicha comunicaci髇, durante los cuales el 髍gano estatal competente por motivos de seguridad p鷅lica podr� acudir a la v韆 jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretar韆 de Estado de Seguridad, que deber� emitir en el plazo de diez d韆s desde su solicitud.�
  LE0000559951_20241107
• Dos. El art韈ulo 10.2.c) queda redactado como sigue:
  • 玞) Cualquier otro sistema que las Administraciones p鷅licas consideren v醠ido en los t閞minos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicaci髇 a la Secretar韆 General de Administraci髇 Digital del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital. Esta comunicaci髇 vendr� acompa馻da de una declaraci髇 responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jur韉ica del sistema, habr醤 de transcurrir dos meses desde dicha comunicaci髇, durante los cuales el 髍gano estatal competente por motivos de seguridad p鷅lica podr� acudir a la v韆 jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretar韆 de Estado de Seguridad, que deber� emitir en el plazo de diez d韆s desde su solicitud.�
  LE0000559951_20241107
• Tres. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional s閜tima que queda redactada como sigue:

  獶isposici髇 adicional s閜tima

  La Secretar韆 General de Administraci髇 Digital del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital informar� a la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorizaci髇 prevista en los art韈ulos 9.2.c) y 10.2.c) de esta ley, que, en su caso, se hayan dictado en el plazo m醲imo de tres meses desde la adopci髇 de la citada resoluci髇.�

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Disposici髇 final segunda T韙ulos competenciales

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el art韈ulo 149.1.21.� de la Constituci髇. Asimismo, las disposiciones de la ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇, sobre regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇, sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica. Por 鷏timo, las disposiciones del t韙ulo VIII se dictan al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de hacienda general, prevista en el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final tercera Regulaci髇 de las condiciones en que los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitir醤 la ocupaci髇 del dominio p鷅lico que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares

A los efectos de lo previsto en los art韈ulos 44 y 45, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se determinar醤 las condiciones en que los 髍ganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupaci髇 del dominio p鷅lico que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los operadores de redes p鷅licas y servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducci髇 de cargas, y la simplificaci髇 administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y neutrales.

Disposici髇 final cuarta Incorporaci髇 de derecho de la Uni髇 Europea

1. Mediante esta ley se incorporan al derecho espa駉l las siguientes Directivas:

• a) Directiva 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el C骴igo Europeo de las Comunicaciones Electr髇icas.
• b) Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas de alta velocidad.
  V閍se爊鷐ero 2.a) del art韈ulo 18 del Reglamento (UE) 2024/1309 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electr髇icas de gigabit, se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit) (獶.O.U.E.L.� 8 mayo)LE0000844477_20240511
• c) Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonizaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializaci髇 de equipos radioel閏tricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.
• d) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagn閠ica.
• e) Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci髇 de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr髇icas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electr髇icas).

2. Mediante esta ley se adoptan medidas para la ejecuci髇 o aplicaci髇 de los siguientes Reglamentos:

• a) Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇.
• b) Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relaci髇 con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.

Disposici髇 final quinta Habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario

Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, en el 醡bito de sus respectivas competencias, para el desarrollo y ejecuci髇 de lo dispuesto en esta ley.

Disposici髇 final sexta Entrada en vigor

1. La presente ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicaci髇 comercial contemplado en el art韈ulo 66.1.b) entrar� en vigor en el plazo de un a駉 a contar desde la publicaci髇 de la presente ley en el 獴olet韓 Oficial del Estado�. Hasta ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al p鷅lico basados en la numeraci髇 podr醤 seguir ejercitando el derecho a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicaci髇 comercial que se efect鷈n mediante sistemas distintos de los establecidos en el art韈ulo 66.1.a) y a ser informados de este derecho.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.