Sumario

Ley 56/2003, 16 diciembre, derogada por la letra a) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (�B.O.E.� 24 octubre), el 13 de noviembre de 2015.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

La vigente Ley B�sica de Empleo 51/1980, de 8 de octubre, se aprob� en un contexto en el que la situaci�n socioecon�mica, tecnol�gica y de organizaci�n territorial presentaba unos perfiles bien distintos de los actuales. Dicha situaci�n se caracterizaba por la existencia de un �nico servicio p�blico de empleo, que actuaba formalmente en r�gimen de monopolio, centralizado en torno al Instituto Nacional de Empleo y con competencia en la totalidad del territorio estatal. La implantaci�n de las pol�ticas activas era muy moderada, mientras que la protecci�n por desempleo era concebida exclusivamente como prestaci�n econ�mica en las situaciones de falta de trabajo.

A lo largo de los �ltimos a�os, el entorno social, econ�mico, organizativo y tecnol�gico ha experimentado cambios fundamentales.

Efectivamente, en primer t�rmino, la evoluci�n del mercado de trabajo en el largo periodo de tiempo transcurrido desde la aprobaci�n de la Ley B�sica de Empleo ha visto c�mo se produc�an situaciones de p�rdida de puestos de trabajo, con expulsi�n del mismo de los colectivos m�s sensibles, a la vez que aumentaba la dificultad de su acceso al empleo, el desempleo y las tasas de temporalidad en la contrataci�n, acentu�ndose los desequilibrios territoriales.

Junto a ello, se han producido situaciones expansivas que han permitido la creaci�n de empleo. No obstante, persiste una alta tasa de paro y una baja tasa de ocupaci�n, comparativamente con las cifras de la Uni�n Europea, especialmente para el colectivo de mujeres. Adem�s, se mantienen dificultades de incorporaci�n al mercado de trabajo de determinados colectivos, con especial incidencia en el paro de larga duraci�n, carencias de capacitaci�n de la poblaci�n trabajadora, retenciones a la movilidad geogr�fica y funcional, desequilibrios entre los distintos mercados de trabajo, una excesiva temporalidad en la ocupaci�n y una escasa tasa de participaci�n de los servicios p�blicos de empleo en la intermediaci�n laboral.

Diversos factores adicionales han afectado al mercado de trabajo en estos a�os: la evoluci�n demogr�fica, primero con la presi�n ejercida por los j�venes en el acceso a su primer empleo y, posteriormente, con el envejecimiento de la poblaci�n activa; el fen�meno inmigratorio, con la consiguiente llegada de importantes recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado de trabajo; de otra parte, el desarrollo fulgurante de las tecnolog�as de la informaci�n y de la comunicaci�n; la nueva orientaci�n de la pol�tica social (de la asistencia pasiva a los incentivos para la reinserci�n laboral), o la apertura a los agentes privados de los servicios de informaci�n, orientaci�n e intermediaci�n, constituyen un conjunto formidable de retos a los que se enfrenta una pol�tica de empleo tendente al pleno empleo.

Pero no s�lo se ha transformado y se ha vuelto m�s complejo el mercado de trabajo en el que act�an los servicios p�blicos de empleo, tambi�n ha cambiado el entorno pol�tico e institucional. El m�todo tradicional de gesti�n estatal del mercado de trabajo ha dado paso a planteamientos m�s descentralizados con transferencias de funciones y servicios para la ejecuci�n de las pol�ticas activas de empleo a las comunidades aut�nomas. De otra parte, la financiaci�n de estas pol�ticas tiene un componente importante de fondos procedentes de la Uni�n Europea, a trav�s del Servicio P�blico de Empleo Estatal, aun cuando la gesti�n de las mismas se lleva a cabo por las Administraciones auton�micas.

En la actualidad, los servicios p�blicos de empleo han de actuar en un entorno m�s competitivo, complejo y din�mico y han de posicionarse en el mercado prestando un servicio de calidad a sus usuarios.

Por �ltimo, la globalizaci�n de la econom�a y el progreso de integraci�n europea ya no permiten pensar y actuar s�lo en clave nacional. La estrategia de coordinaci�n de pol�ticas iniciada en la Uni�n Europea --pol�tica econ�mica, a trav�s de las Grandes Orientaciones de Pol�tica Econ�mica, y pol�tica de empleo, a trav�s de las Directrices de Empleo y los Planes nacionales de acci�n para el empleo, en coordinaci�n con la estrategia de inclusi�n social-- obliga al Estado espa�ol a establecer objetivos cuantificados de actuaci�n con desempleados, toda vez que la Uni�n Europea vincula la distribuci�n de fondos europeos (Fondo Social Europeo) al logro de dichos objetivos, lo que necesariamente obliga al establecimiento de mecanismos que hagan posible su cumplimiento.

En este contexto, esta ley tiene por objetivo incrementar la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de incorporaci�n al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en l�nea con lo que reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de la Uni�n Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificaci�n en la Cumbre de Barcelona. Ello se traduce en ofrecer a los desempleados, bajo los principios de igualdad de oportunidades, no-discriminaci�n, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la prestaci�n de servicios, una atenci�n preventiva y personalizada por los servicios p�blicos de empleo, con especial atenci�n a los colectivos desfavorecidos, entre los cuales las personas con discapacidad ocupan un lugar preferente. Las pol�ticas de empleo deben funcionar como instrumentos incentivadores para la incorporaci�n efectiva de los desempleados al mercado de trabajo, estimulando la b�squeda activa de empleo y la movilidad geogr�fica y funcional.

Desde una perspectiva de armonizaci�n del nuevo modelo con la actual distribuci�n de competencias constitucionales entre el Estado y las comunidades aut�nomas, en materia de pol�tica de empleo, los objetivos se centran en asegurar la cooperaci�n y coordinaci�n entre las Administraciones implicadas de modo que se logre la m�xima efectividad movilizando y optimizando todos los recursos disponibles. El instrumento nuclear para conseguir tal finalidad es el Sistema Nacional de Empleo, considerado este como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la pol�tica de empleo, que tiene como finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecuci�n del pleno empleo en los t�rminos acordados en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa. Dicho Sistema est� integrado por el Servicio P�blico de Empleo Estatal y los Servicios P�blicos de las comunidades aut�nomas. Sus �rganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Sus instrumentos, el Plan nacional de acci�n para el empleo, el Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo y el Sistema de informaci�n de los Servicios P�blicos de Empleo. La participaci�n de las organizaciones empresariales y sindicales m�s representativas en dicho sistema, as� como en los Servicios P�blicos de Empleo Estatal y de las comunidades aut�nomas, adem�s de ser necesaria en un modelo constitucional como el espa�ol y respetuosa con nuestros compromisos internacionales, aporta, finalmente, mayores garant�as de cohesi�n y �xito al proyecto.

Finalmente, es objetivo esencial de la ley la definici�n de la intermediaci�n laboral, instrumento b�sico de la pol�tica de empleo, en la que cabe la colaboraci�n con la sociedad civil, con respeto a los principios constitucionales y de acuerdo a criterios de objetividad y eficacia. La ley establece tambi�n un concepto m�s moderno de las pol�ticas activas de empleo, verdaderas herramientas de activaci�n frente al desempleo, que se complementan y relacionan con la prestaci�n econ�mica por desempleo y se articulan en torno a itinerarios de atenci�n personalizada a los demandantes de empleo, en funci�n de sus caracter�sticas y requerimientos personales y profesionales.