Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849

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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • SECCIÓN 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
    • Artículo 1 Objeto
    • Artículo 2 Definiciones
  • SECCIÓN 2. Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
    • Artículo 3 Determinación de los sectores expuestos a escala nacional
    • Artículo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios
    • Artículo 5 Requisitos relacionados con la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones
    • Artículo 6 Comprobaciones sobre la alta dirección y los titulares reales de determinadas entidades obligadas
  • SECCIÓN 3. Evaluaciones de riesgos
    • Artículo 7 Evaluación de riesgos a escala de la Unión
    • Artículo 8 Evaluación nacional de riesgos
    • Artículo 9 Estadísticas
• CAPÍTULO II. REGISTROS
  • SECCIÓN 1. Registros centrales de titularidad real
    • Artículo 10 Registros centrales de titularidad real
    • Artículo 11 Normas generales relativas al acceso a los registros de titularidad real por parte de las autoridades competentes, los organismos autorreguladores y las entidades obligadas
    • Artículo 12 Normas específicas de acceso a los registros de titularidad real para personas con un interés legítimo
    • Artículo 13 Procedimiento de verificación y reconocimiento mutuo del interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real
    • Articulo 14 Plantillas y procedimientos
    • Artículo 15 Excepciones a las normas de acceso a los registros de titularidad real
  • SECCIÓN 2. Información sobre cuentas bancarias
    • Artículo 16 Registros de cuentas bancarias y sistemas electrónicos de recuperación de datos
    • Artículo 17 Actos de ejecución para la interconexión de registros
  • SECCIÓN 3. Punto de acceso único a la información sobre bienes inmuebles
    • Artículo 18 Punto de acceso único a la información sobre bienes inmuebles
• CAPÍTULO III. UIF
  • Artículo 19 Creación de la UIF
  • Artículo 20 Agente de derechos fundamentales
  • Artículo 21 Acceso a la información
  • Artículo 22 Respuestas a solicitudes de información
  • Artículo 23 Suministro de información a los supervisores
  • Artículo 24 Suspensión o no autorización
  • Artículo 25 Instrucciones para el seguimiento de las operaciones o actividades
  • Artículo 26 Alertas a las entidades obligadas
  • Artículo 27 Informe anual de la UIF
  • Artículo 28 Observaciones de las UIF
  • Artículo 29 Cooperación entre las UIF
  • Artículo 30 Canales de comunicación protegidos
  • Artículo 31 Intercambio de información entre las UIF
  • Artículo 32 Análisis conjuntos
  • Artículo 33 Uso por parte de las UIF de la información intercambiada entre ellas
  • Artículo 34 Consentimiento para difundir la información intercambiada entre las UIF
  • Artículo 35 Efecto de las disposiciones de Derecho penal
  • Artículo 36 Confidencialidad de los informes
• CAPÍTULO IV. SUPERVISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
  • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
    • Artículo 37 Facultades y recursos de los supervisores nacionales
    • Artículo 38 Supervisión de formas de infraestructuras de determinados intermediarios que operen en régimen de libre prestación de servicios
    • Artículo 39 Suministro de información a las entidades obligadas
    • Artículo 40 Supervisión basada en el riesgo
    • Artículo 41 Puntos de contacto centrales
    • Artículo 42 Divulgación a las UIF
    • Artículo 43 Suministro de información a las UIF
    • Artículo 44 Principios generales relativos a la cooperación en materia de supervisión
    • Artículo 45 Suministro de información relativa a actividades transfronterizas
    • Artículo 46 Disposiciones relativas a la cooperación en el contexto de la supervisión de grupo
    • Artículo 47 Cooperación en materia de supervisión relativa a entidades obligadas que lleven a cabo actividades transfronterizas
    • Artículo 48 Intercambio de información en relación con la aplicación de políticas a nivel de grupo en terceros países
  • SECCIÓN 2. Cooperación dentro de los colegios de supervisores de LBC/LFT y con los homólogos en terceros países
    • Artículo 49 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero
    • Artículo 50 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero
    • Artículo 51 Cooperación con supervisores de terceros países
  • SECCIÓN 3. Disposiciones específicas relativas a los organismos autorreguladores
    • Artículo 52 Vigilancia de los organismos autorreguladores
  • SECCIÓN 4. Sanciones pecuniarias y medidas administrativas
    • Artículo 53 Disposiciones generales
    • Artículo 54 Medidas de supervisión relativas a los establecimientos de entidades obligadas y a determinadas actividades realizadas en régimen de libre prestación de servicios
    • Artículo 55 Sanciones pecuniarias
    • Artículo 56 Medidas administrativas
    • Artículo 57 Multas coercitivas
    • Artículo 58 Publicación de las sanciones pecuniarias, las medidas administrativas y las multas coercitivas
    • Artículo 59 Intercambio de información sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas
  • SECCIÓN 5. Denuncia de infracciones
    • Artículo 60 Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes
• CAPÍTULO V. COOPERACIÓN
  • SECCIÓN 1. Cooperación en materia de LBC/LFT
    • Artículo 61 Disposiciones generales
    • Artículo 62 Comunicación de la lista de las autoridades competentes
    • Artículo 63 Cooperación con la ALBC
  • SECCIÓN 2. Cooperación con otras autoridades e intercambio de información confidencial
    • Artículo 64 Cooperación en relación con las entidades de crédito o entidades financieras
    • Artículo 65 Cooperación en relación con los auditores
    • Artículo 66 Cooperación con las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras específicas
    • Artículo 67 Requisitos de secreto profesional
    • Artículo 68 Intercambio de información entre los supervisores y con otras autoridades
  • SECCIÓN 3. Directrices de cooperación
    • Artículo 69 Directrices de cooperación en materia de LBC/LFT
• CAPÍTULO VI. PROTECCIÓN DE DATOS
  • Artículo 70 Tratamiento de determinadas categorías de datos personales
• CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES
  • Artículo 71 Ejercicio de la delegación
  • Artículo 72 Procedimiento de comité
  • Artículo 73 Gestión transitoria de FIU.net
  • Artículo 74 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849
  • Artículo 75 Modificación de la Directiva (UE) 2019/1937
  • Artículo 76 Revisión
  • Artículo 77 Derogación
  • Artículo 78 Transposición
  • Artículo 79 Entrada en vigor
  • Artículo 80 Destinatarios
• ANEXO.  Tabla de correspondencias

Artículo 1 Objeto

La presente Directiva establece normas sobre:

• a) las medidas aplicables a los sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo a escala nacional;
• b) los requisitos relativos al registro, la identificación y los controles de la alta dirección y los titulares reales de las entidades obligadas;
• c) la determinación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala de la Unión y de los Estados miembros;
• d) la creación de registros de titularidad real y cuentas bancarias y el acceso a dichos registros, así como el acceso a información de bienes inmuebles;
• e) las responsabilidades y tareas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);
• f) las responsabilidades y tareas de los organismos que participan en la supervisión de las entidades obligadas;
• g) la cooperación entre las autoridades competentes y la cooperación con las autoridades cubiertas por otros actos jurídicos de la Unión.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones que figuran en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624.

Serán asimismo de aplicación las definiciones siguientes:

• 1) «supervisor financiero»: supervisor encargado de las entidades de crédito y las entidades financieras;
• 2) «supervisor no financiero»: supervisor encargado del sector no financiero;
• 3) «sector no financiero»: entidades obligadas enumeradas en el artículo 3, punto 3, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• 4) «entidad obligada»: una persona física o jurídica mencionada en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2024/1624 que no esté exenta de conformidad con los artículos 4, 5, 6 o 7 de dicho Reglamento;
• 5) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que esté situado el domicilio social de la entidad obligada o, si la entidad obligada no tiene domicilio social, el Estado miembro en el que tenga su sede central;
• 6) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en el cual la entidad obligada tenga un establecimiento, como una filial o una sucursal, o donde la entidad obligada opere mediante una infraestructura en régimen de libre prestación de servicios;
• 7) «autoridades aduaneras»: las autoridades aduaneras tal como se definen en el artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (34) y las autoridades competentes tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo (35) ;
• 8) «colegio de supervisores de LBC/LFT»: estructura permanente de cooperación e intercambio de información a efectos de la supervisión de un grupo o una entidad que opera en un Estado miembro de acogida o en un tercer país;
• 9) «proyecto de medida nacional»: texto de un acto, independientemente de su forma, que, una vez adoptado, tendrá efectos jurídicos, que se encuentre en una fase de preparación en la que aún puedan introducirse modificaciones sustanciales;
• 10) «cuenta de valores»: cuenta de valores según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 28, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (36) ;
• 11) «valores»: instrumentos financieros según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (37) ;

Artículo 3 Determinación de los sectores expuestos a escala nacional

1. Cuando un Estado miembro determine que, además de las entidades obligadas, las entidades de otros sectores están expuestas a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, podrá decidir aplicar a esas entidades adicionales en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros notificarán a la Comisión su intención de aplicar en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624 a entidades de otros sectores Dicha notificación se acompañará de:

• a) una justificación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los que se basa dicha intención;
• b) una evaluación de la repercusión que dicha solicitud tendrá en la prestación de servicios en el mercado interior;
• c) los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624 que el Estado miembro tenga la intención de aplicar a dichas entidades;
• d) el texto del proyecto de medidas nacionales, así como cualquier actualización, cuando el Estado miembro haya alterado de forma considerable el ámbito de aplicación, el contenido o la aplicación de dichas medidas notificadas.

3. Los Estados miembros aplazarán la adopción de las medidas nacionales por un período de seis meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en el apartado 2.

El aplazamiento a que se refiere el párrafo primero del presente apartado no se aplicará en los casos en que la medida nacional tenga por objeto hacer frente a una amenaza grave y actual de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En ese caso, la notificación a que se refiere el apartado 2 irá acompañada de una justificación de por qué el Estado miembro no aplazará su adopción.

4. Antes de que finalice el período mencionado en el apartado 3, la Comisión, previa consulta a la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo creada por el Reglamento (UE) 2024/1620 (ALBC), emitirá un dictamen motivado en el que se pronunciará sobre si la medida prevista:

• a) es adecuada para hacer frente a los riesgos detectados, en particular por lo que se refiere a si los riesgos detectados por el Estado miembro afectan al mercado interior;
• b) puede crear obstáculos a la libre circulación de servicios o capitales o a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en el mercado interior que no sean proporcionados a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que la medida pretende atenuar.

El dictamen motivado mencionado en el párrafo primero indicará asimismo si la Comisión tiene la intención de proponer medidas a escala de la Unión.

5. Cuando la Comisión no considere apropiado proponer medidas a escala de la Unión, el Estado miembro de que se trate informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la recepción del dictamen motivado a que se refiere el apartado 4, sobre el curso que se propone darle. La Comisión formulará observaciones sobre el curso propuesto por el Estado miembro.

6. Cuando la Comisión manifieste su intención de proponer medidas a escala de la Unión de conformidad con el apartado 4, párrafo segundo, el Estado miembro de que se trate se abstendrá de adoptar las medidas nacionales a que se refiere el apartado 2, letra d), a menos que dichas medidas nacionales tengan por objeto hacer frente a una amenaza grave y actual de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

7. Cuando el 9 de julio de 2024, los Estados miembros ya hayan aplicado disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/849 a sectores distintos de las entidades obligadas, podrán aplicar a dichos sectores en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

A más tardar el 10 de enero de 2028, los Estados miembros notificarán a la Comisión los sectores determinados a escala nacional con arreglo al párrafo primero del presente apartado a los que se apliquen los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624, junto con una justificación de la exposición de dichos sectores a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En un plazo de seis meses a partir de dicha notificación, la Comisión, tras consultar a la ALBC, emitirá un dictamen motivado con arreglo al apartado 4. Cuando la Comisión no considere apropiado proponer medidas a escala de la Unión, se aplicará el apartado 5.

8. A más tardar el 10 de julio de 2028 y posteriormente cada año, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista consolidada de los sectores a los que los Estados miembros han decidido aplicar en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

Artículo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios

1. Los Estados miembros velarán por que los establecimientos de cambio de moneda y las entidades de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos (del tipo «trust») estén sujetos a licencia o registro.

2. Los Estados miembros velarán por que todos los proveedores de servicios de juegos de azar estén regulados.

3. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 estén sujetas a unos requisitos mínimos de registro que permitan a los supervisores su identificación.

El párrafo primero no se aplicará cuando las entidades obligadas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 estén sujetas a requisitos de concesión de licencias o de registro en virtud de otros actos jurídicos de la Unión, o a normas nacionales que regulen el acceso a la profesión o la sometan a requisitos de concesión de licencias o de registro que permitan a los supervisores su identificación.

Artículo 5 Requisitos relacionados con la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones

1. Los Estados miembros cuyo Derecho nacional otorgue el derecho a residir a cambio de cualquier tipo de inversión, como transferencias de capital, compra o arrendamiento de bienes inmuebles, inversión en bonos del Estado, inversión en sociedades, donaciones o dotaciones financieras para actividades que contribuyan al bien público y contribuciones a los presupuestos del Estado, establecerán como mínimo las siguientes medidas para atenuar los riesgos asociados de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo:

• a) un proceso de gestión de riesgos que incluya la identificación, la clasificación y la atenuación de riesgos coordinados por una autoridad designada;
• b) medidas relativas prevean la atenuación de los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo asociados a los solicitantes del derecho a residir a cambio de inversiones, en particular:
  • i) controles del perfil del solicitante por parte de la autoridad designada, como la obtención de información sobre el origen de los fondos y del patrimonio del solicitante,
  • ii) la verificación de la información sobre los solicitantes con la información que obre en poder de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letras a) y c), del Reglamento (UE) 2024/1624, siempre que se respete el procedimiento penal nacional aplicable y se comprueben las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas de la Unión,
  • iii) revisiones periódicas de los solicitantes de riesgo medio y alto.

2. Los Estados miembros garantizarán el seguimiento de la aplicación del proceso de gestión de riesgos a que se refiere el apartado 1, letra a), entre otros, por medio de una evaluación anual.

3. Los Estados miembros adoptarán y aplicarán las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo de manera coherente con los riesgos detectados en la evaluación de riesgos realizada con arreglo al artículo 8.

4. Los Estados miembros publicarán un informe anual sobre los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo asociados a la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones. Dichos informes se harán públicos e incluirán información sobre:

• a) el número de solicitudes recibidas y de países de origen de los solicitantes;
• b) el número de permisos de residencia concedidos o denegados y los motivos de tales denegaciones;
• c) cualquier novedad detectada relacionada con los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo asociados a la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones.

5. A más tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas adoptadas en virtud del apartado 1 del presente artículo. Dicha notificación incluirá la motivación de dichas medidas, basada en la evaluación del riesgo pertinente llevada a cabo por los Estados miembros con arreglo al artículo 8.

6. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las medidas notificadas por los Estados miembros de conformidad con el apartado 5.

7. A más tardar el 10 de julio de 2030, la Comisión publicará un informe de evaluación de las medidas notificadas en virtud del apartado 5 para atenuar los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo y, en caso necesario, formulará recomendaciones.

Artículo 6 Comprobaciones sobre la alta dirección y los titulares reales de determinadas entidades obligadas

1. Los Estados miembros exigirán a los supervisores que verifiquen que los miembros de la alta dirección de las entidades obligadas a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, así como también los de las sociedades financieras mixtas de cartera y los titulares reales de dichas entidades, gozan de honorabilidad y actúan con honestidad e integridad. La alta dirección de dichas entidades también poseerá los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar sus funciones.

2. Con respecto a las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letras a), b), d), e) f) y h) a o), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros velarán por que los supervisores adopten las medidas necesarias para impedir que las personas condenadas por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiación del terrorismo, o sus cómplices, estén acreditadas profesionalmente, o desempeñen una función de alta dirección en dichas entidades obligadas o sean titulares reales de ellas.

3. Los Estados miembros velarán por que los supervisores verifiquen, en función del riesgo, si se siguen cumpliendo los requisitos de los apartados 1 y 2. En particular, comprobarán si la alta dirección de las entidades obligadas contempladas en el apartados 1 goza de honorabilidad, si actúa con honestidad e integridad y posee los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar sus funciones en los casos en que existan motivos razonables para sospechar que se están efectuando o si se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, o si existe un mayor riesgo de que se efectúen operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en una entidad obligada.

4. Los Estados miembros velarán por que los supervisores estén facultados para solicitar el cese de cualquier persona condenada por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiación del terrorismo de la función de alta dirección de las entidades obligadas a que se refieren los apartados 1 y 2. Los Estados miembros velarán por que los supervisores estén facultados para cesar o imponer una prohibición temporal a los miembros de la alta dirección de las entidades obligadas contempladas en el apartado 1 que se considere que no gozan de la debida honorabilidad, no actúan con honestidad e integridad o no poseen los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar sus funciones.

5. Los Estados miembros velarán por que los supervisores estén facultados para desvincular a personas condenadas por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiación del terrorismo, que sean titulares reales de las entidades obligadas a que se refiere los apartados 1 y 2, de las entidades obligadas, en particular otorgando a los supervisores la facultad de solicitar la cesión de la participación por parte de los titulares reales en las entidades obligadas.

6. A efectos del presente artículo, los Estados miembros velarán por que, de conformidad con su Derecho nacional, los supervisores o cualquier otra autoridad competente a nivel nacional para evaluar los requisitos aplicables a las personas a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo comprueben la base de datos central de LBC/LFT con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) 2024/1620 y si existe una condena pertinente en el registro de antecedentes penales de la persona de que se trate. Todo intercambio de información a esos efectos se llevará a cabo de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI y la Decisión 2009/316/JAI, tal como se hayan transpuesto al Derecho nacional.

7. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas por los supervisores en virtud del presente artículo sean objeto de procedimientos de recurso eficaces, como los recursos judiciales.

8. A más tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC emitirá directrices sobre:

• a) los criterios para evaluar la honorabilidad, honestidad e integridad a que se refiere el apartado 1;
• b) los criterios para evaluar el conocimiento y experiencia a que se refiere el apartado 1;
• c) la aplicación coherente por parte de los supervisores de las facultades que les confiere el presente artículo.

Al elaborar las directrices a que se refiere el párrafo primero, la ALBC tendrá en cuenta las especificidades de cada sector en el que operen las entidades obligadas.

9. Los Estados miembros aplicarán el presente artículo en relación con las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras n) y o), del Reglamento (UE) 2024/1624 a partir del 10 de julio de 2029.

Artículo 7 Evaluación de riesgos a escala de la Unión

1. La Comisión efectuará una evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y de no aplicación y elusión de sanciones financieras específicas que afecten al mercado interior y que guarden relación con actividades transfronterizas.

2. A más tardar el 10 de julio de 2028, la Comisión elaborará un informe en el que se determinen, analicen y evalúen dichos riesgos a escala de la Unión. Posteriormente, la Comisión actualizará dicho informe cada cuatro años. La Comisión podrá actualizar partes del informe con mayor frecuencia, si procede.

Cuando, durante la actualización de su informe, la Comisión detecte nuevos riesgos, podrá recomendar a los Estados miembros que consideren la posibilidad de actualizar sus evaluaciones nacionales de riesgos, o lleven a cabo evaluaciones sectoriales de riesgos, conforme al artículo 8 con el fin de evaluar dichos riesgos.

El informe a que se refiere el párrafo primero se hará público, salvo los elementos que contengan información clasificada.

3. El informe al que se refiere el apartado 1 abarcará, como mínimo, lo siguiente:

• a) los ámbitos y sectores del mercado interior que están expuestos a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
• b) la naturaleza y el nivel de los riesgos asociados a cada ámbito y sector;
• c) los medios más habitualmente utilizados para blanquear los productos de actividades ilícitas, incluidos, cuando estén disponibles, aquellos que se utilizan, en particular, en las operaciones entre Estados miembros y terceros países, con independencia de la identificación de un tercer país con arreglo al capítulo III, sección 2, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• d) una evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados con personas jurídicas e instrumentos jurídicos, incluida la exposición a riesgos derivados de personas jurídicas e instrumentos jurídicos extranjeros;
• e) los riesgos de no aplicación y elusión de sanciones financieras específicas.

4. La Comisión formulará recomendaciones a los Estados miembros sobre las medidas convenientes para dar respuesta a los riesgos detectados. En caso de que los Estados miembros decidan no aplicar alguna de las recomendaciones en sus regímenes nacionales de LBC/LFT, lo notificarán a la Comisión y justificarán pormenorizadamente los motivos de dicha decisión.

5. A más tardar el 10 de julio de 2030, y posteriormente cada dos años, la ALBC, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) 2024/1620, emitirá un dictamen dirigido a la Comisión sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afecten a la Unión. La ALBC podrá emitir dictámenes o actualizaciones de sus dictámenes anteriores con mayor frecuencia, si lo considera conveniente. Los dictámenes de la ALBC se harán públicos, salvo los elementos que contengan información clasificada.

6. Al efectuar la evaluación a que se refiere el apartado 1, la Comisión organizará los trabajos a escala de la Unión, tendrá en cuenta los dictámenes a que se refiere el apartado 5 y asociará a esta labor a los expertos de los Estados miembros en el ámbito de la LBC/LFT, a los representantes de las autoridades nacionales de supervisión y las UIF, a la ALBC y a otros organismos a escala de la Unión y, cuando corresponda, a otras partes interesadas.

7. En un plazo de dos años a partir de la adopción del informe a que se refiere el apartado 2, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las medidas adoptadas sobre la base de las conclusiones de dicho informe.

Artículo 8 Evaluación nacional de riesgos

1. Cada Estado miembro llevará a cabo una evaluación nacional de riesgos para detectar, evaluar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y los riesgos de no aplicación y elusión de sanciones financieras específicas que le afecten. Mantendrá actualizada dicha evaluación de riesgos y la revisará al menos cada cuatro años.

Cuando los Estados miembros consideren que la situación de riesgo así lo requiere, podrán revisar la evaluación de riesgos nacional con mayor frecuencia o llevar a cabo evaluaciones sectoriales de riesgos ad hoc.

2. Cada Estado miembro designará una autoridad o establecerá un mecanismo para coordinar la respuesta nacional a los riesgos contemplados en el apartado 1. La identidad de dicha autoridad o la descripción del mecanismo se notificará a la Comisión. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista de las autoridades designadas o los mecanismos establecidos.

3. Al llevar a cabo las evaluaciones nacionales de riesgos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros tendrán en cuenta el informe a que se refiere el artículo 7, apartado 2, incluidos sectores y productos contemplados y las conclusiones de dicho informe.

4. Los Estados miembros utilizarán la evaluación nacional de riesgos para:

• a) mejorar su régimen de LBC/LFT, en particular determinando los ámbitos en los que las entidades obligadas deben aplicar medidas reforzadas en consonancia con un enfoque basado en el riesgo y, en su caso, especificando las medidas que deben adoptarse;
• b) determinar, si procede, los sectores o ámbitos que presenten un riesgo menor o mayor de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
• c) evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a cada tipo de persona jurídica establecida en su territorio y a cada tipo de instrumento jurídico que esté regido por el Derecho nacional, que esté administrado en su territorio o cuyos fiduciarios o personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos residan en su territorio, y lograr una comprensión de la exposición a riesgos derivados de personas jurídicas e instrumentos jurídicos extranjeros;
• d) decidir la asignación y priorización de recursos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la no aplicación y la elusión de sanciones financieras específicas;
• e) garantizar que se elaboren normas apropiadas para cada sector o ámbito, en función del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
• f) poner rápidamente a disposición de las autoridades competentes y de las entidades obligadas la información apropiada para facilitar la realización de sus propias evaluaciones del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como la evaluación de los riesgos de la no aplicación y elusión de las sanciones financieras específicas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2024/1624.

En la evaluación nacional de riesgos, los Estados miembros describirán la estructura institucional y los procedimientos generales de su régimen de LBC/LFT, incluidos las UIF, las autoridades tributarias y las fiscalías, los mecanismos de cooperación con homólogos dentro de la Unión o en terceros países, así como los recursos humanos y financieros asignados, en la medida en que esta información esté disponible.

5. Los Estados miembros velarán por la participación adecuada de las autoridades competentes y las partes interesadas pertinentes cuando lleven a cabo su evaluación nacional de riesgos.

6. Los Estados miembros pondrán los resultados de sus evaluaciones nacionales de riesgos, incluidas sus actualizaciones y revisiones, a disposición de la Comisión, la ALBC y los demás Estados miembros. Cualquier Estado miembro podrá facilitar información complementaria pertinente, si procede, a los Estados miembros que lleven a cabo la evaluación nacional de riesgos. Se pondrá a disposición del público un resumen de los resultados de las evaluaciones. Dicho resumen no contendrá información clasificada. Todo documento difundido o hecho público en virtud del presente apartado no contendrá ninguna información que permita la identificación de ninguna persona física ni reproducirá el nombre de ninguna persona jurídica.

Artículo 9 Estadísticas

1. Los Estados miembros dispondrán de estadísticas completas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de sus marcos en materia de LBC/LFT, con el fin de revisar esa eficacia.

2. Las estadísticas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo incluirán:

• a) datos relativos al tamaño y la importancia de los diferentes sectores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, en particular el número de personas físicas y jurídicas y la importancia económica de cada sector;
• b) datos relativos a la fase de información, la fase de investigación y la fase judicial del régimen nacional de LBC/LFT, en particular el número de comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas a la UIF, el seguimiento dado a dichas comunicaciones, la información sobre las transferencias físicas transfronterizas de efectivo transmitida a la UIF de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el seguimiento dado a la información presentada y, sobre una base anual, el número de asuntos investigados, el número de personas procesadas, el número de personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, los tipos de delitos subyacentes identificados de acuerdo con el artículo 2 de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) , cuando dicha información esté disponible, y el valor en euros de los bienes inmovilizados, incautados o decomisados;
• c) el número y el porcentaje de comunicaciones de operaciones sospechosas que hayan dado lugar a la difusión a otras autoridades competentes y, si se dispone de ellos, el número y el porcentaje de comunicaciones que hayan dado lugar a nuevas investigaciones, junto con el informe anual elaborado por las UIF de conformidad con el artículo 27;
• d) datos relativos al número de solicitudes transfronterizas de información que la UIF haya realizado, recibido, denegado y contestado total o parcialmente, desglosadas por país de la homóloga;
• e) el número de solicitudes de asistencia judicial mutua u otras solicitudes internacionales de información relativas a la titularidad real y la información sobre cuentas bancarias a que se refieren el capítulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y el capítulo II, secciones 1 y 2, de la presente Directiva recibidas de homólogas de fuera de la Unión o presentadas a estas, desglosadas por autoridad competente y país de la homóloga;
• f) los recursos humanos asignados a los supervisores, así como los recursos humanos asignados a la UIF para desempeñar las tareas especificadas en el artículo 19;
• g) el número de acciones de supervisión in situ y a distancia, el número de infracciones constatadas mediante las actuaciones de supervisión y las sanciones pecuniarias y multas coercitivas impuestas o las medidas administrativas aplicadas por las autoridades de supervisión y los organismos autorreguladores con arreglo al capítulo IV, sección 4;
• h) el número y tipo de infracciones detectadas en relación con las obligaciones del capítulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y las sanciones pecuniarias impuestas o las medidas administrativas aplicadas en relación con dichas infracciones, el número de discrepancias comunicadas al registro central a que se refiere el artículo 10 de la presente Directiva, así como el número de comprobaciones llevadas a cabo por la entidad encargada del registro central o en su nombre con arreglo al artículo 10, apartado 11, de la presente Directiva;
• i) la información siguiente relativa a la aplicación del artículo 12:
  • i) el número de solicitudes de acceso a la información de los registros centrales sobre titularidad real sobre la base de las categorías establecidas en el artículo 12, apartado 2,
  • ii) el porcentaje de solicitudes de acceso a la información denegadas en cada categoría establecida en el artículo 12, apartado 2,
  • iii) un resumen de las categorías de personas a las que se haya concedido acceso a la información sobre la titularidad real en virtud del artículo 12, apartado 2, párrafo segundo;
• j) el número de búsquedas de registros de cuentas bancarias o mecanismos de recuperación de datos efectuadas por las autoridades competentes, desglosadas por categoría de autoridad competente, y el número de búsquedas de la interconexión de los registros de cuentas bancarias realizadas por las UIF y las autoridades de supervisión;
• k) los siguientes datos relativos a la aplicación de sanciones financieras específicas:
  • i) el valor de los fondos u otros activos inmovilizados, desglosados por tipos,
  • ii) recursos humanos asignados a las autoridades competentes para la aplicación y el cumplimiento de sanciones financieras específicas.

3. Los Estados miembros velarán por que las estadísticas a que se refiere el apartado 2 se recopilen y transmitan anualmente a la Comisión. Las estadísticas a que se refiere el apartado 2, letras a), c), d) y f), también se transmitirán a la ALBC.

La ALBC almacenará dichas estadísticas en su base de datos de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. A más tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC adoptará un dictamen dirigido a la Comisión sobre la metodología para la recopilación de las estadísticas a que se refiere el apartado 2, letras a), c), d), f) y g).

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución mediante los que se establezca la metodología para la recopilación de las estadísticas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y las disposiciones para su transmisión a la Comisión y a la ALBC. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

6. A más tardar el 10 de julio de 2030 y posteriormente cada dos años, la Comisión publicará un informe en el que se resumirán y explicarán las estadísticas a que se refiere el apartado 2 y lo publicará en su sitio web.

Artículo 10 Registros centrales de titularidad real

1. Los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la titularidad real a la que se refiere el artículo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624, la declaración conforme al artículo 63, apartado 4, de dicho Reglamento y la información sobre los acuerdos de nominatario a que se refiere el artículo 66 de dicho Reglamento se almacena en un registro central del Estado miembro donde se ha constituido la persona jurídica o donde estén establecidos o residan el fiduciario de un fideicomiso (del tipo «trust») expreso o la persona que ostenta una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo, o desde donde se administre el instrumento jurídico. Dicho requisito no se aplicará a las entidades jurídicas o los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 65 del Reglamento (UE) 2024/1624.

La información contenida en el registro central de titularidad real mencionado en el párrafo primero (en lo sucesivo, «registro central») estará disponible en formato de lectura mecánica y se recabará de acuerdo con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 6.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, los Estados miembros velarán por que la información sobre la titularidad real a que se refiere el artículo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624 de las entidades jurídicas extranjeras e instrumentos jurídicos extranjeros a que se refiere el artículo 67 de dicho Reglamento se conserve en un registro central del Estado miembro de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 67 de dicho Reglamento. Los Estados miembros también velarán por que en el registro central se indique qué situación enumerada en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 activa el registro de la entidad jurídica extranjera o del instrumento jurídico extranjero.

3. Cuando los fiduciarios de un fideicomiso (del tipo «trust») expreso o las personas que ostentan una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo estén establecidos o residan en diferentes Estados miembros, será suficiente para considerar cumplida la obligación de registro un certificado que acredite el registro o un extracto de la información sobre la titularidad real conservada en un registro central mantenido por un Estado miembro.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades encargadas del registro central estén facultadas para solicitar a las entidades jurídicas, a los fiduciarios de cualquier fideicomiso (del tipo «trust») expreso y las personas que ostenten una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo, así como a sus titulares legales y reales, toda la información necesaria para identificar y verificar sus titulares reales, incluyendo las resoluciones del consejo de administración y las actas de sus reuniones, los acuerdos de asociación, las escrituras fiduciarias, los poderes notariales u otros acuerdos y documentos contractuales.

5. Si no se identifica a persona alguna como titular real en virtud del artículo 63, apartado 3, y el artículo 64, apartado 6, del Reglamento (UE) 2024/1624, el registro central incluirá:

• a) una declaración donde se afirme que no hay titular real o que no se ha podido averiguar el titular real o los titulares reales, acompañada de una correspondiente justificación conforme al artículo 63, apartado 4, letra a), y al artículo 64, apartado 7, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• b) los datos de todas las personas físicas que ostentan cargos de dirección de alto nivel en la entidad jurídica, equivalentes a la información requerida de acuerdo con el artículo 62, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624.

Los Estados miembros velarán por que la información a que se refiere el párrafo primero, letra a), esté a disposición de las autoridades competentes, así como de la ALBC, a los fines de los análisis conjuntos, previstos en el artículo 32 de la presente Directiva y el artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, de los organismos autorreguladores y de las entidades obligadas. No obstante, las entidades obligadas solo tendrán acceso a la declaración presentada por la entidad jurídica o el instrumento jurídico, si notifican una discrepancia conforme al artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1624 o aporten pruebas de las medidas que hayan adoptado para determinar el titular o titulares reales de la entidad jurídica o el instrumento jurídico, en cuyo caso también podrán acceder a la justificación.

6. A más tardar el 10 de julio de 2025, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, el formato a que se refiere el artículo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624 en el registro central, incluida una lista de los requisitos mínimos de información que la entidad encargada del registro central debe examinar. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2, de la presente Directiva.

7. Los Estados miembros velarán por que la información sobre la titularidad real almacenada en los registros centrales sea adecuada y exacta y esté actualizada, y establecerán mecanismos para tal fin. Para ello, los Estados miembros aplicarán, por lo menos, los siguientes requisitos:

• a) las entidades encargadas de los registros centrales verificarán, en un plazo razonable tras la presentación de la información sobre la titularidad real y posteriormente de manera periódica, que dicha información es adecuada y exacta y está actualizada;
• b) Las autoridades competentes, si procede y en la medida en que tal obligación no interfiera innecesariamente en sus funciones, notificarán a las entidades encargadas de los registros centrales cualquier discrepancia que observen entre la información que figure en los registros centrales y la información de que dispongan.

El alcance y la frecuencia de la verificación mencionada en la letra a) del párrafo primero del presente apartado serán proporcionales a los riesgos asociados a las categorías de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos identificados conforme al artículo 7, apartado 3, letra d), y al artículo 8, apartado 4, letra c).

A más tardar el 10 de julio de 2028, la Comisión emitirá recomendaciones sobre los métodos y procedimientos que deben utilizar las entidades encargadas de los registros centrales para verificar la información sobre la titularidad real y las entidades obligadas y las autoridades competentes para detectar y comunicar discrepancias en relación con la información sobre la titularidad real.

8. Los Estados miembros se asegurarán de que la información contenida en los registros centrales incluya cualquier cambio en la titularidad real de las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos y en los acuerdos de nominatario tras su primera inscripción en el registro central.

9. Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales verifiquen si la información sobre la titularidad real conservada en esos registros concierne a personas o entidades designadas en relación con sanciones financieras específicas. Tal verificación se llevará a cabo inmediatamente después de una designación en relación con sanciones financieras específicas y a intervalos periódicos.

Los Estados miembros velarán por que la información almacenada en los registros centrales incluya una indicación de que la entidad jurídica está asociada a personas o entidades sujetas a sanciones financieras específicas en cualquiera de las situaciones siguientes:

• a) una entidad jurídica o un instrumento jurídico sea objeto de sanciones financieras específicas;
• b) una entidad jurídica o un instrumento jurídico esté bajo el control de una persona o entidad sujeta a sanciones financieras específicas;
• c) un titular real de una entidad jurídica o un instrumento jurídico sea objeto de sanciones financieras específicas.

La indicación a que se refiere el párrafo segundo del presente apartado será visible para cualquier persona o entidad a la que se le haya otorgado acceso a la información almacenada en los registros centrales en virtud de los artículos 11 y 12 y permanecerá hasta que se levanten las sanciones financieras específicas.

10. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades encargadas de los registros centrales tomen, en un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación de una discrepancia notificada por una autoridad competente o una entidad obligada, las medidas apropiadas para solucionar las discrepancias notificadas en virtud del artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1624, incluyendo modificar la información almacenada en los registros centrales donde la entidad puede verificar la información sobre la titularidad real. Se hará mención específica en los registros centrales del hecho de que existen discrepancias notificadas hasta que se resuelva la discrepancia, y la mención será visible para cualquier persona o entidad a la que se le haya otorgado acceso conforme a los artículos 11 y 12 de la presente Directiva.

Cuando la discrepancia sea de naturaleza compleja y las entidades encargadas de los registros centrales no puedan solucionarla en un plazo de treinta días hábiles, registrarán la instancia, así como las medidas adoptadas, y adoptarán las medidas necesarias para solucionar la discrepancia lo antes posible.

11. Los Estados miembros se asegurarán de que la entidad encargada del registro central está facultada, ya sea directamente o por solicitud a otra autoridad, incluidas las autoridades judiciales, para realizar comprobaciones, incluyendo inspecciones in situ en las instalaciones de la empresa o el domicilio social de entidades jurídicas, a fin de determinar la titularidad real actualizada de la entidad y verificar que la información presentada en el registro central es exacta y adecuada y está actualizada. El derecho de la entidad encargada del registro central a verificar la información sobre la titularidad real no se restringirá, obstruirá ni imposibilitará.

Cuando el fiduciario o la persona que ostente una posición equivalente sea una de las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3), letras a), b) o c), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros se asegurarán de que la entidad encargada del registro central también esté facultada para realizar comprobaciones, incluyendo inspecciones in situ en las instalaciones de la empresa o el domicilio social del fiduciario o la persona que ostente una posición equivalente. Dichas comprobaciones respetarán al menos las siguientes salvaguardias:

• a) respecto a las personas físicas, cuando las instalaciones de la empresa o el domicilio social coincidan con la residencia privada de la persona física, la inspección in situ estará supeditada a autorización judicial previa;
• b) se respetará cualquier garantía procesal vigente en el Estado miembro para proteger la prerrogativa de secreto profesional y no se accederá a ninguna información protegida por la prerrogativa de secreto profesional.

Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades encargadas de los registros centrales estén facultadas para solicitar información de otros registros, también en terceros países, en la medida en que dicha información sea necesaria para el desempeño de las funciones de dichas entidades.

12. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades encargadas de los registros centrales dispongan de los mecanismos automatizados necesarios para llevar a cabo las verificaciones a que se refiere el apartado 7, letra a), y apartado 9, también contrastando la información almacenada en dichos registros con la información conservada por otras fuentes.

13. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando una verificación a que se refiere el apartado 7, letra a), se efectúe en el momento de la presentación de la información sobre la titularidad real y dicha verificación lleve a una entidad encargada de un registro central a concluir que en la información sobre la titularidad real hay incoherencias o errores, dicha entidad encargada de un registro central pueda denegar o rechazar la emisión de un certificado válido que acredite el registro.

14. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando una verificación a que se refiere el apartado 7, letra a), se efectúe después de la presentación de la información sobre la titularidad real y lleve a una entidad encargada de un registro central a concluir que la información ya no es adecuada, exacta y actualizada, la entidad encargada del registro central pueda suspender la validez de la certificación que acredite el registro hasta que considere que la información facilitada sobre la titularidad real sea correcta, excepto cuando las incoherencias se limiten a errores tipográficos, diferentes formas de transcripción o inexactitudes menores que no afecten a la identificación de los titulares reales o su interés real.

15. Los Estados miembros se asegurarán de que la entidad encargada del registro central esté facultada para aplicar, ya sea directamente o por solicitud a otra autoridad, por ejemplo las autoridades judiciales, medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias o imponer tales sanciones pecuniarias por no facilitar, en particular con carácter recurrente, al registro central información exacta, adecuada y actualizada sobre la titularidad real.

16. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 71 para completar la presente Directiva mediante la definición de indicadores que clasifiquen el nivel de gravedad del incumplimiento de comunicar información adecuada, exacta y actualizada a los registros centrales, en particular en caso de incumplimientos recurrentes.

17. Los Estados miembros se asegurarán de que, si durante las comprobaciones realizadas de acuerdo con el presente artículo o de cualquier otro modo, las entidades encargadas de los registros centrales descubren hechos que podrían estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dichas entidades informen a la UIF con prontitud.

18. Los Estados miembros se asegurarán de que, en el desempeño de sus funciones, las entidades encargadas de los registros centrales lleven a cabo sus funciones sin influencia indebida y que dichas entidades apliquen normas a sus empleados con respecto a los conflictos de intereses y la estricta confidencialidad.

19. Los registros centrales estarán interconectados por medio de la plataforma central europea establecida por el artículo 22, apartado 1, de la Directiva (UE) 2017/1132.

20. La información contemplada en el apartado 1 estará disponible a través de los registros centrales y del sistema de interconexión de los registros centrales durante cinco años tras la disolución de la entidad jurídica o desde que el instrumento jurídico haya dejado de existir.

Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso, los Estados miembros podrán, en determinados casos, permitir que se conserve dicha información durante un período adicional máximo de cinco años, siempre que los Estados miembros hayan establecido que dicha conservación sea necesaria y proporcional a los efectos de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Al expirar el período de conservación contemplado en el párrafo primero, los Estados miembros velarán por que se supriman los datos personales de los registros centrales.

21. A más tardar el 10 de julio de 2031, la Comisión publicará un informe que incluya lo siguiente:

• a) una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas por las entidades encargadas de los registros centrales para garantizar que disponen de información adecuada, actualizada y exacta;
• b) una descripción de los principales tipos de discrepancias detectadas por las entidades obligadas y las autoridades competentes en relación con la información sobre la titularidad real conservada en los registros centrales;
• c) las mejores prácticas y, en su caso, recomendaciones con respecto a las medidas adoptadas por las entidades encargadas de los registros centrales para garantizar que dichos registros contengan información adecuada, exacta y actualizada;
• d) una visión general de las características de cada registro central establecido por los Estados miembros, en particular información sobre los mecanismos para garantizar que la información sobre la titularidad real contenida en dichos registros se mantenga exacta, adecuada y actualizada;
• e) una evaluación de la proporcionalidad de las tasas impuestas por el acceso a la información contenida en los registros centrales.

Artículo 11 Normas generales relativas al acceso a los registros de titularidad real por parte de las autoridades competentes, los organismos autorreguladores y las entidades obligadas

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes tengan acceso inmediato, sin filtrar, directo y gratuito a toda la información conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el artículo 10, sin alertar a la entidad o instrumento jurídicos de que se trate.

2. El acceso a que se refiere el apartado 1 se concederá a:

• a) autoridades competentes;
• b) organismos autorreguladores en el desempeño de las funciones de supervisión conforme al artículo 37;
• c) autoridades tributarias;
• d) autoridades nacionales con responsabilidades específicas en la aplicación de las medidas restrictivas de la Unión determinadas en virtud de los Reglamentos pertinentes del Consejo adoptados sobre la base del artículo 215 del TFUE;
• e) la ALBC a efectos de los análisis conjuntos con arreglo al artículo 32 de la presente Directiva y al artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620;
• f) la Fiscalía Europea:
• g) la OLAF;
• h) Europol y Eurojust, cuando presten apoyo operativo a las autoridades competentes de los Estados miembros.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que, al tomar medidas de diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) 2024/1624, las entidades obligadas tengan acceso oportuno a la información conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el artículo 10 de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros podrán optar por poner a disposición de las entidades obligadas la información sobre la titularidad real conservada en sus registros centrales a condición del pago de una tasa, que se limitará a lo estrictamente necesario para cubrir los costes por garantizar la calidad de la información conservada en los registros centrales y por poner a disposición la información. Dichas tasas se establecerán de forma que no perjudique el acceso efectivo a la información conservada en los registros centrales.

5. A más tardar el 10 de octubre de 2026, los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de autoridades competentes y organismos autorreguladores y las categorías de entidades obligadas a las que se ha otorgado acceso a los registros centrales, así como el tipo de información puesta a disposición de las entidades obligadas. Los Estados miembros actualizarán dicha notificación cuando haya cambios en la lista de autoridades competentes, las categorías de entidades obligadas o el alcance del acceso otorgado a estas últimas. La Comisión pondrá a disposición de los otros Estados miembros la información sobre el acceso por parte de las autoridades competentes y las entidades obligadas, incluyendo las modificaciones que se hayan practicado en ella.

Artículo 12 Normas específicas de acceso a los registros de titularidad real para personas con un interés legítimo

1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo tenga acceso a la siguiente información sobre titulares reales de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el artículo 10, sin alertar a la entidad jurídica o instrumento jurídico de que se trate:

• a) el nombre y apellidos del titular real;
• b) el mes y año de nacimiento del titular real;
• c) el país de residencia y la nacionalidad o nacionalidades del titular real;
• d) en el caso de los titulares reales de entidades jurídicas, la naturaleza y alcance del interés real que ostenta;
• e) en el caso de los titulares reales de fideicomisos (del tipo «trust») expresos o instrumentos jurídicos análogos, la naturaleza de la titularidad real o del interés real.

Además de la información a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, los Estados miembros se asegurarán de que toda persona física o jurídica a que se refiere el apartado 2, letras a), b) y e), tenga también acceso a datos históricos de la información sobre la titularidad real de la entidad jurídica o instrumento jurídico, incluidas las entidades jurídicas o instrumentos jurídicos que se hayan disuelto o hayan dejado de existir en los cinco años anteriores, así como una descripción de la estructura de propiedad o de control.

El acceso con arreglo al presente apartado se concederá por medios electrónicos. No obstante, los Estados miembros se asegurarán de que las personas físicas y jurídicas que puedan demostrar un interés legítimo también puedan acceder a la información en otros formatos si no pudieran utilizar medios electrónicos.

2. Se considerará que las siguientes personas físicas o jurídicas tienen un interés legítimo en acceder a la información mencionada en el apartado 1:

• a) las personas que actúen con fines periodísticos, informativos o con arreglo a otras formas de expresión en los medios de comunicación relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• b) las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el mundo académico, relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• c) las personas físicas o jurídicas susceptibles de proceder a una operación con una entidad jurídica o un instrumento jurídico y que deseen evitar cualquier vínculo entre dicha operación y el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo;
• d) las entidades sujetas a requisitos de LBC/LFT en terceros países, siempre que puedan demostrar la necesidad de acceder a la información a que se refiere el apartado 1 en relación con una entidad jurídica o instrumento jurídico para llevar a cabo la diligencia debida con respecto al cliente o cliente potencial con arreglo a los requisitos de LBC/LFT en esos terceros países;
• e) los homólogos en terceros países de las autoridades competentes de la Unión en materia de LBC/LFT, siempre que puedan demostrar la necesidad de acceder a la información a que se refiere el apartado 1 en relación con una entidad jurídica o instrumento jurídico para desempeñar sus funciones conforme a los marcos de LBC/LFT de dichos terceros países en el contexto de un caso específico;
• f) las autoridades de los Estados miembros encargadas de la aplicación del título I, capítulos II y III, de la Directiva (UE) 2017/1132, en particular las autoridades encargadas de la inscripción de las sociedades en el registro a que se refiere el artículo 16 de dicha Directiva, y las autoridades de los Estados miembros responsables del control de la legalidad de las transformaciones, fusiones y escisiones de las sociedades de capital de conformidad con el título II de dicha Directiva;
• g) las autoridades de los programas identificadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) 2021/1060, en lo que respecta a los beneficiarios de fondos de la Unión;
• h) las autoridades públicas que ejecutan el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en virtud del Reglamento (UE) 2021/241, en lo que respecta a los beneficiarios en el marco del Mecanismo;
• i) las autoridades públicas de los Estados miembros en el contexto de los procedimientos de contratación pública, en lo que respecta a los licitadores y operadores a los que se haya adjudicado el contrato en el marco del procedimiento de contratación pública;
• j) los proveedores de productos de LBC/LFT, solo en la medida en que los productos desarrollados sobre la base de la información a que se refiere el apartado 1 o que contengan dicha información se faciliten únicamente a clientes que sean entidades obligadas o autoridades competentes, siempre que dichos proveedores puedan demostrar la necesidad de acceder a la información a que se refiere el apartado 1 en el contexto de un contrato con una entidad obligada o una autoridad competente.

Además de las categorías identificadas con arreglo al párrafo primero, los Estados miembros también se asegurarán de que se conceda acceso, caso por caso, a la información sobre la titularidad real a otras personas que puedan demostrar un interés legítimo con respecto a la finalidad de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo.

3. A más tardar el 10 de julio de 2026, los Estados miembros notificarán a la Comisión:

• a) la lista de autoridades públicas facultadas para consultar información sobre la titularidad real conforme al apartado 2, letras f), g) y h), y las autoridades públicas o categorías de autoridades públicas facultadas para consultar información sobre la titularidad real conforme al apartado 2, letra i);
• b) cualquier categoría adicional de personas de las que se haya comprobado que tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real identificada de conformidad con el apartado 2, párrafo segundo.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier cambio o adición a las categorías a que se refiere el párrafo primero sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca.

La Comisión pondrá a disposición de los demás Estados miembros la información recibida con arreglo al presente apartado.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que los registros centrales conserven registros de las personas que accedan a la información conforme al presente artículo y puedan revelarlos a los titulares reales cuando presenten una solicitud con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679.

No obstante, los Estados miembros velarán por que la información facilitada por los registros centrales no conduzca a la identificación de cualquier persona que consulte el registro cuando dichas personas sean:

• a) personas que actúen con fines periodísticos, informativos o relativos a cualquier otra forma de expresión en los medios de comunicación relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• b) organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, o con la lucha contra ellos.

Además, los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales se abstengan de revelar la identidad de cualquier homólogo en terceros países de las autoridades competentes de la Unión en materia de LBC/LFT a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letras a) y c), del Reglamento (UE) 2024/1624, mientras sea necesario para proteger los análisis o las investigaciones de dicha autoridad.

En relación con las personas a que se refiere el párrafo segundo, letras a) y b), del presente apartado, los Estados miembros velarán por que, cuando los titulares reales presenten una solicitud con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679, se les facilite información sobre la función u ocupación de las personas que hayan consultado su información sobre la titularidad real.

A efectos del párrafo tercero, al solicitar acceso a la información sobre la titularidad real con arreglo al presente artículo, las autoridades indicarán el período, que no excederá de cinco años, durante el cual soliciten a los registros centrales que se abstengan de divulgar la información y los motivos de dicha limitación, incluida la forma en que la comunicación de la información pondría en peligro el objetivo de sus análisis e investigaciones. Los Estados miembros velarán por que, cuando los registros centrales no revelen la identidad de la entidad que haya consultado la información sobre la titularidad real, solo se concedan prórrogas de dicho plazo sobre la base de una solicitud motivada por parte de la autoridad del tercer país, por un período máximo de un año, transcurrido el cual dicha autoridad presentará una nueva solicitud motivada de prórroga.

Artículo 13 Procedimiento de verificación y reconocimiento mutuo del interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real

1. Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales a que se refiere el artículo 10 adopten medidas para verificar la existencia del interés legítimo a que se refiere el artículo 12 a tenor de los documentos, la información y los datos obtenidos de la persona física o jurídica que solicite acceso al registro central (en lo sucesivo, «solicitante») y, en su caso, de la información de que dispongan en virtud del artículo 12, apartado 3.

2. La existencia de un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real se determinará teniendo en cuenta:

• a) la función u ocupación del solicitante, y
• b) con excepción de las personas a que se refiere el artículo 12, apartado 2, párrafo primero, letras a) y b), la relación con las entidades jurídicas o instrumentos jurídicos específicos cuya información se solicite.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando el acceso a la información sea solicitado por una persona cuyo interés legítimo en acceder a la información relativa a la titularidad real en una de las categorías establecidas en el artículo 12, apartado 2, párrafo primero, ya haya sido verificado por el registro central de otro Estado miembro, se cumpla la verificación de la condición establecida en el apartado 2, letra a), del presente artículo, recabando la prueba del interés legítimo emitida por el registro central de ese otro Estado miembro.

Los Estados miembros podrán aplicar el procedimiento establecido en el párrafo primero del presente apartado a las categorías adicionales identificadas por otros Estados miembros de conformidad con el artículo 12, apartado 2, párrafo segundo.

4. Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros comprueben la identidad de los solicitantes siempre que se acceda a ellos. A tal fin, los Estados miembros velarán por que se disponga de procesos suficientes para verificar la identidad del solicitante, en particular permitiendo el uso de medios de identificación electrónica y servicios de confianza cualificados pertinentes, tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (39) .

5. A efectos del apartado 2, letra a), los Estados miembros velarán por que los registros centrales dispongan de mecanismos que permitan el acceso reiterado a personas que tengan un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real sin necesidad de evaluar su función u ocupación siempre que se acceda a la información.

6. A partir del 10 de noviembre de 2026, los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales lleven a cabo la verificación mencionada en el apartado 1 y proporcionen una respuesta al solicitante en un plazo de doce días hábiles.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de que, de forma repentina, se produzca un aumento considerable de las solicitudes de acceso a la información sobre la titularidad real con arreglo al presente artículo, el plazo para dar una respuesta al solicitante podrá prorrogarse en doce días hábiles. Si, tras la expiración de la prórroga, el número de solicitudes recibidas sigue siendo elevado, dicho plazo podrá prorrogarse otros doce días hábiles.

Los Estados miembros comunicarán oportunamente a la Comisión cualquier prórroga a que se refiere el párrafo segundo.

Cuando las entidades encargadas de los registros centrales decidan conceder acceso a la información sobre la titularidad real, expedirán un certificado por el que se conceda el acceso por un período de tres años. Las entidades encargadas de los registros centrales darán respuesta a toda solicitud posterior de acceso a la información sobre la titularidad real presentada por la misma persona en un plazo de siete días hábiles.

7. Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales solo puedan denegar una solicitud de acceso a la información sobre la titularidad real por uno de los motivos siguientes:

• a) cuando el solicitante no haya facilitado la información o los documentos necesarios con arreglo al apartado 1;
• b) cuando no se haya demostrado un interés legítimo para acceder a la información sobre la titularidad real;
• c) cuando, a tenor de la información que obre en su poder, la entidad encargada del registro central tenga dudas fundadas de que la información no va a utilizarse para los fines para los que se solicitó o de que la información va a utilizarse para fines no relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo;
• d) cuando proceda una o varias de las situaciones mencionadas en el artículo 15;
• e) en los casos a que se refiere el apartado 3, el interés legítimo para acceder a la información sobre la titularidad real concedido por el registro central de otro Estado miembro no se amplía a los fines para los que se solicita la información;
• f) cuando el solicitante se encuentre en un tercer país y la respuesta a la solicitud de acceso a la información no cumpla las disposiciones del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales consideren la posibilidad de solicitar información o documentos adicionales al solicitante antes de denegar una solicitud de acceso por los motivos enumerados en el párrafo primero, letras a), b), c) y e). Cuando las entidades encargadas de los registros centrales soliciten información adicional, el plazo para dar una respuesta se prorrogará siete días.

8. Cuando las entidades encargadas de los registros centrales denieguen el acceso a la información con arreglo al apartado 7, los Estados miembros exigirán que informen al solicitante de los motivos de la denegación y de su derecho a la reparación. La entidad encargada del registro central documentará las medidas adoptadas para evaluar la solicitud y obtener información adicional con arreglo al apartado 7, párrafo segundo.

Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales puedan revocar el acceso cuando se presente cualquiera de los motivos enumerados en el apartado 7, o cuando la entidad encargada del registro central tenga conocimiento de ellos después de que se haya concedido dicho acceso, también, cuando proceda, sobre la base de la revocación por un registro central de otro Estado miembro.

9. Los Estados miembros velarán por el establecimiento de vías de recurso judiciales o administrativos para impugnar la denegación o revocación del acceso con arreglo al apartado 7.

10. Los Estados miembros velarán por que las entidades encargadas de los registros centrales puedan repetir la verificación de la función u ocupación indicada en el apartado 2, letra a), de manera periódica y, en cualquier caso, no antes de que transcurran doce meses desde la concesión del acceso, a menos que la entidad encargada del registro central tenga motivos razonables para creer que el interés legítimo ha dejado de existir.

11. Los Estados miembros exigirán a las personas a las que se haya concedido el acceso con arreglo al presente artículo que comuniquen a la entidad encargada del registro central los cambios que puedan dar lugar al cese de un interés legítimo válido, incluidos los cambios relativos a su función u ocupación.

12. Los Estados miembros podrán optar por poner a disposición de los solicitantes la información sobre la titularidad real conservada en sus registros centrales a condición del pago de una tasa, que se limitará a lo estrictamente necesario para cubrir los costes por garantizar la calidad de la información conservada en dichos registros y por poner a disposición la información. Dichas tasas se establecerán de forma que no perjudique el acceso efectivo a la información conservada en los registros centrales.

Articulo 14 Plantillas y procedimientos

1. La Comisión definirá, mediante actos de ejecución, las especificaciones técnicas y los procedimientos necesarios para la ejecución del acceso en virtud de un interés legítimo por parte de los registros centrales a que se refiere el artículo 10, en particular:

• a) plantillas normalizadas para solicitar el acceso al registro central y solicitar acceso a información sobre la titularidad real de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos;
• b) plantillas normalizadas que deberán utilizar los registros centrales para confirmar o denegar una solicitud de acceso al registro o de acceso a la información sobre la titularidad real;
• c) procedimientos destinados a facilitar el reconocimiento mutuo del interés legítimo para acceder a la información sobre la titularidad real por parte de los registros centrales de Estados miembros distintos de aquel en el que se haya presentado y aceptado por primera vez la solicitud de acceso, incluidos los procedimientos para garantizar la transmisión segura de la información sobre un solicitante;
• d) procedimientos para que los registros centrales se notifiquen recíprocamente las revocaciones del acceso a la información sobre la titularidad real con arreglo al artículo 13, apartado 8.

2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 72, apartado 2.

Artículo 15 Excepciones a las normas de acceso a los registros de titularidad real

En circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en el Derecho nacional, cuando el acceso a que se refieren el artículo 11, apartado 3, y el artículo 12, apartado 1, pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jurídica, los Estados miembros establecerán una exención a ese acceso que afecte total o parcialmente a la información personal del titular real. Los Estados miembros garantizarán que dichas exenciones se concedan, caso por caso, tras evaluar detalladamente la naturaleza excepcional de las circunstancias y confirmar la existencia de esos riesgos desproporcionados. Se garantizarán los derechos a la revisión administrativa de la decisión por la que se concede la exención y el derecho a la tutela judicial efectiva. Los Estados miembros que hayan concedido exenciones publicarán datos estadísticos anuales sobre el número de exenciones concedidas y las razones aducidas, y notificarán los datos a la Comisión.

Las exenciones concedidas en virtud del presente artículo no se aplicarán a las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1624 que sean funcionarios públicos.

Artículo 16 Registros de cuentas bancarias y sistemas electrónicos de recuperación de datos

1. Los Estados miembros implantarán mecanismos centralizados automatizados, como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de recuperación de datos, que permitan la identificación, en tiempo oportuno, de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago o cuentas bancarias identificadas con un IBAN, incluidos los IBAN virtuales, cuentas de valores, cuentas de criptoactivos y cajas de seguridad custodiadas en una entidad de crédito o entidad financiera en su territorio.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las características de dichos mecanismos nacionales, así como los criterios de acuerdo con los que se introduce información en ellos.

2. Los Estados miembros garantizarán que la información conservada en los mecanismos centralizados automatizados sea directamente accesible, de forma inmediata y sin filtrar, para las UIF y para la ALBC a efectos de los análisis conjuntos con arreglo al artículo 32 de la presente Directiva y al artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620. La información también será accesible de manera oportuna para las autoridades de supervisión a los efectos del cumplimiento de las obligaciones que les impone la presente Directiva.

3. Estará accesible y podrá consultarse, mediante los mecanismos centralizados automatizados:

• a) respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este: el nombre junto con los otros datos de identificación requeridos de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 o un número de identificación único, así como, cuando proceda, las fechas en que la persona que pretenda actuar en nombre del cliente empezara a estar facultada para actuar en nombre del cliente y la fecha en la que dejara de estarlo;
• b) respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre, junto con los otros datos de identificación requeridos de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 o un número de identificación único, así como la fecha en la que la persona pasara a ser titular real del titular de la cuenta y la fecha en la que dejara de serlo;
• c) respecto de la cuentas bancarias o de pago: el número IBAN o, cuando la cuenta de pago no se identifique mediante un número IBAN, el identificador único de la cuenta, y la fecha de apertura y, cuando proceda, la fecha del cierre de esta;
• d) respecto de los IBAN virtuales emitidos por una entidad de crédito o entidad financiera: el número IBAN virtual, el identificador único de la cuenta a la que se redirijan automáticamente los pagos dirigidos al IBAN virtual y la fecha de apertura y cierre de la cuenta;
• e) respecto de las cuentas de valores: el identificador único de la cuenta y la fecha de apertura y cierre de la misma;
• f) respecto de las cuentas de criptoactivos: el identificador único de la cuenta y la fecha de apertura y cierre de la misma;
• g) respecto de las cajas de seguridad: el nombre y apellidos del arrendatario, junto con los otros datos de identificación requeridos de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o un número de identificación único y la fecha en que se inició el arrendamiento y, cuando proceda, la fecha en que cesó.

En el caso de los IBAN virtuales, el cliente-titular de la cuenta al que se refiere el párrafo primero, letra a), será el titular de la cuenta a la que se redirijan automáticamente los pagos dirigidos al IBAN virtual.

A efectos del párrafo primero, letras a) y b), el nombre comprenderá, en el caso de las personas físicas, nombre y apellidos completos, y en el caso de las personas jurídicas, los instrumentos jurídicos u otras organizaciones con capacidad jurídica, la denominación con la que estén registrados.

4. La Comisión podrá establecer, por medio de actos de ejecución, el formato en que se habrá de presentar la información relativa a los mecanismos centralizados automatizados. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 72, apartado 2.

5. Los Estados miembros podrán requerir que esté accesible y pueda consultarse, a través de los mecanismos centralizados automatizados, otra información considerada esencial para que las UIF, así como la ALBC a efectos de los análisis conjuntos con arreglo al artículo 32 de la presente Directiva y al artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620 y para que las autoridades de supervisión cumplan las obligaciones que les impone la presente Directiva.

6. Los mecanismos centralizados automatizados estarán interconectados por medio del sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias (BARIS, por sus siglas en inglés), que desarrollará y gestionará la Comisión. La Comisión garantizará, a más tardar el 10 de julio de 2029, dicha interconexión en cooperación con los Estados miembros.

La Comisión podrá establecer, por medio de actos de ejecución, las especificaciones y los procedimientos técnicos para conectar los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros al sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que la información a que se refiere el apartado 3 esté disponible mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos automatizados centralizados. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para asegurarse de que solo la información a que se refiere el apartado 3 que esté actualizada y se corresponda con la cuenta bancaria real y la cuenta de pagos, incluido el IBAN virtual, la cuenta de valores, la cuenta de criptoactivos y la caja de seguridad esté disponible mediante sus mecanismos centralizados automatizados nacionales y el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte estos últimos al que se hace referencia en este apartado. El acceso a dicha información se concederá de conformidad con las normas en materia de protección de datos.

La otra información que los Estados miembros consideren esencial para las UIF y las otras autoridades competentes, en virtud del apartado 4, no será accesible ni podrá consultarse en el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados.

8. Los Estados miembros garantizarán que la información sobre los titulares de cuentas bancarias o de pago, incluidos los IBAN virtuales, cuentas de valores, cuentas de criptoactivos y cajas de seguridad esté disponible a través de sus mecanismos centralizados automatizados nacionales y el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte dichos mecanismos durante un período de cinco años tras el cierre de la cuenta.

Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso, los Estados miembros podrán, en determinados casos, permitir que se conserve dicha información durante un período adicional máximo de cinco años, siempre que los Estados miembros hayan establecido que dicha conservación sea necesaria y proporcional a los efectos de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

9. Se concederá a las UIF y, a efectos de los análisis conjuntos con arreglo al artículo 32 de la presente Directiva y al artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, a la ALBC acceso inmediato y sin filtrar a la información sobre las cuentas bancarias y de pago, identificadas mediante el IBAN, incluido el IBAN virtual, las cuentas de valores, las cuentas de criptoactivos y las cajas de seguridad en otros Estados miembros disponible mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados. Se concederá a las autoridades de supervisión el acceso oportuno a la información disponible a través del. Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión a la hora de aplicar lo dispuesto en el presente apartado.

Los Estados miembros velarán por que el personal de las UIF nacionales y de las autoridades de supervisión que tenga acceso al sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados cumpla con estrictos criterios profesionales de confidencialidad y protección de datos, tenga un elevado nivel de integridad y cuente con la capacitación apropiada.

Los requisitos contemplados en el párrafo segundo también se aplicarán a la ALBC en el contexto de los análisis conjuntos y en el desempeño de su función de supervisión.

10. Los Estados miembros se asegurarán de que se apliquen medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos, cumpliendo con estrictos criterios tecnológicos para que las UIF y las autoridades de supervisión puedan ejercer su facultad de acceso y consulta de la información disponible mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados, de conformidad con los apartados 5 y 6.

Los requisitos contemplados en el párrafo primero también se aplicarán a la ALBC en el contexto de los análisis conjuntos y en el desempeño de su función de supervisión.

Artículo 17 Actos de ejecución para la interconexión de registros

1. La Comisión podrá establecer, por medio de actos de ejecución, las especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para establecer la interconexión entre los registros centrales de los Estados miembros, en virtud del artículo 10, apartado 19, en lo relativo a:

• a) la especificación técnica que defina el conjunto de datos técnicos necesarios para que la plataforma cumpla sus funciones, así como el método de almacenamiento, uso y protección de dichos datos;
• b) los criterios comunes conforme a los cuales la información relativa a la titularidad real está disponible a través del sistema de interconexión de registros centrales, en función del nivel de acceso concedido por los Estados miembros;
• c) los pormenores técnicos sobre la forma en que debe facilitarse la información relativa a los titulares reales;
• d) las condiciones técnicas de disponibilidad de los servicios prestados por el sistema de interconexión de registros centrales;
• e) las adaptaciones técnicas para aplicar los distintos tipos de acceso a la información relativa a la titularidad real de conformidad con los artículos 11 y 12 de la presente Directiva, incluida la autenticación de los usuarios a través de medios de identificación electrónica y servicios de confianza pertinentes según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014;
• f) las adaptaciones de pago en aquellos casos en que el acceso a la información relativa a la titularidad real esté sujeto al pago de una tasa con arreglo al artículo 11, apartado 4, y al artículo 13, apartado 12, habida cuenta de las posibilidades de pago disponibles, como las operaciones remotas de pago.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

2. La Comisión podrá establecer, por medio de actos de ejecución, las especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para establecer la interconexión entre los mecanismos centralizados automatizados de los Estados miembros a la que se refiere el artículo 16, apartado 6, en lo relativo a:

• a) la especificación técnica que defina los métodos de comunicación por medios electrónicos a los efectos del sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias;
• b) la especificación técnica de los protocolos de comunicación;
• c) las especificaciones técnicas que definan la seguridad de los datos, las garantías de protección de datos, el uso y la protección de la información que se pueda buscar y a la que se pueda acceder mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados;
• d) los criterios comunes en virtud de los cuales se pueda buscar la información sobre cuentas bancarias mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados;
• e) los detalles técnicos sobre cómo se facilita la información mediante el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados, incluida la autenticación de los usuarios a través de medios de identificación electrónica y servicios de confianza pertinentes según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014;
• f) las condiciones técnicas de la disponibilidad de los servicios prestados por el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

3. Al adoptar los actos de ejecución mencionados en los apartados 1 y 2, la Comisión tendrá en cuenta la tecnología comprobada y las prácticas vigentes. La Comisión garantizará que el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias que se desarrolle y gestione no conlleve más costes de los absolutamente necesarios para aplicar la presente Directiva.

Artículo 18 Punto de acceso único a la información sobre bienes inmuebles

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan un acceso inmediato, directo y gratuito a la información que permita la identificación, en tiempo oportuno, de cualquier bien inmueble y de las personas físicas, entidades jurídicas o instrumentos jurídicos propietarios de dichos bienes, así como a la información que permita identificar y analizar operaciones inmobiliarias. Dicho acceso se facilitará a través de un punto de acceso único que se establecerá en cada Estado miembro, que permitirá a las autoridades competentes acceder, por medios electrónicos, a la información en formato digital y que estará disponible, en la medida de lo posible, en formato de lectura mecanizada.

También se permitirá a la ALBC acceder a los puntos de acceso único a que se refiere el párrafo primero a los efectos de los análisis conjuntos en virtud del artículo 32 de la presente Directiva y del artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620.

2. Los Estados miembros velarán por que se facilite a través del punto de acceso único a que se refiere el apartado 1 al menos la siguiente información:

• a) información sobre los bienes:
  • i) la parcela catastral y la referencia catastral,
  • ii) la ubicación geográfica, incluida la dirección de los bienes,
  • iii) la superficie o el tamaño de los bienes,
  • iv) los tipo de bienes, indicando si se trata de bienes edificios o no y el uso al que se destinan;
• b) información sobre la titularidad:
  • i) el nombre del propietario y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este,
  • ii) cuando el propietario sea una entidad jurídica, el nombre y la forma jurídica de la entidad jurídica, así como el número de identificación único de la sociedad y el número de identificación fiscal,
  • iii) cuando el propietario sea un instrumento jurídico, el nombre del instrumento jurídico y el número de identificación fiscal,
  • iv) el precio al que se han adquirido los bienes,
  • v) los derechos o restricciones, cuando proceda;
• c) información sobre las cargas relativas a:
  • i) los créditos hipotecarios,
  • ii) las restricciones judiciales,
  • iii) los derechos de propiedad,
  • iv) otras garantías, en su caso;
• d) historial de la titularidad de los bienes, el precio y las cargas conexas;
• e) documentación pertinente.

Los Estados miembros velarán por que, cuando una parcela catastral englobe múltiples bienes, se facilite la información a que se refiere el párrafo primero en relación con cada uno de ellos.

Los Estados miembros velarán por que la información histórica con arreglo al párrafo primero, letra d), abarque al menos el período transcurrido desde el 8 de julio de 2019.

3. Los Estados miembros establecerán mecanismos para garantizar que la información facilitada a través del punto de acceso único a que se refiere el apartado 1 esté actualizada y sea precisa.

4. Los Estados miembros dispondrán de medidas para garantizar que la información almacenada electrónicamente se facilite inmediatamente a la autoridad competente que la solicite. Cuando dicha información no se encuentre en formato electrónico, los Estados miembros velarán por que se facilite a su debido tiempo y de manera que no perjudique las actividades de la autoridad competente que la solicite.

5. A más tardar el 10 de octubre de 2029, los Estados miembros notificarán a la Comisión:

• a) las características del punto de acceso único a que se refiere el apartado 1 que se haya creado a nivel nacional, incluido el sitio web en por el que se acceda a él;
• b) la lista de las autoridades competentes a las que se haya concedido acceso al punto de acceso único a que se refiere el apartado 1;
• c) todos los datos que se hayan puesto a disposición de las autoridades competentes además de los enumerados en el apartado 2.

Los Estados miembros actualizarán dicha notificación cuando se modifiquen la lista de autoridades competentes o el alcance del acceso a la información concedido. La Comisión pondrá a disposición de los otros Estados miembros tal información, incluyendo las modificaciones que se hayan practicado en ella.

6. A más tardar el 10 de julio de 2032, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evalúe las condiciones y las especificaciones y procedimientos técnicos que permitan garantizar la interconexión segura y eficiente de los puntos de acceso único a que se refiere el apartado 1. Cuando proceda, ese informe irá acompañado de una propuesta legislativa.

Artículo 19 Creación de la UIF

1. Cada Estado miembro creará una UIF a fin de prevenir, detectar y combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2. La UIF será la unidad nacional central única responsable de recibir y analizar las comunicaciones presentadas por las entidades obligadas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624, los informes presentados por las entidades obligadas de conformidad con el artículo 74 y el artículo 80, apartado 4, párrafo segundo, de dicho Reglamento y cualquier otra información pertinente sobre el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo presentada por las autoridades aduaneras con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672, así como la presentada por las autoridades de supervisión u otras autoridades.

3. La UIF será responsable de difundir los resultados de sus análisis y cualquier información adicional a las otras autoridades competentes pertinentes cuando existan motivos para sospechar de la existencia de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo. Estará en condiciones de obtener información adicional de las entidades obligadas.

Las funciones de análisis financiero de las UIF consistirán en lo siguiente:

• a) un análisis operativo centrado en casos concretos y objetivos específicos o en información apropiada seleccionada, clasificados en función del riesgo, el tipo y volumen de las comunicaciones recibidas y el uso previsto de la información tras su difusión;
• b) un análisis estratégico que examine las tendencias y pautas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su evolución.

4. Cada UIF será independiente y autónoma desde el punto de vista operativo y autónoma, lo que significa que tendrá autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones libremente, incluso para decidir de forma autónoma analizar, solicitar y, de conformidad con el apartado 3, difundir información específica. Estará libre de toda influencia o injerencia indebida de índole política o gubernamental o de la industria.

Cuando una UIF se sitúe dentro de la estructura existente de otra autoridad, las funciones principales de la UIF serán independientes y estarán separadas desde el punto de vista operativo de las otras funciones de la autoridad de acogida.

5. Los Estados miembros dotarán a sus UIF de los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para que lleven a cabo sus tareas. Las UIF podrán obtener y emplear los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

6. Los Estados miembros velarán por que el personal de sus UIF esté sujeto a requisitos de secreto profesional equivalentes a los establecidos en el artículo 67 y por que observe unas estrictas normas profesionales, incluido en materia de protección de datos, tenga un elevado nivel de integridad y esté adecuadamente cualificado en relación con la utilización ética de los conjuntos de macrodatos. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF dispongan de procedimientos para prevenir y gestionar los conflictos de intereses.

7. Los Estados miembros garantizarán que las UIF cuenten con normas en vigor sobre la seguridad y confidencialidad de la información.

8. Los Estados miembros velarán por que las UIF dispongan de canales seguros y protegidos para comunicar la información e intercambiarla por medios electrónicos con las autoridades competentes y las entidades obligadas.

9. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF puedan llegar a acuerdos con otras autoridades competentes nacionales con arreglo al artículo 46 sobre el intercambio de información.

10. A más tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitirá directrices orientadas a los supervisores sobre:

• a) las medidas que deben adoptarse para preservar la autonomía y la independencia operativas de la UIF, en particular las medidas destinadas a evitar que los conflictos de intereses afecten a su autonomía e independencia operativas;
• b) la naturaleza, las características y los objetivos del análisis operativo y estratégico;
• c) las herramientas y métodos para utilizar y cotejar la información financiera, administrativa y policial a la que tienen acceso las UIF, y
• d) las prácticas y procedimientos para el ejercicio de la suspensión o no autorización de una operación y la suspensión o supervisión de una cuenta o relación de negocios con arreglo a los artículos 24 y 25.

Artículo 20 Agente de derechos fundamentales

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF nombren a un agente de derechos fundamentales. El agente de derechos fundamentales puede ser un miembro del personal existente de la UIF.

2. El agente de derechos fundamentales desempeñará las siguientes funciones:

• a) asesorar al personal de la UIF sobre cualquier actividad que realice esta cuando el agente de derechos fundamentales lo considere necesario o cuando lo solicite el personal, sin obstaculizar ni retrasar dichas actividades;
• b) promover y controlar que la UIF respete los derechos fundamentales;
• c) emitir dictámenes no vinculantes sobre la conformidad de las actividades de las UIF con los derechos fundamentales;
• d) informar a la jefatura de la UIF de posibles vulneraciones de los derechos fundamentales durante las actividades de la UIF.

3. La UIF garantizará que el agente de derechos fundamentales no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de sus funciones.

Artículo 21 Acceso a la información

1. Los Estados miembros velarán por que las UIF, independientemente de su estatuto organizativo, tengan acceso a la información -en particular, información financiera, administrativa y policial- que necesiten para desempeñar sus funciones. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF tengan, como mínimo:

• a) acceso inmediato y directo a la siguiente información financiera:
  • i) la información conservada en los mecanismos automatizados centralizados nacionales de conformidad con el artículo 16,
  • ii) la información recibida de las entidades obligadas, en particular información sobre las transferencias de fondos, tal como se definen en el artículo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2023/1113, y sobre las transferencias de criptoactivos, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, de dicho Reglamento,
  • iii) la información sobre hipotecas y préstamos,
  • iv) la información conservada en las bases de datos nacionales sobre divisas y cambio de divisas,
  • v) la información sobre valores;
• b) acceso inmediato y directo a la siguiente información administrativa:
  • i) los datos fiscales, incluidos los datos conservados por las autoridades tributarias y fiscales, así como los datos obtenidos con arreglo al artículo 8, apartado 3 bis, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo (40) ,
  • ii) la información sobre los procedimientos de contratación pública de bienes o servicios, o concesiones,
  • iii) la información recibida del sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 16, así como de los registros inmobiliarios nacionales o sistemas electrónicos de recuperación de datos nacionales y los registros de la propiedad y catastrales,
  • iv) la información que conste en los registros nacionales de ciudadanía y población de personas físicas,
  • v) la información que conste en los registros nacionales de pasaportes y visados,
  • vi) la información que conste en las bases de datos de viajes transfronterizos,
  • vii) la información que conste en las bases de datos comerciales, incluidos los registros de negocios y empresas y las bases de datos de personas del medio político,
  • viii) la información que conste en los registros nacionales de vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones,
  • ix) la información que conste en los registros nacionales de la seguridad social,
  • x) la información que conste en los datos aduaneros, incluidas las transferencias físicas transfronterizas de dinero en efectivo,
  • xi) la información que conste en los registros nacionales de armas,
  • xii) la información que conste en los registros nacionales de titularidad real,
  • xiii) los datos disponibles mediante la interconexión de los registros centrales de conformidad con el artículo 10, apartado 19,
  • xiv) la información que conste en los registros de organizaciones sin ánimo de lucro,
  • xv) la información conservada por los supervisores y reguladores financieros nacionales, de conformidad con el artículo 61 y el artículo 67, apartado 2,
  • xvi) las bases de datos donde se almacenan datos sobre el comercio de derechos de emisión de CO2 establecidas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión (41) ,
  • xvii) la información sobre los estados financieros anuales de las empresas,
  • xviii) los registros nacionales de migración e inmigración,
  • xix) información conservada por los tribunales del orden mercantil,
  • xx) la información conservada en las bases de datos sobre insolvencia y por los administradores concursales,
  • xxi) la información sobre los fondos y otros activos inmovilizados o retenidos en virtud de sanciones financieras específicas;
• c) acceso directo o indirecto a la siguiente información sobre la aplicación de las leyes:
  • i) todo tipo de información o datos que ya obren en poder de las autoridades competentes en el contexto de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales,
  • ii) todo tipo de información o datos que obren en poder de autoridades públicas o entes privados en el contexto de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales y que esté a disposición de las autoridades competentes sin necesidad de adoptar medidas coercitivas en virtud del Derecho nacional.

La información mencionada en el párrafo primero, letra c), incluirá registros de antecedentes penales, información sobre investigaciones, información sobre la inmovilización o incautación de activos o sobre otras medidas de investigación o provisionales, e información sobre condenas y decomisos.

Los Estados miembros podrán permitir que se restrinja el acceso a la información policial a que se refiere el párrafo primero, letra c), en función de cada caso, cuando suministrar dicha información pueda poner en peligro una investigación en curso.

2. Se considerará que el acceso a la información enumerada en el apartado 1 es directo e inmediato cuando la información esté almacenada en una base de datos, un registro o un sistema de recuperación de datos informáticos del que la UIF pueda extraer la información sin necesidad de pasos intermedios, o cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• a) las entidades o autoridades que poseen la información la facilita a las UIF a la mayor brevedad posible;
• b) ninguna entidad, autoridad o tercero puede interferir en los datos solicitados o en la información que vaya a facilitarse.

3. Los Estados miembros velarán por que, siempre que sea posible, se conceda a la UIF acceso directo a la información enumerada en el apartado 1, párrafo primero, letra c). En los casos en que se conceda a la UIF acceso indirecto a la información, la entidad o autoridad requerida que posea la información que se solicita la facilitará de manera oportuna.

4. En el contexto de sus funciones, cada UIF podrá solicitar, obtener y usar información de toda entidad obligada para desempeñar sus funciones con arreglo al artículo 19, apartado 3, de la presente Directiva, incluso si no se presenta ningún informe anterior con arreglo al artículo 69, apartado 1, párrafo primero, letra a), o el artículo 70, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624. Las entidades obligadas no estarán obligadas a satisfacer las solicitudes de información realizadas de conformidad con el presente apartado cuando se refieran a información obtenida en las situaciones a que se refiere el artículo 70, apartado 2, de dicho Reglamento.

Artículo 22 Respuestas a solicitudes de información

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF sean capaces de responder de manera oportuna a las solicitudes fundamentadas de información motivadas por cuestiones relativas al blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo realizadas por las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2024/1624 en sus respectivos Estados miembros, cuando dicha información ya obre en poder de la UIF y sea necesaria, en función de cada caso. La decisión de proceder a la difusión de la información corresponderá a la UIF.

Cuando existan razones objetivas para suponer que la comunicación de dicha información podría tener repercusiones negativas sobre investigaciones o análisis en curso, o, en circunstancias excepcionales, cuando la divulgación de la información pudiera ser claramente desproporcionada respecto a los intereses legítimos de una persona física o jurídica, o irrelevante respecto al propósito para el que se haya solicitado, la UIF no tendrá obligación de atender dicha solicitud de información.

En tales casos, la UIF comunicará los motivos por escrito a la autoridad solicitante.

2. Las autoridades competentes remitirán observaciones a la UIF sobre el uso y la utilidad de la información proporcionada de conformidad con el presente artículo y con el artículo 19, apartado 3, y sobre el resultado de las medidas adoptadas y las investigaciones llevadas a cabo sobre la base de dicha información. Tales observaciones se remitirán a la mayor brevedad y, en todo caso, de manera agregada, al menos con frecuencia anual, de un modo que permita a la UIF mejorar su función de análisis operativo.

Artículo 23 Suministro de información a los supervisores

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF faciliten a los supervisores, de forma espontánea o previa solicitud, información que pueda ser pertinente a efectos de supervisión con arreglo al capítulo IV, donde se incluya, como mínimo, información sobre:

• a) la calidad y cantidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas;
• b) la calidad y la puntualidad de las respuestas proporcionadas por las entidades obligadas a las solicitudes de las UIF de conformidad con el artículo 69, apartado 1, párrafo primero letra b), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) los resultados pertinentes de los análisis estratégicos realizados con arreglo al artículo 19, apartado 3, letra b), de la presente Directiva, así como cualquier información pertinente sobre las tendencias y métodos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo, incluidos los riesgos geográficos, transfronterizos y emergentes.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF notifiquen a los supervisores cuando la información que obre en su poder indique posibles infracciones por parte de las entidades obligadas de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

3. Salvo cuando sea estrictamente necesario a efectos del apartado 2, los Estados miembros velarán por que la información que faciliten las UIF con arreglo al presente artículo no contenga datos sobre personas físicas o jurídicas específicas o casos en los que figuren personas físicas o jurídicas que sean objeto de un análisis o una investigación en curso o que puedan conducir a la identificación de personas físicas o jurídicas.

Artículo 24 Suspensión o no autorización

1. Los Estados miembros velarán por que las UIF estén facultadas para tomar medidas urgentes, ya sea directa o indirectamente, cuando se sospeche que una operación está relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, encaminadas a suspender o no autorizar dicha operación.

Los Estados miembros garantizarán que, cuando se constate la necesidad de suspender o no autorizar una operación a partir de la comunicación de una sospecha de conformidad con el artículo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624, se imponga a la entidad obligada la suspensión o la no autorización dentro del plazo a que se refiere el artículo 71 de dicho Reglamento. Cuando la necesidad de suspender una operación se base en el trabajo analítico de la UIF, independientemente de si la entidad obligada ha presentado una comunicación previamente, la UIF impondrá la suspensión lo antes posible.

La UIF impondrá la suspensión o la no autorización de una operación con el fin de preservar los fondos, llevar a cabo sus análisis, en particular el análisis de la operación, evaluar si se confirma la sospecha y, en caso afirmativo, difundir los resultados de los análisis a las autoridades competentes pertinentes para que puedan adoptar las medidas adecuadas.

Los Estados miembros establecerán el período de suspensión o no autorización aplicable para el trabajo analítico de las UIF, que no excederá de diez días hábiles. Los Estados miembros podrán establecer un período más largo cuando, con arreglo al Derecho nacional, las UIF desempeñen la función de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo. Cuando se establezca un período de suspensión más largo o la no autorización, los Estados miembros garantizarán que las UIF ejerzan su función de conformidad con las garantías nacionales adecuadas, como la posibilidad de que la persona cuya operación se haya suspendido recurra dicha suspensión ante un órgano jurisdiccional.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para levantar la suspensión o la no autorización en cualquier momento cuando concluyan que la suspensión o la no autorización ya no es necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el párrafo tercero.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para suspender o no autorizar tal como se menciona en el presente apartado a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

2. Si se sospecha que una cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos o una relación de negocios están relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, los Estados miembros garantizarán que la UIF esté facultada para tomar medidas urgentes, directa o indirectamente, para suspender el uso de dicha cuenta o la relación de negocios con el fin de preservar los fondos, llevar a cabo sus análisis, evaluar si se confirma la sospecha y, en caso afirmativo, difundir los resultados de los análisis a las autoridades competentes pertinentes para que puedan adoptar las medidas adecuadas.

Los Estados miembros establecerán el período de suspensión aplicable al trabajo analítico de las UIF, que no excederá de cinco días hábiles. Los Estados miembros podrán establecer un período más largo cuando, con arreglo al Derecho nacional, las UIF desempeñen la función de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo. Cuando se establezca un período de suspensión más largo, los Estados miembros garantizarán que las UIF ejerzan su función de conformidad con las garantías nacionales adecuadas, como la posibilidad de que la persona cuya cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos o relación de negocios se suspenda recurra dicha suspensión ante un órgano jurisdiccional.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para levantar la suspensión en cualquier momento cuando concluyan que la suspensión ya no es necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el párrafo primero.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para suspender la utilización de una cuenta o suspender una relación de negocios a que se refiere el presente apartado a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

3. La aplicación de la suspensión o no autorización de conformidad con el presente artículo no acarreará responsabilidad de ningún tipo para la UIF o sus directivos o empleados.

Artículo 25 Instrucciones para el seguimiento de las operaciones o actividades

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para encomendar a las entidades obligadas que realicen un seguimiento, durante un período de tiempo que deberá indicar la UIF, de las operaciones o actividades que se estén ejecutando a través de una o varias cuentas bancarias, de pago o de criptoactivos u otras relaciones de negocios gestionadas por la entidad obligada en relación con personas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo. Los Estados miembros se asegurarán asimismo de que las UIF estén facultadas para encomendar a la entidad obligada que informe sobre los resultados del seguimiento.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF estén facultadas para imponer las medidas de seguimiento a que se refiere el presente artículo a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

Artículo 26 Alertas a las entidades obligadas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF puedan alertar a las entidades obligadas de la información pertinente para el ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente con arreglo al capítulo III del Reglamento (UE) 2024/1624. Dicha información incluirá los elementos siguientes:

• a) los tipos de operaciones o actividades que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo;
• b) las personas concretas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo;
• c) las zonas geográficas concretas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

2. El requisito a que se refiere el apartado 1 se aplicará durante un período de tiempo establecido en el Derecho nacional, que no excederá de seis meses.

3. Las UIF facilitarán anualmente a las entidades obligadas información estratégica sobre tipologías, indicadores de riesgo y tendencias en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Artículo 27 Informe anual de la UIF

Cada Estado miembro se asegurará de que su UIF publique un informe anual sobre sus actividades. El informe contendrá estadísticas sobre:

• a) el seguimiento que haya dado la UIF a las comunicaciones de operaciones y actividades sospechosas que haya recibido;
• b) las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas;
• c) las comunicaciones recibidas de supervisores y registros centrales;
• d) las difusiones de información a las autoridades competentes y el seguimiento que se les haya dado;
• e) las solicitudes enviadas a otras UIF y recibidas de estas;
• f) las solicitudes presentadas a las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1624 y recibidas de las mismas;
• g) los recursos humanos asignados;
• h) los datos sobre transferencias físicas transfronterizas de dinero en efectivo transmitidos por las autoridades aduaneras de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672.

El informe mencionado en el párrafo primero también contendrá información sobre las tendencias y tipologías que se deriven de los archivos difundidos a otras autoridades competentes. La información que contenga el informe no permitirá la identificación de ninguna persona física o jurídica.

Artículo 28 Observaciones de las UIF

1. Los Estados miembros garantizarán que las UIF faciliten a las entidades obligadas observaciones sobre las comunicaciones de sospechas del con arreglo al artículo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624. Tales observaciones abordarán, como mínimo, la calidad de la información proporcionada, la puntualidad de las comunicaciones, la descripción de la sospecha y la documentación aportada en la fase de presentación.

No se entenderá que las observaciones facilitadas con arreglo al presente artículo se refieren a cada comunicación presentada por las entidades obligadas.

Las UIF facilitarán las observaciones al menos una vez al año, ya sea a una entidad obligada particular o a grupos o categorías de tales entidades, teniendo en cuenta el número general de operaciones sospechosas comunicadas por las entidades obligadas.

Las observaciones también se pondrán a disposición de los supervisores para permitirles efectuar la supervisión basada en el riesgo de conformidad con el artículo 40.

Las UIF informarán anualmente a la ALBC sobre la comunicación de observaciones a las entidades obligadas con arreglo al presente artículo y proporcionarán datos estadísticos sobre el número de comunicaciones de operaciones sospechosas que hayan presentado las diferentes categorías de entidades obligadas.

A más tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC formulará recomendaciones a las UIF sobre las mejores prácticas y enfoques para la comunicación de observaciones, en particular sobre el tipo y la frecuencia de las observaciones.

La obligación de formular observaciones no pondrá en riesgo ningún trabajo analítico en curso realizado por la UIF ni ninguna acción de investigación o administrativa posterior a la difusión por parte de la UIF, ni afectará a la aplicación de los requisitos en materia de protección de datos y confidencialidad.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF faciliten a las autoridades aduaneras observaciones, al menos una vez al año, sobre la eficacia y el seguimiento de la información transmitida de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672.

Artículo 29 Cooperación entre las UIF

Los Estados miembros velarán por que sus UIF cooperen entre sí en la mayor medida posible, con independencia de su estatuto organizativo.

Artículo 30 Canales de comunicación protegidos

1. Se establecerá un sistema para el intercambio de información entre las UIF de los Estados miembros (FIU.net). FIU.net garantizará la comunicación y el intercambio de información seguros y será capaz de dejar constancia escrita de todas las actividades de procesamiento. FIU.net también podrá usarse para las comunicaciones con las UIF homólogas de terceros países, con otras autoridades y con órganos y organismos de la Unión. FIU.net estará gestionada por la ALBC.

Se utilizará FIU.net para el intercambio de información entre las UIF y la ALBC a fines de los análisis conjuntos con arreglo al artículo 32 de la presente Directiva y al artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF intercambien información de conformidad con los artículos 31 y 32 a través de FIU.net. En el caso de fallo técnico de FIU.net, la información se transmitirá por otros medios apropiados que garanticen un alto nivel de seguridad y protección de los datos.

Los intercambios de información entre las UIF y sus homólogas de terceros países que no estén conectadas a FIU.net tendrán lugar mediante canales de comunicación protegidos.

3. Los Estados miembros velarán por que, a fin de desempeñar sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, sus UIF cooperen en la mayor medida posible en la aplicación de tecnologías avanzadas de conformidad con su Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán asimismo por que las UIF cooperen en la mayor medida posible en la aplicación de las soluciones desarrolladas y gestionadas por la ALBC de conformidad con el artículo 5, apartado 5, letra i), el artículo 45, apartado 1, letra d), y el artículo 47 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados garantizarán que las UIF puedan utilizar las funcionalidades de FIU.net para comparar, mediante un mecanismo de coincidencia o no coincidencia, los datos que faciliten en FIU.net con los datos que hayan introducido en dicho sistema otras UIF y órganos y organismos de la Unión, en la medida en que esta comparación entre en el ámbito de las respectivas competencias de dichos órganos y organismos de la Unión.

5. La ALBC podrá suspender el acceso de una UIF o su homóloga de un tercer país u órgano u organismo de la Unión a FIU.net cuando tenga motivos para creer que dicho acceso pondría en peligro la aplicación del presente capítulo y la seguridad y confidencialidad de la información que obre en poder de las UIF y se intercambie a través de FIU.net, en particular cuando existan dudas sobre la independencia y autonomía de una UIF.

Artículo 31 Intercambio de información entre las UIF

1. Los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, a de forma espontánea o previa solicitud, toda información que pueda ser pertinente para el tratamiento o el análisis de información por parte de las UIF, relacionada con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo y sobre las personas físicas o jurídicas implicadas, independientemente del tipo de delitos subyacentes de que pueda tratarse y aun cuando el tipo de delitos subyacentes de que pueda tratarse no se haya detectado en el momento del intercambio.

La solicitud expondrá los hechos pertinentes, los antecedentes, los motivos de la solicitud y los vínculos con el país de la UIF requerida, y explicará la forma en que se utilizará la información solicitada.

Cuando una UIF reciba un informe de conformidad con el artículo 69, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 que concierna a otro Estado miembro, reenviará con prontitud dicho informe o toda la información pertinente que extraiga de él a la UIF de ese otro Estado miembro.

2. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución y lo presentará a la Comisión para su adopción. En dicho proyecto de normas técnicas de ejecución se especificará el formato que deberá usarse para el intercambio de información a que se refiere el apartado 1.

Se confieren poderes a la Comisión para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 53 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. Dichos proyectos de normas técnicas de regulación indicarán la pertinencia y los criterios de selección a la hora de determinar si un informe presentado con arreglo al artículo 69, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 concierne a otro Estado miembro como se contempla en el apartado 1, párrafo tercero, del presente artículo.

Se delegan poderes en la Comisión para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. A más tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitirá directrices orientadas a las UIF sobre los procedimientos que deben adoptarse al reenviar y recibir un informe elaborado de conformidad con el artículo 69, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 que concierna a otro Estado miembro y el seguimiento que debe darse a dicho informe.

5. Los Estados miembros velarán por que la UIF a la que se dirija la solicitud esté obligada a utilizar todas las competencias disponibles que utilizaría habitualmente a escala nacional para la recepción y el análisis de la información cuando responda a una solicitud de información contemplada en el apartado 1 cursada desde otra UIF.

En especial, cuando una UIF quiera obtener información adicional de una entidad obligada establecida en otro Estado miembro que lleve a cabo actividades en el territorio de su Estado miembro, la solicitud se dirigirá a la UIF del Estado miembro en cuyo territorio esté establecida la entidad obligada. Esa UIF obtendrá la información de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 y comunicará las respuestas con prontitud.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se solicite a una UIF que facilite información de conformidad con el apartado 1, esta responderá a la solicitud a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de recibir la solicitud si posee la información solicitada o si la información solicitada se almacena en una base de datos o un registro a los que tenga acceso directo la UIF requerida. En casos excepcionales y debidamente justificados, este plazo podrá prorrogarse a un máximo de diez días hábiles. Si la UIF requerida no puede obtener la información solicitada, informará de ello a la UIF que envió la solicitud.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que, en casos excepcionales, justificados y urgentes, y como excepción a lo dispuesto en el apartado 6, si en virtud del apartado 1 se solicita a una UIF que proporcione información que se conserve en una base de datos o un registro a los que pueda acceder directamente la UIF requerida o que ya esté en su posesión, la UIF requerida facilite tal información en un plazo máximo de un día hábil después de recibir la solicitud.

Si la UIF requerida no puede responder en un día hábil o no puede acceder a la información directamente, aportará la correspondiente justificación. Si facilitar la información solicitada en un plazo de un día hábil supone una carga desproporcionada para la UIF requerida, esta podrá aplazar el momento de facilitar tal información. En ese caso, la UIF requerida informará inmediatamente de dicho aplazamiento a la UIF solicitante. La UIF requerida podrá ampliar hasta un máximo de tres días hábiles el plazo para responder a una solicitud de información.

8. Una UIF podrá negarse a intercambiar información solo en circunstancias excepcionales en que el intercambio pudiera ser contrario a principios fundamentales de su Derecho nacional. Tales circunstancias excepcionales se especificarán de tal forma que se evite una utilización inadecuada y unas limitaciones indebidas del libre intercambio de información a efectos de análisis.

A más tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificarán a la Comisión las circunstancias excepcionales a las que se refiere el párrafo primero. Los Estados miembros actualizarán dichas notificaciones cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias excepcionales determinadas a escala nacional.

La Comisión publicará la lista consolidada de las notificaciones a que se refiere el párrafo segundo.

9. A más tardar el 10 de julio de 2029, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluará si las circunstancias excepcionales notificadas en virtud del apartado 8 están justificadas o no.

Artículo 32 Análisis conjuntos

1. Los Estados miembros velarán por que sus UIF puedan realizar análisis conjuntos de operaciones y actividades sospechosas.

2. A los efectos del apartado 1 del presente artículo, las UIF pertinentes, asistidas por la ALBC de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, constituirán un equipo de análisis conjunto con un propósito específico y por un período limitado, que se podrá prorrogar de mutuo acuerdo, para efectuar análisis operativos de operaciones o actividades sospechosas relacionadas con una o más de las UIF que constituyan el equipo.

3. Podrá constituirse un equipo de análisis conjunto cuando:

• a) los análisis operativos de una UIF requieran labores de análisis difíciles y exigentes vinculadas con otros Estados miembros;
• b) varias UIF estén realizando análisis operativos en los que las circunstancias del caso justifican una acción concertada en los Estados miembros implicados.

Cualquiera de las UIF interesadas o la ALBC pueden solicitar la constitución de un equipo de análisis conjunto de conformidad con el artículo 44 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados miembros velarán por que el miembro del personal de su UIF asignado al equipo de análisis conjunto pueda, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable y dentro de los límites de la competencia del miembro del personal, facilitar al equipo la información de que disponga su UIF a efectos del análisis realizado por el equipo.

5. Si el equipo de análisis conjunto necesita asistencia de una UIF distinta de las que formen parte del equipo, podrá solicitar a dicha UIF que:

• a) se una al equipo de análisis conjunto;
• b) presente información financiera, incluida la de inteligencia, al equipo de análisis conjunto.

6. Los Estados miembros velarán por que las UIF puedan invitar a terceros, incluidos los órganos y organismos de la Unión, a participar en los análisis conjuntos cuando proceda a efectos de los análisis conjuntos y cuando la participación de los terceros entre en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los Estados miembros se asegurarán de que las UIF que participen en los análisis conjuntos especifiquen las condiciones aplicables en relación con la participación de terceros y establezcan medidas que garanticen la confidencialidad y la seguridad de la información que se intercambie. Los Estados miembros velarán por que la información que se intercambie se utilice exclusivamente para los fines para los que se haya realizado dicho análisis conjunto.

Artículo 33 Uso por parte de las UIF de la información intercambiada entre ellas

La información y los documentos recibidos con arreglo a los artículos 29, 31 y 32 se utilizarán para el desempeño de las tareas de las UIF establecidas en la presente Directiva. Al intercambiar información o documentos con arreglo a los artículos 29 y 31, la UIF transmisora podrá imponer restricciones y condiciones con respecto al uso de dicha información, excepto cuando la transmisión consista en un informe presentado por una entidad obligada con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o información derivada de ella, que afecte a otro Estado miembro en el que la entidad obligada ejerza actividades en virtud de la libre prestación de servicios y que no incluya ningún vínculo con el Estado miembro de la UIF transmisora. La UIF receptora respetará dichas restricciones y condiciones.

Los Estados miembros velarán por que las UIF designen como mínimo a una persona o punto de contacto responsable de recibir las solicitudes de información de las UIF de otros Estados miembros.

Artículo 34 Consentimiento para difundir la información intercambiada entre las UIF

1. Los Estados miembros velarán por que la información intercambiada con arreglo a los artículos 29, 31 y 32 se utilice únicamente en cumplimiento de los fines para los que se haya solicitado o facilitado y por que cualquier difusión de dicha información remitida por parte de la UIF receptora a cualquier otra autoridad, agencia o departamento, o cualquier utilización de dicha información con fines distintos de los originalmente autorizados, esté sujeta a un consentimiento previo por parte de la UIF que haya facilitado la información.

Los requisitos del párrafo primero del presente apartado no se aplicarán cuando la información facilitada por la UIF consista en un informe presentado por una entidad obligada con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, que afecte a otro Estado miembro en el que la entidad obligada ejerza actividades en virtud de la libre prestación de servicios y que no tenga ningún vínculo con el Estado miembro de la UIF que facilita la información.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que el consentimiento previo de la UIF requerido para difundir la información a autoridades competentes se conceda con prontitud y con la mayor amplitud posible, independientemente del tipo de delitos subyacentes y de que se haya identificado o no el delito subyacente. La UIF requerida no denegará su consentimiento a dicha difusión, a menos que esta no corresponda al ámbito de aplicación de sus disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pueda entorpecer una investigación o no sea acorde con principios fundamentales del Derecho nacional de ese Estado miembro. Toda denegación del consentimiento se explicará de forma adecuada. Los casos en que las UIF puedan denegar el consentimiento se especificarán de tal forma que se evite una utilización inadecuada y unas limitaciones indebidas de la difusión de información a autoridades competentes.

3. A más tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificarán a la Comisión las circunstancias excepcionales en las que la difusión no sería acorde con los principios fundamentales del Derecho nacional a que se refiere el apartado 2. Los Estados miembros actualizarán dichas notificaciones cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias excepcionales determinadas a escala nacional.

La Comisión publicará la lista consolidada de la notificaciones a que se refiere el párrafo primero.

4. A más tardar el 10 de julio de 2029, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluará si las circunstancias excepcionales notificadas en virtud del apartado 3 están justificadas o no.

Artículo 35 Efecto de las disposiciones de Derecho penal

Las diferencias entre las definiciones de delito subyacente en los distintos Derechos nacionales no serán óbice para que las UIF puedan proporcionar asistencia a otras UIF y no limitarán el intercambio, la difusión y la utilización de la información de conformidad con los artículos 31, 32, 33 y 34.

Artículo 36 Confidencialidad de los informes

1. Los Estados miembros velarán por que las UIF dispongan de mecanismos para proteger la identidad de las entidades obligadas y de sus empleados o personas en una posición equivalente, incluidos los agentes y distribuidores, que comuniquen sospechas de conformidad con el artículo 69, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624.

2. Los Estados miembros velarán por que las UIF no divulguen la fuente del informe a que se refiere el párrafo primero del presente artículo cuando respondan a las solicitudes de información de las autoridades competentes de conformidad con el artículo 22 o cuando difundan los resultados de sus análisis de conformidad con el artículo 19. El presente apartado se entenderá sin perjuicio del Derecho procesal penal nacional aplicable.

Artículo 37 Facultades y recursos de los supervisores nacionales

1. Cada Estado miembro se asegurará de que todas las entidades obligadas establecidas en su territorio, excepto en las circunstancias contempladas en el artículo 38, estén sujetas a la supervisión adecuada y eficaz. Para ello, cada Estado miembro nombrará uno o más supervisores para que controlen de manera efectiva, y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

Cuando, por razones imperiosas de interés general, los Estados miembros hayan introducido requisitos específicos de autorización para que las entidades obligadas ejerzan actividades en su territorio en régimen de libre prestación de servicios, velarán por que las actividades realizadas por dichas entidades en virtud de dichas autorizaciones específicas sean objeto de supervisión por parte de sus supervisores nacionales, independientemente de que las actividades autorizadas se lleven a cabo a través de una infraestructura en su territorio o a distancia. Los Estados miembros velarán asimismo por que la supervisión prevista en el presente párrafo se notifique a los supervisores del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada.

El presente apartado no se aplicará cuando la ALBC ejerza funciones de supervisión.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores cuenten con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para llevar a cabo sus tareas enumeradas en el apartado 5. Los Estados miembros se asegurarán de que el personal de estas autoridades tenga un elevado nivel de integridad, esté adecuadamente cualificado y observe unas estrictas normas profesionales, incluidas normas en materia de confidencialidad, protección de datos y conflictos de intereses.

3. En el caso de las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros podrán permitir que los organismos autorreguladores desempeñen la función indicada en el apartado 1 del presente artículo, siempre y cuando dichos organismos tengan las competencias a que se refiere el apartado 6 del presente artículo y cuenten con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones. Los Estados miembros se asegurarán de que el personal de tales organismos tenga un elevado nivel de integridad, esté adecuadamente cualificado y observe unas estrictas normas profesionales, incluidas normas en materia de confidencialidad, protección de datos y conflictos de intereses.

4. Cuando un Estado miembro haya encomendado la supervisión de una categoría de entidades obligadas a más de un supervisor, velará por que los supervisores supervisen a las entidades obligadas de manera coherente y eficiente en todo el sector. A tal fin, el Estado miembro designará a un supervisor principal o establecerá un mecanismo de coordinación entre dichos supervisores.

Cuando un Estado miembro haya encomendado la supervisión de todas las entidades obligadas a más de un supervisor, establecerá un mecanismo de coordinación entre dichos supervisores que garantice que las entidades obligadas sean supervisadas de manera eficaz y siguiendo las normas más estrictas. Dicho mecanismo de coordinación incluirá a todos los supervisores, excepto cuando:

• a) la supervisión se encomiende a un organismo autorregulador, en cuyo caso la autoridad pública a que se refiere el artículo 52 participará en el mecanismo de coordinación;
• b) la supervisión de una categoría de entidades obligadas se encomiende a varios supervisores, en cuyo caso el supervisor principal participará en el mecanismo de coordinación, cuando no se haya designado ningún supervisor principal, los supervisores designarán un representante entre ellos.

5. A los efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores nacionales lleven a cabo las siguientes tareas:

• a) difundir la información pertinente a las entidades obligadas con arreglo al artículo 39;
• b) tomar decisiones en aquellos casos en que los riesgos específicos inherentes a un sector estén claros y se entiendan y no se requieran evaluaciones de riesgos documentadas individuales con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) verificar la idoneidad y aplicación de las políticas, controles y procedimientos internos de las entidades obligadas con arreglo al capítulo II del Reglamento (UE) 2024/1624 y de los recursos humanos asignados a la realización de las tareas requeridas de conformidad con dicho Reglamento, así como, en el caso de supervisores de empresas de inversión colectiva, decidir sobre aquellos casos en los que la empresa de inversión colectiva puede externalizar la comunicación de actividades sospechosas con arreglo al artículo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) 2024/1624 a un proveedor de servicios;
• d) evaluar y controlar periódicamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo así como los riesgos de no aplicación y de elusión de sanciones financieras específicas a los que estén expuestas las entidades obligadas;
• e) controlar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de sus obligaciones relativas a las sanciones financieras específicas;
• f) llevar a cabo todas las investigaciones a distancia, las inspecciones in situ, a y las verificaciones temáticas necesarias, así como cualesquiera otras indagaciones, evaluaciones y análisis necesarios para verificar que las entidades obligadas cumplen el Reglamento (UE) 2024/1624 y cualesquiera medidas administrativas tomadas con arreglo al artículo 56;
• g) tomar las medidas de supervisión apropiadas para solventar cualquier incumplimiento de los requisitos aplicables por parte de las entidades obligadas detectado en el curso de las evaluaciones de supervisión y el seguimiento de la aplicación de tales medidas.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores tengan las competencias adecuadas para llevar a cabo sus tareas, tal y como se dispone en el apartado 5, incluidas las competencias para:

• a) instar a las entidades obligadas a producir toda información que sea pertinente para controlar y verificar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, así como efectuar comprobaciones, incluidas las de proveedores de servicios externos a los que la entidad obligada haya subcontratado parte de sus tareas para cumplir los requisitos de dichos Reglamentos;
• b) aplicar las medidas administrativas apropiadas y proporcionadas para subsanar la situación en caso de infracciones, inclusive imponiendo sanciones pecuniarias de conformidad con la sección 4 del presente capítulo.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros y los supervisores encargados de los proveedores de servicios de juegos de azar tengan competencias adicionales a las previstas en el apartado 6, incluida la competencia de inspeccionar las instalaciones empresariales de la entidad obligada sin previo aviso si así lo requieren la correcta realización y la eficiencia de la inspección; y de que cuenten con todos los medios necesarios para efectuar dicha inspección.

A los efectos del párrafo primero, los supervisores podrán, como mínimo:

• a) examinar los libros y registros de la entidad obligada y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
• b) obtener acceso a todos los programas, bases de datos, herramientas informáticas y demás medios electrónicos de registro de información utilizados por la entidad obligada;
• c) obtener información escrita u oral de cualquier persona responsable de las políticas, procedimientos y controles internos de LBC/LFT o sus representantes o personal, así como de cualquier representante o personal de las entidades a las que la entidad obligada haya subcontratado tareas con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2024/1624, y entrevistar a cualquier otra persona que dé su consentimiento para ser entrevistada con el fin de recabar información relativa al objeto de una investigación.

Artículo 38 Supervisión de formas de infraestructuras de determinados intermediarios que operen en régimen de libre prestación de servicios

1. Cuando las actividades de las siguientes entidades obligadas se lleven a cabo en su territorio en régimen de libre prestación de servicios a través de agentes o distribuidores o a través de otros tipos de infraestructura, incluso cuando dichas actividades se lleven a cabo al amparo de una autorización obtenida en virtud de la Directiva 2013/36/UE, los Estados miembros velarán por que dichas actividades estén sujetas a la supervisión de sus supervisores nacionales:

• a) los emisores de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (42) ;
• b) los proveedores de servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 11, de la Directiva (UE) 2015/2366, y
• c) los proveedores de servicios de criptoactivos.

A efectos del párrafo primero, los supervisores de los Estados miembros en los que se lleven a cabo las actividades controlarán de manera efectiva y garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el supervisor del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada llevará a cabo la supervisión de los agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura a que se refiere en dicho apartado cuando:

• a) no se cumplan los criterios establecidos en las normas técnicas de regulación a que se refiere el artículo 41, apartado 2, y
• b) el supervisor del Estado miembro en el que estén situados dichos agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura notifique al supervisor del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada que, teniendo en cuenta la infraestructura limitada en su territorio, el supervisor del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada llevará a cabo la supervisión de las actividades a que se refiere el apartado 1.

3. A efectos del presente artículo, el supervisor del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada y el supervisor del Estado miembro en el que la entidad obligada opere en régimen de libre prestación de servicios a través de agentes, o distribuidores o por medio de otros tipos de infraestructura se facilitarán mutuamente toda información necesaria para evaluar si se cumplen los criterios mencionados en el apartado 2, letra a), incluido cualquier cambio en las circunstancias de la entidad obligada que pueda influir en el cumplimiento de dichos criterios.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el supervisor del Estado miembro en el que esté situada la sede central de la entidad obligada informe a la entidad obligada en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la notificación contemplada en el apartado 2, letra b), de que supervisará las actividades de los agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura a través de los cuales la entidad obligada opere en régimen de libre prestación de servicios en otro Estado miembro, y de cualquier cambio posterior en su supervisión.

5. El presente artículo no se aplicará cuando la ALBC ejerza funciones de supervisión.

Artículo 39 Suministro de información a las entidades obligadas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores pongan la información sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a disposición de las entidades obligadas a las que supervisen.

2. La información a que se refiere el apartado 1 contendrá los elementos siguientes:

• a) la evaluación de los riesgos a escala de la Unión efectuada por la Comisión con arreglo al artículo 7 y toda recomendación pertinente de la Comisión en virtud de dicho artículo;
• b) las evaluaciones nacionales o sectoriales de riesgos llevadas a cabo con arreglo al artículo 8;
• c) directrices, recomendaciones y dictámenes pertinentes emitidos por la ALBC de conformidad con los artículos 54 y 55 del Reglamento (UE) 2024/1620;
• d) la información sobre los terceros países identificados de conformidad con el capítulo III, sección 2, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• e) todas las orientaciones y los informes redactados por la ALBC, otros supervisores y, si procede, la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores, la UIF o cualquier otra autoridad competente, o las organizaciones internacionales y organismos de normalización en relación con los métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que podrían aplicarse a un sector, y las indicaciones que puedan facilitar la identificación de operaciones o actividades en riesgo de vincularse al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en ese sector, así como directrices sobre las obligaciones de las entidades obligadas relativas a las sanciones financieras específicas.

3. Los Estados miembros velarán por que los supervisores lleven a cabo actividades de divulgación, según corresponda, para informar de sus obligaciones a las entidades obligadas bajo su supervisión.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores pongan de inmediato la información sobre las personas o entidades designadas en relación con las sanciones financieras específicas y sanciones financieras de las Naciones Unidas a disposición de las entidades obligadas a las que supervisen.

Artículo 40 Supervisión basada en el riesgo

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores apliquen a la supervisión un enfoque basado en el riesgo. A tal fin, los Estados miembros velarán por que los supervisores:

• a) tengan una comprensión clara de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo existentes en su Estado miembro;
• b) evalúen toda la información pertinente sobre los riesgos nacionales e internacionales específicos asociados a los clientes, productos y servicios de las entidades obligadas;
• c) basen la frecuencia e intensidad de la supervisión in situ, a distancia y temática en el perfil de riesgo de la entidad obligada y en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo existentes en dicho Estado miembro.

A los efectos del primer párrafo, letra c), del presente apartado, los supervisores elaborarán programas de supervisión anual, que tendrán en cuenta los plazos y recursos necesarios para reaccionar rápidamente en caso de indicios objetivos y significativos de incumplimientos de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

2. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. Dicho proyecto de normas técnicas de regulación establecerá los parámetros de referencia y una metodología para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas, así como la frecuencia en que se revisará tal perfil de riesgo. La frecuencia tendrá en cuenta cualesquiera acontecimientos o novedades principales en la gestión y actividades de la entidad obligada, así como la naturaleza y el tamaño del negocio.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. A más tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitirá directrices orientadas a los supervisores sobre:

• a) las características de un enfoque de la supervisión basado en el riesgo;
• b) las medidas que los supervisores deben adoptar para garantizar una supervisión adecuada y eficaz, incluido dar formación a su personal;
• c) las medidas que han de tomarse al llevar a cabo la supervisión basada en el riesgo.

Cuando proceda, las directrices a que se refiere el párrafo primero tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones efectuadas con arreglo a los artículos 30 y 35 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados miembros velarán por que los supervisores tengan en cuenta el grado de discrecionalidad permitido a la entidad obligada y revisen de forma apropiada las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, así como la idoneidad de sus políticas, procedimientos y controles internos.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores elaboren un informe anual y pormenorizado de actividades y de que se publique un resumen de dicho informe. Dicho resumen no contendrá información confidencial e incluirá:

• a) las categorías de entidades obligadas bajo supervisión y el número de entidades obligadas por categoría;
• b) una descripción de las competencias encomendadas a los supervisores y de las tareas asignadas y, cuando proceda, de los mecanismos mencionados en el artículo 37, apartado 4, en que participen y, en el caso del supervisor principal, un resumen de las actividades de coordinación desempeñadas;
• c) una visión general de las actividades de supervisión llevadas a cabo.

Artículo 41 Puntos de contacto centrales

1. A efectos del artículo 37, apartado 1, y del artículo 38, apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los emisores de dinero electrónico, a los proveedores de servicios de pago y a los proveedores de servicios de criptoactivos que operen establecimientos en su territorio que no sean filiales ni sucursales o que operen en su territorio a través de agentes o distribuidores, o a través de otros tipos de infraestructura, en régimen de libre prestación de servicios que designen un punto de contacto central. Dicho punto de contacto central garantizará, en nombre de la entidad obligada, el cumplimiento de las normas en materia de LBC/LFT y facilitará la supervisión por parte de los supervisores, en particular facilitando a los supervisores documentos e información cuando lo soliciten.

2. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. Dichos proyectos de normas técnicas de regulación establecerán los criterios para determinar las circunstancias en las que resulte apropiada la designación de un punto de contacto central en virtud del apartado 1, además de las funciones de los puntos de contacto centrales.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Artículo 42 Divulgación a las UIF

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores, en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, ya sea durante las comprobaciones efectuadas en las entidades obligadas o de cualquier otro modo, informen de ello con prontitud a la UIF.

2. Los Estados miembros velarán por que los supervisores facultados para vigilar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la UIF cuando descubran información que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

3. Los Estados miembros velarán por que el cumplimiento de los requisitos del presente artículo no sustituya a la obligación de las autoridades de supervisión de comunicar a las autoridades competentes pertinentes cualquier actividad delictiva que descubran o de la que tengan conocimiento en el contexto de sus actividades de supervisión.

Artículo 43 Suministro de información a las UIF

Los Estados miembros velarán por que los supervisores comuniquen a la UIF al menos la siguiente información:

• a) la lista de establecimientos que operan en el Estado miembro respectivo y la lista de la infraestructura bajo su supervisión, en virtud del artículo 38, apartado 1, y de cualquier cambio en dichas listas;
• b) cualquier conclusión pertinente que indique deficiencias graves en los sistemas de notificación de las entidades obligadas;
• c) los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas de conformidad con el artículo 40, en forma agregada.

Artículo 44 Principios generales relativos a la cooperación en materia de supervisión

Los Estados miembros velarán por que los supervisores cooperen entre sí en la mayor medida posible, con independencia de su respectiva naturaleza o estado. Esta cooperación podrá incluir la realización, en el marco de las competencias del supervisor requerido, de indagaciones en nombre del supervisor solicitante, así como el posterior intercambio de la información obtenida por medio de dichas indagaciones, o que se facilite que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

Artículo 45 Suministro de información relativa a actividades transfronterizas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de origen informen a los supervisores del Estado miembro de acogida lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de tres meses tras la recepción de la notificación con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, de las actividades que la entidad obligada desee llevar a cabo en el Estado miembro de acogida.

Cualquier cambio posterior notificado a los supervisores del Estado miembro de origen con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624 se notificará a los supervisores del Estado miembro de acogida lo antes posible y en cualquier caso en un plazo de un mes desde su recepción.

2. Los Estados miembros velarán por que los supervisores del Estado miembro de origen compartirán con los supervisores del Estado miembro de acogida información que reciban en el contexto de sus actividades de supervisión sobre las actividades llevadas a cabo por la entidad obligada en el territorio del Estado miembro de acogida, incluida información presentada por las entidades obligadas en respuesta a los cuestionarios de supervisión, y cualquier otra información pertinente relacionada con las actividades llevadas a cabo en el Estado miembro de acogida.

La información a que se refiere el párrafo primero se intercambiará al menos una vez al año. Cuando dicha información se facilite de forma agregada, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de origen respondan con prontitud a cualquier solicitud de información adicional por parte de los supervisores del Estado del Estado miembro de acogida.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo segundo del presente apartado, los Estado miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de origen informen a los supervisores del Estado miembro de acogida inmediatamente tras recibir la notificación de las entidades obligadas de que han comenzado las actividades en el Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624.

Artículo 46 Disposiciones relativas a la cooperación en el contexto de la supervisión de grupo

1. En el caso de las entidades de crédito y entidades financieras que forman parte de un grupo, los Estados miembros se asegurarán de que, a efectos de lo previsto en el artículo 37, apartado 1, los supervisores financieros del Estado miembro de origen y los del Estado miembro de acogida cooperen entre sí en la mayor medida posible, con independencia de su respectiva naturaleza o estatuto. También cooperarán con la ALBC cuando esta desempeñe funciones de supervisión.

2. Cuando la ALBC desempeñe funciones de supervisión, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros del Estado miembro de origen supervisen la aplicación efectiva de las políticas, los procedimientos y los controles a nivel de grupo a que se refiere el capítulo II, sección 2, del Reglamento (UE) 2024/1624. Los Estados miembros también se asegurarán de que los supervisores financieros del Estado miembro de acogida supervisen el cumplimiento por parte de los establecimientos ubicados en el territorio de su respectivo Estado miembro de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

3. A efectos del presente artículo, y excepto en los casos en que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT de conformidad con el artículo 49, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros se faciliten entre sí toda la información que necesiten para el desempeño de sus tareas de supervisión, ya sea previa petición o a iniciativa propia. En particular, los supervisores financieros intercambiarán toda la información que pueda repercutir de manera significativa en la evaluación de la exposición a riesgos inherentes o residuales de una entidad de crédito o entidad financiera en otro Estado miembro, incluyendo:

• a) la determinación de la estructura jurídica, organizativa y de gobernanza del grupo, incluidas todas las filiales y sucursales;
• b) información pertinente sobre los titulares reales y la alta dirección, incluidos los resultados de las comprobaciones de aptitud y honorabilidad, tanto si se realizan en virtud de la presente Directiva o de otros actos jurídicos de la Unión;
• c) las políticas, los procedimientos y los controles vigentes dentro del grupo;
• d) información de diligencia debida con respecto al cliente, incluidos los expedientes de los clientes y los registros de las operaciones;
• e) los acontecimientos adversos en relación con la sociedad matriz, las filiales o las sucursales que puedan afectar gravemente a otros componentes del grupo;
• f) sanciones pecuniarias que los supervisores financieros pretendan imponer y medidas administrativas que los supervisores financieros pretendan aplicar de conformidad con la sección 4 del presente capítulo.

Los Estados miembros también velarán por que los supervisores financieros puedan realizar, dentro de sus competencias, indagaciones en nombre de un supervisor solicitante y compartir la información recabada a través de tales indagaciones, o facilitar que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

4. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. En dicho proyecto de normas técnicas de regulación se detallarán las respectivas obligaciones de los supervisores de origen y de acogida, así como las modalidades de cooperación entre ellos.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

5. Los supervisores financieros podrán remitir a la ALBC cualquiera de los siguientes casos:

• a) que un supervisor financiero no haya comunicado la información a que se refiere el apartado 3;
• b) que una solicitud de cooperación se haya denegado o no se le haya dado curso en un plazo razonable;
• c) que haya discrepancia por razones objetivas sobre las infracciones detectadas y sobre las sanciones pecuniarias que deban imponerse o las medidas administrativas que deban aplicarse a la entidad o grupo para subsanar dichas infracciones.

La ALBC podrá actuar de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 33 del Reglamento (UE) 2024/1620. En esos casos, la ALBC emitirá su dictamen sobre el objeto de la solicitud en el plazo de un mes.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo también se aplique a la supervisión de:

• a) grupos de entidades obligadas en el sector no financiero;
• b) las entidades obligadas que operen en régimen de libre prestación de servicios sin ninguna infraestructura en otro Estados miembro distinto del Estado miembro donde estén establecidas, cuando la supervisión de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el artículo 37, apartado 1, párrafo segundo.

Cuando las situaciones a que se refiere el apartado 5 se den en relación con supervisores no financieros, la ALBC podrá actuar de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 38 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Los Estados miembros también se asegurarán de que, en caso de que las entidades obligadas en el sector no financiero formen parte de estructuras que compartan una propiedad, gestión o control del cumplimiento comunes, incluyendo redes o asociaciones, los supervisores no financieros cooperen e intercambien de información.

Artículo 47 Cooperación en materia de supervisión relativa a entidades obligadas que lleven a cabo actividades transfronterizas

1. Cuando las entidades obligadas que no formen parte de un grupo llevan a cabo las actividades transfronterizas a que se refiere el artículo 54, apartado 1, y la supervisión se comparta entre supervisores de los Estados miembros de origen y los de acogida, de conformidad con el artículo 37, apartado 1, y el artículo 38, apartado 1, los Estados miembros velarán por que dichos supervisores cooperen entre sí en la mayor medida posible y se presten asistencia mutua en el desempeño de la supervisión de conformidad con el artículo 37, apartado 1, y el artículo 38, apartado 1.

A efectos de párrafo primero, y excepto en los casos en los que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT de conformidad con el artículo 49, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores:

• a) se faciliten entre sí toda la información que necesiten para el desempeño de sus tareas de supervisión, ya sea previa petición o a iniciativa propia, incluida la información mencionada en el artículo 46, apartado 3, párrafo primero, letras a), b) y d), cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de tareas de supervisión;
• b) se informen mutuamente de cualquier acontecimiento adverso en relación con la entidad obligada, sus establecimientos o tipos de infraestructura, que pueda afectar gravemente al cumplimiento de la entidad con los requisitos aplicables, y las sanciones pecuniarias que pretendan imponer o las medidas administrativas que pretendan aplicar en virtud de la sección 4 del presente capítulo;
• c) puedan realizar, dentro de sus competencias, indagaciones en nombre de un supervisor solicitante y compartir la información recabada a través de tales indagaciones, o facilitar que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

El presente apartado también se aplicará en el caso de entidades obligadas que estén establecidas en un único Estado miembro y operen en régimen de libre prestación de servicios en otro Estado miembro sin ninguna infraestructura, cuando la supervisión de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el artículo 37, apartado 1, párrafo segundo.

2. Cuando la supervisión de la entidad obligada y de cualquiera de sus tipos de infraestructura en otros Estados miembros se encomiende a los supervisores del Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 38, apartado 2, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de origen informen con regularidad a los supervisores del Estado miembro de acogida de las medidas vigentes en la entidad obligada, así como del cumplimiento de la entidad con los requisitos aplicables, incluidos los vigentes en el Estado miembro de acogida. Cuando se detecten infracciones graves, reiteradas o sistemáticas, los supervisores del Estado miembro de origen informarán con prontitud a los supervisores del Estado miembro de acogida de dichas infracciones y de cualquier sanción pecuniaria que pretendan imponer y de las medidas pecuniarias que pretendan aplicar para subsanarlas.

Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de acogida prestan asistencia a los supervisores del Estado miembro de origen para garantizar la verificación del cumplimiento, por parte de la entidad obligada, de los requisitos legales. En concreto, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores del Estado miembro de acogida informen a los supervisores del Estado miembro de origen de cualquier seria duda que tengan respecto al cumplimiento, por parte de la entidad obligada, de los requisitos aplicables, así como de que comparten toda información que tengan a este respecto con los supervisores del Estado miembro de origen.

El presente apartado también se aplicará en el caso de entidades obligadas que estén establecidas en un único Estado miembro y desarrollen sus actividades en régimen de libre prestación de servicios en otro Estado miembro sin ninguna infraestructura, excepto en los casos en que la supervisión de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el artículo 37, apartado 1, párrafo segundo.

3. Los supervisores podrán remitir a la ALBC cualquiera de los siguientes casos:

• a) que un supervisor no haya comunicado la información a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letras a) y b), o apartado 2, párrafos primero y segundo;
• b) que una solicitud de cooperación se haya denegado o no se le haya dado curso en un plazo razonable;
• c) que haya discrepancia por razones objetivas sobre las infracciones detectadas y sobre las sanciones pecuniarias que deban imponerse o medidas administrativas que deban aplicarse a la entidad para subsanar esas infracciones.

La ALBC actuará de conformidad con las competencias que le confieren los artículos 33 y 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitirá su dictamen sobre el objeto de la solicitud en el plazo de un mes.

Artículo 48 Intercambio de información en relación con la aplicación de políticas a nivel de grupo en terceros países

Los supervisores, incluida la ALBC, se informarán mutuamente de los casos en que el Derecho de un tercer país no permita aplicar las políticas, los procedimientos y los controles necesarios en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624. En tales casos, los supervisores podrán adoptar medidas coordinadas para hallar una solución. Al evaluar qué terceros países no permiten aplicar las políticas, los procedimientos y los controles exigidos en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624, los supervisores tendrán en cuenta todos los impedimentos jurídicos que puedan obstaculizar la correcta aplicación de tales políticas, procedimientos y controles, incluidos el secreto profesional, un nivel insuficiente de protección de datos y otros impedimentos que limiten el intercambio de información que pueda ser pertinente a tal efecto.

Artículo 49 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero

1. Los Estados miembros se asegurarán de que el supervisor financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo de entidades de crédito o entidades financieras o de la sede central de una entidad de crédito o entidad financiera constituya colegios de supervisores de LBC/LFT específicos en cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) que una entidad de crédito o una entidad financiera, incluidos sus grupos, haya constituido establecimientos en al menos dos Estados miembros diferentes distintos del Estado miembro en que se sitúe su sede central;
• b) que una entidad de crédito o entidad financiera de un tercer país haya constituido establecimientos en al menos tres Estados miembros.

2. Los miembros permanentes del colegio serán el supervisor financiero encargado de la sociedad matriz o de la sede central, los supervisores financieros encargados de establecimientos en Estados miembros de acogida y los supervisores financieros encargados de infraestructura en Estados miembros de conformidad con el artículo 38.

3. El presente artículo no se aplicará cuando la ALBC desempeñe funciones de supervisión.

4. Las actividades de los colegios de supervisores de LBC/LFT serán proporcionales al nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al que esté expuesta la entidad de crédito o entidad financiera o el grupo y a la dimensión de sus actividades transfronterizas.

5. A efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros identifiquen:

• a) todas las entidades de crédito o entidades financieras que cuenten con autorización en su Estado miembro y que tengan establecimientos en otros Estados miembros o terceros países;
• b) todos los establecimientos constituidos por entidades de crédito o entidades financieras en otros Estados miembros o terceros países;
• c) los establecimientos constituidos en su territorio por las entidades de crédito o entidades financieras de otros Estados miembros o terceros países.

6. En situaciones distintas a las contempladas en el artículo 38, cuando las entidades de crédito o entidades financieras lleven a cabo actividades en otros Estados miembros en régimen de libre prestación de servicios, el supervisor financiero del Estado miembro de origen podrá invitar a los supervisores financieros de dichos Estados miembros a que participen en el colegio como observadores.

7. Cuando un grupo de entidades de crédito o entidades financieras incluya alguna entidad obligada del sector no financiero, el supervisor financiero que establezca el colegio invitará a los supervisores de dichas entidades obligadas a participar en el colegio.

8. Los Estados miembros podrán autorizar que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT cuando una entidad de crédito o entidad financiera establecida en la Unión haya constituido establecimientos en al menos dos terceros países. Los supervisores financieros podrán invitar a sus homólogos de tales terceros países a constituir dicho colegio. Los supervisores financieros que participen en el colegio suscribirán un acuerdo por escrito que detalle las condiciones y los procedimientos de la cooperación y el intercambio de información.

9. Los Estados miembros velarán por que dichos colegios se usen, entre otras cosas, para intercambiar información, prestar asistencia mutua o coordinar el enfoque de supervisión para el grupo o la entidad, incluyendo, cuando proceda, la adopción de medidas apropiadas y proporcionadas a fin de solventar las infracciones graves de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 que se detecten al nivel del grupo o de la entidad de crédito o entidad financiera o en los establecimientos constituidos por el grupo o la entidad en la jurisdicción de un supervisor que participe en el colegio.

10. La ALBC podrá participar en las reuniones de los colegios de supervisores de LBC/LFT y facilitará su labor de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) 2024/1620. Cuando la ALBC decida participar en las reuniones de un colegio de supervisores de LBC/LFT, tendrá el estatuto de observador.

11. Los supervisores financieros podrán invitar a sus homólogos de terceros países a participar en calidad de observadores en colegios de supervisores de LBC/LFT en el caso a que se refiere el apartado 1, letra b), o cuando grupos o entidades de crédito o entidades financieras de la Unión operen sucursales y filiales en dichos terceros países, siempre que:

• a) los homólogos de terceros países presenten una solicitud de participación y los miembros del colegio acepten su participación, o los miembros del colegio acepten invitar a dichos homólogos de terceros países;
• b) se cumplan las normas de protección de datos de la Unión a las transferencias de datos;
• c) los homólogos de terceros países firmen el acuerdo escrito a que se refiere el apartado 8, tercera frase, y compartan en el colegio la información pertinente que esté en su posesión para la supervisión de las entidades de crédito o entidades financieras o del grupo;
• d) la información divulgada esté sometida a requisitos de garantía del secreto profesional equivalentes como mínimo a los enunciados en el artículo 67, apartado 1, y se utilice únicamente para llevar a cabo las tareas de supervisión de los supervisores financieros participantes o de los homólogos de terceros países.

Los Estados miembros velarán por que los supervisores financieros que establezcan colegios lleven a cabo una evaluación de si se cumplen las condiciones del párrafo primero y la presenten a los miembros permanentes del colegio. Dicha evaluación se llevará a cabo antes de que el homólogo del tercer país pueda unirse al colegio y podrá repetirse posteriormente cuando sea necesario. Los supervisores financieros de los Estados miembros de origen podrán solicitar el apoyo de la ALBC para la realización de dicha evaluación.

12. Cuando los miembros permanentes del colegio lo consideren necesario, podrá invitarse a observadores adicionales, siempre que se cumplan los requisitos de confidencialidad. Entre los observadores podrán incluirse supervisores prudenciales, incluido el BCE cuando actúe de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo (43) , así como las Autoridades Europeas de Supervisión y UIF.

13. Cuando los miembros de un colegio estén en desacuerdo sobre las medidas que deban tomarse en relación con una entidad obligada, podrán remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) 2024/1620.

14. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. En dichos proyectos de normas técnicas de regulación se especificarán:

• a) las condiciones generales de funcionamiento, en función del riesgo, de los colegios de supervisores de LBC/LFT del sector financiero, incluidos los términos de la cooperación entre los miembros permanentes y con observadores, así como el funcionamiento operativo de dichos colegios;
• b) la plantilla del acuerdo escrito que deben firmar los supervisores financieros de conformidad con el apartado 8;
• c) cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades obligadas del sector no financiero;
• d) las condiciones para la participación de supervisores financieros en terceros países.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Artículo 50 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores no financieros encargados de la sociedad matriz de un grupo de entidades obligadas en el sector no financiero o de la sede central de una entidad obligada en el sector no financiero puedan constituir colegios de supervisores de LBC/LFT específicos en cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) que una entidad obligada en el sector no financiero, o uno de sus grupos, haya constituido establecimientos en al menos dos Estados miembros diferentes distintos del Estado miembro en que se sitúe su sede central;
• b) que una entidad de un tercer país sujeta a requisitos de LBC/LFT que no sea una entidad de crédito o una entidad financiera haya constituido establecimientos en al menos tres Estados miembros.

El presente apartado también se aplicará a estructuras que compartan una propiedad, gestión o control del cumplimiento comunes, incluyendo redes o asociaciones a las que se apliquen requisitos a nivel de grupo de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624.

Los miembros permanentes del colegio serán el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz o de la sede central y los supervisores no financieros encargados de establecimientos en Estados miembros de acogida o de la supervisión de dicha entidad obligada en otros Estados miembros en los casos a que se refiere el artículo 37, apartado 1, párrafo segundo.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada no constituya un colegio, los supervisores no financieros a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letra b), puedan presentar un dictamen que abogue por la constitución de un colegio, habida cuenta de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al que está expuesta la entidad obligada o el grupo y la dimensión de sus actividades transfronterizas. Dicho dictamen será presentado por al menos dos supervisores no financieros y se dirigirá:

• a) al supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada;
• b) a la ALBC;
• c) a todos los demás supervisores no financieros.

Cuando el supervisor no financiero a que se refiere la letra a) del párrafo primero del presente apartado sea un organismo autorregulador, dicho dictamen se presentará también a la autoridad pública encargada de vigilarlo, de conformidad con el artículo 52.

3. Cuando, tras la presentación de un dictamen con arreglo al apartado 2, el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada siga considerando que no es necesario establecer un colegio, los Estados miembros velarán por que los demás supervisores no financieros puedan establecer un colegio, siempre que esté compuesto por al menos dos miembros. En tales casos, dichos supervisores no financieros decidirán entre ellos quién es el supervisor encargado del colegio. El supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada será informado de las actividades del colegio y podrán incorporarse a este en cualquier momento.

4. A efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores no financieros identifiquen:

• a) todas las entidades obligadas en el sector no financiero que tengan su sede central en su Estado miembro y que tengan establecimientos en otros Estados miembros o terceros países;
• b) todos los establecimientos constituidos por esas entidades obligadas en otros Estados miembros o terceros países;
• c) los establecimientos constituidos en su territorio por las entidades obligadas en el sector no financiero de otros Estados miembros o terceros países.

5. Cuando las entidades obligadas en el sector no financiero lleven a cabo actividades en otros Estados miembros en régimen de libre prestación de servicios, el supervisor no financiero del Estado miembro de origen podrá invitar a los supervisores no financieros de dichos Estados miembros a que participen en el colegio como observadores.

6. Cuando un grupo en el sector no financiero incluya algunas entidades de crédito o entidades financieras, pero su presencia en el grupo no alcance el umbral para establecer un colegio en virtud del artículo 49, el supervisor que establezca el colegio invitará a los supervisores financieros de dichas entidades de crédito o entidades financieras a participar en el colegio.

7. Los Estados miembros podrán autorizar que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT cuando una entidad obligada en el sector no financiero establecida en la Unión haya constituido establecimientos en al menos dos terceros países. Los supervisores no financieros podrán invitar a sus homólogos de dichos terceros países a establecer dicho colegio. Los supervisores no financieros que participen en el colegio suscribirán un acuerdo escrito que detalle las condiciones y los procedimientos para la cooperación y el intercambio de información.

Cuando el colegio se establezca en relación con las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624 o sus grupos, el acuerdo escrito a que se refiere el párrafo primero del presente apartado también incluirá los procedimientos para garantizar que no se comparte información recabada en virtud del artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624, a menos que se aplique el párrafo segundo del artículo 21, apartado2.

8. Los Estados miembros velarán por que dichos colegios se usen, entre otras cosas, para intercambiar información, prestar asistencia mutua o coordinar el enfoque de supervisión para el grupo o la entidad obligada, incluyendo, cuando proceda, la adopción de medidas apropiadas y proporcionadas a fin de solventar las infracciones graves de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 que se detecten al nivel del grupo o de la entidad obligada o en los establecimientos constituidos por el grupo o la entidad obligada en la jurisdicción de un supervisor que participe en el colegio.

9. La ALBC podrá participar en las reuniones de los colegios de supervisores de LBC/LFT y facilitará su labor de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) 2024/1620. Cuando la ALBC decida participar en las reuniones de un colegio de supervisores de LBC/LFT, tendrá el estatuto de observador.

10. Los supervisores financieros podrán invitar a sus homólogos de terceros países a participar en colegios de supervisores de LBC/LFT en calidad de observadores en el caso a que se refiere el apartado 1, letra b), o cuando entidades obligadas en el sector no financiero de la Unión o sus grupos operen sucursales y filiales en dichos terceros países, siempre que:

• a) los homólogos de terceros países presenten una solicitud de participación y los miembros del colegio acepten su participación, o los miembros del colegio acepten invitar a dichos homólogos de terceros países;
• b) se cumplan las normas de protección de datos de la Unión a las transferencias de datos;
• c) los homólogos de terceros países firmen el acuerdo escrito a que se refiere el apartado 7 y compartan en el colegio la información pertinente que esté en su posesión para la supervisión de la entidad obligada o del grupo;
• d) la información divulgada esté sometida a requisitos de garantía del secreto profesional equivalentes como mínimo a los enunciados en el artículo 67, apartado 1, y se utilice únicamente para llevar a cabo las tareas de supervisión de los supervisores no financieros participantes o de los homólogos de terceros países.

Los Estados miembros velarán por que los supervisores no financieros encargados de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada o, en los casos contemplados en el apartado 3, del colegio lleven a cabo una evaluación de si se cumplen las condiciones del párrafo primero del presente apartado y la presenten a los miembros permanentes del colegio. Dicha evaluación se llevará a cabo antes de que el homólogo del tercer país pueda unirse al colegio y podrá repetirse posteriormente cuando sea necesario. Los supervisores no financieros encargados de la evaluación podrán solicitar el apoyo de la ALBC para la realización de dicha evaluación.

11. Cuando los miembros permanentes del colegio lo consideren necesario, podrá invitarse a observadores adicionales, siempre que se cumplan los requisitos de confidencialidad. Los observadores podrán incluir UIF.

12. Cuando los miembros de un colegio estén en desacuerdo sobre las medidas que deben tomarse en relación con una entidad obligada, podrán remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitirá su dictamen sobre el objeto del desacuerdo en el plazo de dos meses.

13. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. En dichos proyectos de normas técnicas de regulación se especificarán:

• a) las condiciones generales de funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero, incluidos los términos de la cooperación entre los miembros permanentes y con observadores, así como el funcionamiento operativo de dichos colegios;
• b) la plantilla del acuerdo escrito que deben firmar los supervisores no financieros de conformidad con el apartado 7;
• c) las condiciones para la participación de supervisores no financieros en terceros países;
• d) cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades de crédito o entidades financieras.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

14. A más tardar el 10 de julio de 2029 y posteriormente cada dos años, la ALBC emitirá un dictamen sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero. Dicho dictamen incluirá:

• a) una visión general de los colegios establecidos por supervisores no financieros;
• b) una evaluación de las medidas tomadas por dichos colegios y el nivel de cooperación conseguido, incluidas las dificultades encontradas en el funcionamiento de los colegios.

Artículo 51 Cooperación con supervisores de terceros países

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores puedan celebrar acuerdos de cooperación que dispongan la cooperación y el intercambio de información confidencial con sus homólogos de terceros países. Esos acuerdos de cooperación cumplirán con las normas de protección de datos aplicables y se celebrarán sobre la base de la reciprocidad y estarán sometidos a requisitos de garantía del secreto profesional equivalentes como mínimo a los enunciados en el artículo 67, apartado 1. La información confidencial intercambiada conforme a dichos acuerdos de cooperación solo se utilizará para llevar a cabo las tareas de supervisión de dichas autoridades.

Cuando la información intercambiada tenga su origen en otro Estado miembro, solo se divulgará con el consentimiento expreso del supervisor que la haya compartido y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dicho supervisor haya dado su consentimiento.

2. A efectos del apartado 1, la ALBC prestará asistencia según sea necesario para evaluar la equivalencia de los requisitos de secreto profesional aplicables al homólogo del tercer país.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores notifiquen a la ALBC todo acuerdo suscrito conforme al presente artículo en el plazo de un mes desde su firma.

4. A más tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC desarrollará un proyecto de normas técnicas de ejecución y lo presentará a la Comisión para su adopción. En dicho proyecto de normas técnicas de ejecución se especificará la plantilla que deberá usarse para la celebración de los acuerdos de cooperación a que se refiere el apartado 1.

Se confieren poderes a la Comisión para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 53 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Artículo 52 Vigilancia de los organismos autorreguladores

1. Si los Estados miembros deciden, de conformidad con el artículo 37, apartado 3, de la presente Directiva, permitir a los organismos autorreguladores llevar a cabo la supervisión de las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, velarán por que las actividades de tales organismos autorreguladores a la hora de desempeñar tales funciones estén sujetas a la vigilancia de una autoridad pública.

2. La autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores será responsable de garantizar un sistema de supervisión adecuada y eficaz de las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, inclusive:

• a) verificando que todo organismo autorregulador que desempeñe o aspire a desempeñar las funciones a que se refiere el artículo 37, apartado 1, satisfaga los requisitos previstos en el apartado 3 de dicho artículo;
• b) prestando orientación relativa al desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 37, apartado 1;
• c) garantizando que los organismos autorreguladores desempeñen sus funciones al amparo de la sección 1 del presente capítulo de manera adecuada y eficaz;
• d) revisando las exenciones concedidas por los organismos autorreguladores de la obligación de elaborar una evaluación de riesgos documentada individual de conformidad con el artículo 37, apartado 5, letra b);
• e) informando con regularidad a los organismos autorreguladores de cualquier actividad planificada o tarea realizada por la ALBC que sea pertinente para el desempeño de su función de supervisión, y en concreto la planificación de revisiones inter pares de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que se concedan a la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores las competencias adecuadas para ejercer sus responsabilidades al amparo del apartado 2. Como mínimo, los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad pública tiene la competencia de:

• a) instar a producir toda la información que sea pertinente para controlar el cumplimiento y efectuar comprobaciones, excepto la información recabada por las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624 en el curso de la determinación de la situación jurídica de su cliente, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 21, apartado 2, de dicho Reglamento, o para desempeñar la labor de defender o representar a tal cliente en un procedimiento judicial o en relación con él, inclusive al prestar asesoramiento orientado a iniciar o evitar tal procedimiento, ya se haya recogido tal información antes, durante o después del procedimiento;
• b) cursar instrucciones a un organismo autorregulador a efectos de solventar una falta de cumplimiento de sus funciones al amparo del artículo 37, apartado 1, o de satisfacer los requisitos previstos el apartado 6 del mismo artículo, o de evitar tales faltas.

Al dictar instrucciones a un organismo autorregulador de conformidad con el párrafo primero, letra b), la autoridad pública tendrá en cuenta todas las orientaciones pertinentes que hayan emitido ella misma o la ALBC.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores desempeñe sus funciones al margen de influencias indebidas.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el personal de la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores estén sujetos a los requisitos de secreto profesional equivalentes a los estipulados en el artículo 67, que mantiene estrictos criterios profesionales, inclusive estrictos criterios profesionales de confidencialidad y protección de datos, y que tenga un elevado nivel de integridad. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores disponga de procedimientos para prevenir y gestionar los conflictos de intereses.

5. Los Estados miembros podrán imponer medidas o sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias si los organismos autorreguladores no cumplen una solicitud o instrucción o cualquier otra medida tomada por la autoridad con arreglo a los apartados 2 o 3.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores informe a las autoridades competentes para investigar y enjuiciar las actividades delictivas de manera oportuna, directamente o por medio de la UIF, de cualquier infracción sujeta a sanciones penales que detecte en el desempeño de sus tareas.

7. La autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores publicará un informe anual que contenga información sobre:

• a) el número y la naturaleza de las infracciones detectadas por cada organismo autorregulador y las sanciones administrativas impuestas o las medidas administrativas aplicadas a las entidades obligadas;
• b) el número de operaciones sospechosas comunicadas a la UIF por las entidades obligadas sujetas a supervisión por parte de cada organismo autorregulador, ya se presenten directamente de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o las reenvíe cada organismo autorregulador a la UIF de conformidad con el artículo 70, apartado 1, de dicho Reglamento;
• c) el número y la descripción de las sanciones pecuniarias y multas coercitivas impuestas o las medidas administrativas aplicadas al amparo de la sección 4 del presente capítulo por cada organismo autorregulador para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del Reglamento (UE) 2024/1624 a que se refiere el artículo 55, apartado 1 de la presente Directiva;
• d) el número y la descripción de las medidas tomadas por la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores al amparo del presente artículo y el número de instrucciones cursadas a los organismos autorreguladores.

El informe a que se refiere el párrafo primero se publicará en el sitio web de la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores y se presentará a la Comisión y a la ALBC.

Artículo 53 Disposiciones generales

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades obligadas puedan ser consideradas responsables de las infracciones de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 de conformidad con la presente sección.

2. Sin perjuicio de su derecho a prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas, velarán por que los supervisores puedan imponer dichas sanciones pecuniarias y aplicar medidas administrativas respecto a las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o el Reglamento (UE) 2023/1113 y garantizarán su ejecución. Toda sanción impuesta o medida aplicada de conformidad con la presente sección será efectiva, proporcionada y disuasoria.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no prevea sanciones administrativas, el presente artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación del proceso sancionador corresponda al supervisor y la imposición de la sanción pecuniaria a una autoridad judicial, garantizando en todo caso que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente al de las sanciones pecuniarias impuestas por los supervisores. En cualquier caso, las sanciones pecuniarias impuestas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros a que se refiere el párrafo primero comunicarán a la Comisión las medidas dentro del Derecho nacional que adopten de conformidad con el presente apartado a más tardar el 10 de julio de 2027 y, sin demora, toda modificación ulterior.

4. En caso de infracción del Reglamento (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113, los Estados miembros velarán por que, cuando las obligaciones sean aplicables a personas jurídicas, puedan imponerse sanciones pecuniarias y aplicarse medidas administrativas no solo a la persona jurídica, sino también a la alta dirección y a otras personas físicas que sean responsables de la infracción.

Los Estados miembros garantizarán que, en caso de que los supervisores constaten infracciones sujetas a sanciones penales, informen de manera oportuna a las autoridades competentes para investigar y enjuiciar actividades delictivas.

5. De conformidad con la presente Directiva y el Derecho nacional, las sanciones pecuniarias se impondrán y las medidas administrativas se aplicarán de cualquiera de los modos siguientes:

• a) directamente por los supervisores;
• b) en cooperación entre los supervisores y otras autoridades;
• c) bajo la responsabilidad de los supervisores, delegando en otras autoridades;
• d) mediante solicitud por parte de los supervisores a las autoridades judiciales competentes.

A más tardar el 10 de octubre de 2027, los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la ALBC la información sobre las disposiciones relativas a la imposición de sanciones pecuniarias o a la aplicación de medidas administrativas con arreglo al presente apartado, inclusive, cuando proceda, la información sobre si ciertas sanciones o medidas requieren recurrir a un procedimiento específico.

6. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo y el nivel de las sanciones pecuniarias o medidas administrativas, los supervisores competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso:

• a) la gravedad y la duración de la infracción;
• b) el número de casos en que se repitió la infracción;
• c) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica considerada responsable;
• d) la solidez financiera de la persona física o jurídica considerada responsable, también teniendo en cuenta su volumen de negocios total o ingresos anuales;
• e) los beneficios derivados de la infracción para la persona física o jurídica considerada responsable, en la medida en que puedan determinarse;
• f) las pérdidas para terceros causadas por la infracción, en la medida en que puedan determinarse;
• g) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica considerada responsable con la autoridad competente;
• h) las posibles infracciones anteriores de la persona física o jurídica considerada responsable.

7. Los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, cuando esas infracciones sean cometidas en su nombre o en su beneficio, actuando a título particular o como parte de un organismo de dicha persona jurídica, por cualquier persona que tenga una posición destacada en el seno de dicha persona jurídica, basado en cualquiera de los elementos siguientes:

• a) un poder de representación de dicha persona jurídica;
• b) la autoridad de tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica;
• c) la autoridad de ejercer control dentro de la persona jurídica.

8. Los Estados miembros se asegurarán de que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una persona a que se refiere el apartado 7 del presente artículo haya hecho posible las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113 por parte de una persona bajo su autoridad en nombre de la persona jurídica o en beneficio de la misma.

9. Al ejercer sus facultades de imposición de sanciones pecuniarias y de aplicación de medidas administrativas, los supervisores cooperarán estrechamente y, en su caso, coordinarán sus actuaciones con otras autoridades para garantizar que las sanciones pecuniarias o medidas administrativas ofrezcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación en los casos transfronterizos.

10. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborará proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará a la Comisión para su adopción. En dichos proyectos de normas técnicas de regulación se establecerán:

• a) los indicadores para clasificar el nivel de gravedad de infracciones;
• b) los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el nivel de las sanciones pecuniarias o aplicar medidas administrativas de acuerdo con la presente sección;
• c) una metodología para la imposición de las multas coercitivas de conformidad con el artículo 57, incluida su frecuencia.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

11. A más tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC emitirá directrices sobre los importes básicos para la imposición de sanciones pecuniarias en relación con el volumen de negocios, desglosados por tipo de infracción y categoría de entidades obligadas.

Artículo 54 Medidas de supervisión relativas a los establecimientos de entidades obligadas y a determinadas actividades realizadas en régimen de libre prestación de servicios

1. En el caso de los establecimientos de entidades obligadas que, como tales, no se consideren entidades de crédito o entidades financieras o de tipos de infraestructura de entidades obligadas supervisadas por el supervisor del Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 38, apartado 1, serán de aplicación los apartados 2 a 5 del presente artículo.

2. Cuando los supervisores del Estado miembro de acogida detecten incumplimientos de los requisitos aplicables, solicitarán a las entidades obligadas que operen a través de los establecimientos o tipos de infraestructuras a que se refiere el apartado 1 que cumplan los requisitos aplicables e informen a los supervisores del Estado miembro de origen de las infracciones detectadas en dichas entidades obligadas y de la solicitud de cumplimiento.

3. Cuando las entidades obligadas no adopten las medidas necesarias, los supervisores del Estado miembro de acogida informarán de ello a los supervisores del Estado miembro de origen.

Los supervisores del Estado miembro de origen actuarán con prontitud y adoptarán todas las medidas adecuadas para garantizar que la entidad obligada de que se trate subsana las infracciones detectadas en sus establecimientos o tipos de infraestructuras en el Estado miembro de acogida. Los supervisores del Estado miembro de origen informarán a los supervisores del Estado miembro de acogida de cualquier medida adoptada en virtud del presente apartado.

4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, en situaciones de infracciones graves, reiteradas o sistemáticas por parte de entidades obligadas que operen a través de establecimientos u otros tipos de infraestructuras en su territorio a que se refiere el apartado 1 que requieran una solución inmediata, los supervisores del Estado miembro de acogida estarán autorizados, a iniciativa propia, a tomar medidas adecuadas y proporcionadas a fin de solventar dichas infracciones. Estas medidas serán temporales y concluirán una vez solventadas las infracciones detectadas, inclusive con la asistencia o cooperación de los supervisores del Estado miembro de origen de la entidad obligada.

Los Estados miembros velarán por que los supervisores del Estado miembro de acogida informen al supervisor del Estado miembro de origen de la entidad obligada inmediatamente después de la detección de las infracciones graves, reiteradas o sistemáticas y de la toma de cualquier medida con arreglo al párrafo primero, a menos que se tomen medidas en cooperación con los supervisores del Estado miembro de origen.

5. Si los supervisores de los Estados miembros de origen y de acogida están en desacuerdo sobre las medidas que deben tomarse en relación con una entidad obligada, pueden remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con los artículos 33 y 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitirá su dictamen [sobre el objeto del desacuerdo] en el plazo de un mes.

Artículo 55 Sanciones pecuniarias

1. Los Estados miembros velarán por que se impongan sanciones pecuniarias a las entidades obligadas que incurran en infracciones graves, reiteradas o sistemáticas -tanto si se producen intencionadamente o por negligencia- de los requisitos previstos en las siguientes disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1624:

• a) Capítulo II (Políticas, procedimientos y controles internos de las entidades obligadas);
• b) Capítulo III (Diligencia debida con respecto al cliente);
• c) Capítulo V (Obligaciones de información);
• d) Artículo 77 (Conservación de registros).

Los Estados miembros velarán asimismo por que puedan imponerse sanciones pecuniarias cuando las entidades obligadas no hayan cumplido las medidas administrativas que se les apliquen en virtud del artículo 56 de la presente Directiva o por infracciones que no sean graves, reiteradas o sistemáticas.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, las sanciones pecuniarias máximas que puedan imponerse asciendan, al menos, al doble del importe del beneficio derivado de la infracción, si ese beneficio puede determinarse, o al menos a 1 000 000 EUR, si esta última cifra es superior.

Para los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor a que se refiere el párrafo primero será el valor correspondiente en moneda nacional el 9 de julio de 2024.

3. Los Estados miembros velarán por que, como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, cuando la entidad obligada de que se trate sea una entidad de crédito o una entidad financiera, también puedan imponerse las siguientes sanciones pecuniarias:

• a) en el caso de las personas jurídicas, sanciones pecuniarias máximas de 10 000 000 EUR como mínimo o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a 9 de julio de 2024, o el 10 % del volumen de negocios anual total de acuerdo con las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de gestión, si esta última cifra es superior; si la entidad obligada es una sociedad matriz, o una filial de una empresa matriz que tenga que elaborar cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (44) , el volumen de negocios total pertinente será el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, de conformidad con el régimen pertinente en materia de contabilidad, según las últimas cuentas consolidadas disponibles aprobadas por el órgano de gestión de la empresa matriz última;
• b) en el caso de una persona física, sanciones pecuniarias máximas de al menos 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional el 9 de julio de 2024.

4. Los Estados miembros podrán facultar a las autoridades competentes para imponer sanciones pecuniarias que superen las cuantías a que se refieren los apartados 2 y 3.

5. Los Estados miembros velarán por que, al determinar el importe de la sanción pecuniaria, se tenga en cuenta la capacidad de la entidad obligada para pagar dicha sanción y por que, cuando la sanción pecuniaria pueda afectar al cumplimiento de la normativa prudencial, los supervisores consulten a las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de los actos jurídicos de la Unión pertinentes por parte de las entidades obligadas.

Artículo 56 Medidas administrativas

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores puedan aplicar medidas administrativas a una entidad obligada cuando identifiquen:

• a) infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, bien en combinación con sanciones pecuniarias por infracciones graves, reiteradas o sintomáticas, bien ellas solas;
• b) deficiencias en las políticas, los procedimientos y los controles internos de la entidad obligada que puedan dar lugar a las infracciones de los requisitos a que se refiere la letra a) y las medidas administrativas pueden impedir que dichas infracciones se produzcan o reducir el riesgo de que se produzcan;
• c) que la entidad obligada disponga de políticas, los procedimientos y los controles internos que no sean proporcionales a los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo a los que está expuesta la entidad.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores puedan, al menos:

• a) emitir recomendaciones;
• b) exigir a las entidades obligadas que cumplan la normativa, inclusive que apliquen medidas correctoras específicas;
• c) emitir una declaración pública que identifique a la persona física o jurídica y señale la naturaleza de la infracción;
• d) formular un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
• e) restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades que componen la entidad obligada, o exigir la cesión de actividades;
• f) cuando una entidad obligada esté sujeta a una autorización, retirar o suspender dicha autorización;
• g) exigir cambios en la estructura de gobernanza.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores, mediante las medidas administrativas a que se refiere el apartado 2, puedan en particular:

• a) requerir que se facilite cualquier información o dato necesarios para el desempeño de sus funciones de conformidad con el presente capítulo sin demora indebida, requerir la presentación de cualquier documento, o imponer obligaciones de comunicación adicionales o más frecuentes;
• b) exigir que se refuercen las políticas, los procedimientos y los controles internos;
• c) exigir a la entidad obligada que aplique una política o unos requisitos específicos en relación con categorías de clientes o clientes concretos, operaciones, actividades o canales de distribución que supongan un elevado riesgo;
• d) exigir la adopción de medidas para reducir el riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo inherente a las actividades y los productos de la entidad obligada;
• e) imponer una prohibición temporal contra cualquier persona que tenga responsabilidades de dirección en una entidad obligada, o cualquier otra persona física que haya sido considerada responsable de la infracción, que le impida ejercer funciones de dirección en entidades obligadas.

4. Las medidas administrativas a que se refiere el apartado 2 se acompañarán, cuando resulte pertinente, de plazos vinculantes para su aplicación. Los Estados miembros velarán por que los supervisores realicen un seguimiento y evalúen la aplicación por parte de la entidad obligada de las acciones requeridas.

5. Los Estados miembros podrán facultar a los supervisores para aplicar otros tipos de medidas administrativas, además de los mencionados en el apartado 2.

Artículo 57 Multas coercitivas

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando las entidades obligadas infrinjan las medidas administrativas aplicadas por el supervisor en virtud del artículo 56, apartado 2, letras b), d), e) y g), dentro de los plazos de aplicación, los supervisores puedan imponer multas coercitivas para obligar al cumplimiento de dichas medidas administrativas.

2. Las multas coercitivas establecidas serán efectivas y proporcionadas. Las multas coercitivas se impondrán hasta que la entidad obligada o la persona de que se trate cumpla las medidas administrativas pertinentes.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de las personas jurídicas, la cuantía de la multa coercitiva no excederá del 3 % de su volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso de las personas físicas, dicha cuantía no excederá del 2 % de su renta diaria media del año natural anterior.

4. Las multas coercitivas solo se impondrán por un plazo no superior a seis meses desde la decisión del supervisor. Cuando, al expirar dicho plazo, la entidad obligada aún no haya cumplido la medida administrativa, los Estados miembros velarán por que los supervisores puedan imponer multas coercitivas por un periodo adicional no superior a seis meses.

5. Los Estados miembros velarán por que la decisión por la que se imponga una multa coercitiva pueda adoptarse a partir de la fecha de aplicación de la medida administrativa.

La multa coercitiva se aplicará a partir de la fecha en que se adopte dicha decisión.

Artículo 58 Publicación de las sanciones pecuniarias, las medidas administrativas y las multas coercitivas

1. Los Estados miembros velarán por que los supervisores publiquen en su sitio web, en un formato accesible, las decisiones por las que se impongan las sanciones pecuniarias, se apliquen las medidas administrativas a que se refiere el artículo 56, apartado 2, letras c) a g), en virtud del artículo 56, apartado 1, letra a), o se impongan las multas coercitivas.

2. Los Estados miembros velarán por que el supervisor publique la decisión a que se refiere el apartado 1 inmediatamente después de que se haya informado de dichas decisiones a las personas responsables de las infracciones.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, cuando la publicación se refiera a medidas administrativas recurridas y que no tengan por objeto subsanar infracciones graves, reiteradas y sistemáticas, los Estados miembros podrán permitir aplazar la publicación de dichas medidas administrativas hasta la expiración del plazo para interponer un recurso.

Cuando la publicación se refiera a decisiones contra las que se haya interpuesto recurso, los supervisores publicarán también en su sitio web, inmediatamente, esa información y toda información posterior sobre un recurso y sobre el resultado de dicho recurso. Se publicará también toda decisión que anule una decisión previa de imponer una sanción pecuniaria, aplicar una medida administrativa o imponer una multa coercitiva.

3. La publicación incluirá como mínimo información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción, así como la identidad de las personas responsables y, para las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas, sus importes. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el presente párrafo a las decisiones de aplicar medidas administrativas que sean de carácter investigador, o que se hayan adoptado de conformidad con el artículo 56, apartado 2, letras a) y c).

Cuando los supervisores consideren que la publicación de la identidad de las personas responsables a que se refiere el párrafo primero o los datos personales de dichas personas resulta desproporcionada, tras una evaluación en cada caso, o que esa publicación pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, los supervisores:

• a) retrasarán la publicación de la decisión hasta el momento en que dejen de existir los motivos para no publicarla;
• b) publicarán la decisión de manera anónima de conformidad con el Derecho nacional, en caso de que dicha publicación anónima garantice la protección efectiva de los datos personales de que se trate; en ese caso, la publicación de los datos pertinentes podrá aplazarse por un período razonable si se prevé que en el transcurso de ese período dejarán de existir las razones para la publicación anónima;
• c) no publicarán en modo alguno la decisión si las opciones indicadas en las letras a) y b) se consideran insuficientes para garantizar una de las siguientes circunstancias:
  • i) que la estabilidad de los mercados financieros no se ponga en peligro,
  • ii) que la publicación de esas decisiones sea proporcionada con respecto a sanciones pecuniarias y medidas administrativas para infracciones que se consideren de menor importancia.

4. Los Estados miembros garantizarán que toda publicación conforme al presente artículo permanezca en el sitio web de los supervisores durante cinco años después de su publicación. No obstante, los datos personales que figuren en la publicación solo se mantendrán en el sitio web de los supervisores durante el tiempo que resulte necesario de acuerdo con las normas aplicables en materia de protección de datos y, en cualquier caso, por un período no superior a cinco años.

Artículo 59 Intercambio de información sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas

1. Los Estados miembros garantizarán que sus supervisores y, en su caso, la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores en su desempeño de las funciones de supervisión informen a la ALBC de todas las sanciones pecuniarias impuestas y medidas administrativas aplicadas de conformidad con la presente sección, inclusive de todo recurso en relación con ellas y sus resultados. Esa información también se compartirá con otros supervisores cuando la sanción pecuniaria o medida administrativa concierna a una entidad que lleve a cabo sus actividades en dos o más Estados miembros.

2. La ALBC mantendrá en su sitio web enlaces a las publicaciones realizadas por cada supervisor de las sanciones pecuniarias impuestas y medidas administrativas aplicadas de conformidad con el artículo 58, y mostrará el plazo durante el que cada Estado miembro publique las sanciones pecuniarias y medidas administrativas.

Artículo 60 Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes

1. La Directiva (UE) 2019/1937 se aplicará a la denuncia de infracciones de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 y la presente Directiva, así como a la protección de las personas que denuncian dichas infracciones y de las personas afectadas por dichas denuncias.

2. Las autoridades públicas que Las autoridades de supervisión serán las autoridades competentes para establecer canales de denuncia externa y para el seguimiento de las denuncias en la medida en que se refieran a los requisitos aplicables a las entidades obligadas, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1937.

3. Las autoridades públicas que vigilen a los organismos autorreguladores a que se refiere el artículo 52 serán las autoridades competentes para establecer canales de denuncia externa y para dar seguimiento a las denuncias de los organismos autorreguladores y su personal en la medida en que se refieran a los requisitos aplicables a los organismos autorreguladores en el ejercicio de las funciones de supervisión.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de supervisión del sector no financiero informen anualmente a la ALBC de lo siguiente:

• a) el número de denuncias recibidas de conformidad con el apartado 1 y la información sobre el porcentaje de denuncias a las que se les ha dado seguimiento o están en proceso de seguimiento, incluido si se han cerrado o siguen abiertas, y de las denuncias que hayan sido desestimadas;
• b) los tipos de irregularidades denunciadas;
• c) en caso de que se haya dado seguimiento a las denuncias, una descripción de las medidas adoptadas por el supervisor y, en el caso de las denuncias que sigan abiertas, las acciones que el supervisor tenga previsto adoptar;
• d) en caso de desestimación de las denuncias, las razones de tal desestimación.

Los informes anuales a que se refiere el párrafo primero no contendrá ninguna información sobre la identidad u ocupación de los denunciantes, ni ninguna otra información que podría llevar a su identificación.

Artículo 61 Disposiciones generales

1. Los Estados miembros velarán por que los responsables políticos, las UIF, los supervisores, incluida la ALBC, y otras autoridades competentes, así como las autoridades tributarias, dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinar a escala nacional la elaboración y la aplicación de las políticas y actividades destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y prevenir la no aplicación o elusión de sanciones financieras específicas, inclusive con el fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 8.

2. Con respecto a la información sobre la titularidad real recabada por las autoridades competentes de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y el capítulo II, sección 1, de la presente Directiva, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes puedan facilitar esa información a las autoridades competentes homólogas de otros Estados miembros o de terceros países de manera oportuna y gratuita.

3. Los Estados miembros no prohibirán el intercambio de información o de asistencia entre autoridades competentes y sus homólogas ni impondrán condiciones injustificadas o indebidamente restrictivas al respecto a los efectos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes no denieguen las solicitudes de asistencia por los motivos siguientes:

• a) se considera también que la solicitud afecta a cuestiones fiscales;
• b) el Derecho nacional exige a las entidades obligadas guardar el secreto o la confidencialidad, salvo en los casos en los que la información pertinente solicitada esté protegida por la prerrogativa de secreto profesional o en los que se aplique el secreto profesional legal, a tenor del artículo 70, apartado 2 del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) hay en curso una indagación, investigación, procedimiento o el análisis de la UIF en el Estado miembro requerido, salvo si la asistencia pudiera obstaculizar dicha indagación, investigación, procedimiento o análisis de la UIF;
• d) la naturaleza o el estatuto de la autoridad competente homóloga requirente difieren de los de la autoridad competente requerida.

Artículo 62 Comunicación de la lista de las autoridades competentes

1. Para facilitar y fomentar una cooperación efectiva y, en particular, el intercambio de información, los Estados miembros comunicarán a la Comisión y la ALBC:

• a) la lista de supervisores responsables de vigilar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del Reglamento (UE) 2024/1624, así como, cuando proceda, el nombre de la autoridad pública que vigile a los organismos autorreguladores en su desempeño de las funciones de supervisión en virtud de la presente Directiva, y sus datos de contacto;
• b) los datos de contacto de su UIF;
• c) la lista de las otras autoridades nacionales competentes.

2. A efectos del apartado 1, se proporcionarán los siguientes datos de contacto:

• a) un punto de contacto o, en su defecto, el nombre y el cargo de una persona de contacto;
• b) el correo electrónico y el número de teléfono del punto de contacto o, en su defecto, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono profesionales de la persona de contacto.

3. Los Estados miembros velarán por que la información facilitada a la Comisión y a la ALBC de conformidad con el apartado 1 se actualice en cuanto experimente modificaciones.

4. La ALBC publicará un registro de las autoridades a que se refiere el apartado 1 en su sitio web y facilitará el intercambio de la información a que se refiere el apartado 2 entre las autoridades competentes. Las autoridades incluidas en ese registro actuarán, en el marco de sus competencias, como punto de contacto para las autoridades competentes homólogas. Las UIF y las autoridades de supervisión también actuarán como punto de contacto para la ALBC.

Artículo 63 Cooperación con la ALBC

Las UIF y las autoridades de supervisión cooperarán con la ALBC y le facilitarán toda la información necesaria para permitirle llevar a cabo sus obligaciones con arreglo a la presente Directiva y a los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2024/1620.

Artículo 64 Cooperación en relación con las entidades de crédito o entidades financieras

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros, las UIF y las autoridades competentes para supervisar a las entidades de crédito o entidades financieras al amparo de otros actos jurídicos de la Unión cooperen entre sí estrechamente dentro de sus respectivas competencias y se faciliten entre sí información pertinente para desempeñar sus respectivas tareas. Dicha cooperación e intercambio de información no obstaculizarán las indagaciones, investigaciones, procedimientos o análisis de las UIF en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que se ubique el supervisor financiero o la autoridad a la que se confieran las competencias para supervisar a entidades de crédito o entidades financieras al amparo de otros actos jurídicos, y no afectarán a los requisitos de secreto profesional contempladas en el artículo 67, apartado 1.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que, si los supervisores financieros detectan deficiencias en el sistema de control interno en materia de LBC/LFT y en la aplicación de los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624 por parte de una entidad de crédito que incrementen de manera sustancial los riesgos a los que dicha entidad esté o podría estar expuesta, los supervisores financieros lo notifiquen de inmediato a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la autoridad o el organismo que supervise a la entidad de crédito de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, incluido el BCE actuando de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013.

En el caso de un posible aumento del riesgo, los supervisores financieros podrán cooperar y compartir información con las autoridades que supervisen a la entidad de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y elaborarán una evaluación común que el supervisor que haya enviado la notificación en primer lugar notificará a la ABE. También se informará a la ALBC de tales notificaciones.

3. Los Estados miembros garantizarán que, cuando los supervisores financieros observen que una entidad de crédito se ha negado a establecer o ha decidido poner fin a una relación de negocios, pero la diligencia debida con respecto al cliente documentada de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1624 no justifica dicha denegación, informen de ello a la autoridad responsable de asegurar el cumplimiento por parte de tal entidad de crédito de las Directivas 2014/92/UE o (UE) 2015/2366.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores financieros cooperen con las autoridades de resolución definidas en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE, o con las autoridades designadas definidas en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE.

Los supervisores financieros informarán a las autoridades mencionadas en el párrafo primero cuando, en el ejercicio de sus actividades de supervisión, detecten, por motivos relacionados con la LBC/LFT, cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) una mayor probabilidad de que los depósitos no estén disponibles;
• b) el riesgo de que se considere que una entidad de crédito o una entidad financiera es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el artículo 32, apartado 4, de la Directiva 2014/59/UE.

A petición de las autoridades a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, cuando exista una mayor probabilidad de que los depósitos no estén disponibles o el riesgo de que se considere que una entidad de crédito o una entidad financiera es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el artículo 32, apartado 4, de la Directiva 2014/59/UE, los supervisores financieros informarán a las autoridades de cualquier operación, cuenta o relación de negocios gestionada por dicha entidad de crédito o dicha entidad financiera que la UIF haya suspendido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.

5. Los supervisores financieros informarán a la ALBC con periodicidad anual sobre su cooperación con otras autoridades con arreglo al presente artículo, también sobre la participación de las UIF en dicha cooperación.

6. A más tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC, tras consultarlo con la ABE, emitirá directrices sobre la cooperación entre los supervisores financieros y las autoridades a que se refieren los apartados 2, 3 y 4, inclusive sobre el nivel de participación de las UIF en dicha cooperación.

Artículo 65 Cooperación en relación con los auditores

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores a cargo de los auditores y, cuando proceda, las autoridades públicas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al capítulo IV de la presente Directiva, su UIF y las autoridades públicas competentes para supervisar a los auditores legales y las sociedades de auditoría de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (45) y el artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (46) cooperen entre sí de manera estrecha, dentro de sus respectivas competencias, y se faciliten mutuamente información pertinente para llevar a cabo sus respectivas tareas.

Las autoridades a que se refiere el párrafo primero utilizarán la información confidencial intercambiada con arreglo al presente artículo solo para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente Directiva o los otros actos jurídicos de la Unión a que se refiere el párrafo primero y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados específicamente con el ejercicio de tales funciones.

2. Los Estados miembros podrán prohibir a las autoridades a que se refiere el apartado 1 que cooperen cuando dicha cooperación, incluido el intercambio de información, obstaculice las indagaciones, el análisis de la UIF, las investigaciones o los procedimientos en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que ubiquen las autoridades.

Artículo 66 Cooperación con las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras específicas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los supervisores, sus UIF y las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras específicas cooperen entre sí estrechamente dentro de sus respectivas competencias y se faciliten entre sí información pertinente para desempeñar sus respectivas tareas.

Las autoridades a que se refiere el párrafo primero utilizarán la información confidencial intercambiada con arreglo al presente artículo solo para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente Directiva o los otros actos jurídicos de la Unión y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados específicamente con el ejercicio de tales funciones.

2. Los Estados miembros podrán prohibir a las autoridades a que se refiere el apartado 1 que cooperen cuando dicha cooperación, incluido el intercambio de información, obstaculice las indagaciones, las investigaciones o los procedimientos en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que ubiquen las autoridades.

Artículo 67 Requisitos de secreto profesional

1. Los Estados miembros exigirán que todas las personas que trabajen o hayan trabajado para supervisores y las autoridades públicas a que se refiere el artículo 52, así como auditores o expertos que actúen por cuenta de dichos supervisores o autoridades, estén sujetos a la obligación de secreto profesional.

Sin perjuicio de los casos cubiertos por investigaciones y enjuiciamientos penales con arreglo al Derecho nacional y de la Unión y la información facilitada a las UIF de conformidad con los artículos 42 y 43, la información confidencial que las personas a que se refiere el párrafo primero reciban en el ejercicio de sus obligaciones en virtud de la presente Directiva solo podrá divulgarse en forma resumida o agregada, de manera que no pueda identificarse a las entidades obligadas en concreto.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo no impedirá el intercambio de información entre:

• a) los supervisores, ya se encuentren dentro de un Estado miembro o en diferentes Estados miembros, incluida la ALBC cuando desempeñe funciones de supervisión o las autoridades públicas a que se refiere el artículo 52 de la presente Directiva;
• b) los supervisores, junto con las autoridades públicas a que se refiere el artículo 52 de la presente Directiva, y las UIF;
• c) los supervisores, junto con las autoridades públicas a que se refiere el artículo 52 de la presente Directiva, y las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• d) los supervisores financieros y las autoridades a cargo de la supervisión de las entidades de crédito y entidades financieras de conformidad con otros actos jurídicos de la Unión en relación con la supervisión de entidades de crédito y entidades financieras, incluido el BCE actuando con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado miembro o en diferentes Estados miembros.

A los efectos del párrafo primero, letra c), del presente apartado el intercambio de información estará sujeto a los requisitos de secreto profesional previstos en el apartado 1.

3. Toda autoridad u organismo autorregulador que reciba información confidencial con arreglo al apartado 2 solo la utilizará:

• a) para cumplir sus obligaciones en virtud de la presente Directiva o de otros actos jurídicos de la Unión en el ámbito de la LBC/LFT, en materia de regulación y supervisión prudencial de las entidades de crédito y entidades financieras, incluida la imposición de sanciones;
• b) en los recursos contra las decisiones de la autoridad u organismo autorregulador, incluidos los procedimientos judiciales;
• c) en el marco de procedimientos judiciales incoados en virtud de disposiciones especiales establecidas en el Derecho de la Unión adoptado en el ámbito de la presente Directiva o en el ámbito de la regulación y supervisión prudencial de las entidades de crédito y entidades financieras.

Artículo 68 Intercambio de información entre los supervisores y con otras autoridades

1. A excepción de los casos previstos en el artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros autorizarán el intercambio de información entre:

• a) los supervisores y las autoridades públicas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al capítulo IV de la presente Directiva, ya se encuentren en el mismo Estado miembro o en Estados miembros diferentes;
• b) los supervisores y las autoridades responsables por ley de la supervisión de los mercados financieros, en el desempeño de sus respectivas funciones de supervisión;
• c) los supervisores a cargo de los auditores y, cuando proceda, las autoridades públicas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al capítulo IV de la presente Directiva, y las autoridades públicas competentes para supervisar a los auditores legales y las sociedades de auditoría de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2006/43/CE y el artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, incluidas las autoridades ubicadas en otros Estados miembros.

Los requisitos de secreto profesional establecidos en el artículo 67, apartados 1 y 3, no impedirán el intercambio de información a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.

La información confidencial intercambiada con arreglo al presente apartado solo se utilizará para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades interesadas, y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados específicamente con el ejercicio de tales funciones. La información recibida quedará sujeta en cualquier caso a requisitos de secreto profesional equivalentes como mínimo a los contemplados en el artículo 67, apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán autorizar la divulgación de determinada información a otras autoridades nacionales responsables por ley de la supervisión de los mercados financieros o a las que se hayan atribuido responsabilidades de lucho o investigación en relación con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo. Los requisitos de secreto profesional previstos en el artículo 67, apartados 1 y 3, no impedirán tal divulgación.

Sin embargo, la información confidencial intercambiada conforme al presente apartado se utilizará únicamente para la realización de las tareas legales de las autoridades de que se trate. Las personas que tengan acceso a dicha información estarán sometidas a requisitos de secreto profesional equivalentes como mínimo a los contemplados en el artículo 67, apartado 1.

3. Los Estados miembros podrán autorizar la divulgación de determinada información relativa a la supervisión de las entidades obligadas con miras al cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1624 a comisiones de investigación parlamentarias, tribunales de cuentas y otros organismos encargados de indagaciones en su Estado miembro, con arreglo a las condiciones siguientes:

• a) que dichos organismos tengan un mandato preciso, en virtud del Derecho nacional, para investigar o controlar las acciones de los supervisores o las autoridades responsables de la legislación en materia de supervisión;
• b) que la información sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del mandato mencionado en la letra a);
• c) que las personas que tengan acceso a la información estén sujetas en virtud del Derecho nacional a requisitos de secreto profesional equivalentes como mínimo a los contemplados en el apartado 1;
• d) cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, que no se divulgue sin el consentimiento expreso del supervisor que la haya divulgado, y únicamente con la finalidad para la que dicho supervisor haya dado su consentimiento.

Los Estados miembros también podrán autorizar la divulgación de información con arreglo al párrafo primero del presente apartado a las comisiones temporales de investigación creadas por el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 226 del TFUE y el artículo 2 de la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (47) , cuando dicha divulgación sea necesaria para el desempeño de las actividades de dichas comisiones.

Artículo 69 Directrices de cooperación en materia de LBC/LFT

A más tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC, en cooperación con el BCE, las Autoridades Europeas de Supervisión, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea, emitirá directrices sobre:

• a) la cooperación entre autoridades competentes al amparo de la sección 1 del presente capítulo, así como con las autoridades a que se refiere la sección 2 del presente capítulo y las autoridades a cargo de los registros centrales a fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
• b) los procedimientos que deben emplear las autoridades competentes para la supervisión o la vigilancia de las entidades obligadas con arreglo a otros actos jurídicos de la Unión a fin de tener en cuenta las inquietudes en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con estos actos jurídicos de la Unión.

Artículo 70 Tratamiento de determinadas categorías de datos personales

1. En la medida en que sea necesario a efectos de la presente Directiva, las autoridades competentes podrán tratar las categorías especiales de datos personales a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 de dicho Reglamento, sujetos a las garantías apropiadas de los derechos y libertades del interesado, además de las siguientes garantías:

• a) tales datos solo serán tratados, caso por caso, por el personal de cada autoridad competente al que se haya designado y autorizado específicamente para llevar a cabo esas tareas;
• b) el personal de las autoridades competentes observará unas estrictas normas profesionales en materia de confidencialidad y protección de datos, tendrá un elevado nivel de integridad y estará debidamente cualificado, en particular, en relación con la utilización ética de los conjuntos de macrodatos;
• c) existirán medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos con arreglo a estrictas normas tecnológicas.

2. Las garantías a que se refiere el apartado 1 del presente artículo también se aplicarán al tratamiento por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, a efectos de la presente Directiva, de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 y de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 11 de dicho Reglamento.

Artículo 71 Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 9 de julio de 2024.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10 podrán ser revocados en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 72 Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establecido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2023/1113. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 73 Gestión transitoria de FIU.net

A más tardar el 10 de julio de 2027, la Comisión transferirá a la ALBC la gestión de FIU.net.

Hasta completar dicha transferencia, la Comisión prestará la asistencia necesaria para el funcionamiento de FIU.net y el intercambio de información entre las UIF dentro de la Unión. Para ello, la Comisión celebrará reuniones periódicas de la Plataforma de UIF de la UE, compuesta de representantes de las UIF de los Estados miembros a fin de vigilar el funcionamiento de FIU.net.

Artículo 74 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue:

• 1) En el artículo 30, apartado 5, los párrafos primero y segundo, se sustituyen por el texto siguiente:

  « 5. Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de:

  • a) las autoridades competentes y las UIF, sin restricción alguna;
  • b) las entidades obligadas, en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el capítulo II;
  • c) cualquier persona u organización que pueda acreditar un interés legítimo.

  Se permitirá a las personas y organizaciones a que se refiere la letra c) del párrafo primero el acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.».

  LE0000554279_20191230
• 2) En el artículo 31, apartado 4, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:

  « 4. Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo se ponga en todos los casos a disposición de:

  • a) las autoridades competentes y las UIF, sin restricción alguna;
  • b) las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida de conformidad con el capítulo II;
  • c) toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo.

  La información accesible a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el párrafo primero, letra c), consistirá en el nombre y apellidos, el mes y año de nacimiento y el país de residencia y la nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.».

  LE0000554279_20191230

Artículo 75 Modificación de la Directiva (UE) 2019/1937

En la Directiva (UE) 2019/1937, anexo, parte II, sección A, punto 2, se añade el inciso siguiente:

LE0000654504_20240311

Artículo 76 Revisión

A más tardar el 10 de julio de 2032 y, a continuación, cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 77 Derogación

Queda derogada la Directiva (UE) 2015/849 con efectos a partir del 10 de julio de 2027.

Las referencias a la Directiva derogada se interpretarán como referencias a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2024/1624 y se entenderá de conformidad con la tabla de correspondencias del anexo de la presente Directiva.

LE0000554279_20191230

Artículo 78 Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 10 de julio de 2027, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 74 a más tardar el 10 de julio de 2025 a los artículos 11, 12, 13 y 15 a más tardar el 10 de julio de 2026, y al artículo 18 a más tardar el 10 de julio de 2029.

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el presente apartado, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 79 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 80 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.