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Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. | |
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
El cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2008, hace conveniente la adopción de un conjunto de medidas normativas. De este modo, la presente Ley contiene la regulación de una serie de materias vinculadas a la consecución de los citados objetivos, cuyo contenido esencial lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria, si bien, se incluyen también otras medidas de carácter administrativo que afectan fundamentalmente al régimen presupuestario, de subvenciones, gestión de recursos humanos y organización administrativa.
I
El capítulo I contiene las medidas tributarias derivadas de las competencias normativas otorgadas a la Comunidad de Madrid, en relación con los tributos estatales cedidos, por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y, en relación con los tributos propios, por los artículos 157 de la Constitución Española y 17.b de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se deflacta en un 2 % la tarifa aprobada en la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, igualando los tramos de la base imponible de dicha tarifa a los aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008.
Además de esta medida, se mantienen las deducciones aplicables sobre la cuota íntegra autonómica, que han estado vigentes durante 2007.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene el mínimo exento general establecido para la Comunidad de Madrid en la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y se reduce la tarifa del impuesto, con lo que se pretende minorar la presión fiscal del patrimonio de los madrileños en consonancia con el carácter extraordinario del tributo y con la regulación llevada a cabo en los últimos años en otros países de nuestro entorno.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se mantienen las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones mortis causa, la tarifa, los coeficientes correctores de la cuota, y las bonificaciones en cuota vigentes durante el año 2007.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se mantienen los tipos impositivos aplicables a las transmisiones de inmuebles en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas y a los documentos notariales en la modalidad Actos Jurídicos Documentados vigentes durante el año 2007.
En la tributación sobre el juego, con el fin de racionalizar los gravámenes sobre el bingo y mejorar su gestión, se derogan el Impuesto sobre los Premios del Bingo y el Impuesto sobre la modalidad de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar Simultáneos-Bingo Simultáneo y se ajusta en la cuantía necesaria el tipo de gravamen de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo aplicable también al Bingo Simultáneo.
En relación a las Tasas y Precios Públicos se establecen dos nuevas tasas en materia de vivienda, se modifican las tarifas de diversas tasas en materia de juego, industria, transporte y sanidad y se suprime una tarifa en materia de juego.
II
El capítulo II contiene modificaciones normativas de diversa naturaleza que se insertan en los diferentes ámbitos que abarca la actuación de la Administración pública, cuya justificación se encuentra en los motivos que a continuación se exponen.
Mediante la modificación de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se dota de un tratamiento unitario a los gastos plurianuales de las letras b y h del apartado 2 del artículo 55 de la citada Ley, al objeto de unificar el cálculo del límite de porcentaje aplicable a ejercicios futuros.
Por su parte, la modificación de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, actualiza la regulación de las garantías en los supuestos de pagos anticipados con el fin de facilitar su aportación por parte de los interesados, así como agilizar el procedimiento de incautación de las mismas.
En materia de personal se regula el derecho de los funcionarios interinos al reconocimiento de los servicios que presten en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entidades de Derecho público y entes del sector público de ella dependientes, a efectos del percibo de trienios.
Finalmente, con el fin de agilizar la tramitación de determinadas modificaciones del planeamiento urbanístico, se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
III
En el capítulo III se regulan algunas medidas relativas a organismos públicos de la Comunidad de Madrid.
En materia de emigración, se crea la Agencia Madrileña para la Emigración, ente de Derecho público responsable del desarrollo de las políticas de la Comunidad de Madrid en relación con los madrileños residentes en el extranjero y los que decidan regresar, al que se adscriben el Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero y el Consejo de Madrileños en el Extranjero.
Además, y como instrumento fundamental de coordinación y planificación de dichas políticas, se prevé un Plan de Ayuda para la Emigración que, con carácter bienal, defina los objetivos y concrete las acciones que se consideren prioritarias en esta materia.
La creación de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, para la gestión y explotación centralizada de los servicios de diagnóstico y tratamiento que conlleven la aplicación de alta tecnología sanitaria, responde al propósito de alcanzar una prestación de servicios de alta calidad, que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios, basada en la evidencia científica y en una importante dotación tecnológica, así como en un modelo organizativo más ágil, eficaz y eficiente.
También, a efectos de alcanzar formas cada vez más ágiles y eficientes en la gestión del sistema sanitario, se prevé la posibilidad de dotar de personalidad jurídica y de autonomía económico financiera no sólo a los hospitales de la Comunidad de Madrid, sino también a otros centros, órganos o unidades del ámbito sanitario.
Se introduce una remodelación parcial de las competencias de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario, a fin de permitir la extensión a dicho ámbito de determinados servicios comunes que, por sus características, deben ser uniformes y homogéneos para la totalidad del ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, se recoge dentro de una disposición adicional la formación del profesorado en el aprendizaje de las lenguas europeas para la ejecución de los programas de la enseñanza bilingüe.
Artículo 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Artículo 2. Impuesto sobre el Patrimonio.
Artículo 3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 5. Tributos sobre el juego.
Artículo 6. Modificación parcial del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.
Con efectos a partir de 1 de enero del año 2008, se modifica, en los términos que a continuación se detallan, el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.
Uno. Dentro del artículo 19, se modifica su apartado 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
No obstante lo previsto en el apartado anterior, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas corresponde a las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos competentes por razón de la materia, salvo que las deudas se hallen en período ejecutivo, en cuyo caso la competencia reside en la Consejería de Hacienda.
Dos. Dentro del artículo 31, se modifica el párrafo segundo de su apartado 1, que pasa a tener la siguiente redacción:
No obstante, la gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos corresponde a los Centros Gestores de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos competentes por razón de la materia, salvo que las deudas se hallen en período ejecutivo, en cuyo caso la competencia reside en la Consejería de Hacienda.
Tres. Se modifica el artículo 32.1, en el siguiente sentido:
El epígrafe F pasa a tener la siguiente denominación:
Tasas en materia de edificación, obras públicas y vivienda.
El apartado F pasa a tener el siguiente contenido:
Tasas en materia de edificación, obras públicas y vivienda:
La tasa sobre acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación y las obras públicas, regulada en el Capítulo XXIV de este Título.
La tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida, regulada en el Capítulo LXXVIII de este Título.
La tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, regulada en el Capítulo LXXIX de este Título.
Cuatro. Se modifica el artículo 32.1, letra T, modificándose la referencia a la tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública, quedando redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
La tasa por inspecciones o auditorias y autorizaciones administrativas de Salud Pública, regulada en el Capítulo LVIII de este Título.
Cinco. Dentro de la Tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego, regulada en el Capítulo V del Título IV, se modifica el artículo 56, Tarifas, en el siguiente sentido:
Se suprime la tarifa 5.03, por Acreditaciones profesionales.
Se modifica el título de la tarifa 5.04, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
Tarifa 5.04. Expedición de autorizaciones y permisos de máquinas recreativas, recreativas con premio y de azar y de máquinas auxiliares de apuestas.
Se introducen dos nuevas subtarifas en la tarifa 5.04, con el siguiente tenor literal:
504.9. Autorización de explotación de máquinas recreativas y de juego: 16,12 euros.
504.10. Renovación de la autorización de explotación de máquinas recreativas y de juego: 16,12 euros.
Se crean dos nuevas tarifas, con el siguiente tenor literal:
Tarifa 5.13. Expedición de autorizaciones para la organización y comercialización de apuestas.
513.1. Autorización para la organización y comercialización de apuestas: 281,65 euros.
513.2. Renovación, modificación o transmisión de la autorización para la organización y comercialización de apuestas: 85,51 euros.
Tarifa 5.14. Expedición de autorizaciones para la organización y comercialización de juegos y apuestas por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia.
514.1. Autorización para la organización y comercialización de juegos por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia: 281,65 euros.
514.2. Renovación, modificación o transmisión de la autorización para la organización y comercialización de juegos por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia: 85,51 euros.
Seis. Dentro de la Tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión, regulada en el Capítulo VII del Título IV, se modifican los artículos 65, 66 y 67, que quedan redactados de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Artículo 65. Establecimiento.
Se establece una tasa por la emisión del informe a que hace referencia el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 66. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión, a solicitud de los interesados y a los efectos de los tributos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, de informes sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión, salvo que estos se obtengan directamente por los medios telemáticos que a tal efecto establezca la Comunidad de Madrid.
Artículo 67. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten de la Administración de la Comunidad de Madrid la práctica de la actividad administrativa que integra su hecho imponible.
Siete. Dentro de la Tasa por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras regulada en el Capítulo IX del Título IV, y dentro del artículo 79:
Se adicionan dentro de la tarifa 9.18 Instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico e instalaciones radiactivas, tres nuevas subtarifas, con el siguiente tenor literal:
918.7. Solicitud de baja de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico: 33,51 euros.
918.8. Solicitud de baja de instalaciones de rayos X en el registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico: 33,51 euros.
918.9. Tramitación de traslados intracomunitarios de sustancias radiactivas: 19,40 euros.
Se adiciona una nueva tarifa 9.20, con el siguiente tenor literal:
Tarifa 9.20. Registro de instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación y para suministro a vehículos.
920.1. Tramitación de expedientes singulares: 27 euros.
920.2. Tramitación de expedientes con memoria: 18 euros.
Se adiciona una nueva tarifa 9.21, con el siguiente tenor literal:
Tarifa 9.21. Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, Sección de Producción en Régimen Especial.
921.1. Solicitud de inclusión en el régimen especial: 33,51 euros.
921.2. Solicitud de inscripción previa: 33,51 euros.
921.3. Solicitud de inscripción definitiva: 33,51 euros.
921.4. Modificaciones y cambios de titularidad: 33,51 euros.
Ocho. Dentro de la Tasa por inspección técnica y emisión de certificados de características de vehículos, regulada en el Capítulo X del Título IV, y dentro del artículo 85:
Se modifica, dentro de la tarifa 10.01 Inspecciones Técnicas, la subtarifa 1001.4, que queda redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
1001.4. Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 25,69 euros.
Se modifican, dentro de la tarifa 10.02 Inspecciones previas a matriculación de vehículos procedentes de la Unión Europea o importados, incluidos los traslados de residencia, las subtarifas 1002.1 y 1002.2, que quedan redactadas de acuerdo con el siguiente tenor literal:
1002.1. Vehículos de cualquier tipo, excepto motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 136,95 euros.
1002.2. Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 25,69 euros.
Nueve. Dentro de la Tasa por la ordenación del transporte, regulada en el Capítulo XXII del Título IV, y dentro del artículo 139:
Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Tarifa 22.07. Solicitud de emisión de tarjeta de tacógrafo digital.
2207.1. Emisión de tarjeta de tacógrafo digital: 30 euros.
Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Tarifa 22.08. Solicitud de servicios para la cualificación inicial y formación continua de conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio):
2208.1. Homologación/Autorización de Centros de Formación: 240 euros.
2208.2. Homologación de Cursos de Formación: 91,80 euros.
2208.3. Exámenes de cualificación conductores: 29,27 euros.
2208.4. Expedición del certificado de aptitud profesional: 19 euros.
2208.5. Otorgamiento y renovación de Tarjetas de Conductor Profesional: 31,23 euros.
Diez. Dentro de la Tasa por autorizaciones/homologaciones de centros sanitarios, certificaciones, acreditaciones sanitarias y homologaciones del personal de transporte sanitario, regulada en el Capítulo LIV del Título IV, se modifica, en su artículo 272, la denominación de la Tarifa 54.05 (manteniéndose la actual redacción de sus dos subtarifas 5405.1 y 5405.2), quedando redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
54.05. Centros de Diagnóstico Analítico.
Once. Se modifica la Tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública, regulada en el Capítulo LVIII del Título IV, quedando redactada con el siguiente tenor literal:
CAPÍTULO LVIII.
58. TASA POR INSPECCIONES O AUDITORÍAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD PÚBLICA.
Artículo 287. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ejecución de inspecciones o auditorías con la correspondiente emisión de informes por parte del personal destacado por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid a petición del sujeto pasivo, y la concesión de la autorización administrativa por la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Artículo 288. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la práctica de las actuaciones administrativas que integran el hecho imponible.
Artículo 289. Tarifas.
Tarifa 58.01. Por cada inspección o auditoría en empresas alimentarias, mayoristas, laboratorios u otros establecimientos en el ámbito de la Salud Pública: 56 euros.
Tarifa 58.02. Por cada autorización concedida: 10 euros.
Artículo 290. Devengo y autoliquidación.
La tasa se devenga con la presentación de la solicitud, momento en que los sujetos pasivos deberán autoliquidar e ingresar la tasa en la forma y condiciones que se determinen mediante orden del Consejero de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda. Mientras no se haya efectuado el pago correspondiente, no se llevarán a cabo actuaciones por parte del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ni se expedirá la autorización por la Dirección General de Salud Pública y Alimentación.
Doce. Se modifican las Tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, reguladas en el Capítulo LIX del Título IV, dando nueva redacción a los artículos 291 a 301, ambos inclusive y quedando sin contenido los artículos 302 y 303; todo ello de acuerdo con el siguiente tenor literal:
CAPÍTULO LIX.
59. TASA POR INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS.
Artículo 291. Objeto del tributo.
La Tasa grava las inspecciones y controles veterinarios de animales y sus productos.
Dichos controles e inspecciones serán los realizados por los técnicos facultativos destacados por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en las siguientes operaciones:
Sacrificio de animales.
Despiece de las canales.
Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
Toma de muestras para investigaciones analíticas rutinarias o programadas.
Investigaciones analíticas a efectuar "in situ".
Retención de canales y despojos hasta la obtención de resultados analíticos.
Artículo 292. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa las actividades realizadas por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas al consumo humano, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos destacados por dicho Instituto, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, despiece y almacenamiento frigorífico, sitos en el territorio de la Comunidad, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.
2. A efectos de la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma:
Inspecciones y controles sanitarios "ante mortem" para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y otros rumiantes, conejos y caza de cría y caza silvestre, solípedos/équidos y aves de corral.
Inspecciones y controles sanitarios "post mortem" de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
Control documental de la información de la cadena alimentaria y del resto de las operaciones realizadas en el establecimiento.
El control y, en su caso, estampillado de las canales, vísceras y despojos, destinados al consumo humano, así como el marcado o marchamado de las piezas obtenidas en las salas de despiece.
Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, en aquellos supuestos que, por motivos de salud pública o de sanidad animal, deban ser objeto de intervención sanitaria.
Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente así como cualquier prueba analítica necesaria para garantizar la aptitud para el consumo humano de la carne fresca.
Artículo 293. Lugar de realización del hecho imponible.
El hecho imponible se realiza en el lugar donde radique el establecimiento en el que se sacrifiquen los animales, se despiecen los canales y, en su caso, se almacenen las carnes o se realicen las demás operaciones relacionadas en el artículo 291.
Artículo 294. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que:
En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales "ante mortem" y "post mortem" de los animales sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se lleva a cabo el sacrificio, o se practique la inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
En las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:
Las mismas personas determinadas en el párrafo anterior cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.
En las tasas relativas a control de almacenamiento de carnes, y en los supuestos indicados en el párrafo e del artículo 292.2, las personas físicas o jurídicas titulares de los citados establecimientos.
Artículo 295. Responsables.
Serán responsables subsidiarios, en los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los administradores de hecho o de derecho de las sociedades y los integrantes de la administración concursal, y los liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando sus administradas hayan incurrido en la realización del hecho imponible.
Artículo 296. Cuota tributaria de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas (tasa 59.01).
1. La cuota tributaria se exigirá por cada una de las operaciones relativas a:
Sacrificio de animales.
Operaciones de despiece.
Control de almacenamiento.
2. Las cuotas tributarias relativas a la inspección y control "ante mortem" y "post mortem", control documental de las operaciones realizadas, del estampillado de las canales, vísceras y despojos y, en su caso, toma de muestras para investigaciones analíticas de rutina o programadas con inclusión del control de sustancias y residuos.
Las cuotas aplicables a la inspección sanitaria de mataderos son:
Carnes de vacuno:
Mayor de 218 kilogramos de peso por canal: 5 euros/animal.
Menor de 218 kilogramos de peso por canal: 2 euros/animal.
Solípedos/équidos: 3 euros/animal.
Carne de porcino: animales de un solo canal:
De menos de 25 kilogramos: 0,50 euros/animal.
Superior o igual a 25 kilogramos: 1 euro/animal.
Carne de ovino y de caprino: Animales de un peso en canal:
De menos de 12 kilogramos: 0,15 euros/animal.
Superior o igual a 12 kilogramos: 0,25 euros/animal.
Carne de aves:
Aves del género Gallusy pintadas: 0,005 euros/animal.
Patos y ocas: 0,01 euros/animal.
Pavos: 0,025 euros/animal.
Carne de conejo de granja: 0,005 euros/animal.
3. Las cuotas tributarias relativas a la inspección y control de la actividad del despiece de canales, control documental de las operaciones realizadas, del marcado sanitario de carne y, en su caso, toma de muestras para investigaciones analíticas de rutina o programadas.
Las cuotas aplicables a los controles de las salas de despiece son:
Por tonelada de carne:
De vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y caprino: 2 euros.
De aves y conejos de granja: 1,50 euros.
De caza, silvestre y de cría:
De caza menor de pluma y de pelo: 1,50 euros.
De ratites (avestruz, emú, ñandú): 3 euros.
De verracos y rumiantes: 2 euros.
4. Las cuotas tributarias relativas a la inspección y control "post mortem", control documental de las operaciones realizadas, del estampillado de las canales, vísceras y despojos y, en su caso, toma de muestras para investigaciones analíticas de rutina o programadas con inclusión del control de sustancias y residuos.
Importes aplicables a las instalaciones de transformación de la caza:
Caza menor de pluma: 0,005 euros/animal.
Caza menor de pelo: 0,01 euros/animal.
Ratites: 0,50 euros/animal.
Mamíferos terrestres:
Jabalíes: 1,50 euros/animal.
Rumiantes: 0,50 euros/animal.
5. En el caso de que en un mismo establecimiento se efectúen operaciones de sacrificio y despiece, se percibirá la tasa correspondiente a cada una de las operaciones.
6. Para los titulares de establecimientos dedicados al sacrificio de aves de corral y lagomorfos que, previa autorización de la Autoridad competente y bajo supervisión del veterinario oficial, posibiliten que miembros de su personal presten asistencia en los controles oficiales mediante la realización de determinadas pruebas específicas en relación con la producción de carne de aves de corral y lagomorfos, la cuota se verá reducida en un 30 %.
7. Los titulares de establecimientos dedicados al sacrificio de ganado tendrán una deducción en el importe de la tasa del 40 % cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
A su vez, los titulares de establecimientos dedicados al despiece de canales tendrán una deducción en el importe de la tasa del 50 % cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Artículo 297. Otras cuotas de la tasa.
Tarifas aplicables a la producción y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura:
Primera comercialización de la pesca y de la acuicultura:
1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
0,50 euros por tonelada a continuación.
Primera venta en lonja o mercado mayorista:
0,50 euros por tonelada de cada mes.
0,25 euros por tonelada a continuación.
Primera venta en caso de falta o de gradación insuficiente de frescura o de tamaño de conformidad con el Reglamento (CEE) número 103/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establecen las normas comunes de comercialización para ciertos pescados frescos o refrigerados, y con el Reglamento (CEE) número 104/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establecen normas comunes de comercialización para las quisquillas del tipo "Crangon spp.":
1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
0,50 euros por tonelada a continuación.
En todo caso para las especies a que se refiere el anexo II del Reglamento (CEE) número 3703/85, de 23 de diciembre de 1985, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de comercialización para determinados pescados frescos o refrigerados, no excederá de 50 euros por remesa.
Productos de la pesca y de la acuicultura transformados: 0,50 euros por tonelada.
Los titulares de los establecimientos dedicados a la producción y comercialización de productos de la pesca y de acuicultura, tendrán una deducción en el importe de la tasa del 50 % cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Artículo 298. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se llevan a cabo las actividades de inspección, control sanitario de animales y sus productos en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas.
Artículo 299. Declaración y autoliquidación.
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración dentro de los quince primeros días de cada mes relativa al objeto tributario en cuyos hechos imponibles hayan incurrido a lo largo del mes anterior, cuantificando en la misma la deuda tributaria.
2. Simultáneamente a la presentación de la declaración contenida en el punto anterior de este artículo, los sujetos pasivos practicarán una autoliquidación e ingresarán la cuota resultante.
3. Los modelos de declaración y de autoliquidación se determinarán mediante Orden del Consejero de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda.
4. En términos que se establezcan mediante Orden del Consejero de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, los servicios del Instituto de Salud Pública deberán practicar la liquidación provisional de oficio si el sujeto pasivo no cumple su obligación de declarar y/o autoliquidar la tasa correctamente en los plazos establecidos o no atiende el requerimiento de la Administración para la presentación de la autoliquidación mencionada, todo ello sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador, si procede. Esta liquidación provisional determina la deuda tributaria estimada, teniendo en cuenta los datos, los elementos, los antecedentes o los signos de que disponga la Administración.
Artículo 300. Repercusión de la tasa.
Los sujetos pasivos podrán repercutir íntegramente la tasa hasta los comercializadores finales de la carne, con los requisitos formales y temporales que se determinen por orden del Consejero de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda.
Artículo 301. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Sobre las cuotas que resulten a ingresar por los sujetos pasivos no se concederá exención, reducción o bonificación alguna.
Trece. Se establece una nueva tasa por actuaciones administrativas en materia de vivienda protegida, en el Capítulo LXXVIII del Título IV, con el siguiente tenor literal:
CAPÍTULO LXXVIII.
78. TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Artículo 392. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por parte de la Comunidad de Madrid de las siguientes actividades:
El examen de la documentación técnica y jurídica, emisión de informes y, en su caso, inspección de obras, para el otorgamiento de la calificación provisional y la calificación definitiva de actividades protegibles en materia de vivienda conforme a la legislación vigente.
El visado de contratos de compraventa y contratos de arrendamiento de viviendas protegidas conforme a la legislación vigente.
El examen de la documentación técnica y jurídica y emisión de los informes necesarios para otorgar autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de viviendas protegidas conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 393. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa:
En el caso de la solicitud de calificación provisional y calificación definitiva de actividades protegibles en materia de vivienda, las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que, actuando como promotores de proyectos de obras u otras actuaciones protegibles, soliciten la calificación provisional y la calificación definitiva de obras de nueva construcción, rehabilitación o cualquier otra actividad integrante del hecho imponible o, no siendo precisa la solicitud, resulten destinatarias de la actuación administrativa.
En el caso de la solicitud de visado de contratos de compraventa o arrendamiento de vivienda protegida, así como en el caso de la solicitud de autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de vivienda protegida, aquellas personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, conforme a la legislación vigente, dicha actuación administrativa o, no siendo precisa la solicitud, resulten destinatarias de la actuación administrativa.
Artículo 394. Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 78.01. Calificaciones de actividades protegidas en materia de vivienda.
7801.1. Calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva construcción. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,12 % a la cantidad resultante de multiplicar la superficie útil de la vivienda (incluidos anejos) o edificación objeto de calificación provisional por el módulo de venta aplicable atendiendo a la tipología de la vivienda y a la zona geográfica correspondiente, conforme a la normativa que fija los precios, vigente en el momento de presentar la solicitud de calificación provisional.
7801.2. Calificación definitiva de viviendas con protección pública de nueva construcción. Se abonará en todo caso 10 euros (cantidad fija) con motivo de la solicitud de calificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento de la superficie útil prevista inicialmente, se girará una liquidación complementaria (cantidad variable) aplicando, para dicho exceso, el mismo porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, sobre la base resultante obtenida también según los criterios allí determinados.
7801.3. Calificación provisional de obras de rehabilitación y demás actuaciones protegibles. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,12 % sobre el presupuesto protegido de dichas obras o actuaciones.
7801.4. Calificación definitiva de obras de rehabilitación y demás actuaciones protegibles. Se abonará en todo caso 20 euros (cantidad fija) con motivo de la solicitud de calificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento del presupuesto previsto inicialmente, se girará una liquidación complementaria (cantidad variable) aplicando, para dicho exceso de presupuesto, el mismo porcentaje a que se refiere el párrafo anterior.
Tarifa 78.02. Visados de contratos de compraventa y contratos de arrendamiento: 20 euros.
Tarifa 78.03. Autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de viviendas protegidas: 47,87 euros.
Artículo 395. Devengo.
La tasa se devenga en el momento de presentar la solicitud de actuación administrativa o acordarse de oficio la misma, que no se iniciará hasta tanto no se haya efectuado el pago correspondiente.
Catorce. Se establece una nueva tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, en el Capítulo LXXIX del Título IV, con el siguiente tenor literal:
CAPÍTULO LXXIX.
79. TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.
Artículo 396. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
La prestación de los servicios y actividades administrativas referentes al reconocimiento de la aptitud de las empresas, entidades y profesionales para la realización de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, y que incluye:
La inspección previa a la acreditación o renovación.
La acreditación o renovación.
La inspección de seguimiento.
La inscripción, en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios, de las certificaciones provisionales de eficiencia energética de los proyectos de obra nueva o rehabilitación de viviendas y edificios, o parte de los mismos, y de las certificaciones definitivas de eficiencia energética de viviendas y edificios, o parte de los mismos, construidos o rehabilitados, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 397. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la acreditación para constituirse en entidades certificadoras de eficiencia energética, y su inscripción en el Registro Público de Entidades Certificadoras de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios, y aquellos que soliciten la inscripción de la certificación provisional y la certificación definitiva de eficiencia energética de viviendas y edificios, o parte de los mismos, en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios.
Artículo 398. Tarifas.
1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 79.01. Acreditación de entidades certificadoras de eficiencia energética de viviendas y edificios y su inscripción en el Registro Público de Entidades Certificadoras de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios.
7901.1. Por la inspección previa a la acreditación o renovación: 328,24 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la acreditación de las dos áreas: 492,30 euros.
7901.2. Por la acreditación o renovación: 562,75 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la acreditación o renovación de las dos áreas: 860,87 euros.
7901.3. Por inspección de seguimiento: 328,24 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la inspección de las dos áreas: 492,30 euros.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo:
La primera área se corresponde con la acreditación para certificar la eficiencia energética de viviendas colectivas y unifamiliares.
La segunda área se corresponde con la acreditación para certificar la eficiencia energética de edificios, o parte de los edificios, de carácter agrícola o industrial (salvo en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales), terciarios y dotacionales.
Tarifa 79.02. Inscripción de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios.
7902.1. Por vivienda colectiva: La superficie construida de la vivienda multiplicada por el coeficiente multiplicador 1. En todo caso, la tarifa mínima a devengar será de 75 euros y la máxima de 175 euros.
7902.2. Por vivienda unifamiliar: La superficie construida de la vivienda multiplicada por el coeficiente multiplicador 1,3. En todo caso, la tarifa mínima a devengar será de 90 euros y la máxima de 200 euros.
7902.3. Por edificio, o parte del edificio, de carácter agrícola o industrial (salvo en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales), terciario o dotacional:
De superficie construida inferior a 2.000 metros cuadrados: 300 euros.
De superficie construida de 2.000 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados: 400 euros.
De superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados: 500 euros.
Cuando se trate de solicitudes de inscripción de certificaciones provisionales de eficiencia energética del proyecto, se practicará liquidación de la tarifa mínima establecida atendiendo al tipo de vivienda o edificación, o parte de la misma, y su superficie en proyecto.
Cuando se produzca la solicitud de inscripción de la certificación definitiva de eficiencia energética de la vivienda o edificación, o parte de la misma, construida o rehabilitada, se girará la liquidación de la tarifa correspondiente deduciendo la cantidad que ya se hubiere ingresado con motivo de la solicitud de inscripción de la certificación provisional de eficiencia energética del proyecto.
7902.4. Por renovación o actualización de la certificación energética definitiva inscrita, en los casos establecidos en la legislación vigente, se abonará el 50 % de la tarifa a aplicar al mismo tipo de edificación, y con la misma superficie, existente en el momento en el que se produzca la renovación o actualización.
Artículo 399. Devengo.
La tasa se devenga en el momento de presentar la solicitud de actuación administrativa, o acordarse de oficio la misma, que no se iniciará hasta tanto no se haya realizado el pago correspondiente.
Artículo 7. Modificación parcial de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes términos:
4. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los supuestos a, b, g y h del apartado 2 no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos a y g, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el segundo ejercicio, el 60 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 %. En el caso de los gastos referidos en los supuestos b y h del apartado 2, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió el porcentaje del 100 %.
Artículo 8. Modificación parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 10. De los pagos.
1. El pago de las subvenciones se realizará previa justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
No obstante lo anterior, con carácter excepcional y cuando por razón de la subvención se justifique, podrán realizarse anticipos o abonos a cuenta bajo las condiciones siguientes:
Los abonos a cuenta supondrán el pago parcial previa justificación del importe equivalente como aplicación de la subvención concedida.
Los anticipos a cuenta supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo los propósitos, actividades o proyectos inherentes a la subvención.
En ambos casos, la posibilidad, límites y requisitos de concesión deberán contemplarse expresamente en las bases reguladoras, que fijarán las garantías que se deban aportar. Dichas garantías se constituirán por el beneficiario, con carácter previo al cobro, mediante efectivo, aval, certificado de seguro de caución o valores anotados, en la forma y con las condiciones, modelos y requisitos establecidos reglamentariamente. La garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado más los intereses de demora que, en su caso, pudieran devengarse hasta la justificación completa y definitiva del cumplimiento de las obligaciones o requisitos que se hubieran establecido para la subvención. La Consejería de Hacienda, previa solicitud motivada del órgano concedente, podrá autorizar, de forma excepcional, la inclusión en las bases reguladoras de la exención de constituir garantías para efectuar los pagos a cuenta o anticipados.
La Administración de las Entidades locales y sus organismos autónomos, cuando ostenten la condición de beneficiarios de subvenciones concedidas en el marco de la presente Ley o en el ejercicio de las competencias de gestión transferidas del Estado, están dispensadas de constituir garantías para poder percibir abonos o anticipos a cuenta, cuando estos estén previstos en las respectivas bases reguladoras.
Las bases reguladoras destinadas a subvencionar a las Entidades locales y sus organismos autónomos, cuando contemplen la posibilidad de abonos o anticipos a cuenta no precisarán la autorización previa de la Consejería de Hacienda para la exención de constituir garantías.
Dos. El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 11. De los reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 32 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en los siguientes casos:
Incumplimiento de la obligación de justificación.
Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
En el supuesto contemplado en el artículo 7.3 de esta Ley, por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que se establecen en el artículo 12.4.
2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho público, resultando de aplicación para su cobro lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
3. Cuando proceda el reintegro por alguna de las causas establecidas en el apartado 1, corresponderá al órgano de la entidad concedente que otorgó la subvención adoptar la decisión de exigir su devolución al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora por el importe que resulte de aplicar lo previsto en dicho apartado.
Por la Consejería de Hacienda podrá proponerse a la entidad concedente que resuelva en este sentido cuando del control practicado, según determina el artículo 12, se desprenda que se ha incurrido en alguno de los supuestos a que se refiere el apartado 1 anterior.
4. Una vez acordado el reintegro y transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, si las cantidades a reintegrar estuviesen garantizadas en los términos dispuestos en el artículo 10.1.c de esta Ley, se procederá a su ejecución por la Caja de Depósitos, a instancias del órgano competente para acordar el reintegro, en la forma establecida en la normativa reguladora de la Caja de Depósitos para la incautación de garantías.
5. Cuando la garantía no sea suficiente para satisfacer las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en la normativa reguladora de la recaudación ejecutiva.
6. Las cantidades a reintegrar podrán ser aplazadas o fraccionadas con los procedimientos y garantías que se establecen en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9. Reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos.
1. Los funcionarios interinos devengarán los trienios por los servicios que presten a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entidades de Derecho público y entes del sector público de ella dependientes.
2. En iguales términos, se reconocerán los servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyos efectos económicos, de proceder, serán en todo caso posteriores a su entrada en vigor.
3. Mediante orden de la Consejería de Hacienda se regulará el procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el presente precepto.
Artículo 10. Modificación parcial de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Uno. Se añade un tercer apartado al artículo 26 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que tendrá la siguiente redacción:
3. Además en suelo urbanizable no sectorizado podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación.
Dos. Se modifica el artículo 29.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con la siguiente redacción:
2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de la presente Ley.
Tres. Se adiciona una nueva letra f al artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con la siguiente redacción:
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan modificaciones sustanciales, no siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en el presente artículo. El Reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales, que podrán incluir proyectos económicos de interés regional, a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas en los artículos 68 y 69 de la presente Ley. Los informes sectoriales que deban emitirse en la tramitación de estas modificaciones deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no se emitieran en dicho plazo se entenderán favorables a la tramitación de la modificación.
Cuatro. Se añade el siguiente inciso in fine en el apartado 1 del artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid:
, así como lo dispuesto en el artículo 57.f.
Cinco. Se modifica el artículo 91.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que queda como sigue:
3. A estos efectos, para el sistema de redes públicas supramunicipales, deberá cederse a la Comunidad de Madrid, gratuitamente y libre de cargas, terreno en la cuantía de 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos de cualquier uso. Del total de cada cesión, en sectores con uso característico residencial, deberá destinarse la tercera parte, como mínimo, a la red de viviendas públicas o de integración social.
Para cumplir tal cesión se respetarán, en su caso, las siguientes reglas:
Si no se hubieran adscrito al sector o, en su caso, a las unidades de ejecución en que se divida, terrenos destinados por el planeamiento territorial o, en su defecto, por el planeamiento general a redes públicas supramunicipales en superficie suficiente a este deber de cesión, el promotor podrá cumplir el mismo de la siguiente forma:
Adquiriendo y cediendo a la Comunidad de Madrid la superficie que falta de terreno en el mismo área de reparto.
En aquellos supuestos en los que no sea posible el cumplimiento del deber de cesión en la forma indicada en el apartado anterior, adquiriendo y cediendo a la Comunidad de Madrid terreno situado en otro sector e incluso en otro municipio distinto a los del sector o unidad de ejecución, y cuyo valor económico sea equivalente al de la superficie de suelo que falta.
Con carácter subsidiario, abonando a la Comunidad de Madrid el valor económico equivalente a la superficie que falta.
La letra b del artículo 91.3 mantiene su actual redacción.
Seis. Lo dispuesto en el artículo 57.f de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid prevalecerá sobre las legislaciones sectoriales afectadas en lo referente a la tramitación y al plazo de emisión de los informes necesarios requeridos.
Artículo 11. Compatibilidad de servicios de carácter asistencial en el sector público socio sanitario por razones de interés público.
1. El personal sanitario dependiente de la Consejería competente en materia de sanidad y de sus organismos autónomos, empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid, así como el personal sanitario dependiente de la Consejería competente en materia de asuntos sociales que presta sus servicios en los centros adscritos a la Dirección General de Servicios Sociales y a los Organismos Autónomos Servicio Regional de Bienestar Social e Instituto Madrileño del Menor y la Familia, dependientes de la misma, podrá compatibilizar un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si así lo exigiera el interés del propio servicio público.
2. Se declara de interés público, a efectos de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público socio sanitario de la Comunidad de Madrid, la prestación de servicios de carácter asistencial en los centros sanitarios públicos de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112, así como en los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad, adscritos a la Dirección General de Servicios Sociales, en las Residencias de Mayores y Centros de Discapacitados adscritos al Organismo Autónomo Servicio Regional de Bienestar Social y en las Residencias Infantiles y Centros de Acogida del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
3. En consecuencia, se podrá conceder autorización de compatibilidad, en razón de interés público, para el ejercicio de una segunda actividad de carácter asistencial en el sector público socio sanitario de la Comunidad de Madrid en los ámbitos delimitados en el apartado 2 de este artículo. Esta autorización no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario en ninguno de los dos puestos de trabajo compatibilizados y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
Lo dispuesto en este artículo se entiende en el marco de lo dispuesto en la normativa laboral y de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 12. Modificación parcial de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Se modifica el artículo 86.1 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en el siguiente sentido:
Introducir entre los términos Naturaleza y o cualquier otro tipo de infraestructura, el término , actividades deportivas.
Artículo 13. Agencia Madrileña para la Emigración.
Artículo 14. Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Uno. Creación y naturaleza.
Se crea, dependiente de la Consejería competente en materia de sanidad, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, como empresa pública con forma de entidad de Derecho público, de las previstas en el artículo 2.2.c.2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
La Unidad Central de Radiodiagnóstico ostenta personalidad jurídica propia y cuenta con patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Dos. Fines y ámbito de actuación.
La Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá como objeto la gestión y explotación de los servicios de diagnóstico y tratamiento que conlleven la aplicación de alta tecnología sanitaria, de las empresas públicas: Hospital del Norte, Hospital de Vallecas, Hospital del Sur, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.
Asimismo, la Consejería competente en materia de sanidad, le podrá asignar la gestión de tales servicios en otros hospitales o centros, con la extensión y ámbito que se determine, así como aquellas otras funciones específicas que, relacionadas con su objeto, le sean encomendadas.
Tres. Estatutos.
Mediante decreto del Gobierno se aprobarán los estatutos de la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
La constitución efectiva de dicha empresa pública tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus estatutos.
Cuatro. Régimen Jurídico.
La Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá por la presente Ley, por sus estatutos y por las restantes normas que le sean de aplicación.
El régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de la Unidad Central de Radiodiagnóstico será el establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
En el ejercicio de potestades administrativas, se someterá a las normas de Derecho administrativo.
La contratación de la Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá, en lo que le resulte aplicable, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos que celebre la Unidad Central de Radiodiagnóstico sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y en lo no dispuesto en las mismas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por las normas de Derecho privado.
Cinco. Personal.
El personal estatutario que desempeñe sus funciones en la Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá la condición de personal estatutario en servicio activo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, gozando de los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal estatutario de la Red Pública Asistencial.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, de acuerdo con sus necesidades y objetivos, podrá contar con otros empleados públicos contratados en régimen laboral, en la forma y con las condiciones que se determinen en sus estatutos y en la normativa de desarrollo de esta Ley.
No obstante lo anterior, el personal estatutario y funcionario de la Unidad Central de Radiodiagnóstico podrá optar voluntariamente a su integración directa como personal laboral.
Seis. Contabilidad y Control.
La Unidad Central de Radiodiagnóstico quedará sujeta al régimen de contabilidad pública establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones aplicables.
La referida empresa pública quedará sujeta al control financiero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas de desarrollo, excepto en la gestión de la actividad subvencional, que se sujetará al ejercicio de la función interventora, según lo determinado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
La Unidad Central de Radiodiagnóstico estará sometida al control de eficacia ejercido por la Consejería competente en materia de sanidad.
Siete. Extinción y disolución.
La extinción y disolución de la Unidad Central de Radiodiagnóstico deberá ser acordada por Ley de la Asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. Las condiciones de dicha extinción y disolución se determinarán reglamentariamente, garantizando, en su caso, la continuidad y la correcta prestación de los servicios que se vean afectados.
Artículo 15. Modificación parcial de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que queda redactado en los siguientes términos:
2. El Gobierno, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Sanidad y previo informe vinculante de la Consejería de Hacienda, podrá establecer los trámites a seguir para dotar de personalidad jurídica y de autonomía económico-financiera a los restantes hospitales integrados en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, así como a cualesquiera centros, órganos o unidades del ámbito sanitario existentes, con la finalidad de mejorar su gestión y bajo la supervisión, control y coordinación de los órganos competentes de la Consejería de Sanidad.
Artículo 16. Modificación parcial de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Uno. Se adiciona un último inciso al apartado 5.a de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
, así como las que le corresponda en su ámbito general respecto a las comunicaciones de voz y datos, puestos de trabajo ofimáticos y las acciones de todo tipo necesarias para el funcionamiento ordinario de los mismos.
Dos. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 5.b de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
Están comprendidos en esta categoría, en particular, los sistemas de información para las transacciones económico-financieras, para la gestión de personal, para la contratación de bienes y servicios, los sistemas de información geo-referenciados, los sitios web y los portales de Internet e Intranet.
Tres. Se suprime la expresión vinculante del apartado 5.c de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguientes términos:
La emisión de informe sobre los contenidos de los pliegos de condiciones y demás documentos de contratación de los del apartado 4 de esta disposición adicional, en aquellos aspectos relacionados con su ámbito de actuación ordinario, la correspondiente coordinación institucional y la compatibilidad informática.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Convenios de formación del profesorado.
Para el desarrollo de los programas de implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés, en centros públicos de educación infantil y primaria y en institutos de educación secundaria, así como de perfeccionamiento y metodología de lenguas comunitarias, la Comunidad de Madrid podrá formalizar convenios de colaboración en materia de formación del profesorado, con organismos e instituciones oficiales con reconocida experiencia en la enseñanza de idiomas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
1. Con carácter cuatrienal, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de emigración, aprobará el Plan de Ayuda para la Emigración, que concretará las acciones en materia de emigración de la Comunidad de Madrid.
2. Entre los objetivos del Plan de Ayuda para la Emigración se encontrarán, cuando sea necesario, los que deben ser considerados de especial atención conforme al artículo 3 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y por sus normas de desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Inicio de la actividad de la Agencia Madrileña para la Emigración.
La Agencia Madrileña para la Emigración no se pondrá en funcionamiento ni iniciará su actividad hasta que se habiliten los créditos suficientes para ello y se constituya formalmente el Consejo de Administración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Adscripción del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero y del Consejo de Madrileños en el Extranjero.
1. Se adscriben a la Agencia Madrileña para la Emigración el Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero y el Consejo de Madrileños en el Extranjero, creados por el Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, por el que se regula la promoción y ayuda de la Comunidad de Madrid a los madrileños residentes en el extranjero.
2. Cualquier cambio de adscripción posterior de estos órganos podrá hacerse mediante decreto del Consejo de Gobierno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Habilitación presupuestaria.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias y cuantas otras operaciones de carácter financiero y presupuestario sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El plazo de permanencia de cinco años, establecido en el artículo 3, apartado Uno, número 3, párrafo primero, resultará aplicable también a los bienes o derechos adquiridos por transmisión mortis causa antes de la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Tributos sobre el juego del bingo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley queda derogada la Ley 12/1994, de 27 de diciembre, de Tributación sobre los juegos de suerte, envite y azar.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
2. Se faculta a los Consejeros competentes por razón de la materia para aprobar, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, la forma, plazos de ingreso, modelos de impreso y normas de desarrollo que sean necesarias para la gestión, liquidación y recaudación de las tasas referidas en el artículo 6 de esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Premios del bingo.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley los porcentajes de los premios de bingo regulados en el artículo 27.3 del Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 105/2004, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, quedan fijados en los siguientes:
Establecimientos de categoría A. Los porcentajes del 9 % y 55 % pasan a ser del 8 % y 54 %, respectivamente.
Establecimientos de categoría B. Los porcentajes del 9 % y 54 % pasan a ser del 8 % y 53 %, respectivamente.
Dos. La retribución de los premios del juego del bingo simultáneo a que se refiere el artículo 39.2 de la norma citada en el apartado anterior queda fijada en el 60 % del valor facial de la totalidad de los cartones vendidos para la partida en el conjunto de las salas participantes con independencia de los premios que se otorguen en cada partida.
Tres. Se autoriza al Consejo de Gobierno a modificar por decreto los porcentajes de premios regulados en los dos apartados anteriores.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, a 21 de diciembre de 2007.
La Presidenta,
Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
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