Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

�4. Cuando se trate de procedimientos y tr醡ites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podr醤 realizarlos, por medio de una ventanilla 鷑ica, por v韆 electr髇ica y a distancia, salvo que se trate de la inspecci髇 del lugar o del equipo que se utiliza en la prestaci髇 del servicio.

Asimismo, las Entidades locales garantizar醤, dentro del 醡bito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan a trav閟 de la ventanilla 鷑ica obtener la informaci髇 y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relaci髇 con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsar醤 la coordinaci髇 para la normalizaci髇 de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.�

1. Las Entidades locales podr醤 intervenir la actividad de los ciudadanos a trav閟 de los siguientes medios:

• a) Ordenanzas y bandos.
• b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estar� a lo dispuesto en la misma.
• c) Sometimiento a comunicaci髇 previa o a declaraci髇 responsable, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.
• d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
• e) 觬denes individuales constitutivas de mandato para la ejecuci髇 de un acto o la prohibici髇 del mismo.

2. La actividad de intervenci髇 de las Entidades locales se ajustar�, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones P鷅licas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respet醤dose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.�

1. Las Administraciones P鷅licas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deber醤 elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protecci髇 del inter閟 p鷅lico as� como justificar su adecuaci髇 para lograr los fines que se persiguen, sin que en ning鷑 caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

2. Las Administraciones P鷅licas velar醤 por el cumplimiento de los requisitos aplicables seg鷑 la legislaci髇 correspondiente, para lo cual podr醤 comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y dem醩 circunstancias que se produzcan.�

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resoluci髇 que la Administraci髇 debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este art韈ulo, el vencimiento del plazo m醲imo sin haberse notificado resoluci髇 expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de inter閟 general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendr� efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petici髇, a que se refiere el art韈ulo 29 de la Constituci髇, aquellos cuya estimaci髇 tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio p鷅lico o al servicio p鷅lico, as� como los procedimientos de impugnaci髇 de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimaci髇 por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender� estimado el mismo si, llegado el plazo de resoluci髇, el 髍gano administrativo competente no dictase resoluci髇 expresa sobre el mismo.

2. La estimaci髇 por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideraci髇 de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimaci髇 por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposici髇 del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligaci髇 de dictar resoluci髇 expresa a que se refiere el apartado primero del art韈ulo 42 se sujetar� al siguiente r間imen:

• a) En los casos de estimaci髇 por silencio administrativo, la resoluci髇 expresa posterior a la producci髇 del acto s髄o podr� dictarse de ser confirmatoria del mismo.
• b) En los casos de desestimaci髇 por silencio administrativo, la resoluci髇 expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar� por la Administraci髇 sin vinculaci髇 alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podr醤 hacer valer tanto ante la Administraci髇 como ante cualquier persona f韘ica o jur韉ica, p鷅lica o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo m醲imo en el que debe dictarse y notificarse la resoluci髇 expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del 髍gano competente para resolver. Solicitado el certificado, 閟te deber� emitirse en el plazo m醲imo de quince d韆s.�

1. A los efectos de esta Ley, se entender� por declaraci髇 responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentaci髇 que as� lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el p醨rafo anterior deber醤 estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaraci髇 responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entender� por comunicaci髇 previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administraci髇 P鷅lica competente sus datos identificativos y dem醩 requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producir醤 los efectos que se determinen en cada caso por la legislaci髇 correspondiente y permitir醤, con car醕ter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el d韆 de su presentaci髇, sin perjuicio de las facultades de comprobaci髇, control e inspecci髇 que tengan atribuidas las Administraciones P鷅licas.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, la comunicaci髇 podr� presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislaci髇 correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisi髇, de car醕ter esencial, en cualquier dato, manifestaci髇 o documento que se acompa馿 o incorpore a una declaraci髇 responsable o a una comunicaci髇 previa, o la no presentaci髇 ante la Administraci髇 competente de la declaraci髇 responsable o comunicaci髇 previa, determinar� la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resoluci髇 de la Administraci髇 P鷅lica que declare tales circunstancias podr� determinar la obligaci髇 del interesado de restituir la situaci髇 jur韉ica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, as� como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los t閞minos establecidos en las normas sectoriales de aplicaci髇.

5. Las Administraciones P鷅licas tendr醤 permanentemente publicados y actualizados modelos de declaraci髇 responsable y de comunicaci髇 previa, los cuales se facilitar醤 de forma clara e inequ韛oca y que, en todo caso, se podr醤 presentar a distancia y por v韆 electr髇ica.�

�3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realizaci髇 de la tramitaci髇 a trav閟 de una ventanilla 鷑ica, por v韆 electr髇ica y a distancia, y a la obtenci髇 de la siguiente informaci髇 a trav閟 de medios electr髇icos, que deber� ser clara e inequ韛oca:

• a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio espa駉l, en especial los relativos a los procedimientos y tr醡ites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
• b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, as� como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
• c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos p鷅licos relativos a prestadores de actividades de servicios.
• d) Las v韆s de reclamaci髇 y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.�

• 玞) Asegurar la cooperaci髇 entre las administraciones p鷅licas para proporcionar al ciudadano informaci髇 administrativa clara, actualizada e inequ韛oca.�

�3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados precedentes, los prestadores de servicios pondr醤 a disposici髇 de los consumidores y usuarios informaci髇 sobre la direcci髇 postal, n鷐ero de tel閒ono y n鷐ero de fax o direcci髇 de correo electr髇ico en la que el consumidor o usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar informaci髇 sobre el servicio ofertado o contratado. Los prestadores comunicar醤 su direcci髇 legal si esta no coincide con su direcci髇 habitual para la correspondencia.

Los prestadores de servicios deber醤 dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo m醩 breve posible y en todo caso en el plazo m醲imo de un mes desde la presentaci髇 de la reclamaci髇. En caso de que en dicho plazo 閟ta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los prestadores de servicios adheridos a un sistema extrajudicial de resoluci髇 de conflictos facilitar醤 al usuario el acceso al mismo cuando 閟te re鷑a los requisitos previstos en la Recomendaci髇 98/257/CE de la Comisi髇, de 30 de marzo relativa a los principios aplicables a los 髍ganos responsables de la soluci髇 extrajudicial de los litigios en materia de consumo y en la Recomendaci髇 2001/310/CE de la Comisi髇, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los 髍ganos extrajudiciales de resoluci髇 consensual de litigios en materia de consumo o normativa que resulte de aplicaci髇 y, como tales, hayan sido notificados a la red comunitaria de 髍ganos nacionales de la soluci髇 extrajudicial de litigios en materia de consumo.

4. Los empresarios a que se refiere el apartado anterior y aquellos que est閚 adheridos a c骴igos de conducta, incluidos los elaborados a escala comunitaria, o sean miembros de asociaciones u organismos profesionales que ofrezcan sistemas extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos que re鷑an los requisitos previstos en el apartado anterior, indicar醤 en las ofertas comerciales que presenten de forma detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resoluci髇 de conflictos que ofrecen a los consumidores y usuarios, el modo de obtener informaci髇 sobre sus caracter韘ticas y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.�

• 玨) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacci髇 est� dentro de las disponibilidades del empresario, as� como cualquier forma de discriminaci髇 con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.�

• 玥) La direcci髇 completa en la que el consumidor o usuario puede presentar sus quejas y reclamaciones, as� como, en su caso, la informaci髇 sobre el sistema extrajudicial de resoluci髇 de conflictos prevista en el art韈ulo 21.4.�

�3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenaci髇 del ejercicio de las profesiones, la representaci髇 institucional exclusiva de las mismas cuando est閚 sujetas a colegiaci髇 obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protecci髇 de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administraci髇 P鷅lica por raz髇 de la relaci髇 funcionarial.�

�4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observar醤 los l韒ites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.�

�5. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesi髇 o que limiten el ejercicio conjunto de dos o m醩 profesiones, ser醤 s髄o los que se establezcan por ley.

Los Estatutos de los Colegios, o los c骴igos deontol骻icos que en su caso aprueben los Colegios, podr醤 contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesi髇, as� como, en su caso, el secreto profesional.�

�6. El ejercicio profesional en forma societaria se regir� por lo previsto en las leyes. En ning鷑 caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podr醤, por s� mismos o trav閟 de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.�

1. Quien ostente la titulaci髇 requerida y re鷑a las condiciones se馻ladas estatutariamente tendr� derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.

2. Ser� requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando as� lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripci髇 o colegiaci髇 no podr� superar en ning鷑 caso los costes asociados a la tramitaci髇 de la inscripci髇. Los Colegios dispondr醤 los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiaci髇 por v韆 telem醫ica, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 10 de esta Ley.

3. Cuando una profesi髇 se organice por colegios territoriales, bastar� la incorporaci髇 a uno solo de ellos, que ser� el del domicilio profesional 鷑ico o principal, para ejercer en todo el territorio espa駉l. A estos efectos, cuando en una profesi髇 s髄o existan colegios profesionales en algunas Comunidades Aut髇omas, los profesionales se regir醤 por la legislaci髇 del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional 鷑ico o principal, lo que bastar� para ejercer en todo el territorio espa駉l.

Los Colegios no podr醤 exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiaci髇 comunicaci髇 ni habilitaci髇 alguna ni el pago de contraprestaciones econ髆icas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestaci髇 de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiaci髇, a los efectos de ejercer las competencias de ordenaci髇 y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deber醤 utilizar los oportunos mecanismos de comunicaci髇 y los sistemas de cooperaci髇 administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtir醤 efectos en todo el territorio espa駉l.

4. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, se estar� a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicaci髇 del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.�

• 玜) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protecci髇 de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.�

• 玵) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los t閞minos previstos en el art韈ulo 13.�

• 玼) Atender las solicitudes de informaci髇 sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, as� como las peticiones de inspecci髇 o investigaci髇 que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Uni髇 Europea en los t閞minos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de informaci髇 y de realizaci髇 de controles, inspecciones e investigaciones est閚 debidamente motivadas y que la informaci髇 obtenida se emplee 鷑icamente para la finalidad para la que se solicit�.�

1. Las organizaciones colegiales dispondr醤 de una p醙ina web para que, a trav閟 de la ventanilla 鷑ica prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los tr醡ites necesarios para la colegiaci髇, su ejercicio y su baja en el Colegio, a trav閟 de un 鷑ico punto, por v韆 electr髇ica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales har醤 lo necesario para que, a trav閟 de esta ventanilla 鷑ica, los profesionales puedan de forma gratuita:

• a) Obtener toda la informaci髇 y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
• b) Presentar toda la documentaci髇 y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiaci髇.
• c) Conocer el estado de tramitaci髇 de los procedimientos en los que tenga consideraci髇 de interesado y recibir la correspondiente notificaci髇 de los actos de tr醡ite preceptivos y la resoluci髇 de los mismos por el Colegio, incluida la notificaci髇 de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
• d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad p鷅lica y privada del Colegio Profesional.

2. A trav閟 de la referida ventanilla 鷑ica, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecer醤 la siguiente informaci髇, que deber� ser clara, inequ韛oca y gratuita:

• a) El acceso al Registro de colegiados, que estar� permanentemente actualizado y en el que constar醤, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, n鷐ero de colegiaci髇, t韙ulos oficiales de los que est閚 en posesi髇, domicilio profesional y situaci髇 de habilitaci髇 profesional.
• b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendr� el contenido descrito en el art韈ulo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
• c) Las v韆s de reclamaci髇 y los recursos que podr醤 interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.
• d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.
• e) El contenido de los c骴igos deontol骻icos.

3. Las corporaciones colegiales deber醤 adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este art韈ulo e incorporar para ello las tecnolog韆s precisas y crear y mantener las plataformas tecnol骻icas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, los colegios profesionales y, en su caso, los Consejos Generales y auton髆icos podr醤 poner en marcha los mecanismos de coordinaci髇 y colaboraci髇 necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.

4. Los Colegios profesionales de 醡bito territorial facilitar醤 a los Consejos Generales o Superiores, y en su caso a los Consejos Auton髆icos de Colegios, la informaci髇 concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotaci髇 en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aqu閘los.�

1. Las organizaciones colegiales estar醤 sujetas al principio de transparencia en su gesti髇. Para ello, cada una de ellas deber� elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la informaci髇 siguiente:

• a) Informe anual de gesti髇 econ髆ica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en raz髇 de su cargo.
• b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, as� como las normas para su c醠culo y aplicaci髇.
• c) Informaci髇 agregada y estad韘tica relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucci髇 o que hayan alcanzado firmeza, con indicaci髇 de la infracci髇 a la que se refieren, de su tramitaci髇 y de la sanci髇 impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislaci髇 en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.
• d) Informaci髇 agregada y estad韘tica relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, as� como sobre su tramitaci髇 y, en su caso, de los motivos de estimaci髇 o desestimaci髇 de la queja o reclamaci髇, de acuerdo, en todo caso, con la legislaci髇 en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.
• e) Los cambios en el contenido de sus c骴igos deontol骻icos, en caso de disponer de ellos.
• f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
• g) Informaci髇 estad韘tica sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentar醤 desagregados territorialmente por corporaciones.

2. La Memoria Anual deber� hacerse p鷅lica a trav閟 de la p醙ina web en el primer semestre de cada a駉.

3. El Consejo General har� p鷅lica, junto a su Memoria, la informaci髇 estad韘tica a la que hace referencia el apartado uno de este art韈ulo de forma agregada para el conjunto de la organizaci髇 colegial.

4. A los efectos de cumplimentar la previsi髇 del apartado anterior, los Consejos Auton髆icos y los Colegios Territoriales facilitar醤 a sus Consejos Generales o Superiores la informaci髇 necesaria para elaborar la Memoria Anual.�

1. Los Colegios Profesionales deber醤 atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.

2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondr醤 de un servicio de atenci髇 a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitar� y resolver� cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, as� como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representaci髇 o en defensa de sus intereses.

3. Los Colegios Profesionales, a trav閟 de este servicio de atenci髇 a los consumidores o usuarios, resolver醤 sobre la queja o reclamaci髇 seg鷑 proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resoluci髇 de conflictos, bien remitiendo el expediente a los 髍ganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisi髇 conforme a derecho.

4. La regulaci髇 de este servicio deber� prever la presentaci髇 de quejas y reclamaciones por v韆 electr髇ica y a distancia.�

1. Los Colegios de profesiones t閏nicas visar醤 los trabajos profesionales en su 醡bito de competencia 鷑icamente cuando se solicite por petici髇 expresa de los clientes, incluidas las Administraciones P鷅licas cuando act鷈n como tales, o cuando as� lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios:

• a) Que sea necesario por existir una relaci髇 de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectaci髇 a la integridad f韘ica y seguridad de las personas.
• b) Que se acredite que el visado es el medio de control m醩 proporcionado.

En ning鷑 caso, los Colegios, por s� mismos o a trav閟 de sus previsiones estatutarias, podr醤 imponer la obligaci髇 de visar los trabajos profesionales.

2. El objeto del visado es comprobar, al menos:

• a) La identidad y habilitaci髇 profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el art韈ulo 10.2.
• b) La correcci髇 e integridad formal de la documentaci髇 del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

En todo caso, el visado expresar� claramente cu醠 es su objeto, detallando qu� extremos son sometidos a control e informar� sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ning鷑 caso comprender� los honorarios ni las dem醩 condiciones contractuales, cuya determinaci髇 queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprender� el control t閏nico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

3. En caso de da駉s derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responder� subsidiariamente de los da駉s que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relaci髇 directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste ser� razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios har醤 p鷅licos los precios de los visados de los trabajos, que podr醤 tramitarse por v韆 telem醫ica.�

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podr醤 establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientaci髇, recomendaci髇, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposici髇 adicional cuarta.�

El acceso y ejercicio a profesiones colegiadas se regir� por el principio de igualdad de trato y no discriminaci髇, en particular por raz髇 de origen racial o 閠nico, religi髇 o convicciones, discapacidad, edad u orientaci髇 sexual, en los t閞minos de la Secci髇 III del Cap韙ulo III del T韙ulo II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.�

1. Se entiende por organizaci髇 colegial el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada profesi髇.

2. Son corporaciones colegiales el Consejo General o Superior de Colegios, los Colegios de 醡bito estatal, los Consejos Auton髆icos de Colegios y los Colegios Profesionales.�

Los Colegios podr醤 elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasaci髇 de costas y de la jura de cuentas de los abogados.

Dichos criterios ser醤 igualmente v醠idos para el c醠culo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasaci髇 de costas en asistencia jur韉ica gratuita.�

Lo previsto en esta Ley no afecta a la capacidad que tienen las Administraciones P鷅licas, en ejercicio de su autonom韆 organizativa y en el 醡bito de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de comprobaci髇 documental, t閏nica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.�

Las sociedades profesionales podr醤 ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempe駉 no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.�

1. Son socios profesionales:

• a) Las personas f韘icas que re鷑an los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma.
• b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, participen en otra sociedad profesional.

2. Como m韓imo, la mayor韆 del capital y de los derechos de voto, o la mayor韆 del patrimonio social y del n鷐ero de socios en las sociedades no capitalistas, habr醤 de pertenecer a socios profesionales.

3. Igualmente habr醤 de ser socios profesionales como m韓imo la mitad m醩 uno de los miembros de los 髍ganos de administraci髇, en su caso, de las sociedades profesionales. Si el 髍gano de administraci髇 fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habr醤 de ser desempe馻das necesariamente por un socio profesional. En todo caso, las decisiones de los 髍ganos de administraci髇 colegiados requerir醤 el voto favorable de la mayor韆 de socios profesionales, con independencia del n鷐ero de miembros concurrentes.

4. No podr醤 ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesi髇 o profesiones que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resoluci髇 judicial o corporativa.

5. Estos requisitos deber醤 cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disoluci髇 obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situaci髇 se regularice en el plazo m醲imo de seis meses contados desde el momento en que se produjo el incumplimiento.

6. Los socios profesionales 鷑icamente podr醤 otorgar su representaci髇 a otros socios profesionales para actuar en el seno de los 髍ganos sociales.�

�3. En los trabajos profesionales que se sometan a visado, 閟te se expedir� a favor de la sociedad profesional o del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo.�

Ser醤 reconocidas en Espa馻 como sociedades profesionales las constituidas como tales de conformidad con la legislaci髇 de un Estado miembro de la Uni髇 Europea y cuya sede social, administraci髇 central y centro de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado miembro, siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho pa韘 comunitario para actuar como sociedades profesionales.

La prestaci髇 de servicios o el establecimiento en Espa馻 de las sociedades antes referidas se ajustar� a lo previsto en la normativa que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales y, en su caso, en la normativa espec韋ica sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa espa駉la aplicable sobre el ejercicio de la actividad en t閞minos compatibles con el Derecho comunitario.�

1. Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones de aplicaci髇 y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

2. Tambi閚 se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza societaria del prestador de los servicios.�

�1. Queda suprimido el requisito de la previa autorizaci髇 para proceder a la apertura de un centro de trabajo o para reanudar o proseguir los trabajos despu閟 de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia, previsto en el art韈ulo 187.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.

En adelante, ser� suficiente la comunicaci髇 de la apertura del centro de trabajo o de la reanudaci髇 de los trabajos debidamente documentados y ajustados al Ordenamiento Jur韉ico, con car醕ter previo o dentro de los treinta d韆s siguientes a la apertura, a la autoridad laboral competente, quien la pondr� en conocimiento de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social a los efectos previstos en el Convenio 81 de la OIT de 11 de julio de 1947.�

�3. En las obras de construcci髇 incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m韓imas de seguridad y salud en las obras de construcci髇, la comunicaci髇 de apertura del centro de trabajo deber� ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuar� 鷑icamente por los empresarios que tengan la condici髇 de contratistas con arreglo a la indicada Ley. El promotor deber� velar por el cumplimiento de la obligaci髇 impuesta al contratista.�

�5. La pol韙ica en materia de prevenci髇 de riesgos laborales deber� promover la integraci髇 eficaz de la prevenci髇 de riesgos laborales en el sistema de gesti髇 de la empresa.

Igualmente, la pol韙ica en materia de seguridad y salud en el trabajo tendr� en cuenta las necesidades y dificultades espec韋icas de las peque馻s y medianas empresas. A tal efecto, en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones de car醕ter general en materia de prevenci髇 de riesgos laborales deber� incorporarse un informe sobre su aplicaci髇 en las peque馻s y medianas empresas que incluir�, en su caso, las medidas particulares que para 閟tas se contemplen.�

�2 bis. Las empresas, en atenci髇 al n鷐ero de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podr醤 realizar el plan de prevenci髇 de riesgos laborales, la evaluaci髇 de riesgos y la planificaci髇 de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducci髇 del nivel de protecci髇 de la seguridad y salud de los trabajadores y en los t閞minos que reglamentariamente se determinen.�

�5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podr� asumir personalmente las funciones se馻ladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en funci髇 de los riesgos a que est閚 expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el art韈ulo 6.1.e) de esta Ley.�

�7. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditor韆 del sistema de prevenci髇 habr醤 de contar con una 鷑ica autorizaci髇 de la autoridad laboral, que tendr� validez en todo el territorio espa駉l. El vencimiento del plazo m醲imo del procedimiento de autorizaci髇 sin haberse notificado resoluci髇 expresa al interesado permitir� entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protecci髇 de los trabajadores.�

�3. Los servicios de prevenci髇 deber醤 estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funci髇 de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

• a) El dise駉, implantaci髇 y aplicaci髇 de un plan de prevenci髇 de riesgos laborales que permita la integraci髇 de la prevenci髇 en la empresa.
• b) La evaluaci髇 de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los t閞minos previstos en el art韈ulo 16 de esta Ley.
• c) La planificaci髇 de la actividad preventiva y la determinaci髇 de las prioridades en la adopci髇 de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
• d) La informaci髇 y formaci髇 de los trabajadores, en los t閞minos previstos en los art韈ulos 18 y 19 de esta Ley.
• e) La prestaci髇 de los primeros auxilios y planes de emergencia.
• f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relaci髇 con los riesgos derivados del trabajo.

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunci髇 de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado s髄o podr� hacerse por un servicio de prevenci髇 ajeno. Lo anterior se entender� sin perjuicio de cualquiera otra atribuci髇 legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas.�

�5. Para poder actuar como servicios de prevenci髇, las entidades especializadas deber醤 ser objeto de una acreditaci髇 por la autoridad laboral, que ser� 鷑ica y con validez en todo el territorio espa駉l, mediante la comprobaci髇 de que re鷑en los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobaci髇 de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de car醕ter sanitario.

Entre estos requisitos, las entidades especializadas deber醤 suscribir una p髄iza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuant韆 que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el l韒ite de la responsabilidad del servicio.�

�6. El vencimiento del plazo m醲imo del procedimiento de acreditaci髇 sin haberse notificado resoluci髇 expresa al interesado permitir� entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protecci髇 de los trabajadores.�

• 玜) Participar en la elaboraci髇, puesta en pr醕tica y evaluaci髇 de los planes y programas de prevenci髇 de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatir醤, antes de su puesta en pr醕tica y en lo referente a su incidencia en la prevenci髇 de riesgos, la elecci髇 de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gesti髇 realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realizaci髇 de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificaci髇, organizaci髇 del trabajo e introducci髇 de nuevas tecnolog韆s, organizaci髇 y desarrollo de las actividades de protecci髇 y prevenci髇 a que se refiere el art韈ulo 16 de esta Ley y proyecto y organizaci髇 de la formaci髇 en materia preventiva;�

Las entidades p鷅licas o privadas que pretendan desarrollar actividades formativas en materia de prevenci髇 de riesgos laborales de las previstas en la Disposici髇 transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci髇, deber醤 acreditar su capacidad mediante una declaraci髇 responsable ante la autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.�

�12 bis En los supuestos en que la actuaci髇 inspectora afecte a empresas establecidas en otros Estados miembros de la Uni髇 Europea y de que los hechos comprobados puedan ser sancionados por el Estado miembro de origen de la empresa, estos hechos podr醤 ponerse en conocimiento de la autoridad competente del otro pa韘 para que inicie el procedimiento sancionador, sin perjuicio de que pueda adoptar otras medidas que considere pertinentes.�

�4. La Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social podr� prestar ayuda y colaboraci髇 a las autoridades de la Uni髇 Europea con competencias equivalentes.�

1. La actuaci髇 de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social se desarrollar� mediante visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo; mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte obligado, aportando la documentaci髇 que se se馻le en cada caso, o para efectuar las aclaraciones pertinentes; en virtud de expediente administrativo cuando el contenido de su actuaci髇 permita iniciar y finalizar aqu閘la. Las visitas de inspecci髇 podr醤 realizarse por uno o varios funcionarios y podr醤 extenderse durante el tiempo necesario.

1 bis Igualmente la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social podr� actuar mediante comprobaci髇 de datos o antecedentes que obren en las Administraciones P鷅licas. A tal efecto, podr� valorar los datos o antecedentes que le suministren otras Administraciones P鷅licas de la Uni髇 Europea.

2. Cuando iniciada visita de inspecci髇 no fuese posible su prosecuci髇 y finalizaci髇 por no aportar el sujeto a inspecci髇 los antecedentes o documentos solicitados, la actuaci髇 proseguir� en virtud de requerimiento para su aportaci髇 en la forma indicada en el apartado anterior. Las actuaciones comprobatorias no se dilatar醤 por espacio de m醩 de nueve meses, salvo que la dilaci髇 sea imputable al sujeto a inspecci髇 o sea debida a dificultades en la cooperaci髇 administrativa internacional; y, asimismo, no se podr醤 interrumpir por m醩 de tres meses. Las comprobaciones efectuadas en una actuaci髇 inspectora tendr醤 el car醕ter de antecedente para las sucesivas.

3. De cada actuaci髇 de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, el funcionario actuante extender� diligencia en el Libro de Visitas de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo a disposici髇 de la misma con sujeci髇 a lo que disponga la Autoridad Central de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social.�

�3.2. La representaci髇, participaci髇 y colaboraci髇 administrativa en la Uni髇 Europea y en los restantes 醡bitos internacionales en los asuntos relacionados con la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social.�

獳rt韈ulo 30 Aportaciones de datos de Seguridad Social en soporte inform醫ico

A efectos de la gesti髇 recaudatoria de los recursos del sistema de la Seguridad Social, se faculta al Ministro de Trabajo e Inmigraci髇 para determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deber醤 presentar en soporte inform醫ico los datos relativos a sus actuaciones en materia de encuadramiento, cotizaci髇 y recaudaci髇 en el 醡bito de la Seguridad Social, as� como cualesquiera otros exigidos en la normativa de 閟ta.

De igual modo, se faculta al Ministro de Trabajo e Inmigraci髇 para determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deber醤 presentar en soporte inform醫ico los partes de baja y alta, correspondientes a procesos de incapacidad temporal, de los trabajadores a su servicio.�