Decreto ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa

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Sumario

V閍se Res del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. Ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa (獴.O.I.B.� 29 diciembre 2020).LE0000684841_20201229

I

La emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y urgentes de todo tipo para luchar contra las diversas olas de contagios y mitigar los efectos econ髆icos y sociales que este fen髆eno est� produciendo.

Ciertamente, los efectos de la primera ola de la pandemia se controlaron considerablemente en las Illes Balears, gracias a las medidas de contenci髇 adoptadas. Aun as�, la naturaleza y la evoluci髇 imprevisible de la misma, en relaci髇 con las formas de contagio y con la propagaci髇 del virus, hizo que se continuaran adoptando medidas urgentes de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇, con la finalidad de permitir seguir afrontando y controlando la pandemia, para el caso de una eventual segunda ola, que finalmente se ha producido. En este 鷏timo sentido, y m醩 all� del 閤ito que se espera de las vacunas destinadas a prevenir m醩 olas de este virus -algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de inminente distribuci髇-, lo cierto es que, a d韆 de hoy, la pandemia aun subsiste, aunque notablemente atenuada en las Illes Balears, y que, por tanto, la superaci髇 todav韆 no ha sido oficialmente declarada ni en el 醡bito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.

Finalizado el primer estado de alarma y sus pr髍rogas, el Gobierno del Estado, para hacer frente a los posibles riesgos sanitarios de una segunda ola, aprob� el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y, en las Illes Balears, se aprob� el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de medidas excepcionales de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transici髇 hacia una nueva normalidad, y, posteriormente, el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, en el marco del art韈ulo 31 y otras disposiciones concordantes del mencionado Real Decreto ley 21/2020 y tambi閚 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P鷅lica.

Pues bien, la experiencia en la tramitaci髇 de los procedimientos sancionadores al amparo de dicho Decreto ley 11/2020 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que tambi閚 forman parte de los tipos infractores correspondientes la comercializaci髇, la organizaci髇 y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto espor醖ico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que impidan y dificulten la adopci髇 de las medidas sanitarias de prevenci髇, aunque dichas aglomeraciones finalmente no se consuman porque se hayan detectado a tiempo por la Administraci髇. En este sentido, y ante la posible dificultad de diferenciar las actuaciones de comercializaci髇 (a las que se refiere el art韈ulo 3.b) correspondiente a las infracciones muy graves) y las actuaciones de organizaci髇 (a las que hace referencia el art韈ulo 4.b) relativo a las infracciones graves) -si bien en principio la diferencia esencial deb韆 pivotar en el car醕ter estrictamente empresarial y lucrativo de la comercializaci髇, a diferencia de la simple organizaci髇-, se aprovecha esta modificaci髇 para que el car醕ter muy grave o grave de la infracci髇 resida en el hecho de que se consuma o no la aglomeraci髇, atendido el bien jur韉ico protegido, m醩 all� pues de la consideraci髇 de la actividad como de comercializaci髇, de organizaci髇 o de publicidad.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en los t閞minos que prev� el art韈ulo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, que la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores respecto de las infracciones cometidas por los menores de edad es una responsabilidad principal y solidaria, y no una simple responsabilidad subsidiaria. Todo ello requiere modificar los art韈ulos 3 b), 4 b) y 9.4 del mencionado Decreto ley 11/2020, y tambi閚 derogar el apartado 5 del art韈ulo 9 del mismo.

Considerando que la aplicaci髇 pr醕tica de esta normativa tambi閚 se lleva a cabo por el personal inspector de la Consejer韆 de Modelo Econ髆ico, Turismo y Trabajo, se debe modificar el art韈ulo 101.2 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, para que el personal inspector actuante en cada caso se pueda identificar en el acta de inspecci髇 mediante el c骴igo de identificaci髇 que consta en el carnet profesional. En este 鷏timo sentido, lo cierto es que, de acuerdo con el art韈ulo 98 de la Ley 8/2012, uno de los deberes de los inspectores de turismo es el de exhibir la acreditaci髇 de su condici髇 al inicio de la actuaci髇 inspectora. As� pues, esta modificaci髇 se efect鷄 con la finalidad de dar cumplimiento a dicho deber sin que la intimidad e, incluso, la seguridad de este personal quede comprometida, y cumplir a la vez la obligaci髇 de la Administraci髇 de identificar a las autoridades y al personal a su servicio responsables de la tramitaci髇 de los procedimientos.

II

Junto con estas modificaciones de rango legal, se considera imprescindible abordar otras reformas puntuales de diversas normas sectoriales, tambi閚 de rango legal, como es el caso de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears; del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears; del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas tur韘ticas, y de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el R間imen Espec韋ico de Tasas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, con la finalidad de asegurar la vigencia inmediata de estas reformas y, con ello, poder adaptar los procedimientos administrativos y presupuestarios que requieran las administraciones p鷅licas implicadas antes del inicio del a駉 2021.

En efecto, y en primer lugar, se considera necesario y urgente modificar la redacci髇 del art韈ulo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, relativo a la adquisici髇 hospitalaria de medicamentos gen閞icos. En este sentido, lo cierto es que el hecho de restringir el r間imen contractual que regula dicho precepto a solo los medicamentos gen閞icos deja fuera una gran parte de medicamentos financiados, como los biosimilares y los medicamentos de marca de estos principios activos. Hay medicamentos de marca (que han perdido la protecci髇 de patente, en los casos de los gen閞icos, o que no la han perdido, en los casos de los biosimilares) que son competencia directa de los medicamentos gen閞icos o biosimilares. Por tanto, no hay raz髇 para excluir estos otros medicamentos (de marca) de la concurrencia en igualdad de condiciones al procedimiento descrito en el art韈ulo 18; aun m醩, incluirlos promover韆 la competencia y garantizar韆 un funcionamiento eficiente del mercado.

Adem醩, se considera que no han de tenerse en cuenta 鷑icamente criterios de eficiencia terap閡tica (que en los casos de los gen閞icos es la misma por concepto), sino que tambi閚 cabe tener en cuenta las caracter韘ticas de cada medicamento por lo que respecta a la posolog韆 de administraci髇 o a la trazabilidad interna, y tambi閚 la vertiente econ髆ica global en el an醠isis previo a la adquisici髇. Asimismo, en la invitaci髇 para el acuerdo de adquisici髇 hay que indicar los criterios que deben tenerse en cuenta para resolver la adquisici髇 de un medicamento u otro, pero establecer una ponderaci髇 inicial implica tener en cuenta algunas caracter韘ticas, con el importante riesgo de poder pasar por alto alguna consideraci髇 de evidencia cient韋ica o caracter韘ticas que pueden mejorar enormemente el flujo de trabajo interno o la organizaci髇; por ello, se apuesta por no ponderar los criterios y establecerlos por orden decreciente a la invitaci髇, de conformidad con la consideraci髇 90� de la Directiva 2014/24/UE. Finalmente, se ampl韆 hasta quince d韆s el plazo para verificar la conformidad del suministro, en la medida que, en per韔dos festivos, fines de semana o vacaciones la dotaci髇 de personal administrativo es m韓ima, de haberla, y se puede dar la circunstancia que la entrada del material se realice posteriormente.

En otro orden de cosas, se modifican puntualmente algunos aspectos del art韈ulo 39 de la misma Ley 2/2020, con la finalidad, en esencia, y en primer lugar, de prever la posibilidad de continuar las prestaciones en casos de inexistencia jur韉ica del contrato por falta de formalizaci髇, mientras se adoptan las medidas urgentes que se precisen, de una manera an醠oga a como prev� el art韈ulo 42.3 de la Ley 9/2017 en los casos de nulidad. En segundo lugar, se deja claro que, en la medida que la liquidaci髇 del contrato formalmente inexistente ha de partir del valor de mercado de la prestaci髇 recibida, es decir, normalmente, del precio de la factura emitida por el proveedor, este valor o precio de mercado ha de incluir en buena l骻ica el beneficio industrial correspondiente, con excepci髇 鷑icamente de los casos en los que el proveedor haya actuado de mala fe y sin seguir las instrucciones de la administraci髇.

Asimismo, se incluye un precepto dedicado al patrocinio institucional, para dotar de seguridad jur韉ica a esta figura utilizada con relativa frecuencia por las diversas administraciones p鷅licas. En este 鷏timo sentido, y en el marco en todo caso de la legislaci髇 b醩ica de contratos p鷅licos, se aprueban algunas reglas espec韋icas que han de coadyuvar a una mayor publicidad y transparencia en los patrocinios que concierten las administraciones de les Illes Balears, partiendo de la base de la concurrencia de actividades muy diferentes y de imposible homogeneizaci髇, tanto por lo que respecta al presupuesto del contrato como a la difusi髇 publicitaria que pretende la administraci髇, y que no obstante responden a un denominador com鷑 consistente en dar soporte a iniciativas p鷅licas o privadas susceptibles de generar un retorno publicitario para las marcas institucionales de las Illes Balears.

Por lo que se refiere a la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears, el apartado 3 de la disposici髇 adicional segunda de dicha Ley estableci� el destino del patrimonio de las c醡aras agrarias y encomend� al Fondo de Garant韆 Agraria y Pesquera (FOGAIBA) el procedimiento de cesi髇 de los bienes inmuebles, sin hacer referencia al resto del patrimonio; este procedimiento se encuentra actualmente en marcha, pero se ha encontrado con serias dificultades para su finalizaci髇 por la falta de acuerdo del sector.

As�, la mayor parte del patrimonio inmobiliario de las c醡aras agrarias se sit鷄 en la isla de Mallorca, y el que se ubica fuera de esta ya est� asignado en virtud de otro proceso diferente en cumplimiento del apartado 2 de la misma disposici髇 adicional. Pues bien, la dificultad del reparto de los bienes por su ubicaci髇, antig黣dad y estado, as� como la falta de atribuci髇 legal de todo el patrimonio, no solo el inmobiliario realizado por la ley, hacen necesaria la modificaci髇 de la misma para facilitar que se llegue a un consenso entre todos los posibles cesionarios. Adem醩, la crisis econ髆ica que sufre el sector, agravada per la pandemia de la COVID-19, y la conveniencia de no paralizar los procedimientos de cesi髇 que ya est醤 en marcha, y que se ver醤 impulsados con la modificaci髇 de la Ley, hacen que esta modificaci髇 deba aprobarse lo m醩 r醦ido posible.

A su vez, las modificaciones del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears, responden a dos cuestiones puntuales. La primera (que se corresponder韆 con la modificaci髇 del art韈ulo 7.2 del Decreto ley), trata de facilitar el abono efectivo de la prestaci髇 social de car醕ter econ髆ico que corresponda al beneficiario, de forma que no siempre se tenga que hacer mediante transferencia bancaria, vistas las dificultades (cuando no imposibilidad) de algunos de los beneficiarios de disponer de cuentas bancarias de su titularidad.

Y la segunda, correspondientes al resto de preceptos de este Decreto ley que se modifican, ha de permitir evitar eventuales situaciones de necesidad de algunas personas que, por varias razones (no tan solo referidas al l韒ite derivado de los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior), no pueden acceder al ingreso m韓imo vital. En este 鷏timo sentido lo cierto es que el acceso a la renta social garantizada como prestaci髇 social de car醕ter econ髆ico de la Comunidad Aut髇oma tiene que ser posible, no tan solo en los casos en los que conste una resoluci髇 de desestimaci髇 de la Administraci髇 estatal competente respecto del ingreso m韓imo vital, sino tambi閚 en aquellos casos de desestimaci髇 presunta o cuando esta resoluci髇 lo sea de inadmisi髇 a tr醡ite (por no cumplir alg鷑 requisito propio y exclusivo de este recurso estatal, como por ejemplo, entre otros, el relativo a la necesaria residencia regular en el territorio espa駉l del beneficiario), o incluso cuando la resoluci髇 sea estimatoria aunque por una cuant韆 inferior (y a veces muy inferior) a la cuant韆 que resultar韆 de la renta social garantizada (por raz髇 de considerar el ingreso m韓imo vital varios par醡etros que no se consideran en la renta social garantizada, tales como la imputaci髇 de rentas inmobiliarias).

Todo ello, respetando plenamente el car醕ter subsidiario (art韈ulo 16.b) del Decreto ley) y complementario (art韈ulo 9.1.b) del Decreto ley) de la renta social garantizada respecto del ingreso m韓imo vital, hasta el umbral cuantitativo m醲imo de esta, por debajo del cual se entiende que se produce la situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica a que se refiere el art韈ulo 17 del Decreto ley.

El Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas tur韘ticas, entr� en vigor en fecha 17 de enero de 2020, para disponer de herramientas efectivas para luchar contra comportamientos inc韛icos, amparadas por razones imperiosas de inter閟 general como pueden ser el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, la salud p鷅lica, la protecci髇 civil, la protecci髇 de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, la protecci髇 del medio ambiente, y otras mencionadas en su exposici髇 de motivos.

Ahora, pasado casi un a駉 desde su entrada en vigor, y a pesar de que la actividad tur韘tica est� fuertemente condicionada por los efectos y medidas relativas a la pandemia producida por la COVID-19, se est醤 poniendo de manifiesto una serie de aspectos en la aplicaci髇 de la actual redacci髇 que aconsejan llevar a cabo una modificaci髇 tambi閚 con car醕ter extraordinario y urgente, tanto para dar eficacia inmediata a aclaraciones imprescindibles de una norma vigente, como para hacer frente con mayor eficacia a los problemas que se pretenden solucionar, y con la confianza que la actividad tur韘tica se pueda desarrollar cuanto antes con mayor normalidad.

Tambi閚 se considera necesario introducir expresamente la posibilidad de una delegaci髇 de la potestad sancionadora, incluyendo la inspectora y otras que puedan estar conectadas, en los municipios afectados, siempre que se cumplan las determinaciones marcadas por el art韈ulo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R間imen Local, lo que puede incidir en una mejor eficiencia de la gesti髇 p鷅lica y eliminar duplicidades administrativas. Adem醩, las medidas perseguidas por este Decreto ley est醤 muy relacionadas con las competencias ejercidas por los municipios en relaci髇 con la convivencia ciudadana y con la potestad de la polic韆 local.

Finalmente, se considera adecuado eliminar la limitaci髇 de la vigencia del Decreto ley, teniendo en cuenta tambi閚 que el legislador, o el ejecutivo con la convalidaci髇 del legislador, puede dejar sin efectos dicho Decreto ley en el momento en el que considere que deja de ser necesario.

En cuanto al 醡bito de las tasas, se modifican puntualmente dos normas de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el R間imen Espec韋ico de Tasas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, con la finalidad, por un lado, de suprimir la tasa relativa a la entrega de blocs de hojas de reclamaci髇 o denuncia en materia de consumo, teniendo en cuenta que, a d韆 de hoy, se ha implantado un sistema de descarga electr髇ica de tales hojas de reclamaci髇 o denuncia, de car醕ter gratuito para los titulares de los establecimientos obligados a disponer de los mismos de acuerdo con el Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre las hojas de reclamaci髇 o de denuncia en materia de consumo; y, por el otro, a fin de adaptar las tasas correspondientes a las autorizaciones anuales y diarias a los centros de buceo, y tambi閚 las anuales para los buceadores particulares, al n鷐ero de reservas marinas existentes actualmente en cada una de las islas del archipi閘ago balear.

III

De este modo, el presente Decreto ley se estructura en siete art韈ulos, uno para cada una de las modificaciones de las normas legales antes mencionadas.

A su vez, la disposici髇 derogatoria 鷑ica deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Decreto ley y, en particular, el apartado 5 del art韈ulo 9 del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, as� como el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Y la disposici髇 final 鷑ica establece la entrada en vigor del Decreto ley al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears.

Ciertamente, el decreto ley, regulado en el art韈ulo 49 del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears a imagen de lo previsto en el art韈ulo 86 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, si bien con el l韒ite de no poder afectar a determinadas materias. Como disposici髇 legislativa de car醕ter provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jur韉ico est� condicionada a la ratificaci髇 parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidaci髇. Pues bien, de acuerdo con lo antes expuesto, y en este dif韈il contexto de crisis sanitaria, social y econ髆ica que est醤 afrontando todas las administraciones p鷅licas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a todas estas medidas.

En efecto, el decreto ley auton髆ico constituye una figura inspirada en la que prev� el art韈ulo 86 de la Constituci髇 respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha dado lugar a una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. As�, dicho alto tribunal ha declarado que la definici髇, por los 髍ganos pol韙icos, de una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad requiere ser expl韈ita y razonada, y que ha de haber una conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, las cuales deben ser id髇eas, concretas y de eficacia inmediata; todo ello en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 ordinaria o por los procedimientos de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la aplicaci髇 en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no ha de confundirse la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecuci髇 instant醤ea, y, por tanto, ha de permitirse que las medidas adoptadas con car醕ter de urgencia incluyan posteriores desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecuci髇 de estas medidas o normas de rango legal.

Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por raz髇 de la materia de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, cabe a馻dir que el presente Decreto ley, en la medida en que se limita a modificar puntualmente normas sectoriales de rango legal vigentes, encuentra tambi閚 anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los diferentes puntos de los art韈ulos 30 y 31 del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears relativos a los diversos t韙ulos competenciales que, a su vez, legitimaron la aprobaci髇 de las respectivas normas de rango legal.

Por todo ello, al amparo del art韈ulo 49 del Estatuto de autonom韆, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, del consejero de Modelo Econ髆ico, Turismo y Trabajo, y de las consejeras de Asuntos Sociales y Deportes, de Salud y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 y de Administraciones P鷅licas y Modernizaci髇, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en la sesi髇 de d韆 9 de diciembre de 2020, se aprueba el siguiente

V閍se la Res. de 7 de junio de 2021, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Illes Balears, en relaci髇 con el D.-ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa (獴.O.E.� 24 junio).LE0000701312_20210624

Decreto ley

Art韈ulo primero Modificaciones del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

1. La letra b) del art韈ulo 3 del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificada de la siguiente manera:

• b) La organizaci髇, la comercializaci髇 o la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto espor醖ico o eventual, sea de car醕ter privado o abierto al p鷅lico, en espacios p鷅licos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopci髇 de las medidas sanitarias de prevenci髇.

LE0000670495_20210509

2. La letra b) del art韈ulo 4 del mencionado Decreto ley 11/2020 queda modificada de la siguiente manera:

• b) La organizaci髇, la comercializaci髇 o la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto espor醖ico o eventual, sea de car醕ter privado o abierto al p鷅lico, en espacios p鷅licos o privados, en los que puedan producirse aglomeraciones que impidan o dificulten la adopci髇 de las medidas sanitarias de prevenci髇, siempre que estas aglomeraciones no se hayan consumado y, por tanto, no se verifique la infracci髇 muy grave establecida en la letra b) del art韈ulo anterior.

LE0000670495_20210509

3. El apartado 4 del art韈ulo 9 del mencionado Decreto ley 11/2020 queda modificado de la siguiente manera:

4. Son responsables principales y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad los padres, tutores o guardadores.

LE0000670495_20210509

Art韈ulo segundo Modificaciones de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

1. El art韈ulo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la siguiente manera:

Art韈ulo 18 Adquisici髇 hospitalaria de medicamentos gen閞icos, biosimilares o de marca para los que est� autorizado en Espa馻 alg鷑 gen閞ico o biosimilar, o de medicamentos para los que hayan transcurrido diez a駉s desde la resoluci髇 de financiaci髇 y no se haya autorizado alg鷑 gen閞ico o biosimilar de las mismas caracter韘ticas

1. En las adquisiciones hospitalarias de medicamentos gen閞icos, biosimilares o de marca para los que est� autorizado en Espa馻 alg鷑 gen閞ico o biosimilar, o de medicamentos para los que hayan transcurrido diez a駉s desde la resoluci髇 de financiaci髇 y no se haya autorizado alg鷑 gen閞ico o biosimilar de las mismas caracter韘ticas, los servicios de farmacia pueden elegir cualquiera de estos medicamentos, atendiendo a criterios de eficacia terap閡tica o de eficiencia en la gesti髇, de entre los ofertados por los proveedores que asuman las condiciones que previamente haya establecido el 髍gano competente para adquirirlos, que son de cumplimiento obligado.

2. Si se considera m醩 conveniente contar con un 鷑ico proveedor o un 鷑ico medicamento de los descritos en el apartado anterior, se podr� seleccionar uno entre aquellos como destinatario de los pedidos. En este 鷏timo caso el plazo del contrato ser� anual.

En la selecci髇 de un proveedor o medicamento 鷑ico se llevar� a cabo un procedimiento por invitaci髇 a cada uno de los proveedores, incluyendo en todo caso en la convocatoria la determinaci髇 de penalidades contractuales que correspondan por eventuales incumplimientos de plazos o de la calidad del producto, y tambi閚 el sistema de pago, por volumen o por resultados. La invitaci髇 contendr� los criterios de selecci髇 cualitativos que se tienen que tener en cuenta para la resoluci髇, por orden decreciente.

3. El acuerdo de adquisici髇 de los medicamentos a los que se refiere el apartado 1, en cualquiera de sus modalidades, tiene naturaleza privada, y la tramitaci髇 exige:

• a) Justificaci髇 de la necesidad y de la existencia de cr閐ito.
• b) Solicitud formal a la empresa cuya aceptaci髇 implica el compromiso de cumplimiento de los plazos de entrega.

4. En acuerdos de adquisici髇 de tracto sucesivo se puede prever su modificaci髇 y las causas de resoluci髇.

5. En el acuerdo de adquisici髇 se tiene que establecer el procedimiento de aceptaci髇 o comprobaci髇 mediante el cual se verificar� la conformidad de los medicamentos con lo que dispone el contrato, cuya duraci髇 no puede exceder de quince d韆s h醔iles a contar desde la fecha de recepci髇 de los medicamentos.

LE0000677916_20210504

2. El apartado 3 del art韈ulo 39 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente manera:

3. La declaraci髇 de inexistencia jur韉ica del contrato a que se refieren el 鷏timo p醨rafo del apartado 1 y el apartado 2 de este art韈ulo comporta que el contrato entre en liquidaci髇, teni閚dose que restituir las partes las cosas que hayan recibido y, si no es posible, el precio de mercado de las prestaciones respectivas al tiempo de su realizaci髇, en el marco del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de cr閐itos que se regula en el siguiente apartado.

En los casos en los que la declaraci髇 de inexistencia jur韉ica del contrato produzca un grave trastorno al servicio p鷅lico podr� disponerse en el mismo acuerdo declarativo la continuaci髇 de los efectos inherentes a los pactos correspondientes hasta que se adopten las medidas urgentes que se precisen para evitar el perjuicio.

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3. El punto 3� de la letra a) del apartado 4 del art韈ulo 39 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente manera:

3.� La valoraci髇 de los bienes entregados, de los servicios prestados o de las obras realizadas en cada caso, calculada a los precios de mercado vigentes en el momento de encargar la prestaci髇, a los efectos de la regularizaci髇 o liquidaci髇 que sea procedente, con la cuantificaci髇 correspondiente, la cual servir� de base a la propuesta de resoluci髇 del consejero o del m醲imo 髍gano unipersonal del ente a que se refiere la letra d).

En la valoraci髇 que se haga se incluir� el beneficio industrial inherente al precio de mercado, salvo que las prestaciones del proveedor se hayan producido de mala fe y sin seguir las instrucciones de la administraci髇.

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4. Se a馻de un nuevo cap韙ulo, el cap韙ulo VI, en la mencionada Ley 2/2020, con la siguiente redacci髇:

Cap韙ulo VI
Normas espec韋icas en materia de patrocinios institucionales

Art韈ulo 44 Contratos de patrocinio institucional

1. Los contratos de patrocinio institucional son contratos privados que se regir醤 por las reglas espec韋icas de este art韈ulo y, en su caso, de la normativa reglamentaria de desarrollo, respetando los principios establecidos en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico vigente.

2. La adjudicaci髇 de los contratos de patrocinio se realizar� en r間imen de concurrencia p鷅lica y previa aprobaci髇 de un pliego de condiciones generales del patrocinio que fijar� los requisitos y las condiciones objetivas para concurrir a la licitaci髇.

3. Una vez publicados en el perfil del contratante del 髍gano de contrataci髇 los candidatos admitidos, por categor韆s o tipos de actividad, el 髍gano de contrataci髇 podr� adjudicar los contratos espec韋icos de patrocinio a cada uno de ellos, de acuerdo con la puntuaci髇 obtenida, hasta el l韒ite del cr閐ito presupuestario aprobado.

4. Excepcionalmente, cuando la concurrencia resulte incompatible con la naturaleza y el objeto del contrato, se podr� recurrir al procedimiento negociado sin publicidad regulado en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico o, en su caso, al contrato menor, atendiendo al valor estimado del contrato.

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Art韈ulo tercero Modificaci髇 de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears

La disposici髇 adicional segunda de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

Disposici髇 adicional segunda Destino del patrimonio de la C醡ara Agraria Interinsular y de las c醡aras agrarias locales de las Illes Balears

1. Los bienes inmuebles procedentes de la C醡ara Agraria Interinsular y de las c醡aras agrarias locales de las Illes Balears, atribuidos al Fondo de Garant韆 Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) a trav閟 del Decreto 86/2006, de 29 de septiembre, regulador del procedimiento para la liquidaci髇 de las c醡aras agrarias locales e interinsular y la atribuci髇 de su patrimonio, podr醤 ser cedidos por el FOGAIBA, previa autorizaci髇 de su Consejo de Direcci髇, de forma directa y gratuita a favor de los ayuntamientos que los est閚 ocupando mediante cualquier instrumento jur韉ico, siempre que quede garantizada la conservaci髇 y aplicaci髇 de aquellos inmuebles a finalidades o servicios de inter閟 general agrario.

Tambi閚 se podr醤 ceder, de la misma manera, a las cooperativas agrarias, a las sociedades agrarias de transformaci髇 o a otras entidades asociativas agrarias que los est閚 ocupando, y estos bienes inmuebles deber醤 aplicarse igualmente a fines o servicios de inter閟 agrario.

Los cesionarios deber醤 hacerse cargo de todos los gastos derivados de los actos de cesi髇 se馻lados, as� como de los gastos posteriores, sean del tipo que sean (tributarios, de mantenimiento, suministros, etc.).

A las cesiones previstas en este apartado les ser醤 de aplicaci髇 los art韈ulos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears.

2. Se autoriza al Consejo de Direcci髇 del FOGAIBA a ceder, de entre los bienes inmuebles procedentes del patrimonio de las c醡aras agrarias no incluidos en el apartado anterior, aquellos que estime conveniente a las organizaciones profesionales agrarias de las Illes Balears, las cuales deber醤 destinar los bienes o sus productos a fines y servicios de inter閟 general agrario. El FOGAIBA acordar� la cesi髇 con las organizaciones profesionales agrarias teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• a) El porcentaje de obtenci髇 de ayudas por estas en la media de las dos 鷏timas convocatorias de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias por parte del FOGAIBA o del consejo insular correspondiente.
• b) El 醡bito territorial de la c醡ara agraria extinguida.

Las organizaciones profesionales agrarias tendr醤 que afrontar cualquier gasto derivado del acto de cesi髇 y cualquier otro posterior, ya sea de car醕ter tributario, de mantenimiento, de suministro o de cualquier otro tipo.

A las cesiones previstas en este apartado les ser醤 de aplicaci髇 los art韈ulos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears.

3. Se autoriza al Consejo de Direcci髇 del FOGAIBA a ceder a las organizaciones profesionales agrarias el resto del patrimonio y los bienes o derechos no previstos en los apartados anteriores, cualquiera que sea la naturaleza de estos bienes o derechos, que procedan de la gesti髇 del patrimonio de las extintas C醡ara Agraria Interinsular y c醡aras agrarias locales de las Illes Balears atribuido al FOGAIBA, del mismo modo establecido en el apartado anterior.

No obstante lo anterior, el Consejo de Direcci髇 podr� tener en cuenta alg鷑 otro criterio adicional que compense la dificultad del reparto, siempre que exista consenso entre todas las organizaciones.

En todo caso, las organizaciones profesionales agrarias deber醤 justificar la finalidad de inter閟 general a la cual vayan a destinar el patrimonio que se les ceda.

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Art韈ulo cuarto Modificaciones del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears

1. El apartado 2 del art韈ulo 7 del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

2. Cuando el abono se realice mediante transferencia, se har� a la cuenta bancaria que facilite la persona beneficiaria o su representante legal. En el supuesto de que no sea posible, se podr醤 habilitar otros sistemas de pago que permitan acreditar la recepci髇 efectiva de la prestaci髇 por el beneficiario.

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2. La letra a) del apartado 1 del art韈ulo 20 del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

• a) Que hayan solicitado el ingreso m韓imo vital, excepto en los casos en los que no puedan solicitarlo por no cumplir los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con la normativa vigente reguladora del mencionado ingreso m韓imo vital.

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3. La letra d) del apartado 1 del art韈ulo 20 del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

• d) Que se les haya notificado la resoluci髇 correspondiente respecto del ingreso m韓imo vital o haya transcurrido el plazo m醲imo para hacerlo, en su caso, de acuerdo con lo que establece la letra a) de este apartado. En todos los casos, las personas se deben encontrar en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica por carecer de rentas o ingresos suficientes, incluidos los que, en su caso, puedan obtener en concepto del ingreso m韓imo vital, de acuerdo con la definici髇 de vulnerabilidad econ髆ica del art韈ulo 17 de este Decreto ley.
• En particular, en los casos de desestimaci髇 presunta de las solicitudes de ingreso m韓imo vital y de posterior resoluci髇 estimatoria en todo o en parte, la renta social garantizada que se haya podido percibir de manera incompatible con el ingreso m韓imo vital que finalmente se reconozca expresamente se regir� por lo dispuesto en los art韈ulos 8, 9.1.b), 16.e), 22.e), 32 y 36 de este Decreto ley.

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4. La disposici髇 transitoria primera del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

Disposici髇 transitoria primera Mantenimiento de la renta m韓ima de inserci髇

Las prestaciones econ髆icas de la renta m韓ima de inserci髇 se podr醤 mantener hasta el 31 de marzo de 2021 siempre que las personas beneficiarias cumplan las condiciones y no tengan derecho a percibir el ingreso m韓imo vital o la renta social garantizada.

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5. El apartado 1 de la disposici髇 transitoria tercera del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificado de la siguiente manera:

1. Los perceptores actuales de la renta social garantizada, regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril, que verifiquen lo que prev閚 las letras a) y d) del apartado 1 del art韈ulo 20, con la comprobaci髇 previa del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos, y mediante una nueva resoluci髇 en los t閞minos de este Decreto ley, percibir醤 la nueva renta social garantizada de este Decreto ley.

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Art韈ulo quinto Modificaciones del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas tur韘ticas

1. El art韈ulo 2 del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas tur韘ticas, queda modificado de la siguiente manera:

Art韈ulo 2 羗bito territorial

1. Las medidas establecidas en este Decreto ley son de aplicaci髇 鷑icamente en las zonas donde se producen los graves comportamientos inc韛icos, que son las siguientes:

• a) En el municipio de Calvi�: toda la zona que queda dentro del per韒etro delimitado en el anexo 1 de este Decreto ley.
• b) En el municipio de Palma: toda la zona que queda dentro del per韒etro delimitado en el anexo 2 de este Decreto ley.
• c) En el municipio de Llucmajor: toda la zona que queda dentro del per韒etro delimitado en el anexo 3 de este Decreto ley, as� como las calles se馻ladas.
• d) En el municipio de Sant Antoni de Portamany: toda la zona que queda dentro del per韒etro delimitado en el anexo 4 de este Decreto ley.

2. Los locales afectados son aquellos que tengan una entrada en cualquiera de las zonas indicadas.

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2. Se a馻de un nuevo p醨rafo en el apartado 1 del art韈ulo 3 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacci髇:

Cuando se trate de menores hasta 14 a駉s que viajen acompa馻dos de adultos, la recepci髇 de la informaci髇 podr� ser acreditada por los adultos acompa馻ntes.

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3. Se a馻de un nuevo p醨rafo en el apartado 2 del art韈ulo 6 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacci髇:

Entre las ofertas prohibidas de bebidas alcoh髄icas se entender醤 tambi閚 incluidas las ofertas en las que este tipo de bebida se suministra junto con otros productos, y tambi閚 la oferta de bebidas alcoh髄icas gratuitas.

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4. Se a馻de un nuevo p醨rafo en el art韈ulo 8 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacci髇:

Se entender醤 por fiestas o acontecimientos multitudinarios la realizaci髇 de fiestas o bailes a bordo de un barco con m鷖ica producida con medios mec醤icos o electr髇icos o mediante la actuaci髇 en directo de un m鷖ico o m鷖icos.

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5. El apartado 2 del art韈ulo 17 del mencionado Decreto ley 1/2020 queda modificado de la siguiente manera:

2. El local o establecimiento tiene que permanecer cerrado durante todo el plazo que se imponga en la resoluci髇, con independencia de los cambios de titular que se puedan producir, salvo que el local o establecimiento se destine a una actividad sustancialmente diferente a la que se ejerc韆 en el momento de la infracci髇.

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6. Se a馻de un nuevo art韈ulo, el art韈ulo 19 bis, en el mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacci髇:

Art韈ulo 19 bis Delegaci髇 de competencias

Las competencias mencionadas en el art韈ulo 19, incluida la instrucci髇 de los procedimientos y otras que puedan estar conectadas, se podr醤 delegar en los ayuntamientos de Palma, Calvi�, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany, en los t閞minos que prev� el art韈ulo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r間imen local.

En caso de delegaci髇, ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 11 de este Decreto ley, tambi閚 respecto a las atribuciones de los inspectores municipales y respecto a los efectos de sus actas o denuncias.

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7. La disposici髇 final tercera del mencionado Decreto ley 1/2020 queda modificada de la siguiente manera:

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

Este Decreto ley entrar� en vigor el mismo d韆 de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de las Illes Balears.

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Art韈ulo sexto Modificaci髇 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears

Se a馻de un segundo p醨rafo en el apartado 2 del art韈ulo 101 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, con la siguiente redacci髇:

El acta ha de identificar al inspector actuante mediante el c骴igo de identificaci髇 que consta en el carn� profesional.

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Art韈ulo s閜timo Modificaciones de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el R間imen Espec韋ico de Tasas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears

1. El punto 3 del art韈ulo 383 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el R間imen Espec韋ico de Tasas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, queda sin contenido.

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2. El punto 4 de la letra a) del punto 3� del art韈ulo 392 septies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:

4. Autorizaciones anuales en todas las reservas marinas, excepto las reservas marinas de la isla del Toro i de las islas Malgrats: 52,40 euros/por isla.

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3. El punto 2 de la letra b) del punto 3� del art韈ulo 392 septies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:

2. A las otras reservas marinas, por isla: 20,96 euros/d韆 o 471,52 euros/a駉.

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