DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto y finalidad
  • Artículo 2 Régimen jurídico
  • Artículo 3 Personas y empresas beneficiarias
  • Artículo 4 Régimen de subvenciones aplicable
  • Artículo 5 Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias
  • Artículo 6 Financiación
  • Artículo 7 Destino de la subvención
  • Artículo 8 Cuantía de la subvención
  • Artículo 9 Entidades colaboradoras
• CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES
  • Artículo 10 Procedimiento de concesión
  • Artículo 11 Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación
  • Artículo 12 Documentación a acompañar a la solicitud
  • Artículo 13 Instrucción y resolución del procedimiento
  • Artículo 14 Modificación de la resolución de concesión
• CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES
  • Artículo 15 Justificación de la subvención
  • Artículo 16 Acreditación de la obligación del mantenimiento de la actividad
  • Artículo 17 Comprobación y control de las subvenciones
  • Artículo 18 Reintegro de las subvenciones
  • Artículo 19 Criterios de graduación de los incumplimientos
  • Artículo 20 Infracciones y sanciones
  • Artículo 21 Prescripción
  • Artículo 22 Compatibilidad de las subvenciones
  • Artículo 23 Protección de datos
  • Artículo 24 Información y publicidad
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Facultades de desarrollo
  • Disposición final segunda Entrada en vigor
• ANEXO 1
• ANEXO 2
• ANEXO 3
• ANEXO 4

Artículo 1 Objeto y finalidad

1. El presente Decreto ley tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19.

2. Se establecen dos líneas de subvenciones:

• a) Línea 1: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas sin asalariados.
• b) Línea 2: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados.

3. La finalidad de estas subvenciones es apoyar los negocios y actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas como medida de protección y soporte ante las negativas consecuencias económicas generadas por las medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y conseguir, con prontitud, la reactivación de la economía regional y el aseguramiento del mayor nivel de empleo.

Artículo 2 Régimen jurídico

Las subvenciones previstas en el presente Decreto ley se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:

• 1. En el ámbito de las ayudas de Estado:
  • * Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal Europeo.
• 2. En el ámbito de la legislación estatal:
  • * Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus preceptos básicos.
  • * Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos básicos.
  • * Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • * Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
  • * Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
  • * Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.
• 3. En el ámbito de la normativa autonómica:
  • * Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
  • * Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
  • * Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
  • * Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
  • * Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
  • * Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes.
• 4. Por el carácter cofinanciado de la subvención con fondos estructurales:
  • * Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.
  • * Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo.
  • * Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
  • * Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014, de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
  • * Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
  • * Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
  • * Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
  • * Reglamento (UE) nº 2020/558, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1301/2013 y (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
  • * Reglamento UE) nº 2020/972, de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) nº 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes.
  • * Reglamento (UE) 2020/2221, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE).

Artículo 3 Personas y empresas beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que desarrollen en Canarias, con carácter principal, una actividad económica encuadrada y en situación de alta en alguno de los grupos o epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que figuran en el Anexo 3; y, tratándose de pequeñas y medianas empresas, tener en Canarias un establecimiento permanente donde se desarrolle la actividad objeto de subvención.

A estos efectos, se entenderá desarrollada con carácter principal una actividad económica cuando así sea considerada a efectos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

2. A los efectos de este Decreto ley, se entienden por:

• a) Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas sin asalariados que realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica, incluidas las personas autónomas dependientes. Se excluyen las personas trabajadoras autónomas que solo desarrollan la actividad por cuenta propia dentro de sociedades sin personalidad jurídica (sociedades civiles, particulares o profesionales, comunidades de bienes), o de cooperativas o sociedades mercantiles, aunque no sean socias. También quedarán excluidas las personas autónomas societarias, entendiendo por estas las que trabajan para una sociedad como personas autónomas y, al mismo tiempo, poseen parte del capital social de la misma, o que formen parte de órganos de administración de la misma.
• b) Pequeñas y medianas empresas (PYME), incluidas las personas trabajadoras autónomas con asalariados, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición establecida en cada momento por la Unión Europea, estando actualmente vigente la establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, que considera como PYME a las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

3. A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias de estas subvenciones las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan ánimo de lucro, y se encuentren incluidas en alguna de las categorías determinadas en el apartado 2.b) en función de las personas que ocupen y el volumen de negocios anual o el balance general anual de que dispongan.

4. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas que estando en situación de alta durante 2019 y 2020 y continúen activas a la entrada en vigor del presente Decreto ley, hayan sufrido en el segundo semestre de 2020 una reducción igual o superior al 30% en el volumen de facturación respecto al mismo semestre de 2019.

5. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Tratarse de una sociedad mercantil pública u otra participada en su capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente por Administraciones Públicas o entidades dependientes de estas.
• b) Haber sido sancionado o condenado mediante resolución administrativa o sentencia, ambas firmes, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género en los últimos dos (2) años.
• c) Que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE (Reglamento general de exención por categorías).

Artículo 4 Régimen de subvenciones aplicable

1. El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y personas autónomas consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal Europeo, modificado mediante Decisiones SA. 57019 (2020/N) de la CE de 24 de abril de 2020 (Marco II); SA. 58778 (2020/N) de la CE de 22 de octubre de 2020; SA. 59196 (2020/N) de la CE de 11 de diciembre de 2020 y SA. 59723 (2021/N) de la CE de 19 de febrero de 2021, y sus posteriores modificaciones.

2. Las subvenciones concedidas no superarán el límite máximo global de 800.000 euros por pyme o personas autónomas en activo. Este límite será de 120.000 euros, en caso de pymes o personas autónomas en activo en el sector de pesca y de 100.000 euros en el de producción primaria de productos agrícolas.

Las subvenciones concedidas a las empresas y personas autónomas que operan en la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán supeditadas a que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y a que no se fijen en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o comercializados por las empresas y personas autónomas interesadas.

Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los que se aplican distintos importes máximos, se garantizará mediante medidas adecuadas, tales como la separación de la contabilidad, que a cada una de las actividades se aplique el límite máximo correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado posible.

3. Se establecerá en la correspondiente resolución de concesión de subvención a las pymes y personas trabajadoras autónomas beneficiarias, el sometimiento al Marco Nacional Temporal.

Artículo 5 Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias

1. Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias:

• a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
• b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
• c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
• d) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas procedentes de entidades públicas o privadas.

  Especialmente, antes de la concesión de una ayuda, la empresa o persona autónoma solicitante ha de declarar por escrito ante la autoridad que concede la ayuda, cualesquiera otras "ayudas temporales" relativas a los mismos gastos subvencionables que en aplicación de este marco, o en aplicación del marco temporal comunitario, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso.

• e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
• f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, a la persona o empresa beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
• g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. El plazo de conservación de la documentación justificativa será de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.
• h) En concreto, la persona o empresa beneficiaria debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre) los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.
• i) Destinar la subvención a cubrir las necesidades de la empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19, cubriendo con ella sus necesidades de capital circulante y posibilitar que puedan operar con normalidad y atender sus pagos.
• j) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del artículo 18 de este Decreto ley.
• k) Permanecer de alta en su actividad económica, al menos, 6 meses después de la publicación del presente Decreto ley.

2. En el caso de que las subvenciones tuvieren carácter cofinanciado y fueren concedidas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o al Fondo Social Europeo (FSE), la persona o empresa beneficiaria deberá cumplir, además de las establecidas en el apartado anterior, las siguientes obligaciones:

• a) Poner a disposición de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de las Autoridades del Programa (de Gestión, Certificación y Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo la documentación e información relativa a las operaciones cofinanciadas.
• b) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto [artº. 125.4.b)] del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Marítimo y de la Pesca y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006.
• c) Cumplir las obligaciones en materia de publicidad e información establecidas en el artículo 115 y Anexo 12 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

  Las referencias al FEDER o al FSE se completarán con la referencia "financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19", cuando el apoyo financiero a las operaciones se preste con cargo a los recursos REACT-UE.

• d) Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir con la normativa en materia de contratación pública, así como evitar la doble financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien riesgos de fraude. Asimismo, tiene la obligación de suministrar información para la detección de posibles banderas rojas (nivel alcanzado en los indicadores que determinan el riesgo de fraude), entre las cuales destaca la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto de intereses, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento de gasto, entre otros.
• e) Adoptar medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, se respectará el principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Artículo 6 Financiación

1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente Decreto ley asciende a ochenta y cuatro millones (84.000.000) de euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la anualidad 2021, según las líneas de subvenciones directas contempladas en el correspondiente plan estratégico de subvenciones en vigor, distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

2. Estas subvenciones podrán ser cofinanciadas con un porcentaje máximo del 100% con cargo a los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). La ejecución del REACT-UE se realiza a través de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE), por lo que la ejecución de estos recursos en Canarias se concreta de la siguiente manera:

• 1º. El importe de los créditos correspondiente a la línea 1, podrá ser cofinanciado a través del Programa Operativo Canarias FSE 2014-2020, o a través de Fondos provenientes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
• 2º. El importe de los créditos correspondientes a la línea 2, podrá ser cofinanciado a través del Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020.

Una vez finalizado el plazo de solicitud y dictadas las resoluciones de concesión, si existiera crédito sobrante en una de las líneas, podrá destinarse el mismo a la otra línea, realizando las modificaciones que procedan en el expediente de gasto, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 36/2009, de 31 de marzo), previo informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. La nueva distribución entre líneas deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Servicio Canario de Empleo.

3. Se podrá incrementar, siempre que exista crédito, la cuantía total máxima o estimada de las subvenciones, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Servicio Canario de Empleo.

Artículo 7 Destino de la subvención

1. La subvención estará dirigida a paliar las necesidades de la persona o empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19.

Con ella se financiará las necesidades de capital circulante para que la persona o empresa pueda operar y atender sus pagos relativos a los gastos fijos de funcionamiento.

Se entenderá por capital circulante o capital de explotación la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa según la normativa contable nacional.

2. Los gastos fijos de funcionamiento considerados son:

• a) Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad económica, y cánones por derecho al uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual.
• b) Primas de seguros no sociales.
• c) Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones.

3. La cuantía de los gastos fijos de funcionamiento se ha estimado en base a un método de cálculo de costes simplificados justo, equitativo y verificable en virtud del artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. utilizando como fuente las bases estadísticas disponibles en el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Artículo 8 Cuantía de la subvención

1. La subvención consistirá en un único pago, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.

2. La cuantía (C) de la subvención se obtendrá en función de tres factores:

• 1. Sector económico al que pertenece la empresa (S).
• 2. Número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo (T).
• 3. Porcentaje de reducción de facturación sufrida entre los segundos semestre de 2020 y 2019, según intervalos (%R).

  Y se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

  C = S x T x %R, según lo descrito en los siguientes apartados.

  La cuantía máxima de la subvención es de 25.000 euros.

3. Sector económico (S): el estudio de costes simplificados ha estimado un valor unitario de costes fijos de funcionamiento durante un periodo temporal de 9 meses por persona trabajadora, y variable por grupos de sectores económicos (CNAE-2009) a los que va dirigida la subvención, que toma los siguientes valores:

Tabla 1. VALOR UNITARIO DE LOS GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR POR TRABAJADOR (S).

El código CNAE de esta tabla 1 figura relacionado con las actividades subvencionables según el grupo o epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del Anexo 3, según lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del presente Decreto ley.

4. Número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo (T): A efectos del cómputo del número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo adscritas a la actividad económica desarrollada, se tendrá en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa, e incluirá las personas trabajadoras asalariadas. También incluirá a la persona autónoma solicitante y a las personas socias trabajadoras o comuneras que ejerzan su actividad en la empresa solicitante durante toda la jornada laboral. Este cómputo se referirá a la fecha de 31 de diciembre de 2020. Para el cálculo del número de personas trabajadoras asalariadas se tendrán en cuenta aquellas sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo.

El valor del multiplicador del número de personas empleadas (T), conforme se refleja en la tabla 2, tomará el valor exacto del número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo, con una cifra decimal, con las siguientes excepciones:

• - Para la línea 1 de personas autónomas sin asalariados tomará en valor 1.
• - A partir de 10 personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo, tomará un valor constante de 10.

Tabla 2. VALOR DEL MULTIPLICADOR DEL Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO (T).

5. Porcentaje de reducción de facturación entre los segundos semestre de 2020 y 2019 (%R): en función de la intensidad de la pérdida sufrida, el factor multiplicador tomará los siguientes valores:

Tabla 3. VALOR DEL MULTIPLICADOR DEL %REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN (%R)

El volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020 se acreditarán con la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia siguiente:

• 1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del Régimen General del IGIC (Modelo 420).
• 2º. Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
• 3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425), reducida un 50%.
• 4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
• 5º. Libros contables.
• 6º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con valor probatorio admisible en Derecho.

En aquellas beneficiarias cuya alta en la actividad se haya producido a lo largo del segundo semestre de 2019 y, por tanto, no tenga facturación durante todo el semestre de 2019, la reducción del volumen de facturación entre los segundos semestres de 2019 y 2020 se realizará sobre los mismos meses de cada año.

6. Las subvenciones concedidas no superarán el límite máximo global que asciende a 800.000 euros, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.

7. El abono de la subvención se realizará previa justificación de los requisitos exigidos.

8. No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona o empresa beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional; o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración de estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de beneficiaria o entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que la beneficiaria o la entidad colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de ayudas o subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

Artículo 9 Entidades colaboradoras

1. Se designan a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias como entidades colaboradoras de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la gestión de las subvenciones de las líneas 2 y 1, respectivamente, así como, en su caso, en la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas y empresas beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirán los oportunos convenios de colaboración.

A tales efectos queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto en el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

2. Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. En caso de que las subvenciones tuvieren carácter cofinanciado con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, las entidades colaboradoras tendrán la obligación de suministrar, a solicitud de la Dirección General de Promoción Económica (línea 2 de subvención) o del Servicio Canario de Empleo (línea 1 de subvención), la valoración de los indicadores que están establecidos en el Programa Operativo correspondiente conforme al artículo 27 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, con el objeto de que la Autoridad de Gestión del programa pueda evaluar la ejecución del mismo en la consecución de sus objetivos:

• a) CV20-Valor de las subvenciones a las pymes para capital circulante en la respuesta al COVID-19 (Euros).
• b) CV22-Número de empresas que reciben subvenciones para capital circulante en la respuesta al COVID-19 (Empresas).
• c) CO05 Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia.

Para ello, las entidades colaboradoras solicitarán a las personas o empresas beneficiarias de la subvención la información necesaria para dar cumplimiento a esta obligación.

4. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá revocar libremente, en cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.

Artículo 10 Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa sin convocatoria.

2. Se iniciará mediante la presentación de una solicitud, cuyo modelo figura en los Anexos 1 (para personas trabajadoras autónomas sin asalariados) y 2 (para PYMES, incluidas las personas trabajadoras autónomas con asalariados) del presente Decreto ley, acompañada de la documentación que se establece en el artículo 12.

3. Cada persona o empresa interesada podrá presentar sólo una solicitud. En caso de que se presenten dos o más solicitudes solo se tendrá en cuenta la primera.

4. La concesión de la subvención se realizará, hasta el agotamiento del crédito disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que estén completas, o, si no estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la documentación necesaria, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano instructor.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre), en la tramitación de solicitudes se guardará el orden estricto de presentación de las mismas en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en el supuesto de la línea 2) y del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1).

6. Una vez agotado el crédito disponible, las solicitudes que no hayan podido ser atendidas por dicho motivo, serán desestimadas, sin entrar a valorar el cumplimiento o no de los requisitos para tener derecho a la subvención.

Artículo 11 Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, iniciándose dicho plazo el 10 de marzo de 2021.

2. La presentación de las solicitudes de subvención se realizará de forma electrónica, conforme a los modelos normalizados de solicitud que se incorporan en los Anexos 1 y 2 del presente Decreto ley, que estarán disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://sede.gobcan.es/sede/) y del Servicio Canario de Empleo (https://sede.gobcan.es/empleo/) y acompañadas, en su caso, de la documentación requerida.

En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia. En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las personas o empresas interesadas, cumplimentación de trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos del cómputo plazos, reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular de la sede electrónica, que será objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se comunicará dicha circunstancia a todas las personas registradas en las aplicaciones gestoras de los procedimientos afectados.

3. La presentación de solicitudes presumirá la aceptación expresa, formal e incondicional de lo dispuesto en el presente Decreto ley, en especial la inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sin perjuicio del derecho a desistir de su petición, que pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a renunciar a la ya concedida.

4. Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán declarar bajo su responsabilidad:

• a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
• b) Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para la misma finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado.
• c) Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
• d) Que los costes fijos subvencionables no están cubiertos con las ayudas recibidas cualquiera que sea su naturaleza para los mismos costes y período y que la ayuda que solicita no excede al 100% de los mencionados costes subvencionables.
• e) Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que en aplicación del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Europeo, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso.

Artículo 12 Documentación a acompañar a la solicitud

1. Las personas y entidades interesadas deberán acompañar la solicitud de subvención con la declaración responsable que figura en los modelos normalizados de solicitud que se incorporan en los Anexos 1 y 2 del presente Decreto ley, en la que la persona o entidad solicitante manifieste los siguientes extremos:

• a) Las ayudas recibidas con arreglo al del Marco Nacional Temporal o en aplicación del Marco Temporal Europeo.
• b) Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiario, establecidas en el presente Decreto ley.
• c) Que no ha sido sancionada o condenada mediante resolución administrativa o sentencia, ambas firmes, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género en los últimos dos (2) años.
• d) Que no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de subvenciones.
• e) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional.
• f) Que ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
• g) Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el momento de la presentación de la solicitud.
• h) Que se compromete a aportar los documentos probatorios o los datos adicionales que le sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata a la Administración cualquier variación que afecte a la documentación aportada.
• i) Que cumplen los requisitos para ser considerada como entidad que no está en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

2. Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior, las personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente documentación:

• A) Línea 1 de subvenciones:
  • a) Modelo de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario (modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones.
  • b) En el caso de profesionales que por normativa tengan la obligación de estar colegiados, Certificado del Colegio profesional indicando períodos de altas y bajas en el mismo, concretando situación de ejerciente o no ejerciente, así como situación en el pago de cuotas.
  • c) En su caso, certificado de alta en la Mutualidad profesional, indicando períodos de altas y bajas en la misma y situación en el pago de cuotas.
  • d) En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, deberá solicitar la misma a través del siguiente procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de subvención:
    • - Personas físicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538.
  • e) En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020, la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia siguiente:
    • 1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del Régimen General del IGIC (Modelo 420).
    • 2º. Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
    • 3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
    • 4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
    • 5º. Libros contables.
    • 6º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con valor probatorio admisible en Derecho.
• B) Línea 2 de subvenciones:
  • a) Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada AEAT (Modelo 036 o 037).
  • b) Modelo de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario (modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones.
  • c) En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, podrá solicitar la misma a través de los siguientes procedimientos y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de subvención:
    • - Personas físicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538.
    • - Personas jurídicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/4909.
  • d) En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020, la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia siguiente:
    • 1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del Régimen General del IGIC (Modelo 420).
    • 2º. Declaraciones / Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
    • 3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
    • 4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
    • 5º. Libros contables.
    • 6º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con valor probatorio admisible en Derecho.
  • e) Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros documentos que acrediten el empleo existente a dicha fecha.

3. En caso de que las personas y empresas interesadas hayan manifestado de forma expresa su oposición a que la Dirección General de Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1) recabe electrónicamente o consulte a los organismos competente los certificados y datos del interesado obrantes en dichas Administraciones que deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar junto a la solicitud la siguiente documentación:

• i) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la Seguridad Social.
• ii) Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros documentos que acrediten el empleo existente a dicha fecha.
• iii) Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y Certificado de Altas y Bajas en el IAE, emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 13 Instrucción y resolución del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas mediante el presente Decreto ley será la Dirección General de Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1), los cuales, a la vista del expediente, formularán propuesta de resolución y la elevarán al órgano concedente, quien mediante resolución motivada resolverá la concesión o denegación de la subvención.

2. Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la entidad colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y empresas interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, que no será susceptible de ampliación, subsanen, y/o completen los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1, todos ellos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los requerimientos que se dirijan a las personas o entidades interesadas para subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes serán puestos a disposición en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en el supuesto de la línea 2) y del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1), por un plazo de diez días. Si en dicho plazo la persona interesada no accede al documento puesto a disposición, el mismo se entenderá notificado a todos los efectos el día del vencimiento del plazo surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada.

3. La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la aprobación del gasto, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) y a la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1).

4. Una vez agotado el crédito establecido para atender las subvenciones, serán denegadas todas las solicitudes que no hayan podido ser atendidas por falta de presupuesto, sin proceder a la comprobación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de las subvenciones, y aunque se hayan presentado en plazo. En este supuesto, la resolución denegatoria de estas solicitudes se podrá realizar conjuntamente en documento único, cuya notificación se practicará en la forma que se establece en el apartado siguiente.

5. Las resoluciones de concesión deberán ser dictadas y notificadas en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación de las solicitudes de subvención. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en el supuesto de la línea 2) y del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1), surtiendo esta todos los efectos de notificación practicada.

6. Las resoluciones de concesión no pondrán fin a la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones), en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Artículo 14 Modificación de la resolución de concesión

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el artículo 22 del presente Decreto ley, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. La resolución de modificación de concesión de la subvención deberá dictarse por el órgano concedente en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las personas y empresas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.

Artículo 15 Justificación de la subvención

1. La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no se requerirá otra justificación que la acreditación, conforme a los medios que establezca la normativa reguladora, de la situación o concurrencia que determina su concesión.

Por ello, con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida en el artículo 12, y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto ley, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la subvención, sin perjuicio de la acreditación de la obligación del mantenimiento de la actividad y de las actuaciones de comprobación y control de subvenciones a que se refieren los artículos 16 y 17, respectivamente.

Artículo 16 Acreditación de la obligación del mantenimiento de la actividad

En relación con la obligación de mantenimiento de la actividad, las personas y empresas beneficiarias quedan obligadas a mantener la actividad que motiva la concesión de la subvención hasta, al menos, la fecha de finalización de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto ley en el Boletín Oficial de Canarias.

Las personas y empresas beneficiarias están obligadas a aportar, por el mismo medio que la presentación de solicitudes, en el plazo de siete meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto ley en el Boletín Oficial de Canarias, el formulario incluido como Anexo 4, junto con la documentación siguiente, salvo que hubieran otorgado autorización a la Administración para su consulta:

• a) Línea 1:
  • - Informe de Vida Laboral actualizado.
• b) Líneas 1 y 2 de subvenciones:
  • - Certificado emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en los que está dado de alta.

Artículo 17 Comprobación y control de las subvenciones

La persona beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad beneficiaria de la subvención cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas. El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

El órgano instructor correspondiente verificará que las beneficiarias han cumplido con la conducta subvencionada y la veracidad de los aspectos declarados en su solicitud. Para ello, se hará una muestra del 10% de la población subvencionada y se podrá contratar a auditores de cuentas especialistas en control de subvenciones públicas. El porcentaje de la muestra podrá incrementarse en función de los resultados obtenidos.

Artículo 18 Reintegro de las subvenciones

1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, darán lugar a la obligación de reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, será de aplicación el resto del Capítulo I del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

2. También será causa de reintegro la imposición de sanciones declaradas firmes a las personas y empresas beneficiarias por el incumplimiento de las medidas de contención de la propagación de la COVID-19.

3. El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los Títulos II y III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación con lo dispuesto en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad.

Artículo 19 Criterios de graduación de los incumplimientos

1. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en este Decreto ley y demás normas aplicables responderán al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.

2. En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento de la subvención concedida.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:

• i) Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal efecto:
  • i.1) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
  • i.2) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
  • i.3) A tal efecto, tendrán esa consideración el falseamiento de los datos suministrados por la misma, que impidan la total certificación del buen fin de la subvención concedida.
  • i.4) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
  • i.5) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
• ii) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto tendrán esa consideración:
  • ii.1) El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas participantes de la actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
  • iii) En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas beneficiarias del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de un 3% del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda.

Artículo 20 Infracciones y sanciones

Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Artículo 21 Prescripción

Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 69.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disponen que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, establecen el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el artículo 16.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.

Artículo 22 Compatibilidad de las subvenciones

1. Las subvenciones reguladas mediante el presente Decreto ley serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma o distinta finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2. El importe de las subvenciones reguladas en el presente Decreto ley en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada.

3. Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general todas las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos para cada tipo de ayuda.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado pueden acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de mínimis [Reglamentos (UE) nº 360/2012, 1407/2013, 1408/2013 y 717/2014, de la Comisión], siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de mínimis sean respetadas.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también pueden acumularse con las ayudas exentas en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo sean respetadas.

Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de los costes cubiertos.

Artículo 23 Protección de datos

Las beneficiarias quedan sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el vigente Reglamento (UE) nº 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Artículo 24 Información y publicidad

1. Las personas y empresas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, derivadas de la subvención concedida.

2. El incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores supondrá el inicio del procedimiento de reintegro regulado en el Título II de la Ley General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Disposición final primera Facultades de desarrollo

1. Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:

• a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.
• b) Actualizar y modificar los Anexos 1, 2 y 4 recogidos en este Decreto ley.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para:

• a) Ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1del presente Decreto ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido inicialmente.
• b) Incrementar el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones establecidas en el artículo 6.1 del presente Decreto ley y las modificaciones de crédito entre ambas líneas de subvención.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.