Orden ETD/1236/2023, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los participantes en proyectos importantes de interés común europeo (IPCEI) y primera convocatoria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU

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• INTRODUCCION
• TÍTULO I. Disposiciones generales
  • Artículo 1 Objeto y finalidad
  • Artículo 2 Régimen jurídico aplicable
• TÍTULO II. Bases reguladoras de la concesión de las ayudas del Programa «UNICO IPCEI»
  • CAPÍTULO I. Normativa general
    • Artículo 3 Objetivo del programa
    • Artículo 4 Ámbito material
    • Artículo 5 Ámbito temporal
    • Artículo 6 Ámbito geográfico
    • Artículo 7 Actuaciones objeto de las ayudas, y plazos para su realización
    • Artículo 8 Requisitos de las entidades beneficiarias
    • Artículo 9 Obligaciones de las entidades beneficiarias
    • Artículo 10 Intensidad máxima de la ayuda y financiación del programa
  • CAPÍTULO II. Gestión de las ayudas
    • Artículo 11 Convocatoria
    • Artículo 12 Modalidad de ayuda y compatibilidad con otras ayudas
    • Artículo 13 Gastos subvencionables
    • Artículo 14 Subcontratación
    • Artículo 15 Órganos competentes para ordenar, instruir y resolver el procedimiento
    • Artículo 16 Procedimiento de concesión
    • Artículo 17 Presentación de solicitudes
    • Artículo 18 Mecanismos de notificación, publicación o envío de documentación
    • Artículo 19 Cesión de datos
    • Artículo 20 Revisión de las solicitudes
    • Artículo 21 Comprobación de los requisitos y condiciones de las entidades solicitantes y de la elegibilidad de los servicios
    • Artículo 22 Criterios objetivos para la concesión de la subvención
    • Artículo 23 Propuesta de resolución de concesión o denegación
    • Artículo 24 Resolución
    • Artículo 25 Garantías
    • Artículo 26 Pago
    • Artículo 27 Desistimiento y renuncia por los interesados
    • Artículo 28 Seguimiento y justificaciones intermedias de las actuaciones subvencionadas
    • Artículo 29 Justificación final
    • Artículo 30 Publicidad de las ayudas
    • Artículo 31 Incumplimientos, criterios de graduación de los posibles incumplimientos
    • Artículo 32 Procedimiento de reintegro
    • Artículo 33 Modificación de la resolución de concesión
    • Artículo 34 Infracciones y sanciones
    • Artículo 35 Confidencialidad y protección de datos de carácter personal
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única Decisión de la Comisión Europea
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Título competencial
  • Disposición final segunda Habilitación para el desarrollo y ejecución
  • Disposición final tercera Entrada en vigor
• ANEXO I. Convocatoria de 2023 para la concesión de ayudas para la financiación de IPCEI-CIS e IPCEI-Micro, del Programa «UNICO IPCEI» en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
  • Primero.Objeto y finalidad.
  • Segundo.Plazos.
  • Tercero.Requisitos de las entidades beneficiarias.
  • Cuarto.Obligaciones de las entidades beneficiarias.
  • Quinto.Subcontratación.
  • Sexto.Presentación de solicitudes.
  • Séptimo.Créditos presupuestarios y cuantía total máxima convocada.
  • Octavo.Características de las ayudas: modalidad, régimen de concesión.
  • Noveno.Conceptos susceptibles de ayuda.
  • Décimo.Procedimiento de concesión.
  • Undécimo.Mecanismos de notificación, publicación o envío de documentación.
  • Duodécimo.Desistimiento y renuncia por los interesados.
  • Decimotercero.Seguimiento y justificaciones intermedias de las actuaciones subvencionadas.
  • Decimocuarto.Justificación final.
  • Decimoquinto.Pago y constitución de garantías.
  • Decimosexto.Compatibilidad de las ayudas.
  • Decimoséptimo.Publicidad de las subvenciones.
  • Decimoctavo.Incumplimientos, criterios de graduación de incumplimientos, procedimiento de reintegro de las ayudas, las infracciones y las sanciones.
  • Decimonoveno.Devolución de la ayuda no aplicada.
  • Vigésimo.Mecanismo de reembolso.
• ANEXO 1
• ANEXO 2. Hitos que debe de contener la Memoria técnico-económica justificativa de las actuaciones financiadas
• ANEXO 3. Hitos CID conforme a la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los que contribuyen los proyectos incluidos en UNICO IPCEI
• ANEXO 4. Subcontrataciones
• ANEXO 5. Instrucciones sobre gastos subvencionables
• ANEXO II. Modelo de declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH)
• ANEXO III. Condiciones específicas en materia de medioambiente

Artículo 1 Objeto y finalidad

1. La presente orden ministerial tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones contempladas en el Programa «UNICO IPCEI» de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que financiará parcialmente el desarrollo de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo [por sus siglas en inglés (IPCEI)] a sus participantes, para los siguientes subprogramas:

• a) Subprograma de IPCEI-CIS: tiene como finalidad la financiación parcial del desarrollo de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo de servicios e infraestructuras en la nube (cloud) y de borde (edge) de próxima generación [por sus siglas en inglés (en adelante, IPCEI-CIS)].
• b) Subprograma de IPCEI-MICROELECTRONICA: tiene como finalidad la financiación parcial del desarrollo de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo de servicios e infraestructuras sobre procesadores avanzados y semiconductores (en adelante, IPCEI-MICRO).

2. Las subvenciones otorgadas con base en el Programa «UNICO IPCEI», tiene como finalidad la participación en los IPCEI de empresas españolas y se enmarcan en la inversión I5 «Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas» del componente 15 «Conectividad Digital, impulso a la Ciberseguridad y despliegue del 5G» del Plan de Recuperación, que incluye la participación en este tipo de proyectos. Además, contribuyen al cumplimiento de los hitos CID #241 b) y c) Adjudicación de fondos para «Mejora de la conectividad de la infraestructura digital transfronteriza», en sus apartados b) «Proyectos de infraestructuras y servicios de nueva generación en la nube y de borde (edge)» y c) «proyectos de procesamiento avanzado y semiconductores» y CID #242 b) y c). Finalización de los proyectos adjudicados en el hito CID #241 sobre «Mejora de la conectividad de la infraestructura digital transfronteriza», en sus apartados b) «Proyectos de infraestructuras y servicios de nueva generación en la nube y de borde (edge)» y c) «Proyectos de procesamiento avanzado y semiconductores». Estos hitos están asociados a la misma de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia y del citado Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, por lo que también tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I5.

3. Mediante la presente orden se establecen las bases reguladoras de estas ayudas y se acompaña en el anexo I la convocatoria de ayudas de 2023 del Programa «UNICO IPCEI», en el marco del Plan de Recuperación.

Artículo 2 Régimen jurídico aplicable

1. Las subvenciones del Programa «UNICO IPCEI» están sujetas a lo dispuesto en esta orden de bases, en su respectivas convocatorias, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el resto de la normativa reguladora de las Administraciones Públicas y de su actividad.

2. Igualmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021; el Reglamento Delegado (UE) 2021/2016 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás normativa tanto europea como nacional que sea de aplicación a la gestión, seguimiento, verificación, publicidad y control en el marco del Plan de Recuperación y en particular la incluida en el apartado 7.

3. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que para la ejecución de los proyectos subvencionados se celebraran contratos que deban someterse a dicha ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma: Igualmente será de aplicación lo dispuesto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

4. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio «Do No Significant Harm»-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

5. Asimismo, será de aplicación la Comunicación (2021/C 528/02) de la Comisión Europea sobre los criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo, así como las demás disposiciones de la Unión Europea que pudieran ser de aplicación, en especial las relativas a ayudas de Estado.

6. Las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE), transpuestas al derecho interno en la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

7. En todo caso, las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 241/2021 y artículos 6 y 8 de la Orden HFP 1030/2021. En particular, será de aplicación la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

8. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento del MRR); la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021/C 58/01, así como el resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, especialmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación.

Artículo 3 Objetivo del programa

1. El objetivo del Programa «UNICO IPCEI» es contribuir a la ejecución del Plan de Recuperación, alineándose con el cumplimiento parcial de los hitos CID #241 b) y c) y CID #242 b) y c) de la inversión C15.I5 contemplada en el mismo.

2. La justificación de la consecución de los hitos CID #241 b) y c) y CID #242 b) y c) de la inversión C15.I5 vinculado con estas ayudas se realizará a través de los mecanismos de verificación señalados en el anexo I del anexo de la Decisión de la Comisión europea por la que se aprueban los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Artículo 4 Ámbito material

Las subvenciones del Programa «UNICO IPCEI» están dirigidas a financiar parcialmente los costes de la ejecución de los participantes del IPCEI.

Artículo 5 Ámbito temporal

La vigencia temporal del Programa «UNICO IPCEI» se iniciará con la aprobación de la presente orden y concluirá, en el momento en que se haya dispuesto de la totalidad de los fondos destinados al pago de las subvenciones contempladas en esta orden y en todo caso de acuerdo con la adenda, no podrá ser posterior a la fecha fijada en el objetivo CID #242, fecha en la que deben estar implementadas las actuaciones contempladas para la C15.I5.

Artículo 6 Ámbito geográfico

El Programa «UNICO IPCEI» se aplica en todo el territorio del Estado.

Artículo 7 Actuaciones objeto de las ayudas, y plazos para su realización

1. Las actuaciones objeto de estas ayudas serán parte de los costes que las entidades participantes en un IPCEI tengan en el desarrollo del mismo dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de fin de las actuaciones indicadas en el punto siguiente.

2. La fecha de inicio y la fecha de fin de las actuaciones financiadas en el proyecto serán las que figuren en la resolución de concesión. En todo caso, la fecha inicial no será anterior a la prenotificación y la fecha final no será posterior a la fecha establecida para el cumplimiento del hito CID #242, que está fijada el 30 de junio de 2026, ni a la determinada en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8 Requisitos de las entidades beneficiarias

1. La condición de beneficiario de las subvenciones se obtiene por estar en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y concurrir las circunstancias determinadas en las presentes bases reguladoras y la correspondiente convocatoria.

2. Podrán convertirse en entidades beneficiarias todas aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

• a) En el Subprograma de IPCEI-CIS: las entidades que figuren en el listado de entidades incluidas por la Comisión Europea en la decisión que en su momento publique la Comisión Europea en relación con el IPCEI-CIS declarando compatibles con el mercado interior las ayudas que se otorguen usando este IPCEI-CIS como marco.

  Los potenciales beneficiarios de las ayudas de este subprograma son las entidades recogidas en la notificación de octubre de 2023 a la Comisión Europea como participantes directos para la percepción de ayudas de estado en el IPCEI-CIS.

  Adicionalmente, las entidades beneficiarias deberán haber recibido de la Dirección General de Competencia (DG COMP por sus siglas en inglés) al menos dos solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) acerca de los entregables prenotificados, así como la entrega de la respuesta a las dudas planteadas y la actualización de los entregables pre notificados para su evaluación por parte de DG COMP.

• b) Y en el subprograma de IPCEI-MICRO: las entidades que figuren en la Decisión de la Comisión Europea C(2023) 3817 final, de 8 de junio, donde la comisión decidió no formular objeciones a la ayuda del IPCEI-MICRO, al considerarla compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107.3.b) del TFUE, cuyo proyecto verse sobre diseño de aceleradores.

3. Dichas entidades no tendrán la condición de beneficiarios si incurren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Adquirirán la condición de entidades beneficiarias aquellas que cumplan los requisitos fijados en las presentes bases reguladoras y en las convocatorias referidas en el artículo 11 de esta orden.

5. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar, en su caso, a la pérdida de la condición de beneficiario y al reintegro de la ayuda en el supuesto de que ya hubiera habido desembolso.

6. El cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras y en la convocatoria deberá acreditarse en la forma y con los medios determinados en ésta, que podrán contemplar la presentación de declaraciones responsables que con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, y será comprobado por el órgano instructor de las convocatorias de «UNICO IPCEI».

7. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas entidades que ya hayan recibido o estén en proceso de recibir ayudas por los mismos conceptos. En concreto que ya estén en proceso de recibir ayudas por su participación en los IPCEI.

8. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, Comunicación de la Comisión 2014/C 249/01, de 31 de julio de 2014, prorrogadas por la Comunicación de la Comisión 2020/C 224/02, de 8 de julio de 2020.

9. Los siguientes compromisos en la ejecución de la actividad subvencionada:

• a) Conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, a Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
• b) Cumplir con los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
• c) Cumplir el principio de «No causar perjuicio significativo», de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.^o 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.
• d) Cumplir que los gastos subvencionables en los que incurra en las operaciones comerciales serán abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
• e) Aportar datos sobre la titularidad real de la entidad si fuera necesario, tal y como se establece en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta información deberá aportarse en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.

  En cualquier caso, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales (disposición adicional tercera y cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrolladas por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento), o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

• f) No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. A fin de garantizar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1), se atenderá a lo establecido en el anexo II.
• g) Cumplir con el resto de las condiciones para el acceso a la ayuda que figuren en las bases reguladoras o en la convocatoria.

Artículo 9 Obligaciones de las entidades beneficiarias

1. La subvención regulada por esta orden de bases está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos marcados en la convocatoria.

2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones generales que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las contenidas en esta orden de bases, las que establezca la correspondiente convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

3. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, serán obligaciones de las entidades beneficiarias:

• a) Aceptar la subvención concedida en los términos que se establezcan en la resolución de concesión.
• b) Realizar las actuaciones subvencionables, conforme a la documentación presentada con la solicitud de subvención indicada en la convocatoria, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en esta orden de bases, en la convocatoria, en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones. Lo anterior teniendo en todo caso en cuenta los requisitos específicos y concreción para la presente subvención que, dentro de las actividades señaladas en la convocatoria, se establezcan en la resolución de concesión, a la vista de la solicitud presentada. Al efecto, tendrá especial relevancia el cumplimiento de los hitos intermedios definidos con sus respectivos entregables y la cuantificación económica de los mismos, así como sus criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación serán cuantitativos y verificables por un tercero independiente.
• c) Demostrar el desarrollo de las actuaciones objeto de la ayuda.
• d) Demostrar el empleo dado a los fondos recibidos que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados.
• e) Cumplir con las obligaciones de publicidad que se establecen en el artículo 30 de esta orden de bases, así como aquellas que se determinen, en la convocatoria y en la resolución de concesión.
• f) Si fuera necesario realizar nuevas contrataciones de personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de las Propuestas de Actividades subvencionables, tener en cuenta criterios de creación neta de empleo en España, subcontratación a empresas que generen empleo en nuestro país o en la Unión Europea, cohesión territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales, y de igualdad de género, debiendo tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y startups.

  En particular, las entidades beneficiarias están obligadas a crear en España todo el empleo necesario para la realización de las actividades objeto de la subvención, que se realizarán con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.

  Concretamente, cumplirá con las siguientes obligaciones en materia de empleo:

  • 1.º Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
  • 2.º Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.
  • 3.º Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

  En el caso de que el beneficiario no sea capaz de cumplir los tres puntos anteriores, se contempla que sea válido cualquier país perteneciente a la Unión Europea.

• g) Contribuir a los objetivos de autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

  Lo previsto en las letras f) y g) se entenderá sin perjuicio de la normativa especial aplicable, en su caso, a las entidades beneficiarias. Estas obligaciones no serán exigibles si impidieran, dificultaran o retrasaran sobremanera la consecución del objeto establecido en el artículo 1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de dichas obligaciones o, en su caso, la concurrencia de las causas de exoneran del mismo, en una memoria que se adjuntará a la documentación establecida en el artículo 17.

• h) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con la actuación subvencionable, mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto. Asimismo, deberá disponer de los libros contables, registros, diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Para dar conformidad al artículo 22.2.f) del Reglamento 2021/241 y el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE, con carácter general se establece que este conjunto de documentos deberá conservarse durante un plazo mínimo de al menos diez años desde la fecha de certificación del proyecto hasta que las posibles auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

  En concreto, respecto al personal se requiere que exista partes horarios firmados por los propios empleados a efectos de evitar la doble financiación de los gastos de personal. Se implantará un sistema auditable de imputación y control de horas para la justificación de los costes de personal.

• i) Aplicar la perspectiva de género en todas sus actuaciones, siguiendo las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, publicada por el Ministerio de Igualdad. Asimismo, deberán aplicarse criterios que promuevan la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres a efectos de garantizar la participación equilibrada por género en todas las profesiones, actividades y niveles. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
• j) Cualquier otra obligación que se establezca para cumplir el mecanismo de reembolso o el DNSH.

4. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:

• a) Someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
• b) Recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación.

  En particular, quedan sujetos a la obligación de recabar la siguiente información en relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas:

  • 1.º NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal del contratista o subcontratista.
  • 2.º Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • 3.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
  • 4.º Los contratistas acreditarán la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de cada Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.
• c) Ser responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
• d) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
• e) Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
• f) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de al menos diez años a partir del final de la operación, hasta que las posibles auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento Financiero Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1296/2013, (UE) n.^o 1301/2013, (UE) n.^o 1303/2013, (UE) n.^o 1304/2013, (UE) n.^o 1309/2013, (UE) n.^o 1316/2013, (UE) n.^o 223/2014 y (UE) n.^o 283/2014 y la Decisión n.^o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.^o 966/2012.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30, las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de la subvención concedida y del órgano concedente en los contratos de servicios, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, incluyendo expresamente, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». Además, deberá publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa del órgano concedente. En particular, será de aplicación lo dispuesto a este respecto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En concreto se comprometen a participar en las actividades de coordinación entre los distintos proyectos del mismo ámbito temático, así como en las actividades de difusión del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

6. Las entidades beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «Do No Significant Harm»-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de las actividades objeto de subvención, teniendo en cuenta la «Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio así como la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente» publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De acuerdo con lo anterior, las entidades beneficiarias deberán prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, en línea con el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en cuanto a su desarrollo de dicho principio y el análisis preceptivo de los riesgos medioambientales de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo de cinco años.

Para garantizar el cumplimiento del principio DNSH y las obligaciones en materia de medioambiente, deberán cumplimentarse y firmarse los modelos presentes en el anexo II y en el anexo III de esta orden.

7. Las entidades beneficiarias garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado digital, con un porcentaje del 100 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

8. Con objeto de que el órgano concedente, como órgano encargado de la gestión de los fondos relativos a la subvención aprobada por esta orden de bases, en el contexto del Plan de Recuperación, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda certificar o acreditar la debida ejecución de los mismos ante las autoridades competentes, las entidades beneficiarias deberán, además de cumplir con las obligaciones de información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, remitir cuanta información y documentos pudiera requerirles el órgano concedente para el seguimiento del programa, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.

9. Las entidades beneficiarias están obligadas a cumplir las instrucciones que el órgano concedente como cualquier órgano o autoridad competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación.

Artículo 10 Intensidad máxima de la ayuda y financiación del programa

1. La intensidad bruta máxima de las ayudas del Programa UNICO IPCEI es del 90 % del presupuesto financiable.

2. Las convocatorias podrán disminuir adicionalmente dicha intensidad máxima, que vendrá definida por las características del IPCEI que financie cada subprograma y las disponibilidades presupuestarias de cada convocatoria.

3. Según establece el artículo 19 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Los importes de ayuda asociados a cada uno de los conceptos subvencionables que figuren en la resolución de concesión representarán los límites máximos de ayudas.

5. El presupuesto de cada convocatoria será establecido en la correspondiente convocatoria de subvenciones.

6. Las subvenciones de cada convocatoria del programa serán financiadas con cargo a la inversión I5 del componente 15 del Plan de Recuperación serán financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el RMRR, según está previsto en el Plan de Recuperación y en los Presupuestos Generales del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación está vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada a los mismos. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el ya citado Real Decreto-ley 36/2020, así como las exigencias específicas relativas a la información y publicidad y criterios de selección cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

7. El cumplimiento de dichos mecanismos deberá ser verificado por el órgano concedente, como organismo designado responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General del Estado (en adelante, IGAE), como organismo designado responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos.

Artículo 11 Convocatoria

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado número 2 del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la convocatoria de las subvenciones del Programa «UNICO IPCEI» se realizará por resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, órgano competente para su concesión en cuanto responsable de la política de impulso al sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, el despliegue de infraestructuras y servicios para garantizar la conectividad de los ciudadanos y empresas e impulsar la productividad y el crecimiento económico en los términos establecidos en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del citado Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y sus modificaciones posteriores.

2. Cada convocatoria detallará al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado». También se publicará en la sede electrónica del órgano concedente.

3. En la convocatoria incluida en el anexo I se incluirá la cuantía máxima de las ayudas convocadas para cada uno de los subprogramas establecidos en el artículo 1 de la presente orden de bases, así como la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a cargo de la cual se convocarán las ayudas para el año 2023 y equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

4. Asimismo, se permitirá el trasvase de fondos entre los distintos subprogramas recogidos en el artículo 1 de la orden de bases.

5. De conformidad con el artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de concesión de subvenciones será objeto de suspensión inmediata en el caso de que, en su transcurso, se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo. Todo ello a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de notificación, comunicación, denuncia y demás medidas previstas en el citado precepto, así como en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del Plan de Recuperación y el Plan de Control Interno aprobado por el Comité Antifraude previsto en el citado plan. Dispondrá, así mismo, de procedimientos para abordar los posibles conflictos que surjan, de acuerdo entre otras a la Orden HFP/55/2023.

Artículo 12 Modalidad de ayuda y compatibilidad con otras ayudas

1. Las ayudas del Programa «UNICO IPCEI» se otorgan en la modalidad de subvención mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, en línea con el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020.

2. Las ayudas reguladas en esta orden no podrán ser compatibles con cualesquiera otras que cubran los mismos costes procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. En todo caso, los beneficiarios de la subvención deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la obtención de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, tal y como establece el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Las subvenciones reguladas en la presente orden constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estando sujetas al régimen de compatibilidad establecido en el artículo 93 del TFUE para las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación

Artículo 13 Gastos subvencionables

1. Las subvenciones previstas en esta orden de bases se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades subvencionables, según se detalle en la resolución de concesión, de acuerdo con la documentación presentada con la solicitud de subvención indicada en la convocatoria, y en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. De acuerdo con el anexo de la Comunicación de la Comisión (2021/C 528/02), serán elegibles como subvencionables en el concepto de costes directos de ejecución los siguientes gastos:

• a) Estudios de viabilidad, incluidos estudios técnicos preparatorios, y los costes de obtener los permisos necesarios para la realización del proyecto.
• b) Costes de instrumental y material (incluidas las instalaciones), en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen para el proyecto durante toda su vida útil, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados aplicando unas buenas prácticas contables.
• c) Costes de la adquisición (o construcción) de edificios, infraestructuras y terrenos en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. Si estos costes se determinan respecto al valor de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se haya incurrido, frente a los costes de amortización, el valor residual de los terrenos, edificios o infraestructuras se deducirán del déficit de financiación, ya sea ex ante o ex post.
• d) Costes de otros materiales, suministros y productos similares necesarios para el proyecto.
• e) Costes necesarios para la obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. Los costes de este epígrafe no podrán superar el 50 % del presupuesto del proyecto.
• f) Costes de personal y administrativos (incluidos los gastos generales) derivados directamente de las actividades de I+D+i, incluidas las actividades de I+D+i relacionadas con el primer despliegue industrial.
  • 1.º Personal contratado: retribución bruta y cotización a la Seguridad Social.
  • 2.º Personal propio o plantilla: retribución bruta y cotización a la seguridad social, incluyendo trienios, quinquenios y sexenios. No se incluyen ningún tipo de complementos.
• g) En caso de ayuda a un proyecto de primer despliegue industrial, el capital y los gastos de funcionamiento en la medida y durante el período utilizados para el proyecto, siempre que el despliegue industrial se derive de una actividad I+D+i e incluya en sí un componente importante de I+D+i que constituya un elemento integrante y necesario para el éxito de ejecución del proyecto. Los gastos de funcionamiento deberán estar relacionados con ese componente del proyecto.
• h) Otros costes que pueda incluir la resolución de concesión si están justificados y si están estrechamente vinculados a la realización del proyecto, incluidos viajes, dietas, honorarios alquiler de servidores informáticos, suministros y productos similares, a excepción de los costes de funcionamiento no cubiertos por la letra f).

2. El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 a 6 del mismo artículo 31. El periodo durante el cual las entidades beneficiarias deben destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual al plazo de ejecución de la actuación financiada, o de cinco años para los bienes inscribibles en registro público y de dos años para bienes no inscribibles en dicho registro, aplicándose el plazo correspondiente que sea más largo.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, las entidades beneficiarias deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. No serán financiables el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto general indirecto canario (IGIC) e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de Ceuta y Melilla (IPSI).

5. En concepto de costes indirectos las entidades beneficiarias podrán imputar adicionalmente un porcentaje de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionables válidamente justificados. Los costes indirectos son gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa. En ningún caso podrán imputarse en este concepto costes recurrentes ni dietas.

Artículo 14 Subcontratación

1. A los efectos de esta orden de bases, y de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tengan que incurrir las entidades beneficiarias para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar con terceros la realización de la actividad para la que se solicita la subvención, siempre y cuando se cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.

4. En ningún caso podrá fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo concepto y a un mismo proveedor.

5. Para asegurar que la subcontratación se realiza con transparencia y a precios de mercado, para las subcontrataciones que el beneficiario realice con entidades vinculadas, independientemente del importe del servicio, así como para las que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, se deberán adjuntar las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. De conformidad con el artículo 29.3 y 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en caso de que la actividad subcontratada supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y autorizarse previamente por el órgano concedente. En este supuesto la solicitud irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la consecución de los objetivos de la actuación objeto de subvención.

7. La solicitud de autorización podrá ser remitida desde el momento de la publicación de la propuesta de resolución provisional y al menos tres meses antes del inicio previsto de la actividad a subcontratar.

8. La solicitud de autorización necesariamente deberá incluir la documentación referida en el apartado 5 anterior, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, en la convocatoria se podrá requerir documentación adicional.

9. En caso de que la subcontratación se realice con entidades vinculadas a las entidades beneficiarias, deberá solicitarse previa autorización al órgano concedente y acreditar que se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

10. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que exista vinculación entre el beneficiario y el proveedor seleccionado y esta relación no haya sido declarada por el beneficiario.
• b) Que exista vinculación entre los ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
• c) Que exista vinculación entre el beneficiario y al menos dos ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
• d) Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
• e) Que no exista diferenciación de los trabajos de la subcontratación en relación con los trabajos del beneficiario.
• f) Las que, en su caso, se determinen en las convocatorias.

11. El órgano instructor tendrá la competencia para autorizar en su caso la subcontratación solicitada,

12. Los subcontratistas no podrán subcontratar ninguno de los trabajos que hayan sido contratados.

13. Las entidades beneficiarias preverán mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (DNSH).

14. Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

15. En el caso de subcontratación se establecen las siguientes obligaciones en relación con la identificación de contratistas o subcontratistas, de acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden HFP 1030/2021:

• a) NIF del contratista o subcontratistas.
• b) Nombre o razón social.
• c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.
• d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
• f) Los contratistas acreditarán la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

Artículo 15 Órganos competentes para ordenar, instruir y resolver el procedimiento

1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de la subvención es la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (órgano instructor).

2. El órgano concedente es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Será competente para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden de bases la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

3. El órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas concedidas es la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

4. La Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas.

5. La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo previsto en esta orden, en la correspondiente convocatoria o en la normativa en materia de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será dictada por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

6. De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, el órgano concedente de las subvenciones contempladas en el Programa «UNICO IPCEI» gestionará la aplicación del análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés regulado en la mencionada orden a los empleados públicos y al resto del personal a su servicio, entendiéndose por tales las señaladas en la Orden HFP/55/2023. Igualmente, de acuerdo con la mencionada orden, los órganos indicados en su artículo 3.1 deberán rellenar el «Anexo I. Modelo de confirmación de la ausencia de conflicto de interés» (el resto de los intervinientes en el instrumento jurídico distinto de los anteriores, tendrán que firmar el anexo IV.A. Ausencia de conflicto de intereses de la Orden HFP 1030/2021).

Artículo 16 Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003.

2. Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán, en régimen de concurrencia no competitiva, a las entidades que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente orden y los que, en su caso, establezcan las convocatorias correspondientes, por orden de presentación correspondiente a la fecha y hora de registro de la solicitud, hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible en cada convocatoria.

Artículo 17 Presentación de solicitudes

1. Las entidades interesadas en la concesión de las ayudas presentarán su solicitud en el plazo señalado en cada convocatoria. El momento de presentación de la solicitud será el determinante de su posición en el orden establecido para la concesión de las subvenciones del Programa «UNICO IPCEI» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de las presentes bases reguladoras.

2. La solicitud se realizará por el administrador o apoderado o, en su caso, por la persona en situación de autoempleo homologada a las PYME, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y se formalizará mediante la cumplimentación de un formulario automatizado en la sede electrónica o sitio web habilitado al efecto por el órgano concedente de las ayudas del Programa «UNICO IPCEI», en los términos previstos en cada convocatoria. La solicitud deberá ser firmada electrónicamente por los administradores, apoderados o personas que correspondan en cada caso.

3. El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de ayuda, estarán disponibles en la sede electrónica o en el Portal de Ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4. La solicitud irá acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de los requisitos específicos establecidos en cada convocatoria.

5. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

Artículo 18 Mecanismos de notificación, publicación o envío de documentación

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, siendo de aplicación lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

2. Tanto la presentación de la documentación exigida en cada fase del procedimiento como el acceso a las publicaciones y notificaciones relacionadas con estas ayudas, se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o a través de registro electrónico. El acceso a los trámites posteriores de cada fase del procedimiento se realizará así mismo, a través del registro electrónico.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, carece de validez y eficacia la presentación de solicitudes y la realización de cualquier acto efectuado a través de medios distintos al indicado en el apartado anterior.

4. En todos los formularios electrónicos y modelos que se remitan, el declarante y el firmante de la declaración debe ser la misma persona y tener poder suficiente para obligar a la entidad a la que representa. En caso de que el firmante fuera persona distinta de la que firmó la solicitud de la ayuda, se deberá aportar copia en formato PDF («Portable Document Format») del poder que acredite que puede ejercer dicha representación.

5. Se podrán utilizar herramientas como Autofirma (https://firmaelectronica.gob.es/ Home/Descargas.htm) o Valide (https://valide.redsara.es/valide/) por terceros para la firma electrónica de los documentos que emitan las entidades beneficiarias y que vayan a formar parte del expediente, tales como contratos y demás documentos que deban ser firmados por su emisor con firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado. Los documentos electrónicos que firmar deberán tener el formato PDF y los documentos firmados deberán estar, preferentemente, en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) o en cualquiera de los dispuestos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración (XadES, CadES, PadES, OOXML y ODF). El firmante del documento hará llegar a las entidades beneficiarias el documento generado al firmar.

6. Todas las notificaciones se dirigirán a los representantes designados por las entidades beneficiarias, que serán los responsables de recibir todas las notificaciones y comunicaciones, mediante comparecencia en sede electrónica, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

7. En materia de información, comunicación y publicidad se tendrá en cuenta lo referente al artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como al artículo 9 referente a comunicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Artículo 19 Cesión de datos

1. La solicitud deberá expresar la aceptación por la entidad solicitante de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas y las restantes personas y entidades jurídicas involucradas en el desarrollo de «UNICO IPCEI», en cualquiera de sus fases, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al resto de la normativa interna y europea que sea de aplicación, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2. La entidad solicitante de las ayudas de «UNICO IPCEI» deberá comprometerse por escrito a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las Autoridades nacionales correspondientes ejerzan sus competencias. Este compromiso por escrito se remitirá junto con la solicitud.

Artículo 20 Revisión de las solicitudes

1. Cada solicitud de ayuda será revisada por el órgano instructor en la gestión de «UNICO IPCEI», así como la documentación asociada a la misma.

2. Concluida dicha revisión, si la solicitud presentara alguna deficiencia o no fuera acompañada de los documentos señalados tanto en la presente orden de bases como en la respectiva convocatoria, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de dos días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se la tendrá por desistida de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 21 Comprobación de los requisitos y condiciones de las entidades solicitantes y de la elegibilidad de los servicios

1. Una vez efectuada la revisión referida en el artículo precedente, y evaluado, en su caso, el trámite de subsanación de las deficiencias detectadas, el órgano instructor del Programa «UNICO IPCEI» procederá, por riguroso orden de formulación de las solicitudes en la sede electrónica o a través de registro electrónico, a analizar el contenido de los documentos aportados por los solicitantes de las ayudas y a comprobar, a partir de los datos reflejados en aquellos, si estas reúnen las condiciones establecidas en estas bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria para ser consideradas beneficiarias de las subvenciones y, en caso afirmativo, el cumplimiento por su parte de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Para la comprobación de los requisitos y condiciones señalados el órgano instructor y en su caso el órgano concedente de las subvenciones de «UNICO IPCEI» podrán realizar las actuaciones y consultas que estime necesarias.

Artículo 22 Criterios objetivos para la concesión de la subvención

1. Una vez efectuada la revisión referida en el artículo precedente, y evaluado, en su caso, el De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, las resoluciones de concesión de las subvenciones del Programa «UNICO IPCEI» de cada convocatoria, se aprobarán bajo el único criterio del orden de presentación de las solicitudes para cada subprograma una vez realizadas las comprobaciones de la concurrencia de las condiciones establecidas en las presentes bases reguladoras y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario correspondiente.

Artículo 23 Propuesta de resolución de concesión o denegación

1. Concluida la comprobación referida anteriormente, el órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones de «UNICO IPCEI» procederá, de forma sucesiva para cada Subprograma, a formular las procedentes propuestas de resolución provisionales y definitivas sobre cada una de las solicitudes presentadas en cada convocatoria.

2. Si de la comprobación resultara que la entidad solicitante de las ayudas de «UNICO IPCEI» cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de estas, la propuesta de resolución formulada por el órgano instructor será favorable. Si resultara, en cambio, que la solicitante no cumple los requisitos necesarios o no se ajustan a lo establecido en estas bases reguladoras y en cada convocatoria, se desestimará la solicitud de la ayuda.

3. Las propuestas de resolución provisionales y definitivas identificarán de forma indubitada a la entidad beneficiaria destinataria de las ayudas, el proyecto financiado, el presupuesto financiable para la totalidad del período indicado, y la cuantía de las ayudas que se conceden.

4. Las propuestas de resolución provisionales serán motivadas, quedando suficientemente acreditados en el procedimiento los fundamentos de la decisión adoptada.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, número 6, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de resolución de las ayudas no crea derecho alguno a favor de su destinatario frente a la Administración.

6. El órgano instructor en la gestión del Programa «UNICO IPCEI», publicará las propuestas de resolución o las desestimaciones de solicitudes en una sede electrónica del órgano concedente de las ayudas, comunicándoselo así por medios electrónicos a las destinatarias de las mismas.

Las propuestas de resolución individuales provisionales que coincidieran en sus términos con lo solicitado por la entidad beneficiaria correspondiente tienen el carácter de propuesta de resolución definitiva, sin necesidad de audiencia. En este caso, las entidades beneficiarias dispondrán de dos días hábiles desde la publicación en la sede electrónica, para comunicar su aceptación.

7. Las destinatarias de las propuestas provisionales de resolución desestimatorias disponen de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la comunicación señalada en el apartado anterior para que aleguen cuanto estimen oportuno, apercibiéndoles de que, de no hacerlo así, la propuesta adquirirá carácter definitivo y, posteriormente se elevará al órgano concedente como resolución de concesión desestimatoria.

8. Las destinatarias de las propuestas provisionales de resolución en las que la ayuda no coincidiera con lo solicitado disponen de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la comunicación señalada en el apartado 6 para que aleguen cuanto estimen oportuno o acepten, apercibiéndoles de que, de no hacerlo así, la propuesta adquirirá carácter definitivo y, posteriormente se elevará al órgano concedente como resolución de concesión estimatoria.

9. Recibidas las alegaciones de las solicitantes a desestimadas o transcurrido sin efecto el plazo concedido para las mismas, el órgano instructor de los procedimientos del Programa «UNICO IPCEI», procederá a examinar y formular, en plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de las alegaciones o de la terminación del plazo, en su caso, las propuestas de resolución definitivas teniendo en cuenta lo alegado por las solicitantes.

10. Posteriormente, el órgano instructor elevará al órgano concedente para la adopción de la resolución de concesión estimatoria o desestimatoria que proceda en cada una de ellas.

Artículo 24 Resolución

1. A partir de las propuestas de resolución que le fueran elevadas, el órgano concedente dictará las correspondientes resoluciones, concediendo o denegando las ayudas a las entidades solicitantes de que se trate y poniendo fin al procedimiento de cada subprograma.

2. El contenido de esta resolución de concesión incluirá al menos la siguiente información:

• a) Identificación de la entidad beneficiaria.
• b) Título de la actuación subvencionable.
• c) Presupuesto total de la actuación subvencionable.
• d) Costes subvencionables.
• e) Ayuda concedida y forma de pago.
• f) Fecha límite de ejecución.
• g) Hitos intermedios comprometidos, junto con los entregables, criterios de aceptación y cuantificación económica, con los indicadores correspondientes, para verificar de forma periódica el adecuado avance de las actuaciones subvencionables.
• h) Hitos y objetivos CID del Plan de Recuperación a los que contribuye.
• i) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones objeto de la actuación subvencionable que pudieran haberse requerido por la normativa de aplicación o la resolución de la concesión.

3. El órgano instructor publicará las resoluciones de concesión o denegación, en la sede electrónica del Ministerio o en el portal de ayudas advirtiéndolo así a las destinatarias por medios telemáticos.

4. De conformidad con lo dispuesto en Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, el órgano instructor publicará la información referente a las resoluciones notificadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5. Contra las resoluciones del procedimiento de concesión de las ayudas de «UNICO IPCEI», que ponen fin a la vía administrativa, cabrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, o interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o en cualquier momento a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ello no obstante las resoluciones podrá ser recurridas potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, si la resolución fuera expresa, o en cualquier momento a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto, si el acto no fuera expreso, sin que puedan simultanearse ambas vías de impugnación.

Artículo 25 Garantías

1. De acuerdo a lo establecido en la sección 7.ª del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en los casos en los que se realicen pagos de la ayuda por anticipado se podrá, según se indique en la convocatoria, exigir la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.

2. Para convocatorias con pagos por anticipado, en el caso que las mismas exijan la constitución de una garantía de alguno de sus pagos por anticipado, el importe de la misma será del 100 % de dicho pago y responderá del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y, en especial, del mantenimiento de las obligaciones del beneficiario en los términos fijados en la presente orden y el resto de normativa aplicable.

3. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, exclusivamente bajo una de las siguientes modalidades, recogidas en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras:

• a) Avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca.
• b) Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras.

4. El plazo para la constitución de las garantías será de cinco días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en la sede electrónica para las convocatorias anuales y para el primer pago de las plurianuales, en el caso de que se exija en la convocatoria para el libramiento de este pago, se realizará dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en la sede electrónica. Para los siguientes pagos y solo en el caso de que se exija en la convocatoria para el libramiento de estos pagos, deberán estar constituidas dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a la notificación del requerimiento por parte de la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas para cada uno de los pagos.

5. La garantía no se entenderá constituida hasta su presentación y validación ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

6. La aportación de los resguardos de constitución de garantías, ante la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a través del registro electrónico o la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, deberá realizarse, para las convocatorias anuales y para el primer pago de las plurianuales, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en la sede electrónica. Para los siguientes pagos, deberá presentarse el resguardo de constitución de garantías en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a la notificación del requerimiento por parte de la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas.

7. La falta de constitución de garantías en el plazo establecido se entenderá como una renuncia por parte de la entidad beneficiaria a la totalidad de la ayuda pendiente de librar, y conllevará la pérdida del derecho al cobro de la esta parte de la ayuda.

8. Las garantías deberán estar constituidas en el momento del pago y su período de vigencia será de duración indefinida, teniendo validez hasta su cancelación por parte del órgano concedente.

9. Las garantías sobre la subvención se liberarán tras la certificación final, si en ella se acredita el cumplimiento total de la ejecución de las actuaciones y condiciones de la actuación subvencionable o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda correspondiente.

10. En el caso de que el importe justificado de la ayuda recogido en la certificación final fuera inferior a la ayuda concedida se iniciará el oportuno procedimiento de reintegro. Si la entidad beneficiaria no efectuara el pago del reintegro más los intereses de demora correspondientes, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada.

11. En caso de otros incumplimientos y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si la entidad beneficiaria no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda. Cuando proceda, la incautación se realizará según la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías recogida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

Artículo 26 Pago

1. El órgano competente para la instrucción del pago es la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

2. Condicionado a la viabilidad técnica de su gestión y a la disponibilidad presupuestaria, el pago podrá hacerse en forma de pago único o fraccionado, anual o plurianual, y de forma anticipada, a cuenta, con posterioridad a la realización de la actividad objeto de ayuda, o en una combinación de las formas anteriormente citadas.

3. Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, los pagos podrán condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión.

4. Cuando la ayuda se libre en varios los pagos o estos se realicen en varias anualidades, estos estarán condicionados a la presentación de la documentación requerida que se especifique en cada convocatoria.

5. De acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los pagos estarán condicionados, asimismo, a que el beneficiario acredite encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones de reembolso de cualesquiera préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

6. Cada pago de la ayuda quedará condicionado a la presentación de los resguardos de constitución de las garantías que, en su caso, se hayan establecido y a que exista constancia por el órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en el 8 de esta orden, los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en la correspondiente convocatoria.

7. Es condición necesaria para que pueda realizarse cada uno de los pagos a la entidad beneficiaria que se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sean deudores por resolución de procedencia de reintegro en el momento de su tramitación.

8. En el caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo de estos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la totalidad de la ayuda pendiente de librar, y conllevará la pérdida del derecho al cobro de la esta parte de la ayuda.

9. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo.

10. Asimismo, en caso de inicio de un expediente de reintegro, el pago se podrá suspender conforme al artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

11. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

12. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se considera que el pago anticipado de la ayuda genere ingresos financieros que deban ser contabilizados como un incremento del importe de la ayuda concedida debido a la tipología de proyectos que involucran actuaciones en múltiples ámbitos requiriendo importantes inversiones desde el inicio del plazo de ejecución del proyecto.

13. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero, el pago de la subvención queda también condicionado al compromiso por escrito de la entidad beneficiaria de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.

14. Una vez dictada la resolución de concesión y aportadas las garantías suficientes de la entidad beneficiaria, la persona titular del órgano concedente ordenará los pagos de la subvención conforme a lo previsto en esta convocatoria en las cuantías y a la cuenta reconocida por el Tesoro Público de la entidad beneficiaria.

15. Los pagos se considerarán efectuados en la fecha en que sean efectivos en la cuenta bancaria indicada por el representante de la entidad beneficiaria en la solicitud de subvención.

Artículo 27 Desistimiento y renuncia por los interesados

1. El desistimiento o la renuncia por los interesados se regula de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Cuando se produzca un desistimiento o renuncia del proyecto, el beneficiario estará obligado a devolver la totalidad de la ayuda recibida.

Artículo 28 Seguimiento y justificaciones intermedias de las actuaciones subvencionadas

1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias y con lo establecido en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2. La modalidad de justificación de las ayudas para las convocatorias que se publiquen en el marco de estas bases reguladoras será la de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.

3. La convocatoria podrá determinar la no obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros, según especifica el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o al importe que se determine.

4. La cuenta justificativa contendrá, al menos, una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas. En las convocatorias se podrán incluir instrucciones o guías para su elaboración, así como sobre cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 72 del reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

5. Los pagos de las inversiones y gastos subvencionables deberán realizarse dentro de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el nuevo plazo establecido dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la posible incoación de un procedimiento sancionador donde se determinarán las posibles responsabilidades.

7. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las convocatorias podrán establecer que, durante la fase de ejecución, el beneficiario presente informes de seguimiento sobre el avance técnico y económico del proyecto, con el calendario y contenido que se especifique en la resolución de concesión. Asimismo, deberá facilitar cuanta información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, en la forma y con los medios que se establezcan en las convocatorias y la correspondiente resolución de concesión y que podrán incluir una o varias exposiciones orales.

Artículo 29 Justificación final

1. La justificación final de las ayudas deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de la actuación objeto de ayuda en la resolución de concesión. El resto de los aspectos quedarán fijados en la convocatoria.

2. La justificación final verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular, las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, fraude, de corrupción y de doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3. Para la justificación final se exigirá, al menos lo que figura en el artículo 28 de esta orden.

Artículo 30 Publicidad de las ayudas

1. La publicidad de las de las convocatorias y las resoluciones de concesión de las ayudas contempladas en el Programa «UNICO IPCEI» se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la BDNS de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 130/2009, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. Los beneficiarios de las ayudas concedidas en ejecución del Programa deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

3. En las actuaciones de ejecución del Programa «UNICO IPCEI» que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, así como en las publicaciones, equipos, material inventariable, páginas web y otros elementos informativos utilizados en las mismas deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el fin de identificar el origen de carácter público de las subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen los criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, así como lo dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional.

4. Asimismo, en las actuaciones y en el uso de los elementos informativos mencionados en el precedente apartado 3, deberán observarse las obligaciones de información y publicidad que las Autoridades competentes establezcan en relación con la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones del Programa «UNICO IPCEI», se deberán incluir los siguientes logos (disponibles en la URL https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual):

• a) El emblema de la Unión Europea.
• b) El texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», junto con el emblema de la Unión.
• c) El logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

5. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

6. Los logotipos institucionales indicados únicamente podrán ser empleados en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión de las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención, y no con otros fines publicitarios ajenos a las mismas.

7. Para la inclusión de logotipos institucionales se utilizarán exclusivamente aquellos logotipos que sean proporcionados en el marco de la subvención, aplicándolo en la forma que se le indique y respetando su integridad.

8. Los materiales de difusión de los resultados de la actuación subvencionable evitarán cualquier imagen discriminatoria de la mujer, fomentando la igualdad y la pluralidad de roles. Así mismo se deberá evitar el uso de un lenguaje sexista.

9. La entidad beneficiaria se compromete a participar en las actividades de coordinación entre los distintos proyectos del mismo ámbito temático, así como en las actividades de difusión del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

10. En las convocatorias se podrán detallar medidas adicionales de publicidad que los beneficiarios deban adoptar por las especiales características de los proyectos o tecnologías que se financien.

Artículo 31 Incumplimientos, criterios de graduación de los posibles incumplimientos

1. En lo referente a la entidad beneficiaria de la ayuda, adicionalmente a los supuestos de invalidez de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la concurrencia de cualquiera de los incumplimientos y conductas contempladas en el artículo 37 de la misma ley en alguna o algunas de las ayudas del Programa «UNICO IPCEI» dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de la beneficiaria de devolver la totalidad o parte de las ayudas, así como los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título II, de la citada Ley 38/2003, y en el título III de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el artículo 7 de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, de 23 de diciembre, y en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del mencionado plan.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, en todo caso y a efectos de la obligación de reintegrar las ayudas de «UNICO IPCEI», se considerarán específicamente los siguientes incumplimientos y conductas:

• a) Incumplir las obligaciones específicas que les estuvieran señaladas en estas bases reguladoras por su condición de beneficiaria.
• b) Incumplir las obligaciones específicas vinculadas con el cumplimiento total o parcial de los hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución comprometida para la actuación C15.I5 del Plan de Recuperación, de conformidad con lo establecido para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio y en el artículo 37, número 5, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
• c) La constatación, durante la ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas, de desviaciones que afecten al cumplimiento de lo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, sus modificaciones aprobadas, que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió la subvención. A efectos de lo previsto en este apartado, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.
• d) La constatación en las actuaciones de comprobación de la subvención de que los objetivos, servicios o gastos justificados no corresponden con los comprometidos en la solicitud, así como en la resolución de concesión, o que corresponden con los resultados de otras actividades subvencionadas con fondos públicos, ya sean imputables a la entidad beneficiaria como a cualquiera de las entidades subcontratadas, lo que evidencia la no aplicación de la ayuda a los fines para los que fue concedida.
• e) El incumplimiento de las condiciones que fundamentaron la concesión de la subvención.

3. Los criterios de graduación de los incumplimientos serán los siguientes:

• a) El incumplimiento total y manifiesto del objeto, las condiciones de la subvención o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a elementos esenciales del Programa «UNICO IPCEI» y/o de las actuaciones subvencionables con las ayudas contempladas en el mismo, será causa de reintegro total de la ayuda.
• b) El incumplimiento parcial del objeto de la subvención o cualquier otra irregularidad que únicamente afecte a elementos no esenciales del Programa «UNICO IPCEI» y/o de las actuaciones subvencionables con las ayudas contempladas en el mismo, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria de los fines para los que se concedió la ayuda se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativo a los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
• c) Las desviaciones que se produzcan como consecuencia de gastos imputados a actuaciones que no tengan la consideración de gastos subvencionables darán lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada a la entidad beneficiaria en el porcentaje correspondiente sobre el total de la ayuda. Cuando dicho porcentaje supere el 80 por ciento, procederá el reintegro total de la misma.
• d) El incumplimiento parcial de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada a cada entidad beneficiaria en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada. Cuando dicho porcentaje supere el 80 por ciento de la ayuda concedida, procederá el reintegro total de la subvención.
• e) En su caso, procederá la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, tal y como recoge la normativa previamente citada.
• f) El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 30, dará lugar al reintegro del 10 % de la ayuda concedida.
• g) El incumplimiento por ausencia de las tres ofertas requeridas en el artículo 13.3 para los gastos subvencionables cuyo importe supere al establecido en la LCSP para el contrato menor, dará lugar a un reintegro parcial.

4. A efectos de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se considerarán también causas de reintegro total de la ayuda las siguientes:

• a) El incumplimiento del principio de DNSH.
• b) El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.

Artículo 32 Procedimiento de reintegro

1. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo II del título III de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en cuanto órgano concedente de las subvenciones contempladas en esta orden, de acuerdo con lo dispuesto establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de pérdida de derecho al cobro y/o de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la financiación afectado.

4. Recibida notificación del inicio del procedimiento, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días hábiles. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en los artículos 34, número 3, y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto con la liquidación de los intereses de demora.

Artículo 33 Modificación de la resolución de concesión

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y siempre que no se dañen derechos de tercero, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) El cambio no afecta a los objetivos fundamentales del proyecto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de ayuda, ni al cumplimiento del principio DNSH, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de ayuda.
• b) Las modificaciones obedecen a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
• c) El cambio no supone un incremento de la subvención concedida ni modifique el presupuesto financiable que figure en la resolución de concesión.
• d) El cambio no supone prórrogas del plazo de ejecución de las actividades, salvo la ampliación que, en su caso, conceda de oficio el órgano competente.
• e) El cambio no implica modificaciones de las cuantías que figuren en la resolución de concesión en que se desglosa el presupuesto.
• f) En todo caso, para la realización de cualquier cambio en la actuación subvencionada que conlleve la modificación de la resolución de concesión, se requerirá que no se sobrepasen los límites que han sido autorizados por la Decisión de la Comisión Europea publicada para cada IPCEI.

2. Para solicitar autorización previa de una modificación al órgano concedente, se deberá presentar la correspondiente solicitud a través del registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se acompañará de una memoria, en la que se expondrá la motivación del cambio y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los paquetes de trabajo y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y un análisis de impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados de la memoria del proyecto. Salvo causa de fuerza mayor, la solicitud deberá presentarse, al menos, seis meses antes de que finalice el plazo de finalización de la actuación subvencionable.

3. La modificación de las resoluciones de concesión se dictará por el titular del órgano concedente. Esta modificación no podrá suponer en ningún caso la asunción de compromisos financieros superiores a los inicialmente alcanzados en la resolución inicial. El plazo para resolver esta solicitud será de tres meses naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por el órgano concedente. En caso de que el órgano concedente no se pronuncie expresamente en dicho plazo sobre la misma se entenderá que la solicitud se desestima.

4. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación de concesión será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. Transcurridos los tres meses previstos para resolver, sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, el interesado queda legitimado para entender desestimada presuntamente su solicitud de modificación de la resolución de concesión.

Artículo 34 Infracciones y sanciones

1. Si además de los incumplimientos y conductas que originen el reintegro de las cantidades percibidas, se diera en relación con alguna o algunas de las ayudas contempladas algún supuesto de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas resultará de aplicación el procedimiento sancionador previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título IV de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá por el órgano concedente de las ayudas de «UNICO IPCEI» de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la misma Ley 38/2003.

4. El procedimiento sancionador se sujetará a lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y a su Reglamento, así como a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 35 Confidencialidad y protección de datos de carácter personal

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 679/2016 General de Protección de Datos y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, se ofrece a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento pagos de ayudas y control de deudores:

• a) Responsable del tratamiento: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, delegado de protección de datos: dpd@economia.gob.es.
• b) Finalidad del tratamiento: los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de la subvenciones y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y al Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso).
• c) Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y está justificado por las siguientes disposiciones: el Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
• d) Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos salvo las previstas legalmente.
• e) Derechos sobre el tratamiento de datos: la entidad beneficiaria puede solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/).

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización de la subvención, sin perjuicio de la obligación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de garantizar una adecuada publicidad de la subvención concedida.

3. La entidad beneficiaria, mediante la presentación de la solicitud, autoriza al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el uso y tratamiento de los datos de carácter personal que constan en la solicitud y documentación presentada, a los efectos del inequívoco consentimiento previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Disposición adicional única Decisión de la Comisión Europea

En el caso del subprograma IPCEI-CIS del «UNICO IPCEI», no podrá procederse a la emisión de la resolución de concesión de las ayudas contempladas en este Subprograma hasta que no se reciba dicha decisión o la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea.

Disposición final primera Título competencial

Esta orden de bases se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª, 149.1.15.ª y 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en materia de telecomunicaciones, respectivamente.

Disposición final segunda Habilitación para el desarrollo y ejecución

Se faculta al titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de estas bases reguladoras y la convocatoria de ayudas aneja a las mismas.

Disposición final tercera Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».