Consejo de Estado

Ley Org醤ica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

Art韈ulo 21. El Consejo de Estado en Pleno deber� ser consultado en los siguientes asuntos:

• 1. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado.
• 2. Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecuci髇, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
• 3. Proyectos de decretos legislativos.
• 4. Dudas y discrepancias que surjan en la interpretaci髇 o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que Espa馻 sea parte.
• 5. Problemas jur韉icos que suscite la interpretaci髇 o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de Organizaciones internacionales o supranacionales.
• 6. Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protecci髇 diplom醫ica y las cuestiones de Estado que revistan el car醕ter de controversia jur韉ica internacional.
• 7. Anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la organizaci髇, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado.
• 8. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda P鷅lica y sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos.
• 9. Separaci髇 de Consejeros permanentes.
• 10. Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusi髇.
• 11. Todo asunto en que, por precepto expreso de una Ley, haya de consultarse al Consejo de Estado en Pleno.

Art韈ulo 22. La Comisi髇 Permanente del Consejo de Estado deber� ser consultada en los siguientes asuntos:

• 1. En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de autorizaci髇 de las Cortes Generales con car醕ter previo a la prestaci髇 de consentimiento del Estado.
• 2. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecuci髇, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
• 3. Reglamentos o disposiciones de car醕ter general que se dicten en ejecuci髇 de las Leyes, as� como sus modificaciones.
• 4. Anteproyectos de Ley Org醤ica de transferencias o delegaci髇 de competencias estatales a las Comunidades Aut髇omas.
• 5. Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comunidades Aut髇omas.
• 6. Impugnaci髇 de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 髍ganos de las Comunidades Aut髇omas ante el Tribunal Constitucional, con car醕ter previo a la interposici髇 del recurso.
• 7. Conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos ministeriales.
• 8. Recursos administrativos de s鷓lica o alzada que deban conocer en virtud de disposici髇 expresa de una Ley el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno.
• 9. Recursos administrativos de revisi髇.
• 10. Revisi髇 de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos en los supuestos previstos por las Leyes.
• 11. Nulidad, interpretaci髇 y resoluci髇 de los contratos administrativos cuando se formule oposici髇 por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislaci髇 de contratos del Estado.
• 12. Nulidad, interpretaci髇, modificaci髇 y extinci髇 de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposici髇 por parte del concesionario y, en todo caso, cuando as� lo dispongan las normas aplicables.
• 13. Reclamaciones que, en concepto de indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios, se formulen a la Administraci髇 del Estado a partir de 6.000 euros o de la cuant韆 superior que establezcan las leyes.
• 14. Concesi髇 de cr閐itos extraordinarios o suplementos de cr閐ito.
• 15. Concesi髇 y rehabilitaci髇 de honores y privilegios cuando as� se establezca por disposici髇 legal.
• 16. Asuntos relativos a la organizaci髇, competencia y funcionamiento del Consejo de Estado.
• 17. Concesi髇 de monopolios y servicios p鷅licos monopolizados.
• 18. Todo asunto en que por precepto expreso de una ley haya de consultarse al Consejo de Estado en Comisi髇 Permanente.
• 19. Todo asunto en que por precepto de una ley haya de consultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser al Consejo en pleno.

Art韈ulo 24, apartado segundo. El dictamen ser� preceptivo para las Comunidades Aut髇omas que carezcan de 髍gano consultivo propio en los mismos casos previstos por esta Ley Org醤ica para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.

Administraci髇 Financiera

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Art韈ulo 217, apartado 4, segundo p醨rafo. La declaraci髇 de nulidad requerir� dictamen favorable previo del Consejo de Estado u 髍gano equivalente de la respectiva Comunidad Aut髇oma, si lo hubiere.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Art韈ulo 55, apartado 2.

2. El Ministro de Hacienda propondr� al Consejo de Ministros la remisi髇 de un proyecto de Ley a las Cortes Generales, previo informe de la Direcci髇 General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos:

• a) Cuando se trate de cr閐itos extraordinarios para atender obligaciones de ejercicios anteriores, tanto si se financia mediante baja en el Fondo de Contingencia como con baja en otros cr閐itos, o cuando se trate de suplementos de cr閐ito para atender obligaciones de ejercicios anteriores, cuando hayan de financiarse con baja en otros cr閐itos.
• b) Cuando se trate de cr閐itos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros cr閐itos.
• c) Cuando se trate de cr閐itos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto.

Art韈ulo 60, apartado 1.

1. Con car醕ter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Econom韆, podr� conceder anticipos de Tesorer韆 para atender gastos inaplazables, con el l韒ite m醲imo en cada ejercicio del uno por ciento de los cr閐itos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos:

• a) Cuando, una vez iniciada la tramitaci髇 de los expedientes de concesi髇 de cr閐itos extraordinarios o de suplementos de cr閐ito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado.

Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑 y Ciudades con Estatuto de Autonom韆

Art韈ulo 51, apartado 1. En relaci髇 con la revisi髇 de los actos en v韆 administrativa, relativos a los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, las Comunidades Aut髇omas ser醤 competentes para: (...) b) Declarar la nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado u 觬gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma.

Administraci髇 Local

(En general)

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales

Art韈ulo 64. La resoluci髇 de los expedientes de municipalizaci髇 o provincializaci髇 corresponder�:

• 2.� Al Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisi髇 permanente del Consejo de Estado, en los casos siguientes:
  • a) Para municipalizar en r間imen de monopolio servicios no enumerados en el art韈ulo 166 de la Ley.
  • b) Para todo g閚ero de provincializaciones en r間imen de monopolio.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R間imen Local

Art韈ulo 13.

1. La creaci髇 o supresi髇 de municipios, as� como la alteraci髇 de t閞minos municipales, se regular醤 por la legislaci髇 de las Comunidades Aut髇omas sobre r間imen local, sin que la alteraci髇 de t閞minos municipales pueda suponer, en ning鷑 caso, modificaci髇 de los l韒ites provinciales. Requerir醤 en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del 髍gano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut髇omas, si existiere. Simult醤eamente a la petici髇 de este dictamen se dar� conocimiento a la Administraci髇 General del Estado.

Art韈ulo 50, apartado 3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Aut髇omas sobre deslinde de sus t閞minos municipales se resolver醤 por la Administraci髇 del Estado, previo informe del Instituto Geogr醘ico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Aut髇omas y dictamen del Consejo de Estado.

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de r間imen local

Art韈ulo 9, apartado 4. En todos los casos de alteraci髇 de t閞minos municipales ser� necesario el previo dictamen del 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Aut髇oma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Art韈ulo 10. Las cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus t閞minos municipales ser醤 resueltas por la correspondiente Comunidad Aut髇oma, previo informe del Instituto Geogr醘ico Nacional y dictamen del 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Aut髇oma, si existiere, o en su defecto, del Consejo de Estado.

Art韈ulo 44. La modificaci髇 y supresi髇 de Entidades locales de 醡bito territorial inferior al municipal podr� llevarse a efecto:

• b) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Aut髇oma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados, con informe del 髍gano consultivo superior de aqu閘, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Art韈ulo 75, apartado 4. Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones peri骴icas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podr醤 exigir a 閟tos, como condici髇 previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculaci髇 y arraigo o de permanencia, seg鷑 costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuant韆 m醲ima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, aprobadas por el 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma, previo dictamen del 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado.

Art韈ulo 114, apartado 3. Los acuerdos que, previo informe de la Secretar韆 y de la Intervenci髇 de la Corporaci髇, dicte el 髍gano competente, en cuanto a interpretaci髇, modificaci髇 y resoluci髇 de los contratos ser醤 inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretaci髇 y resoluci髇, cuando el precio del contrato exceda de la cantidad fijada por la legislaci髇 estatal sobre contrataci髇 administrativa, y en los de modificaci髇 de estos 鷏timos, cuando la cuant韆 de aqu閘la exceda del veinte por ciento del precio del contrato, ser�, adem醩, preceptivo el dictamen del 髍gano consultivo superior de la Comunidad Aut髇oma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Art韈ulo 95. Cada forma de aprovechamiento se ajustar�, en su detalle, a las Ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas o las que, cuando fuere procedente, apruebe el 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma, en cada caso, o韉o el Consejo de Estado o el 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aqu閘la, si existiera.

Art韈ulo 103, apartado 2. Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones peri骴icas a los vecinos de suertes o cortas de madera, de acuerdo con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, podr醤 exigir a aqu閘los, como condici髇 previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculaci髇 y arraigo o de permanencia, seg鷑 costumbre local, siempre que estas condiciones singulares y la cuant韆 m醲ima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, que necesitar醤 para su puesta en vigor la aprobaci髇 del 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma, el cual la otorgar� o denegar�, o韉o el Consejo de Estado o el 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aqu閘la, si existiera.

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Poblaci髇 y Demarcaci髇 Territorial de las Entidades Locales

Art韈ulo 9, apartado 2. Instruido el expediente [de alteraci髇 de t閞minos municipales iniciado por el 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma], se dar� audiencia durante el plazo de un mes a los municipios y dem醩 Entidades locales interesadas y, a continuaci髇, se remitir� para su dictamen al Consejo de Estado o al 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma, si existiese.

Art韈ulo 10, apartado 5. Si los acuerdos fueran favorables a la alteraci髇, se elevar� el expediente [de alteraci髇 de t閞minos municipales a iniciativa del Ayuntamiento interesado] al 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma que, con su informe, lo remitir� para dictamen al Consejo de Estado o al 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma, si existiese.

Art韈ulo 24. Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre el deslinde de sus t閞minos municipales ser醤 resueltas por la correspondiente Comunidad Aut髇oma, previo informe del Instituto Geogr醘ico Nacional y dictamen del Consejo de Estado o del 髍gano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aqu閘la, si existiera.

Art韈ulo 48, apartado 1. La modificaci髇 y disoluci髇 de las entidades locales de 醡bito territorial inferior al municipal podr� llevarse a efecto: ...a) por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma, previa audiencia de las propias entidades locales y de los Ayuntamientos interesados e informe del Consejo de Estado o del 髍gano consultivo superior de aqu閘las donde existiera, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo siguiente.

Ley Org醤ica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Art韈ulo 75 ter, apartado 3. Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formalizaci髇 del conflicto, deber� solicitarse dictamen, con car醕ter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u 髍gano consultivo de la correspondiente Comunidad Aut髇oma, seg鷑 que el 醡bito territorial al que pertenezcan las Corporaciones locales corresponda a varias o a una Comunidad Aut髇oma. En las Comunidades Aut髇omas que no dispongan de 髍gano consultivo, el dictamen corresponder� al Consejo de Estado.

Disposiciones sobre Entidades Locales concretas

罫AVA

Decreto 1948/1976, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Concierto econ髆ico con 羖ava

Art韈ulo 23, apartado primero, p醨rafo segundo. En caso de discrepancia (sobre la interpretaci髇 del Concierto entre la Diputaci髇 Foral de 羖ava y el Ministerio de Hacienda), el Ministerio de Hacienda, oyendo previamente a la Diputaci髇 y al Consejo de Estado, dictar�, en definitiva, la resoluci髇 que estime procedente, contra la cual, la Diputaci髇 de 羖ava podr� interponer recurso contencioso-administrativo.

MADRID

Ley 121/1963, de 2 de diciembre, sobre el 羠ea Metropolitana de Madrid

Art韈ulo 4. El Gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado, a medida que las circunstancias lo aconsejen, determinar� los Organismos y Servicios estatales en la Comisi髇 del 羠ea.

Art韈ulo 6. Corresponder� a la Comisi髇 del 羠ea:

• a) Redactar, aprobar, revisar y modificar, en su caso, el Plan General de Ordenaci髇 del 羠ea Metropolitana de Madrid, previa informaci髇 p鷅lica y audiencia de los Ministerios, Corporaciones Locales y Organismos interesados. Si los Ministerios u Organismos aut髇omos formularen oposici髇, resolver� lo procedente el Consejo de Ministros. No obstante, si la modificaci髇 tuviere por objeto una diferente zonificaci髇 o uso urban韘tico de las zonas verdes o espacios previstos en el Plan, deber� aqu閘la ser aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado y de la Corporaci髇 Municipal interesada, con el qu髍um del art韈ulo 303 de la Ley de R間imen Local.

Decreto 3088/1964, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del 羠ea Metropolitana de Madrid de 2 de diciembre de 1963

Art韈ulo 4, apartado 2. Para incluir en el 羠ea metropolitana de Madrid nuevos t閞minos municipales colindantes en los que se den circunstancias an醠ogas a las que concurren en los anteriores, deber醤 cumplirse los siguientes requisitos:

• e) Si el expediente se hubiere incoado de oficio y el informe del Ayuntamiento o del Ministerio de la Gobernaci髇 fueren opuestos a la incorporaci髇, se someter� a dictamen del Consejo de Estado.

Art韈ulo 9, apartado 4. El Ministerio de la Vivienda remitir� el expediente (de integraci髇 de Organismos y Servicios estatales en la Comisi髇 del 羠ea) a dictamen del Consejo de Estado y elevar� al Consejo de Ministros la propuesta del correspondiente Decreto.

Art韈ulo 27, apartado 1. Cuando la modificaci髇 del Plan General tuviere por objeto una diferente zonificaci髇 o uso urban韘tico de los espacios verdes o superficies libres de edificaci髇 previstos en el Plan, adem醩 de los requisitos prevenidos en los cuatro 鷏timos apartados del art韈ulo anterior se cumplir醤 los siguientes:

• b) Transcurrido el plazo de un mes la Comisi髇 elevar� el expediente, con su informe, al Ministro de la Vivienda para su remisi髇 al Consejo de Estado.

Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Art韈ulo 81, apartado 1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio p鷅lico hidr醬lico de una misma toma o concesi髇 deber醤 constituirse en comunidades de usuarios.

Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominar醤 comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibir醤 el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.

Los Estatutos u Ordenanzas se redactar醤 y aprobar醤 por los propios usuarios, y deber醤 ser sometidos, para su aprobaci髇 administrativa, al Organismo de cuenca.

Los Estatutos u Ordenanzas regular醤 la organizaci髇 de las comunidades de usuarios, as� como la explotaci髇 en r間imen de autonom韆 interna de los bienes hidr醬licos inherentes al aprovechamiento.

El Organismo de cuenca no podr� denegar la aprobaci髇 de los Estatutos y Ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.

Art韈ulo 82, apartado 4. Las comunidades de usuarios que carezcan de Ordenanzas vendr醤 obligadas a presentarlas para su aprobaci髇 en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podr� establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Reglamento del dominio p鷅lico hidr醬lico

Art韈ulo 198, apartado 1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio p鷅lico hidr醬lico de una misma toma o concesi髇 deber醤 constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominar醤 Comunidades de Regantes; en otro caso, las Comunidades recibir醤 el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.

Los Estatutos u Ordenanzas se redactar醤 y aprobar醤 por los propios usuarios y deber醤 ser sometidos, para su aprobaci髇 administrativa, al Organismo de cuenca.

Los Estatutos u Ordenanzas regular醤 la organizaci髇 de las Comunidades de Usuarios, as� como la explotaci髇 en r間imen de autonom韆 interna de los bienes hidr醬licos inherentes al aprovechamiento.

El Organismo de cuenca no podr� denegar la aprobaci髇 de los Estatutos y Ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.

Art韈ulo 201, apartado 8. El Organismo de cuenca no podr� denegar la aprobaci髇 de los Estatutos u Ordenanzas y Reglamentos, si no infringen la legislaci髇 vigente, y no podr� introducir variantes en ellos sin previo dictamen del Consejo de Estado. Se considerar� que en cualquier caso no est� cumplida la legislaci髇 vigente si, adem醩 de cuanto se exige en la Ley de Aguas y se desarrolla en este Reglamento, no se atienden en las propuestas de Ordenanzas los siguientes requisitos m韓imos: (...)�.

Art韈ulo 205, apartado 4. Las Comunidades de Usuarios que carezcan de Ordenanzas vendr醤 obligadas a presentarlas para su aprobaci髇 en el plazo de seis meses a partir del momento en que fueran requeridas para ello por el Organismo de cuenca. En caso de incumplimiento, este Organismo podr� establecer las que considere procedentes, previo dictamen del Consejo de Estado (art韈ulo 74.4 de la LA).

Beneficencia

Ley de 21 de julio de 1880, reguladora de la autorizaci髇 para venta de bienes para objetos ben閒icos

Art韈ulo 2. El Gobierno otorgar� concesiones (para la enajenaci髇 hasta dos millones de pesetas) de la misma naturaleza a todos los dem醩 establecimientos de Espa馻 que lo soliciten para objetos ben閒icos, oyendo previamente al Consejo de Estado.

Real Decreto de 14 de marzo de 1899, por el que se aprueba la Instrucci髇 para el ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular

Art韈ulo 40. El expediente de destituci髇 (de los representantes leg韙imos de las instituciones particulares de Beneficencia) se instruir� ampliando el de suspensi髇 con los informes convenientes y las inexcusables audiencias de los interesados, de la Junta Provincial, y del Consejo de Estado, y se resolver� sin perjuicio del recurso contencioso-administrativo que pueden entablar los destituidos.

Decreto de 17 de febrero de 1934, por el que se aprueba el Reglamento sobre Fundaciones ben閒icas y ben閒ico-docentes dependientes del Patronato de la Casa Real

Art韈ulo 6. Con las mismas formalidades del art韈ulo anterior y, adem醩, con audiencia de los Administradores e informe del Consejo de Estado, se adoptar醤, si procedieran, las siguientes resoluciones: a) necesidad de aplicar al fin ben閒ico parte del capital. b) transformaci髇, gravamen o nueva inversi髇 de 閟te. c) variaci髇 que las mudanzas de los tiempos exigieran de la norma fundacional.

Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Fundaciones Culturales privadas y Entidades an醠ogas

Art韈ulo 103, apartado sexto. Corresponde al titular del Departamento de Educaci髇 y Ciencia acordar, previo dictamen del Consejo de Estado, la modificaci髇, fusi髇 o extinci髇 de las Fundaciones culturales privadas.

Bolsas de Comercio

Decreto 1506/1967, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de las Bolsas de Comercio

Art韈ulo 5. Las Bolsas Oficiales de Comercio s髄o podr醤 ser establecidas por el Gobierno, por su propia iniciativa o a propuesta del Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo de Estado y los dem醩 que estime necesarios, sobre su conveniencia p鷅lica, en aquellas plazas en las que as� lo aconsejen el volumen y frecuencia de la contrataci髇, la diversidad de valores y efectos objeto de la misma y la importancia de las emisiones de valores locales que en dicha plaza se realicen.

Carreteras

(En general)

Real Decreto de 22 de diciembre de 1911, por el que se aprueba el pliego de condiciones generales para obras de caminos vecinales

Art韈ulo 97, apartado b). En los casos 2.� y 3.� del art韈ulo 95, se conceder� al contratista una indemnizaci髇 que el Gobierno determinar�, oyendo al Consejo de Estado, pero que nunca exceder� del 3 por 100 del valor de las obras que reste para ejecutar, ni bajar� de la parte proporcional que corresponda, con arreglo a dicho valor, a los gastos de custodia de la fianza de la Caja general de Dep髎itos, a los de anuncios de la subasta en la Gaceta de Madrid y en el Bolet韓 Oficial de la provincia, y a la extensi髇 del documento en que se formalice la contrata y dem醩 gastos legales si los hubiere abonado el contratista, debidamente justificados todos ellos.

Decreto de 21 de mayo de 1964, por el que se aprueba el Reglamento para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇, en r間imen de concesi髇, de la variante de la carretera N-IV (C醖iz)

Anexo. Condici髇 30 de la concesi髇, p醨rafo segundo.

La caducidad se acordar� por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras P鷅licas y previa instrucci髇 del oportuno expediente, en el que preceptivamente ser醤 o韉os el concesionario y los Consejos de Obras P鷅licas y de Estado.

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 20 de octubre de 1969, por la que se aprueba el Reglamento provisional de explotaci髇 de la variante de la carretera N-IV (C醖iz)

Art韈ulo 64. La caducidad se acordar� por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras P鷅licas y previa instrucci髇 del oportuno expediente, en el que preceptivamente ser醤 o韉os el concesionario y los Consejos de Obras P鷅licas y de Estado.

AUTOPISTAS

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 27 de julio de 1966, por la que se aprueba el pliego de cl醬sulas de explotaci髇 de las autopistas de Barcelona-La Junquera y Mongat-Matar�

T韙ulo II

De la construcci髇 de las autopistas

Art韈ulo 8. Ampliaci髇 o modificaci髇 de la autopista. ... a) Si en el futuro la autopista resultase insuficiente para la prestaci髇 del servicio y se considerase conveniente su ampliaci髇, sea a excitaci髇 del Estado o por iniciativa de la propia concesionaria, se proceder� a la redacci髇 de un convenio que recoja las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realizaci髇 de las obras y su repercusi髇 en el r間imen de tarifas, rigiendo este pliego en todos aquellos extremos que puedan ser mantenidos inalterables. Corresponder� al Gobierno la aprobaci髇 de dicho convenio, previo dictamen del Consejo de Estado.

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 10 de junio de 1967, por la que se aprueba el pliego de cl醬sulas de explotaci髇 de la autopista Bilbao-Behovia

T韙ulo II

De la construcci髇 de las autopistas

Art韈ulo 8. Ampliaci髇 o modificaci髇 de la autopista.

• a) Si en el futuro la autopista resultase insuficiente para la prestaci髇 del servicio y se considerase conveniente su ampliaci髇, sea a excitaci髇 del Estado o por iniciativa de la propia concesionaria, se proceder� a la redacci髇 de un convenio que recoja las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realizaci髇 de las obras y su repercusi髇 en el r間imen de tarifas, rigiendo este pliego en todos aquellos extremos que puedan ser mantenidos inalterables. Corresponder� al Gobierno la aprobaci髇 de dicho convenio, previo dictamen del Consejo de Estado.

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 28 de septiembre de 1967, por la que se aprueba el pliego de cl醬sulas de explotaci髇 de la autopista de Villalba-Villacast韓

T韙ulo II

De la construcci髇 de las autopistas

Art韈ulo 8. Ampliaci髇 o modificaci髇 de la autopista.

• a) Si en el futuro la autopista resultase insuficiente para la prestaci髇 del servicio y se considerase conveniente su ampliaci髇, sea a excitaci髇 del Estado o por iniciativa de la propia concesionaria, se proceder� a la redacci髇 de un convenio que recoja las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realizaci髇 de las obras y su repercusi髇 en el r間imen de tarifas, rigiendo este pliego en todos aquellos extremos que puedan ser mantenidos inalterables. Corresponder� al Gobierno la aprobaci髇 de dicho convenio, previo dictamen del Consejo de Estado.

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 14 de febrero de 1969, por la que se aprueba el pliego de cl醬sulas de explotaci髇 de la autopista de Sevilla-C醖iz

T韙ulo II

De la construcci髇 de las autopistas

Art韈ulo 8. Ampliaci髇 o modificaci髇 de la autopista.

• a) Si en el futuro la autopista resultase insuficiente para la prestaci髇 del servicio y se considerase conveniente su ampliaci髇, sea a excitaci髇 del Estado o por iniciativa de la propia concesionaria, se proceder� a la redacci髇 de un convenio que recoja las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realizaci髇 de las obras y su repercusi髇 en el r間imen de tarifas, rigiendo este pliego en todos aquellos extremos que puedan ser mantenidos inalterables. Corresponder� al Gobierno la aprobaci髇 de dicho convenio, previo dictamen del Consejo de Estado.

Orden del Ministerio de Obras P鷅licas de 5 de marzo de 1971, por la que se aprueba el pliego de cl醬sulas de explotaci髇 de la autopista de Tarragona-Valencia

T韙ulo II

De la construcci髇 de las autopistas

Art韈ulo 8. Ampliaci髇 o modificaci髇 de la autopista.

• a) Si en el futuro la autopista resultase insuficiente para la prestaci髇 del servicio y se considerase conveniente su ampliaci髇, sea a excitaci髇 del Estado o por iniciativa de la propia concesionaria, se proceder� a la redacci髇 de un convenio que recoja las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realizaci髇 de las obras y su repercusi髇 en el r間imen de tarifas, rigiendo este pliego en todos aquellos extremos que puedan ser mantenidos inalterables. Corresponder� al Gobierno la aprobaci髇 de dicho convenio, previo dictamen del Consejo de Estado.

Ley 8/1972, de 10 de mayo, reguladora de la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de autopistas de peaje en r間imen de concesi髇

Art韈ulo 25, apartado 3. Corresponder� en todo caso al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, aprobar la ampliaci髇, previo dictamen del Consejo de Estado. En el supuesto del art韈ulo 25.2, el dictamen del Consejo de Estado, que deber� pronunciarse expresamente sobre la concurrencia de todos los requisitos exigidos por dicho precepto, tendr� car醕ter vinculante.

Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cl醬sulas generales para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de autopistas en r間imen de concesi髇

Cl醬sula 110, p醨rafo tercero. Corresponder� al Consejo de Ministros la aprobaci髇 del convenio (para la extinci髇 de la concesi髇 por mutuo acuerdo), previo informe del Consejo de Estado.

Real Decreto 1722/1978, de 23 de junio, por el que se modifica el sistema de financiaci髇 de entidades concesionarias de autopistas de peaje

Art韈ulo 4. El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Econom韆, de Obras P鷅licas y Urbanismo y de Hacienda, por razones de inter閟 p鷅lico, y a petici髇 de las Sociedades concesionarias, podr� revisar, previo dictamen del Consejo de Estado, el l韒ite m醲imo de aval del Estado fijado en cada uno de los Decretos de adjudicaci髇 de las respectivas concesiones, a la vista de los estudios t閏nicos, econ髆icos y financieros que, con car醕ter previo y para cada concesi髇 en concreto, elabore la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje.

Comunidades Aut髇omas

(En general)

Constituci髇 Espa駉la de 27 de diciembre de 1978

Art韈ulo 153, apartado b). El control de la actividad de los 髍ganos de las Comunidades Aut髇omas se ejercer�: b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 150.

CANTABRIA

Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de r間imen jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria

Art韈ulo 144, apartado 1. Corresponde al Gobierno, previo informe de la Direcci髇 General del Servicio Jur韉ico, de la Junta Consultiva de Contrataci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria y del Consejo de Estado u 髍gano auton髆ico equivalente, por este orden, la aprobaci髇 de los pliegos de cl醬sulas administrativas generales.

Art韈ulo 151, apartado 5. No obstante lo anterior, ser� preceptivo el informe del Consejo de Estado u 髍gano auton髆ico equivalente, en los casos previstos en la legislaci髇 de contratos de las Administraciones p鷅licas.

Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria

Art韈ulo 49, apartado 2.b).

2. El procedimiento para declarar la caducidad [de la concesi髇 o autorizaci髇] ser� el siguiente:

• b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, el Director General competente en materia de Puertos dictar� resoluci髇, previo dictamen del Consejo de Estado en el caso de que se formule oposici髇 por parte del concesionario.

ISLAS BALEARES

Ley 2/1989, de 22 de febrero, de funci髇 p鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de las Islas Baleares

Art韈ulo 101, apartado 2. La separaci髇 solamente se puede imponer por faltas muy graves y debe ser acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de funci髇 p鷅lica, con el informe previo de la comisi髇 de personal de la Comunidad Aut髇oma de las Islas Baleares. Si se trata de funcionarios transferidos, ser� preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.

MADRID

Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administraci髇 de la Comunidad de Madrid

Art韈ulo 65, apartado 1. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci髇 Administrativa, a trav閟 del Consejero de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, la aprobaci髇 de los pliegos de cl醬sulas administrativas generales.

Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administraci髇 Institucional de la Comunidad de Madrid

Art韈ulo 21, apartado 1. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci髇 Administrativa, a trav閟 del Consejero de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, la aprobaci髇 de los pliegos de cl醬sulas administrativas generales.

Art韈ulo 45, apartado 3.

3. La sanci髇 de separaci髇 del servicio s髄o podr� imponerse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero a cuyo departamento est� adscrito el Organismo Aut髇omo, o del de la Presidencia si es de adscripci髇 m鷏tiple.

En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separaci髇 del servicio a funcionarios transferidos de la Administraci髇 Estatal o de otras Instituciones P鷅licas, no podr醤 adoptarse sin previo dictamen del Consejo de Estado.

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de pol韙ica territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid

Art韈ulo 47, apartado 1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisi髇 de Urbanismo de Madrid, adoptado con el voto favorable de la mayor韆 absoluta de los miembros de dicha Comisi髇, la aprobaci髇 definitiva de:

• a) Las normas complementarias de 醡bito regional; y
• b) Las revisiones o modificaciones de los Planes o Normas urban韘ticas que supongan cualquier alteraci髇 de la calificaci髇 urban韘tica correspondiente a las zonas verdes y los espacios libres previstas ya en 閟tos. En este supuesto, la aprobaci髇 definitiva no requerir� informe previo del Consejo de Estado u 髍gano consultivo de la Comunidad de Madrid, siempre que la alteraci髇 no produzca una disminuci髇 dentro de la unidad de ejecuci髇 o en el t閞mino municipal de las zonas verdes y los espacios libres.

Contratos de las Administraciones P鷅licas

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones p鷅licas

Art韈ulo 48 (pliegos de cl醬sulas administrativas generales), apartados 1 y 3.

1. Ajust醤dose en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, el Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados y a propuesta del Ministro de Hacienda, podr� aprobar pliegos de cl醬sulas administrativas generales para la Administraci髇 General del Estado, sus organismos aut髇omos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y dem醩 entidades p鷅licas estatales, previo dictamen del Consejo de Estado.

(...)

3. En los mismos t閞minos, las Comunidades Aut髇omas y las entidades que integran la Administraci髇 Local aprobar醤, en su caso, los pliegos de cl醬sulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas espec韋icas, siendo, asimismo, preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva, si lo hubiera.

Art韈ulo 54 (formalizaci髇 de los contratos), apartado 3. Cuando, por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administraci髇 podr� acordar la resoluci髇 del mismo, siendo tr醡ite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposici髇 por el contratista, el informe del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva. En tal supuesto proceder� la incautaci髇 de la garant韆 provisional y la indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios ocasionados.

Si las causas de la no formalizaci髇 fueren imputables a la Administraci髇, se indemnizar� al contratista de los da駉s y perjuicios que la demora pueda ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resoluci髇 del contrato al amparo del art韈ulo 111.d).

Art韈ulo 59 (prerrogativas de la Administraci髇), apartado 3. No obstante lo anterior, ser� preceptivo el informe del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva en los casos de:

• a) Interpretaci髇, nulidad y resoluci髇, cuando se formule oposici髇 por parte del contratistas.
• b) Modificaciones del contrato, cuando la cuant韆 de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y 閟te sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros).

Art韈ulo 96 (resoluci髇 por demora y pr髍roga de los contratos), apartado 1. En el supuesto a que se refiere el art韈ulo anterior, si la Administraci髇 optase por la resoluci髇, 閟ta deber� acordarse por el 髍gano de contrataci髇 sin otro tr醡ite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposici髇 por parte de 閟te, el dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva.

Art韈ulo 249 (prerrogativas y derechos de la Administraci髇 en el contrato de concesi髇 de obras p鷅licas), apartado 2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este art韈ulo se ajustar� a lo dispuesto en esta Ley y en la legislaci髇 espec韋ica que resulte de aplicaci髇.

En particular, ser� preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva en los casos de interpretaci髇, modificaci髇, nulidad y resoluci髇, cuando se formule oposici髇 por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecuci髇 de las obras que puedan dar lugar a la resoluci髇 del contrato de acuerdo con el art韈ulo 240.2 de esta Ley y en aquellos supuestos previstos en la legislaci髇 espec韋ica.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas

Art韈ulo 109 (procedimiento para la resoluci髇 de los contratos), apartado 1. La resoluci髇 del contrato se acordar� por el 髍gano de contrataci髇, de oficio o a instancia del contratista, previa autorizaci髇, en el caso previsto en el 鷏timo p醨rafo del art韈ulo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: (...)

• d) Dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma respectiva, cuando se formule oposici髇 por parte del contratista.

Disposiciones administrativas de car醕ter general

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Art韈ulo 5.

1. Al Consejo de Ministros, como 髍gano colegiado del Gobierno, le corresponde:

(...)

h) Aprobar los Reglamentos para el desarrollo y la ejecuci髇 de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, as� como las dem醩 disposiciones reglamentarias que procedan.

Expropiaci髇 forzosa

Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiaci髇 Forzosa

Art韈ulo 70. Los precios m醲imos y m韓imos conservar醤 su vigencia durante los cinco a駉s siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteraci髇 del valor de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, podr� acordar la revisi髇 global o pormenorizada de los precios m醲imos y m韓imos antes del vencimiento de la fecha de caducidad establecida en el p醨rafo anterior.

Art韈ulo 90. Los tipos de indemnizaci髇 abonables por cada uno de los conceptos a que se refiere el art韈ulo anterior, se fijar醤, a propuesta del 髍gano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisi髇 Permanente del Consejo de Estado.

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa

Art韈ulo 108. Establecidos por el Consejo de Ministros los tipos de indemnizaci髇, previo dictamen del de Estado, el Gobernador Civil de la provincia ordenar� su publicaci髇 en la forma que determina el p醨rafo 2 del art韈ulo 18 de la Ley para que en el plazo de quince d韆s los interesados puedan solicitar por escrito ante dicha autoridad la indemnizaci髇 a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petici髇.

Ferrocarriles

Real Decreto de 8 de septiembre de 1878, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuci髇 de la Ley de Polic韆 de Ferrocarriles

Art韈ulo 167. El Gobernador, oyendo a los concesionarios o arrendatarios de los ferrocarriles y a la Comisi髇 permanente de la Diputaci髇 Provincial, impondr� a aqu閘los, si a su juicio resultaren culpables, la multa en que hubiesen incurrido, conforme a la Ley de 23 de noviembre de 1877. Si los concesionarios o arrendatarios solicitasen la condonaci髇 de las multas, dirigir醤 sus solicitudes al Ministerio de Fomento por conducto del Gobernador que las hubiese impuesto, el que las elevar� con su informe para la resoluci髇 que proceda. La resoluci髇 ser� siempre motivada, despu閟 de o韗 a los funcionarios o Corporaciones que se estime conveniente y con la precisa del Consejo de Estado en pleno. Contra la resoluci髇 del Ministro no se admitir� recurso alguno.

Funcionarios p鷅licos

Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Auton髆ico

Art韈ulo 25, apartado 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separaci髇 del servicio a funcionarios transferidos, no podr醤 adoptarse sin el previo dictamen del Consejo de Estado.

Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administraci髇 General del Estado

Art韈ulo 10 (funcionarios transferidos), apartado 2. No obstante, la sanci髇 de separaci髇 del servicio ser� acordada por el 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma, previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que previamente deban solicitar 閟tas de acuerdo con su legislaci髇 espec韋ica.

Jurisdicci髇 civil

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil

Disposici髇 adicional segunda, apartado 1. El Gobierno, mediante real decreto, podr� actualizar cada cinco a駉s las cuant韆s se馻ladas en esta Ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y dictamen del Consejo de Estado.

Jurisdicci髇 contencioso-administrativa

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci髇 contencioso-administrativa

Disposici髇 adicional segunda. El Gobierno queda autorizado para actualizar cada cinco a駉s las cuant韆s se馻ladas en esta Ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Notariado

Ley Org醤ica de 28 de mayo de 1862, del Notariado

Art韈ulo 4. Al tiempo de la creaci髇 de las Notar韆s, fijar� el Gobierno el punto de residencia de cada uno de los Notarios, oyendo a la Audiencia del Territorio, al Gobernador de la provincia y a la Diputaci髇 Provincial, y no podr� hacer alteraciones en los sucesivo, sino oyendo a la misma Audiencia y al Consejo de Estado.

Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba el Reglamento de organizaci髇 y r間imen del Notariado

Art韈ulo 72. La revisi髇 de la demarcaci髇 notarial, en todos los supuestos del art韈ulo 4.� de este Reglamento, se llevar� a efecto por el Ministro de Justicia, a propuesta de la Direcci髇 General, y se aprobar� por Real Decreto.

A tal fin, se recabar醤 informes a la Junta de Decanos, a las Juntas directivas de los Colegios Notariales, que oir醤 a las generales, Registradores de la Propiedad y Salas de Gobierno de las Audiencias afectadas y cuantos otros se consideren oportunos, todos los cuales se solicitar醤 dentro de los quince d韆s siguientes al inicio del expediente y deber醤 ser remitidos en el plazo m醲imo de tres meses, contados desde la remisi髇 de la solicitud.

El Ministro de Justicia, o韉a la Comisi髇 Permanente del Consejo de Estado, resolver� lo que proceda.

Obras p鷅licas

Ley de 13 de abril de 1877, General de Obras P鷅licas

Art韈ulo 83, p醨rafo segundo. La autorizaci髇 del Ministerio de Fomento (para la variaci髇 o modificaci髇 del proyecto que haya servicio de base a una concesi髇 subvencionada), cuando se trate de obras subvencionadas por el Estado, no podr� recaer sino despu閟 de o韗 a la Corporaci髇 respectiva y al Consejo de Estado en pleno, y llenarse los dem醩 requisitos que se se馻len en el reglamento para la ejecuci髇 de esta Ley.

Art韈ulo 86, p醨rafo segundo. Cuando ocurra alg鷑 caso de fuerza mayor y se justifique debidamente en virtud de una informaci髇 seguida con arreglo a lo que se disponga en los reglamentos, podr醤 prorrogarse los plazos concedidos (en la concesi髇 subvencionada) por el tiempo absolutamente necesario. Si la subvenci髇 procediese de fondos generales, la pr髍roga corresponde concederla al Ministerio de Fomento, o韉o el Consejo de Estado.

Real Decreto de 6 de julio de 1877, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Obras P鷅licas

Art韈ulo 29, p醨rafo tercero. La declaraci髇 de caducidad (de las concesiones no subvencionadas) se har� por el Ministerio de Fomento, y previo expediente en que deber醤 ser o韉os el concesionario, la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos y la Secci髇 de Fomento del Consejo de Estado. Contra esta decisi髇 podr� recurrir el interesado por la v韆 contenciosa.

Art韈ulo 33, p醨rafo segundo. Evacuado el informe por la corporaci髇 correspondiente, se pasar� el expediente a la Secci髇 de Fomento del Consejo de Estado; y cumplido este tr醡ite, se decidir� por Real Decreto acerca de la preferencia que deba darse en su caso a uno de los diversos proyectos en competencia, para otorgar a su autor la concesi髇 solicitada.

Art韈ulo 48, p醨rafo primero. Toda caducidad (de las concesiones subvencionadas) lleva consigo la p閞dida de la fianza prestada por el concesionario. Al cual queda expedita la v韆 contenciosa para hacer las reclamaciones que crea oportunas, seg鷑 lo prescrito en el art韈ulo 88 de la Ley general de obras p鷅licas.

Art韈ulo 49, p醨rafo sexto. Los expediente (de pr髍roga del plazo de ejecuci髇 en las concesiones subvencionadas) se remitir醤 por los Gobernadores con sus propios informes al Ministerio de Fomento, el que, previo dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos y del Consejo de Estado en pleno, acordar� sobre la pr髍roga solicitada.

Patrimonio de las Administraciones P鷅licas

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas

Art韈ulo 31. No se podr� transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley de Patrimonio del Estado

Art韈ulo 83. Tampoco se podr醤 hacer transacciones respecto a dichos bienes o derechos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, con audiencia del Consejo de Estado en pleno.

Ley 5/1995, de 23 de marzo, de r間imen jur韉ico de enajenaci髇 de participaciones p鷅licas en determinadas empresas

Art韈ulo 3, apartado 6. El Real Decreto por el que se establezca el r間imen a que se refiere este art韈ulo, que ser� acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente por raz髇 de la materia y previo dictamen del Consejo de Estado, deber� estar en vigor con anterioridad a la realizaci髇 de los actos de disposici髇 recogidos en el art韈ulo 2, y determinar�:

• a) Su 醡bito subjetivo de aplicaci髇.
• b) Los actos de disposici髇 concretos que quedan sujetos a notificaci髇 de entre los recogidos en el art韈ulo 3.
• c) El 髍gano competente para dictar la correspondiente resoluci髇.
• d) El plazo de vigencia.

  Excepto en el caso establecido en el p醨rafo 2.d) anterior, podr� ser modificado o suprimido por los mismos tr醡ites establecidos en el apartado 1 del presente art韈ulo.

Disposici髇 adicional segunda. Las competencias atribuidas en esta Ley a los 髍ganos de la Administraci髇 del Estado ser醤 ejercidas en sus respectivos casos por los correspondientes 髍ganos de las entidades locales conforme a los siguientes criterios:

• a) Corresponder醤 a los plenos de la Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Ayuntamientos plenos las competencias del Consejo de Ministros y deber醤 ser ejercidas mediante ordenanza y previo dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del 髍gano consultivo de la Comunidad Aut髇oma.

Real Decreto 1525/1995, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley 5/1995

Art韈ulo 4, apartado 1. El r間imen de autorizaci髇 administrativa previa previsto en el art韈ulo 3 de la Ley 5/1995 se establecer� mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro competente por raz髇 de la materia.

En el supuesto previsto en el art韈ulo 3.2 anterior, el citado Real Decreto ser� acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros competentes por raz髇 de la materia, previo dictamen del Consejo de Estado.

Patrimonio Nacional

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio Nacional

Art韈ulo 57. El Protectorado, a propuesta del Consejo de Administraci髇 del Patrimonio Nacional y previo dictamen del Consejo de Estado, podr� acordar la modificaci髇, fusi髇 o extinci髇 de los Reales Patronatos cuando as� lo exija el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, o cuando concurran los supuestos contemplados en el art韈ulo 39 del C骴igo Civil.

Procedimiento administrativo

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑

Art韈ulo 102.

1. Las Administraciones P鷅licas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma, si lo hubiere, declarar醤 de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la v韆 administrativa o que no hayan sido recurridos en plazos en los supuestos previstos en el art韈ulo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones p鷅licas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma si lo hubiere, podr醤 declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el art韈ulo 62.2.

Procedimiento laboral

Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral

Disposici髇 adicional segunda. El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y la audiencia de Consejo de Estado, podr� modificar la cuant韆 que establece esta Ley para la procedencia del recurso de suplicaci髇.

Puertos

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, del r間imen econ髆ico y de prestaci髇 de servicios de los puertos de inter閟 general

Art韈ulo 123, apartado 2.b).

2. Para declarar la caducidad [de la autorizaci髇 o de la concesi髇], se seguir� el siguiente procedimiento, debiendo notificarse la resoluci髇 expresa del mismo en el plazo de seis meses desde el acuerdo de incoaci髇:

• b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, el Director de la Autoridad Portuaria dictar� propuesta de resoluci髇 que ser� elevada por el Presidente al Consejo de Administraci髇, previo dictamen del Consejo de Estado en el caso de que se trate de concesiones y se formule oposici髇, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 22.12 de la Ley Org醤ica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Art韈ulo 124, apartado 5, p醨rafo segundo. En el caso de que el concesionario haya manifestado oposici髇 al rescate, se deber� solicitar dictamen del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 22.12 de la Ley Org醤ica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Registro Civil

Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil

Art韈ulo 58, apartado 2. Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos que se馻la dicho art韈ulo [art韈ulo 57], podr� accederse al cambio [de apellidos] por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorizaci髇 del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de g閚ero y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situaci髇 as� lo requiriera podr� accederse al cambio por Orden del Ministerio de Justicia, en los t閞minos fijados por el Reglamento.

Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley del Registro Civil

Art韈ulo 208, p醨rafo segundo. Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos que se馻la dicho art韈ulo, podr� accederse al cambio [de apellidos] por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado.

Registro de la Propiedad

Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacci髇 oficial de la Ley Hipotecaria

Art韈ulo 265, p醨rafo primero. Los expresados funcionarios facultativos [del Cuerpo Facultativo de la Direcci髇 General de los Registros] no podr醤 ser gubernativamente separados sino por justa causa relativa al incumplimiento de los deberes de su destino, en virtud de expediente instruido por el Director y previa consulta del Consejo de Estado, debiendo ser o韉o el interesado, a fin de que por escrito formule sus descargos acerca del hecho que motive el expediente.

Art韈ulo 275, p醨rafos primero y cuarto. Subsistir醤 los Registros de la Propiedad en todas las circunscripciones en que se hallen establecidos. No obstante, el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Direcci髇 General de los Registro y el Notariado, y con la formalidad reglamentarias, cuando as� convenga al servicio p鷅lico, atendiendo el volumen y titulaci髇 sobre bienes inmuebles y derechos reales, podr�, oyendo el Consejo de Estado, acordar el establecimiento de nuevos Registros de la Propiedad en determinadas localidades, as� como la modificaci髇 o supresi髇 de los existentes.

(...)

Para alterar la circunscripci髇 territorial que en la actualidad corresponda a cada Registro, fuera de los casos de los dos p醨rafos anteriores, deber� existir motivo de necesidad o conveniencia p鷅lica, que se har� constar en el expediente, y ser� o韉o el Consejo de Estado.

Art韈ulo 289, p醨rafo segundo. Para que la destituci髇 o traslaci髇 pueda decretarse por el Ministerio de Justicia, se deber� acreditar en el expediente alguna falta cometida por el Registrador en el ejercicio del cargo o que le haga desmerecer en el concepto p鷅lico, y ser� o韉o el Consejo de Estado.

Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento hipotecario

Art韈ulo 482. La creaci髇 o supresi髇 de Registros de la Propiedad se acordar� por el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Direcci髇 General de los Registro y el Notariado, previo un expediente al que se aportar醤 datos estad韘ticos y los informes razonados de las Autoridades locales, Registradores de la Propiedad, Notarios, Jueces de Primera Instancia, Presidente de la Audiencia Territorial y Junta del Colegio Nacional de Registradores. Asimismo se podr� abrir informaci髇 p鷅lica en los Municipios afectados. La resoluci髇 se adoptar� por Decreto acordado por Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.

Art韈ulo 570, p醨rafo primero. Son 髍ganos competentes para la imposici髇 de las sanciones disciplinarias:

• 1.� El Ministro de Justicia, para la imposici髇 de las sanciones de postergaci髇 en la carrera, suspensi髇 de funciones superior a un a駉, traslaci髇 forzosa y separaci髇. De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 289 de la Ley Hipotecaria la separaci髇 o la traslaci髇 forzosa de un Registrador ir醤 precedidas del dictamen del Consejo de Estado. Corresponder醤 la Resoluci髇 al Consejo de Ministros cuando, en estos supuestos, el Ministro de Justicia disienta del parecer del Consejo de Estado.

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones P鷅licas

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones P鷅licas en materia de responsabilidad patrimonial

Art韈ulo 12, apartado 1. Concluido el tr醡ite de audiencia, en el plazo de diez d韆s, el 髍gano instructor propondr� que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Org醤ica del Consejo de Estado, el dictamen de este 髍gano consultivo, o, en su caso, del 髍gano consultivo de la Comunidad Aut髇oma.

Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jur韉ica Gratuita

Art韈ulo 34, apartado 3. La tramitaci髇 de las reclamaciones de indemnizaci髇 se ajustar� a lo previsto por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones p鷅licas en materia de responsabilidad patrimonial, en lo que sea de aplicaci髇 y, en todo caso, con las siguientes precisiones:

• a) El procedimiento de reclamaci髇 de indemnizaci髇 se iniciar� mediante solicitud del interesado, que se dirigir� y presentar� ante el colegio profesional que corresponda.
• b) La resoluci髇 final, que acuerde o desestime la indemnizaci髇 reclamada, ser� adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio respectivo.

Seguridad Social

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social

Art韈ulo 24, p醨rafo primero. No se podr� transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.

Telef閞icos

Ley 4/1964, de 29 de abril, sobre telef閞icos

Art韈ulo 23, apartado 3. En los expediente de caducidad ser醤 preceptivos los informes de los Consejos de Obras P鷅licas y de Estado.

T韙ulos nobiliarios

Real Decreto de 27 de mayo de 1912, sobre concesi髇 y rehabilitaci髇 de t韙ulos nobiliarios

Art韈ulo 2, p醨rafo segundo. Fuera de este caso (para premiar servicios extraordinarios hechos a la Naci髇 o a la Monarqu韆) no se conceder� concesi髇 alguna de esta clase, sino en virtud de expediente en que se acredite la existencia de m閞itos o servicios del agraciado no premiados anteriormente, oy閚dose el informe de la Diputaci髇 Permanente de la Grandeza espa駉la, y consultando a la Comisi髇 permanente del Consejo de Estado.

Art韈ulo 6, p醨rafo segundo. Si dentro de cualquiera de los plazos se presentase m醩 de un aspirante (a la sucesi髇), se pondr� de manifiesto el expediente a cada uno de ellos por t閞mino de quince d韆s, para que aleguen o que estimen conveniente a su derecho o desistan de 閘, y el Ministro, previa consulta a la Diputaci髇 Permanente a la Grandeza de Espa馻 y a la Comisi髇 permanente del Consejo de Estado, resolver� adjudicando la vacante al que a su juicio ostente mejor derecho, sin perjuicio de que los Tribunales de justicia puedan decidir, si se somete a ellos el asunto por cualquiera de las partes interesadas.

Art韈ulo 17. Los ciudadanos espa駉les que obtuvieren una merced nobiliaria de la Santa Sede o de un Gobierno extranjero, deber醤 solicitar para su uso en Espa馻 la autorizaci髇 necesaria, acompa馻ndo el documento original en que conste la concesi髇, legalizando en forma la traducci髇 hecha por la Interpretaci髇 de Lenguas del Ministerio de Estado, y la certificaci髇 de la inscripci髇 del Registro civil del nacimiento el interesado. Esta autorizaci髇 ser� solicitada del Ministerio de Gracia y Justicia, estar� sujeta a los mismos derechos fiscales que los T韙ulos similares espa駉les, y es indispensable siempre que por cualquier concepto var韊 el poseedor del T韙ulo de que se trate, debiendo o韗se en todo caso, antes de otorgarla, a la Diputaci髇 Permanente de la Grandeza y a la Comisi髇 Permanente del Consejo de Estado.

Real Orden de 21 de octubre de 1922, sobre rehabilitaci髇 de Grandezas y T韙ulos nobiliarios

Art韈ulo 28. A continuaci髇 (despu閟 de la devoluci髇 del expediente por la Diputaci髇 Permanente de la Grandeza de Espa馻) se requerir� el parecer de la Comisi髇 Permanente del Consejo de Estado; o韉a 閟ta, ser� potestativo para el Ministro consultar al Pleno de dicho Alto Cuerpo, o bien proponer desde luego a S.M. la resoluci髇 del expediente, sin necesidad de ulteriores tr醡ites.

Decreto de 4 de junio de 1948, que desarrolla la Ley de 4 de mayo de 1948, que restableci� la legislaci髇 sobre esta materia

Art韈ulo 7. La privaci髇 temporal o vitalicia de dignidades a que se refiere el art韈ulo 5 de la Ley de 4 de mayo de 1948 (t韙ulos o grandezas de aquellos poseedores que se hayan hecho personalmente indignos de ostentarlas), ser� acordada por el Jefe del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros, previa formaci髇 del correspondiente expediente, que se iniciar� de oficio por el Ministro de Justicia, en el que habr� de ser o韉o el interesado, y podr醤 informar la Diputaci髇 de la Grandeza y el Consejo de Estado.

Transportes

Ley Org醤ica 5/1987, de 30 de julio, de delegaci髇 de facultades del Estado en las Comunidades Aut髇omas en relaci髇 con los transportes por carretera y por cable

Art韈ulo 19. En el caso de que una Comunidad Aut髇oma incumpliere las disposiciones contenidas en la presente Ley Org醤ica, el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado requerir� formalmente a la Comunidad, y si en el plazo de dos meses 閟ta mantuviera su actitud, podr� acordar la revocaci髇 de la delegaci髇.

Urbanismo

Decreto 1346/1976, de 9 de abril, texto refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana

Art韈ulo 50. Si la modificaci髇 de los planes, normas complementarias y subsidiarias y programas de actuaci髇 tuviere por objeto una diferente zonificaci髇 o uso urban韘tico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, deber� ser aprobada por el Consejo de Ministros, previos de los informes favorables del Consejo de Estado y del Ministro de la Vivienda y acuerdos de la Corporaci髇 Local interesada adoptados con el qu髍um del art韈ulo 303 de la Ley de R間imen Local.

Art韈ulo 121. Cuando la actuaci髇 en determinados pol韌onos o unidades no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las cargas en relaci髇 con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas edificables, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previo dictamen del Consejo de Estado, con audiencia o, en su caso, a instancia de los Ayuntamiento interesados, podr� autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducci髇 de la contribuci髇 de los propietarios a las mismas o una compensaci髇 econ髆ica a cargo de la Administraci髇, procurando equiparar los costes de la actuaci髇 a las de otras an醠ogas que hayan resultado viables.

Art韈ulo 149, apartado 2. Asimismo, podr醤 formularse y ejecutarse Programas de actuaci髇 Urban韘tica sin previa convocatoria de concurso, cuando se trate de la urbanizaci髇 de terrenos destinados a instalaciones de actividades productivas relevantes o de especial importancia y para la formaci髇 de pol韌onos industriales, el Consejo de Ministro mediante Decreto, a propuesta del Ministerio de la Vivienda y del competente por raz髇 de la materia, previo informe de las Corporaciones Locales interesadas y de la Comisi髇 Central de Urbanismo, y dictamen del Consejo de Estado. En el Decreto se determinar醤 las obligaciones que debe cumplir el adjudicatario en relaci髇 con lo que se establece en el apartado 3 del art韈ulo 146.

Disposici髇 final tercera, apartado 1. El Gobierno, cuando las circunstancias lo aconsejen, podr� elevar, por Decreto, previo dictamen del Consejo de Estado, las cuant韆s de las reservas y previsiones a que se refieren los art韈ulos 12.1.b) y 13.2.b), c), d) y e) de la Ley. Estas cuant韆s solamente podr醤 disminuirse cuando circunstancias excepcionales lo exijan, previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Igualmente el Gobierno podr� establecer otras reservas y previsiones de naturaleza an醠oga a propuesta del Ministerio de la Vivienda y, en su caso, del titular de este Departamento y del Ministerio Competente por raz髇 de la materia.

Disposici髇 final cuarta. Se autoriza al Gobierno para que, mediante Decreto, a propuesta del Ministerio de Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, revise la composici髇 de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y para que, cuando las circunstancias lo aconsejen, modifique esa misma composici髇 y la de la Comisi髇 Central de Urbanismo.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. Reglamento de gesti髇 urban韘tica

Art韈ulo 64. Cuando la actuaci髇 en determinados pol韌onos o unidades de actuaci髇 no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las cargas en relaci髇 con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas edificables, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Obras P鷅licas y Urbanismo, y previo dictamen del Consejo de Estado, con audiencia o, en su caso, a instancia de los Ayuntamientos interesados, podr� autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducci髇 de la contribuci髇 de los propietarios a las mismas o una compensaci髇 econ髆ica a cargo de la Administraci髇, procurando equiparar los costes de la actuaci髇 a los de otras an醠ogas que hayan resultado viables.