• j) Tratándose de cooperativas de viviendas, el compromiso de promover un número de viviendas exacto o en su defecto el de mantener la proporción establecida en el artículo 134.1 de la presente Ley.

El Presidente del Consejo Rector, o aquel de los Consejeros designados al efecto en la escritura de constitución, solicitará del Registro de Cooperativas Andaluzas, en el plazo de dos meses desde el otorgamiento de aquélla, la inscripción de la Constitución, acompañando para ello a tal solicitud copia autorizada y copia simple de la escritura de constitución.

1. Se depositarán en la correspondiente unidad del registro de Cooperativas, dentro del mes siguiente al de la aprobación de las cuentas anuales, los siguientes documentos:

• a) Certificación expedida por persona legitimada relativa al acuerdo asambleario de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, con legitimación notarial de las firmas. Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así con expresión de la causa.
• b) Un ejemplar de cada una de las cuentas anuales.
• c) El informe de gestión. No será necesaria la presentación de éste cuando la entidad formule su balance de forma abreviada.
• d) El informe de auditores cuando fuere preciso, y en su defecto el de los interventores.
• e) Certificación expedida por persona legitimada, acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas o intervenidas. Este extremo podrá incluirse en la certificación de la letra a) del presente apartado.

2. La calificación por parte del Registro se limitará a la comprobación de que los documentos presentados son los exigidos por la normativa vigente, se hallan suscritos por quien corresponda, también con arreglo a dicha normativa, y en relación a las cuentas anuales si han sido aprobadas por la Asamblea General.

3. La publicidad del Depósito de Cuentas se hará efectiva en la forma establecida en el artículo 19 de la presente ley, o por medio de copia de los documentos depositados, siendo la certificación el único medio de acreditación fehaciente del contenido de los asientos, conforme al número 2 del citado precepto.

4. Transcurrido un año desde el cierre del ejercicio social sin que se haya cumplido el deber establecido en el apartado primero de este artículo, no se practicará la inscripción de ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha. Se exceptúan de la regla anterior los títulos relativos al cese o dimisión de los miembros del consejo rector, del administrador único, del director y de los liquidadores, los concernientes a la revocación o renuncia de la delegación permanente de facultades en la comisión ejecutiva o consejero delegado y de los poderes de gestión y administración permanentes, los relativos al acto de disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores, cancelación de los asientos a causa de su extinción, y los asientos ordenados por resolución judicial o administrativa.

5. Si las cuentas anuales no se hubieren depositado por no estar aprobadas por la Asamblea, no procederá el cierre registral cuando se acredite esta circunstancia mediante certificación del órgano de administración con firmas legitimadas, en la que se expresará la causa de la falta de aprobación o mediante copia autorizada del acta notarial de la Asamblea en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales. Para impedir el cierre, la certificación o la copia del acta deberá presentarse en el Registro de Cooperativas antes de que finalice el plazo previsto en el apartado primero de este artículo, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada seis meses por alguno de dichos medios. Estas certificaciones y actas y las posteriores que en su caso se presenten reiterando la subsistencia de la falta de aprobación serán objeto de inscripción.

6. En los casos a que se refieren los anteriores apartados 4 y 5 del presente artículo, subsistirá la obligación del depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios posteriores. El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el depósito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la forma prevista en este apartado.

1. El número de jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al treinta por ciento del total de las realizadas por los socios trabajadores, en cómputo anual. No se computarán en el porcentaje anterior las jornadas realizadas por:

• a) Trabajadores con contrato en prácticas o para la formación.
• b) Trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de fomento del empleo de disminuidos psíquicos o físicos u otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
• c) Trabajadores contratados para el lanzamiento de nueva actividad, obra o servicio determinado, ampliación del objeto social o por necesidades de la producción, por períodos no superiores a seis meses en cómputo anual.
• d) Trabajadores integrados en la cooperativa por subrogación legal.
• e) Trabajadores que, reuniendo los requisitos al efecto, no hubiesen ejercitado su derecho a ser socio con arreglo a lo establecido en el artículo 120.6 de la presente Ley.

2. Las jornadas realizadas por los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar a las de los socios trabajadores, en cómputo anual, ni aun por aplicación de las excepciones del apartado anterior.

3. Cuando una Cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciese cargo de la misma, los socios trabajadores tendrán los mismos derechos y deberes que le hubieran correspondido de haber prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a la legislación estatal aplicable.

4. Las cooperativas que requieran superar los límites establecidos en los apartados anteriores podrán solicitar autorización al efecto a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de cooperativas. A dicha solicitud se adjuntará, en los casos que se determine reglamentariamente, un informe al efecto del Consejo Andaluz de Cooperación. En todo caso el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurridos los cuales, sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada. No será necesaria autorización cuando el aumento de las jornadas de los trabajadores por cuenta ajena se produzca como consecuencia de un contrato de la cooperativa con la Administración o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades en las que sea mayoritaria la participación de las Administraciones Públicas.

1. Son cooperativas de interés social aquellas que, sin ánimo de lucro, tienen como finalidad perseguir la promoción y plena integración social y/o laboral de los ciudadanos.

Su actividad está constituida por la prestación de servicios relacionados con la protección de la infancia y la juventud; asistencia a discapacitados, mayores, personas con cargas familiares no compartidas, personas maltratadas, minorías étnicas, refugiados, asilados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos, ludópatas; prevención de la delincuencia; cualesquiera otros servicios dirigidos a colectivos que sufren cualquier clase de desarraigo o marginación social, en orden a su erradicación.

2. Los servicios que estas cooperativas prestan pueden tener un carácter sanitario, educativo, sociolaboral o cualquier otro que coadyuve a la promoción e integración de estos colectivos.

3. En la denominación de estas cooperativas deberá aparecer la expresión «interés social».

4. Se reputará que la cooperativa carece de ánimo de lucro cuando sus estatutos sociales recojan dicho extremo en la cláusula relativa al objeto social, y en lo referente al régimen económico se establezca la imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización, y de que la retribución de los socios trabajadores y de los trabajadores por cuenta ajena no exceda del 150% de las que le correspondan en virtud del convenio colectivo aplicable, y, además, que no se contemple la repartibilidad del Fondo de Reserva Obligatoria en los términos de artículo 95.2 de la presente ley.

Las cooperativas agrarias podrán desarrollar las actividades de conservación, tipificación, manipulación, transformación, transporte, distribución y comercialización, incluso directamente al consumidor, de productos agrarios que no procedan de las explotaciones de la cooperativa o de sus socios en los siguientes supuestos:

• a) En todo caso, en cada ejercicio económico, hasta un cinco por ciento, cuantificado, dicho porcentaje, independientemente por cada una de las actividades en que la cooperativa utilice productos agrarios de terceros.
• b) Si lo prevén los estatutos, el porcentaje máximo en cada ejercicio económico podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento sobre las bases obtenidas, conforme a lo establecido en la letra anterior.
• c) Las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no estarán sujetas a las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando así esté previsto en los estatutos sociales.

Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de tierras y otros bienes inmuebles, susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.

En ningún caso podrá constituirse una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra formada exclusivamente por socios que aporten únicamente derechos de uso o disfrute sobre explotaciones agrarias.

No poner a disposición de la Administración el sobrante y el remanente del Fondo de Educación y Promoción en los supuestos de liquidación.

La superación del límite establecido en el artículo 126 a las jornadas de los trabajadores no socios.