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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• CAPÍTULO I.  El suelo urbano y urbanizable
  • Artículo 1  Concepto de suelo urbano
  • Artículo 2  Servicios urbanísticos básicos
  • Artículo 3  Asentamientos en el medio rural
  • Artículo 4  El suelo urbanizable
  • Artículo 5  Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano
  • Artículo 6  Concepto de solar
• CAPÍTULO II.  Deberes relativos a las actuaciones de transformación urbanística
  • Artículo 7  Régimen general del cumplimiento de los deberes
  • Artículo 8  Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano
  • Artículo 9  Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbanizable
  • Artículo 10  Reserva para viviendas protegidas
• CAPÍTULO III.  Medidas de agilización en materia de tramitación de planeamiento urbanístico, gestión y disciplina
  • Artículo 11  Modificaciones en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial
  • Artículo 12  Modificaciones en la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears
  • Artículo 13  Modificación en la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial de las Illes Balears
  • Artículo 14  Delimitación de polígonos y unidades de actuación y fijación del sistema de gestión urbanística
  • Artículo 15  Modificaciones en la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística
• CAPÍTULO IV.  Medidas relativas a usos y actividades en el suelo rústico
  • Artículo 16  Modificaciones en la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera  Suelo urbanizable
  • Disposición adicional segunda  Modificación en la Ley 8/1988, de 1 de junio, de Edificios e Instalaciones fuera de Ordenación
  • Disposición adicional tercera  Modificaciones en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears
  • Disposición adicional cuarta  Patrimonio público de suelo
  • Disposición adicional quinta  Otorgamiento de un nuevo plazo para la inclusión de los aprovechamientos de agua en el catálogo de aguas privadas
  • Disposición adicional sexta  Comunicación previa de los usos privativos de aguas en la aplicación del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba la Ley de Aguas
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera  Suelos transformados a la entrada en vigor de este Decreto Ley
  • Disposición transitoria segunda  Reserva para viviendas protegidas
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final  Entrada en vigor

Artículo 1 Concepto de suelo urbano

Constituyen el suelo urbano:

• a) Los terrenos que el planeamiento urbanístico general incluye de manera expresa en esta clase de suelo porque, habiendo estado legalmente sometidos al proceso de integración en el tejido urbano, tienen todos los servicios urbanísticos básicos.
• b) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento urbanístico, alcanzan el grado de urbanización que éste determina.
• c) Los asentamientos en el medio rural delimitados de acuerdo con el artículo 3.

Téngase en cuenta la disposición transitoria primera sobre suelos transformados a la entrada en vigor de este DLey.

Artículo 2 Servicios urbanísticos básicos

1. Son servicios urbanísticos básicos:

• a) La red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal.
• b) Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento.
• c) El suministro de energía eléctrica.

2. Los servicios urbanísticos básicos deben tener las características adecuadas para el uso del suelo previsto por el planeamiento urbanístico que lo clasifica. La clasificación como urbano de los terrenos se mantendrá al margen de que necesiten actuaciones de transformación urbanística para la implantación o mejora de los servicios de urbanización.

Artículo 3 Asentamientos en el medio rural

1. El planeamiento urbanístico general puede delimitar como asentamientos en el medio rural aquellos asentamientos de carácter residencial existentes cuando entre en vigor de este Decreto Ley sobre los que, bien por su escasa entidad o dimensión, bien por su carácter extensivo, bien por razones de índole territorial o paisajística, no proceda la completa aplicación del régimen jurídico del suelo urbano.

2. La ordenación de estos ámbitos priorizará el mantenimiento de su carácter y su integración paisajística en el entorno. Asimismo, podrá prever determinadas peculiaridades y excepciones con respecto a las dotaciones y a los servicios urbanísticos fijados, con carácter general, para el resto de suelo urbano.

En cualquier caso, la exención de la red de saneamiento sólo podrá fijarse cuando se justifique por su elevado coste o por no suponer ninguna ventaja para el medio ambiente, y siempre que se prevea la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales de carácter individual como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas.

3. En ningún caso se podrán delimitar como asentamientos en el medio rural aquellos suelos cuya transformación urbanística se hubiese iniciado estando ya clasificados como suelo rústico protegido.

Artículo 4 El suelo urbanizable

1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento urbanístico general, de acuerdo con las determinaciones y límites del plan territorial insular, así clasifique por considerarlos adecuados para garantizar el crecimiento y las necesidades de la población y de la actividad económica.

2. El planeamiento urbanístico municipal podrá distinguir en esta clasificación de suelo entre:

• a) Suelo urbanizable ordenado, que se integrará por los terrenos que, por su reducida dimensión o por destinarse predominantemente a usos dotacionales, sean ordenados de forma detallada por el planeamiento urbanístico municipal correspondiente.
• b) Suelo urbanizable no ordenado, que se integrará por el resto de terrenos urbanizables. El planeamiento urbanístico general delimitará uno o más sectores y fijará las condiciones y los requisitos exigibles para su transformación mediante la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan parcial.

3. El planeamiento urbanístico general municipal deberá destinar al menos dos tercios de la superficie bruta de cada ámbito de suelo urbanizable ordenado a usos dotacionales o de infraestructuras, así como a su incorporación al patrimonio público de suelo, que deberán ser cedidos de forma obligatoria y gratuita. Esta reserva para usos dotacionales o de infraestructuras deberá realizarse de forma motivada y sustituye a la que, con carácter general, fija la normativa urbanística para los suelos urbanizables. Dentro de estos dos tercios se incluirán los terrenos que incorporen la edificabilidad que proceda a los efectos del cumplimiento del artículo 9.

Artículo 5 Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano

1. Tienen la consideración de actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano las actuaciones de renovación o reforma integral de la urbanización y las actuaciones de dotación. Estas actuaciones no pueden implicar la transformación urbanística de suelo rural y, en consecuencia, en ningún caso computarán como crecimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares y de Medidas Tributarias y en las correspondientes disposiciones que fijen los planes territoriales insulares en desarrollo de este artículo.

2. Son actuaciones de renovación o de reforma integral de la urbanización aquellas que implican la reordenación general de un ámbito de suelo urbano que suponga la modificación sustancial de la ordenación preexistente.

3. Son actuaciones de dotación aquellas actuaciones aisladas en suelo urbano que tienen alguno de los siguientes objetos:

• a) La transformación de los usos preexistentes o el aumento de la edificabilidad o de la densidad de determinadas parcelas y, si es el caso, la exigencia de mayores reservas para zonas verdes, para espacios libres y para equipamientos.
• b) La compleción de los servicios de urbanización para que las parcelas adquieran la condición de solar.

4. No tendrán en ningún caso la consideración de actuaciones de transformación urbanística las siguientes actuaciones sobre suelos urbanos:

• a) Las actuaciones aisladas de dotación de servicios a parcelas con la finalidad de adquirir la condición de solar y siempre que no sea necesario proceder a la equidistribución de beneficios y cargas de la actuación, pudiéndose encontrar sujetos únicamente a cesión obligatoria y gratuita de vialidad.
• b) Las actuaciones de alcance limitado para el ajuste, la ampliación o la mejora de la vialidad o de los espacios libres en suelo urbano, sin perjuicio de su sujeción a los deberes de cesión de suelo para sistemas que establece la legislación urbanística.

Artículo 6 Concepto de solar

1. Tienen la consideración de solar, a los efectos de este Decreto Ley, los terrenos clasificados como suelo urbano que sean aptos para la edificación, según su calificación urbanística, y que cumplan los requisitos siguientes:

• a) Que las vías públicas con que confronten dispongan efectivamente o que puedan llegar a disponer mediante la realización de obras accesorias y previas o, en todo caso, simultáneas a las de edificación, de alumbrado público, pavimentación con, en su caso, aceras encintadas y con los servicios urbanísticos de acuerdo con las determinaciones establecidas por el planeamiento urbanístico o, en todo caso, si éste no las especifica, como mínimo con los servicios básicos señalados en el artículo 2 de este Decreto Ley.
• b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planeamiento urbanístico las define.
• c) Que sean susceptibles de licencia inmediata porque no han estado incluidos en un ámbito sujeto a actuaciones de transformación urbanística pendientes de desarrollo.
• d) Que, para edificarlos, no se hayan de ceder terrenos para destinarlos a calles o a vías con vistas a regularizar alineaciones o a completar la red viaria.

2. En el caso de los asentamientos en el medio rural, la condición de solar requerirá el cumplimiento de lo previsto en el punto anterior, si bien no será necesario contar con la totalidad de los servicios previstos en la letra a cuando así lo determine el planeamiento urbanístico.

Artículo 7 Régimen general del cumplimiento de los deberes

1. Las actuaciones de transformación urbanística requieren el cumplimiento de los deberes fijados en este Decreto Ley, en el Texto refundido de la Ley Estatal de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y en el resto de normativa urbanística que les sea de aplicación.

2. En la forma que reglamentariamente se determine, el planeamiento urbanístico podrá prever el cumplimiento del deber de cesión regulado en los artículos 8 y 9 por otras formas de cumplimiento.

Artículo 8 Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano

1. Los propietarios quedan obligados a ceder el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al 15 % de la edificabilidad media ponderada que comporten las actuaciones de renovación o reforma integral en suelo urbano. Cuando se trate de actuaciones de dotación, deben ceder el 15 % del incremento de la edificabilidad media ponderada que comporte la actuación con respecto a la preexistente.

Los porcentajes anteriores se podrán incrementar, de forma justificada por el planeamiento urbanístico, hasta el 20 %, en aquellos casos en que el valor de las parcelas resultantes sea considerablemente superior a las otras en la misma categoría de suelo o que la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanísticos impliquen un coste para el ayuntamiento muy superior al de las otras parcelas.

2. El planeamiento urbanístico podrá reducir, de forma motivada, los porcentajes anteriores hasta el 5 % cuando se trate de actuaciones de transformación urbanística que se lleven a cabo en el marco de actuaciones de recuperación o rehabilitación integral de suelos urbanos.

Artículo 9 Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbanizable

1. Los propietarios quedan obligados a ceder el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al 15 % de la edificabilidad media ponderada de la actuación. Este porcentaje puede reducirse por el planeamiento urbanístico de forma justificada y hasta el 10 % cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que se trate de una zona turística no incluida en el ámbito de un plan de ordenación de la oferta turística, para la que el plan territorial insular determine su reordenación, y siempre que ésta implique una reducción del aprovechamiento urbanístico respecto del existente con anterioridad.
• b) Que más del 50 % de la superficie del ámbito de actuación se haya de destinar a dotaciones públicas con la obligatoriedad de los propietarios de ceder gratuitamente los terrenos.
• c) Que se trate de ámbitos de actuación cuyo suelo lucrativo se destine predominantemente a uso residencial y su ejecución suponga la edificación de menos de 20 viviendas.

2. El porcentaje anterior se podrá incrementar, de forma justificada por el planeamiento urbanístico, hasta el 20 %, en aquellos casos en que el valor de las parcelas resultantes sea considerablemente superior a las otras en la misma categoría de suelo o que la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanísticos impliquen un coste para el ayuntamiento muy superior al de las otras parcelas.

Artículo 10 Reserva para viviendas protegidas

El planeamiento urbanístico deberá prever la reserva de por lo menos el 30 % del suelo de uso residencial para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública para todas las actuaciones de urbanización en que el uso residencial sea el predominante.

No obstante, el planeamiento podrá prever formas alternativas del cumplimiento de este deber en aquellas actuaciones en que, por su menor dimensión o por su carácter extensivo, así se justifique.

Téngase en cuenta que la disposición transitoria segunda del presente DLey establece que: "La reserva de suelo de uso residencial para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública prevista en el artículo 10 no será de aplicación a aquellas actuaciones de urbanización que, a la entrada en vigor de este Decreto Ley, tengan aprobado el instrumento que determina la equidistribución de los beneficios y las cargas de la actuación."

Véase Res. 10 mayo 2012, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el D.-ley de las Illes Balears 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.E.» 12 junio).

Artículo 11 Modificaciones en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial

1. Se modifica el artículo 15 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 12 Modificaciones en la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears

Se modifica el número 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 13 Modificación en la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial de las Illes Balears

Se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 14 Delimitación de polígonos y unidades de actuación y fijación del sistema de gestión urbanística

1. El Ayuntamiento podrá modificar los polígonos y las unidades de actuación, que podrán ser discontinuas y afectar a todas las clases de suelo, que se encuentren previstas en los instrumentos de planeamiento, así como hacer la primera delimitación cuando estos instrumentos no la contengan, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

• a) Una vez aprobada inicialmente la delimitación, se someterá el expediente al trámite de información pública durante un plazo de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la correspondiente dirección o punto de acceso electrónico municipal. También se dará audiencia a los propietarios afectados durante idéntico plazo.
• b) La aprobación definitiva de la delimitación se pronunciará sobre las alegaciones presentadas. Si se hubiese de producir un aumento o disminución de la superficie del polígono o unidad de actuación superior en un 10 % con respecto a la propuesta inicial, de forma previa a la aprobación definitiva se deberá repetir el trámite de audiencia a los propietarios afectados.
• c) La eficacia de la delimitación aprobada se diferirá hasta la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Asimismo, la delimitación aprobada se publicará en la correspondiente dirección o punto de acceso electrónico municipal.

2. Este mismo procedimiento servirá para sustituir el sistema de gestión urbanística o para fijarlo cuando no estuviese ya previsto en el planeamiento.

Artículo 15 Modificaciones en la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 39 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, que queda con la siguiente redacción:

2. Se modifica el apartado f del artículo 45 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, que queda con la siguiente redacción:

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 46 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, que queda con la siguiente redacción:

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, que queda con la siguiente redacción:

5. Se modifica el artículo 72 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 16 Modificaciones en la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears

1. Se modifica el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las llles Balears, que queda con la siguiente redacción:

2. Se modifica el número 3 del artículo 19 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

3. Se modifica el número 2 del artículo 26 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

4. Se modifica el número 3 del artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

5. Se modifica el número 2 del artículo 37 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

Disposición adicional primera Suelo urbanizable

1. Los suelos clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico vigente cuando entre en vigor este Decreto Ley que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 1 o en la disposición transitoria primera, pasan a tener la clasificación de suelo urbanizable.

En la medida en que la ordenación que fije el planeamiento general sea suficiente para su desarrollo, se entenderá que se trata de un suelo urbanizable ordenado a los efectos previstos en el artículo 4.

2. Los suelos que pasen a tener la clasificación de urbanizable de acuerdo con esta disposición adicional, computarán también como crecimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias, y en las correspondientes disposiciones que fijen los planes territoriales insulares en desarrollo de este artículo.

Disposición adicional segunda Modificación en la Ley 8/1988, de 1 de junio, de Edificios e Instalaciones fuera de Ordenación

Se modifica, en su artículo 1, la frase «El nuevo planeamiento establecerá las normas urbanísticas aplicables a los elementos que queden en esta situación y las actuaciones autorizadas», que queda con la siguiente redacción: «El nuevo planeamiento establecerá las normas urbanísticas aplicables a los elementos que queden en esta situación y las actuaciones autorizables.»

Disposición adicional tercera Modificaciones en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears

1. Se modifica el párrafo segundo del artículo 29.1 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:

2. Se modifica el artículo 44.3 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:

3. Se modifica la letra a del punto número 3 del artículo 89 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:

4. Se modifica el artículo 96.4 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:

Véase Res. 10 mayo 2012, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el D.-ley de las Illes Balears 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.E.» 12 junio).

Disposición adicional cuarta Patrimonio público de suelo

Los bienes, recursos y derechos integrantes de los patrimonios públicos de suelo, cualquiera que sea el uso lucrativo al que estén destinados, con excepción del residencial protegido, podrán tener la condición de precio del contrato, al efecto de retribuir con ellos al contratista, de conformidad con lo que dispone la normativa de contratación del sector público, siempre y cuando el contrato tenga por objeto alguno de los destinos del patrimonio público de suelo que establece la legislación vigente.

Véase Res. 10 mayo 2012, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el D.-ley de las Illes Balears 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.E.» 12 junio).

Disposición adicional quinta Otorgamiento de un nuevo plazo para la inclusión de los aprovechamientos de agua en el catálogo de aguas privadas

Se otorga a los titulares de aprovechamientos de agua afectados por las disposiciones transitorias de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, que estén en posesión de las autorizaciones correspondientes otorgadas por el organismo competente en materia minera o hidráulica con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley de Aguas, o que, si no las tienen, puedan acreditar que los aprovechamientos son anteriores a la entrada en vigor del Decreto Ley 11/1968, de 16 de agosto, del decreto 632/1972, de 23 de marzo, o del Decreto 3382/1973, de 21 de diciembre, respecto al ámbito territorial de cada una de las islas de Mallorca, de Ibiza, de Menorca y de Formentera, respectivamente, un plazo de tres años a contar a partir de la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Disposición adicional sexta Comunicación previa de los usos privativos de aguas en la aplicación del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba la Ley de Aguas

Los usos privativos de aguas a los que se refiere el artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, en el ámbito de las Illes Balears, se sujetarán a comunicación previa a la Administración Hidráulica, de acuerdo con lo que prevé el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y a su Ejercicio, y en los términos que, si es necesario, se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de esta norma.

El régimen de las autorizaciones otorgadas durante la vigencia del artículo 22.1 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, así como del Decreto 51/2005, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de explotación de aguas subterráneas con un volumen inferior a 7.000 m3/año y la intervención de los directores facultativos y empresas de sondeos, se determinará reglamentariamente.

Disposición transitoria primera Suelos transformados a la entrada en vigor de este Decreto Ley

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1, constituyen también suelo urbano aquellos terrenos que, a la entrada en vigor de este Decreto Ley y con independencia de su clasificación urbanística previa, se encuentran integrados en una trama urbana y cumplen alguno de los siguientes requisitos:

• a) Encontrarse transformados por la urbanización por contar, cada una de las parcelas, con la totalidad de los servicios urbanísticos que, en su caso, exigía el planeamiento que legitimó su ejecución y, en todo caso, con los básicos, plenamente funcionales y suficientes para la población a la que deben dar servicio.
• b) Encontrarse parcialmente transformados por la urbanización por no contar con todos los servicios urbanísticos básicos o no ser alguno de ellos plenamente funcionales o suficientes, siempre que se encuentren edificados en más de dos terceras partes de su superficie edificable.

2. El Ayuntamiento incorporará los ámbitos a que se refiere el número anterior a su planeamiento urbanístico, bien directamente en el propio planeamiento general, bien a través de la formulación de planes especiales, y los ordenará. La delimitación de los ámbitos determinados en la letra b deberá hacerse de forma homogénea y sin incluir zonas no edificadas donde falten los servicios urbanísticos.

3. La ordenación que se fije deberá evaluar la necesidad de los servicios de urbanización que se requieran así como la calidad de los existentes, pudiendo imponer las cargas urbanísticas que procedan para la obtención de dotaciones.

Hasta que se apruebe el instrumento de planeamiento a que se refiere el apartado anterior, no se podrán autorizar en estos terrenos obras de urbanización ni de edificación que impliquen construcciones de nueva planta o ampliación de las existentes.

4. No obstante lo que se prevé en los párrafos anteriores, en ningún caso podrán clasificarse como urbanos:

• a) Los suelos cuya transformación urbanística se hubiese iniciado estando ya clasificados como suelo rústico protegido.
• b) Los suelos que, con anterioridad, hubieran estado incursos en procesos de cambio de clasificación urbanística de los que se hubiese derivado el reconocimiento de un derecho a indemnización.

5. A los efectos de la aplicación de lo señalado en el apartado 1, el simple hecho de que el terreno confronte con carreteras y vías de conexión interlocal, o con vías que delimitan el suelo urbano, no comportará que el terreno constituya o tenga la consideración de suelo urbano.

Disposición transitoria segunda Reserva para viviendas protegidas

La reserva de suelo de uso residencial para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública prevista en el artículo 10 no será de aplicación a aquellas actuaciones de urbanización que, a la entrada en vigor de este Decreto Ley, tengan aprobado el instrumento que determina la equidistribución de los beneficios y las cargas de la actuación.

Véase Res. 10 mayo 2012, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el D.-ley de las Illes Balears 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.E.» 12 junio).

Disposición derogatoria

1. Se derogan de forma expresa las siguientes disposiciones:

• a) Los artículos 10 y 11 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de Medidas Urgentes relativas a Determinadas Infraestructuras y Equipamientos de Interés General en materia de Ordenación Territorial, Urbanismo y de Impulso a la Inversión.
• b) Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible en las Illes Balears.
• c) El artículo 22.1 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, por el que en el ámbito de las Illes Balears se dejaba sin efecto el contenido del apartado segundo del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas.
• d) La disposición adicional tercera de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial.
• e) El número 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.
• f) El artículo 8 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares.
• g) El artículo 37, el punto 1 del artículo 38, el apartado e del artículo 45 y el segundo párrafo del artículo 47, de la de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística.
• h) La Ley 10/1989, de 2 de noviembre, de Sustitución de Planeamiento Urbanístico Municipal.
• i) El último párrafo del artículo 3 de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de Edificios e Instalaciones fuera de Ordenación, en la redacción otorgada por el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de Medidas Urgentes relativas a determinadas Infraestructuras y Equipamientos de Interés General en materia de Ordenación Territorial, Urbanismo y de Impulso a la Inversión.
• j) El Decreto 159/1989, de 28 de diciembre, sobre Adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento a la Ley 8/1988, de 1 de julio, sobre Edificios e Instalaciones fuera de Ordenación.
• k) El Decreto 51/2005, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de explotación de aguas subterráneas con volumen inferior a 7.000 m3/año y la intervención de los directores facultativos y empresas de sondeos.
• l) El Decreto 108/2005, de 21 de octubre, por el que se regulan las condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de los sondeos en el ámbito de las Illes Balears, sólo en lo que respecta a las autorizaciones de explotación de aguas subterráneas con volumen inferior a 7.000 m3/año.

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo que dispone este Decreto Ley.

Disposición final Entrada en vigor

Este Decreto Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.