Artículo 12 Modificación de determinados aspectos de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 46 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

2. Se suprime el apartado 5 del artículo 46 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda sin contenido.

3. Se modifica el apartado 2 del artículo 62 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

4. Se modifica el artículo 80 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

5. Se modifica la letra a) del artículo 86 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

6. Se añade una nueva letra, la letra e), al artículo 94 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

Artículo 13 Modificación de determinados aspectos de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears

1. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 69 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

2. Se modifica el artículo 70 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

3. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 72 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 73 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

5. Se modifica el artículo 74 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 14 Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones

...

Artículo 15 Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears

1. Se modifica el artículo 69 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 70 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

3. Se añade una nueva disposición transitoria, la disposición transitoria cuarta, a la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

Artículo 16 Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears

Se modifica el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Téngase en cuenta que la Ley [BALEARES] 11/2001, 15 junio, modificada por esta disposición, ha sido derogada por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 11/2014, 15 octubre, de comercio de las Illes Balears («B.O.I.B.» 18 octubre).

Artículo 17 Modificación de determinados aspectos de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

2. Se modifica la letra c) del artículo 21 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

4. Se modifica el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

5. Se modifica la letra c) del artículo 67 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 18 Modificación del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 19 Normas en materia de protección de animales que viven en el entorno humano

1. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, que pasa a tener la siguiente redacción:

2. Se añade una nueva letra, la letra d), al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, con la siguiente redacción:

Artículo 20 Normas en materia de caza

En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del apartado 4 del artículo 34 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, el cual queda sustituido por la norma siguiente:

Artículo 21 Normas en materia de pesca fluvial

1. En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del artículo 58 de la Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca fluvial, el cual queda sustituido por la norma siguiente:

2. En el ámbito territorial de las Illes Balears, se dejan sin efecto las cuantías establecidas en los artículos 111, 112, 113 y 114 del Decreto de 6 de abril de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de pesca fluvial, las cuales quedan sustituidas por las cuantías siguientes:

Artículo 22 Normas en materia de aguas

1. ...

Apartado 1 del artículo 22 derogado por la letra c) del apartado 1 de la disposición derogatoria del DLey [BALEARES] 2/2012, 17 febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 18 febrero). Téngase en cuenta que el Dley que derogaba este apartado ha sido derogado por la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio), que reitera la misma derogación, en la letra c) del apartado 1 de la Disposición derogatoria.Vigencia: 19 febrero 2012

2. ...

Número 2 del artículo 22 derogado por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre /«B.O.E.» 19 enero 2005).Vigencia: 1 enero 2005

3. ...

Número 3 del artículo 22 derogado por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre /«B.O.E.» 19 enero 2005).Vigencia: 1 enero 2005

4. Normas relativas a la gestión de la demanda de agua.

4.1. El Gobierno de las Illes Balears, mediante decreto, deberá establecer medidas para la gestión de la demanda del agua y, como mínimo, las siguientes:

• a) Un programa obligatorio de instalación de contadores individuales de agua, así como instalaciones de fontanería de bajo consumo y ahorradora de agua en todas las viviendas, establecimientos turísticos, industriales, comerciales y agrícolas e instalaciones urbanas de nueva construcción que requieran suministro de agua.
• b) Un plan de gestión de la demanda de agua, entendido como un conjunto de actuaciones y actividades que permitan reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos disponibles en el futuro, que tendrá que incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
  • - Extracciones y facturación existente, análisis de su evolución en el tiempo y previsiones de crecimiento.
  • - Universalización de la instalación de contadores individuales.
  • - Universalización de fontanería y sanitarios de bajo consumo.
  • - Medidas de detección y reducción de fugas.
  • - Sustitución de redes y sectorialización adecuada.
  • - Reutilización de aguas residuales tratadas para riego de zonas verdes.
  • - Establecimiento de tarifas progresivas que graven los consumos suntuarios y abusivos.
  • - Campañas de concienciación ciudadana y asesoramiento al usuario.
  • - Cuantificación detallada, con indicación de los plazos de ejecución y sistemas de financiación.

4.2. La elaboración y la ejecución de los programas y planes a que se refiere este artículo corresponderán a los ayuntamientos, a los consejos insulares y al Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con el orden de distribución de competencias establecido en la legislación vigente.

4.3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, en los núcleos urbanos legalmente constituidos que no dispongan de otra fuente alternativa de agua para su abastecimiento, la Administración hidráulica, después de hacer los estudios adecuados, podrá otorgar nuevas concesiones para abastecerlos, a petición razonada del ayuntamiento al cual pertenezca el núcleo, la cual tendrá que ir acompañada del plan de gestión de la demanda de agua a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.

Véase D [BALEARES] 54/2017, 15 diciembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de las Illes Balears («B.O.I.B.» 19 diciembre).

5. Servicio público de abastecimiento de agua en alta.

5.1. Se declara servicio público de carácter autonómico, en régimen de concurrencia con los particulares, el abastecimiento de agua en alta a favor de los ayuntamientos para consumo doméstico.

5.2. El citado servicio público podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente.

5.3. Reglamentariamente se fijarán las condiciones de prestación del citado servicio público, así como su contraprestación pecuniaria, que tendrá la consideración de precio público.

Artículo 23 Modificación del artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears

Se modifica el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 24 Normas en materia de montes

1. En desarrollo de lo dispuesto en la legislación estatal de montes, el plazo durante el cual queda prohibido el cambio de uso forestal por razón de incendio en el ámbito territorial de las Illes Balears queda fijado en 30 años.

Se exceptúa de esta prohibición los terrenos forestales incluidos dentro de un área de transición prevista en la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias.

2. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, mediante decreto, regule el procedimiento para hacer efectiva la prohibición a que se refiere el apartado anterior, así como para fijar las condiciones que garanticen la restauración de las vegetaciones afectadas por los incendios.

Artículo 25 Modificación de determinados aspectos de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

2. Se modifica el apartado 4 del artículo 4 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

3. Se modifica el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 22 de mayor, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

4. Se modifica el apartado 3 del artículo 6 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

5. Se modifica el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

6. Se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

7. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

8. Se modifica el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

9. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

10. Se añade un nuevo apartado, el apartado 2, al artículo 12 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

11. Se modifica artículo 21 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

12. Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, quedan sin contenido.

13. Se modifica el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

14. Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

15. Se añade una disposición adicional a la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

16. Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Téngase en cuenta que la Ley [BALEARES] 7/1985, 22 mayo, ha sido derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 15/2010, 22 diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears («B.O.I.B.» 4 enero 2011), el 1 de julio de 2011.

Artículo 26 Disolución de las cámaras agrarias locales

1. Se disuelven las cámaras agrarias locales en el ámbito territorial de las Illes Balears.

2. Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el procedimiento de liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias locales. Entretanto no se apruebe el mencionado decreto, la Cámara Agraria Interinsular asumirá provisionalmente los derechos y las obligaciones de las entidades disueltas.

Artículo 27 Control de ayudas y subvenciones derivadas de la Sección Garantía del FEOGA

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 1663/1995, de la Comisión, de 7 de julio, del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 21 de junio, en relación con la ayuda al desarrollo rural con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), y del Reglamento (CE) 1258/1999, de 17 de mayo, del Consejo, sobre la financiación de la política agraria común, la consejería competente en materia de agricultura y los consejos insulares con competencia sobre la materia podrán ordenar a las entidades o empresas públicas dependientes, con capacidad para actuar como medio propio de la Administración, la realización de las tareas de control y verificación de los hechos en base a los cuales se hayan concedido las ayudas y subvenciones derivadas de la Sección Garantía del FEOGA, u otras tareas de apoyo a la ejecución de las funciones del organismo pagador de las mencionadas ayudas.

Artículo 28 Consejos reguladores y otros entes de gestión y control de denominación de calidad

1. Los consejos reguladores, u otros entes asimilados de gestión y control de denominación de calidad, creados y regulados por la normativa autonómica vigente, constituyen corporaciones de derecho público de base asociativa, con autonomía y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, y han de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de la aplicación del ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.

2. Por decreto del Consejo de Gobierno ha de regularse el régimen jurídico y económico de dichos entes, así como los requisitos que tendrán que cumplir para gozar de personalidad jurídica propia. De acuerdo con esta regulación, la creación de cada uno de estos entes se efectuará por orden del consejero competente en materia de agricultura.

3. La consejería competente en materia de agricultura ejercerá la tutela administrativa de dichos entes, pudiendo delegarles o encomendarles el ejercicio de las funciones públicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 29

1. Los titulares de concesiones administrativas cuyo título concesional haya expirado antes de la entrada en vigor de esta ley o que expire con posterioridad, vendrán obligados a continuar con la prestación del servicio hasta que se produzcan algunas de las siguientes circunstancias:

• a) La asunción efectiva de los servicios por parte de la Administración portuaria.
• b) El otorgamiento de un nuevo título concesional.
• c) El transcurso de un año desde el vencimiento de la concesión, siempre que el titular haya manifestado con una antelación de cuatro meses su intención de abandonar los espacios afectos a la concesión.

2. En las concesiones que hayan expirado antes de la entrada en vigor de esta ley, la obligación no persistirá más allá de tres años a partir de su entrada en vigor; y, en cualquier caso, en las concesiones que expiren con posterioridad a la misma, la obligación no durará más de tres años a partir del acta de reversión.

3. En los casos regulados en el apartado 1 se entenderán vigentes los pactos concesionales, sin perjuicio de las actualizaciones de los cánones, de las tasas y de otras exacciones que deban satisfacerse.

Disposición adicional primera

Se modifica la letra b) de la disposición adicional sexta de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Téngase en cuenta que la Ley modificada por la presente disposición, ha sido derogada por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de Ley [BALEARES] 7/2010, 21 julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 29 julio).

Disposición adicional segunda

Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública de las tipificadas como entidad de derecho público que debe someter su actividad al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de turismo, cuya finalidad institucional será el fomento de la calidad turística, la promoción de la investigación y de las tecnologías turísticas, y la aplicación de las inversiones para la mejora del entorno turístico.

Disposición adicional tercera

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 46 de la Ley 2/1989, de 5 de febrero, de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se crea la Escuela Balear de Administración Pública como entidad autónoma de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, adscrita a la consejería competente en materia de función pública.

La Escuela Balear de Administración Pública se regirá por esta disposición adicional, por el resto de disposiciones que le sean aplicables y por las normas que la desarrollen.

Los cargos directivos de la Escuela Balear de Administración Pública con competencia general que no se asimilen en rango al de director general pueden ser ocupados por funcionarios públicos o bien por personal laboral contratado al amparo de la relación especial de alta dirección Último párrafo del número 1 de la disposición adicional tercera introducido por la disposición adicional sexta de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre /«B.O.E.» 19 enero 2005).Vigencia: 1 enero 2005

2. Corresponde al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario correspondiente, y, en todo caso, la determinación de la organización de la Escuela y las funciones de sus órganos.

Mientras no se dicten estas disposiciones reglamentarias, la Escuela mantendrá la estructura y las funciones actuales del Instituto Balear de Administración Pública, con la incorporación de las funciones de ordenación y programación, así como la impartición de las actividades formativas que en materia de seguridad pública organice el Instituto Balear de Seguridad Pública. Transitoriamente, continuarán siéndole aplicables las normas de procedimiento y gestión económica actualmente vigentes.

3. Se faculta al consejero competente en materia de hacienda para que dicte las disposiciones y acuerde las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para aplicar esta disposición. Asimismo, corresponde al consejero competente en materia de función pública llevar a cabo las adaptaciones que sean necesarias en la relación de puestos de trabajo para adecuarla al contenido de lo que establece esta disposición.

Véase D [BALEARES] 31/2012, 13 abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Escuela Balear de Administraciones Públicas («B.O.I.B.» 17 abril).

Disposición adicional cuarta

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública con forma de entidad de derecho público que ha de someter su actuación al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, cuya finalidad institucional será la gestión de los parques y otras figuras de especial protección al amparo de Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.

La normativa reguladora del régimen jurídico de la entidad ha de determinar las condiciones de acuerdo con las cuales los funcionarios y el personal laboral de la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente, así como el personal laboral del Instituto Balear de la Naturaleza han de adscribirse o transferirse a dicha entidad, a la entrada en vigor de la citada normativa, por razón de ocupar puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la entidad que se cree. En todo caso, el personal laboral ha de transferirse en las mismas condiciones y régimen jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores.

2. Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública a que se refiere el apartado segundo de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 1997, por lo que respecta a la finalidad institucional atribuida a la entidad a que se refiere el apartado primero anterior de la presente disposición adicional

Disposición adicional cuarta redactada por la disposición adicional cuarta de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006

Téngase en cuenta la disposición adicional cuarta de la Ley [BALEARES] 25/2006, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 30 diciembre), cuyo tenor literal establece: «Se modifica la finalidad institucional de las entidades de derecho público sujetas al derecho privado a que se refieren, por un lado, la disposición adicional quinta, apartado segundo, de la Ley 4/1996, de 16 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 1997, y, por otro, la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, en el sentido de suprimir de la finalidad institucional de la primera de ellas la gestión de las fincas públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la cual pasa a integrarse en la finalidad institucional de la segunda de ellas».

Disposición adicional quinta

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública de las tipificadas como entidad de derecho público que ha de someter su actividad al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de educación y cultura, la cual debe ejercer el control de eficacia de su actividad.

2. La finalidad institucional de la entidad será proyectar, construir, conservar, explotar y promover, por si misma o mediante terceros, toda clase de obras y de infraestructuras de carácter educativo o cultural que la comunidad autónoma de las Illes Balears impulse o en las cuales participe, debiendo actuar, en todo caso, por cuenta del Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de educación y cultura, de acuerdo con los términos del mandato de actuación que reciba en cada caso. Asimismo, corresponderá a dicha entidad contratar o ejecutar los servicios necesarios para poder prestar de una forma eficiente el servicio público educativo y la actividad de fomento y promoción de la cultura.

Disposición adicional sexta

Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública creada por la disposición adicional undécima de la Ley 11/1989, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 1990, cuya finalidad institucional fue ampliada por el apartado noveno de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 1997, en el sentido de eliminar todas las referencias a la planificación energética, al fomento de las energías renovables y a la eficacia y diversificación energética, y de incluir las actividades relativas a la calidad ambiental, residuos y litoral.

Disposición adicional séptima

1. Se extingue la personalidad jurídica de la entidad autónoma Instituto Balear de Asuntos Sociales, y se atribuyen a la consejería competente en materia de servicios sociales las competencias en esta materia que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares. Asimismo, la comunidad autónoma de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de servicios sociales, se subroga en todos los derechos y las obligaciones que sean titularidad de la citada entidad autónoma o que puedan derivarse de los convenios de colaboración, conciertos, contratos o cualquier otro negocio jurídico subscrito entre dicha entidad y otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en el ejercicio de las competencias de la citada entidad que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares.

Por otra parte, los bienes muebles e inmuebles adscritos al Instituto Balear de Asuntos Sociales que no se hayan transferido a los consejos insulares pasarán a formar parte del patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. El personal funcionario y laboral que no se haya transferido a los consejos insulares y que preste sus servicios en el Instituto Balear de Asuntos Sociales pasará a prestarlos en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Atendidas las características especiales del personal laboral que presta servicios en los centros del Instituto Balear de Asuntos Sociales, se mantiene la vigencia de los bolsines de personal laboral no permanente para cubrir bajas y contrataciones urgentes de determinadas categorias de personal de los centros que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares.

3. Como consecuencia de la extinción de la personalidad jurídica del Instituto Balear de Asuntos Sociales, la Consejería de Presidencia y Deportes pasará a ejercer las competencias en materia de gestión presupuestaria de la sección 75.

4. Se facultan los consejeros competentes en materia de servicios sociales, hacienda y presupuestos y función pública para que, en cada caso, dicten las disposiciones oportunas y adopten las medidas que sean necesarias para la asignación y redistribución efectiva de los recursos humanos y materiales al efecto de ejecutar todo lo establecido en la presente diposición.

Disposición adicional octava

Los vertidos de plantas depuradoras de aguas residuales que viertan en las zonas declaradas sensibles, normales y menos sensibles, tendrán que adaptarse a los requisitos previstos en el Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran zonas sensibles en las Illes Balears, o norma que lo sustituya, antes del día 1 de enero de 2010.

Disposición adicional novena

Se otorga a los titulares de aprovechamientos de aguas privadas afectados por las disposiciones transitorias de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, que se encuentren en posesión de las autorizaciones correspondientes otorgadas por el organismo competente en materia minera o hidráulica con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley de aguas, un plazo de dos años a contar a partir de la entrada en vigor de la presente ley para solicitar su inclusión en el catálogo de aguas privadas.

Disposición adicional décima

...

Disposición adicional undécima

Se declara de interés general la línea eléctrica de 66 kV de alimentación en la estación de bombeo del transvase de agua de «Sa Costera», a la que no será de aplicación lo dispuesto en el decreto de aprobación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears en relación con el soterramiento de las líneas de alta tensión.

Disposición adicional duodécima

...

Disposición adicional decimotercera

Se declaran de interés general las obras de infraestructuras hidráulicas de regadío siguientes:

• a) Regadío con aguas regeneradas de la EDAR de sa Pobla, en el término municipal de sa Pobla (Mallorca).
• b) Acondicionamiento de la acequia de la Font de la Mare de Déu de Biniaraix, en los términos municipales de Fornalutx y Sóller (Mallorca).
• c) Acondicionamiento de la red de acequias de la comunidad de regantes del Vall de la Nou, en el término municipal de Manacor (Mallorca).
• d) Mejora de la red de acequias de la Font de s'Ull de S'Aigo de Estellencs, en el término municipal de Estellencs (Mallorca).
• e) Mejora del regadío de la Font de la Vila de Banyalbufar, en el término municipal de Banyalbufar (Mallorca).
• f) Regadío con aguas regeneradas de la EDAR de Santa Maria, en el término municipal de Santa Maria (Mallorca).

Disposición adicional decimocuarta

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, se declara reserva natural la finca pública de Ca'n Marroig en la isla de Formentera, excepto las casas y el espacio de uso público anexos, según figura en el plano que se adjunta en el anexo de la presente ley.

2. Reglamentariamente, se determinará el régimen jurídico aplicable a la citada reserva natural, de acuerdo con las previsiones contenidas en la legislación básica estatal.

Disposición adicional decimoquinta

Se modifica el anexo I de la Ley 6/1999, de 13 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial y de medidas tributarias, con la redacción dada por la Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y de urbanismo en las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:

Disposición adicional decimosexta

1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Parc Natural de la Península de Llevant queda limitado a la extensión de las fincas públicas de Aubarca, Es Verger y s'Alqueria Vella propiedad de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Se mantienen las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu de acuerdo con la delimitación y régimen jurídico establecido en el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el que se declaran el Parc Natural de la Península de Llevant y las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior de la presente disposición, los propietarios de fincas privadas incluidas dentro de la delimitación del Parc Natural de Llevant previa a la entrada en vigor de la presente ley, podrán solicitar, voluntariamente, la inclusión de la finca en el ámbito del parque, la cual tendrá lugar mediante convenio subscrito entre el propietario y el Gobierno de las Illes Balears. La firma del convenio y la consiguiente inclusión dentro del ámbito del parque dará derecho a acogerse al programa de ayudas que, en su caso, se apruebe por orden del consejero competente en materia de medio ambiente.

Disposición adicional decimoséptima

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Disposición adicional decimoctava

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Disposición adicional decimonovena

1. Lo establecido en el apartado primero del artículo 30 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, se hace extensivo, con efectos desde el primero de enero de 2004, al personal estatutario, sanitario y no sanitario, de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de sus entidades y empresas públicas dependientes.

2. Lo establecido en el apartado segundo del artículo 30 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, se hace extensivo, con efectos desde primero de enero de 2004, al personal laboral fijo de las empresas públicas a que se refiere el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Disposición adicional vigésima

1. Todas las referencias al Departamento Jurídico de la comunidad autónoma contenidas en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, o en cualquier otra norma en vigor, deberán entenderse realizadas a la Abogacía de la comunidad autónoma.

2. Todas las referencias contenidas en la Ley 5/2003, de 24 de abril, de Salud de las Illes Balears, al director general del Servicio de Salud deberán entenderse realizadas al director general o al órgano de dirección del Servicio de Salud.

Disposición adicional vigesimoprimera

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Disposición adicional vigesimosegunda

1. Se modifican los artículos 10, 13 y 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, en el sentido que a continuación se indica:

• a) Se añaden tres nuevos párrafos al final de la letra b) del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:

  «Simultáneamente al acuerdo de aprobación inicial, se acordará la suspensión del otorgamiento de aquellas licencias y autorizaciones que, a pesar de cumplir las determinaciones legales vigentes, se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan. Asimismo podrá acordarse también la suspensión de la aprobación de aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico que se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan, excepto cuando en su tramitación haya finalizado el periodo de información pública.

  El acuerdo de suspensión a que se refiere el párrafo anterior deberá incorporar un informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial sobre el alcance y los efectos de la suspensión y su adecuación al modelo territorial fijado en las Directrices de Ordenación Territorial. El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo este informe se entenderá favorable.

  La suspensión prevista en los párrafos precedentes regirá hasta la aprobación definitiva del plan territorial insular o, en todo caso, por un periodo máximo de dos años. En cualquier caso, podrán concederse aquellas licencias y autorizaciones que, además de cumplir con las determinaciones legales vigentes, cumplan también con las establecidas en el plan».

  
• b) Se añade un nuevo párrafo al final de la letra f) del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:

  «El acuerdo en el que se disponga el nuevo periodo de información pública deberá revisar el alcance y los efectos de la suspensión a que se refiere la letra b), debiendo incorporar a tal efecto un nuevo informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial».

  
• c) Se modifican las letras a) y b) del número 2 del artículo 13, que quedan redactadas de la siguiente manera:
  • «a) La iniciación del procedimiento corresponde a la consejería competente en la materia objeto de ordenación.
  • b) La aprobación inicial corresponde a la consejería competente en la materia objeto del plan».
  
• d) Se añade un nuevo número 4 al artículo 13, pasando a ser el punto 4 actual el punto 5, con la siguiente redacción:

  «4. Simultáneamente a los acuerdo de aprobación inicial previstos en este artículo se acordará la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones así como la de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en los mismos términos previstos para la tramitación de los planes territoriales insulares».

  
• e) Se modifica el número 1 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:

  «1. Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y definir su ámbito, su finalidad y su contenido básico. Esta norma regirá hasta la aprobación inicial del instrumento de ordenación correspondiente, excepto en el caso de las Directrices de Ordenación Territorial que regirán hasta su entrada en vigor».

  
• f) Se modifica la letra c) del número 2 del artículo 17, que queda redactada de la siguiente manera:
  • «c) Una vez estudiados las alegaciones y los informes emitidos, el mismo órgano que aprobó inicialmente la norma territorial cautelar la aprobará definitivamente en el plazo máximo de seis meses, contadores desde la aprobación inicial, transcurridos los cuales la aprobación no producirá ningún efecto».
  
• g) Se modifica el número 5 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:

  «5. Sin perjuicio de lo que se dispone en este artículo, la vigencia de las normas territoriales cautelares previas a las Directrices de Ordenación Territorial no debe superar los cinco años. Este plazo será de tres años para las normas territoriales cautelares previas a la aprobación de planes territoriales insulares y de planes directores sectoriales o a la modificación de cualquier instrumento de ordenación territorial».

  

2. Lo que se dispone en el punto anterior será de aplicación para la aprobación de instrumentos de ordenación territorial o para su modificación o revisión siempre que a la entrada en vigor de esta ley no hubiesen sido aprobados inicialmente. No obstante, para los instrumentos de ordenación territorial cuya formulación, revisión o modificación, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, hubiese sido objeto de aprobación inicial pero todavía no hubiese finalizado el trámite de información pública, podrá acordarse la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones así como la de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos previstos en el punto 1 de esta disposición adicional. Este acuerdo, que deberá ser aprobado por el consejo ejecutivo competente del Consejo Insular o, en su defecto, por el pleno, dejará sin efecto las normas territoriales cautelares que se hubiesen aprobado previamente a la aprobación del instrumento de ordenación de que se trate.

Las normas territoriales cautelares aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa que les sea de aplicación en el momento de su aprobación definitiva. No obstante, la aprobación inicial del instrumento de ordenación territorial al que están vinculadas supondrá su derogación siempre que esta aprobación inicial haya tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición adicional vigesimotercera

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Disposición adicional vigesimocuarta

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Disposición adicional vigesimoquinta

1. Se deja sin efecto el artículo 20 de la Ley 14/2001, en lo que se refiere al Consejo Insular de Mallorca.

2. Se transfieren al Consejo Insular de Mallorca las plazas de la relación de puestos que se comprenden en el anexo II de esta ley y las personas que los ocupen día 1 de enero de 2004, y asimismo se transfiere el personal contratado que en la misma fecha mantenga relación laboral temporal con el IBAS.

3. El personal y los centros que la comunidad autónoma de las Illes Balears traspasa al Consejo Insular de Mallorca se integrarán al Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca.

4. ...

Número 4 de la disposición adicional vigesimoquinta derogado, con efectos desde 1 de enero de 2014, por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 3/2014, 17 junio, del sistema de financiación definitivo de los Consejos Insulares («B.O.I.B.» 26 junio).Vigencia: 27 junio 2014 Efectos / Aplicación: 1 enero 2014

Disposición adicional vigesimosexta

La Consejería de Medio Ambiente podrá denegar las solicitudes de autorizaciones de los centros de tratamiento de vehículos fuera de uso señalados en el artículo 2.g) del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, incluidas las que están pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta ley, cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que a la vista de las autorizaciones ya concedidas, su ubicación territorial y la demanda previsible de baja de vehículos, se considere que están suficientemente cubiertas las necesidades de los citados centros en el conjunto de la comunidad autónoma o en una parte determinada de su territorio.
• b) Que la utilización de nuevas instalaciones constituyera un impedimento para poder cumplir de forma adecuada los objetivos previstos en el citado real decreto, en el Plan nacional de vehículos al final de su vida útil y, en su caso, en la planificación autonómica.

Disposición derogatoria única

1. Se deroga el título III de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears.

2. Se derogan los artículos 1.1, 4.1, 4.2, el apartado 1 del artículo 5.1 y el artículo 5.3 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

3. Se deroga lo dispuesto en el apartado segundo del punto primero de la disposición adicional undécima de la Ley 11/1993, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 1994, en todo aquello que sea incompatible con el contenido del artículo 13.1 de la presente ley, por el que se modifica el artículo 69 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.

4. Se deroga la disposición transitoria del Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el cual se declaran zonas sensibles en las Illes Balears, así como todas las disposiciones del Plan hidrológico de las Illes Balears en materia de zonas sensibles en las Illes Balears que se opongan a lo que dispone la disposición adicional octava de la presente ley.

5. Se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos de la comunidad autónoma para 1997, por la que se crea el Instituto Balear de Asuntos Sociales, el Decreto 65/1998, de 26 de junio, de organización y funcionamiento del Instituto Balear de Asuntos Sociales, modificado por los Decretos 63/2000, de 7 de abril, y 75/2002, de 17 de mayo, respectivamente, y el Decreto 15/2001, de 2 de febrero, de atribuciones de competencias al Instituto Balear de Asuntos Sociales.

6. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de categoría igual o inferior que se opongan a todo lo que se establece en la presente ley.

Disposición final primera

Se declaran expresamente en vigor el Decreto 37/1988, de 14 de abril, el Decreto 97/1989, de 2 de noviembre, el Decreto 77/1992, de 22 de octubre, el Decreto 53/1993, de 17 de junio, modificado por el Decreto 85/1998, de 2 de octubre, y el resto de disposiciones concordantes en materia de gestión recaudatoria en todo aquello que no se opongan a lo dispuesto en el capítulo IV del título I de la presente ley.

Véase el número 4 de la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 3/2008, 14 abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 abril), cuyo tenor literal establece: «Todas las funciones atribuidas a la dirección general competente en materia de recaudación en virtud de las normas reglamentarias en materia de gestión recaudatoria a que se refiere la disposición final primera de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, han de entenderse atribuidas a la dirección de la Agencia Tributaria de las Illes Balears».

Disposición final primera declarada expresamente en vigor por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 3/2008, 14 abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 abril).

Disposición final segunda

Se autoriza al Consejo de Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley.

Disposición final tercera

La presente ley entrará en vigor, una vez publicada en el Butlletí Oficial de las Illes Balears, el día 1 de enero del año 2004.