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Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

Ficha:
  • 觬ganoPRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  • Publicado en BOCM n鷐. 304 de 22 de Diciembre de 2022 y BOE n鷐. 135 de 07 de Junio de 2023
  • Vigencia desde 11 de Enero de 2023
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
Corregido por
LE0000745615_20230111Ir a NormaBOCM 11 Enero 2023. Correcci髇 de errores de la L 12/2022, de 21 Dic. CA Madrid (Servicios Sociales)
Afectaciones recientes
16/6/2023
LE0000760731_20230616Ir a NormaR Coordinaci髇 Territorial 1 Jun. 2023 (Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 en relaci髇 con la L 12/2022 de 21 Dic., de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid)
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V閍se la Res. de 1 de junio de 2023, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 17 de mayo de 2023, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad de Madrid, en relaci髇 con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.E. 16 junio).LE0000744261_20230111Ir a Norma
11/1/2023
LE0000751135_20230417Ir a NormaR Coordinaci髇 Territorial 28 Mar. 2023 (Acuerdo de 13 Mar. 2023, Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-CA Madrid, en relaci髇 con la L 12/2022 de 21 Dic., Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid)
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V閍se la Res. 28爉arzo2023, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 13 de marzo de 2023, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad de Madrid, en relaci髇 con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.E. 17 abril).

LE0000744261_20230111Ir a Norma
Ley 12/2022, 21 diciembre, rectificada por Correcci髇 de Errores (獴.O.C.M. 11 enero 2023).LE0000745615_20230111Ir a Norma correctora

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PRE罬BULO

I

Los servicios sociales son un elemento fundamental del bienestar y el progreso de una sociedad. Como sistema integrado de prestaciones, conforman, junto con otros sistemas p鷅licos como el sanitario, el educativo o el de empleo, una red orientada a la promoci髇 de la autonom韆 de las personas, la creaci髇 de oportunidades de desarrollo y la mejora de las condiciones de vida.

Esta misma perspectiva orient la elaboraci髇 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. No obstante, han sido numerosos los cambios habidos desde entonces en todos los 醡bitos: sociales, econ髆icos, culturales y regulatorios. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente la necesidad de fortalecer los sistemas p鷅licos y la coordinaci髇 entre las Administraciones p鷅licas y sus 髍ganos para afrontar de manera eficaz no solo las necesidades que se plantean de manera cotidiana, sino las situaciones de crisis, tanto las que se producen de manera aguda como otras que pueden mantenerse en el tiempo.

En estos a駉s, la sociedad madrile馻 ha vivido un proceso de transformaci髇 que ha modificado de manera notable –y contin鷄 haci閚dolo– su fisonom韆 y su estructura. La Comunidad de Madrid experimenta un proceso de envejecimiento poblacional al que no resultan ajenos el resto de Espa馻 ni los pa韘es de nuestro entorno. La reducci髇 de la natalidad es cada vez m醩 significativa y se produce sobre cifras de partida cada vez m醩 bajas. Por otra parte, quiz el cambio m醩 visible haya consistido posiblemente en la intensa llegada de personas procedentes de otros pa韘es durante las 鷏timas dos d閏adas. En la actualidad, una de cada cinco personas residentes en la Comunidad de Madrid es de origen extranjero. Este panorama se concreta en proyecciones, con las de Eurostat, que sit鷄n a la Comunidad de Madrid como una de las pocas regiones, no solo de Espa馻, sino de toda Europa, que va a ver incrementada su poblaci髇 en m醩 de un 20 por ciento en las pr髕imas d閏adas. Circunstancias como estas han propiciado el desarrollo de nuevas pol韙icas de integraci髇 e inclusi髇, as como de prestaciones y servicios para un mayor n鷐ero de personas que requieren apoyos para mantener su autonom韆, la atenci髇 de situaciones de dependencia, y tambi閚 para mejorar los apoyos a la conciliaci髇 familiar y al impulso de la natalidad.

Se trata solo de algunos ejemplos. Son muchos m醩 los retos, como los derivados de la situaci髇 de salud, que reclaman la implantaci髇 de nuevos modos de conjugar la atenci髇 social y sanitaria; los que surgen por las nuevas estructuras familiares o de la evoluci髇 del mercado laboral; los originados por los desequilibrios territoriales, las posibilidades de acceso a la vivienda o a la tecnolog韆, o el cumplimiento de los objetivos educativos. En definitiva, los desaf韔s que suponen el logro de una igualdad efectiva, la superaci髇 de las situaciones de pobreza o la necesidad de un urbanismo inclusivo, entre otros.

En este periodo, la Uni髇 Europea ha reconocido los derechos sociales como uno de sus pilares fundamentales. Y tambi閚 en Espa馻 se han establecido derechos, como los recogidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia –por citar solo un ejemplo–, que configuran un panorama m醩 amplio de la protecci髇 social en torno al concepto de derechos.

Las diferentes comunidades aut髇omas han actualizado su normativa en materia de servicios sociales para atender las nuevas exigencias e incorporar este enfoque de derechos, en lo que se ha concebido como el desarrollo de 玪eyes de tercera generaci髇.

Resulta pertinente, por estos motivos, que la Comunidad de Madrid se dote de una nueva regulaci髇 de sus servicios sociales que tome el relevo de la citada Ley 11/2003 de 27 de marzo. De esta se debe reconocer, no obstante, su vigencia en diferentes aspectos, as como su capacidad para permitir el impulso de los servicios sociales a lo largo de casi dos d閏adas. En todo caso, el esp韗itu que anim dicha norma sigue presente en esta nueva ley.

Ahora es necesario incorporar a la legislaci髇 de la Comunidad de Madrid el derecho a la atenci髇 social, configurar un verdadero sistema p鷅lico integrado de servicios sociales capaz de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, potenciar la calidad de una atenci髇 guiada por el bienestar de las personas, dotar de instrumentos de trabajo adecuados y eficaces a quienes desarrollan su actividad profesional en este terreno y articular los distintos sistemas de protecci髇 social. Es tambi閚 el momento de impulsar la gesti髇 del conocimiento, facilitar un despliegue equilibrado de los recursos en el territorio, definir f髍mulas seguras y estables para la colaboraci髇 p鷅lica y privada, tanto de las entidades del Tercer Sector, clave en el desarrollo de los servicios sociales, como de las empresas mercantiles en el marco del sistema p鷅lico, estimular la participaci髇, integrar en la regulaci髇 del sistema la ordenaci髇 de los centros y servicios de atenci髇 social y delimitar las responsabilidades de los diferentes participantes en el mismo.

El centro de esta nueva ley lo constituyen las personas y tambi閚 las familias. Resulta fundamental la protecci髇 y defensa de la familia como pilar de la sociedad, primera red de apoyo para las personas y espacio de formaci髇 y transmisi髇 de valores. Es insustituible el papel de las familias en la conformaci髇 satisfactoria de la personalidad y la convivencia social.

Es necesario remover los obst醕ulos para que todos los ni駉s puedan crecer en el seno de una familia, incentivando la conciliaci髇 con medidas de horario escolar que permitan una mayor convivencia entre padres e hijos o facilitando el acceso de las familias a las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 para mejorar las condiciones de vida, trabajo e integraci髇 social, por ejemplo, con el uso correcto de internet. Asimismo, mediante el impulso a la desinstitucionalizaci髇 de los menores, tarea que ha venido reforzando la Comunidad de Madrid. Esta es la idea que inspira la nueva legislaci髇 sobre derechos, garant韆s y protecci髇 integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid. Medidas como la prestaci髇 universal por hijo, el apoyo de la estabilidad familiar, ayudas para superar la crisis, o el impulso de pol韙icas de apoyo a familias que se hagan cargo de la atenci髇 de sus mayores ser醤 esenciales en los pr髕imos a駉s.

Esta nueva regulaci髇 de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, enfocada en las personas y las familias, se apoya en los principios fundamentales de la defensa de la dignidad, la universalidad, la igualdad y la no discriminaci髇 y la equidad, con la meta de una sociedad de personas iguales ante la ley, con las mismas oportunidades y con capacidad para elegir y decidir libremente.

Una norma centrada en las personas ha de permitir y alentar la evoluci髇 de la atenci髇 y los servicios, partiendo del modelo actual –configurado en torno a grupos o colectivos diferenciados y en virtud de la pertenencia a ellos–, hacia otro guiado por la perspectiva de las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo vital, de manera que se pueda ofrecer a cada una de ellas la atenci髇 singular e integral que requiera, mediante un modelo de atenci髇 que promueva el car醕ter preventivo.

El nuevo modelo de atenci髇 se articula a partir de la noci髇 de derecho subjetivo, en su concepci髇 cl醩ica, que reconoce a los madrile駉s, de manera personal e individual, la posibilidad de su ejercicio y reclamaci髇. Este derecho subjetivo que presenta una doble vertiente: de acceso universal al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, por una parte, que establezca con precisi髇 las garant韆s y las condiciones de acceso al conjunto de las prestaciones, y que permita, por otra, conformar un cat醠ogo de prestaciones que contemple aquellas que son obligadas e incondicionales, al tiempo que define los est醤dares de calidad irrenunciables y comunes en toda nuestra Comunidad de Madrid.

II

La Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 sit鷄 en un mismo plano los derechos sociales y econ髆icos junto a los civiles y pol韙icos.

El art韈ulo 25 de la Declaraci髇 Universal afirma que 玊oda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, as como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentaci髇, el vestido, la vivienda, la asistencia m閐ica y los servicios sociales necesarios [...].

Por su parte, la Carta Social Europea de 1961 determina que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen 玜 fomentar u organizar servicios que, utilizando los m閠odos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, as como a su adaptaci髇 al medio o entorno social, as como 玜 estimular la participaci髇 de los individuos y de las organizaciones ben閒icas o de otra clase en la creaci髇 y mantenimiento de tales servicios.

Como refuerzo de lo dispuesto en la Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos, la Declaraci髇 y Programa de Acci髇 de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, estableci como principio fundamental que 玊odos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y est醤 relacionados entre s砘, lo que requiere la plena realizaci髇 de todos los derechos humanos, los derechos econ髆icos, sociales, culturales, civiles y pol韙icos, y las libertades, sin ning鷑 tipo de discriminaci髇.

M醩 adelante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, proclamada el a駉 2000 y adaptada en 2010, afirma en su art韈ulo 34 que 獿a Uni髇 reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en 2017, otorga a los ciudadanos europeos derechos en los 醡bitos de la educaci髇, la igualdad, el empleo y la protecci髇 e inclusi髇 sociales.

Entre los objetivos de los numerosos acuerdos y declaraciones institucionales existentes destacan algunos tan esenciales como el fin de la pobreza, la erradicaci髇 del hambre, la promoci髇 de la salud y la educaci髇, el logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la reducci髇 de las desigualdades entre pa韘es y dentro de ellos.

La Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 9.2, obliga a los poderes p鷅licos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social. A continuaci髇, el art韈ulo 10 define la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dem醩, como fundamento del orden pol韙ico y la paz social. El marco de referencia que propone para la interpretaci髇 de estos preceptos es la propia Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos.

III

En la Comunidad de Madrid, a partir del marco definido por la Constituci髇 Espa駉la, cuyo art韈ulo 148.1. 20 establece que las Comunidades Aut髇omas podr醤 asumir competencias en materia de asistencia social, el Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad de Madrid, en sus art韈ulos 26.1.23 y 26.1.24, cre las bases para el desarrollo de un sistema de protecci髇 al servicio del bienestar de la poblaci髇 madrile馻 que se ha ido configurando a partir de las leyes de servicios sociales (Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la ya citada Ley 11/2003 de 27 de marzo), de la legislaci髇 estatal y de otras normas auton髆icas que han regulado diferentes 醡bitos de los servicios sociales.

As cabe destacar, entre la regulaci髇 auton髆ica previa a la aprobaci髇 de la Ley 11/2003 de 27 de marzo, la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de creaci髇 de la Agencia Madrile馻 para la Tutela de Adultos; la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garant韆s de los derechos de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid; la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta M韓ima de Inserci髇 en la Comunidad de Madrid; y la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenaci髇 de la Actividad de los Centros y Servicios de Acci髇 Social y de Mejora de la Calidad en la Prestaci髇 de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

El periodo posterior a la aprobaci髇 de la Ley 11/2003 de 27 de marzo, ha sido de intensa producci髇 legislativa, tanto en el 醡bito estatal como en el auton髆ico, en las 醨eas vinculadas a los servicios sociales.

En el nivel estatal, se han promulgado la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas; la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia; la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social; la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia; tambi閚 merece menci髇 especial la Ley 43/2015, 09 de Octubre, del Tercer Sector de Acci髇 Social por la importancia cuantitativa y cualitativa de la colaboraci髇 de las entidades del Tercer Sector en la prestaci髇 de servicios sociales; y m醩 recientemente, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m韓imo vital, o la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entre otras disposiciones.

En la Comunidad de Madrid, deben mencionarse la Ley 5/2005, de 20 de, diciembre, Integral contra la Violencia de G閚ero de la Comunidad de Madrid; la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediaci髇 Familiar de la Comunidad de Madrid; la Ley 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada; la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2019, de 6 de marzo, reguladora de los puntos de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid. En el terreno de la igualdad, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresi髇 de G閚ero e Igualdad Social y no discriminaci髇 de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protecci髇 integral contra la LGTBIfobia y la discriminaci髇 por raz髇 de identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Junto con estas leyes, se han aprobado numerosas normas de desarrollo en las diferentes 醨eas.

La descripci髇 del marco normativo de los servicios sociales se completa con la menci髇 a los art韈ulos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de R間imen Local, en la redacci髇 de los mismos introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local y el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de g閚ero, que establecen el marco competencial de los municipios y le atribuyen, en particular, la competencia para la realizaci髇 de la evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y la atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social.

Toda esta numerosa normativa ha incidido en la prestaci髇 de los servicios sociales con la incorporaci髇 de derechos y la aparici髇 de nuevas necesidades de los ciudadanos que deben ser atendidas y, en su caso, satisfechas, por el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, de manera m醩 醙il, eficaz y eficiente.

IV

Esta ley ordena los servicios sociales y su prestaci髇 en la Comunidad de Madrid, tanto aquellos integrados en el sistema p鷅lico como los que se ofertan en el 醡bito estrictamente privado, en el marco de un sistema de responsabilidad, garant韆s, seguridad y transparencia para los usuarios. En el caso de los servicios comprendidos en el sistema p鷅lico, la responsabilidad p鷅lica se extiende por igual sobre todos los centros y servicios de atenci髇, bien se presten por las propias Administraciones p鷅licas o por entidades privadas mediante diferentes f髍mulas de colaboraci髇.

Los elementos constitutivos del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, junto con las normas que le dan soporte y delimitan su objeto y su 醡bito de acci髇, son las Administraciones p鷅licas de nuestra regi髇, las entidades privadas colaboradoras, bien sean entidades del Tercer Sector o mercantiles, las personas que desempe馻n su labor profesional en el sistema, los centros y servicios de atenci髇 social, el conjunto de las prestaciones, las herramientas compartidas de informaci髇 y comunicaci髇, as como los instrumentos, tambi閚 comunes, al servicio de profesionales y usuarios.

Con el fin de asegurar una prestaci髇 de servicios sociales realizada desde la perspectiva de los usuarios –y centrada en ellas–, la acci髇 del sistema p鷅lico deber ejercerse de manera integrada y coordinada, con independencia de que en ella intervengan de forma simult醤ea o sucesiva las entidades locales y la comunidad aut髇oma y deban participar, al mismo tiempo, diferentes sistemas p鷅licos de protecci髇 como el sanitario, el de empleo, el educativo, el de vivienda y otros.

La presente ley introduce, como ya se ha adelantado, un cat醠ogo de prestaciones que comprender aquellas que se corresponden con derechos subjetivos, as como otras prestaciones del sistema p鷅lico.

La ley tiene en cuenta, asimismo, la diversidad de la organizaci髇 y distribuci髇 administrativa y poblacional en la Comunidad de Madrid. Madrid capital re鷑e m醩 de la mitad de las personas residentes en nuestra regi髇. Otros nueve municipios cuentan con m醩 de cien mil habitantes, mientras que alrededor de un cuarenta por ciento de los municipios tienen una poblaci髇 inferior a dos mil habitantes. Esta heterogeneidad supone un diferente volumen y perfil de las necesidades, as como distinta capacidad de atenci髇, recursos y gasto. Si bien la ley establece el marco general de la distribuci髇 competencial entre Administraciones p鷅licas, esta regla debe dotarse de la flexibilidad necesaria, no solo para adecuarse a la realidad actual, sino para permitir una asignaci髇 eficiente de funciones en un mapa diverso.

Esta diversidad habr de tener reflejo tambi閚 en las normas de desarrollo de la Ley para garantizar el acceso a una base com鷑 de servicios, en condiciones de eficacia e igualdad, para todas las personas.

La ley presta atenci髇 particular a todos los elementos que componen el sistema: en primer lugar, a las personas que trabajan en 閘, puesto que aportan el valor fundamental en los servicios sociales, una de cuyas caracter韘ticas esenciales consiste en la prestaci髇 de servicios a personas por personas. El reconocimiento profesional, la formaci髇 y la dotaci髇 de nuevos instrumentos de trabajo han de impulsar la calidad de su acci髇. Tambi閚 atiende a los sistemas de informaci髇 y comunicaci髇, con la extensi髇 de los medios telem醫icos y de administraci髇 electr髇ica, que constituyen una fuente imprescindible de conocimiento, y que deben orientarse a liberar de carga administrativa a profesionales y permitir una acci髇 m醩 m醩 eficaz en la protecci髇 y garant韆 de los derechos de las personas. Asimismo, como se ha se馻lado, la ley fortalece las f髍mulas de colaboraci髇 con las entidades privadas con la regulaci髇 del concierto social, que deber prestar atenci髇, de manera especial, a los aspectos t閏nicos de la prestaci髇 de los servicios con el fin de asegurar su calidad. Asimismo, deber garantizar una cobertura adecuada de sus costes a lo largo de su periodo de vigencia, con esta misma finalidad. De esta manera, mediante la adecuada utilizaci髇 de los diferentes instrumentos administrativos, se consigue dotar de estabilidad y eficacia a los programas p鷅licos con la perspectiva de afianzar la seguridad jur韉ica de todos los participantes.

Por 鷏timo, es necesario destacar que esta ley integra la organizaci髇 territorial y funcional de los centros y servicios de atenci髇 social y los vincula con la garant韆 de calidad en la prestaci髇. As, se recogen los aspectos de ordenaci髇 e inspecci髇 de los centros y servicios, hasta ahora regulados por la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenaci髇 de la Actividad de los Centros y Servicios de Acci髇 Social y de Mejora de la Calidad en la Prestaci髇 de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, con objeto de reunir en un solo texto normativo las distintas facetas de la ordenaci髇 de los servicios sociales.

Por lo tanto, siguiendo el camino se馻lado por la Ley 11/2003 de 27 de marzo, la presente ley configura un sistema p鷅lico adaptado a las posibilidades y exigencias actuales y capaz de atender y acompa馻r la necesaria evoluci髇 de los servicios sociales.

V

En la elaboraci髇 de la presente ley se han tenido en cuenta, en sus diferentes previsiones, los principios de buena regulaci髇 contemplados en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, es decir, los referidos a necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, de lo que se ha dado cuenta a lo largo de la exposici髇 de motivos.

Esta ley se hace necesaria para afrontar de manera sistem醫ica los nuevos retos que atienden las leyes de servicios sociales de tercera generaci髇, que se articulan en torno a la garant韆 de los derechos subjetivos de los ciudadanos, a trav閟 de un instrumento que refuerce la seguridad jur韉ica en el ejercicio de estos derechos. Supone una nueva regulaci髇, m醩 completa y sistem醫ica, que incluye todas las innovaciones necesarias para atender las nuevas demandas sociales y tecnol骻icas en materia de servicios sociales. Al mismo tiempo, agiliza y dota de seguridad y transparencia a los procedimientos para la prestaci髇 de los servicios sociales e incorpora novedades tecnol骻icas que faciliten la gesti髇 y prestaci髇 de tales servicios, mejorando su eficacia y limitando, en lo posible, las cargas burocr醫icas en la gesti髇.

La ley consta de ciento trece art韈ulos, distribuidos en un t韙ulo preliminar y ocho t韙ulos, adem醩 de tres disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar define el objeto y el 醡bito de aplicaci髇 de la ley y consagra, como ley de servicios sociales de tercera generaci髇, el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales, estableciendo qui閚es son los titulares y los derechos y deberes de los usuarios.

El objeto de la ley es doble: por un lado, lo sit鷄 en las prestaciones de servicios sociales y la regulaci髇 del marco en el que se realizan, cuyos fines son la promoci髇 de la autonom韆 personal, la inclusi髇 social, el desarrollo comunitario, la convivencia familiar y la protecci髇 de la infancia, as como la calidad de la vida en todas sus etapas. Por otro, engloba la ordenaci髇 de la actividad de entidades, centros y servicios de atenci髇 social.

El 醡bito de aplicaci髇 se extiende a las Administraciones p鷅licas que operan en el campo de los servicios sociales en territorio de la Comunidad de Madrid, as como a las entidades privadas de diferente naturaleza, lo hagan o no en colaboraci髇 con el sector p鷅lico.

La referencia a los derechos subjetivos se realiza en un art韈ulo aparte, en el que se establece el car醕ter de derecho subjetivo del acceso a las prestaciones de servicios sociales, en los t閞minos establecidos por la ley y su desarrollo reglamentario.

El t韙ulo I est dedicado a definir y establecer la ordenaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que incluye los principios que deben regir el Sistema, la concreci髇 del reparto de competencias de la Administraci髇 auton髆ica y las Administraciones locales, y los elementos esenciales de la organizaci髇 funcional y territorial del sistema p鷅lico, que se sustenta en las dos categor韆s de Atenci髇 Social Primaria y Especializada.

El t韙ulo II regula, en dos cap韙ulos, las prestaciones de servicios sociales del sistema p鷅lico, con especial atenci髇 en la garant韆 jur韉ica de las prestaciones. Como instrumentos imprescindibles para el cumplimiento de este objetivo, regula del Cat醠ogo de Prestaciones de Servicios Sociales y la Cartera de Servicios de la Comunidad de Madrid.

El t韙ulo III se ocupa de los profesionales, los diferentes sistemas de informaci髇 y los registros, y de los instrumentos t閏nicos en el 醡bito de los servicios sociales. La inclusi髇 por primera vez en la ley de servicios sociales, de un cat醠ogo de derechos y deberes de los profesionales supone el reconocimiento de su importancia nuclear en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. Junto a ellos, los sistemas de informaci髇 de servicios sociales adquieren una vital relevancia para la mejora de la gesti髇, m醩 醙il y m醩 segura, de los derechos de los usuarios. Sistemas de informaci髇 que deber醤 integrar los datos generados por la acci髇 y la gesti髇 de las redes de Atenci髇 Social Primaria y Especializada, as como el acceso e intercambio de dicha informaci髇. Adem醩, regula por primera vez, en una norma con rango de ley, el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social y el Registro 趎ico de Usuarios.

Este t韙ulo tambi閚 define los instrumentos t閏nicos de los servicios sociales. Dedica un art韈ulo a Tarjeta Social, como un instrumento de identificaci髇 de car醕ter digital a la que tendr醤 derecho todas las personas residentes de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se establece qu es el plan individualizado de intervenci髇. Define y establece el contenido de la Historia Social 趎ica, destacando el acceso de los profesionales a un instrumento de intervenci髇 b醩ico como este y el derecho de acceso a la misma de los usuarios del sistema, as como el r間imen de protecci髇 de datos y su conservaci髇. Por 鷏timo, contempla la posibilidad del desarrollo de otros instrumentos que sirvan a la mejor prestaci髇 de los servicios dentro del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

El t韙ulo IV est dedicado a la planificaci髇 de los servicios, donde parte de dos instrumentos fundamentales, el Plan Director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, esencial en la definici髇 de objetivos y l韓eas de actuaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y su despliegue, y el mapa de servicios sociales, donde se establece la organizaci髇 de este sistema, tanto a nivel territorial como funcional. Adem醩, se regulan los centros y servicios de atenci髇 social, as como las condiciones materiales y funcionales de los mismos y se ordena su actividad, estableciendo la comunicaci髇, la autorizaci髇 y la acreditaci髇 administrativa como procedimientos id髇eos para el inicio o modificaci髇 de la actividad de un servicio o centro de atenci髇 social de titularidad p鷅lica o privada, y la prestaci髇 de servicios, cada una de ellas en los supuestos previstos.

Por 鷏timo, conviene destacar dos aspectos que contribuyen de manera significativa al cumplimiento del objetivo de fomentar la participaci髇 ciudadana en el 醡bito de los servicios sociales. Estos son, por una parte, el impulso del voluntariado y, por otra, la creaci髇 del Consejo de Servicios Sociales, en su funci髇 de 髍gano de car醕ter consultivo y participativo, que refuerza la labor de asesoramiento a la Comunidad de Madrid para la toma de decisiones en materia de servicios sociales y unifica los 髍ganos de participaci髇 de car醕ter general.

El t韙ulo V regula, en dos cap韙ulos, la provisi髇 de las prestaciones por el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, as como la previsi髇 de colaboraci髇 entre el sector p鷅lico y la iniciativa privada para la prestaci髇 de los servicios sociales. Establece una distinci髇 clara entre los conceptos de prestaci髇 directa, por las Administraciones p鷅licas, e indirecta, es decir, realizada por actores privados, aunque siempre bajo responsabilidad p鷅lica. Esta f髍mula indirecta se desarrollar principalmente mediante instrumentos como los previstos en la normativa sobre contrataci髇 p鷅lica y el concierto social. Esta modalidad –el concierto social– a la que se dedica el cap韙ulo segundo, se introduce por primera vez en la normativa de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, al igual que se ha hecho ya en otras regulaciones auton髆icas, al amparo de lo establecido en la disposici髇 adicional cuadrag閟ima novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, con el prop髎ito de contar con un instrumento de colaboraci髇 que permita una mayor estabilidad en la prestaci髇 de los servicios, que redunde en la calidad del Sistema P鷅lico.

El t韙ulo VI se ocupa de la calidad de los servicios sociales, as como de otros elementos inherentes y complementarios de la misma, como son la transparencia, la inspecci髇 y la formaci髇. Esta ley parte de la idea de que la calidad de los servicios sociales debe constituir un principio y un objetivo prioritario del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como un derecho de los perceptores de dichos servicios. Un sistema de servicios sociales solo puede mejorar si dispone de unos est醤dares y criterios de calidad definidos, con unos objetivos claros que sean objeto de una evaluaci髇 rigurosa que permita avanzar en el dise駉 y orientaci髇 de los servicios sociales y ajustar la adecuaci髇 de los mismos. Para ello se establece, por una parte, la previsi髇 de que el plan de calidad de los servicios sociales est alineado con el Plan Director de los Servicios Sociales y, por otra, que la Cartera de Servicios defina y concrete los elementos de evaluaci髇 para cada prestaci髇. La secci髇 segunda, establece las exigencias de transparencia y publicidad en la actuaci髇 de las entidades p鷅licas o privadas, con o sin 醤imo de lucro, que se encuentren integradas en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

El t韙ulo VII trata sobre la financiaci髇 del sistema, describe los recursos de los que se nutre, establece las responsabilidades de las respectivas Administraciones p鷅licas y contempla f髍mulas de colaboraci髇 privada en este terreno, incluido el mecenazgo.

El t韙ulo VIII, y 鷏timo, versa sobre el r間imen sancionador, estableciendo, adem醩 de las disposiciones generales, la tipificaci髇, en secciones diferentes, de las infracciones cometidas en centros y servicios de atenci髇 social por los titulares o empleados de los mismos, as como las cometidas por los usuarios de centros y servicios y beneficiarias de las prestaciones. Junto a las infracciones, se dedica un segundo cap韙ulo al establecimiento de las sanciones y, por 鷏timo, el correspondiente al procedimiento sancionador.

Las disposiciones adicionales tratan sobre la integraci髇 de prestaciones del Sistema de Seguridad Social, la Prestaci髇 de servicios de Atenci髇 Social Especializada por los municipios y la previsi髇 de regulaci髇 de las ayudas econ髆icas de emergencia.

Las disposiciones transitorias tratan sobre el traslado y conservaci髇 de la Historia Social 趎ica, la validez de la inscripci髇 registral a efectos de la contrataci髇 y el concierto social de programas o servicios, as como del r間imen transitorio para las autorizaciones realizadas y en proceso de autorizaci髇, la integraci髇 de sistemas de informaci髇 y, en general, las cuestiones que deban ser objeto de desarrollo reglamentario.

Las disposiciones derogatorias establecen la derogaci髇 de normas que quedan suplidas por la presente ley.

Por 鷏timo, las disposiciones finales se refieren al desarrollo y ejecuci髇 de la propia ley.

V閍se la Res. 28爉arzo2023, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 13 de marzo de 2023, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad de Madrid, en relaci髇 con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.E. 17 abril).LE0000751135_20230417Ir a Norma
V閍se la Res. de 1 de junio de 2023, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 17 de mayo de 2023, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad de Madrid, en relaci髇 con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.E. 16 junio).LE0000760731_20230616Ir a Norma

T蚑ULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Art韈ulo 1 Objeto

La ley tiene por objeto configurar el marco jur韉ico de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid y, en concreto:

  • 1. Promover y garantizar el ejercicio de los derechos subjetivos en esta materia, regulando el marco en el que estos se hacen efectivos en condiciones de igualdad, conformado por la actuaci髇 de un sistema p鷅lico de car醕ter universal, orientado a la promoci髇 de la autonom韆 personal, la convivencia familiar, la inclusi髇 social, el desarrollo comunitario y la calidad de la vida de las personas en todas sus etapas.
  • 2. Regular y ordenar el conjunto de prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la actividad de las entidades, centros y servicios de atenci髇 social y el establecimiento de las actuaciones de inspecci髇 y control de la calidad, dirigidas a garantizar que los servicios sociales se presten con los requisitos y niveles de exigencia acordes con la dignidad de las personas y la garant韆 de sus derechos, as como las condiciones para su participaci髇.
  • 3. Desarrollar los instrumentos y medidas orientados al logro de una prestaci髇 de servicios sociales en condiciones de calidad y eficiencia en el uso de los recursos p鷅licos, a la prevenci髇, la detecci髇 precoz, la atenci髇, la protecci髇 y la reparaci髇 del da駉 en todos los 醡bitos en los que se realiza.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. La presente ley se aplicar a los servicios sociales que presten las Administraciones p鷅licas en el territorio de la Comunidad de Madrid, as como sus entidades p鷅licas vinculadas o dependientes.

2. Asimismo se aplicar a los servicios sociales prestados por entidades privadas colaboradoras, con o sin 醤imo de lucro, dentro del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

3. A los servicios sociales prestados en la Comunidad de Madrid por entidades privadas no incluidos en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales les ser de aplicaci髇 la regulaci髇 establecida en esta ley y en su normativa de desarrollo referida a:

  • a) Los derechos y deberes de los usuarios y los profesionales.
  • b) El Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social, el Registro de Directores de Centros de Atenci髇 Social y el Registro 趎ico de Usuarios.
  • c) La ordenaci髇 de la actividad de los centros y servicios de atenci髇 social.
  • d) La funci髇 inspectora y el r間imen sancionador.

Art韈ulo 3 Derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales

El acceso a las prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales reconocidas en la presente ley se configura como derecho subjetivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la misma, en su desarrollo reglamentario y, en lo que resulte procedente, en la normativa en vigor en materia de servicios sociales.

Art韈ulo 4 Titulares

1. Son titulares del derecho de acceso a las prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid:

  • a) Las personas con vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid.
  • b) Los espa駉les en el exterior cuya 鷏tima vecindad administrativa haya tenido lugar en la Comunidad de Madrid, y sus descendientes, de acuerdo con lo dispuesto en el 7.3 del Estatuto de Autonom韆, siempre que se encuentren temporalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid o en los casos en que la atenci髇 social permita o facilite su retorno definitivo.
  • c) Las personas establecidas en Madrid que hayan solicitado o tengan reconocida la condici髇 de refugiadas, as como el derecho a la protecci髇 subsidiaria, en los t閞minos establecidos por los tratados internacionales y la legislaci髇 en materia de extranjer韆.
  • d) Los menores de edad que se encuentren en la Comunidad de Madrid durante el tiempo que dure su estancia, siempre que no disfruten de la cobertura dispensada por el sistema de servicios sociales de otra comunidad aut髇oma, en el marco de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉.
  • e) Las personas no incluidas en los apartados anteriores que se encuentren en situaci髇 de urgencia o emergencia social, podr醤 acceder a prestaciones que atiendan estas circunstancias. En todo caso, y para permitir el acceso a dichas prestaciones, estas personas tendr醤 garantizado el acceso a los servicios de informaci髇, valoraci髇 y orientaci髇 en el nivel de Atenci髇 Social Primaria.

2. El acceso a las distintas prestaciones se realizar, en todo caso, de acuerdo con los t閞minos y requisitos que establezcan el Cat醠ogo de Prestaciones de Servicios Sociales y la Cartera de Servicios de la Comunidad de Madrid.

Art韈ulo 5 Derechos de los usuarios

1. Toda persona que acceda al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales tiene derecho a:

  • a) Recibir una informaci髇 suficiente y veraz, en t閞minos comprensibles, y universalmente accesible, sobre las prestaciones y los derechos p鷅licos subjetivos comprendidos en el marco del sistema y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos.
  • b) Ser atendida de forma individualizada, en condiciones de igualdad y no discriminaci髇, de manera que respete la dignidad personal, basada en la mutua consideraci髇, tolerancia y colaboraci髇.
  • c) Tener asignado un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atenci髇 y la libre elecci髇 del mismo, en los t閞minos que se establezcan por v韆 reglamentaria, sin perjuicio de la intervenci髇 de otros profesionales conforme a la naturaleza de cada necesidad.
  • d) Obtener una valoraci髇 inicial que permita articular un plan individualizado de intervenci髇 ajustado a sus necesidades y orientado a la promoci髇 de su autonom韆, inclusi髇 social y calidad de vida y coordinado, cuando est indicado, con otros sistemas de atenci髇 y promoci髇 social como el sanitario, educativo, de empleo, de vivienda y aquellos otros que puedan confluir con la acci髇 de los servicios sociales.
  • e) Participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervenci髇 social y elegir el tipo de medidas o recursos a aplicar, cuando sea posible en virtud del tipo de intervenci髇 realizada, entre las opciones presentadas por los profesionales que atienden su caso.
  • f) Recibir, en su caso, el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jur韉ica, de conformidad con el C骴igo Civil.
  • g) Disponer de una Historia Social 趎ica, accesible de forma universal para el usuario, el profesional de referencia y aquellos cuya intervenci髇 se requiera para prestar una atenci髇 personalizada e integral.
  • h) Obtener la garant韆 de confidencialidad respecto a la informaci髇 que sea conocida por los servicios sociales en el proceso de evaluaci髇, prestaci髇 de servicios y acompa馻miento profesional y la protecci髇 de sus datos personales con arreglo a la legislaci髇 vigente.
  • i) Acceder y cesar voluntariamente en la utilizaci髇 de la prestaci髇, en los t閞minos legalmente establecidos, as como mantener su continuidad siempre que persistan las condiciones que originaron su concesi髇. En ning鷑 caso podr establecerse una intervenci髇 o ingreso en centro sin la voluntad del usuario y que suponga privaci髇 o restricci髇 de la libertad individual salvo en los casos y con las formas previstas en la ley.
  • j) Acceder a los cauces de informaci髇, sugerencia y queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa de sus derechos.
  • k) Participar en los 髍ganos de representaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, directamente o a trav閟 de las asociaciones legalmente constituidas para la defensa de sus derechos, as como en aquellos 髍ganos de participaci髇 que pudieran existir en el 醡bito de actuaci髇 de la iniciativa privada, en la forma que se determine en el reglamento de su creaci髇.
  • l) Recibir la informaci髇 necesaria para el cumplimiento de las funciones de participaci髇 en las que intervenga, bien sea a t韙ulo individual o como representantes de entidades, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • m) Obtener respuesta de las Administraciones p鷅licas en el plazo legalmente establecido, en el ejercicio de los derechos contenidos en este art韈ulo.

2. En relaci髇 con la atenci髇 en los centros y los servicios de atenci髇 social del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, toda persona usuaria tendr, adem醩 de los se馻lados en el n鷐ero anterior, derecho a:

  • a) Acceder a los centros o servicios en condiciones de igualdad y no discriminaci髇.
  • b) Obtener un programa de intervenci髇 individual definido y realizado con la participaci髇 y el conocimiento del usuario.
  • c) Preservar la intimidad personal y familiar.
  • d) Mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, con las limitaciones que puedan establecerse en virtud de resoluci髇 administrativa o judicial, en los casos previstos por la ley.
  • e) Participar en las actividades que se desarrollen en el centro o servicio.
  • f) Conocer el reglamento de r間imen interior, que garantizar sus derechos.
  • g) Ingresar, permanecer en el centro y salir de 閘 libremente mientras dure su estancia, con respeto a las normas de convivencia y funcionamiento establecidas, que no podr醤 afectar negativamente al desarrollo de su vida personal y social, sin perjuicio de lo dispuesto, cuando proceda, por la autoridad judicial respecto de las personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica y menores de edad con medidas judiciales o de protecci髇.
  • h) No ser sometidas a restricci髇 f韘ica o tratamiento farmacol骻ico sin prescripci髇 facultativa ni supervisi髇. Cuando exista un riesgo evidente para la seguridad de los usuarios u otras personas y resulte necesaria la adopci髇 de medidas urgentes de esta naturaleza, estas deber醤 recibir validaci髇 facultativa en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, inferior a 24 horas. Las actuaciones se motivar醤 por escrito y tendr醤 constancia formal en la Historia Social 趎ica de los usuarios, de acuerdo con lo que se establezca por v韆 reglamentaria.

3. La relaci髇 de derechos de los usuarios deber exponerse en lugar visible en los centros y servicios de atenci髇 social. En el caso de los servicios prestados a domicilio, se facilitar copia escrita en formato digital o papel.

Art韈ulo 6 Deberes de los usuarios

Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene los siguientes deberes:

  • a) Facilitar informaci髇 veraz sobre sus circunstancias personales y familiares, sociales y econ髆icas, cuando el conocimiento de estas sea indispensable para una adecuada intervenci髇 social y el otorgamiento de prestaciones, as como comunicar a la Administraci髇 las variaciones en las mismas. No existir obligaci髇 de aportar informaci髇, datos o documentos que obren en poder de la Administraci髇 solicitante o que esta pueda obtener por los medios previstos legalmente.
  • b) Respetar la dignidad y los derechos del resto de usuarios y profesionales de los centros y servicios, as como observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboraci髇.
  • c) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de las prestaciones, centros y servicios sociales.
  • d) Acudir a las entrevistas con los profesionales de los servicios sociales y comprometerse a participar de manera activa en las iniciativas orientadas a la autonom韆 personal, prevenci髇 de la dependencia, inserci髇 social y mejora de la calidad de vida propuestas por ellos.
  • e) Destinar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se conceden.
  • f) Utilizar y cuidar de forma responsable las instalaciones de centros y servicios de atenci髇 social.
  • g) Contribuir a la financiaci髇 del coste del servicio, seg鷑 la capacidad econ髆ica del usuario, cuando as se determine y en los t閞minos establecidos por la normativa de aplicaci髇.

T蚑ULO I
El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

Cap韙ulo I
Concepto, contenido y principios rectores

Art韈ulo 7 Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales es un servicio p鷅lico de car醕ter universal que consiste en una red integrada de recursos, programas, prestaciones y equipamientos de atenci髇 social, de responsabilidad y control p鷅lico, ejercidos por las Administraciones auton髆ica y local.

2. Tiene como funci髇 principal asegurar a las personas el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida.

3. La finalidad del Sistema es favorecer la integraci髇 social, la igualdad de oportunidades, la autonom韆 personal, la convivencia familiar, la participaci髇 social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, mediante una funci髇 promotora, preventiva, protectora y de atenci髇 frente a las necesidades sociales originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusi髇, desprotecci髇, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia social.

4. Quedan reservadas a las Administraciones p鷅licas de la Comunidad de Madrid, para su exclusiva utilizaci髇, los nombres de sus entidades gestoras, as como las expresiones referidas a 玈istema P鷅lico de Servicios Sociales, 玆ed de Servicios Sociales, 玆ed de Atenci髇 Social Primaria, 獵entro de Servicios Sociales y 獵entro de Atenci髇 Social, en cualquiera de sus formas o combinaciones, o cualquier otra que pueda inducir a confusi髇 con las prestaciones y servicios del Sistema P鷅lico.

Art韈ulo 8 Principios rectores del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se regir por los principios generales de universalidad, igualdad, equidad, no discriminaci髇, singularidad y solidaridad, as como por los principios de responsabilidad p鷅lica e institucional, calidad, planificaci髇 y evaluaci髇, eficacia y eficiencia social, concurrencia y coordinaci髇, accesibilidad universal, interdisciplinariedad, atenci髇 centrada en la persona, proximidad, impulso digital, innovaci髇, trabajo en red y promoci髇 de la iniciativa social y del voluntariado.

2. La intervenci髇 social se realizar de acuerdo con los principios de prevenci髇, autonom韆 del usuario y desarrollo personal, integraci髇 familiar y social, proporcionalidad y necesidad, atenci髇 individualizada, integral y continuada, equidad territorial, proximidad, enfoque comunitario y participaci髇.

Cap韙ulo II
Competencias de las Administraciones p鷅licas

Art韈ulo 9 Disposici髇 general

Las competencias en materia de servicios sociales corresponder醤 a la Comunidad de Madrid y a las entidades locales en su 醡bito territorial.

Art韈ulo 10 Competencias de la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid

Son competencias de la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid:

  • 1. La planificaci髇 y desarrollo de una pol韙ica de servicios sociales y atenci髇 social. Le corresponde, en particular:
    • a) El dise駉 de criterios generales y la propuesta de modelos de intervenci髇 para la prestaci髇 de los servicios de atenci髇 social primaria y de atenci髇 social especializada, en colaboraci髇 con las entidades locales, sin perjuicio de las competencias propias de estas en materia de atenci髇 social primaria.
    • b) La cooperaci髇 para el desarrollo de la atenci髇 social primaria, contribuyendo a la financiaci髇 de la red b醩ica de servicios sociales conforme a criterios objetivos, que tomar醤 en consideraci髇 el tama駉 de los municipios, la poblaci髇 en situaci髇 de dependencia, exclusi髇 o vulnerabilidad, el nivel de renta y otros similares, consensuados previamente por la Comunidad de Madrid y las asociaciones representativas de los municipios.
    • c) La elaboraci髇 y aprobaci髇 del Plan Director de Servicios Sociales.
    • d) La elaboraci髇 y aplicaci髇 del Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
    • e) La elaboraci髇 y aprobaci髇 del Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
    • f) La elaboraci髇 y, en su caso, aprobaci髇 de los instrumentos t閏nicos comunes de intervenci髇 social, en particular la Historia Social 趎ica y Tarjeta Social.
  • 2. La provisi髇 y prestaci髇 de los servicios de atenci髇 especializada.
  • 3. La planificaci髇 y la atenci髇, en colaboraci髇 con las entidades locales, en las situaciones de urgencia y emergencia social.

    A los efectos de esta ley, se consideran situaciones de emergencia social los accidentes, estragos, cat醩trofes, pandemias o cualquier otra circunstancia susceptible de causar graves da駉s a la poblaci髇, que puedan producir estados de vulnerabilidad y desprotecci髇 social sobrevenidas e inesperadas a un grupo de personas, de conformidad con la normativa sobre protecci髇 de la seguridad ciudadana, protecci髇 civil y gesti髇 de las emergencias que sea aplicable.

    Se considera urgencia social la situaci髇 de car醕ter excepcional o extraordinario, o de agravamiento de las circunstancias personales o familiares, con incidencia en las condiciones de vulnerabilidad, que requiera una respuesta inmediata por parte del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

  • 4. El aseguramiento de la suficiencia financiera, t閏nica y de recursos humanos de las prestaciones garantizadas objeto de su competencia.
  • 5. La determinaci髇 de precios p鷅licos de referencia para la prestaci髇 de servicios, la aprobaci髇 de las tarifas de servicios, cuando proceda, en el 醡bito del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como la fijaci髇 de importes y condiciones de la participaci髇 de los usuarios en la financiaci髇 de los servicios, en los casos en los que as se prevea.
  • 6. La creaci髇, regulaci髇 y mantenimiento de los registros contemplados en esta ley y en la legislaci髇 sectorial correspondiente.
  • 7. El ejercicio de la potestad inspectora, de control de calidad y sancionadora para garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ordenadoras de los servicios sociales.
  • 8. El fomento de la participaci髇 ciudadana, el asociacionismo, el voluntariado y otras f髍mulas de ayuda mutua, as como el apoyo a los 髍ganos de participaci髇 y cooperaci髇 previstos en esta ley.
  • 9. La promoci髇 de los procedimientos para la resoluci髇 de conflictos en el terreno de la atenci髇 social, como el recogido en la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediaci髇 Familiar de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la acci髇 de las entidades locales en esta misma materia en su 醡bito territorial.
  • 10. Cualquier otra que se le atribuya por la normativa vigente, as como aquellas que, estim醤dose necesarias para lograr un desarrollo satisfactorio de los servicios sociales, no est閚 asignadas de forma expresa a otra Administraci髇 P鷅lica.

Art韈ulo 11 Competencias de las entidades locales

1. Los municipios de la Comunidad de Madrid, por s solos o integrados en mancomunidades, ejercer醤 las siguientes competencias, en el marco de la legislaci髇 reguladora del R間imen Local, del Plan Director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con la planificaci髇 territorial establecida en el Mapa de Servicios Sociales:

  • a) El desarrollo de las funciones de atenci髇 social primaria enunciadas en la presente ley y en la normativa reguladora del r間imen local.
  • b) La planificaci髇 de los servicios sociales en su 醡bito territorial, de acuerdo con las l韓eas de actuaci髇 establecidas en el Plan Director de Servicios Sociales, en el Mapa de Servicios Sociales y los protocolos de coordinaci髇 de la Red de Atenci髇 Social Primaria, acordados con la Comunidad de Madrid.
  • c) El establecimiento, mantenimiento y gesti髇 de centros y servicios de atenci髇 social primaria, incluida su dotaci髇 de personal suficiente y adecuado para asegurar la prestaci髇 de servicios de calidad.
  • d) La gesti髇 de los equipamientos para la atenci髇 social especializada de titularidad municipal, as como la de aquellos del mismo nivel y de titularidad auton髆ica que se acuerden, en funci髇 del principio de territorialidad y subsidiariedad.
  • e) La concesi髇 de prestaciones econ髆icas individuales de urgencia y emergencia social y de ayudas econ髆icas temporales que tengan por objeto la integraci髇 personal.
  • f) El apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social en su 醡bito territorial.
  • g) La realizaci髇 de programas de sensibilizaci髇 social, de fomento de la participaci髇 ciudadana, promoci髇 del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua, en la prevenci髇 y resoluci髇 de los problemas sociales en el 醡bito local.
  • h) La creaci髇 e impulso de los consejos locales de servicios sociales.
  • i) La colaboraci髇 en las funciones de inspecci髇 y control de la calidad.
  • j) La coordinaci髇 de actuaciones con las entidades, con o sin 醤imo de lucro, que realicen servicios sociales en el municipio.
  • k) Las competencias atribuidas a la Administraci髇 local en la normativa sectorial de servicios sociales o que se le sean atribuidas por disposici髇 legal o reglamentaria.

2. Con el fin de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad social de los recursos disponibles, las competencias enumeradas en el apartado precedente se ejercer醤 por los municipios, por s mismos o asociados, o a trav閟 de las f髍mulas de colaboraci髇 interadministrativa previstas en la legislaci髇 sobre r間imen local. La asociaci髇 de municipios no podr condicionar la distribuci髇 territorial de servicios sociales aprobada reglamentariamente.

3. Los municipios podr醤 establecer recursos de atenci髇 social especializada de titularidad municipal cuando, atendiendo al n鷐ero de habitantes o potenciales usuarios, cuenten con los medios materiales y personales suficientes y as lo aconsejen razones de eficiencia y equilibrio territorial, de acuerdo con la normativa vigente de r間imen local y la legislaci髇 sectorial reguladora del servicio de atenci髇 social especializada, en su caso. La entidad local deber formular una propuesta a la Comunidad de Madrid con esta finalidad. En los casos en que la competencia municipal venga determinada directamente por la ley, bastar la comunicaci髇 a la Comunidad de Madrid del establecimiento del recurso.

4. Dicha propuesta ser estudiada por la Comunidad de Madrid en un plazo m醲imo de seis meses y ambas partes acordar醤, caso de considerarse viable, los t閞minos en los que se articular administrativa y, en su caso, financieramente la colaboraci髇 para la prestaci髇 de los servicios, as como la coordinaci髇 con el resto de la atenci髇 social especializada gestionada por la Comunidad de Madrid.

5. Las entidades locales estar醤 sujetas a la observancia y uso de las herramientas t閏nicas para garantizar las adecuadas condiciones de interoperabilidad de los s istemas de informaci髇, su homogeneidad, mantenimiento, explotaci髇 e intercambio de los datos relacionados con la prestaci髇 de los servicios sociales.

Art韈ulo 12 Colaboraci髇, cooperaci髇 y coordinaci髇

1. Las Administraciones p鷅licas que conforman el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en el marco de sus respectivas competencias y al objeto de lograr una actuaci髇 eficaz en los 醡bitos contemplados en esta ley, deber醤 colaborar y cooperar entre s en los t閞minos establecidos en la normativa de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico y aquellos otros que se estime oportuno establecer y se juzguen adecuados para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley.

2. Asimismo se promover la coordinaci髇 con otros sistemas p鷅licos de protecci髇 social, tales como salud, pensiones, empleo, educaci髇, igualdad, vivienda y justicia, entre otros. Para tal fin, se podr醤 elaborar protocolos de derivaci髇 entre la atenci髇 social y el resto de los sistemas p鷅licos de protecci髇 social.

3. La Comunidad de Madrid colaborar con la Administraci髇 del Estado y el resto de las comunidades aut髇omas, a trav閟 de los mecanismos que se establezcan, en las materias de inter閟 com鷑 referidas al 醡bito de los servicios sociales.

4. En aplicaci髇 de lo previsto en el p醨rafo anterior, promover acuerdos con la Administraci髇 del Estado y el resto de las comunidades aut髇omas en relaci髇 con la implantaci髇 de sistemas interoperables para el acceso a la Historia Social 趎ica y la integraci髇 de Tarjeta Social e impulsar los existentes.

5. La colaboraci髇 con la iniciativa privada se concretar a trav閟 de la formalizaci髇 de instrumentos para su participaci髇 en la prestaci髇 de servicios sociales, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su desarrollo reglamentario, incluidas las derivadas de los deberes de transparencia y reporte de las actividades de operaci髇 de los servicios sociales bajo su 醡bito.

Cap韙ulo III
Organizaci髇 funcional

Art韈ulo 13 Organizaci髇 funcional del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se organizar en dos niveles de atenci髇: Atenci髇 Social Primaria y Atenci髇 Social Especializada.

2. La relaci髇 entre los niveles de atenci髇 responder a criterios de complementariedad y acci髇 coordinada para el logro de los objetivos y para asegurar la continuidad de la intervenci髇 a trav閟 de itinerarios espec韋icos para cada persona, familia, grupo y comunidad.

Art韈ulo 14 Atenci髇 Social Primaria

1. La Atenci髇 Social Primaria constituye la v韆 normalizada de acceso al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. Tiene car醕ter polivalente y ofrece una atenci髇 social individualizada, espec韋ica, cercana y en el propio entorno de la persona.

2. El equipamiento b醩ico de la Atenci髇 Social Primaria es el centro de servicios sociales, dependiente de las entidades locales. El conjunto de centros de servicios sociales integra la Red de Atenci髇 Social Primaria de la Comunidad de Madrid.

3. El n鷐ero y distribuci髇 de centros de servicios sociales se establecer醤 atendiendo a criterios de poblaci髇, necesidad y oportunidad.

4. Los centros de servicios sociales de atenci髇 primaria ser醤 de titularidad p鷅lica. Su gesti髇 se realizar de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del R間imen Local.

Art韈ulo 15 Funciones de la Atenci髇 Social Primaria

Corresponden al nivel de Atenci髇 Social Primaria las siguientes funciones:

  • 1. Recepci髇, detecci髇 y an醠isis de necesidades y demandas sociales en su 醡bito de intervenci髇.
  • 2. Diagn髎tico y valoraci髇 t閏nica de situaciones, necesidades o problemas individuales o colectivos, sin perjuicio de lo previsto en el 醡bito de la atenci髇 y apoyo a la discapacidad y a las personas en situaci髇 de dependencia.
  • 3. Identificaci髇 de situaciones y 醡bitos sociales de riesgo para el desarrollo de acciones de car醕ter preventivo y respuesta temprana.
  • 4. Atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 de riesgo o exclusi髇 social y establecimiento de las acciones m醩 adecuadas de acuerdo con el diagn髎tico social.
  • 5. Atenci髇 profesional personalizada en los 醡bitos personal, familiar y comunitario, que incluyen la informaci髇, valoraci髇 y el acompa馻miento, as como, si se considera pertinente, el seguimiento y coordinaci髇 de otras medidas o prestaciones de Atenci髇 Especializada.
  • 6. Actuaci髇 en situaciones de urgencia y emergencia social.
  • 7. Gesti髇 y seguimiento de prestaciones econ髆icas y servicios de acompa馻miento vinculados a ellas.
  • 8. Fomento de la participaci髇, la solidaridad y la cooperaci髇 social.
  • 9. Emisi髇 de informes sociales, de derivaci髇 o que les sean requeridos por v韆 administrativa o judicial, en relaci髇 con la intervenci髇 social realizada.
  • 10. Impulso de proyectos de intervenci髇 en los 醡bitos grupal y comunitario.
  • 11. Coordinaci髇 con el nivel de Atenci髇 Social Especializada, as como con otros sistemas y servicios dirigidos a la promoci髇 del bienestar y la calidad de vida.

Art韈ulo 16 Profesional de referencia

1. El centro de servicios sociales asignar un profesional que servir de referencia para los usuarios, familia o grupo, seg鷑 la etapa del proceso de atenci髇, con la finalidad de dar coherencia al itinerario de intervenciones y garantizar el acceso a los diferentes servicios y prestaciones que necesite a nivel individual o familiar.

2. El profesional de referencia de acceso a los servicios sociales de atenci髇 primaria ser el trabajador social encargado de realizar la valoraci髇 y primer diagn髎tico de la situaci髇 social y elevar la propuesta inicial de las prestaciones indicadas al equipo pluridisciplinar del centro de servicios sociales.

3. El profesional de referencia de intervenci髇 social se responsabilizar del seguimiento del plan personalizado y de la atenci髇 social durante las siguientes etapas, si las hubiera, as como del referido a la Historia Social 趎ica de cada persona usuaria que le sea asignada.

Art韈ulo 17 Equipos profesionales

Los equipos profesionales constituyen el elemento central de intervenci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y tienen el cometido de llevar a cabo y procurar el acceso a las diferentes medidas de apoyo que procedan y que requiera cada persona, familia o grupo, asegurando su integralidad y su correcta aplicaci髇.

Art韈ulo 18 Atenci髇 Social Especializada

1. El nivel de Atenci髇 Social Especializada comprende el 醡bito de actividad que, atendiendo a las necesidades singulares de personas o grupos, realiza la programaci髇, implantaci髇 y desarrollo de acciones que requieren la dotaci髇 y participaci髇 de recursos materiales, t閏nicos y profesionales, capaces de ofrecer apoyo y soluciones adaptadas al perfil especial de dichas necesidades.

2. En este nivel se desarrollar醤 actuaciones y se crear醤 los equipamientos adecuados para la atenci髇 espec韋ica de personas o grupos, de acuerdo con sus necesidades y circunstancias. Dichos equipamientos y actuaciones se recoger醤 en la Cartera de Servicios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

3. El acceso a los servicios sociales de atenci髇 especializada se realizar a propuesta de los profesionales de los servicios sociales de atenci髇 primaria, salvo las excepciones que se determinen legal o reglamentariamente.

4. El conjunto de prestaciones, servicios y equipamientos residenciales y no residenciales destinados a un mismo sector de atenci髇, organizado en funci髇 de las necesidades de los usuarios, constituir una Red Especializada de Servicios Sociales.

Art韈ulo 19 Funciones de la Atenci髇 Social Especializada

Corresponden al nivel de Atenci髇 Social Especializada las siguientes funciones:

  • a) Valorar, diagnosticar y orientar a personas, familias o grupos en situaciones que, por su especificidad, requieren una atenci髇 que excede el 醡bito de prescripci髇 de los servicios de Atenci髇 Social Primaria.
  • b) Proporcionar prestaciones de servicios o econ髆icas, de forma conjunta o alternativa, a personas que presenten dificultades f韘icas, ps韖uicas o sociales, con el objetivo preferente de su inclusi髇 social o la prevenci髇 de su dependencia y promoci髇 de su autonom韆 personal en el marco de la legislaci髇 vigente, mediante una actuaci髇 preferente en su entorno o, cuando esto no sea posible, mediante el recurso a centros residenciales en los casos necesarios.
  • c) Gestionar y equipar los centros y servicios que proporcionan prestaciones especializadas a personas y grupos.
  • d) Promover medidas de reinserci髇 e inclusi髇 social orientadas a normalizar las condiciones de vida de las personas que reciben prestaciones o servicios especializados.

Cap韙ulo IV
Organizaci髇 territorial

Art韈ulo 20 Previsi髇 general

Los Servicios de Atenci髇 Social Primaria y Especializada se configurar醤 a trav閟 de una distribuci髇 territorial equilibrada, con el objeto de facilitar la accesibilidad universal a los servicios y recursos sociales mediante una cobertura homog閚ea y adaptada a las necesidades reales, preservando el principio de igualdad.

Art韈ulo 21 Divisiones territoriales

El Consejo de Gobierno, atendiendo a criterios demogr醘icos, de accesibilidad, proximidad y de coordinaci髇 con otros sistemas p鷅licos, establecer reglamentariamente la divisi髇 territorial que mejor se adecue a las circunstancias poblacionales y permita prestar los servicios sociales con arreglo a los principios enunciados en la presente ley.

T蚑ULO II
Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

Cap韙ulo I
Naturaleza, clases y garant韆 jur韉ica de las prestaciones

Art韈ulo 22 Naturaleza de las prestaciones y condiciones de acceso

1. Las prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales tienen car醕ter universal y son accesibles en las condiciones y t閞minos previstos para cada una de ellas en esta ley y en su normativa espec韋ica.

2. Se orientan a fomentar la autonom韆, prevenir la dependencia, promocionar la convivencia y la protecci髇 de la infancia, la inserci髇 social y la calidad de vida de las personas, familias y grupos.

3. Las prestaciones se clasifican, por raz髇 de su naturaleza, en garantizadas y condicionadas y, por raz髇 de su contenido, en prestaciones de servicio y econ髆icas.

4. Las prestaciones se pueden combinar entre s para conseguir los objetivos que se establezcan en funci髇 de la necesidad de cada persona o grupo.

5. El reconocimiento de las prestaciones incluidas en el Cat醠ogo y la Cartera de servicios a las personas usuarias se determinar a partir de la actuaci髇 del profesional de referencia y los equipos profesionales, que realizar醤 la valoraci髇 y el diagn髎tico de la situaci髇 o necesidad social y la propuesta de las prestaciones indicadas. Se garantizar el acceso a las mismas en condiciones de igualdad.

6. La concesi髇 y mantenimiento de las prestaciones podr condicionarse, en su caso, a la colaboraci髇 activa de los usuarios en la intervenci髇 o en el proceso de integraci髇 social, o su participaci髇 en la financiaci髇.

Art韈ulo 23 Prestaciones garantizadas y condicionadas

1. Son prestaciones garantizadas las que as se se馻lan de manera expresa en esta ley o en otras de car醕ter sectorial.

2. Las prestaciones garantizadas constituyen un derecho subjetivo del usuario o beneficiario en los t閞minos y con los requisitos establecidos para su concesi髇. El Gobierno de la Comunidad de Madrid garantizar su provisi髇 adecuada y suficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

3. Son prestaciones condicionadas las que est醤 sujetas para su concesi髇 a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignaci髇 que objetivamente se establezcan y de acuerdo con el principio de igualdad.

Art韈ulo 24 Prestaciones de servicio y econ髆icas

1. Son prestaciones de servicio las actuaciones profesionales de car醕ter temporal o permanente orientadas a la prevenci髇, rehabilitaci髇 social, la habilitaci髇 funcional, el diagn髎tico, atenci髇 y apoyo en situaciones de necesidad social, con el objetivo de prevenir la dependencia y promover la autonom韆 y la inclusi髇 social de las personas, familias, unidades de convivencia, grupos y comunidades de la poblaci髇, incluyendo la atenci髇 sociosanitaria, residencial y de d韆, las ayudas instrumentales y la asistencia tecnol骻ica.

2. Las prestaciones de servicio pueden ser gratuitas o con aportaci髇 del usuario, en los t閞minos establecidos en la normativa reguladora de cada prestaci髇.

3. Son prestaciones econ髆icas las aportaciones dinerarias, de car醕ter peri骴ico o de pago 鷑ico, destinadas a lograr la mejora de las condiciones de vida, dirigidas a personas o familias en situaci髇 de necesidad personal o social.

4. Las prestaciones econ髆icas tienen un car醕ter instrumental, como medio para garantizar m韓imos de subsistencia o apoyo en situaciones de urgencia o emergencia sobrevenidas a las personas, para favorecer su autonom韆 personal e inclusi髇 social.

Cap韙ulo II
Cat醠ogo de Prestaciones de Servicios Sociales

Art韈ulo 25 Disposiciones generales

1. El Cat醠ogo de Prestaciones de Servicios Sociales es el instrumento mediante el que se determina el conjunto de prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. Su objeto es delimitar el marco de estas y asegurar est醤dares comunes de realizaci髇 y garant韆 de homogeneidad para todos los usuarios. Su contenido queda definido en la presente Ley. Su actualizaci髇 o modificaci髇 se realizar mediante norma con rango de ley.

2. La Cartera de Servicios es un instrumento vinculado al Cat醠ogo de Prestaciones, por el que se regula el contenido y alcance de las prestaciones establecidas en este. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales aprobar la Cartera de Servicios mediante orden de su titular, atendiendo al marco establecido para las diferentes prestaciones por esta ley o su normativa de referencia respectiva.

3. La Cartera de Servicios, contendr, al menos:

  • a) En el caso de los servicios, las caracter韘ticas, modalidades y objetivos del servicio y las necesidades a las que se dirige, los derechos y obligaciones de los beneficiarios y est醤dares de calidad que han de asegurarse, as como los requisitos y procedimientos para su acceso y concesi髇 y los criterios de priorizaci髇.
  • b) En el caso de las prestaciones econ髆icas, incluir su definici髇, objetivos, importe o forma de c醠culo, periodicidad y otras condiciones de su percepci髇 y los requisitos y procedimientos para su acceso y concesi髇. Tambi閚 incluir los derechos y obligaciones de los beneficiarios, est醤dares de calidad que han de asegurarse, las causas de su p閞dida o extinci髇 y los criterios de reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

4. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales velar por la coherencia entre el Cat醠ogo de Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y su Cartera de Servicios, los instrumentos de planificaci髇 y el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y el resto de los elementos organizativos.

Art韈ulo 26 Prestaciones de servicio garantizadas y condicionadas

1. El Cat醠ogo de Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales incluye las siguientes prestaciones de servicio garantizadas, sin perjuicio de las que puedan contemplarse en otras leyes de car醕ter sectorial y de acuerdo con los t閞minos establecidos en su normativa reguladora:

  • a) Los servicios de informaci髇, valoraci髇, orientaci髇 y asesoramiento.
  • b) La elaboraci髇 del plan individualizado de intervenci髇 social, con la participaci髇 y aceptaci髇 de los usuarios y tras un diagn髎tico social, integrado por acciones y acompa馻miento orientados a fomentar la inclusi髇 personal, social, educativa y laboral, as como la promoci髇 de la autonom韆.
  • c) La atenci髇 inmediata en situaciones de urgencia o emergencia social.
  • d) Los servicios espec韋icos para la protecci髇 social y jur韉ica de los ni駉s en situaci髇 de riesgo o desamparo y en conflicto social, incluido el cumplimiento de medidas judiciales de los menores de edad.
  • e) El reconocimiento y la acreditaci髇 de familias numerosas y familias monoparentales.
  • f) El seguimiento y la supervisi髇 de adopciones.
  • g) Los puntos de encuentro familiar.
  • h) El servicio de apoyo a personas adultas para el ejercicio de su capacidad jur韉ica.
  • i) La protecci髇 de las v韈timas de violencia de g閚ero o trata, as como, en su caso, de su unidad de convivencia.
  • j) El reconocimiento de las situaciones de discapacidad y dependencia, determinando su tipo y grado, a lo largo de todas las etapas de la vida.
  • k) La atenci髇 temprana dirigida a ni駉s de 0 a 6 a駉s, que comprender 8 la prevenci髇, la detecci髇 precoz y el diagn髎tico.
  • l) La mediaci髇 familiar y comunitaria.
  • m) La atenci髇 o intervenci髇 familiar o de la unidad de convivencia.
  • n) El apoyo psicosocial y la atenci髇 psicoeducativa de la infancia y la familia.
  • ) El acompa馻miento psicosocial para la integraci髇 de las personas adultas con discapacidad o situaci髇 de vulnerabilidad derivada de enfermedad mental.

2. El Cat醠ogo establece las siguientes prestaciones de servicio condicionadas, sin perjuicio de otras prestaciones condicionadas complementarias que excepcionalmente se recojan en la Cartera de Servicios:

  • a) Alojamiento alternativo.
  • b) Atenci髇 diurna o ambulatoria.
  • c) Atenci髇 residencial.

Art韈ulo 27 Prestaciones econ髆icas garantizadas y condicionadas

1. El Cat醠ogo de Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales incluye las siguientes prestaciones econ髆icas garantizadas, en los t閞minos establecidos normativamente:

  • a) Renta M韓ima de Inserci髇.
  • b) Prestaciones econ髆icas garantizadas contempladas en la legislaci髇 sobre Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia y en su normativa de desarrollo.
  • c) Compensaci髇 econ髆ica a las personas acogedoras de menores de edad bajo guarda o tutela de la Comunidad de Madrid.
  • d) Ayudas econ髆icas de pago 鷑ico para mujeres v韈timas de violencia de g閚ero con insuficiencia de recursos econ髆icos y dificultad para acceder a un empleo, contempladas en la legislaci髇 sobre protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero.

2. Asimismo, incluye las siguientes prestaciones econ髆icas condicionadas, sin perjuicio de otras prestaciones condicionadas complementarias que excepcionalmente se recojan en la Cartera de Servicios:

  • a) El apoyo para la cobertura de las necesidades b醩icas, de manera temporal, en situaciones de urgencia o de emergencia social.
  • b) La rehabilitaci髇 y accesibilidad universal de viviendas, orientadas a la calidad de vida y la inclusi髇 social.

Art韈ulo 28 Evaluaci髇 de resultados y actualizaci髇 del Cat醠ogo de prestaciones y la Cartera de Servicios

1. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales determinar los objetivos espec韋icos de calidad, indicadores y metodolog韆 que permitan el seguimiento y la evaluaci髇 de las prestaciones incluidas en el Cat醠ogo y la Cartera de Servicios, y que incluir en el plan de calidad de los servicios sociales, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 78.1 de esta ley.

2. Los indicadores tendr醤 en cuenta, al menos, los resultados alcanzados en t閞minos de garant韆 de los derechos, mejora del bienestar de las personas, su autonom韆 y calidad de vida, la satisfacci髇 con la atenci髇 recibida, la igualdad entre mujeres y hombres, la accesibilidad universal, calidad del empleo de los profesionales, eficiencia, cohesi髇 social y territorial y sostenibilidad del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

3. El conjunto de indicadores de seguimiento y evaluaci髇 de la calidad permitir el an醠isis comparativo entre prestaciones y servicios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como con otros sistemas auton髆icos, nacionales o europeos.

4. La evaluaci髇 de los resultados deber realizarse cada cuatro a駉s, con actualizaci髇 anual de los datos obtenidos, y deber presentarse para su conocimiento al Consejo de Servicios Sociales de forma previa a su publicaci髇 en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

5. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales incluir en la Cartera de Servicios, mediante orden de su titular, las prestaciones garantizadas que se incorporen al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

6. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales podr aprobar mediante orden de su titular las modificaciones de las prestaciones en la Cartera de Servicios que no supongan alteraci髇 significativa en la configuraci髇 esencial del Cat醠ogo. Se consideran modificaciones no sustanciales las que no afecten a la participaci髇 de las personas usuarias en la financiaci髇, a la Administraci髇 p鷅lica a la que compete su provisi髇 ni al origen de la financiaci髇.

Art韈ulo 29 Cat醠ogos de Prestaciones de Servicios Sociales de 醡bito local

1. Las entidades locales podr醤 aprobar, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, sus propios cat醠ogos de prestaciones de servicios sociales que complementen las prestaciones incluidas en el Cat醠ogo regional. Su 醡bito de aplicaci髇 ser el territorio de la respectiva entidad local.

2. Las entidades locales comunicar醤 a la Comunidad Aut髇oma las prestaciones incluidas en sus propios cat醠ogos de servicios sociales para su inclusi髇, a t韙ulo informativo, en la Cartera de Servicios.

T蚑ULO III
Profesionales, sistemas de informaci髇, registros e instrumentos t閏nicos en el 醡bito de los servicios sociales

Cap韙ulo I
Profesionales de los servicios sociales

Art韈ulo 30 Derechos de los profesionales

1. En el ejercicio de su actividad, los profesionales de los servicios sociales tienen derecho a:

  • a) Obtener la informaci髇 necesaria para el ejercicio de las funciones encomendadas.
  • b) Participar en el proceso de toma de decisiones relativas a la atenci髇 social de los usuarios, basada en criterios t閏nicos y profesionales.
  • c) Recibir un trato respetuoso, no discriminatorio y correcto por parte de los responsables de los servicios, del resto de los profesionales y de los usuarios.
  • d) Gozar de respeto del cumplimiento y ejercicio de sus derechos laborales, as como de las condiciones que permitan un adecuado desempe駉 de las funciones profesionales, la conciliaci髇 de la vida laboral y personal y el desarrollo profesional.
  • e) Obtener garant韆 de preservaci髇 de su intimidad e integridad personal, as como de su independencia profesional.
  • f) Abstenerse de practicar aquellos actos profesionales que se encuentren en contradicci髇 con sus convicciones morales, en los casos de objeci髇 de conciencia previstos por la ley.
  • g) Recibir una formaci髇 continua, adecuada y especializada a lo largo de su carrera profesional y adaptada a las necesidades sociales.

2. A los efectos de este art韈ulo, son profesionales de los servicios sociales los empleados p鷅licos de las Administraciones p鷅licas y de sus entidades vinculadas o dependientes que prestan servicios de atenci髇 social en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como los trabajadores de las entidades privadas, en los t閞minos establecidos en esta ley.

Art韈ulo 31 Deberes de los profesionales

Son deberes de los profesionales a los que se refiere el art韈ulo anterior:

  • a) Mantener, en sus relaciones con otros profesionales y usuarios, un comportamiento basado en el respeto mutuo y la no discriminaci髇, observando, guardando y haciendo guardar las normas de convivencia en los centros y servicios.
  • b) Conocer y cumplir la normativa vigente en el 醡bito de su funci髇.
  • c) Desempe馻r sus funciones de conformidad con las normas 閠icas y deontol骻icas, persiguiendo en todas sus acciones la humanizaci髇 de la atenci髇 social.
  • d) Asistir y aprovechar diligentemente la formaci髇 y apoyo t閏nico programado para la mejora de su competencia profesional.
  • e) Utilizar los medios t閏nicos puestos a su disposici髇 para la mejor atenci髇 de las personas.
  • f) Guardar el secreto sobre la Historia Social 趎ica de los usuarios y respetar las normas de protecci髇 de los datos de car醕ter personal.

Art韈ulo 32 Ratios de personal

1. El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales deber contar con personal suficiente de acuerdo con los criterios de eficiencia, sostenibilidad, flexibilidad y adecuaci髇 a las necesidades de las personas atendidas, que cuente con la formaci髇, titulaci髇, conocimientos, capacidades y la estabilidad laboral necesaria para garantizar la eficacia y calidad del sistema.

2. Con el fin de garantizar una adecuada cobertura de necesidades, la equidad en la intervenci髇 y la calidad en las distintas prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, la consejer韆 competente en materia de servicios sociales establecer reglamentariamente la estructura b醩ica de referencia de los equipos profesionales, as como las ratios m韓imas de referencia de los diferentes perfiles profesionales, tanto en el nivel de Atenci髇 Social Primaria como en el de Atenci髇 Social Especializada, sin perjuicio de la preservaci髇 de la autonom韆 local para el ejercicio de sus intereses.

Art韈ulo 33 Capacidades profesionales

El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales desarrollar un modelo de gesti髇 de las capacidades profesionales adecuado a las necesidades y que permita una realizaci髇 eficaz de sus prestaciones y la adaptaci髇 a nuevas circunstancias.

Cap韙ulo II
Sistema de informaci髇 y registros

SECCI覰 1
Sistema de Informaci髇

V閍se D 51/2023, 3 mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social 趎ica, el Registro 趎ico de Usuarios y otros instrumentos de gesti髇 de la informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M. 5 mayo).LE0000752134_20230506Ir a Norma

Art韈ulo 34 Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales

1. El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se dotar de un sistema de informaci髇 capaz de integrar todos los datos generados por la acci髇 y la gesti髇 de las redes de Atenci髇 Social Primaria y Especializada, las Historias Sociales 趎icas de los usuarios, as como por las aplicaciones de gesti髇 correspondientes a prestaciones del Sistema P鷅lico.

2. El desarrollo y la implantaci髇 del Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales, atender醤 a los siguientes objetivos:

  • a) Orientar y homogeneizar la acci髇 profesional en los procesos de atenci髇 e intervenci髇 social.
  • b) Integrar toda la informaci髇 sobre una persona y su unidad familiar de la que dispone el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • c) Facilitar la continuidad y complementariedad del proceso de atenci髇 entre los distintos niveles de intervenci髇 de los servicios sociales.
  • d) Mejorar la eficacia de los procesos de intervenci髇 social.
  • e) Facilitar la coordinaci髇 y cooperaci髇 entre los diferentes sistemas de protecci髇, mediante el intercambio de informaci髇 relativa a los procesos de intervenci髇 y protecci髇 social de personas y familias.

3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid arbitrar los instrumentos jur韉icos necesarios para que las diferentes Administraciones p鷅licas, as como las entidades privadas que participan en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, puedan acceder al Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales estableciendo los requisitos necesarios y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.

4. El Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales ser interoperable con otros sistemas de protecci髇 y atenci髇 al p鷅lico de la Comunidad de Madrid.

5. El desarrollo, mantenimiento y actualizaci髇 de este sistema corresponder al 髍gano o entidad con responsabilidad en materia de inform醫ica y comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

6. La incorporaci髇 del Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales, as como de las herramientas tecnol骻icas, directrices y mecanismos t閏nicos establecidos por la Comunidad de Madrid, ser obligatoria para todas las entidades integradas en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como para aquellas entidades que reciban fondos p鷅licos para el desarrollo de proyectos, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Art韈ulo 35 Bases jur韉icas para el tratamiento de datos personales en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

1. El tratamiento de los datos de car醕ter personal por el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid estar habilitado en los t閞minos y condiciones establecidos por la normativa vigente sobre tratamiento y protecci髇 de datos personales y garant韆 de los derechos digitales. Dicho tratamiento ha de realizarse en cumplimiento de una misi髇 de inter閟 p鷅lico o en el ejercicio de los poderes p鷅licos conferidos a la persona responsable del tratamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, y podr incluir el tratamiento de categor韆s especiales de datos personales en los t閞minos establecidos en la normativa vigente.

2. El tratamiento de datos personales necesarios para la gesti髇 de los sistemas y servicios de asistencia y protecci髇 social por el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se realizar con los siguientes fines:

  • a) La gesti髇 de prestaciones incluidas en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • b) Actuaciones de las entidades de titularidad p鷅lica, de las entidades de la iniciativa social y de las entidades privadas autorizadas en materia de protecci髇 de menores, de atenci髇 a familias, personas con discapacidad, personas en situaci髇 de dependencia, mayores y personas en situaci髇 de vulnerabilidad o exclusi髇 social, as como actuaciones dirigidas a proteger intereses de personas con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica.

3. El intercambio de datos personales necesarios para documentar los procesos de atenci髇 e intervenci髇 social entre el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y los sistemas de informaci髇 que interact鷈n con este, a los efectos exclusivos de la tramitaci髇 de dichos procesos de intervenci髇 social, y en raz髇 de las bases jur韉icas establecidas en los apartados anteriores, obliga en todo caso, en virtud de esta ley, a:

  • a) Las entidades gestoras de los servicios, recursos y prestaciones que conforman el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • b) Los 髍ganos, entidades y organismos de titularidad p鷅lica competentes en otros sistemas de protecci髇 social, cuyos sistemas de informaci髇 se vincular醤 con el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
  • c) Las entidades, de titularidad p鷅lica o privada, prestadoras de servicios y recursos o que desarrollen programas subvencionados por la Administraciones p鷅licas competentes en materia de servicios sociales, no integrados en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, que desarrollen actuaciones complementarias para la ciudadan韆 y se adhieran al Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales en virtud de un convenio de interoperabilidad.

4. La informaci髇 contenida en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales podr ser compartida con otros departamentos de la Comunidad de Madrid, otras comunidades aut髇omas, las entidades locales, la Administraci髇 General del Estado y sus entes instrumentales, as como con instituciones del 醡bito europeo, de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo los criterios de normalizaci髇, interoperabilidad, seguridad y privacidad exigidos.

5. Los datos y la informaci髇 objeto de intercambio entre diferentes Administraciones p鷅licas se concretar醤 mediante protocolos normalizados que se desarrollar醤 reglamentariamente.

6. Los datos personales relativos a los usuarios de los servicios sociales incluidos en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales se conservar醤 mientras se mantenga su condici髇 de usuarios y durante el tiempo necesario para cumplir con los fines para los que fueron recabados, sin perjuicio del ejercicio, por parte de las personas interesadas, de los derechos que les otorga la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos. En todo caso, para la conservaci髇 de estos datos se atender a lo previsto en el art韈ulo 45 de la presente Ley, referido a la conservaci髇 de la Historia Social 趎ica.

Art韈ulo 36 Acceso a la informaci髇 contenida en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales

1. El acceso a la informaci髇 contenida en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se realizar en los t閞minos y con los requisitos exigidos por la normativa reguladora de protecci髇 de datos de car醕ter personal y en el resto de la normativa que resulte de aplicaci髇.

2. Tendr醤 acceso a la informaci髇 contenida en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales las personas que presten servicio en las entidades previstas en el art韈ulo 35.3 y lo requieran para el ejercicio de su cometido profesional concreto y predeterminado, de inter閟 p鷅lico y en los t閞minos establecidos en el t韙ulo de colaboraci髇 en la prestaci髇 de servicios, recursos, prestaciones y programas dentro del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. Se establecer醤 diferentes perfiles de acceso limitados al contenido necesario en relaci髇 con las funciones desempe馻das por cada profesional y que cuenten con los requisitos y la autorizaci髇 que se establezcan por v韆 reglamentaria.

3. El acceso de profesionales al Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales estar sujeto a los deberes de secreto profesional y confidencialidad.

4. El acceso a la informaci髇 contenida en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales, as como el tratamiento de datos personales, con fines estad韘ticos, de investigaci髇 o docencia, se regir por lo dispuesto en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos.

SECCI覰 2
Registros

Art韈ulo 37 Registro de Entidades, Centros, Servicios y de Directores de Centros de Atenci髇 Social

1. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales mantendr un Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social que tendr car醕ter p鷅lico, a excepci髇 de los datos considerados protegidos por la normativa vigente y dar a conocer los recursos de servicios sociales existentes en la Comunidad de Madrid y facilitar la informaci髇 relativa a las entidades, centros y servicios de atenci髇 social que desarrollan sus actividades en nuestra regi髇.

2. La inscripci髇 en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social es el acto en virtud del cual se deja constancia, de oficio y a efectos de publicidad, de las entidades, p鷅licas o privadas, de servicios sociales y de los centros de servicios sociales de ellas dependientes, as como de las comunicaciones o autorizaciones y, en su caso, acreditaciones otorgadas a las mismas. Asimismo, se inscribir醤 los conciertos sociales formalizados.

3. Las inscripciones se mantendr醤 actualizadas con el fin de informar y garantizar que no se ha producido revocaci髇 o caducidad de la autorizaci髇 administrativa o de la acreditaci髇, el cese de la actividad realizada o la caducidad de las comunicaciones.

4. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales mantendr, asimismo, un registro en el que figurar醤 inscritas las personas habilitadas para ejercer la direcci髇 de centros de atenci髇 social, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desempe駉 de dicha funci髇, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y de desarrollo de esta ley.

Art韈ulo 38 Registro 趎ico de Usuarios

1. El Registro 趎ico de Usuarios es un archivo de tecnolog韆 digital, de car醕ter no p鷅lico, adscrito a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, que re鷑e los datos relativos a los usuarios del sistema de servicios sociales. El Registro 趎ico constituye el soporte documental de los instrumentos de informaci髇 del sistema de servicios sociales, al servicio de profesionales y usuarios. Su finalidad es facilitar el ejercicio de las competencias, en materia de servicios sociales, de las Administraciones p鷅licas integradas en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

2. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid establecer reglamentariamente las caracter韘ticas y el r間imen de funcionamiento del Registro 趎ico de Usuarios.

3. En el dise駉, desarrollo y r間imen de funcionamiento y utilizaci髇 de este dispositivo de informaci髇, se observar lo establecido en la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Cap韙ulo III
Instrumentos t閏nicos de los servicios sociales

Art韈ulo 39 Tarjeta Social

1. Tarjeta Social es un instrumento t閏nico de gesti髇 y acceso a los servicios de car醕ter digital. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales determinar, por v韆 reglamentaria, sus caracter韘ticas y alcance.

2. Todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid tendr醤 derecho a Tarjeta Social, que las identifica en el marco del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, les da acceso al mismo y recoge, de forma unificada, el conjunto de prestaciones que perciben.

3. Tarjeta Social es personal e intransferible y facilita la continuidad y la coherencia de la atenci髇, as como el seguimiento de la intervenci髇 social entre diferentes servicios.

4. La carencia de Tarjeta Social no ser obst醕ulo para prestar, a toda persona, atenci髇 social de emergencia. En estos supuestos, la atenci髇 incluir el alta en este dispositivo.

5. Se posibilitar su compatibilidad con otros instrumentos an醠ogos que se desarrollen con 醡bito estatal. Asimismo, y en el 醡bito de la atenci髇 a la dependencia y la discapacidad, se podr醤 desarrollar f髍mulas de integraci髇 entre Tarjeta Social y la tarjeta sanitaria.

Art韈ulo 40 Plan individualizado de intervenci髇 social

1. Toda persona, familia o unidad de convivencia que requiera atenci髇 social dispondr de un plan de intervenci髇 singularizado que permita el abordaje integral de la situaci髇, de acuerdo con las necesidades planteadas.

2. El plan es un instrumento de intervenci髇 social que se elaborar con la participaci髇 de los usuarios y ser propuesto al equipo profesional del centro o servicio por el profesional de referencia, para su aprobaci髇, que deber efectuarse en un plazo m醲imo de diez d韆s.

3. Cuando el plan individualizado contemple la participaci髇 de otros recursos del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, de forma conjunta o alternativa a los de otros sistemas p鷅licos de protecci髇, el profesional de referencia de intervenci髇 social se encargar de arbitrar la comunicaci髇 y los acuerdos necesarios con dichos recursos para ejecutar las actuaciones previstas en el plan.

4. El plan individualizado de intervenci髇 social incluir, al menos, los siguientes elementos:

  • a) An醠isis global de la situaci髇 y por 醨eas (de convivencia, sanitaria, educativo - formativa, econ髆ica, laboral y otras, en su caso), valoraci髇 de los indicadores de protecci髇 y riesgo considerados, y elaboraci髇 de un diagn髎tico.
  • b) Objetivos generales y espec韋icos ajustados al diagn髎tico planteado.
  • c) Planteamiento de actuaciones que permitan la consecuci髇 de los objetivos establecidos.
  • d) Identificaci髇 de las categor韆s profesionales que deben llevar a cabo la intervenci髇.
  • e) La aceptaci髇 del plan y compromisos de participaci髇 de los usuarios.
  • f) M閠odo de seguimiento y evaluaci髇 de resultados e impacto.

5. El plan individualizado de intervenci髇 social deber articularse con otras herramientas similares utilizadas en normas sectoriales.

Art韈ulo 41 Historia Social 趎ica

1. La Historia Social 趎ica es el instrumento que re鷑e en un 鷑ico documento la demanda o demandas de los usuarios y el registro exhaustivo de los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, econ髆icos, laborales, educativos y otros, significativos de su situaci髇 y necesarios para la valoraci髇 de la misma, as como, el diagn髎tico, el plan individualizado de intervenci髇 social, las acciones realizadas, su seguimiento y evoluci髇.

2. La Historia Social 趎ica constituye el instrumento t閏nico b醩ico que permite la relaci髇 entre los servicios sociales de Atenci髇 Primaria y Especializada, as como la interrelaci髇 y coordinaci髇 con otros sistemas de protecci髇 social, con la finalidad de conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones.

3. Tendr un soporte digital que deber permitir su interoperabilidad en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como con otros sistemas de protecci髇 que fuera necesario integrar.

4. Todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales tendr醤 una Historia Social 趎ica, vinculada a Tarjeta Social y su correspondiente c骴igo personal.

5. Contendr, al menos, la informaci髇 relativa a:

  • a) Datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, econ髆icos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situaci髇 socio-familiar de una persona usuaria.
  • b) Documentos t閏nicos de an醠isis, valoraci髇 y diagn髎tico.
  • c) Planes individualizados de intervenci髇 social.
  • d) Identificaci髇 de profesionales de referencia.
  • e) Actuaciones realizadas y prestaciones percibidas.
  • f) Seguimiento y evaluaci髇 de resultados.

6. La Historia Social 趎ica incluir, asimismo, informaci髇 correspondiente a las actuaciones y medidas de atenci髇 efectuadas por otros sistemas p鷅licos de protecci髇, con objeto de asegurar la integralidad de la informaci髇 relativa a los usuarios y la actuaci髇 coordinada de los diferentes sistemas. La recogida, tratamiento y comunicaci髇 de los datos de car醕ter personal que estas operaciones impliquen, respetar la normativa vigente sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.

7. La Historia Social 趎ica se integrar en el Sistema de Informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

V閍se D 51/2023, 3 mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social 趎ica, el Registro 趎ico de Usuarios y otros instrumentos de gesti髇 de la informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M. 5 mayo).LE0000752134_20230506Ir a Norma

Art韈ulo 42 Acceso de los profesionales a la Historia Social 趎ica

1. El acceso a la Historia Social 趎ica por parte de profesionales intervinientes de las diferentes 醨eas o entidades integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales permitir la incorporaci髇 a la misma de la informaci髇 relativa a todas las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las labores de seguimiento del profesional de referencia, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 16. Dicho acceso se realizar, en todo caso, de acuerdo con la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.

2. Este acceso se realizar con garant韆 de estricto secreto profesional y se limitar al contenido necesario para la realizaci髇 de las tareas encomendadas. Para ello, el sistema contar con las restricciones necesarias para que no sea posible el acceso cuando no se cuente con la necesaria legitimaci髇 y de acuerdo con las limitaciones previstas en el art韈ulo 36.2.

Art韈ulo 43 Derecho de acceso de los usuarios a su Historia Social 趎ica

1. Los usuarios, directamente o por medio de su representante legal, tienen derecho de acceso a los documentos y los datos obrantes en su Historia Social 趎ica y a obtener copia de estos en formato accesible, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo com鷑 y protecci髇 de datos de car醕ter personal, derecho que en ning鷑 caso podr ejercitarse en perjuicio de los de terceras personas a la confidencialidad de los datos.

2. Cuando la atenci髇 se preste a familias, unidades de convivencia o grupos, las personas integrantes tendr醤 derecho de acceso individual a la documentaci髇 relativa a su participaci髇 en el proceso.

3. En los casos de menores de edad, personas con discapacidad que precisen medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica o personas amparadas por una orden de protecci髇 o medida cautelar adoptada en causa penal, la persona titular de la patria potestad, tutela, guarda, curatela, o defensor judicial, seg鷑 proceda, as como el Ministerio Fiscal, en su caso, podr醤 ejercer el derecho de acceso siempre que no sea contrario al inter閟 superior de estas personas ni se ponga en riesgo su seguridad, siempre que no invada el derecho a la confidencialidad de otras personas interesadas y con las restricciones establecidas en la normativa que proceda en cada caso.

4. El r間imen de acceso a la informaci髇 contenida en las Historias Sociales 趎icas de personas fallecidas se establecer por v韆 reglamentaria, de acuerdo con lo previsto en relaci髇 con los datos de las personas fallecidas en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos.

Art韈ulo 44 R間imen jur韉ico y obligaciones legales en materia de protecci髇 de datos de la Historia Social 趎ica

1. El tratamiento de los datos personales necesarios para documentar el proceso de intervenci髇 social en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se regular, adem醩 de por lo dispuesto en esta ley, por la normativa especial en materia de protecci髇 de datos personales, de protecci髇 de la infancia, de protecci髇 de las personas con discapacidad, de igualdad de g閚ero y de cualquier otra normativa sectorial en materia de intervenci髇 social.

2. Los titulares de los centros directivos de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales ser醤 los responsables del tratamiento de los ficheros de origen de los datos incluidos en el Sistema de Informaci髇 de Servicios Sociales, sin perjuicio de las obligaciones de las entidades encargadas del tratamiento.

Art韈ulo 45 Conservaci髇 de la Historia Social 趎ica

1. La conservaci髇 de los documentos y datos contenidos en la Historia Social 趎ica se regir por la normativa aplicable en materia de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid. En todo caso, para la conservaci髇 y eliminaci髇 de los documentos y datos se estar a lo dispuesto en la correspondiente tabla de valoraci髇 documental aprobada por la consejer韆 competente en materia de archivos, gesti髇 de documentos y patrimonio documental, sin perjuicio de lo dispuesto a estos efectos en la normativa sobre protecci髇 de datos y en el ejercicio del derecho de las personas a conocer sus or韌enes biol骻icos.

2. Las historias sociales que formen parte como prueba de alg鷑 proceso judicial o administrativo deber醤 ser conservadas hasta la definitiva resoluci髇 de dicho proceso.

3. La Comunidad de Madrid determinar el r間imen de responsabilidades de conservaci髇 y custodia de la Historia Social 趎ica por las Administraciones p鷅licas y dictar las disposiciones oportunas para su cumplimiento por parte de estas y, en su caso, de las entidades colaboradoras integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como los aspectos relativos a la transferencia de soportes de las historias sociales y a la custodia, valoraci髇 y posible conservaci髇 y/o eliminaci髇 de la documentaci髇, que se realizar醤 conforme a lo previsto en la legislaci髇 de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid, previo informe del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid o el 髍gano colegiado que ostente la competencia de informar en cada momento, y con debido cumplimiento de la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos.

Art韈ulo 46 Otros instrumentos

El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, desarrollar, a propuesta de cualquiera de sus entidades integrantes, y en colaboraci髇 con otros sistemas p鷅licos de protecci髇 cuando sea necesario, cuantos instrumentos comunes de valoraci髇, diagn髎tico, atenci髇, evaluaci髇, o de otra naturaleza, se juzguen pertinentes e id髇eos para una mejor prestaci髇 de servicios.

V閍se D 51/2023, 3 mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social 趎ica, el Registro 趎ico de Usuarios y otros instrumentos de gesti髇 de la informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M. 5 mayo).LE0000752134_20230506Ir a Norma

T蚑ULO IV
Planificaci髇 de los servicios sociales, ordenaci髇 y participaci髇

Cap韙ulo I
Planificaci髇 de los servicios sociales

Art韈ulo 47 Disposiciones generales

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por medio de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, ser el responsable de realizar una planificaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales capaz de definir sus objetivos, pol韙icas y planes, as como establecer su despliegue en el territorio, de acuerdo con un an醠isis riguroso de las necesidades presentes y una prospecci髇 razonable de las futuras. Dicha planificaci髇 contemplar los recursos requeridos por el sistema y la distribuci髇 geogr醘ica de los servicios, para asegurar su prestaci髇 eficiente y preservar el principio de igualdad.

2. Las entidades locales podr醤 elaborar instrumentos de planificaci髇 en su 醡bito territorial y competencial, en coordinaci髇 con la planificaci髇 regional y en colaboraci髇 con la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, con el fin de garantizar la coherencia de los objetivos y la adecuada articulaci髇 de los recursos p鷅licos.

3. La planificaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se desarrollar a trav閟 del Plan Director de Servicios Sociales, planes operativos y, en su caso, los planes municipales.

Art韈ulo 48 Plan Director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

1. El Plan Director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es el instrumento de planificaci髇 que determinar los objetivos, l韓eas de actuaci髇 y resultados esperados del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, para un per韔do m醲imo de cuatro a駉s.

2. El Plan Director de Servicios Sociales incluir los mecanismos de coordinaci髇 y trabajo compartido con otros sistemas de protecci髇 social y con las Administraciones p鷅licas y entidades privadas participantes en el 醡bito de los servicios sociales.

3. Este Plan deber apoyarse en un estudio de la situaci髇 de los recursos sociales y necesidades no cubiertas, de una valoraci髇 prospectiva de estas, as como de las f髍mulas id髇eas para atenderlas y su cuantificaci髇 econ髆ica. Incluir pautas de control de la calidad, as como un plan operativo de seguimiento y evaluaci髇 intermedia y final.

4. En su elaboraci髇 participar醤 las diferentes Administraciones p鷅licas y entidades integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. Asimismo, se contar con la participaci髇 de las organizaciones acad閙icas, sociales, profesionales, sindicales y empresariales vinculadas al mismo.

5. El Consejo de Gobierno aprobar el Plan Director de Servicios Sociales, a propuesta de la consejer韆 responsable de esta materia y referido al conjunto de sus competencias.

6. El Plan incluir una memoria econ髆ica que permita su implantaci髇 y obedezca a su desarrollo previsto.

7. Tras su aprobaci髇, se publicar en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Art韈ulo 49 Planes operativos

1. Los centros directivos de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, contar醤 con un plan operativo que incluir las medidas y acciones concretas a realizar en cada ejercicio, acordes con los objetivos del Plan Director y que contribuir醤 a alcanzarlos a lo largo de su per韔do de vigencia,

2. Los planes operativos integrar醤 los objetivos establecidos en el Plan Director y la acci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la evoluci髇 de las necesidades.

3. Los planes operativos ser aprobados por la persona titular de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, a propuesta de la direcci髇 de los diferentes centros directivos.

En todo caso, con el fin de asegurar su eficacia, se limitar la aprobaci髇 de instrumentos de planificaci髇, su solapamiento y la diversificaci髇 de la responsabilidad sobre su ejecuci髇 entre diferentes centros directivos.

Art韈ulo 50 Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

1. El Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es el instrumento mediante el que se establece la organizaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, tanto territorial como funcional, mediante la configuraci髇 de la red de centros y servicios recogidos en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios.

2. El Mapa de Servicios Sociales es un mapa, o conjunto de mapas, que reflejar el despliegue del sistema de servicios sociales en la Comunidad de Madrid. El mapa tendr en cuenta los niveles de organizaci髇 territorial de los servicios sociales, con el objetivo de lograr un adecuado equilibrio en relaci髇 con la distribuci髇 de las variables sociales, demogr醘icas y econ髆icas.

3. Recoger la informaci髇 de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 Primaria, as como de los centros y servicios de atenci髇 social que conforman la Red Especializada. Incluir, tanto los recursos que integran el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, como los de naturaleza privada.

4. El Mapa constituye una herramienta b醩ica para la elaboraci髇 de los instrumentos de planificaci髇 y ayudar a determinar las ratios de cobertura de los diferentes recursos.

5. Su elaboraci髇 ser responsabilidad de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales. Se desarrollar y actualizar de manera permanente. Para ello se recurrir a los datos obrantes en los registros p鷅licos, as como a las fuentes propias del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

6. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales podr habilitar los instrumentos t閏nicos necesarios para facilitar el acceso digital de los usuarios a la informaci髇 de los centros, servicios y recursos disponibles del Mapa de Servicios Sociales.

Cap韙ulo II
Centros y Servicios de Atenci髇 Social

Art韈ulo 51 羗bito de aplicaci髇 y r間imen de prestaci髇

1. La prestaci髇 de servicios sociales por las Administraciones p鷅licas y la iniciativa privada se hallar sometida a los reg韒enes de comunicaci髇, autorizaci髇 y acreditaci髇 establecidos en la presente ley, con el fin de garantizar, de acuerdo con los principios enunciados en el T韙ulo I, una ordenaci髇 territorial de los recursos sociales que permita la accesibilidad universal, su adecuaci髇 a las necesidades, as como la calidad de los servicios prestados.

2. El Consejo de Gobierno regular las condiciones de apertura, funcionamiento y cierre de los centros y servicios dedicados a proporcionar atenci髇 social.

Art韈ulo 52 Centros de atenci髇 social

1. Son centros de atenci髇 social las unidades org醤icas y funcionales que cuentan con infraestructura material, singular o compartida, identificables y con funcionamiento aut髇omo, en las que se realizan prestaciones propias de los servicios sociales.

Los centros de atenci髇 social pueden tener car醕ter residencial o no residencial, dependiendo de si prestan o no servicio de alojamiento.

2. La Cartera de Servicios Sociales recoger la clasificaci髇 de los centros, as como los requisitos b醩icos que deben reunir para una prestaci髇 adecuada y de calidad atendiendo a su funci髇 principal y al 醡bito de atenci髇 en el que la desempe馻n.

3. Los centros de atenci髇 social, sean de titularidad p鷅lica o privada, contar醤 con una persona responsable de su direcci髇, organizaci髇, funcionamiento y administraci髇, que disponga de la formaci髇 y condiciones que se determinen en la normativa vigente y de desarrollo, en su caso.

Art韈ulo 53 Servicios de atenci髇 social

1. Son servicios de atenci髇 social las prestaciones de car醕ter general o especializado, realizadas por una entidad de servicios sociales, consistentes en la utilizaci髇 de medios o acciones, organizados t閏nica y funcionalmente para cumplir los fines de esta ley. Los servicios de atenci髇 social no precisan estar vinculados de modo necesario a una infraestructura material.

2. La Cartera de Servicios Sociales mantendr actualizada la tipolog韆 de los servicios de atenci髇 social, las condiciones que deban cumplir, as como los requisitos b醩icos que deben reunir para una prestaci髇 adecuada y de calidad.

Art韈ulo 54 Condiciones materiales y funcionales de los centros y servicios de atenci髇 social

1. Sin perjuicio de lo previsto en los art韈ulos anteriores, para la determinaci髇 de las condiciones materiales b醩icas de los centros y servicios se atender de forma primordial a los siguientes aspectos:

  • a) Cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad universal, sanitaria y de seguridad.
  • b) Adecuaci髇 a las actividades de los servicios que prestan y adaptaci髇 a las condiciones f韘icas de sus usuarios.

2. Las condiciones funcionales b醩icas de los centros y servicios se establecer醤 asimismo por la normativa de desarrollo. Para su determinaci髇, se atender de forma primordial a los siguientes aspectos:

  • a) Garant韆 de los derechos de los usuarios.
  • b) Atenci髇 social adecuada.
  • c) Existencia de normas de r間imen interno adecuadas a la prestaci髇 de los servicios.
  • d) R間imen de precios acorde con la normativa vigente.
  • e) Publicidad de la documentaci髇 exigible por la normativa que garantice una informaci髇 completa y accesible sobre los derechos y deberes del usuario, as como de los datos acreditativos del centro y la entidad que realiza la actividad.
  • f) Existencia de personal suficiente, cualificado e id髇eo para la prestaci髇 de los servicios. La normativa de desarrollo establecer las ratios de personal en funci髇 de su cualificaci髇 y funciones, el tipo de usuarios del servicio, as como el r間imen de presencia f韘ica, por turnos.
  • g) Existencia de un documento de admisi髇 en el que figuren las condiciones de prestaci髇 del servicio, para su firma por el usuario y el titular del centro o servicio.
  • h) Fomento de la autonom韆 personal de las personas atendidas.
  • i) Suscripci髇 de p髄izas de seguros de responsabilidad que cubran eventuales da駉s.
  • j) Disposici髇 de un sistema de evaluaci髇 de calidad del centro o servicio.

Cap韙ulo III
Ordenaci髇 de la actividad de los centros y servicios de atenci髇 social

Art韈ulo 55 Disposici髇 general

Como garant韆 de la calidad en la prestaci髇 de los servicios, las entidades y centros de atenci髇 social, para el desempe駉 de sus funciones, estar醤 sujetos al deber de comunicaci髇 y a la necesidad de autorizaci髇 y, en su caso, de acreditaci髇 de su actividad.

Art韈ulo 56 Comunicaci髇

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por comunicaci髇 el acto mediante el que una entidad prestadora de servicios sociales, p鷅lica o privada, pone en conocimiento de la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid el inicio o modificaci髇 de un servicio o la modificaci髇 de un centro de atenci髇 social que no requiera nueva autorizaci髇.

2. Requerir comunicaci髇 a la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid, por parte de las entidades prestadoras de servicios sociales:

  • a) El inicio de la actividad de un servicio de atenci髇 social.
  • b) La modificaci髇 de las condiciones autorizadas en centros de atenci髇 social, siempre que no suponga una alteraci髇 sustancial en su infraestructura o en la definici髇 de su actividad que implique, en la pr醕tica, la creaci髇 de un nuevo centro, que requerir autorizaci髇 administrativa.
  • c) La modificaci髇 de las condiciones funcionales o materiales que pretendan introducirse con posterioridad a la comunicaci髇 de inicio de un servicio de atenci髇 social, salvo que supongan alteraciones sustanciales que den lugar, en la pr醕tica, a un nuevo servicio, lo que requerir que la comunicaci髇 se refiera al inicio de un servicio nuevo.
  • d) El traslado de servicios de atenci髇 social.
  • e) El cambio de titularidad de centros y servicios de atenci髇 social.
  • f) El cese, temporal o definitivo, de la actividad de centros y servicios.

3. La comunicaci髇 se efectuar a trav閟 de las formas establecidas en la normativa sobre procedimiento administrativo com鷑 de las Administraciones p鷅licas. Esta comunicaci髇 permite el inicio de la actividad o del acto comunicado desde el d韆 de su presentaci髇, sin perjuicio de las facultades de comprobaci髇, control e inspecci髇 atribuidas a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales.

Art韈ulo 57 Autorizaci髇 administrativa

1. La autorizaci髇 administrativa es el acto de la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid por el que se reconoce la idoneidad de un centro de atenci髇 social de titularidad p鷅lica o privada para la prestaci髇 de servicios, previa comprobaci髇 del cumplimiento de los requisitos m韓imos exigidos en la normativa aplicable a la finalidad declarada, y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones p鷅licas.

2. Est醤 sometidos a r間imen de autorizaci髇 administrativa, los siguientes actos:

  • a) La creaci髇 de centros de atenci髇 social.
  • b) El traslado de centros.
  • c) La alteraci髇 sustancial en la infraestructura material en los centros de atenci髇 social.
  • d) Los cambios en la identificaci髇 inicial en los centros, entendiendo por tal las alteraciones en el tipo, subtipo o 醡bito de atenci髇 del centro.

3. Las resoluciones de autorizaci髇 administrativa se resolver醤 y notificar醤 en un plazo m醲imo de dos meses desde la fecha de presentaci髇 de la documentaci髇 requerida. Transcurrido dicho plazo sin resoluci髇 expresa, se entender desestimada la autorizaci髇.

Art韈ulo 58 Documentaci髇 y licencia de apertura

1. La solicitud de autorizaci髇 administrativa y la comunicaci髇 se acompa馻r醤, respectivamente, de la documentaci髇 determinada por v韆 reglamentaria para acreditar las condiciones materiales y funcionales, y de una declaraci髇 responsable del representante de la entidad titular relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente de servicios sociales.

2. Los ayuntamientos establecer醤 el r間imen de obligatoriedad de licencia de apertura para los centros de atenci髇 social, as como las condiciones para la concesi髇 de esta.

Art韈ulo 59 Acreditaci髇 administrativa

1. La acreditaci髇 es el acto mediante el que la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid reconoce la capacidad de un centro o servicio de atenci髇 social, de titularidad p鷅lica o privada, para formar parte del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, mediante cualquier forma de colaboraci髇. Es un tr醡ite independiente y complementario a los de autorizaci髇 administrativa y comunicaci髇.

2. La acreditaci髇 tendr por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos y est醤dares de calidad que se establezcan por la consejer韆 competente en materia de servicios sociales.

3. Para concertar o contratar la realizaci髇 de programas, o la prestaci髇 de servicios a trav閟 de entidades, centros o servicios de atenci髇 social con las Administraciones p鷅licas de la Comunidad de Madrid, podr requerirse la acreditaci髇 administrativa.

4. El procedimiento de acreditaci髇 ser objeto de desarrollo reglamentario por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 髍gano competente para otorgar la acreditaci髇 administrativa ser la consejer韆 que ostente las competencias en materia de servicios sociales. Las resoluciones de acreditaci髇 administrativa se resolver醤 y notificar醤 en un plazo m醲imo de cuatro meses desde la fecha de presentaci髇 de la documentaci髇 requerida. Transcurrido dicho plazo sin resoluci髇 expresa, se entender desestimada la solicitud de acreditaci髇.

Art韈ulo 60 Revocaci髇, caducidad e imposibilidad de continuar con la actividad

1. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales acordar la revocaci髇 de la autorizaci髇 o de la acreditaci髇 administrativa para prestar servicios de atenci髇 social o declarar la imposibilidad de continuar con la actividad comunicada en los siguientes supuestos:

  • a) Incumplimiento de las condiciones o desaparici髇 de las circunstancias que motivaron su concesi髇.
  • b) Imposici髇 de una sanci髇 administrativa por infracci髇 muy grave, conforme a lo establecido en el T韙ulo VIII de esta ley, cuando la sanci髇 impuesta implique el cierre total o parcial del centro o servicio.
  • c) Cuando se tenga constancia de la inexactitud, falsedad u omisi髇 de cualquier dato, declaraci髇 o documento que figure en la solicitud o comunicaci髇, o deba acompa馻rlas, o la no presentaci髇 de estas cuando exista obligaci髇 de hacerlo, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

2. La caducidad de la autorizaci髇 o acreditaci髇 administrativa y de los efectos de la comunicaci髇, se producir en el plazo de un a駉 desde su concesi髇 o presentaci髇, respectivamente, si no se hubiese iniciado o llevado a cabo la actividad objeto de aquellas.

Cap韙ulo IV
Participaci髇

Art韈ulo 61 Principio general

Las Administraciones p鷅licas de la Comunidad de Madrid promover醤 la participaci髇 de las personas, los grupos y las entidades sociales, en relaci髇 con la elaboraci髇 y ejecuci髇 de las pol韙icas de servicios sociales. La participaci髇 podr revestir diferentes f髍mulas y emplear distintos cauces, en funci髇 de su finalidad y los part韈ipes.

Art韈ulo 62 Participaci髇 de los usuarios de centros y servicios

1. Todos los centros y servicios integrados en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales contar醤 con un procedimiento que garantice la participaci髇 directa de los usuarios o sus representantes legales y, en su caso, la participaci髇 de las familias, en la forma que la consejer韆 competente en materia de servicios sociales establezca reglamentariamente.

2. Esta participaci髇 se dise馻r con arreglo a criterios democr醫icos y podr extenderse tanto al funcionamiento del centro, como al desarrollo y organizaci髇 de los propios servicios o actividades que constituyen su objeto.

3. En ning鷑 caso, el ejercicio de este derecho podr alterar la tipolog韆 del recurso, su naturaleza o finalidad, los derechos y deberes de los usuarios o al resto de disposiciones establecidas en la presente ley.

Art韈ulo 63 Participaci髇 ciudadana

1. La participaci髇 ciudadana podr realizarse a trav閟 de entidades y mediante su representaci髇 en 髍ganos colegiados, as como a trav閟 de otras v韆s legalmente establecidas, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participaci髇 de la Comunidad de Madrid.

2. La Comunidad de Madrid podr, asimismo, promover f髍mulas de participaci髇, tanto directa como indirecta, como foros, encuestas o consultas, utilizando para ello mecanismos presenciales o virtuales.

3. Se promover醤 espacios compartidos entre ciudadanos y profesionales en los que se facilite el di醠ogo y el intercambio de informaci髇, con ciclos formativos e informativos comunes orientados a ampliar y compartir conocimiento y generar propuestas de actuaci髇 encaminadas a la mejora de los servicios sociales.

Art韈ulo 64 Participaci髇 institucional

La participaci髇 institucional y de representaci髇 de la sociedad, se articular mediante 髍ganos colegiados de car醕ter consultivo que se regir醤 por sus normas propias y por lo establecido en la normativa reguladora del r間imen jur韉ico del sector p鷅lico.

Art韈ulo 65 Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

1. El Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, adscrito a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, se constituye en el m醲imo 髍gano de car醕ter consultivo y de participaci髇 en materia de servicios sociales.

2. En el Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid estar醤 representados, al menos, en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan:

  • a) La Comunidad de Madrid.
  • b) Las entidades locales.
  • c) Las entidades del Tercer Sector de acci髇 social.
  • d) Las asociaciones de usuarios.
  • e) Los colegios profesionales con vinculaci髇 directa al 醡bito de los servicios sociales.
  • f) Las universidades e instituciones acad閙icas.
  • g) Las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representaci髇 en el sector.

3. El Consejo de Servicios Sociales ejercer las siguientes funciones:

  • a) Recibir informaci髇 de la acci髇 y resultados del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales en cada ejercicio.
  • b) Realizar seguimiento sobre los progresos realizados en la ejecuci髇 de los planes.
  • c) Emitir recomendaciones para la mejora del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • d) Informar los proyectos y anteproyectos normativos e instrumentos de planificaci髇 en materia de servicios sociales.
  • e) Deliberar sobre las cuestiones que la consejer韆 competente en materia de servicios sociales someta a su consideraci髇 y aportar sugerencias, propuestas e iniciativas sobre las cuestiones debatidas.
  • f) Promover la inclusi髇 de una perspectiva 閠ica en la planificaci髇, desarrollo y ejecuci髇 de las pol韙icas sociales, en aplicaci髇 de los principios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales establecidos en esta ley, como expresi髇 de los derechos constitucionales a la libertad, igualdad y dignidad de las personas.
  • g) Cualquier otra que le atribuya la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 66 Consejos locales de servicios sociales

Las entidades locales podr醤 constituir 髍ganos de participaci髇 en su respectivo 醡bito territorial, y en el marco de sus competencias, con la misma finalidad de los previstos para la Comunidad de Madrid.

Art韈ulo 67 Impulso del voluntariado

1. La Comunidad de Madrid promover y apoyar la pr醕tica del voluntariado, en sus diferentes manifestaciones, como f髍mula de participaci髇 ciudadana, de expresi髇 de solidaridad y de compromiso con el bienestar y la mejora de la calidad de vida del conjunto de la poblaci髇, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre voluntariado de la Comunidad de Madrid.

2. La acci髇 voluntaria podr actuar de forma complementaria al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y otros sistemas de protecci髇 de la Comunidad de Madrid, y no implicar, en ning鷑 caso, relaci髇 de car醕ter laboral o mercantil o contraprestaci髇 econ髆ica. Tendr siempre un car醕ter complementario de la atenci髇 profesional y no podr sustituir la labor que corresponda a un ejercicio profesional.

T蚑ULO V
Provisi髇 de los servicios sociales

Cap韙ulo I
Formas de provisi髇

Art韈ulo 68 Disposici髇 general

Los Administraciones p鷅licas integradas en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales podr醤 prestar servicios sociales directamente o a trav閟 de las f髍mulas de gesti髇 indirecta legalmente establecidas.

Art韈ulo 69 Gesti髇 directa de las Administraciones p鷅licas

1. Son servicios sociales p鷅licos de gesti髇 directa los prestados por las Administraciones p鷅licas mediante recursos profesionales y financieros propios, sean de Atenci髇 Social Primaria o Especializada.

2. Los servicios de inspecci髇, control de calidad, autorizaci髇, acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social y, en general, las actuaciones que supongan el ejercicio de autoridad sobre entidades prestadoras de servicios sociales, se llevar醤 a cabo mediante gesti髇 directa por las Administraciones p鷅licas.

Art韈ulo 70 Gesti髇 indirecta de los servicios sociales

1. La realizaci髇 de prestaciones de servicios sociales por parte del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, en las funciones no reservadas al ejercicio directo de las Administraciones p鷅licas que lo integran, podr efectuarse, mediante los instrumentos jur韉icos adecuados a cada caso, por entidades privadas.

2. A estos efectos, las entidades privadas podr醤 contratar o concertar con las Administraciones p鷅licas la prestaci髇 de servicios, de acuerdo con las condiciones establecidas en los respectivos procedimientos, en el marco de las normativas reguladoras de la contrataci髇 y concertaci髇 p鷅licas.

3. Las entidades de iniciativa privada que participen en la gesti髇 indirecta de los servicios sociales, estar醤 sujetas a inspecci髇 y control de calidad de su actividad, para lo cual deber醤 colaborar con la Administraci髇 en su labor inspectora, facilitar la informaci髇 requerida y contar con sistemas de informaci髇 interoperables directamente con los de la Comunidad de Madrid, que permitan la extracci髇 directa de los datos relacionados con la operaci髇 del servicio prestado a los usuarios.

Art韈ulo 71 Prestaci髇 de servicios sociales por entidades privadas

1. La actividad privada en el 醡bito de los servicios sociales podr corresponder a personas f韘icas o jur韉icas, sin 醤imo de lucro o de car醕ter mercantil, que cumplan los requisitos establecidos en esta ley.

2. No podr realizarse prestaci髇 de servicios sociales de ninguna naturaleza sin estar en posesi髇 de la previa autorizaci髇 administrativa o haber realizado la comunicaci髇 preceptiva, en su caso.

3. Las bases reguladoras de subvenciones otorgadas por las Administraciones p鷅licas para la realizaci髇 de acciones en el 醡bito de los servicios sociales, establecer醤 las condiciones para lograr una coordinaci髇 efectiva con la actuaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, con el fin de potenciar la eficacia en el empleo de los fondos p鷅licos.

Cap韙ulo II
Concierto social

Art韈ulo 72 R間imen de concertaci髇 en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. A efectos de la presente ley, se entiende por concierto social el instrumento no contractual que permite la realizaci髇 total o parcial de programas sociales, as como la provisi髇 de prestaciones en el marco del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, por entidades privadas.

2. El Consejo de Gobierno establecer, mediante desarrollo reglamentario, el r間imen jur韉ico de la colaboraci髇 y las condiciones de prestaci髇 en los centros y servicios concertados vinculados al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, el procedimiento de suscripci髇, la duraci髇 m醲ima del concierto, las obligaciones de las partes, el seguimiento, la justificaci髇, penalizaciones por incumplimiento de obligaciones, el procedimiento de extinci髇 y la garant韆 de continuidad de los servicios, as como la posibilidad de cesi髇 y la contrataci髇 de servicios accesorios. Dicho desarrollo contemplar, asimismo, la informaci髇 que deben publicar las entidades concertantes que incluir, al menos, en los pliegos o documentos que sustenten el concierto, los importes b醩icos de la concesi髇, las condiciones de la misma, el seguimiento de las infracciones, las modificaciones econ髆icas que se realicen y su justificaci髇, as como las sanciones o informes de seguimiento establecidos.

3. Los conciertos sociales, una vez formalizados, ser醤 inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social.

Art韈ulo 73 Principios de la concertaci髇

1. Los acuerdos de acci髇 concertada relativos a centros y servicios de atenci髇 social del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales requerir醤 la evaluaci髇 y determinaci髇 previa de las necesidades a satisfacer y cumplir醤 los principios de subsidiariedad e igualdad en la atenci髇 de los usuarios.

2. Asimismo, se regir醤 por los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia de los procedimientos y la salvaguarda de una asignaci髇 eficiente de los recursos p鷅licos.

Art韈ulo 74 Objeto del concierto social

1. Podr ser objeto de concertaci髇 por parte de las Administraciones p鷅licas:

  • a) La reserva de plazas en centros o servicios para su ocupaci髇 por usuarios del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. El acceso a las mismas se realizar siempre mediante derivaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica, de acuerdo con los criterios previstos en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios.
  • b) La gesti髇 integral de programas, servicios, prestaciones o centros.

2. Podr efectuarse una concertaci髇 conjunta con una pluralidad de entidades, cuando la realizaci髇 de un servicio integral conlleve, a su vez, la intervenci髇 de diferentes centros o servicios de los que sean titulares entidades distintas, estableciendo en dicho acuerdo mecanismos de coordinaci髇 y colaboraci髇 de obligado cumplimiento.

Art韈ulo 75 Requisitos para la suscripci髇 de conciertos

Podr醤 suscribir conciertos con las Administraciones p鷅licas, en materia de servicios sociales en el 醡bito de la Comunidad de Madrid, las personas f韘icas o jur韉icas de car醕ter privado, cualquiera que sea su naturaleza jur韉ica, conforme a lo dispuesto en la presente ley y de acuerdo con los principios recogidos en el art韈ulo 73 de la misma, as como a los requisitos que se establezcan en su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 76 Financiaci髇 del r間imen de concierto

1. La cuant韆 de los fondos p鷅licos destinados al sostenimiento de servicios concertados se recoger en los presupuestos de las Administraciones p鷅licas correspondientes.

2. Con objeto de determinar dicha cuant韆, anualmente se establecer醤 los importes de los m骴ulos econ髆icos correspondientes a cada prestaci髇 susceptible de concierto.

3. Los m骴ulos econ髆icos retribuir醤, como m醲imo, los costes fijos y variables de las prestaciones, as como los costes indirectos en que se pueda incurrir, garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial.

4. Atendiendo a las especiales caracter韘ticas y necesidades de un grupo o servicio, se podr establecer un precio o modulo econ髆ico por plaza ocupada y un porcentaje inferior por plazas concertadas no ocupadas.

T蚑ULO VI
Calidad, transparencia, inspecci髇 y formaci髇

Cap韙ulo I
Calidad, evaluaci髇 y transparencia de los servicios sociales

SECCI覰 1.a
Calidad y evaluaci髇

Art韈ulo 77 Calidad de los servicios sociales

1. Las Administraciones p鷅licas madrile馻s promover醤 la mejora de la calidad del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y, en especial, la cualificaci髇 y formaci髇 de los empleados p鷅licos que lo integran, as como la investigaci髇.

2. La Cartera de Servicios Sociales definir los criterios y est醤dares m韓imos de calidad, que ser醤 exigibles a todas las prestaciones de servicios sociales, con independencia de la naturaleza de la entidad prestadora de las mismas. Dichos criterios se podr醤 fijar respecto a los recursos materiales y equipamientos, los recursos humanos, los procesos de gesti髇 y los resultados en las personas, tanto beneficiarias o usuarias como profesionales implicadas en la atenci髇.

3. Las evaluaciones de calidad se coordinar醤 con las que realizar la unidad administrativa con competencias en materia de gesti髇 y mejora de la calidad de los servicios sociales p鷅licos.

4. La Comunidad de Madrid garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad exigibles en la Cartera de Servicios Sociales a trav閟 de la evaluaci髇 continua de los mismos, el an醠isis avanzado de datos de operaci髇, as como las funciones de inspecci髇 y control que podr醤 derivar, en su caso, en la aplicaci髇 del r間imen sancionador.

Art韈ulo 78 Objetivos de la calidad en los servicios sociales

1. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales, en colaboraci髇 con las entidades locales, promover la mejora permanente de la calidad de los servicios, que atender a los siguientes objetivos:

  • a) Fomentar la perspectiva de la calidad y el desarrollo concreto de pautas de acci髇 encaminadas a potenciarla en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • b) Desarrollar procesos de atenci髇 integrales, orientados por los principios enunciados en la presente ley, y apoyados en las evidencias de la investigaci髇 y la evaluaci髇.
  • c) Incorporar la formaci髇, las auditor韆s de calidad y la certificaci髇 en la programaci髇 de las unidades, centros y servicios que integran el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • d) Ofrecer informaci髇 p鷅lica, transparente y actualizada relativa a los indicadores de calidad del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

2. Como medio para asegurar el logro de dichos objetivos, la consejer韆 competente en materia de servicios sociales elaborar un plan de calidad de los servicios sociales alineado con el Plan Director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Dicho plan incluir, como m韓imo:

  • a) La determinaci髇 de los objetivos espec韋icos de calidad, indicadores y metodolog韆 de evaluaci髇.
  • b) Los requisitos de calidad exigibles a las prestaciones sociales.
  • c) Los instrumentos y m閠odos de mejora, incluidos los m閠odos de extracci髇 directa de datos de operaci髇 desde las entidades prestadoras de servicios, con los medios que se determinen, para su estudio posterior por los sistemas de an醠isis de datos de la Comunidad de Madrid.
  • d) El an醠isis de la informaci髇 obtenida en procedimientos de participaci髇 de usuarios y personas interesadas.
  • e) Las pautas para la realizaci髇 de estudios de opini髇 y procedimientos de participaci髇.
  • f) Las directrices en materia de formaci髇 de los profesionales del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • g) Los procedimientos relativos a la formulaci髇 de sugerencias, quejas y reclamaciones.

Art韈ulo 79 Calidad en la pr醕tica profesional

1. Los profesionales de los servicios sociales deber醤 reunir los requisitos de titulaci髇 espec韋ica para cada puesto de trabajo.

2. El modelo de gesti髇 de competencias profesionales promovido por la Comunidad de Madrid se orientar al logro de un desempe駉 eficaz y adecuado a los objetivos de calidad.

Art韈ulo 80 Evaluaci髇 en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. La evaluaci髇 de los servicios sociales se dirigir a:

  • a) Obtener evidencias de la eficacia de las pol韙icas sociales y los planes, programas y proyectos en los que se desarrollan.
  • b) Disponer de informaci髇 sobre el funcionamiento, calidad y adecuaci髇 de las prestaciones, centros y servicios de atenci髇 social, de cara a su ajuste y mejora continua.
  • c) Obtener la informaci髇 necesaria para el dise駉 y orientaci髇 de las pol韙icas sociales y el dise駉 de programas y proyectos, a partir de las iniciativas de participaci髇 de la ciudadan韆, usuarios y los profesionales del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

2. La Cartera de Servicios definir los m閠odos de evaluaci髇 id髇eos, junto con los indicadores pertinentes, para los diferentes tipos de prestaciones.

3. La Comunidad de Madrid requerir la implantaci髇 de sistemas de evaluaci髇 de la calidad en los centros y servicios de atenci髇 social.

SECCI覰 2.a
Transparencia

Art韈ulo 81 Transparencia

1. Las Administraciones p鷅licas integradas en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como las entidades privadas con o sin 醤imo de lucro, vinculadas al mismo mediante los correspondientes instrumentos jur韉icos, estar醤 sujetas a las obligaciones legales en materia de transparencia, as como a las relativas a la publicidad de la informaci髇 en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, conforme a lo establecido en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participaci髇 de la Comunidad de Madrid.

2. La informaci髇 se proporcionar en formatos abiertos y reutilizables, junto con sus metadatos, de acuerdo con las normas de estandarizaci髇 vigentes en la normativa espa駉la y europea.

Cap韙ulo II
Funci髇 inspectora

Art韈ulo 82 Objeto de la actuaci髇 inspectora

La actuaci髇 inspectora de la Comunidad de Madrid en materia de servicios sociales tiene por objeto el control, la vigilancia, comprobaci髇 y orientaci髇, relativas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de autorizaci髇 de centros y servicios, as como la supervisi髇 del funcionamiento de los mismos y el aseguramiento de que los servicios se prestan con el nivel de calidad exigido. Dicha actuaci髇 se ejercer por la consejer韆 competente en esta materia.

Art韈ulo 83 Personal inspector

1. La consejer韆 competente en materia de servicios sociales acreditar al personal inspector encargado de realizar las funciones derivadas del objeto establecido en el art韈ulo anterior. La labor inspectora ser efectuada por funcionarios p鷅licos. Para su selecci髇 y nombramiento se tendr醤 especial consideraci髇 criterios de experiencia y conocimientos en materia de servicios sociales.

2. La plantilla de personal inspector deber tener una dimensi髇 suficiente para garantizar el ejercicio de las funciones que la ley le encomienda, as como la adecuaci髇 y calidad permanentes en la prestaci髇 de los servicios.

3. El personal inspector deber acreditar esta condici髇 en el ejercicio de sus funciones, para las que tendr la consideraci髇 de agente de la autoridad.

4. Dichas funciones se llevar醤 a cabo con plena independencia, para lo que podr recabar, cuando lo considere necesario, la cooperaci髇 de otras instituciones p鷅licas en los t閞minos y condiciones previstos en la normativa vigente.

5. Deber guardar secreto y sigilo profesional respecto de los asuntos que conozca por raz髇 de su cargo, funci髇 y actuaciones. Asimismo, deber respetar los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad.

Art韈ulo 84 Actuaciones inspectoras

1. Todos los centros y servicios de atenci髇 social ser醤 inspeccionados de manera peri骴ica con arreglo a un plan de inspecci髇 de los centros y servicios y calidad de los servicios. En todo caso, los centros residenciales y de atenci髇 diurna ser醤 inspeccionados al menos una vez al a駉.

2. No obstante, se llevar a cabo una acci髇 inspectora siempre que se produzca una reclamaci髇 o se tenga conocimiento fehaciente de una deficiencia o actuaci髇 irregular relacionadas con conductas o hechos que puedan ser calificados como infracci髇 grave o muy grave seg鷑 lo previsto en el T韙ulo VIII de esta Ley. Del resultado de la inspecci髇 se informar a los interesados, si los hubiere.

3. En el ejercicio de su actividad, el personal inspector podr:

  • a) Acceder libremente tras identificarse, sin aviso o notificaci髇 previa, a los centros o lugares donde se presten servicios de atenci髇 social. En el caso de domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, deber recabarse el previo consentimiento de sus titulares.
  • b) Acceder a los datos de actividad de los centros para su estudio y detecci髇 de situaciones an髆alas.
  • c) Efectuar las comprobaciones que considere necesarias y pertinentes para el prop髎ito de la inspecci髇.
  • d) Acceder a la documentaci髇 acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios sociales de la entidad y el centro o servicio, as como de aquella informaci髇 o documentaci髇 que se estime necesaria para el adecuado ejercicio de la labor inspectora.
  • e) Acceder a los expedientes de los usuarios, para verificar la adecuaci髇 de las prestaciones y servicios proporcionados.
  • f) Entrevistar a los usuarios, a sus representantes y a sus familiares que voluntariamente acepten facilitar informaci髇 sobre la atenci髇, prestaciones y servicios recibidos.
  • g) Visitar el domicilio de las personas beneficiarias de las prestaciones para verificar la calidad de la asistencia y de la atenci髇 prestada, as como para comprobar la persistencia de los requisitos y condiciones necesarias para el acceso a las mismas, con el consentimiento previo de su titular.
  • h) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de inspecci髇 que le son encomendadas.

4. El personal inspector podr requerir, motivadamente, la comparecencia de los interesados en dependencias p鷅licas, con la finalidad que deber quedar expresada en la correspondiente citaci髇. Esta citaci髇 se realizar de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo com鷑.

5. Las entidades titulares, sus representantes legales y el personal responsable presente en los centros y servicios, estar醤 obligados a facilitar a la inspecci髇 el acceso a las instalaciones y a los sistemas de informaci髇, documentos y datos que sean preceptivos, la interlocuci髇 con los usuarios, as como a suministrar toda la informaci髇 necesaria para conocer y determinar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente en materia de servicios sociales.

6. Se considerar obstrucci髇 a la actuaci髇 inspectora de servicios sociales cualquier acci髇 u omisi髇 que dificulte o impida su ejercicio.

7. En toda inspecci髇, una vez efectuadas las comprobaciones y averiguaciones pertinentes, se levantar醤 actas en las que se har constar:

  • a) Fecha, hora y lugar de la inspecci髇.
  • b) Identificaci髇 del personal inspector.
  • c) Identificaci髇 de la entidad prestadora de servicios y de la persona responsable, en cuya presencia se realiza la inspecci髇.
  • d) Hechos y circunstancias relevantes apreciados en el curso de la inspecci髇.
  • e) Manifestaciones del personal compareciente.
  • f) Las advertencias, recomendaciones o requerimientos que la parte inspectora considere necesarios.
  • g) La firma de la parte inspectora y la manifestaci髇 de la misma acerca de la conformidad o disconformidad con el acta por parte de la persona ante la que se extienda.

8. Se entregar una copia del acta a la persona ante la cual se realice, consider醤dose as notificada ella misma y, en su caso, la entidad correspondiente.

9. Las actas formalizadas por el personal inspector, conforme a los requisitos legales, que recojan los hechos constatados por dicho personal, har醤 prueba de estos salvo que se acredite lo contrario.

10. Las actas tendr醤 car醕ter probatorio en el procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 en materia de procedimiento administrativo com鷑.

Art韈ulo 85 Propuesta de adopci髇 de medidas provisionales

1. Si durante la inspecci髇 se identificasen riesgos para la integridad f韘ica o ps韖uica de los usuarios, u otras situaciones de urgencia inaplazable o de riesgo, el personal inspector podr proponer a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, de forma motivada, la adopci髇 de medidas provisionales de conformidad con lo previsto en la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo com鷑. Cuando dicha consejer韆 entienda que los hechos constatados pudieran ser constitutivos de infracci髇 penal, lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal o de los 髍ganos judiciales competentes.

2. Para la confirmaci髇, modificaci髇 o levantamiento de las medidas provisionales acordadas se estar a lo dispuesto en el art韈ulo 110 de esta ley.

Cap韙ulo III
Innovaci髇 y formaci髇 en servicios sociales

Art韈ulo 86 Programas de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇

1. La Comunidad de Madrid impulsar la investigaci髇 aplicada con el fin de estimular el desarrollo de nuevas propuestas, adecuadas a la atenci髇 de las necesidades sociales existentes y previsibles, y la orientaci髇 eficiente las pol韙icas p鷅licas.

2. Las iniciativas de investigaci髇 en servicios sociales podr醤 encuadrarse en los programas de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 de la Comunidad de Madrid, o en colaboraci髇 con otras comunidades aut髇omas, as como en otros de 醡bito nacional o internacional. En dichas iniciativas podr醤 tomar parte las instituciones acad閙icas y entidades p鷅licas y privadas, as como profesionales con vinculaci髇 a los campos de la investigaci髇, la innovaci髇 y el desarrollo en el 醡bito de los servicios sociales.

3. Para el impulso y el desarrollo de la investigaci髇 y la innovaci髇 podr醤 establecerse f髍mulas de colaboraci髇 con entidades p鷅licas y privadas, as como los instrumentos adecuados y necesarios para participar en proyectos de 醡bito m醩 amplio, sea interregional, estatal, europeo o internacional.

4. La Comunidad de Madrid podr establecer su grado de participaci髇 en los derechos de los resultados de programas de investigaci髇 e innovaci髇 en las que colabore, de acuerdo con su contribuci髇 a las mismas. Del mismo modo, podr establecer las condiciones necesarias para asegurar la transferencia de los resultados y su aplicaci髇 en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, en el marco de la normativa sobre propiedad intelectual e industrial.

Art韈ulo 87 Formaci髇

La consejer韆 competente en materia de servicios sociales promover una formaci髇 especializada, inicial y continua, dirigida al conjunto de profesionales del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, sin perjuicio de la colaboraci髇 con la consejer韆 competente en la formaci髇 del personal propio de la Comunidad de Madrid.

T蚑ULO VII
Financiaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

Art韈ulo 88 Principios de financiaci髇

La habilitaci髇 de cr閐itos en los presupuestos de las Administraciones p鷅licas de la Comunidad de Madrid tiene la finalidad de proveer los recursos necesarios para asegurar la dotaci髇 suficiente de las prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Socia les contempladas en la legislaci髇, en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios, de acuerdo con los niveles de calidad establecidos.

Art韈ulo 89 Recursos generales del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

La financiaci髇 general del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales est constituida por:

  • a) Los cr閐itos destinados a programas de servicios sociales en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
  • b) Los cr閐itos asignados a servicios sociales en los presupuestos de las entidades locales.
  • c) Los cr閐itos procedentes de la Administraci髇 General del Estado para la financiaci髇 de servicios sociales del Sistema P鷅lico de la Comunidad de Madrid, incluidos los derivados del Sistema Estatal para la Autonom韆 y Atenci髇 a Personas en Situaci髇 de Dependencia.
  • d) Los recursos procedentes de organismos supranacionales para la financiaci髇 de programas del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.
  • e) Los recursos de car醕ter extraordinario que se destinen por las Administraciones auton髆ica y locales para servicios e iniciativas sociales.
  • f) Las subvenciones, donaciones, herencias, legados y cualquier otra aportaci髇 voluntaria de personas f韘icas y jur韉icas, para fines de servicios sociales, de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 vigente.
  • g) Los recursos aportados por entidades p鷅licas o privadas en el marco de la inversi髇 de impacto social u otras formas de colaboraci髇 entre instituciones p鷅licas de diferente 醡bito y con la iniciativa privada, tales como el mecenazgo.
  • h) Las aportaciones de usuarios de centros y servicios, en los casos regulados por la normativa.
  • i) Cualquier otro recurso que pudiera corresponder al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

Art韈ulo 90 Financiaci髇 por la Comunidad de Madrid

1. El presupuesto de gastos contemplado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los requerimientos de especificaci髇 establecidos en la normativa reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluir los cr閐itos destinados a programas de servicios sociales desarrollados por la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, a los centros y servicios de Atenci髇 Social Especializada gestionados por esta, a los organismos aut髇omos y entes p鷅licos adscritos a ella, as como a las prestaciones econ髆icas previstas en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios que deban concederse con cargo a los Presupuestos Generales de la comunidad aut髇oma.

2. Asimismo, la Comunidad de Madrid incluir en sus Presupuestos Generales los cr閐itos destinados a participar en la financiaci髇 de la Red de Atenci髇 Social Primaria, que se determinar de manera proporcional, en funci髇 de los niveles b醩icos de cobertura establecidos y de criterios sociodemogr醘icos y econ髆icos.

3. Con el prop髎ito de impulsar la eficiencia del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, as como de preservar el equilibrio territorial en la atenci髇 social y la prestaci髇 de servicios, la Comunidad de Madrid primar la financiaci髇 de las mancomunidades de servicios sociales constituidas por municipios de poblaci髇 inferior a 20.000 habitantes.

4. Los municipios de poblaci髇 inferior a 20.000 habitantes no integrados en mancomunidades de servicios sociales deber醤 prestar los servicios en las condiciones de calidad establecidas en el Cat醠ogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios. La financiaci髇 de la Comunidad de Madrid se realizar, en su caso, en las mismas condiciones que las del resto de municipios que superan los 20.000 habitantes.

5. La desvinculaci髇 de una mancomunidad por parte de un municipio previamente integrado en ella no supondr, para este, garant韆 de financiaci髇 por la Comunidad de Madrid en la parte proporcional de la financiaci髇 a la mancomunidad que pudiera corresponder a su participaci髇 en la misma, en consonancia con lo establecido en el apartado 3 de este art韈ulo.

6. En el caso de la puesta en marcha de programas o iniciativas de servicios sociales por las Administraciones p鷅licas integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, en el marco de sus respectivas competencias, podr醤 establecerse f髍mulas de colaboraci髇 y cofinanciaci髇 con el fin de garantizar la coordinaci髇 y la responsabilidad compartida.

7. La Comunidad de Madrid impulsar y apoyar la puesta en marcha de iniciativas singulares y proyectos piloto de 醡bito limitado, con las perspectivas de su generalizaci髇 al conjunto de nuestra regi髇 y de potenciar el equilibrio territorial.

8. Cualquier atribuci髇 de competencias de titularidad auton髆ica a las entidades locales, conllevar la transferencia de los medios materiales, personales y econ髆icos que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la norma que la regule.

Art韈ulo 91 Aportaciones de los usuarios y r間imen de precios

1. Las Administraciones p鷅licas integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, podr醤 establecer la participaci髇 econ髆ica de los usuarios en el coste de las prestaciones de servicio contenidas en sus respectivos cat醠ogos de prestaciones, de acuerdo con los criterios generales establecidos en la presente ley y en las normas sectoriales aplicables, que se desarrollar醤 en la Cartera de Servicios de la Comunidad de Madrid.

2. Para la determinaci髇, tanto de la obligatoriedad de las aportaciones como de sus cuant韆s, que ser醤 las mismas, se realice la provisi髇 de las prestaciones mediante gesti髇 directa o indirecta, se tendr en cuenta la naturaleza de los servicios, su coste, el grupo de poblaci髇 al que se dirigen y su capacidad econ髆ica y patrimonial, de forma que la contribuci髇 de los usuarios se realice de acuerdo con los principios de equidad, proporcionalidad, progresividad, redistribuci髇 y universalidad. En todo caso, en la determinaci髇 de la cuant韆 que corresponda aportar a los usuarios se tendr en cuenta la obligaci髇 de reservar a su disposici髇 una parte de sus recursos para atender gastos personales. La cuant韆 de esta reserva para la atenci髇 de gastos personales se revisar anualmente.

3. La capacidad econ髆ica de los usuarios no limitar ni supondr obst醕ulo para el acceso al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, sin perjuicio de su valoraci髇 en lo relativo a las aportaciones y precios p鷅licos de los usuarios.

4. Podr醤 establecerse, por v韆 reglamentaria, modalidades alternativas de pago para los casos en que los ingresos peri骴icos del usuario y, en su caso, los de las personas obligadas legalmente a prestarle asistencia, no permitan hacer frente, de forma pecuniaria, al pago del precio correspondiente, o en el supuesto de impago de la participaci髇 econ髆ica establecida para el usuario.

5. Los precios de plazas de centros y servicios financiadas en exclusiva por otras Administraciones p鷅licas se regir醤 por las normas establecidas por estas. La Comunidad de Madrid podr establecer precios de referencia relativos a dichas plazas. El Consejo de Servicios Sociales podr emitir recomendaciones sobre precios de referencia.

6. Los precios de las plazas de centros y servicios de titularidad privada, no financiadas total o parcialmente con fondos p鷅licos destinados a servicios sociales, estar醤 sujetos a comunicaci髇 a la consejer韆 competente en materia de consumo. La Comunidad de Madrid podr establecer requisitos espec韋icos en materia de publicidad del r間imen de precios.

7. La prestaci髇 del servicio p鷅lico por estancia o atenci髇 en centros de atenci髇 social para personas con discapacidad tendr car醕ter gratuito para los usuarios de los mismos. Tambi閚 lo ser para los menores de edad en el sistema de protecci髇 o ejecuci髇 de medidas judiciales de la Comunidad de Madrid.

Art韈ulo 92 Otras contribuciones de personas o entidades al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales

1. Las personas f韘icas y jur韉icas ajenas al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales podr醤 participar, por propia iniciativa, en la realizaci髇 y financiaci髇 de actividades de aquel, encuadradas en las l韓eas de actuaci髇 recogidas en el Plan Director de Servicios Sociales, mediante la celebraci髇 de convenios previstos en la normativa sobre r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas, incluido el mecenazgo, con arreglo a la legislaci髇 aplicable en cada caso.

2. La relaci髇 de mecenazgo permitir la participaci髇 de personas f韘icas o jur韉icas en la financiaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales mediante la aportaci髇 de fondos o la entrega o cesi髇 de bienes.

3. Las aportaciones de mecenazgo podr醤 ser en met醠ico o en especie, mediante la entrega de bienes o la prestaci髇 de servicios. Los mecenas tendr醤 la potestad de decidir el destino de su aportaci髇, as como de ser o韉o en el proceso de toma de decisiones relativas a su definici髇 y ejecuci髇, e informado de la evaluaci髇 de sus resultados.

4. Por v韆 reglamentaria se podr醤 establecer procedimientos espec韋icos relativos a la colaboraci髇 mediante mecenazgo u otras f髍mulas.

5. Las personas f韘icas o jur韉icas que mantengan relaci髇 convencional con las Administraciones p鷅licas de la Comunidad de Madrid, tendr醤 derecho a la visibilidad de su nombre o imagen asociada a las actividades financiadas o realizadas, en los t閞minos que establezcan las cl醬sulas de los convenios que sustenten aquellas y la normativa espec韋ica que sea de aplicaci髇, sin perjuicio de los beneficios contemplados en la normativa sobre mecenazgo.

T蚑ULO VIII
R間imen sancionador

Cap韙ulo I
Infracciones

SECCI覰 1.a
Disposiciones Generales

Art韈ulo 93 Infracciones en materia de servicios sociales

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal b醩ica y en la regulaci髇 sectorial aplicable en materia de servicios sociales.

2. A efectos de la presente ley, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con la naturaleza de la obligaci髇 infringida y la entidad del derecho afectado.

Art韈ulo 94 Sujetos responsables

Son responsables de las infracciones administrativas en materia de servicios sociales:

  • 1. Por infracciones cometidas en el ejercicio de la actividad de centros y servicios sociales:
    • a) Las personas f韘icas o jur韉icas titulares, gestores, directores y administradores de los centros y servicios de atenci髇 social, cuando en su actuaci髇 concurra dolo o culpa.
    • b) Las personas f韘icas o jur韉icas que realicen actos fraudulentos o utilicen de personas f韘icas o jur韉icas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a lo establecido en la presente ley y disposiciones que la desarrollen.
    • c) Los titulares ser醤 responsables directos de sus propios actos y subsidiarios de las infracciones cometidas por cualquier persona que intervenga en las actividades del centro o servicio, con independencia del lugar y la forma en que se lleve a cabo tal actividad, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que resulten procedentes. La titularidad, salvo prueba en contrario, se presumir que la ostentan aquellas personas a cuyo nombre figure en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social.
    • d) Las infracciones cometidas por profesionales de los centros o servicios se calificar醤 y sancionar醤 de acuerdo con la normativa administrativa o laboral de aplicaci髇, o por v韆 judicial, caso de constituir infracci髇 penal. Ser de aplicaci髇 subsidiaria esta ley para las infracciones tipificadas en la Secci髇 2 de este Cap韙ulo.
  • 2. Los usuarios de centros y servicios y los beneficiarios de las prestaciones, respecto de las infracciones tipificadas en la Secci髇 3 de este Cap韙ulo.
  • 3. Las personas que realicen conductas de colaboraci髇 necesaria o de encubrimiento de las infracciones realizadas por los sujetos responsables, s髄o ser醤 asimismo responsables en los casos en que su conducta est expresamente prevista en las secciones segunda y tercera de este cap韙ulo.

Art韈ulo 95 Prescripci髇 de las infracciones

1. Las infracciones en materia de servicios sociales tipificadas en esta ley prescribir醤 en los plazos siguientes:

  • a) Un a駉, en el caso de las infracciones leves.
  • b) Tres a駉s, para las infracciones graves.
  • c) Cinco a駉s, para las muy graves.

2. Dicho plazo comenzar a contar desde el d韆 de comisi髇 de la infracci髇. En el caso de infracci髇 continuada, el c髆puto del plazo se iniciar tomando como referencia la finalizaci髇 de la conducta infractora.

SECCI覰 2.a
Infracciones en el ejercicio de la actividad de Centros y Servicios de Atenci髇 Social

Art韈ulo 96 Infracciones leves

Constituye infracci髇 leve el incumplimiento, por acci髇 u omisi髇, de los requisitos establecidos por la presente ley y las disposiciones que la desarrollen, as como de los est醤dares de calidad establecidos por la consejer韆 competente en materia de servicios sociales y publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid u otro instrumento de similar eficacia, que no constituya infracci髇 grave o muy grave de acuerdo con la misma, y no genere un riesgo para la seguridad o la salud de los usuarios de los centros y servicios de atenci髇 social.

Art韈ulo 97 Infracciones graves

Constituyen infracciones graves, las siguientes:

  • a) Incumplir, por acci髇 u omisi髇, los requisitos establecidos por la presente ley y disposiciones que la desarrollen, cuando produzca consecuencias para la integridad de los usuarios o profesionales de los centros o servicios, o para su patrimonio.
  • b) Descuidar el deber de asistencia o no facilitar la atenci髇 de las necesidades b醩icas de usuarios, de acuerdo con la finalidad del centro o servicio, as como las medidas de vigilancia o cuidado especial que precisen, e imponer un horario inadecuado, de acuerdo con los est醤dares de vida socialmente admitidos.
  • c) No mantener el expediente de cada persona usuaria o los sistemas de informaci髇 de incidencias debidamente actualizados en los t閞minos establecidos en la normativa de aplicaci髇.
  • d) No suscribir con los usuarios la relaci髇 contractual correspondiente conforme a lo previsto en la normativa de aplicaci髇.
  • e) Permitir o mantener el exceso de ocupaci髇, en relaci髇 con lo dispuesto en la normativa reguladora de las condiciones materiales m韓imas de los centros y servicios.
  • f) No disponer de personal suficiente, as como con la titulaci髇 oficial o cualificaci髇 exigida en virtud de lo establecido por la normativa de aplicaci髇.
  • g) No tener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad.
  • h) Iniciar o modificar cualquiera de las actividades previstas en el art韈ulo 56.2 de esta ley con omisi髇 del deber de comunicaci髇 previa.
  • i) Incumplir el deber de secreto profesional y confidencialidad con respecto a datos de los usuarios, sin perjuicio de las acciones que procedan en aplicaci髇 de la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.
  • j) No preservar el derecho a la intimidad de los usuarios.
  • k) Incumplir la normativa aplicable al centro o servicio, cuando ello pueda ocasionar da駉 o perjuicio para los usuarios.
  • l) Incumplir las obligaciones relativas a la informaci髇 y documentaci髇 que debe presentarse ante la Administraci髇.
  • m) No custodiar y administrar con la debida transparencia los bienes de los usuarios de centros o servicios por parte de sus responsables, cuando sean guardadores de hecho y act鷈n como tales conforme a lo dispuesto en el ordenamiento civil, y sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en otro orden.
  • n) Realizar ofertas o publicidad de centros y servicios que no se correspondan con los prestados efectivamente, sin perjuicio de las actuaciones que procedan en materia de consumo.
  • ) No aportar informaci髇 y documentaci髇 veraz y completa para tramitar la autorizaci髇, acreditaci髇 o el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social.
  • o) Obstruir o dificultar la acci髇 del personal inspector en el desempe駉 de sus funciones.
  • p) Restringir los derechos de los usuarios, as como su libertad de ingreso, permanencia y salida de los centros, salvo lo previsto al efecto por la legislaci髇 para menores y personas con capacidad de obrar modificada.
  • q) Realizar actos que alteren o perturben el normal funcionamiento del centro o servicio o sus condiciones de habitabilidad cuando afecten a la asistencia que prestan.
  • r) Omitir el deber de facilitar informaci髇, faltar al respeto, establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia o presi髇 al personal de centros y servicios, usuarios o sus familiares o acompa馻ntes como consecuencia del ejercicio de sus respectivos derechos o para disuadir de hacerlo, siempre que no sean constitutivas de delito.
  • s) Carecer de lista actualizada de precios o cobrar a los usuarios de centros o servicios cantidades superiores a las que corresponda.
  • t) Reincidir en la comisi髇 de infracciones leves. La reincidencia vendr determinada por la comisi髇 de una segunda infracci髇 de la misma naturaleza en el t閞mino de un a駉, tras una primera declarada as mediante resoluci髇 administrativa firme.

Art韈ulo 98 Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

  • a) Las acciones y omisiones tipificadas como leves o graves cuando de su comisi髇 se deriven da駉s permanentes para la integridad f韘ica o ps韖uica de los usuarios, o que requieran para su sanidad intervenci髇 m閐ica o quir鷕gica, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir.
  • b) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en aplicaci髇 de lo establecido en la presente ley.
  • c) Vulnerar los derechos de los usuarios de centros y servicios y no respetar la confidencialidad de sus datos, con afectaci髇 a su dignidad o a su integridad, as como el encubrimiento de dicha conducta.
  • d) Realizar actividades en centros o servicios de atenci髇 social al margen de la normativa reguladora, de la autorizaci髇 y acreditaci髇 de los mismos.
  • e) Impedir con violencia o intimidaci髇 la acci髇 inspectora, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir por los actos de violencia o intimidaci髇 realizados.
  • f) Agredir f韘ica o verbalmente por parte del personal del centro o servicio a usuarios, familiares o acompa馻ntes, o al personal inspector, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir.
  • g) Reincidir en la comisi髇 de infracciones graves. La reincidencia vendr determinada por la comisi髇 de una segunda infracci髇 de la misma naturaleza en el t閞mino de un a駉, tras una primera declarada as mediante resoluci髇 administrativa firme.

SECCI覰 3
Infracciones de los usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones

Art韈ulo 99 Infracciones leves

Son infracciones leves, las siguientes:

  • a) No facilitar los datos o documentos requeridos y que sean legalmente exigibles, en los casos en los que ya se ha obtenido o se est disfrutando del centro, servicio o prestaci髇.
  • b) No comparecer de manera injustificada en la fecha fijada ante el 髍gano gestor de la prestaci髇 cuando este se lo requiera motivadamente para su confirmaci髇 o renovaci髇, cuando esta ya se ha obtenido o se est disfrutando del centro, servicio o prestaci髇.
  • c) Mostrar falta de consideraci髇 y de respeto hacia el personal del centro o servicio o a los otros usuarios o visitantes.
  • d) Incumplir el reglamento de funcionamiento del centro cuando no est tipificado como falta grave o muy grave.

Art韈ulo 100 Infracciones graves

Son infracciones graves, las siguientes:

  • a) Falsear datos a la Administraci髇, si la falsedad no ha sido determinante para acceder a la prestaci髇.
  • b) No comunicar a la Administraci髇 los cambios o las alteraciones de las circunstancias o de los requisitos que determinaron la concesi髇 de la prestaci髇.
  • c) Producir da駉s a las instalaciones del centro o servicio.
  • d) Alterar gravemente la convivencia del centro o servicio.
  • e) Poner en concreto peligro al personal del centro o servicio o a las dem醩 usuarios o visitantes, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir.

Art韈ulo 101 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves de los usuarios de centros y servicios o beneficiarias de las prestaciones, las siguientes:

  • a) Reincidir en la comisi髇 de infracciones graves. La reincidencia vendr determinada por la comisi髇 de una segunda infracci髇 de la misma naturaleza en el t閞mino de un a駉, tras una primera declarada as mediante resoluci髇 administrativa firme.
  • b) Falsear datos a la Administraci髇, si la falsedad ha sido determinante para acceder a la prestaci髇.
  • c) Cometer agresi髇 f韘ica o sexual al personal del centro o servicio, o a las dem醩 usuarios o visitantes, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir.

Cap韙ulo II
Sanciones

SECCI覰 1.a
Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios y a los usuarios de centros y servicios y a los beneficiarios de prestaciones

Art韈ulo 102 Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios de atenci髇 social

1. Las infracciones tipificadas en la presente secci髇 se sancionar醤 de la manera siguiente:

  • a) Infracciones leves: apercibimiento escrito o multa de hasta 10.000 euros.
  • b) Infracciones graves: multa desde 10.001 euros hasta 100.000 euros.
  • c) En caso de infracciones muy graves, se podr醤 imponer todas o algunas de las sanciones siguientes, en funci髇 del alcance de la infracci髇 y de quienes sean responsables de la misma:
    • 1. Multa desde 100.001 euros hasta 1.000.000 euros.
    • 2. Inhabilitaci髇 para ejercer como director, gestor o administrador de centros o servicios de atenci髇 social durante los cinco a駉s siguientes.
    • 3. Prohibici髇 para el ejercicio de actividades de servicios sociales, bien directamente, a t韙ulo individual, bien indirectamente, como miembro del 髍gano de administraci髇 de personas jur韉icas que se dediquen, directa o indirectamente, a tales actividades, o como representante, gestor, director, administrador o apoderado, de hecho o de derecho, de las mismas, en el desempe駉 de cualquiera de las facultades que le corresponden.

2. La imposici髇 de sanciones deber garantizar, en todo caso, que la comisi髇 de una infracci髇 no resulte m醩 beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. Cuando, como consecuencia directa o indirecta de la infracci髇, se haya obtenido un beneficio il韈ito, el 髍gano competente para resolver el procedimiento sancionador podr sobrepasar las cantidades m醲imas establecidas en el p醨rafo anterior, hasta alcanzar el s閤tuplo del beneficio il韈ito obtenido.

3. En las infracciones muy graves podr醤 establecerse como sanciones accesorias:

  • a) La prohibici髇 del ejercicio de las actividades contempladas en esta ley por un plazo de entre uno y diez a駉s, con la consiguiente revocaci髇, en su caso, de la autorizaci髇 o autorizaciones administrativas para los centros y servicios de los que fuere titular.
  • b) La prohibici髇 de financiaci髇 p鷅lica por un per韔do entre uno y cinco a駉s.
  • c) El cierre definitivo total o parcial del centro o servicio, que llevar impl韈ita la revocaci髇 de la autorizaci髇 o acreditaci髇 administrativa del centro, as como los efectos de las comunicaciones reguladas en el art韈ulo 56 de esta ley.

Art韈ulo 103 Sanciones a usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones

Las infracciones cometidas por usuarios de centros y servicios y beneficiarios de prestaciones se sancionar醤:

  • 1. Las infracciones leves, con una amonestaci髇 o una multa por un importe de 100 a 300 euros.
  • 2. Las infracciones graves, con la suspensi髇 de la condici髇 de persona usuaria o beneficiaria de la prestaci髇 o con el traslado temporal a otro centro, por un per韔do m醲imo de doce meses.
  • 3. Las infracciones muy graves, en atenci髇 al tipo de infracci髇, con:
    • a) La extinci髇 de la prestaci髇 econ髆ica o su reintegro, en los casos que proceda.
    • b) La suspensi髇 del servicio por un per韔do de entre uno y cinco a駉s.
    • c) El traslado definitivo a otro centro.
    • d) La expulsi髇 del centro.

SECCI覰 2.a
Disposiciones comunes

Art韈ulo 104 Criterios de graduaci髇 de las sanciones

Para la imposici髇 de las sanciones se considerar醤 los siguientes criterios de graduaci髇 de las mismas:

  • a) La gravedad de la infracci髇.
  • b) La existencia de intencionalidad.
  • c) La gravedad del riesgo o los efectos para la salud e integridad de los usuarios y as como los perjuicios objetivables de otro orden causados por la misma.
  • d) El n鷐ero de personas afectadas.
  • e) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
  • f) El lucro obtenido con la actividad objeto de sanci髇.
  • g) La inobservancia de las advertencias, recomendaciones o requerimientos formulados por el personal inspector en el plazo habilitado para la subsanaci髇 de las deficiencias notificadas.
  • h) La reparaci髇 de los da駉s causados, o la colaboraci髇 en dicha reparaci髇, antes de la finalizaci髇 del procedimiento sancionador.

Art韈ulo 105 Enriquecimiento injusto

1. El tercero que hubiera obtenido un enriquecimiento injusto con motivo de una infracci髇 tipificada en esta ley, tendr el deber de restituci髇 frente a la Administraci髇 tan pronto como tuviera noticia del origen il韈ito del beneficio obtenido y, en todo caso, cuando fuera reclamado por la Administraci髇, en la forma y con los plazos establecidos en la normativa administrativa b醩ica.

2. Sin perjuicio de la sanci髇 que pudiera corresponder por la infracci髇 cometida, y como consecuencia accesoria de la misma, cuando de 閟ta se derive un enriquecimiento indebido de un tercero, la persona o entidad infractora ser responsable solidario de la restituci髇 del importe equivalente al enriquecimiento producido.

Art韈ulo 106 Publicidad de la sanci髇

Cuando concurra alguna de las circunstancias de riesgo o da駉 efectivo para los usuarios de los centros y servicios, reincidencia o intencionalidad acreditada, el 髍gano competente para resolver el procedimiento sancionador podr acordar, por razones de ejemplaridad, que se d publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en v韆 administrativa, mediante la publicaci髇 del nombre de las personas f韘icas o jur韉icas responsables, con indicaci髇 expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuar en el Portal de Transparencia del mismo y en los medios de comunicaci髇 que se consideren adecuados con objeto de prevenir conductas infractoras similares.

Art韈ulo 107 Actualizaci髇 de las sanciones

La actualizaci髇 de las cuant韆s de las sanciones se realizar mediante norma reglamentaria del Consejo de Gobierno.

Cap韙ulo III
R間imen sancionador

Art韈ulo 108 Procedimiento

1. La imposici髇 de sanciones administrativas requerir la instrucci髇 de un procedimiento, conforme a lo establecido en la normativa sobre r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas y procedimiento administrativo.

2. Ser competente para iniciar el procedimiento sancionador:

  • a) Respecto de las infracciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios de atenci髇 social, el centro directivo competente en materia de ordenaci髇 de centros y servicios de atenci髇 social. En ning鷑 caso podr considerarse como incoaci髇 la propuesta de inicio formulada por el personal inspector.
  • b) Respecto de las infracciones de los usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones, el centro directivo competente por raz髇 de la materia.

3. La instrucci髇 corresponder al personal funcionario de la consejer韆 competente, designado al efecto.

4. Ser competente para resolver el procedimiento sancionador la persona titular de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, salvo en el caso de cierre definitivo total o parcial del centro o servicio, en cuyo caso la competencia recaer en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

5. La apertura de un procedimiento sancionador en el 醡bito administrativo no ser obst醕ulo para la determinaci髇 y exigencia de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.

6. El plazo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores ser de un a駉, sin perjuicio de lo establecido para los procedimientos de tramitaci髇 simplificada en la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo com鷑.

7. Transcurrido el plazo para resolver y notificar la correspondiente resoluci髇 sin que esta se haya producido, se declarar su caducidad conforme a lo establecido en la legislaci髇 del procedimiento administrativo com鷑.

8. Cuando el procedimiento sancionador se produzca por infracciones cometidas por los usuarios de centros y servicios de titularidad municipal o beneficiarios de las prestaciones establecidas o gestionadas por las entidades locales, el centro directivo competente para la instrucci髇 y para la resoluci髇 del procedimiento sancionador, podr delegar en el 髍gano correspondiente para el ejercicio de tales competencias de la entidad local, la instrucci髇 y resoluci髇 del procedimiento, respectivamente.

Art韈ulo 109 Concurrencia de infracciones y delitos

1. Cuando, a la vista de los hechos, el 髍gano competente para la instrucci髇 del procedimiento considerase que los mismos pueden ser constitutivos de delito, pondr esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Fiscal o del 髍gano jurisdiccional competente. En este caso, como cuando tenga conocimiento de que se est sustanciando un proceso penal, el 髍gano competente para la iniciaci髇 del procedimiento acordar la suspensi髇 del mismo hasta que recaiga resoluci髇 judicial firme, con los efectos establecidos en el ordenamiento jur韉ico.

2. De no estimarse la existencia de delito, o en el caso en que, estim醤dose, tal calificaci髇 pudiera ser compatible con la existencia de una infracci髇 administrativa se continuar con el procedimiento sancionador tomando como base los hechos que, en su cas o, la autoridad judicial hubiera considerado probados.

Art韈ulo 110 Medidas provisionales en el procedimiento sancionador

1. El 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador podr adoptar, con anterioridad a la apertura del mismo, las medidas provisionales urgentes y precisas para evitar perjuicios graves a terceros y asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiera recaer, en su caso, incluida la designaci髇 de un empleado p鷅lico para dirigir y coordinar la actividad del centro. Las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del correspondiente procedimiento sancionador, que deber efectuarse dentro de los quince d韆s siguientes a la adopci髇 de aquellas. Dicho acuerdo podr ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedar醤 sin efecto si no se inicia el procedimiento en plazo se馻lado o cuando el acuerdo de iniciaci髇 no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

2. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el 髍gano competente para resolver podr adoptar las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pueda recaer, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada y de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

3. El sujeto contra el que se dirige el procedimiento sancionador tendr derecho a formular alegaciones y presentar la documentaci髇 que juzgue pertinente, lo que se valorar a los efectos de la confirmaci髇, modificaci髇 o levantamiento de las medidas provisionales.

4. Adem醩 de las previstas en el apartado 1 de este art韈ulo, podr醤 acordarse las medidas provisionales previstas en la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo com鷑 y procedimiento civil, siempre que no causen perjuicio de dif韈il o imposible reparaci髇 a los interesados y que no impliquen violaci髇 de derechos amparados por las leyes.

5. Las medidas provisionales podr醤 ser alzadas o modificadas durante la tramitaci髇 del procedimiento sancionador, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopci髇. En todo caso, se extinguir醤 cuando surta efectos la resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Art韈ulo 111 Pago voluntario y reducci髇 de la sanci髇

En los casos de pago voluntario de las sanciones pecuniarias propuestas, se atender a lo previsto sobre la reducci髇 de sanciones en la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo com鷑 de las Administraciones p鷅licas, a efectos de la minoraci髇 de su cuant韆.

Art韈ulo 112 Ejecuci髇 forzosa

1. El importe de las multas y el de las responsabilidades administrativas podr ser exigido por la v韆 administrativa de apremio.

2. El 髍gano directivo competente para resolver el procedimiento sancionador podr imponer de multas coercitivas, reiteradas en per韔dos de tiempo suficientes para el cumplimiento de lo ordenado para la restituci髇 de la situaci髇 a las condiciones legalmente exigibles, una vez hayan transcurridos los plazos se馻lados en el requerimiento correspondiente sin que se hubiera cumplido la sanci髇, en los siguientes supuestos:

  • a) Actos personal韘imos en los que no proceda la compulsi髇 directa sobre la persona obligada.
  • b) Actos en los que, procediendo la compulsi髇, la Administraci髇 no la considere conveniente.
  • c) Actos cuya ejecuci髇 la persona obligada pueda encomendar a otra.

3. Se impondr en la cuant韆 que se estime procedente, dentro de los l韒ites establecidos para la sanci髇 de multa prevista para la infracci髇 cometida, que podr醤 ser incrementados en un 20 por ciento en su cuant韆 m醲ima.

4. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.

Art韈ulo 113 Destino del importe de las sanciones

La Comunidad de Madrid destinar los ingresos provenientes de la imposici髇 de las sanciones establecidas en esta ley a la mejora de la calidad y la cobertura del sistema de servicios sociales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICI覰 ADICIONAL PRIMERA Integraci髇 de prestaciones del Sistema de Seguridad Social

Se integrar醤 en el sistema de prestaciones comprendido en el Cat醠ogo y la Cartera de Servicios, la gesti髇 de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilaci髇 de la Seguridad Social, de las pensiones asistenciales para personas mayores y enfermos incapacitados para el trabajo del extinguido Fondo Nacional de Asistencia Social, as como el subsidio de garant韆 de ingresos m韓imos, el subsidio por ayuda de tercera persona, ambos con vigencia transitoria, y el subsidio de movilidad y compensaci髇 para gastos de transporte, previstos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en los t閞minos de vigencia previstos por la Disposici髇 transitoria vig閟ima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el 醡bito, todo ello de la competencia atribuida a la Comunidad de Madrid por el art韈ulo 28.1.2 de su Estatuto.

DISPOSICI覰 ADICIONAL SEGUNDA Prestaci髇 de servicios de Atenci髇 Social Especializada por los municipios

El Mapa de Servicios Sociales identificar los centros y servicios de atenci髇 social correspondientes a la Atenci髇 Social Especializada que sean de titularidad municipal. Los centros y servicios de esta naturaleza gestionados por entidades locales a la entrada en vigor de esta ley, mantendr醤 sus condiciones de financiaci髇 y quedar醤 integrados en la Red de Atenci髇 Social Especializada del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

DISPOSICI覰 ADICIONAL TERCERA Regulaci髇 de las ayudas econ髆icas de emergencia

El Consejo de Gobierno establecer reglamentariamente las normas de concesi髇 y justificaci髇 de las prestaciones econ髆icas de emergencia del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICI覰 TRANSITORIA PRIMERA Traslado de la Historia Social 趎ica

En el caso de que no resulte posible el acceso digital a la Historia Social 趎ica a trav閟 del sistema de informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, el centro de servicios sociales de origen deber remitir copia completa de la Historia Social 趎ica al centro de destino, para garantizar el conocimiento 韓tegro del proceso a los profesionales del centro de destino y asegurar la actualizaci髇 de la informaci髇 en el expediente que acompa馻 a los usuarios.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA SEGUNDA Custodia y conservaci髇 de la Historia Social 趎ica en formatos y archivos no digitalizados ni interoperables

1. Mientras el sistema de informaci髇 de servicios sociales no se encuentre plenamente digitalizado, la responsabilidad de custodia recaer, en primer t閞mino, en la direcci髇 de los centros de Atenci髇 Social Primaria donde se realiza o se ha llevado a cabo la 鷏tima atenci髇. En el caso de cierre de centros o servicios de atenci髇 social, se garantizar el mantenimiento de las historias sociales y su traspaso a otros centros o servicios que contin鷈n prestando la atenci髇 o, en todo caso, al centro donde radica el profesional de referencia de la fase de seguimiento. Asimismo, se garantizar el ejercicio del derecho de las personas a conocer sus or韌enes biol骻icos.

2. En todo caso, la custodia y conservaci髇 se realizar conforme a lo previsto en la legislaci髇 de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid en cuanto a los plazos de transferencia y custodia en los archivos de la misma, y con debido cumplimiento de la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos.

V閍se la disposici髇 transitoria tercera 玆esponsabilidad de custodia y mantenimiento de las HSU del D 51/2023, 3 mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social 趎ica, el Registro 趎ico de Usuarios y otros instrumentos de gesti髇 de la informaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M. 5 mayo).LE0000752134_20230506Ir a Norma

DISPOSICI覰 TRANSITORIA TERCERA Validez de la inscripci髇 en el Registro para contratar o concertar la realizaci髇 de programas o la prestaci髇 de servicios en centros y servicios de atenci髇 social

A los centros sociales y los servicios de atenci髇 social previamente inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social, les ser de aplicaci髇 esta ley desde su entrada en vigor.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento de acreditaci髇, para la contrataci髇 o concierto de centros o servicios de atenci髇 social bastar la inscripci髇 en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atenci髇 Social.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA CUARTA Procedimiento de autorizaci髇 en tramitaci髇

Las solicitudes de autorizaci髇 administrativa, en tramitaci髇 a la entrada en vigor de la presente ley, se regular醤 por la normativa vigente en el momento de la solicitud. El funcionamiento posterior de los centros sociales y servicios de atenci髇 social autorizados en virtud de la normativa referida, se someter a lo establecido en la disposici髇 transitoria tercera.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA QUINTA Normativa reglamentaria de aplicaci髇 transitoria

Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de la presente ley, ser醤 de aplicaci髇 las normas de desarrollo existentes en tanto no contradigan lo dispuesto en la presente norma.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA SEXTA Adaptaci髇 de los sistemas de informaci髇 para su interoperabilidad

Las entidades locales que presten servicios sociales dentro del Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid deber醤 garantizar, en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta ley, su adaptaci髇 a los requisitos t閏nicos que permitan la efectiva interoperabilidad de los sistemas de informaci髇, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 11.5.

Las entidades de iniciativa privada que realicen la gesti髇 indirecta de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid en virtud de convenios, contratos o cualquier otro instrumento de colaboraci髇 vigentes, adaptar醤 sus sistemas para la interoperabilidad exigida en el art韈ulo 70.3, en el plazo m醲imo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta ley.

DISPOSICI覰 DEROGATORIA 贜ICA Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley.

2. En particular quedan derogadas las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICI覰 FINAL PRIMERA Habilitaci髇 de desarrollo normativo

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la ejecuci髇 y desarrollo de la presente ley.

V閍se Ley 1/2023, 15 febrero, de creaci髇 de la Agencia Madrile馻 para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (獴.O.C.M. 17 febrero).LE0000747876_20230218Ir a Norma

DISPOSICI覰 FINAL SEGUNDA Entrada en vigor

La presente ley entrar en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el BOLET蚇 OFI-CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci髇 esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.