Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto de la presente Orden es regular el desarrollo y los procedimientos aplicables a las actuaciones de vivienda y suelo promovidas al amparo de:

• a) El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio.
• b) El Decreto 128/2002, de 17 de abril, por el que se regula la intervención de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía en las áreas de rehabilitación concertada.
• c) El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

2. También es objeto de la presente orden instrumentar los procedimientos para acceder a la financiación derivada de los convenios suscritos por las Administraciones Públicas con las entidades de crédito.

Artículo 2 El Consejo de Participación

1. El Consejo de Participación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, creado por el artículo 8 del Texto Integrado del citado Plan, estará presidido por la persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio e integrado por las siguientes personas:

• a) Titular de la Viceconsejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que ostentará la Vicepresidencia Primera.
• b) Titular de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que ostentará la Vicepresidencia Segunda.
• c) Una en representación de la Dirección General de Urbanismo.
• d) Una en representación de la Consejería de Economía y Hacienda.
• e) Una en representación de la Consejería de Gobernación.
• f) Una en representación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
• g) Una en representación del Instituto Andaluz de la Juventud.
• h) Una en representación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
• i) Una en representación de la Asociación Andaluza de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo.
• j) Dos en representación de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
• k) Dos en representación de las organizaciones sindicales de mayor implantación en Andalucía.
• l) Dos en representación de las entidades financieras, operantes en Andalucía.
• m) Una en representación de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
• n) Una en representación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía.
• o) Una en representación de los Colegios profesionales vinculados al sector de la vivienda y suelo.
• p) Una en representación de aquellos otros colectivos sociales vinculados a la problemática de la vivienda y suelo que determine el Presidente.
• q) Dos en representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

El nombramiento de las personas representantes de las instituciones y organizaciones mencionadas será efectuado, a propuesta de estas, por quien ostente la Presidencia, quien también nombrará de entre las personas licenciadas en Derecho adscritas a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, la persona que desempeñará la Secretaría, que actuará con voz y sin voto.

2. El Consejo de Participación se regirá por lo establecido en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3 Definición de los grupos de especial protección

1. En relación con los grupos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de especial protección, se considerarán:

• a) Jóvenes, aquellas personas que no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad del joven, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte de los ingresos familiares.
• b) Mayores, aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. El requisito de la edad del mayor, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte de los ingresos familiares.
• c) Familias numerosas, las definidas como tales por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las Familias Numerosas.
• d) Familia monoparental, la integrada por el padre o la madre y los hijos con los que convivan o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela.
• e) Víctimas de violencia de género, aquellas que acrediten tener dicha condición, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
• f) Víctimas de terrorismo, aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certificado de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
• g) Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar que se encuentren al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias en su caso, aquellas que acrediten documentalmente que tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentren privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial y declaren responsablemente estar al corriente en dichas pensiones o que no les corresponden estos pagos.
• h) Emigrantes retornados, aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certificación emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
• i) Unidades familiares con personas en situación de dependencia, aquellas que hayan obtenido el reconocimiento de la situación de dependencia en los términos establecidos en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración
• j) Personas con discapacidad, aquellas que acrediten documentalmente estar comprendidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
• k) Personas afectadas por situaciones catastróficas, aquellas que procedan de una zona declarada catastrófica por el Consejo de Ministros.
• l) Familias en situación o riesgo de exclusión social, aquellas respecto de las cuales desde los Servicios Sociales se indiquen carencias personales, económicas, laborales o de otra índole que, en su conjunto, provoquen una situación de exclusión social o el riesgo de acceder a ella.

2. Los requisitos establecidos en el apartado anterior serán exigibles, con carácter general, en el momento de la solicitud de inclusión en la actuación protegida de que se trate, salvo las especificaciones que se establezcan en esta Orden para cada programa.

Artículo 4 Justificación de la «intención de convivir»

1. Las personas que tengan intención de convivir, a los efectos previstos en el artículo 11.1 del Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, deberán presentar, junto con su solicitud de inclusión en alguno de los programas regulados en dicho Plan, una declaración responsable sobre dicha intención, conforme al modelo 1 del Anexo II.

2. En el supuesto de acceso a la vivienda, todas las personas que tengan intención de convivir serán titulares del contrato de compraventa o de alquiler y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda.

3. Se entenderá representante de la unidad de convivencia la persona que figure como primer solicitante.

4. Las viviendas que se adjudiquen a unidades de convivencia deberán tener una superficie útil de, al menos, dieciocho metros cuadrado por persona.

Artículo 5 Publicidad Institucional

1. Los carteles de obra a que se refiere la disposición adicional cuarta del Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, deberán figurar en todas las actuaciones protegibles contempladas en la Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, a excepción del programa de suelo de Ayudas a la Gestión Pública Urbanística, y se ajustaran, al igual que las placas de las viviendas protegidas de nueva construcción, en lo que se refiere a su diseño y contenido a lo establecido en la normativa vigente en materia de imagen e identidad corporativa de la Junta de Andalucía.

2. Las placas de las viviendas se colocarán a la entrada del edificio, en sitio visible desde el exterior del edificio.

3. Los modelos de los carteles y de la placa se acompañan a esta Orden en el Anexo I.

Artículo 6 Lugar de presentación de solicitudes

Las solicitudes de las ayudas reguladas en la presente Orden se podrán presentar:

• a) Preferentemente en el Registro Telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía (http://www.andalucia junta.es), en los términos establecidos en el artículo 24.1.
• b) En los Registros Administrativos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de sus correspondientes Delegaciones Provinciales y de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, conforme se establezca en esta Orden, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Sección 2ª del Capítulo I del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
• c) ...
• Letra c) del artículo 6 dejada sin efecto por letra uno del artículo primero de O [ANDALUCÍA] 9 noviembre 2011, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y se realiza la convocatoria pública de ayudas a personas inquilinas para el año 2011 («B.O.J.A.» 18 noviembre).Vigencia: 19 noviembre 2011
• d) En los Ayuntamientos, cuando, de acuerdo a lo especificado en los correspondientes programas, éstos actúen como entidades colaboradoras.

Artículo 7 Régimen de concesión de las ayudas

1. Las ayudas reguladas en la presente Orden referidas a los Programas de Rehabilitación Autonómica y de Transformación de la Infravivienda se concederán en régimen de concurrencia competitiva conforme a los establecido en el artículo 22 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, entre las personas solicitantes de cada ámbito municipal declarado de Rehabilitación Autonómica o de Transformación de Infravivienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones . Las ayudas a persona inquilinas y las Actuaciones Protegidas en materia de Suelo reguladas en el Título II, salvo las actuaciones autonómicas de suelo para fomentar la construcción de viviendas protegidas, también se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Número 1 del artículo 7 redactado por letra dos del artículo primero de O [ANDALUCÍA] 9 noviembre 2011, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y se realiza la convocatoria pública de ayudas a personas inquilinas para el año 2011 («B.O.J.A.» 18 noviembre).Vigencia: 19 noviembre 2011

2. Las ayudas correspondientes a los restantes programas regulados en la presente Orden se concederán a solicitud de las personas interesadas, en las que concurran las condiciones y requisitos establecidos en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, y, en su caso, en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las mismas, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las solicitudes acogidas a los Programas de Rehabilitación Individualizada de Viviendas, Rehabilitación de Edificios, las actuaciones protegidas en materia de suelo reguladas en la presente Orden, habrán de presentarse dentro de los plazos que se establezcan en las correspondientes convocatorias públicas, en las que asimismo se podrá establecer el número de actuaciones a subvencionar. En dichas convocatorias se establecerán los compromisos de créditos presupuestarios requeridos para su financiación.

Número 3 del artículo 7 redactado por letra dos del artículo primero de O [ANDALUCÍA] 9 noviembre 2011, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y se realiza la convocatoria pública de ayudas a personas inquilinas para el año 2011 («B.O.J.A.» 18 noviembre).Vigencia: 19 noviembre 2011

Artículo 8 Beneficiarios y entidades colaboradoras

1. Serán beneficiarios de las ayudas y subvenciones establecidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, las personas o entidades que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los Programas regulados en dicha norma.

2. No podrán obtener la condición de entidad colaboradora o persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades o personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe en esta normativa reguladora:

• a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
• b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
• c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
• d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Carlos de la Administración de la Junta de Andalucía, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule esta materia.
• e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes en la forma determinada reglamentariamente.
• f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
• g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos reglamentariamente establecidos.
• h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No podrán acceder a la condición de beneficiaros las agrupaciones previstas en el artículo 11.3 párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Orden las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en artículo 4.5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 9 Exoneración

1. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones reguladas en la presente Orden, al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de noviembre, quedan exoneradas con carácter general de la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los párrafos e) e i) del artículo 8.2 para obtener la condición de entidad colaboradora o beneficiaria, las Entidades Locales de Andalucía así como las Entidades de Derecho Público dependientes de las mismas y a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

2. Igualmente, están exoneradas de las obligación de acreditar a que se refiere el apartado anterior las personas beneficiarias de actuaciones protegidas acogidas a los Programas de Rehabilitación Autonómica y de Transformación de la Infravivienda, así como las unidades familiares con ingresos anuales inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en adelante IPREM, que opten a las ayudas para la adquisición o alquiler de viviendas protegidas establecidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Artículo 10 Subsanación de las solicitudes

Si la solicitud de ayuda o subvención fuese defectuosa o la documentación incompleta, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios, advirtiéndole que, en el supuesto de que la no presentación de los mismos imposibilite continuar el procedimiento, se le tendrá por desistida, dictándose y notificándose la correspondiente resolución en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11 Reformulación de las solicitudes

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano competente para su tramitación se remitirá al órgano competente para resolver.

En cualquier caso la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos.

Artículo 12 Contenido de las resoluciones de concesión de ayudas o subvenciones

Las resoluciones de concesión de subvenciones o ayudas contendrán, como mínimo, los extremos siguientes:

• a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la actividad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.
• b) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regula los gastos de anualidades futuras. En el supuesto de que se trate de una actividad, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.
• c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono, en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios de acuerdo con lo que se establezca para cada Programa en esta Orden.
• d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
• e) Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos de acuerdo con lo que se establezca para cada Programa en esta Orden.

Artículo 13 Alteración de las condiciones para la concesión de subvenciones

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente orden y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para finalidad similar otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 18 en relación con el reintegro.

Artículo 14 Obligaciones de las personas beneficiarias

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las subvenciones:

• a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y los plazos establecidos.
• b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
• c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con la subvención y ayuda concedida, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
• d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.
• e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como la alteración de las condiciones a que se refiere el artículo 13, conforme al modelo 2 del Anexo II.
• f) Efectuar declaración responsable de que la persona solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8, 2 y 3, conforme al modelo 2 del Anexo II.
• g) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que se halla al corriente en el pago, en periodo ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público, salvo los supuestos en que estén exonerados de esta obligación.

  En las actuaciones protegidas en materia de suelo del Título II se deberá acreditar antes de proponerse el pago de la subvención, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público, salvo los supuestos en que estén exonerados de esta obligación.

  Letra g) del artículo 14 redactada por letra tres del artículo primero de O [ANDALUCÍA] 9 noviembre 2011, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y se realiza la convocatoria pública de ayudas a personas inquilinas para el año 2011 («B.O.J.A.» 18 noviembre).Vigencia: 19 noviembre 2011
• h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
• i) Hacer constar en toda información o publicidad que efectúen de la actividad objeto de esta orden que la misma está subvencionada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
• j) Comunicar al órgano concedente todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control, salvo los supuestos en que el beneficiario sea un Ayuntamiento.
• k) Proceder al reintegro de la subvención recibida en los supuestos establecidos en el artículo 18.

Artículo 15 Fiscalización previa de las ayudas

Las subvenciones que se concedan al amparo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, excepto las que son concedidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, quedarán sometidas a fiscalización previa, que constatará la existencia de remanentes suficientes de crédito y los demás requisitos derivados de la normativa de aplicación. A tal efecto, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura podrá proponer a la Intervención General la adopción de las oportunas normas para agilizar la tramitación de estos expedientes, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 78.3 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Artículo 16 Condiciones y justificación de las subvenciones

1. La concesión de las ayudas y subvenciones a que se refiere la presente orden estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

2. Las subvenciones que se otorgan al amparo de la presente orden, con las excepciones previstas para algunos programas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Las personas beneficiarias podrán subcontratar con terceros hasta el 100 por ciento de la actividad que constituye el objeto de la subvención, según el régimen y con sujeción a los límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. En lo referente a la documentación justificativa de los pagos realizados exigida en la presente orden, y a efectos del control de la concurrencia de subvenciones, los originales de dicha documentación serán sellados y conformados por el Servicio correspondiente de la Delegación Provincial.

6. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo al mismo programa presupuestario, por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas, Organismos Autónomos o, en el caso de entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la citada Ley 5/1983, de 19 de julio, las concedidas por la propia entidad pública.

Cuando concurran circunstancias de especial interés social, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio podrá, mediante resolución motivada, exceptuar las limitaciones contenidas en este apartado.

Artículo 17 Declaración de incumplimiento de las condiciones de la subvención

1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, plazos, requisitos y compromisos previstos en las disposiciones reguladoras del régimen de financiación cualificada de actuaciones protegidas o asumidas por la persona promotora para la calificación de la actuación como protegida, dará lugar a la declaración de incumplimiento.

2. El incumplimiento deberá ser declarado por resolución de la persona titular del órgano que concedió la ayuda, previa tramitación del correspondiente expediente en el que se dará audiencia a la persona interesada.

3. Iniciado el correspondiente procedimiento, la persona titular del órgano que concedió la ayuda podrá acordar la suspensión cautelar de las ayudas.

4. Para la efectividad de las resoluciones de incumplimiento y los acuerdos de suspensión cautelar, las personas titulares de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía darán traslado de los mismos, cuando proceda, al Ministerio de Vivienda y a la entidad de crédito en orden a la posibilidad de resolución del contrato de préstamo.

5. La declaración de incumplimiento determinará la interrupción o suspensión de la subvención o subsidiación otorgada, así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas hasta ese momento, incrementadas en los intereses de demora desde su pago, en los términos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 18 Reintegro de las subvenciones

1. Además de en los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

• a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
• b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
• c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la realización de la actividad, así como del cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
• d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión, en su caso.
• e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículo 14 y 15 de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
• f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención siempre que afecten o se refieran al modo en que se ha de realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
• g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas.
• h) En caso de incompatibilidad, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
• i) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
• j) La transmisión de una vivienda protegida por su adquirente antes de 10 años contados desde la fecha de la formalización de la adquisición.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingreso o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo, con un plazo de 12 meses para resolver y notificar la resolución desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.c) de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Artículo 19 Sentido del silencio administrativo

Las solicitudes de las ayudas reguladas en la presente orden se podrán entender desestimadas por silencio administrativo si, transcurrido el plazo máximo que se haya establecido para cada procedimiento, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Artículo 20 Obligaciones de las entidades colaboradoras

Son obligaciones de las entidades colaboradoras:

• a) Entregar a las personas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con lo establecido en la presente orden y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
• b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
• c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por las personas beneficiarias.
• d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la entidad concedente, a las de control financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones de control.
• e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro, o reintegrar los fondos cuando la misma entidad colaboradora haya incurrido en alguna de las causas previstas en el artículo 18.

Artículo 21 Autorización al órgano gestor de la subvención

La presentación de la solicitud por el interesado conllevará la autorización al órgano gestor para:

• a) Recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
• b) Verificar por vía electrónica los datos de identidad y residencia de los solicitantes.
• c) Recabar los datos sobre la titularidad y referencia catastral de inmuebles de la Dirección General de Catastro.
• d) Recabar los datos de los adjudicatarios de viviendas protegidas que consten en los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas.
• e) Obtener las certificaciones a emitir para la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sobre las circunstancias de pertenencia a un grupo de especial protección que puedan concurrir en el solicitante.

Artículo 22 Garantías del procedimiento telemático

1. Los documentos electrónicos transmitidos a través del Registro Telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía serán válidos a todos los efectos legales siempre que quede acreditada su autenticidad, integridad, conservación, identidad del autor y, en su caso, la recepción por el interesado.

2. La utilización de la presentación telemática de solicitudes regulada en el presente Capítulo no supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación o resolución de los correspondientes procedimientos.

3. El procedimiento telemático se desarrollará de conformidad con la legislación que regula el tratamiento automatizado de la información y, en especial, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones en los términos establecidos por la legislación sobre protección de datos.

Artículo 23 Requisitos generales

Para acceder al procedimiento previsto en este Capítulo, las personas interesadas deberán disponer del sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio de certificación y expedición de firma electrónica avanzada, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), y con el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figuran en una relación actualizada, publicada en la página web de la Consejería competente en materia de administración electrónica de la Junta de Andalucía.

Artículo 24 Solicitudes

1. Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados en el artículo 23, podrán cursar sus solicitudes a través del Registro Telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es), así como en la página web de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio.

Las solicitudes así presentadas y las que incluyan la firma electrónica reconocida y cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de junio, producirán, respecto de los datos y documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Cualquier otro trámite evacuado por las personas interesadas, así como las resoluciones que dicte la Administración en este procedimiento en caso de tramitarse electrónicamente, requerirán igualmente los mismos requisitos de firma electrónica reconocida y de su emisión o recepción a través del Registro Telemático único.

2. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete, siempre que las medidas implantadas lo permitan.

3. El Registro Telemático único emitirá automáticamente un recibo electrónico de la presentación telemática de la solicitud, escritos y documentos electrónicos presentados, de forma que la persona interesada tenga constancia de que la comunicación ha sido recibida por la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal como indica el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en su artículo 9.5.

4. La persona interesada, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema de tramitación podrá practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo, se ha efectuado en forma electrónica o telemática.

Artículo 25 Documentación

1. La solicitud presentada de forma telemática deberá ir acompañada de la documentación establecida en cada uno de los Programas regulados en esta orden.

2. Respecto a las solicitudes que se hayan presentado por medios electrónicos, las personas solicitantes podrán aportar la documentación que en cada momento se requiera mediante la aportación del documento original electrónico, copia autenticada electrónicamente del documento o copia digitalizada de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica reconocida. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio podrá solicitar del correspondiente archivo público el cotejo del contenido de las copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposibilidad, requerir a la persona solicitante la exhibición del documento o información original. La aportación de tales copias implica la autorización a esta Consejería para que se acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

3. La documentación que no pueda ser aportada por medios electrónicos con la solicitud telemática se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se hará mención al justificante de confirmación de la recepción telemática de la solicitud, indicando el asiento de entrada de la solicitud en el Registro telemático único.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los procedimientos de subvenciones y ayudas que se tramiten por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas, la persona interesada manifestará en la solicitud su consentimiento para que el órgano gestor pueda recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda relativas a sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como sobre las deudas en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público. Igualmente, manifestará la persona interesada su consentimiento para que se proceda a la verificación por vía electrónica de los datos de su identidad y su residencia y para recabar los datos sobre la titularidad y referencia catastral de inmuebles de la Dirección General de Catastro.

5. Si las solicitudes no fueran acompañadas de los documentos preceptivos, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, mediante Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en el Registro Telemático único las resolverá el órgano competente para la tramitación del documento electrónico de que se trate.

Artículo 26 Notificaciones

Para que las notificaciones administrativas que resulten de las actuaciones contempladas en esta orden puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, será preciso que la persona interesada haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto, en los términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. Si la persona interesada hubiese elegido la notificación electrónica como medio de notificación preferente, se realizará el correspondiente asiento de salida en la forma que se determina en el artículo 9 del Decreto citado anteriormente.

Artículo 27 Información de la tramitación

La persona interesada podrá obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, para el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la forma que se indique en las páginas web a través de las cuales se accede al Registro Telemático único de la Junta de Andalucía.