Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad

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• Preámbulo
• TÍTULO PRIMERO. INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TURÍSTICAS Y ABASTECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
  • CAPÍTULO PRIMERO. Infraestructuras industriales
    • Artículo 1 Mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales de la Región de Murcia
    • Artículo 2 Conservación y mantenimiento de la urbanización en las áreas industriales de la Región de Murcia
    • Artículo 3 Convenio regulador entre ayuntamiento y Comunidad de gestión del área industrial para la efectividad del deber de conservación y mantenimiento de la urbanización
    • Artículo 4 Constitución de la comunidad de gestión del área industrial
    • Artículo 5 Régimen de funcionamiento
    • Artículo 6 Modificación de la Ley 5/2013, de 8 de julio, de Apoyo a los Emprendedores y a la Competitividad e Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Región de Murcia
  • CAPÍTULO SEGUNDO. Infraestructuras turísticas
    • Artículo 7 Modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia
  • CAPÍTULO TERCERO. Abastecimiento y sostenibilidad energética
    • SECCIÓN PRIMERA. Abastecimiento energético
      • Artículo 8 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas en baja tensión con derechos de extensión en vigor
      • Artículo 9 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas en alta tensión con derechos de extensión en vigor
      • Artículo 10 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas de alta tensión, promovidas por particulares, para ser conectadas a la red de distribución, sin obligación de ser cedidas a la empresa distribuidora
      • Artículo 11 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y suministro eléctrico a instalaciones eléctricas, promovidas por particulares, para ser conectadas a la red de distribución, con obligación de ser cedidas a la empresa distribuidora
      • Artículo 12 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, promovidas por la empresa distribuidora sin declaración de utilidad pública
      • Artículo 13 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, promovidas por la empresa distribuidora, con declaración en concreto de utilidad pública
      • Artículo 14 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa aplicable a las modificaciones no sustanciales de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, de tensión igual o superior a 1 kV
      • Artículo 15 Agilización y simplificación en el procedimiento de acceso y conexión de instalaciones generadoras de energía eléctrica basadas en fuentes de energías renovables
    • SECCIÓN SEGUNDA. Sostenibilidad energética
      • Artículo 16 Ejemplaridad energética de la Administración regional
      • Artículo 17 Porcentaje de ahorro de energía
      • Artículo 18 Utilización de energía procedente de fuentes renovables
      • Artículo 19 Calificación energética de edificios de la Administración regional de nueva construcción
      • Artículo 20 Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos
      • Artículo 21 Vehículos eficientes
• TÍTULO SEGUNDO. INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL
  • CAPÍTULO PRIMERO. Intervención urbanística
    • Artículo 22 Modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia
  • CAPÍTULO SEGUNDO. Intervención medioambiental
    • Artículo 23 Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia
• TÍTULO TERCERO. COOPERATIVISMO, COMERCIO Y PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
  • CAPÍTULO PRIMERO. Cooperativismo
    • Artículo 24 Modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia
  • CAPÍTULO SEGUNDO. Protección de los consumidores
    • Artículo 25 Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia
• TÍTULO CUARTO. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
  • Artículo 26 Modificación de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Espectáculos Públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Artículo 27 Modificación de la disposición adicional octava Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas
  • Artículo 28 Modificación de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de Admisión de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Región de Murcia
• TÍTULO QUINTO. OTRAS MEDIDAS SECTORIALES DE AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
  • Artículo 29 Modificación de la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Artículo 30 Incentivos del personal docente en (sic) investigador en las universidades públicas de la Región de Murcia
  • Artículo 31 Modificación de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de Ajuste Presupuestario y de Medidas en Materia de Función Pública
  • Artículo 32 Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública
  • Artículo 33 Carpeta empresarial
  • Artículo 34 Sistema de información sobre la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y para la detección de cargas administrativas
  • Artículo 35 Comisión para el Impulso de la Actividad Económica
  • Artículo 36 Modificación de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia
  • Artículo 37 Modificación de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Regularización de actividades en el marco del procedimiento establecido en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada para la legalización de actividades no autorizadas
  • Segunda Obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Tercera Asistencia al ciudadano en materia de registros
  • Cuarta Mejora de la calidad en la atención al consumidor en las solicitudes de nuevos suministros de energía eléctrica en alta tensión o de ampliación de los existentes, realizadas por empresas
  • Quinta Definición de conceptos jurídicos establecidos en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera Elaboración de textos legislativos refundidos
  • Segunda Habilitación de desarrollo reglamentario
  • Tercera Aplicación de la normativa sobre constitución de comunidades de gestión para cumplir con el deber de conservación y mantenimiento de la urbanización en áreas industriales
  • Cuarta Acciones formativas relacionadas con la legislación autonómica en materia de simplificación procedimental y sectorial aplicables al ejercicio de actividades económicas
  • Quinta Entrada en vigor

Artículo 1 Mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales de la Región de Murcia

Al objeto de facilitar la gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Región de Murcia, su conservación y mantenimiento, la implantación de nuevos servicios e incrementar la competitividad de las empresas en ellas instaladas, fomentando la creación de empleo, se podrán constituir, en cada uno de los polígonos industriales de la Región de Murcia, una Entidad Urbanística de Conservación, que con la denominación «Comunidad de gestión del área industrial» asumirá, entre otras, las siguientes funciones:

• a) Asumir las obligaciones de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización que venga establecidas por el planeamiento o que voluntariamente se asuman.
• b) Impulsar que dicha área cuente con las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo eficiente económico, social y medioambientalmente, mejorando la gestión y la calidad del suelo industrial y la competitividad de las empresas radicadas en dicha área.
• c) Fomentar la implicación municipal y la colaboración público-privada en la gestión y mejora de las infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales, así como en la implantación de nueva dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor valor añadido.
• d) Analizar y proponer a los titulares de las parcelas y actividades, en el ámbito del área de gestión industrial y a las administraciones públicas implicadas, aquellas medidas, convenios, acuerdos, etc, que contribuyan de forma más eficiente, a la conservación, mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas.

Artículo 2 Conservación y mantenimiento de la urbanización en las áreas industriales de la Región de Murcia

1. De conformidad con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el deber de conservación de las obras de urbanización de las áreas industriales, una vez recepcionadas de conformidad con la legislación urbanística, corresponde al ayuntamiento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el deber de conservación corresponderá total o parcialmente a los propietarios de suelo en las áreas industriales, quienes le darán cumplimiento integrados todos ellos necesariamente en una Entidad Urbanística de Conservación, bajo la denominación comunidad de gestión del área industrial, en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el planeamiento urbanístico, en los planes de iniciativa privada, prevea expresamente la atribución del deber de conservación de la urbanización a los propietarios en función de los resultados del informe de sostenibilidad económica.

  En todo caso, la atribución del deber de conservación a los propietarios se limitará a un plazo determinado y debidamente justificado que no podrá exceder de 10 años. Dicho plazo podrá ampliarse, igualmente, de manera determinada y motivada, en función de las circunstancias objetivas que dieron lugar a su imposición.

• b) Cuando se asuma voluntariamente por los propietarios, en virtud de los estatutos y acuerdos adoptados por la comunidad de gestión del área industrial.

3. El plazo para la asunción voluntaria del deber de conservación deberá estar siempre determinado, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos de la misma duración cuando de manera expresa se manifiesta tal voluntad por los propietarios.

4. La atribución del deber de conservación por el planeamiento o su asunción voluntaria por las comunidades de gestión del área industrial comportará para el ayuntamiento la obligación de contribuir económicamente a los gastos de conservación en los términos en que se determine en el informe de sostenibilidad de económica.

Artículo 3 Convenio regulador entre ayuntamiento y Comunidad de gestión del área industrial para la efectividad del deber de conservación y mantenimiento de la urbanización

1. Para dar cumplimiento al deber de conservación que nace del artículo anterior, dentro del respeto a la autonomía municipal y a las obligaciones exigibles a los particulares previstos en nuestro ordenamiento, se suscribirá por la comunidad de gestión del área industrial y la Administración actuante un convenio regulador estableciendo las obligaciones que, en relación con el mantenimiento y conservación del área industrial, asumen unos y otros.

2. Dentro del marco competencial vigente, en el convenio regulador se procurará precisar:

• a) El alcance del deber de conservación asumido, las funciones de la comunidad de gestión del área industrial a constituir, la contribución del Ayuntamiento a los gastos de conservación en el modo en que se determine en el informe de sostenibilidad económica, el plazo de vigencia de la obligación de conservar, las condiciones que deberán reunir, al vencimiento del plazo, las obras, instalaciones y servicios que los propietarios estén obligados a conservar, así como cualquier otro aspecto que se considere oportuno.
• b) Los servicios básicos que integran el deber de conservación y adopción de las decisiones correspondientes, al menos, sobre las prestaciones que vengan referidas a: alumbrado público, recogida de basuras, zonas verdes y red viaria, señalización vertical y horizontal, así como elementos de evacuación de aguas pluviales instalados en la red viaria.
• c) Para cada caso particular, la conservación y mantenimiento de instalaciones de redes subterráneas, tales como la red de suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable u obligaciones contraídas con terceros de forma previa por el ayuntamiento.

3. La negociación, tramitación y celebración del convenio a que se refieren los apartados anteriores se atendrán a los principios de transparencia y publicidad, debiendo el ayuntamiento, de conformidad con la legislación urbanística, someterlos a información pública por plazo de un mes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica correspondiente, con carácter previo a su celebración.

El plazo máximo para la formalización del convenio será de seis meses desde que quede constituida formalmente la comunidad de gestión del área industrial.

4. Tras la finalización de la vigencia del convenio, su prórroga o renovación será posible en las siguientes circunstancias:

• a) En los supuestos de imposición del deber de conservación por el planeamiento, la prórroga del convenio podrá disponerse por el ayuntamiento ante la persistencia constatada de las circunstancias objetivas que dieron lugar a su imposición.
• b) En los supuestos de asunción voluntaria por los propietarios, el convenio regulador quedará automáticamente prorrogado por el mismo plazo de vigencia y en las mismas condiciones, si no es notificada la finalización del mismo por ninguna de las partes.

El convenio regulador tendrá, a todos los efectos, naturaleza y carácter jurídico- administrativo.

Artículo 4 Constitución de la comunidad de gestión del área industrial

1. La constitución de las comunidades de gestión de áreas industriales exigirá la previa aprobación de sus estatutos por la Administración actuante, con arreglo al procedimiento que se determine reglamentariamente que deberá respetar los siguientes trámites esenciales:

• a) La iniciativa de constitución corresponde a los propietarios que representen más del 50% de los terrenos de destino privado existentes en el ámbito, quienes deberán presentar una propuesta de estatutos y propuesta de convenio regulador. En caso de no alcanzarse este porcentaje, la iniciativa podrá asumirse por el 25% de los propietarios del ámbito, siempre que representen más del 25% de los terrenos de uso privado.
• b) La Administración actuante deberá notificar la propuesta de convenio y estatutos a los propietarios, otorgándoles un plazo de audiencia no inferior a 10 días.
• c) Finalizado el trámite de audiencia, la Administración actuante deberá resolver en el plazo de dos meses sobre la aprobación de los estatutos, denegándolos o aprobándolos según fueron presentados o con las modificaciones que procedan, limitadas a cuestiones de legalidad, debiendo pronunciarse asimismo sobre la propuesta del convenio regulador. Transcurrido el plazo sin resolución expresa, los estatutos se entenderán aprobados, estando legitimados los promotores para la constitución de la comunidad de gestión.

La aprobación de los estatutos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, será notificada a los propietarios y demás personas interesadas.

2. Una vez aprobados los estatutos de la comunidad de gestión del área industrial, la entidad deberá constituirse en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo de aprobación mediante el otorgamiento notarial del documento público que incluirá asimismo los estatutos de la entidad.

3. Constituida la comunidad de gestión, como primer acto de la misma se deberá formalizar el convenio regulador con el ayuntamiento.

4. Las comunidades de gestión de áreas industriales tienen el carácter de entidades urbanísticas colaboradoras, previstas en el artículo 181.2 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y, en este sentido, tienen naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su ámbito de actuación se circunscribe al del área industrial que gestione cada una de ellas, sin que pueda ser inferior a la correspondiente a la unidad de actuación en los términos definidos en la legislación urbanística.

5. Las comunidades de gestión se inscribirán en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras en el que, necesariamente, se deberá dejar constancia de la fecha de formalización y vigencia del Convenio regulador con el ayuntamiento.

Artículo 5 Régimen de funcionamiento

1. A la comunidad de gestión del área industrial que se constituya corresponderá, total o parcialmente, realizar la conservación y el mantenimiento de las dotaciones urbanísticas públicas, servicios y demás equipamientos incluidos en el área, y, en general asumir la conservación de la urbanización, en los términos en que se prevea en el convenio regulador.

2. La comunidad de gestión del área industrial podrá asimismo asumir la gestión de servicios de valor añadido del área industrial, entendiendo por tales aquellos que son objeto de la iniciativa y competencia empresarial, dirigidos a la optimización de recursos, mejoras en la gestión del área industrial, fomento y cooperación empresarial, seguridad, etc.

Estos servicios de valor añadido que la comunidad de gestión podrá asumir con carácter voluntario y en régimen de derecho privado, podrán ser, sin carácter exhaustivo, los siguientes: red contraincendios, directorio de empresas, servicio de vigilancia privada y, en general, cualquier otra actividad en beneficio de la promoción empresarial, y de la mayor competitividad del área industrial.

Para incorporar la prestación de servicios de valor añadido, en el ámbito de la comunidad de gestión del área industrial, será necesario que exista un presupuesto equilibrado y autosuficiente, así como su aprobación, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

Si dichos estatutos contemplaran la aplicación a la Entidad Urbanística de Conservación de la Ley 49/1960, de la Ley de Propiedad Horizontal, en virtud de la previsión de la letra e) del artículo 2 de esta última, las mayorías para la aprobación de los mismos serían las previstas en el artículo 17 de dicha ley.

3. Las cuotas de aportación de cada propietario a la comunidad de gestión para las funciones de conservación de la urbanización serán las que se determinen en los estatutos de la comunidad de gestión, y debe ser proporcional al aprovechamiento que corresponda a los propietarios.

En los estatutos se podrán establecer criterios de ponderación de las cuotas en virtud de la existencia de actividad y edificación en la parcela o tratarse de un solar sin edificación alguna carente de actividad.

Para el caso de incumplimiento del pago de las cuotas que se correspondan con las funciones relativas a los servicios básicos de conservación de la urbanización, la comunidad de gestión podrá optar por instar a la Administración actuante a que exija por la vía de apremio el importe de dichas cuotas al miembro incumplidor.

4. Para el caso de que la comunidad de gestión decida llevar a cabo las funciones de valor añadido, deberá determinarse previamente en los estatutos el método de cálculo de las cuotas de aportación de cada propietario a la comunidad de gestión para financiar las mismas.

Incumplida la obligación de pago en los términos fijados en los estatutos, la comunidad de gestión podrá iniciar frente al miembro incumplidor el procedimiento judicial pertinente para exigir el cumplimiento de la obligación.

5. La transmisión del título que determine la pertenencia a la comunidad de gestión del área industrial llevará consigo la subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del transmitente. En cualquier caso, subsistirá la obligación de pago del anterior titular por las deudas vencidas y pendientes con carácter solidario con el nuevo titular.

6. Con la finalidad de que en las comunidades de gestión de áreas industriales se atienda a las necesidades de los operadores económicos radicados en las mismas fomentando su mayor competitividad, los estatutos de las comunidades de gestión deberán regular las condiciones para la incorporación a las mismas de los empresarios u operadores económicos no propietarios radicados en el área industrial.

7. Teniendo la condición las comunidades de gestión de áreas industriales de entidades urbanísticas de conservación, será aplicación a las mismas la Ley de Propiedad Horizontal, de acuerdo con la letra e) del artículo 2 de dicha Ley, si así se dispusiera en sus estatutos.

Artículo 6 Modificación de la Ley 5/2013, de 8 de julio, de Apoyo a los Emprendedores y a la Competitividad e Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Región de Murcia

Se adiciona un artículo 19 bis a la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000509462_20181111

Artículo 7 Modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia

Uno. Se modifica el artículo 7 de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000519376_20210101

Dos. Se adiciona un artículo 7 bis a la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000519376_20210101

Tres. Se adiciona un artículo 27 bis a la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000519376_20210101

Cuatro. Se añade una disposición adicional primera a la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

Disposición adicional primera Incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera

1. En la renovación edificatoria de un hotel existente se podrá admitir un incremento de la edificabilidad asignada a la parcela por el planeamiento vigente, siempre y cuando la categoría resultante del establecimiento tras la renovación sea como mínimo 3 estrellas.

2. También se podrá admitir ese incremento de edificabilidad para la transformación en hotel, de al menos 3 estrellas, de otros establecimientos de alojamiento turístico reglado existentes.

3. La renovación podrá consistir en obras de reforma, ampliación, e incluso de reconstrucción parcial o reedificación total tras la demolición del edificio preexistente.

4. El incremento de edificabilidad dependerá de la categoría resultante de la actuación de renovación y como máximo podrá ser del:

• a) 20% para hoteles de 3 estrellas
• b) 30% pata hoteles de 4 estrellas
• c) 40% para hoteles de 5 estrellas.

5. El volumen resultante se podrá destinar a cualquier dependencia del hotel, tanto para habitaciones como para espacios generales, debiendo constituir la totalidad del establecimiento una unidad de explotación.

6. En la ordenación del volumen edificable resultante en la parcela se tendrá en consideración las circunstancias de ordenación del entorno y se reducirá en lo posible la incidencia sobre los predios colindantes, realizándose mediante alguno de los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística:

• a) Si la parcela estuviera ya calificada de uso hotelero, la ordenación de volumen se podrá realizar mediante un estudio de detalle.
• b) En caso contrario, se realizará mediante un Plan Especial que, además de ordenar el volumen con los mismos criterios anteriores, asignará a la parcela el uso hotelero exclusivo.

7. Con anterioridad a la aprobación del instrumento urbanístico indicado en el punto anterior, será necesario el informe previo, preceptivo y vinculante del departamento autonómico competente en turismo sobre la adecuación de la actuación de renovación hotelera a la normativa turística y categoría solicitada, debiéndose aportar a tal fin el anteproyecto del establecimiento con detalle suficiente sobre las nuevas características, instalaciones y servicios.

Cuando la actuación de renovación hotelera afecte a edificaciones ubicadas en la zona de servidumbre de protección de dominio público, el régimen establecido se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de costas.

LE0000685115_20210101Número 7 de la disposición adicional primera, contenida en el número cuatro del artículo 7, redactado por el número uno del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2021

8. Estas actuaciones de renovación hotelera tienen la consideración de proyectos de interés turístico a los efectos previstos en esta ley, reduciéndose en consecuencia los plazos de tramitación aplicables a los planes y proyectos necesarios para su realización.

9. Cuando la actuación de renovación hotelera se desarrolle sobre una parcela situada en un ámbito urbano o urbanizable en proceso de gestión y ejecución, la aplicación de la prima de aprovechamiento se sumará a los derechos que inicialmente correspondan a su beneficiario, debiendo ser tenida en cuenta en la liquidación provisional o definitiva de los gastos de urbanización, contribuyendo a los mismos.

LE0000685115_20210101Número 9 de la disposición adicional primera, contenida en el número cuatro del artículo 7, redactado por el número uno del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2021

10. Las edificaciones resultantes se destinarán obligatoriamente a uso turístico hotelero.

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Artículo 8 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas en baja tensión con derechos de extensión en vigor

1. La empresa distribuidora dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles para suministrar energía eléctrica a instalaciones eléctricas en baja tensión que se encuentren sin suministro, cuando el interesado con justo título solicite, a través de alguna empresa comercializadora, la formalización de un nuevo contrato de suministro y acredite que ha tenido suministro durante algún periodo dentro de los últimos tres años.

En todo caso, el interesado deberá presentar el certificado de reconocimiento de la instalación, con una antigüedad inferior a dos meses, expedido por un instalador habilitado. Este certificado deberá ser diligenciado por la dirección general competente en materia de energía cuando la instalación esté obligada a la realización de revisiones periódicas.

2. La empresa distribuidora solo podrá exceder dicho plazo por razones de carácter técnico debidamente justificadas o cuando el suministro pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En estos casos, la empresa distribuidora deberá comunicar por escrito dicha eventualidad al interesado.

El cómputo del citado plazo quedará suspendido cuando para el suministro eléctrico sea necesaria la obtención de autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares.

3. Cuando el punto de suministro no disponga de derechos de extensión en vigor, se tratará como una solicitud de un nuevo suministro y, por tanto, no resultará de aplicación lo dispuesto en este artículo.

Artículo 9 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas en alta tensión con derechos de extensión en vigor

1. La empresa distribuidora dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles para suministrar energía eléctrica a instalaciones eléctricas en alta tensión, que se encuentren sin suministro, cuando el interesado con justo título solicite, a través de alguna empresa comercializadora, la formalización de un nuevo contrato de acceso y acredite que dispone del acta de puesta en servicio de las instalaciones, que están inscritas a su nombre en el Registro de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y que ha tenido suministro durante algún periodo dentro de los últimos cinco años.

En todo caso, el interesado deberá presentar el certificado de revisión de la instalación, con una antigüedad inferior a dos meses, expedido por un instalador habilitado y diligenciado por la dirección general competente en materia de energía.

2. La empresa distribuidora solo podrá exceder dicho plazo por razones de carácter técnico debidamente justificadas o cuando el suministro pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En estos casos, la empresa distribuidora deberá comunicar por escrito dicha eventualidad al interesado.

El cómputo del citado plazo quedará suspendido cuando para el suministro eléctrico sea necesaria la obtención de autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares. En el caso de que el suministro exigiera la implantación de equipos para la telegestión, la empresa distribuidora comunicará por escrito al interesado la tramitación específica a seguir en este caso, la cual no será tenida en cuenta en el cómputo del plazo más arriba referido.

3. Cuando el punto de suministro no disponga de derechos de extensión en vigor, se tratará como una solicitud de un nuevo suministro y, por tanto, no resultará de aplicación este artículo.

Artículo 10 Agilización y simplificación en el procedimiento de suministro eléctrico a instalaciones eléctricas de alta tensión, promovidas por particulares, para ser conectadas a la red de distribución, sin obligación de ser cedidas a la empresa distribuidora

1. Con carácter general, el procedimiento se somete a lo prescrito en el Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, donde se regulan la extensión de la red de distribución y el régimen de acometidas eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro eléctrico, así como en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin perjuicio de lo anterior, para introducir las oportunas medidas de agilización y simplificación en la tramitación para el acceso y conexión a la red de distribución y suministro eléctrico, se establecen las especificaciones que se enumeran a continuación.

2. Una vez el solicitante de suministro haya aceptado el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto económico remitido por la distribuidora, remitirá el proyecto de ejecución de la instalación a la empresa distribuidora para su aprobación o rechazo, quien para ello dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del mismo.

Transcurrido dicho plazo sin comunicación por escrito de la empresa distribuidora, se considerará que no hay objeción al proyecto.

3. Una vez realizados por el solicitante los trabajos recogidos en el pliego de condiciones técnicas en su plazo de vigencia y abonado lo dispuesto en el presupuesto económico, inscrita la instalación en la dirección general competente en materia de energía, y comunicado todo ello a la empresa distribuidora, esta dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles para la conexión de las instalaciones a la red de distribución.

4. Una vez realizada la conexión, y previa la suscripción de los oportunos contratos de acceso y de suministro, la empresa distribuidora tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para suministrar energía eléctrica a la instalación.

5. La empresa distribuidora solo podrá exceder dicho plazo por razones de carácter técnico debidamente justificadas o cuando el suministro pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En estos casos, la empresa distribuidora deberá comunicar por escrito dicha eventualidad al interesado y a la dirección general competente en materia de energía. El cómputo del citado plazo quedará suspendido cuando para el suministro eléctrico sea necesaria la obtención de autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares.

Artículo 11 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y suministro eléctrico a instalaciones eléctricas, promovidas por particulares, para ser conectadas a la red de distribución, con obligación de ser cedidas a la empresa distribuidora

1. Las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalaciones eléctricas, competencia de esta Comunidad Autónoma, promovidas por particulares y que deban ser cedidas a la correspondiente empresa distribuidora, irán acompañadas de proyecto técnico y de una declaración responsable, suscrita por el autor de dicho proyecto, de cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b). de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, autorizaciones de organismos oficiales afectados, así como de un documento acreditativo de haber presentado dicho proyecto a la empresa distribuidora y, en su caso, del informe de aceptación del mismo.

2. La empresa distribuidora emitirá informe sobre aceptación o rechazo del proyecto en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su presentación ante la misma, si se trata de un proyecto único. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido y comunicado el referido informe, se considerará que no hay objeción por parte de la empresa distribuidora al proyecto. Se aumentará el plazo indicado a razón de 5 días hábiles por cada instalación objeto de proyecto diferenciado.

3. La dirección general competente en materia de energía dispondrá de 15 días hábiles para emitir o denegar la autorización administrativa y la autorización de construcción. Si la dirección general no se pronunciara en dicho plazo, se considerarán otorgadas las referidas autorizaciones y el solicitante podrá iniciar su ejecución bajo su responsabilidad. En caso de no presentar, junto con la solicitud, el informe de aceptación del proyecto por la empresa distribuidora, el plazo comenzará en el momento de su aportación o transcurrido el plazo indicado en el apartado 2.

El solicitante estará obligado a comunicar a la dirección general competente en materia de energía y a la empresa distribuidora el inicio de las obras. Asimismo estará obligado a obtener todas las autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares, que sean necesarios.

En cualquier caso, la Administración deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de las autorizaciones.

4. Si durante la ejecución de las instalaciones o después de ello la empresa distribuidora detectase algún defecto o incumplimiento, informará de inmediato y por escrito al solicitante. En caso de que existieran discrepancias sobre el defecto detectado, el solicitante lo comunicará a la dirección general competente en materia de energía, aportando al expediente cuantos documentos considere oportunos.

5. Al finalizar la ejecución de las instalaciones, el solicitante deberá presentar a la empresa distribuidora toda la documentación de carácter técnico y administrativo de la instalación, resultados de ensayos y pruebas, permisos, servidumbres y autorizaciones de organismos para la cesión de las mismas. La empresa distribuidora dispondrá de un plazo de 15 días hábiles desde la completa recepción de la documentación para revisar y validar la misma. Por parte del órgano competente en materia de energía se mantendrá actualizado un listado de la documentación referida.

6. Revisada y validada toda la documentación citada en el punto anterior, la empresa distribuidora dispondrá de 10 días hábiles para la suscripción de los documentos de cesión.

7. Firmado el acuerdo de cesión de instalaciones, la empresa distribuidora dispondrá de 20 días hábiles para la conexión de las instalaciones y solicitar a la dirección general competente en materia de energía, la emisión de la autorización de explotación a su nombre, que deberá emitirse en el plazo de 15 días hábiles.

8. Emitida y notificada la autorización de explotación de las instalaciones, la empresa distribuidora deberá energizarlas en el plazo máximo de 5 días hábiles.

9. La empresa distribuidora solo podrá exceder dicho plazo por razones de carácter técnico debidamente justificadas o cuando el suministro pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En estos casos, la empresa distribuidora deberá comunicar por escrito dicha eventualidad al interesado y a la dirección general competente en materia de energía.

10. La inspección de la instalación por personal de la dirección general competente en materia de energía se realizará por muestreo.

Artículo 12 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, promovidas por la empresa distribuidora sin declaración de utilidad pública

1. Las solicitudes de autorización administrativa y de autorización de construcción de instalaciones eléctricas, competencia de esta Comunidad Autónoma, promovidas por la empresa distribuidora, irán acompañadas de proyecto técnico y de una declaración responsable, suscrita por el autor de dicho proyecto, de cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

2. La empresa distribuidora presentará la solicitud de las autorizaciones junto con el proyecto técnico y la declaración responsable ante la dirección general competente en materia de energía, quien dispondrá de 15 días hábiles para emitir o denegar las autorizaciones. Si la dirección general no se pronunciara en dicho plazo, se considerarán denegadas las referidas autorizaciones.

La empresa distribuidora estará obligada a comunicar a la dirección general competente en materia de energía el inicio de las obras y a obtener todas las autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares, que sean necesarios.

En cualquier caso, la Administración deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de las autorizaciones.

3. Emitida la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y ejecutadas las obras, se procederá por parte del técnico director a la emisión del certificado final de obra, adjuntando el resto de documentación técnica que proceda y, en su caso, anexo con las modificaciones introducidas.

En caso de que durante la ejecución de las obras se hubiesen llevado a cabo modificaciones no sustanciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en la solicitud de autorización de explotación se deberá incluir anexo en donde se describan dichas modificaciones y se acredite el cumplimiento de las condiciones de técnicas y de seguridad de las mismas.

En caso de modificaciones sustanciales en relación al proyecto aprobado inicialmente, será de aplicación a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la necesidad de obtención de autorizaciones

LE0000739995_20221022Número 3 del artículo 12 redactado por el número uno de la disposición final decimoquinta del Decreto-Ley 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública («B.O.R.M.» 21 octubre).Vigencia: 22 octubre 2022

4. La dirección general competente en materia de energía emitirá la pertinente autorización de explotación de instalación eléctrica de alta tensión, en un plazo máximo de 15 días hábiles, en base a la información técnica contenida en el certificado de fin de obra.

5. La inspección de la instalación por personal de la dirección general competente en materia de energía se realizará por muestreo.

Artículo 13 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, promovidas por la empresa distribuidora, con declaración en concreto de utilidad pública

1. Con carácter general, el procedimiento se somete a lo prescrito en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en su reglamento de desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, para introducir las oportunas medidas de agilización y simplificación en la tramitación para el acceso y conexión a la red de distribución y suministro eléctrico, se establecen las especificaciones que se enumeran a continuación.

2. La empresa distribuidora presentará solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública acompañada de proyecto, declaración responsable, suscrita por el autor de dicho proyecto, que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Junto a la solicitud, la empresa distribuidora presentará la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar, según lo indicado en el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000 y las separatas técnicas para las administraciones públicas afectadas.

3. Recibida la documentación indicada en el apartado anterior, la dirección general competente en materia de energía dispondrá de 25 días hábiles para hacer efectivo el inicio del trámite de información pública del correspondiente anuncio, mediante la remisión al Boletín Oficial de la Región de Murcia y a los ayuntamientos implicados, así como para requerimiento de informe todos los organismos y empresas afectadas que presten servicios públicos o de interés económico general.

4. Transcurrido el plazo de información pública y en el caso de haberse presentado alegaciones dentro del mismo, tanto por particulares, como por administraciones u organismos públicos, la Dirección General competente en materia de energía remitirá las mismas a la empresa distribuidora solicitante en un plazo no superior a 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin recibir respuesta se entenderá que no existen objeciones al respecto. Si se hubieran recibido alegaciones, la contestación a las mismas elaborada por la empresa distribuidora será enviada por la Dirección General competente en materia de energía a las administraciones u organismos públicos afectados dentro de los siguientes 15 días hábiles desde su recepción

LE0000739995_20221022Número 4 del artículo 13 redactado por el número dos de la disposición final decimoquinta del Decreto-Ley 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública («B.O.R.M.» 21 octubre).Vigencia: 22 octubre 2022

5. Finalizado el procedimiento anterior y una vez cumplidos todos los trámites, la dirección general competente en materia de energía procederá a la emisión de la correspondiente autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación proyectada en un plazo máximo de 15 días hábiles. Acto seguido se notificará la misma al titular, a todos y cada uno de los organismos y empresas afectados, así como a los propietarios de los terrenos afectados, y se remitirá al Boletín Oficial de la Región de Murcia, para su publicación.

6. Con el objetivo de agilizar el procedimiento de expropiación forzosa de los bienes y derechos indicados y la urgente ocupación de los terrenos afectados, la dirección general competente en materia de energía remitirá a la secretaría general de su consejería toda la documentación necesaria para tal fin, dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles desde la fecha de la declaración de utilidad pública de la instalación.

7. Emitida la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y ejecutadas las obras, se procederá por parte del técnico director a la emisión del certificado final de obra, adjuntando el resto de documentación técnica que proceda y, en su caso, anexo con las modificaciones introducidas.

En caso de que durante la ejecución de las obras se hubiesen llevado a cabo modificaciones no sustanciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en la solicitud de autorización de explotación se deberá incluir anexo en donde se describan dichas modificaciones y se acredite el cumplimiento de las condiciones de técnicas y de seguridad de las mismas.

En caso de modificaciones sustanciales en relación al proyecto aprobado inicialmente, será de aplicación a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto a la necesidad de obtención de autorizaciones

LE0000739995_20221022Número 7 del artículo 13 redactado por el número tres de la disposición final decimoquinta del Decreto-Ley 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública («B.O.R.M.» 21 octubre).Vigencia: 22 octubre 2022

8. La dirección general competente en materia de energía emitirá la pertinente autorización de explotación de instalación eléctrica de alta tensión, en un plazo máximo de 15 días hábiles, en base a la información técnica contenida en el certificado de final de obra.

Artículo 14 Agilización y simplificación en el procedimiento de autorización administrativa aplicable a las modificaciones no sustanciales de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, de tensión igual o superior a 1 kV

1. La empresa distribuidora comunicará semestralmente, mediante la presentación de una memoria técnica y un certificado de dirección y finalización de obra, a la Dirección General competente en materia de energía, las modificaciones realizadas en la red de distribución, incluidas en el catálogo definido por la Administración.

Para el caso de modificaciones no sustanciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se deberá incluir anexo en donde se describan, para cada instalación, dichas modificaciones y se acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de las mismas

LE0000739995_20221022Número 1 del artículo 14 redactado por el número cuatro de la disposición final decimoquinta del Decreto-Ley 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública («B.O.R.M.» 21 octubre).Vigencia: 22 octubre 2022

2. La dirección general competente en materia de energía emitirá la pertinente autorización de explotación del conjunto de las instalaciones eléctricas, en un plazo máximo de 1 mes, en base a la información técnica contenida en dicha memoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido la autorización de explotación, se entenderán autorizadas las actuaciones realizadas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de emitir resolución expresa al respecto.

Artículo 15 Agilización y simplificación en el procedimiento de acceso y conexión de instalaciones generadoras de energía eléctrica basadas en fuentes de energías renovables

1. Para el acceso y conexión de una instalación generadora a las redes de distribución de baja tensión, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor para realizar autoconsumo, los plazos que dispondrá la empresa distribuidora serán:

• - 10 días hábiles para la comunicación de las condiciones de acceso y conexión al interesado desde que se recibió la solicitud. Si hubiera defectos en la solicitud, una vez subsanados estos, contará con otros 5 días. El plazo inicial será de 5 días hábiles en caso de potencia hasta 15 Kw.
• - El solicitante dispondrá de un plazo de un mes desde la recepción de las condiciones de acceso y conexión para su aceptación, o comunicación de discrepancia con las mismas. En el caso de que las discrepancias no fueran satisfactoriamente atendidas por la empresa distribuidora, el solicitante podrá acudir ante el órgano competente en materia de energía en un plazo de un mes contado desde la contestación por parte de la empresa distribuidora. Una vez transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado el solicitante se dará por desistida la solicitud.
• - Recibida la inscripción de la instalación en el registro administrativo en la dirección general competente en materia de energía, mediante el procedimiento específico de declaración responsable, la empresa distribuidora contará con un plazo de 15 días para elaborar y poner en conocimiento del titular de la instalación el nuevo contrato técnico de acceso para la instalación de generación.
• - Una vez firmado dicho contrato técnico, recibidos los contratos con la empresa comercializadora indicados en el apartado 5 y satisfechos los derechos de acometida que fueran necesarios, la empresa distribuidora dispondrá de 15 días hábiles para instalar los equipos de medida que fueran necesarios y realizar la conexión. El plazo será de 7 días hábiles en caso de potencia hasta 15 kW.

2. Para el acceso de una instalación generadora a la red de distribución de alta tensión, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor para realizar autoconsumo el plazo que dispondrá la empresa distribuidora para la comunicación de las condiciones de acceso al interesado será:

• a) 30 días hábiles si la tensión de conexión es igual o inferior 36kV.
• b) 40 días hábiles si la tensión de conexión es superior a 36kV e igual o inferior 132 kV.

Si hubiera defectos en la solicitud, una vez subsanados estos, contará con otro plazo de la mitad de los anteriores.

Para el caso de que la instalación o agrupación de generación sea superior a 10MW, la empresa distribuidora deberá requerir informe al gestor de la red de transporte. En este caso, el plazo se ampliará en el tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de dicho informe.

El solicitante dispondrá de un plazo de un mes desde la recepción de las condiciones de acceso y conexión para su aceptación o comunicación de discrepancia con las mismas. En el caso de que las discrepancias no fueran satisfactoriamente atendidas por la empresa distribuidora, el solicitante podrá acudir ante el órgano competente en materia de energía en un plazo de un mes contado desde la contestación por parte de la empresa distribuidora. Una vez transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado el solicitante se dará por desistida la solicitud.

2.1. Las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalaciones eléctricas, competencia de esta Comunidad Autónoma, promovidas por particulares irán acompañadas de proyecto técnico y de una declaración responsable, suscrita por el autor de dicho proyecto, de cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b). de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, autorizaciones de organismos oficiales afectados, así como de un documento acreditativo de haber presentado dicho proyecto a la empresa distribuidora y, en su caso, del informe de aceptación del mismo.

2.2. La empresa distribuidora emitirá informe sobre aceptación o rechazo del proyecto en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su presentación ante la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido y comunicado el referido informe, se considerará que no hay objeción por parte de la empresa distribuidora al proyecto.

2.3. La dirección general competente en materia de energía dispondrá de 15 días hábiles para emitir o denegar la autorización administrativa y la autorización de construcción. Si la dirección general no se pronunciara en dicho plazo, se considerarán otorgadas las referidas autorizaciones y el solicitante podrá iniciar su ejecución bajo su responsabilidad. En caso de no presentar, junto con la solicitud, el informe de aceptación del proyecto por la empresa distribuidora, el plazo comenzará en el momento de su aportación o transcurrido el plazo indicado en el apartado 2.2.

El solicitante estará obligado a comunicar a la dirección general competente en materia de energía y a la empresa distribuidora el inicio de las obras. Asimismo estará obligado a obtener todas las autorizaciones o permisos, tanto de administraciones públicas como de particulares, que sean necesarios.

En cualquier caso, la Administración deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de las autorizaciones.

2.4. Si durante la ejecución de las instalaciones o después de ello, la empresa distribuidora detectase algún defecto o incumplimiento, informará de inmediato y por escrito al solicitante. En caso de que existieran discrepancias sobre el defecto detectado, el solicitante lo comunicará a la dirección general competente en materia de energía, aportando al expediente cuantos documentos considere oportunos.

2.5. Al finalizar la ejecución de las instalaciones, el solicitante deberá presentar a la empresa distribuidora toda la documentación de carácter técnico y administrativo de la instalación. La empresa distribuidora dispondrá de un plazo de 15 días hábiles desde la completa recepción de la documentación para revisar y validar la misma.

2.6. El promotor solicitará a la dirección general competente en materia de energía, mediante la presentación del certificado de final de obra de la instalación, la emisión de la autorización de explotación a su nombre, que deberá emitirse en el plazo de 15 días hábiles.

2.7 Recibida en la empresa distribuidora de la inscripción en el registro administrativo o autorización de puesta en servicio, esta contará con un plazo de 30 días hábiles para elaborar y poner en conocimiento del titular de la instalación el nuevo contrato técnico de acceso.

2.8. Una vez firmado dicho contrato técnico, recibidos los contratos con la empresa comercializadora indicados en el apartado 5 y satisfechos los derechos de acometida que fueran necesarios, la empresa deberá conectar las instalaciones de producción en el plazo máximo de 15 días hábiles.

La empresa distribuidora solo podrá exceder los plazos por razones de carácter técnico debidamente justificadas o cuando la interconexión pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En estos casos, la empresa distribuidora deberá comunicar por escrito dicha eventualidad al interesado y a la dirección general competente en materia de energía.

3. La inspección de las instalaciones por personal de la dirección general competente en materia de energía se realizará por muestreo.

4. En cualquier caso las instalaciones de generación por fuentes renovables, estarán sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 900/2015, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, en su caso, y en el Real Decreto 1699/2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia y en el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

5. La empresa comercializadora dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para la modificación de las condiciones de los contratos de ATR (acceso de terceros a la red) y de compraventa de energía que ya estuvieran suscritos, así como la suscripción de los nuevos contratos que fueran necesarios según el tipo de instalación y de conexión que se hubiera realizado (directa a la red o en autoconsumo). Dentro de ese plazo, comunicará también las deficiencias que pudieran existir en la solicitud. Una vez subsanadas, se reiniciará de nuevo el plazo inicial de 10 días.

Artículo 16 Ejemplaridad energética de la Administración regional

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desempeñará un papel ejemplar en materia de ahorro, eficiencia energética y uso de las energías renovables en sus edificios, instalaciones y parque móvil.

2. A estos efectos, la Administración regional asumirá los siguientes compromisos:

• a) Ahorrar y utilizar la energía de la manera más eficiente posible en todas sus actividades.
• b) Evitar o, en su caso, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero mediante el ahorro de energía y la implantación de técnicas y tecnologías que logren una mejora de la eficiencia energética.
• c) Potenciar la utilización de las energías renovables en sus edificios e instalaciones.
• d) Fomentar la sustitución de los derivados del petróleo por energías alternativas en las flotas de transporte público y en vehículos de la administración.

3. Se tendrán en cuenta criterios de racionalidad económica a la hora de establecer los planes e implementar medidas.

Artículo 17 Porcentaje de ahorro de energía

1. En consonancia con los objetivos de política energética que se establezcan en la Estrategia Energética de La Región de Murcia, la Administración regional cumplirá con los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables establecidos en el apartado siguiente.

2. La Administración pública regional y el sector público institucional dependiente de la Comunidad Autónoma debe lograr una reducción del consumo de energía del 23% para el año 2020 y del 25% en el año 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global de dicho sector de la Comunidad Autónoma existente. No obstante lo anterior, dichos objetivos podrán ser modulados a la vista de los avances en las diferentes tecnologías.

3. El Consejo de Gobierno, previo informe del organismo competente en materia de energía, distribuirá el porcentaje global de ahorro y eficiencia energética entre las diferentes unidades de actuación energética.

Artículo 18 Utilización de energía procedente de fuentes renovables

1. El sector público e institucional autonómico debe lograr que al menos un 20% de sus edificios, en el año 2020, y un 25%, en el año 2025, dispongan de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, pudiendo ser tanto con sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

2. Para el establecimiento de las instalaciones de energía renovable se tendrán en cuenta las dificultades para su implantación debidas, entre otras, a razones de carácter urbanístico, de accesibilidad a la luz solar, las corrientes de aire, de naturaleza paisajística, de seguridad de las personas y medios de transporte y de otras propiedades, de protección del patrimonio histórico-artístico o de la biodiversidad, y las funciones específicas que presten los edificios, en particular, los destinados a servicios sanitarios y de seguridad pública.

Artículo 19 Calificación energética de edificios de la Administración regional de nueva construcción

1. Los edificios de nueva construcción y la ampliación de edificios existentes de la Administración pública regional y sector público institucional autonómico, destinados tanto a servicios como a vivienda de protección pública, cuya construcción o rehabilitación se inicie un año después de la entrada en vigor de la presente disposición deberán ser calificados como de consumo de energía casi nulo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

2. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los siguientes edificios:

• a) Los protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
• b) Las construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
• c) Los edificios industriales y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.
• d) Los edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
• e) Los edificios o partes de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado anual y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año.

3. Los edificios de nueva construcción contarán con puntos de recarga de vehículos propulsados por energías de origen renovable y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

Artículo 20 Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos

1. La renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos ha de hacerse por otros que incrementen el ahorro y la eficiencia energética y la utilización de energías renovables y que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, y para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, la Administración regional y sector público autonómico deberá adquirir productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

• a) La calificación de la eficiencia energética, teniendo en cuenta la eficacia en los costes, la viabilidad económica y la adecuación técnica, así como la existencia de competencia suficiente. Especialmente se tendrá en cuenta su aplicación a la adquisición de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y de alumbrado.
• b) El impacto energético y medioambiental de la utilización vehículos de transporte por carretera y neumáticos durante su vida útil.
• c) La utilización por parte de los suministradores del servicio de productos que cumplan con los requisitos indicados en los apartados anteriores.

Artículo 21 Vehículos eficientes

1. Los vehículos que se adquieran por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, deberán utilizar fuentes de energía alternativas a los combustibles derivados del petróleo.

2. La obligación señalada en el apartado anterior no afecta a aquellos departamentos o entes que, por las funciones que realicen, precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.

Artículo 22 Modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia

Uno. El punto 2.b del artículo 26 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Dos. El punto 1 del artículo 71 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tenerla siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Tres. Se modifica el apartado 2, letra a), del artículo 72 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 79 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, quedando redactado del siguiente modo:

LE0000549971_20221022

Cinco. Queda derogado expresamente el apartado 2 del artículo 83 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial de la Región de Murcia.

LE0000549971_20221022

Seis. Se modifica el apartado segundo del artículo 100 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 116 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Ocho. Se modifica el apartado 4 el artículo 132 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Nueve. Se modifica el artículo 145.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial de la Región de Murcia, que pasa a tener la siguiente redacción:

• 4. En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo y a propuesta del consejero competente en materia de urbanismo, podrá suspender de forma total o parcial la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico para garantizar su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio, para defender otros intereses supramunicipales o para instar la revisión de su planeamiento.
  El acuerdo de suspensión de vigencia, previa audiencia a los ayuntamientos afectados, deberá indicar los instrumentos cuya vigencia se suspenden, el alcance de la suspensión, los plazos en los que deban revisarse o modificarse los instrumentos suspendidos y la normativa que haya de aplicarse transitoriamente.
  El acuerdo se notificará al ayuntamiento y se publicará en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia
  Este régimen jurídico, que se concretará en unas normas transitorias, no tendrá la consideración de instrumento de planeamiento a efectos urbanísticos cuando no realicen modificación alguna en la clasificación prevista en el planeamiento, por referirse exclusivamente a:
  • - Al suelo urbano.
  • - Suelo urbanizable que haya iniciado el proceso urbanizatorio.
  • - A los núcleos rurales.
  
  Su alcance y objeto estará limitado a establecer el mínimo contenido normativo necesario que permita el normal ejercicio de las facultades urbanísticas en los suelos consolidados anteriores.»

LE0000685115_20210101Número 4 del artículo 145, contenido en el número nueve del artículo 22, redactado por el número dos del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2021

LE0000549971_20221022

LE0000549971_20221022

Diez. Se modifica el artículo 186 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Once. Se modifica el apartado 5 del artículo 216 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Doce. Se modifica el artículo 240 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial de la Región de Murcia, que queda redactado de la siguiente forma:

LE0000549971_20221022

Trece. Se modifica el artículo 241 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial de la Región de Murcia, que queda redactado de la siguiente forma:

LE0000549971_20221022

Catorce. Se modifica el apartado tercero del artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Quince. El artículo 278 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Dieciséis. El apartado 2, letra h, y 3, letra e), del artículo 285 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Diecisiete. La letra c) del artículo 286 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Dieciocho. La letra d) del artículo 299 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000549971_20221022

Diecinueve. Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial de la Región de Murcia, que queda redactada de la siguiente forma:

LE0000549971_20221022

Artículo 23 Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia

Uno. Se adiciona un apartado cuarto al artículo 5 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Dos. Eliminación del artículo 16 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

LE0000360099_20221022

Tres. Modificación del artículo 20 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Cuatro. Modificación del artículo 22 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción.

Artículo 22 Modificación de la instalación o actividad

1. El titular de la instalación deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental autonómica las modificaciones que pretenda llevar a cabo, cuando tengan carácter sustancial, y las no sustanciales que puedan afectar al medio ambiente.

2. A fin de calificar la modificación de una instalación como sustancial en el caso de actividades sometidas a autorización ambiental integrada, resultará de aplicación lo establecido en la legislación básica estatal.

3. Para las instalaciones de tratamiento de residuos, no se consideran modificaciones sustanciales:

• a) Aquellas que supongan una modificación de maquinaria o equipos pero no impliquen un proceso de gestión distinto del autorizado.
• b) Las que supongan el tratamiento de residuos de características similares a los autorizados, siempre que no impliquen un incremento de capacidad superior al 25 por 100 en la capacidad de gestión de residuos peligrosos, del 50% en la capacidad de gestión de residuos no peligrosos o procesos de gestión distintos de los autorizados.

4. En las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (grupos A y B) que no se encuentren sometidas a autorización ambiental integrada, no se consideran modificaciones sustanciales aquellas que supongan una modificación o reemplazo de maquinaria, equipos o instalaciones por otras de características similares, siempre que no suponga la inclusión de un nuevo foco A o B que suponga un incremento superior al 35% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que siguen en la autorización o del total de las emisiones atmosféricas producidas.

Cuando la modificación establecida no modifique o reduzca las emisiones se considerará modificación no sustancial.

LE0000685115_20210101LE0000691254_20210101Número 4 del artículo 22, contenido en el número cuatro del artículo 23, redactado por el número tres del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre) y su corrección de errores («B.O.R.M.» 9 marzo 2021).Vigencia: 1 enero 2021

5. Si se solicita autorización para una modificación sustancial con posterioridad a otra u otras no sustanciales, deberán examinarse conjuntamente todas las modificaciones no sustanciales previas junto con la sustancial que se pretenda.

6. Cuando el titular de la instalación considere que la modificación que se comunica no es sustancial, podrá llevarla a cabo siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental autonómica no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

7. Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental autonómica.

La nueva autorización ambiental autonómica que se conceda sustituirá a la anterior, refundiendo las condiciones impuestas originariamente para el ejercicio de la actividad y aquéllas que se impongan como consecuencia de la modificación sustancial de la instalación.

LE0000360099_20221022

LE0000360099_20221022

Cinco. Modificación del artículo 31 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción.

LE0000360099_20221022

Seis. Se modifica el apartado primero del artículo 35 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Siete. Modificación del artículo 38 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Ocho. Se modifica el apartado 2 y se añade un tercer apartado 3 del artículo 45 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Nueve. Modificación de la letra a) del apartado segundo y del apartado cuarto del artículo 46 de La Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que resulta con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Diez. Se modifica el apartado tercero del artículo 64 de la ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Once. Se suprime el contenido del apartado cuarto del artículo 64 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

LE0000360099_20221022

Doce. Se suprime el contenido del artículo 65 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

LE0000360099_20221022

Trece. Se modifica el apartado segundo del artículo 85 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Catorce. Modificación del artículo 131 de la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción.

LE0000360099_20221022

Quince. Se modifica el título del artículo 152 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que queda redactado como sigue:

LE0000360099_20221022

Dieciséis. Se modifica el apartado 2, párrafo a), del artículo 152 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que queda redactado como sigue:

LE0000360099_20221022

Diecisiete. Se introduce una disposición adicional decimotercera en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Dieciocho. Se introduce una disposición adicional decimocuarta en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Diecinueve. Se modifica el anexo I de la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000360099_20221022

Veinte. Se suprime el contenido de la disposición adicional novena de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

LE0000360099_20221022

Artículo 24 Modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia

Uno. Se modifica el apartado 1, letra a), del artículo 10 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Dos. Se modifica el artículo 19 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Tres. Se modifica el artículo 21 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Cuatro. Se modifica el apartado cuarto del artículo 46 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Cinco. Se modifica el apartado cuarto del artículo 50 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Seis. Se modifica el apartado cuarto del artículo 54 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Siete. Se modifica el apartado octavo del artículo 55 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Ocho. Se modifica el apartado cuarto del artículo 62 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Nueve. Se modifica el apartado octavo del artículo 63 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Diez. Se modifica el apartado séptimo del artículo 64 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Once. Se modifica el apartado segundo del artículo 83 y se adiciona un apartado 6 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedarán con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Doce. Se modifica el apartado quinto del artículo 84 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Trece. Se modifica el artículo 96 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Catorce. Modificación del apartado uno del artículo 97 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Quince. Se modifica el apartado cuarto del artículo 99 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que quedará con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Dieciséis. Se modifican las letras a) y d) del apartado segundo del artículo 102 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Diecisiete. Se modifica el apartado segundo del artículo 103 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Dieciocho. Se modifica apartado tercero del artículo 139 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Diecinueve. Se modifica el párrafo primero del apartado segundo del artículo 141 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

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Veinte. Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Veintiuno. Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que queda con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Veintidós. Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que queda con la siguiente redacción:

LE0000237653_20200619

Artículo 25 Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia

Uno. Se modifica la letra c) del artículo 28 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, con el siguiente tenor literal.

LE0000238998_20190426

Dos.- Se modifica el apartado sexto del artículo 29 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, con el siguiente tenor literal:

LE0000238998_20190426

Tres. Se modifica el artículo 46 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

LE0000238998_20190426

Cuarto. Quedan derogados expresamente los artículos 32 a35 y 50.2.b de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen de Comercio Minorista de la Región de Murcia.

LE0000238998_20190426

Artículo 26 Modificación de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Espectáculos Públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Se modifica el artículo 7 Ley 9/2016, de 2 de junio, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que queda redactado del siguiente modo:

LE0000576396_20181111

Artículo 27 Modificación de la disposición adicional octava Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas

Uno. Queda derogada expresamente la disposición adicional cuarta de Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.

LE0000591400_20170217

Dos. Se modifica el último párrafo del apartado quinto de la disposición adicional octava que queda redactada del siguiente modo:

LE0000591400_20170217

Artículo 28 Modificación de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de Admisión de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Región de Murcia

Se adiciona una disposición adicional tercera a la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia.

LE0000447076_20220930

Artículo 29 Modificación de la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Uno. Se modifica el artículo 12 de la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que queda redactado en los siguientes términos:

LE0000244960_20181111

Dos. Se modifica el artículo 13 de la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que queda redactado en los siguientes términos:

LE0000244960_20181111

Artículo 30 Incentivos del personal docente en (sic) investigador en las universidades públicas de la Región de Murcia

1. Además de las retribuciones adicionales establecidas por la Comunidad Autónoma para el PDI determinadas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ligados a méritos individuales por el ejercicio de la actividad docente, investigadora, de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento y de gestión, las universidades podrán establecer otros incentivos para el PDI en el marco de los objetivos establecidos en el contrato-programa con la Comunidad Autónoma. Esto permitirá simplificar la implantación de las políticas universitarias a través de los incentivos del profesorado.

2. Dichos incentivos podrán reconocer aquellas actividades que aporten un mayor valor añadido a la Universidad, entre otras:

• a) La internacionalización de sus enseñanzas e investigaciones
• b) La docencia virtual, especialmente en las enseñanzas de posgrado
• c) La renovación de las metodologías y los contenidos docentes,
• d) La docencia vinculada a los resultados de la actividad investigadora
• e) La modificación de los planes de estudio destinada a la mejora de la empleabilidad de los estudiantes, incluidos los de tercer ciclo, por cuenta propia o ajena
• f) La implantación de itinerarios o títulos con docencia en inglés o en otras lenguas de interés científico o académico.
• g) La investigación de excelencia,
• h) La transferencia de conocimiento y la innovación
• i) La obtención de fondos de investigación públicos o privados, con especial mención a los fondos europeos e internacionales.

3. La Universidad establecerá una Comisión con participación del Consejo Social para la asignación de estos incentivos. Dicha Comisión establecerá el procedimiento y los baremos a aplicar, basados en todo caso en criterios de excelencia contrastados con estándares internacionales. La composición de la comisión, el procedimiento y el baremo se harán públicos mediante resolución del Rector.

4. Los incentivos a que se refiere el presente artículo no serán consolidables, aunque sus beneficiarios podrán renovar su obtención en cada convocatoria anual, siempre que sean evaluados de forma positiva.

5. La universidades con cargo a la financiación condicionada anual a través del contrato-programa con la Comunidad Autónoma podrán destinar un porcentaje de estos recursos al pago de estos incentivos.

Artículo 31 Modificación de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de Ajuste Presupuestario y de Medidas en Materia de Función Pública

Se modifica el artículo 28 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de Ajuste Presupuestario y de Medidas en Materia de Función Pública.

LE0000484973_20181111

Artículo 32 Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública

Uno. Modificación del apartado primero del artículo 6 la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública:

LE0000540267_20221022

Dos. Modificación del artículo 10 bis de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública resultando el texto que se transcribe a continuación:

LE0000540267_20221022

Tres. Adición del artículo 10 septies en la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, resultando el texto que se transcribe a continuación:

LE0000540267_20221022

Cuatro. Adición del artículo 10 octies en la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, resultando el texto que se transcribe a continuación.

LE0000540267_20221022

Artículo 33 Carpeta empresarial

1. Para facilitar las relaciones entre las empresas y la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se crea, en la sede electrónica, para cada una de las empresas que realice actividades económicas en la Región de Murcia, la carpeta empresarial.

2. En la carpeta empresarial deben integrarse todas las relaciones que se produzcan con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a lo largo de la vida de la empresa.

3. La carpeta empresarial actuará como repositorio de documentación de la empresa para hacer efectivo el derecho de no presentar los documentos que se encuentran en poder de cualquier administración.

4. La carpeta deberá ser compartida, compatible e interoperable, de modo que, de acuerdo con los derechos y deberes de cada parte, pueda ser consultada tanto por las propias empresas como por las administraciones públicas.

5. La carpeta empresarial podrá ser utilizada por la administración competente para la tramitación para dar traslado a las administraciones públicas, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés económico general en la parte que la instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo, así como al resto de interesados en un determinado procedimiento, de la documentación (estudios, memorias, separatas, proyectos técnicos, etc.) necesaria para la emisión de los informes que sean preceptivos o que se juzguen necesarios para resolver los procedimientos administrativos.

6. Cuando así esté establecido y cuando se trate de servicios comunes, la carpeta empresarial estará interconectada con la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado.

7. La carpeta utilizará los servicios web de la plataforma de administración electrónica de la CARM e incorporará los servicios necesarios para la consulta del estado de tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con la actividad empresarial.

Artículo 34 Sistema de información sobre la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y para la detección de cargas administrativas

1. Se crea un sistema de información para la interpretación de la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y para la detección de cargas administrativas, al que se accederá a través de sendos enlaces denominados «Consulta tus dudas sobre la legislación aplicable a tu actividad económica» y «Reducción de cargas administrativas», que estarán ubicados en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Los enlaces podrán ser utilizados por los interesados, colegios profesionales, organizaciones empresariales y otros colectivos afectados, para realizar consultas relativas a la interpretación de la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas. Asimismo, permitirán poner de manifiesto la existencia de disposiciones, actos o actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que signifiquen un obstáculo para la aplicación de la presente ley o puedan ser entendidas, con carácter general, como cargas administrativas.

3. El órgano administrativo competente debe informar por medios electrónicos sobre la consulta para la interpretación legislativa o sobre la carga administrativa expuesta, en el plazo de treinta días. La respuesta emitida por el órgano administrativo competente se comunicará al interesado a través de la sede electrónica, y tendrá carácter vinculante para los órganos de la Administración regional encargados de su aplicación en relación con el consultante así como en aquellos supuestos en que exista identidad entre los hechos y circunstancias.

4. La gestión del sistema de información sobre la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y para la detección de cargas administrativas, se encomienda a la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, creada por Ley 2/2017, de 13 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la Liberalización y de la Supresión de Cargas Burocráticas.

5. El sistema de información, estará disponible para su utilización por los interesados en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 35 Comisión para el Impulso de la Actividad Económica

1. Se crea la Comisión para el Impulso de la Actividad Económica con objeto de efectuar el seguimiento y la evaluación de la implantación de las medidas establecidas por la presente ley y de establecer los mecanismos de colaboración necesarios con la Administración local.

2. La Comisión impulsará la evaluación y el análisis de las obligaciones de información derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afectan a las empresas con objeto de llevar a cabo una reducción de cargas en los trámites administrativos que afectan a la actividad económica.

3. La Comisión tiene las siguientes funciones:

• a) Realizar el seguimiento de la aplicación de los regímenes de intervención que afectan a las actividades económicas en materia de industria, energía y minas, turismo, medio ambiente y ordenación territorial y urbanística, así como de la implantación de la carpeta empresarial por parte de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, del resto de medidas establecidas por la presente ley para facilitar la actividad económica.
• b) Analizar y valorar las comunicaciones remitidas por los interesados, colegios profesionales, organizaciones empresariales u otros colectivos afectados, relativas a la existencia de disposiciones, actos o actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que signifiquen un obstáculo para la aplicación de la presente ley o puedan ser entendidas, con carácter general, como cargas administrativas.

  La Comisión apoyará al órgano administrativo competente para la emisión del informe correspondiente relativo a las comunicaciones recibidas y propondrá, en su caso, soluciones que conjuguen el impulso de la actividad económica y la defensa del interés general.

• c) Identificar propuestas de mejora de la intervención administrativa en la actividad económica, proponer las acciones necesarias para implantarlas y realizar su seguimiento.
• d) Recibir información sobre los planes de control, inspección y verificación de las actividades económicas en las materias citadas con anterioridad, realizados por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sobre el resultado de los mismos.
• e) Cualquier otra función de naturaleza similar que le sea encomendada.

4. La Comisión, que tiene carácter permanente, está formada por representantes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Administración local, y la organización empresarial más representativa de la Región de Murcia. Su presidencia es ejercida por un representante de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. La Comisión cuenta con un consejo asesor formado por personas designadas por las organizaciones empresariales más representativas en la Región de Murcia, las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación, una representación de los colegios profesionales y, en su caso, por profesionales de reconocido prestigio. El consejo asesor debe formular propuestas a la Comisión sobre los temas de su competencia.

6 El titular de la consejería competente en materia de actividad empresarial y simplificación administrativa establecerá mediante Orden la composición, la organización y el régimen de funcionamiento de la Comisión y del Consejo asesor.

Véase Orden conjunta de las Consejerías de Transparencia, Participación y Administración Pública y de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se regula la Comisión para el Impulso de la Actividad Económica y su Consejo Asesor («B.O.R.M.» 17 septiembre 2021).LE0000707501_20211007

Artículo 36 Modificación de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia

Uno. Se modifica el apartado tercero del artículo 10 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, que queda redactada del siguiente modo:

LE0000014363_20181111

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, que queda redactado del siguiente modo:

LE0000014363_20181111

Tres. Se modifica el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, que queda redactado de la siguiente forma:

LE0000014363_20181111

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 32 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, que queda redactado del siguiente modo:

LE0000014363_20181111

Cinco. Se adiciona una disposición transitoria quinta a la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción:

LE0000014363_20181111

Artículo 37 Modificación de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Se modifica el apartado tercero del artículo 46 de la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quedando redactado del siguiente modo:

LE0000208724_20220501

Primera Regularización de actividades en el marco del procedimiento establecido en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada para la legalización de actividades no autorizadas

1. Los titulares de actividades existentes que, a la entrada en vigor de la presente ley, las estén ejerciendo sin contar con el adecuado título habilitante de actividad por razones urbanísticas, y que pretendan regularizar la situación, podrán llevarla a cabo, dentro de los procedimientos legalmente establecidos para obtener un título habilitante de actividad vinculado a un uso provisional con las precisiones señaladas en la presente disposición.

2. Para obtener la compatibilidad urbanística preceptiva para el título de habilitante de actividad, deberán remitir al ayuntamiento en el cual se encuentren ubicadas, en el marco del procedimiento que corresponda, la documentación establecida legalmente con las siguientes especificidades:

• - La justificación de la temporalidad del uso contemplada en el artículo 111.1, viene determinada por el plazo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley 13/2015.
• - A estos efectos, deberán determinarse aquellos aspectos del planeamiento urbanístico en vigor que dificultan la obtención de la citada compatibilidad urbanística.

3. El ayuntamiento, adicionalmente a los requisitos contemplados en la legislación en vigor, deberá determinar para conceder dicha compatibilidad, si los puntos señalados por el titular de la actividad podrían ser objeto de análisis en el marco del procedimiento de adaptación del planeamiento general a la citada Ley 13/2015, de 24 junio, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

4. Una vez alcanzado el hito, y si la actividad en regularización no es incompatible el planeamiento aprobado inicialmente, el uso provisional podrá prorrogarse durante el tiempo necesario para aprobar y desarrollar el planeamiento general hasta el estado que permita que el título habilitante obtenido, vinculado al uso provisional concedido, pueda ser compatible con las determinaciones del nuevo planeamiento.

5. El ayuntamiento no está vinculado en la revisión de su planeamiento al uso provisional otorgado.

6. El título habilitante de actividad para uso provisional podrá devenir en indefinido, una vez el planeamiento urbanístico habilite, en su caso, el ejercicio de dicho uso, todo de acuerdo y con las limitaciones establecidas en la Ley 4/2009.

7. La regularización de actividades prevista en la presente disposición se referirá exclusivamente a aquellas que sean compatibles con la modificación del planeamiento exigida por la disposición transitoria segunda de la Ley 13/2015, una vez que esa modificación haya sido aprobada inicialmente.

LE0000685115_20210101Número 7 de la disposición adicional primera introducido en su actual redacción, por el número cuatro del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2021

8. La consejería competente en materia de industria, a través del equipo de gestión regulado en el artículo 12 de la normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por el Decreto 102/2006, de 8 de junio, deberá en el plazo de un año iniciar los trabajos conducentes a la revisión del citado instrumento de ordenación territorial, con el fin de adecuar el modelo de suelo industrial de la Región de Murcia.

LE0000685115_20210101Número 8 de la disposición adicional primera renumerado por el número cuatro del artículo único de Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con el anterior número 7.Vigencia: 1 enero 2021

Segunda Obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

1. Aquellas personas físicas que inicien de forma electrónica un procedimiento administrativo de autorización ambiental integrada, evaluación ambiental o autorización sectorial ambiental, así como los relacionados con la actividad industrial, energética y minera, se entiende que tienen acceso y disponen de los medios electrónicos necesarios y, por lo tanto, quedarán obligadas a continuar la relación con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de medios electrónicos, en el ámbito del procedimiento de que se trate.

2. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que den ocupación a trabajadores por cuenta ajena para todos aquellos procedimientos administrativos relacionados directamente con el ejercicio de su actividad económica, quedan obligados a relacionarse con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de medios electrónicos, al entenderse que tienen la suficiente capacidad económica para garantizarse el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Tercera Asistencia al ciudadano en materia de registros

1. Las funciones de asistencia en materia de registros recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se entenderán atribuidas a las oficinas corporativas de atención al ciudadano de carácter general existentes en la Administración regional.

Las oficinas corporativas de atención al ciudadano de carácter especializado de la Administración pública regional asistirán a los interesados en la tramitación de los procedimientos de su ámbito competencial.

2. Por la dirección general competente en materia de organización administrativa se deberá hacer pública y mantener actualizada la relación de oficinas de atención presencial de la Administración pública regional.

Cuarta Mejora de la calidad en la atención al consumidor en las solicitudes de nuevos suministros de energía eléctrica en alta tensión o de ampliación de los existentes, realizadas por empresas

En un plazo no superior a 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la consejería competente en materia de energía, deberá haber realizado las actuaciones de impulso necesarias para la suscripción de convenios de colaboración con las diferentes empresas de distribución de energía eléctrica que operan en la Región de Murcia, que tendrán por objeto la reducción de los plazos máximos reglamentariamente establecidos para la comunicación por escrito, por la empresa distribuidora al solicitante del punto de suministro y las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo.

En todo caso, el convenio de colaboración regulará un sistema para la resolución de discrepancias entre el solicitante y la empresa distribuidora, en relación con el documento que contenga el punto de suministro y las condiciones técnico-económicas.

Quinta Definición de conceptos jurídicos establecidos en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia

A los efectos de lo indicado en el artículo 111, se define el siguiente término:

«Temporalidad de régimen de explotación»: Podrá fijarse la temporalidad de los usos, obras o instalaciones provisionales por alguna de las siguientes vías:

• a) Remitiéndolos a una fecha fija cierta.
• b) Por el transcurso de un plazo.
• c) Al cumplimiento de un hecho futuro cierto, pero indeterminado en el tiempo.

En cualquier caso, será el ayuntamiento el que discrecionalmente optará por alguna de estas tres vías, pudiendo en todos los casos, y especialmente en el último, requerir a su titular de manera motivada para que, en cualquier momento, proceda a su suspensión o demolición y sin que este tenga derecho a indemnización alguna.

Uno. A los efectos de lo indicado en el artículo 112 se define el siguiente término:

«Incumplir alguna condición normativa»: Incumplimiento de determinaciones presentes en la ordenación territorial y en la planificación urbanística.

Disposición derogatoria Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Primera Elaboración de textos legislativos refundidos

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, apruebe los textos refundidos de las disposiciones legales que han modificado o afectado a las leyes que se indican a continuación. La refundición incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que sean objeto de cada texto refundido:

• - Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia
• - Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
• - Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública.

Segunda Habilitación de desarrollo reglamentario

Se faculta a los consejeros competentes en las materias de industria, energía, medio ambiente, urbanismo, hacienda y cuantas otras son objeto de esta ley para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la misma.

Tercera Aplicación de la normativa sobre constitución de comunidades de gestión para cumplir con el deber de conservación y mantenimiento de la urbanización en áreas industriales

La fecha a partir de la cual se pondrán constituir las comunidades de gestión de área industrial no impuestas por el planeamiento, se determinará en la orden del consejero competente en materia de industria, en el que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de las disposiciones contenidas en la presente ley

Las entidades urbanísticas que estuvieran realizando tareas de conservación y mantenimiento de la urbanización, cualquiera que sea su naturaleza, procurarán adaptar, a partir de la fecha anterior, su forma jurídica y régimen de funcionamiento a las previsiones de esta norma. Por el contrario, las entidades urbanísticas que se constituyan a partir de dicha fecha deberán observar las determinaciones que esta ley incluye.

La aprobación del reglamento de las disposiciones contenidas en la presente ley se producirá en el plazo máximo de un año y deberá contener, al menos, el desarrollo de aquellas cuestiones contempladas en la misma, así como los demás aspectos relacionados con el contenido mínimo de los estatutos de la comunidad de gestión, órganos de gobierno, derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de gestión, régimen económico, medios materiales y programación de la actuación de la CGAI, régimen de disolución, creación del registro de las comunidades de gestión de áreas industriales y el procedimiento de adaptación al texto reglamentario de las que se hayan podido constituir con antelación al mismo. Todo ello dentro del marco que, sobre derechos y obligaciones de los propietarios, establece nuestro ordenamiento jurídico.

Cuarta Acciones formativas relacionadas con la legislación autonómica en materia de simplificación procedimental y sectorial aplicables al ejercicio de actividades económicas

Para ello, las consejerías con competencias en materia de desarrollo económico, medioambiente y urbanismo, promoverán acciones formativas sobre la legislación autonómica en materia de simplificación procedimental y la sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas.

Las acciones de formación tendrán como destinatarios los diferentes agentes que conforman la estructura para la seguridad industrial, la protección del medioambiente y la actividad urbanística, así como el personal técnico de las administraciones públicas, y su objetivo será dar a conocer los cambios normativos en materia de simplificación procedimental y favorecer la interpretación uniforme de la legislación sectorial aplicable a estas áreas.

Quinta Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.