Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupci髇 en Andaluc韆 y protecci髇 de la persona denunciante

Art韈ulo 1 Finalidad y objeto

1. La presente Ley tiene como finalidad la prevenci髇 y lucha contra el fraude y la corrupci髇.

2. El objeto lo constituye:

• a) La creaci髇 de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇 y la regulaci髇 del procedimiento a seguir por la misma para la investigaci髇 e inspecci髇 de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, en los t閞minos descritos en el T韙ulo I.
• b) El establecimiento de un r間imen de protecci髇 de las personas que formulen denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇, respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, en los t閞minos descritos en el T韙ulo II.
• c) La regulaci髇 del r間imen sancionador respecto de las acciones u omisiones tipificadas en la ley, en los t閞minos descritos en el T韙ulo III.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos de esta ley se entiende por:

• a) Fraude: Aquella actuaci髇 intencionada de enga駉 para obtener ganancias o beneficios ileg韙imos, para s� o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios p鷅licos.
• b) Corrupci髇: Abuso de poder para obtener ganancias o beneficios ileg韙imos, para s� o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios p鷅licos; la conculcaci髇 de los principios de igualdad, m閞ito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisi髇 de los puestos de trabajo en el sector p鷅lico andaluz, incluidas las entidades instrumentales de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆; cualquier otro aprovechamiento irregular, para s� o para terceras personas, derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso, en beneficio privado, de informaciones derivadas de las funciones atribuidas a las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a), b), c) y d).
• c) Conflicto de intereses: situaci髇 en la que el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones atribuidas a las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a), b), c) y d), pueda verse influido por razones familiares, afectivas, de afinidad pol韙ica, de inter閟 econ髆ico o por cualquier otro motivo de comunidad de intereses, tanto propios como de terceras personas.

  El conflicto de intereses comprender� cualquier participaci髇 en un procedimiento en el que se tenga, directa o indirectamente, un inter閟 financiero, pol韙ico, econ髆ico o personal que pudiera comprometer la imparcialidad o independencia.

• d) Sector p鷅lico andaluz: estar� integrado por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y sus agencias, ya sean agencias administrativas, agencias p鷅licas empresariales o agencias de r間imen especial; por las sociedades mercantiles del sector p鷅lico andaluz; las fundaciones del sector p鷅lico andaluz; los consorcios y sociedades mercantiles previstos en el art韈ulo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, as� como por los fondos carentes de personalidad jur韉ica cuya dotaci髇 se efect鷈 mayoritariamente desde el presupuesto de la Junta de Andaluc韆.

Art韈ulo 3 羗bito objetivo de aplicaci髇

Esta Ley ser� de aplicaci髇:

• a) Al sector p鷅lico andaluz.
• b) A las instituciones y 髍ganos previstos en el T韙ulo IV del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, as� como en aquellas otras entidades p鷅licas que tengan la consideraci髇 de Administraci髇 institucional de la Junta de Andaluc韆, conforme a lo previsto en la disposici髇 adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
• c) A las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las mismas, en los t閞minos previstos en esta ley.
• d) A las universidades p鷅licas andaluzas y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de 閟tas, en los t閞minos previstos en esta ley.
• e) A las personas f韘icas y jur韉icas privadas, entidades sin personalidad jur韉ica, administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos y entidades distintos de los previstos en los p醨rafos a), b), c) y d), que sean o hayan sido licitadores o adjudicatarios de contratos en el 醡bito de la contrataci髇 del sector p鷅lico, o beneficiarios de subvenciones, o se les hayan otorgado cr閐itos, avales o cualquier otro tipo de ayuda, beneficio o prestaci髇, o hayan obtenido permisos, licencias o autorizaciones, del sector p鷅lico andaluz y de las instituciones, 髍ganos y entidades previstos en los p醨rafos a), b), c) y d), o que hayan tenido otro tipo de relaciones econ髆icas, profesionales o financieras con los mismos, sometidas al derecho p鷅lico o privado, en lo concerniente a dichas relaciones.

Art韈ulo 4 羗bito subjetivo de aplicaci髇

1. Esta Ley ser� de aplicaci髇:

• a) A las personas que presten servicios en el sector p鷅lico andaluz.
• b) A las personas que presten servicios en las instituciones y 髍ganos previstos en el T韙ulo IV del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, as� como en aquellas otras entidades p鷅licas que tengan la consideraci髇 de Administraci髇 institucional de la Junta de Andaluc韆, conforme a lo previsto en la disposici髇 adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
• c) A las personas que presten servicios en las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las mismas, en los t閞minos previstos en esta ley.
• d) A las personas que presten servicios en las universidades p鷅licas andaluzas y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de 閟tas, en los t閞minos previstos en esta ley.
• e) A las personas que presten servicios para las personas f韘icas y jur韉icas privadas, entidades sin personalidad jur韉ica, administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos y entidades previstos en el art韈ulo 3.e), en los mismos t閞minos indicados en el citado art韈ulo.
• f) A las personas denunciantes, consider醤dose como tales a los efectos de esta ley a las personas f韘icas o jur韉icas y entidades sin personalidad jur韉ica que formulen una denuncia ante la Oficina, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de inter閟 o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 35.

2. Esta ley ser� de aplicaci髇 a las personas a las que se refiere el apartado 1, p醨rafos a), b), c), d) y e), con independencia de la naturaleza de la relaci髇 jur韉ica en virtud de la cual presten sus servicios.

Art韈ulo 5 Principios rectores

Las actuaciones previstas en la presente ley se rigen por los siguientes principios:

• a) Principios de independencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicaci髇 al servicio p鷅lico.
• b) Principios de legalidad, reserva de jurisdicci髇, presunci髇 de inocencia, coordinaci髇, cooperaci髇, eficacia, eficiencia y econom韆 en el cumplimiento de los objetivos y finalidades p鷅licos.
• c) Principios de responsabilidad, buena fe del denunciante, transparencia y rendici髇 de cuentas.
• d) Principio non bis in idem.

Art韈ulo 6 Creaci髇

1. Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇 (en adelante, la Oficina) como entidad de derecho p鷅lico, con personalidad jur韉ica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La Oficina se adscribe al Parlamento de Andaluc韆.

2. La Oficina actuar� con plena autonom韆 e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, respecto de las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos y entidades incluidas en el art韈ulo 3.

V閍se el Acuerdo de 14 de octubre de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andaluc韆, por el que se establece el r間imen jur韉ico preciso para la puesta en funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇 (獴.O.J.A.� 22 octubre).LE0000710131_20211019

Art韈ulo 7 Finalidad

La Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupci髇, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros del sector p鷅lico andaluz y dem醩 instituciones, 髍ganos y entidades p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3, p醨rafos a), b), c) y d), para el impulso de la integridad y la 閠ica p鷅lica, as� como para la protecci髇 de los denunciantes. Asimismo, la Oficina promover� una cultura de buenas pr醕ticas y de rechazo del fraude y la corrupci髇 en el dise駉, ejecuci髇 y evaluaci髇 de las pol韙icas p鷅licas, as� como en la gesti髇 de los recursos p鷅licos, a trav閟 de la creaci髇 de un c骴igo 閠ico o de buenas conductas.

Art韈ulo 8 R間imen jur韉ico

1. La Oficina se regir� por lo dispuesto en la presente ley y en su normativa reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno, en los t閞minos indicados en la disposici髇 final s閜tima, as� como por lo establecido en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento previsto en el apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico y procedimiento administrativo com鷑.

2. En los t閞minos previstos en esta ley, el reglamento de r間imen interior y funcionamiento regular� el gobierno, la organizaci髇, el funcionamiento y la estructura de la Oficina, las competencias que se atribuyan a los 髍ganos y unidades administrativas de la misma, el procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, el procedimiento de elecci髇 y cese de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, el r間imen del personal al servicio de la Oficina, as� como los procedimientos y canales para la presentaci髇 de denuncias ante la Oficina.

La propuesta de reglamento de r間imen interior y funcionamiento se elaborar� por la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina y se remitir� al Parlamento de Andaluc韆 para su aprobaci髇.

El reglamento de r間imen interior y funcionamiento y las modificaciones del mismo vincular醤 su vigencia a la publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆, debiendo publicarse, adem醩, en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆, a efectos de general conocimiento.

V閍se el Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Mesa del Parlamento de Andaluc韆, por el que se aprueba el Reglamento de R間imen Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇 (獴.O.J.A.� 11 mayo).LE0000727532_20230406

Art韈ulo 9 Funciones

1. Son funciones de la Oficina:

• a) Fomentar y velar por el cumplimiento de la integridad, objetividad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad y dem醩 deberes regulados en los art韈ulos 52 y siguientes del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, respecto de los empleados p鷅licos que presten servicios en el sector p鷅lico andaluz y dem醩 instituciones, 髍ganos y entidades p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3, p醨rafos a), b), c) y d), con la finalidad de garantizar el destino y el uso de los fondos p鷅licos, y en general, la correcta gesti髇 en la prestaci髇 de los servicios p鷅licos.
• b) Realizar las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 previstas en esta Ley respecto de los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros.
• c) Informar preceptivamente tambi閚 al Parlamento de Andaluc韆 sobre los proyectos normativos que desarrollen esta ley u otros proyectos normativos que est閚 directamente relacionados con la finalidad y funciones de la Oficina.
• d) Estudiar, promover e impulsar la aplicaci髇 de buenas pr醕ticas en la gesti髇 p鷅lica mediante la redacci髇 de un c骴igo 閠ico o de buenas pr醕ticas, con la finalidad de prevenir el fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros.
• e) Colaborar en la formaci髇 de las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a), b), c) y d), en materia de prevenci髇 y actuaci髇 respecto del fraude, la corrupci髇 y los conflictos de intereses, as� como en lo relativo a la debida gesti髇 de los fondos p鷅licos.
• f) Formular propuestas y recomendaciones dirigidas al sector p鷅lico andaluz y dem醩 instituciones, 髍ganos y entidades p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3, p醨rafos a), b), c) y d), en materia de prevenci髇 del fraude, la corrupci髇, conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros.

  Los destinatarios de estas propuestas y recomendaciones deber醤 informar a la Oficina, en un plazo de treinta d韆s desde la recepci髇 de las mismas, sobre las acciones adoptadas o, en su caso, sobre los motivos que les hubieran impedido actuar de acuerdo con las propuestas y recomendaciones formuladas.

• g) Formular propuestas y recomendaciones dirigidas a los altos cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, respecto del cumplimiento de los principios de buen gobierno previstos en el T韙ulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno.

  Las personas destinatarias de estas propuestas y recomendaciones deber醤 informar a la Oficina, en un plazo de treinta d韆s desde la recepci髇 de las mismas, sobre las acciones adoptadas o, en su caso, sobre los motivos que les hubieran impedido actuar de acuerdo con las propuestas y recomendaciones formuladas.

• h) Colaborar con los 髍ganos competentes en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, para prevenir y corregir actuaciones que pudieran infringir el r間imen aplicable en cada caso.
• i) Colaborar con los 髍ganos y los organismos de control interno y externo de la gesti髇 de los fondos p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.
• j) Establecer relaciones de colaboraci髇 y de elaboraci髇 de propuestas de actuaci髇 con organismos que tengan funciones semejantes en el Estado, en las restantes comunidades aut髇omas o en la Uni髇 Europea. Asimismo, establecer� un canal voluntario de comunicaci髇 bidireccional, con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, que favorezca, sin intromisi髇 en las actuaciones judiciales, la transferencia de informaci髇 sobre actuaciones de inspecci髇 o de investigaci髇 y, en su caso, sobre resultados, cuando as� se requiera al objeto de complementar la labor investigadora.
• k) Tramitar las denuncias que le sean presentadas respecto de los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, ajust醤dose al procedimiento previsto para ello en el T韙ulo I, Cap韙ulo II y en el posterior desarrollo reglamentario del mismo.
• l) Tutelar los derechos de los denunciantes, conforme a lo dispuesto en el t韙ulo II de la presente Ley.
• m) El inicio, instrucci髇 y resoluci髇 de los procedimientos sancionadores tramitados como consecuencia de las infracciones tipificadas en la presente ley.
• n) El inicio, instrucci髇 y resoluci髇 de los procedimientos sancionadores tramitados como consecuencia de las infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos, y de las tipificadas en el art韈ulo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno
  LE0000745003_20230101Letra n) del n鷐ero 1 del art韈ulo 9 redactada por el apartado uno de la disposici髇 final d閏ima de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 para el a駉 2023 (獴.O.J.A.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• �) Aquellas otras actuaciones cuyo contenido y finalidad puedan ser considerados acciones preventivas contra el fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros.
• o) Cualesquiera otras que legalmente puedan serle atribuidas.

2. Respecto de las personas f韘icas y jur韉icas privadas, entidades sin personalidad jur韉ica, administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos y entidades previstos en el art韈ulo 3.e), as� como respecto de las personas que presten servicios en los mismos previstas en el art韈ulo 4.1.e), la Oficina ejercer� las funciones previstas en el apartado 1, p醨rafos b), k), l), y m), en los t閞minos indicados en los citados art韈ulos 3.e) y 4.1.e).

Art韈ulo 10 Funciones en el 醡bito de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆

1. Respecto de las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las mismas, la Oficina ejercer� las funciones previstas en el art韈ulo 9, apartado 1, p醨rafos a), d), e), f), l), m) y �).

2. Cuando la Oficina tuviera conocimiento, por alguno de los medios previstos en el art韈ulo 20, de la existencia de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros en el 醡bito de las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las mismas, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina deber� dictar resoluci髇 motivada, en el plazo m醲imo de quince d韆s desde el conocimiento de la existencia de los actos u omisiones descritos, acordando el traslado de las actuaciones al 髍gano competente de la Administraci髇 local para que 閟te, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalizaci髇 interna de la gesti髇 econ髆ico-financiera y presupuestaria, investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses e informe a la Oficina de los resultados de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 realizadas, en un plazo m醲imo de seis meses desde el traslado de las actuaciones y resoluci髇 motivada.

No obstante, este periodo m醲imo de resoluci髇 podr� ser ampliado en tres meses m醩, siempre y cuando exista una resoluci髇 motivada para aquellos casos de especial complejidad. El plazo m醲imo para resolver no podr� exceder de nueve meses.

3. Las funciones de la Oficina previstas en los apartados 1 y 2 se desarrollar醤 respetando el principio de autonom韆 local previsto en la Constituci髇 espa駉la y en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

4. El Director de la Oficina Antifraude puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuaci髇 en materia de prevenci髇 y lucha contra la corrupci髇 con los poderes, instituciones y organismos p鷅licos de car醕ter local.

Art韈ulo 11 Funciones en el 醡bito de las universidades p鷅licas andaluzas

1. Respecto de las universidades p鷅licas andaluzas, la Oficina ejercer� las funciones previstas en el art韈ulo 9, apartado 1, p醨rafos a), b), d), e), f), k), l), m) y �).

2. Las funciones de la Oficina previstas en el apartado 1 se desarrollar醤 respetando el principio de autonom韆 universitaria previsto en la Constituci髇 espa駉la y en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

3. El Director de la Oficina Antifraude puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuaci髇 en materia de prevenci髇 y lucha contra la corrupci髇 con las universidades p鷅licas andaluzas.

Art韈ulo 12 Delimitaci髇 de funciones

1. Las funciones de la Oficina se entender醤, en todo caso, sin perjuicio de las que son propias de las siguientes instituciones y 髍ganos de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆: la C醡ara de Cuentas de Andaluc韆, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia y Protecci髇 de Datos de Andaluc韆, la Intervenci髇 General de la Junta de Andaluc韆, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆, la Inspecci髇 General de Servicios y la Agencia Tributaria de Andaluc韆, as� como las dem醩 instituciones y 髍ganos de inspecci髇, control, supervisi髇 y protectorado de las entidades incluidas en el 醡bito objetivo de aplicaci髇 de la presente ley.

2. La Oficina no podr� realizar funciones correspondientes a la autoridad judicial, Ministerio Fiscal y polic韆 judicial, ni podr� investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones.

En el supuesto de que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal iniciaran un procedimiento al considerar que existen indicios de responsabilidad penal de unos hechos que constituyeran, a la vez, el objeto de actuaciones de investigaci髇 de la Oficina, 閟ta deber� suspender dichas actuaciones y aportar toda la informaci髇 de que disponga, adem醩 de proporcionar el apoyo necesario a la autoridad competente.

Asimismo, de acuerdo con el art韈ulo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando la Oficina, en el curso de sus actuaciones de investigaci髇, considerara que existen indicios de responsabilidad penal, deber� comunicarlo inmediatamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, procedi閚dose conforme a lo dispuesto en el p醨rafo anterior.

Art韈ulo 13 Deber de colaboraci髇

1. Todas las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas, incluidos en el art韈ulo 3, y todas las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la Ley definido en el art韈ulo 4, deber醤 facilitar la pr醕tica de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 de la Oficina, en los t閞minos previstos en los art韈ulos 16, 17 y 18.

2. A los efectos de esta ley, se entender� que existe un incumplimiento del deber de colaboraci髇 con la Oficina en los siguientes supuestos:

• a) La negativa injustificada al env韔 de informaci髇 o documentaci髇, en el plazo establecido al efecto por la Oficina en el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 17.b).
• b) El retraso injustificado del env韔 de informaci髇 o documentaci髇, en el plazo establecido al efecto por la Oficina en el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 17.b).
• c) La remisi髇 injustificada de informaci髇 o documentaci髇 de forma incompleta o inexacta.
• d) La obstrucci髇 del acceso a los expedientes o documentaci髇 necesarios para la investigaci髇 e inspecci髇.
• e) La falta de asistencia injustificada a la comparecencia, previamente comunicada por la Oficina, a los efectos de realizar las entrevistas personales, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 17.a).
• f) El incumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 14.4.

Art韈ulo 14 Confidencialidad

1. Las actuaciones de la Oficina se llevar醤 a cabo asegurando, en todo caso, el cumplimiento del deber de confidencialidad o sigilo respecto de las informaciones obtenidas, para evitar perjuicios a las personas investigadas, a las personas objeto de actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 aun cuando no tuvieran la condici髇 de investigadas, a los denunciantes, y tambi閚 para la salvaguardia de la eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se pudiera iniciar en consecuencia.

2. Las personas al servicio de la Oficina, para garantizar la confidencialidad de las investigaciones, estar醤 sujetas al deber de sigilo que perdurar�, sin l韒ite temporal, tambi閚 despu閟 de cesar en el cargo o de ocupar los puestos de trabajo adscritos a la Oficina. El incumplimiento de este deber dar� lugar a la apertura de una informaci髇 reservada y a la incoaci髇, si procediera, del pertinente expediente disciplinario.

3. El incumplimiento del deber de mantener la confidencialidad sobre la identidad de la persona denunciante se someter� a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de los datos de car醕ter personal y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/UE (Reglamento General de Protecci髇 de Datos), y en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y Garant韆 de los Derechos Digitales.

4. Al cumplir con lo dispuesto en el art韈ulo 13.1, todas las personas, administraciones, instituciones, 髍ganos y entidades incluidas en el art韈ulo 3 y todas las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la Ley, definido en el art韈ulo 4, estar醤 obligados al deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigaci髇 e inspecci髇, as� como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones, siempre y cuando la oficina advierta de su modalidad reservada.

Art韈ulo 15 Protecci髇 de datos de car醕ter personal

1. El tratamiento y la comunicaci髇 de los datos de car醕ter personal obtenidos por la Oficina en el ejercicio de sus funciones se someter醤 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal; en concreto, al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y a la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre.

2. Los datos que podr醤 ser objeto de tratamiento ser醤 aquellos que resulten adecuados, pertinentes y limitados al cumplimiento de los fines y al desarrollo de las funciones encomendados a la Oficina.

3. La Oficina no podr� divulgar los datos ni informar a otras personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas y privadas que no sean las que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan conocerlos por raz髇 de sus funciones, y tampoco podr醤 utilizarse ni comunicarse estos datos con fines diferentes de los establecidos en esta ley.

4. Los datos recabados por la Oficina en el ejercicio de sus competencias se comunicar醤 a los 髍ganos competentes para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.

5. La Oficina garantizar� que el tratamiento de datos personales en los procedimientos y canales descritos en el art韈ulo 36.1 se ajuste a lo dispuesto en el art韈ulo 24 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre.

Art韈ulo 16 Disposiciones generales aplicables a las potestades de investigaci髇 e inspecci髇

1. Las potestades de investigaci髇 y de inspecci髇 de la Oficina sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros se regir醤 por los principios de necesidad y proporcionalidad, de cuyo cumplimiento se dejar� constancia en el correspondiente expediente. En el supuesto de personas f韘icas o jur韉icas privadas, administraciones p鷅licas, entidades, instituciones y 髍ganos incluidos en el art韈ulo 3.e), as� como respecto de las personas que presten servicios en los mismos previstas en el art韈ulo 4.1.e), las potestades de investigaci髇 e inspecci髇 se limitar醤 estrictamente a las relaciones que unan a los mismos con el sector p鷅lico andaluz y dem醩 instituciones, 髍ganos y entidades p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3, p醨rafos a), b), c) y d).

2. Las personas funcionarias de carrera al servicio de la Oficina que tuvieran atribuidas funciones de investigaci髇 e inspecci髇, conforme a lo previsto en el apartado 3, tendr醤 la condici髇 de autoridad. Los documentos que formalicen, cuyo contenido relate, de manera precisa y clara, los elementos f醕ticos que permitan adquirir la convicci髇, por el 髍gano competente, respecto a la conducta reprochada, y a elementos de imputabilidad y de culpabilidad, siempre que hayan sido comprobados directamente por quien los suscribe, har醤 prueba de 閟tos, salvo que se acredite lo contrario.

3. El ejercicio de las potestades de investigaci髇 e inspecci髇 requerir� de un previo acuerdo expreso y motivado de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina que indique el objeto y la finalidad de dicho ejercicio, con expresa especificaci髇 de los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hubieran de ser objeto de las potestades de investigaci髇 e inspecci髇, de las personas sobre las que se ejercer醤 estas potestades, del periodo de tiempo a que se refieran, en su caso, y del personal funcionario de carrera autorizado a realizar funciones de investigaci髇 e inspecci髇. El citado acuerdo incluir�, asimismo, la menci髇 del deber de colaboraci髇 y las sanciones que pudieran imponerse por incumplimiento del mismo.

4. Si el ejercicio de las potestades de investigaci髇 e inspecci髇 de la Oficina afectara a las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a), b), c) y d), se informar� a la persona titular de estos 髍ganos, instituciones y entidades, salvo los supuestos en los que se considerara que pudiera perjudicar al resultado de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇, en los que esta comunicaci髇 se diferir� hasta la finalizaci髇 del correspondiente procedimiento.

Art韈ulo 17 Potestad de investigaci髇

La potestad de investigaci髇 permitir� al personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de investigaci髇 la realizaci髇 de las siguientes actuaciones para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses:

• a) Realizar entrevistas personales a las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la ley definido en el art韈ulo 4. Las personas que no tuvieran la condici髇 de investigadas, al no atribu韗seles la comisi髇 de hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los mismos, podr醤 ser objeto de entrevistas personales, en cuyo supuesto tendr醤 derecho a la asistencia letrada, que podr� ser designada por dichas personas.
• b) Realizar los requerimientos de informaci髇 o documentaci髇 a las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas, incluidos en el art韈ulo 3, y a las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la ley definido en el art韈ulo 4, aun cuando las personas descritas no tuvieran la condici髇 de personas investigadas, al no atribu韗seles la comisi髇 de hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los mismos. Los citados requerimientos deber醤 ser atendidos en el plazo m醲imo de quince d韆s, a partir del d韆 siguiente a aquel en que tenga lugar su notificaci髇, salvo que la Oficina, de oficio o a solicitud debidamente justificada de la persona o entidad requerida, acuerde motivadamente un plazo mayor debido a la complejidad de la informaci髇 o documentaci髇 solicitada.
• c) Requerir a las entidades que se dediquen al tr醘ico bancario o crediticio para que suministren informaci髇 o documentaci髇 relativa a los movimientos de cuentas y dem醩 operaciones financieras activas y pasivas, incluidas las que se materialicen en cheques u otras 髍denes de cargo o abono, realizadas por las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas, incluidos en el art韈ulo 3, y por las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la ley definido en el art韈ulo 4, aun cuando las personas descritas no tuvieran la condici髇 de personas investigadas, al no atribu韗seles la comisi髇 de hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los mismos.

  En el requerimiento se podr� solicitar informaci髇 relativa al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras 髍denes de cargo o abono, si bien en estos casos la informaci髇 suministrada no podr� exceder de la identificaci髇 de las personas y de las cuentas en las que se encontrara dicho origen y destino.

  El requerimiento deber� ser atendido en el plazo m醲imo de quince d韆s, a partir del d韆 siguiente a aquel en que tenga lugar su notificaci髇, salvo que la Oficina, de oficio o a solicitud debidamente justificada de la persona o entidad requerida, acuerde motivadamente un plazo mayor debido a la complejidad de la informaci髇 o documentaci髇 solicitada.

  Esta actuaci髇 se llevar� a cabo de forma excepcional, cuando no existiera una alternativa menos gravosa e igualmente eficaz, siendo necesario, en cualquier caso, que se hubiera formulado un previo requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo b), y el mismo no hubiera sido atendido.

  En el supuesto de que se efect鷈 el requerimiento a personas que no tuvieran la condici髇 de personas investigadas, en 閟te se deber� dejar constancia expresa de los motivos por los que se considera que tal medida es estrictamente necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses.

• d) Realizar copias, en cualquier formato, de la informaci髇 o documentaci髇 obtenida.

Art韈ulo 18 Potestad de inspecci髇

1. La potestad de inspecci髇 permitir� al personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de inspecci髇, para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses, acceder debidamente, acreditando la condici髇 de autoridad, a cualquier dependencia de las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas, incluidos en el art韈ulo 3, aun cuando 閟tas no tuvieran la condici髇 de personas investigadas, al no atribu韗seles la comisi髇 de hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los mismos.

2. Este acceso o entrada tendr� como finalidad requerir la puesta a disposici髇 de informaci髇 o documentaci髇, sea cual fuere el soporte en que estuvieran registradas, as� como los equipos f韘icos y log韘ticos utilizados, para su examen y comprobaci髇 en ese momento, pudiendo retenerse dicha documentaci髇 o equipos, a causa de su volumen o complejidad, por un plazo m醲imo de diez d韆s, para su posterior examen y comprobaci髇. Asimismo, las personas funcionarias de carrera al servicio de la Oficina que tuvieran atribuido el ejercicio de funciones de inspecci髇 y que accedan a las dependencias descritas dispondr醤 de las facultades previstas en el art韈ulo 17, p醨rafos a) y d).

3. En el supuesto de personas f韘icas o jur韉icas privadas que no formen parte del sector p鷅lico andaluz, ser� preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a las dependencias o, en su caso, la oportuna autorizaci髇 judicial.

4. De todas las entradas e inspecciones realizadas se levantar� un acta firmada por la persona funcionaria de carrera autorizada y por la persona ante la cual se haya realizado la inspecci髇. Al acta se adjuntar� la relaci髇 de los documentos de los que se haya obtenido copia y, en su caso, la relaci髇 de aquellos documentos o equipos que hayan sido retenidos y trasladados temporalmente a la Oficina, para su posterior examen y comprobaci髇. Asimismo, se expedir� una copia del acta y, en su caso, de los documentos anexos a la misma, a la persona ante la cual se haya realizado la inspecci髇.

5. Esta actuaci髇 se llevar� a cabo de forma excepcional, cuando no existiera una alternativa menos gravosa e igualmente eficaz.

Art韈ulo 19 Derechos de las personas investigadas

1. Tendr醤 la consideraci髇 de personas investigadas las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas incluidos en el art韈ulo 3, las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la Ley definida en el art韈ulo 4, a las que se les atribuya la comisi髇 de hechos constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros y que, por ello, fueran objeto de un procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 tramitado por la Oficina.

2. Las personas investigadas ostentar醤 la condici髇 de interesadas en el correspondiente procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 y, por tanto, gozar醤 de los derechos previstos en el art韈ulo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, sin perjuicio de los que les reconozca la presente ley.

3. Las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 se llevar醤 a cabo de manera que se garantice el derecho a la presunci髇 de inocencia de la persona investigada, as� como los dem醩 derechos reconocidos en el art韈ulo 24 de la Constituci髇 espa駉la, entre los que se encuentra el derecho de asistencia letrada. Este derecho no supondr� que los gastos que pudieran derivarse de su ejercicio deban abonarse por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, ni tampoco implicar� la intervenci髇 de los letrados del Gabinete Jur韉ico de la Junta de Andaluc韆.

4. Las personas investigadas tendr醤 derecho a solicitar, conforme a la normativa que resulte aplicable, la reparaci髇 de los perjuicios que hubieran soportado como consecuencia de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 practicadas.

Esta reparaci髇 tambi閚 podr� ser solicitada, en su caso, por las personas que no tuvieran la condici髇 de personas investigadas, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses.

Art韈ulo 20 Inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇

El procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 de la Oficina se iniciar� de oficio por acuerdo de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, en los siguientes supuestos:

• a) A iniciativa propia, cuando, a la vista de los informes de la C醡ara de Cuentas de Andaluc韆, del Tribunal de Cuentas, de la Inspecci髇 General de Servicios, de la Intervenci髇 General de la Junta de Andaluc韆 o por cualquier otro medio v醠ido en derecho, la Oficina tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses.
• b) En virtud de petici髇 razonada de las instituciones, 髍ganos y entidades previstos en el art韈ulo 3, cuando 閟tos hubieran tenido conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses.
• c) Por denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflictos de intereses, en los siguientes t閞minos:
  • 1.� Las denuncias, exceptu醤dose las an髇imas, deber醤 expresar la identidad de la persona o personas que las formulan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Oficina. Cuando dichos hechos pudieran ser constitutivos de una infracci髇 administrativa o de un delito indicar醤, cuando sea posible, la fecha de su comisi髇 y la identificaci髇 de las personas presuntas responsables.
  • 2.� La formulaci髇 de una denuncia ante la Oficina no impide que la persona denunciante pueda interponer otra denuncia ante cualquier otro organismo que resultara competente, si bien deber� comunicar tal circunstancia a la Oficina.
  • 3.� El denunciante podr� solicitar de la Oficina que se guarde la confidencialidad sobre su identidad, as� como respecto de cualquier otra informaci髇 de la que se pueda deducir, directa o indirectamente, su identidad, estando el personal de la Oficina obligado a mantenerla, aun cuando la persona denunciada solicite conocer la identidad de la denunciante.

    Cuando el denunciante instara de la Oficina la realizaci髇 de las actuaciones previstas en los art韈ulos 37.3 y 38, se considerar� que renuncia a la confidencialidad sobre su identidad.

    En los supuestos en los que la persona denunciada solicite conocer la identidad de la denunciante y 閟ta no hubiera solicitado la confidencialidad sobre su identidad, la Oficina le dar� audiencia, por un plazo de diez d韆s, a fin de que comunique si desea que su identidad sea o no revelada. Si, tras la audiencia, la persona denunciante decide que su identidad no sea revelada, el personal de la Oficina estar� obligado, de igual forma, a mantener la confidencialidad.

    No obstante lo dispuesto en los p醨rafos precedentes, aun cuando no mediara el consentimiento expreso de la persona denunciante, la Oficina deber� revelar su identidad en el supuesto de recibir, en el marco de un procedimiento seguido de conformidad con la normativa vigente, el correspondiente requerimiento de un 髍gano judicial o de otra naturaleza, o cuando, previa petici髇 fundada de la persona denunciada, se considerara, mediante resoluci髇 motivada, necesario para salvaguardar su derecho de defensa.

  • 4.� En el supuesto de que hubiera un elevado n鷐ero de denuncias, podr� seguirse prioritariamente las denuncias de infracciones muy graves.

Art韈ulo 21 Periodo de informaci髇 o actuaciones previas

1. En los supuestos de formulaci髇 de denuncia o petici髇 razonada, la Oficina podr� acordar, dentro de los quince d韆s siguientes a la recepci髇 de la misma, la apertura de un periodo de informaci髇 o actuaciones previas, al objeto de realizar las actuaciones de investigaci髇 previstas en el art韈ulo 17, p醨rafos a), b) y d), que resulten indispensables para conocer las circunstancias del caso concreto y, en consecuencia, la conveniencia o no de iniciar el procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇.

2. No obstante, la Oficina podr� resolver motivadamente la inadmisi髇 a tr醡ite de las denuncias o peticiones razonadas que carezcan manifiestamente de fundamento, sin necesidad de apertura de per韔do de informaci髇 o de actuaciones previas.

3. En el plazo m醲imo de treinta d韆s desde la apertura del periodo de informaci髇 o actuaciones previas, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina deber� acordar la iniciaci髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 o, por el contrario, dictar resoluci髇 motivada de archivo de las denuncias y peticiones razonadas. La resoluci髇 por la que se acuerde el archivo se notificar� a la persona denunciante o a la instituci髇, 髍gano o entidad que hubiera realizado la petici髇, as� como a las personas sobre las que se hubiera acordado la apertura del periodo de informaci髇 o actuaciones previas.

4. En el supuesto de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros en el 醡bito de las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las mismas, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 10.2, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, en el plazo m醲imo de treinta d韆s desde la apertura del periodo de informaci髇 o actuaciones previas, deber� dictar resoluci髇 motivada de archivo o, por el contrario, resoluci髇 motivada acordando el traslado de las actuaciones al 髍gano competente de la Administraci髇 local para que, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalizaci髇 interna de la gesti髇 econ髆ico-financiera y presupuestaria, investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros e informe a la Oficina de los resultados de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 realizadas, en un plazo m醲imo de seis meses desde el traslado de las actuaciones y resoluci髇 motivada. No obstante, este periodo m醲imo de resoluci髇 podr� ser ampliado en tres meses m醩, siempre y cuando exista una resoluci髇 motivada para aquellos casos de especial complejidad. El plazo m醲imo para resolver no podr� exceder de nueve meses.

La resoluci髇 por la que se acuerde el archivo o el traslado de las actuaciones se notificar� a la persona denunciante o a la instituci髇, 髍gano o entidad que hubiera realizado la petici髇, as� como a las personas sobre las que se hubiera acordado la apertura del periodo de informaci髇 o actuaciones previas. Asimismo, la Oficina notificar� a la persona denunciante el acto por el que se efect鷈 el traslado efectivo de dichas actuaciones.

Art韈ulo 22 Acuerdo de inicio e instrucci髇

1. El acuerdo de inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 se notificar� a las personas interesadas en el correspondiente procedimiento y a las personas denunciantes y deber� contener, al menos:

• a) El nombramiento de la persona instructora del procedimiento, de entre el personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tenga atribuidas funciones de investigaci髇 e inspecci髇.
• b) Los hechos que motiven su incoaci髇.
• c) El 髍gano competente para la resoluci髇 del procedimiento.
• d) La indicaci髇, en su caso, del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, y de los plazos para su ejercicio.

2. La instrucci髇 del procedimiento se realizar� por la Subdirecci髇 de la Oficina competente en materia de actuaciones de investigaci髇, inspecci髇 y r間imen sancionador.

Art韈ulo 23 Suspensi髇 y finalizaci髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇

1. Instruido el procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina dictar� resoluci髇 motivada que ponga fin al procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, en los t閞minos indicados en los apartados 2, 3 y 4.

La citada resoluci髇 se dictar� y notificar� a las personas interesadas en el correspondiente procedimiento y a las personas denunciantes, en un plazo m醲imo de seis meses desde el acuerdo de inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇. No obstante, este per韔do m醲imo de resoluci髇 podr� ser ampliado en tres meses m醩, siempre y cuando exista una resoluci髇 motivada de la Oficina para aquellos casos de especial complejidad o cuando las circunstancias as� lo aconsejen. El plazo m醲imo para resolver no podr� exceder de nueve meses.

2. Si de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 realizadas por la Oficina se apreciasen indicios de la comisi髇 de posibles infracciones administrativas, disciplinarias, contables o la concurrencia de causas que justificaran la iniciaci髇 de un procedimiento de reintegro de subvenciones o cualquier tipo de ayudas, revisi髇 de oficio u otras actuaciones para la restituci髇 de la legalidad o reparaci髇 del da駉 causado, la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 indicar� tal circunstancia y acordar� el traslado de las actuaciones practicadas al 髍gano competente, a fin de que por 閟te, previa valoraci髇 de las actuaciones practicadas, se acuerde, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento. La Oficina notificar� a la persona denunciante el acto por el que se efect鷈 el traslado efectivo de dichas actuaciones.

Cuando se apreciase que estuviera pr髕ima a producirse la prescripci髇 de infracciones, existiendo indicios de responsabilidad administrativa o disciplinaria o la prescripci髇 del derecho de la Administraci髇 a reconocer o liquidar el reintegro de subvenciones o cualquier tipo de ayudas, se har� constar expresamente esta circunstancia, a efectos de que se inicie el correspondiente procedimiento a la mayor brevedad.

De la finalizaci髇 del procedimiento sancionador, disciplinario, de reintegro, de revisi髇 de oficio o de cualquier otro tramitado para la restituci髇 de la legalidad o reparaci髇 del da駉 causado se dar� conocimiento a la Oficina, que notificar� la resoluci髇 finalizadora de estos procedimientos a la persona denunciante y solicitar� informaci髇 sobre el cumplimiento de la misma a los correspondientes 髍ganos.

3. Si de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 realizadas por la Oficina se apreciasen indicios de la comisi髇 de posibles infracciones administrativas tipificadas en el t韙ulo III de la presente Ley, en el cap韙ulo IV de la Ley 3/2005, de 8 de abril, o en el art韈ulo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 indicar� tal circunstancia y dar� lugar a que por la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina se acuerde el inicio del correspondiente procedimiento sancionador. La resoluci髇 que ponga fin a este procedimiento ser� notificada por la Oficina a la persona denunciante

LE0000745003_20230101N鷐ero 3 del art韈ulo 23爎edactado por el apartado dos de la disposici髇 final d閏ima de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 para el a駉 2023 (獴.O.J.A.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. Si no concurrieran los supuestos indicados en los apartados 2 y 3, la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 indicar� tal circunstancia.

5. Si de las actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇 realizadas por la Oficina se apreciasen indicios de la comisi髇 de posibles delitos, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina dictar� resoluci髇 indicando tal circunstancia y acordando el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal u 髍gano judicial, ordenando, asimismo, la suspensi髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 y su posible reanudaci髇, en el supuesto de que no se constatase la comisi髇 de un delito. La Oficina notificar� a la persona denunciante el acto por el que se efect鷈 el traslado efectivo de dichas actuaciones al Ministerio Fiscal u 髍gano judicial.

Asimismo, cuando la Oficina tuviera conocimiento de que el Ministerio Fiscal o un 髍gano judicial hubiera iniciado un procedimiento para determinar la relevancia jur韉ica de unos hechos que fueran, a la vez, objeto de actuaciones de investigaci髇 e inspecci髇, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina dictar� resoluci髇 indicando tal circunstancia y acordando el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal u 髍gano judicial, ordenando, asimismo, la suspensi髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 y su posible reanudaci髇, en el supuesto de que no se constatase la comisi髇 de un delito. La Oficina notificar� a la persona denunciante el acto por el que se efect鷈 el traslado efectivo de dichas actuaciones al Ministerio Fiscal u 髍gano judicial.

De la finalizaci髇 del procedimiento penal en sus sucesivas instancias se dar� conocimiento a la Oficina, que notificar� la resoluci髇 finalizadora de este procedimiento a la persona denunciante y solicitar� informaci髇 sobre la firmeza y el cumplimiento de la misma a los correspondientes 髍ganos.

Art韈ulo 24 R間imen jur韉ico del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇

1. El procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 se desarrollar� por el reglamento de r間imen interior y funcionamiento, ajust醤dose a lo dispuesto al respecto en este cap韙ulo.

2. En lo no previsto en esta Ley y en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento, el procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 se ajustar� a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Art韈ulo 25 La Direcci髇

1. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina ser� elegida por el Pleno del Parlamento de Andaluc韆 mediante votaci髇 por mayor韆 de tres quintas partes de las personas que lo compongan, entre personas de reconocida competencia que cumplan las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo y que est閚 en posesi髇 de una titulaci髇 universitaria id髇ea para las funciones atribuidas. En cualquier caso, deber醤 poseer m醩 de diez a駉s de experiencia profesional acreditada relacionada con la prevenci髇 y lucha contra el fraude, la corrupci髇 y el conflicto de intereses.

Si no se obtuviera la mayor韆 requerida, se someter� a una segunda votaci髇 en un plazo no inferior a quince d韆s, requiri閚dose la mayor韆 absoluta de las personas que compongan el Parlamento de Andaluc韆.

2. Las personas candidatas a ocupar el cargo ser醤 propuestas por los grupos parlamentarios a la Mesa del Parlamento. Las personas candidatas deber醤 comparecer ante la comisi髇 parlamentaria correspondiente, con el fin de que se examine si su experiencia, formaci髇 y capacidad son las adecuadas para el cargo. Una vez evaluadas, la Presidencia del Parlamento someter� al Pleno la elecci髇 de las candidaturas.

3. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina ser� nombrada por la Presidencia del Parlamento de Andaluc韆 y deber� tomar posesi髇 en el plazo m醲imo de un mes desde su nombramiento, el cual deber� publicarse en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆 y en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

4. El mandato de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina ser� de cinco a駉s desde la fecha de su elecci髇 por el Parlamento de Andaluc韆 y no ser� renovable.

5. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina ejercer� el cargo con plena independencia, inamovilidad y objetividad en el desarrollo de las funciones y en el 醡bito de las competencias propias de la Oficina y actuar� siempre con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

6. Las previsiones relativas a la elecci髇 de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina se entienden sin perjuicio del desarrollo del procedimiento que se determine en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento.

Art韈ulo 26 Funciones de la Direcci髇

Son funciones de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina las siguientes:

• a) Ostentar la representaci髇 legal de la Oficina.
• b) Dirigir y coordinar las actividades de todos sus 髍ganos y unidades administrativas.
• c) Desempe馻r la jefatura superior de todo su personal.
• d) Autorizar los gastos y ordenar los pagos en ejecuci髇 de su presupuesto.
• e) Celebrar los contratos y convenios.
• f) La iniciaci髇 y resoluci髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 de la Oficina previsto en el T韙ulo I, Cap韙ulo II.
• g) La iniciaci髇 y resoluci髇 del procedimiento sancionador respecto de la tramitaci髇 de las infracciones cuya competencia corresponde a la Oficina
  LE0000745003_20230101Letra g) del art韈ulo 26爎edactada por el apartado爐res de la disposici髇 final d閏ima de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 para el a駉 2023 (獴.O.J.A.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• h) Aprobar la memoria anual de la Oficina prevista en el art韈ulo 33, as� como los informes especiales y recomendaciones previstos en el art韈ulo 34.
• i) Cualesquiera otras que se deriven de la presente ley.

Art韈ulo 27 Incompatibilidades de la Direcci髇

1. El ejercicio de la Direcci髇 de la Oficina es incompatible con:

• a) El desempe駉 de cualquier cargo representativo como consecuencia de la celebraci髇 de elecciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General, y las normas dictadas en desarrollo de la misma.
• b) El desempe駉 de cualquier cargo designado por el Parlamento de Andaluc韆, por el Congreso de los Diputados o por el Senado.
• c) El desempe駉 de cualquier cargo de elecci髇 o designaci髇 pol韙ica o que implique el desempe駉 de funciones administrativas, perteneciente a la Administraci髇 General del Estado, las administraciones de las comunidades aut髇omas, las entidades que integran la Administraci髇 local, los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las administraciones p鷅licas, las universidades p鷅licas y los organismos o instituciones de la Uni髇 Europea o internacionales.
• d) El ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.
• e) El ejercicio en activo de la carrera judicial y fiscal.
• f) El desempe駉 de cualquier cargo directivo o de asesoramiento en asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 醤imo de lucro.
• g) La afiliaci髇 a cualquier partido pol韙ico, sindicato o asociaci髇 profesional o empresarial.

2. A la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina le es aplicable, asimismo, el r間imen de incompatibilidades establecido en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

3. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina incursa en causa de incompatibilidad deber� cesar en el ejercicio de la actividad o cargo incompatible en el plazo m醲imo de un mes desde su nombramiento y, en cualquier caso, antes de tomar posesi髇 en el cargo. Si no lo hiciera, se considerar� que no acepta el nombramiento.

4. En el curso de dos a駉s tras la finalizaci髇 del mandato correspondiente, la persona que hubiera sido titular de la Direcci髇 de la Oficina no podr� desempe馻r cargo de direcci髇 o formar parte de consejos de administraci髇 en ninguna empresa directa o indirectamente ligada a cualquier caso que haya sido objeto de un procedimiento sancionador o de investigaci髇 e inspecci髇 por parte de la Oficina y que hubiera concluido mediante resoluci髇 o derivado en un procedimiento penal con sentencia condenatoria. Dicha prohibici髇 ser� aplicable, asimismo, a la ocupaci髇 de puestos o cargos p鷅licos en las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos y entidades incluidos en el art韈ulo 3, con excepci髇 de los que se ejercieran por la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina con anterioridad a su nombramiento, y en los que hubieran cesado por raz髇 de dicho nombramiento.

Art韈ulo 28 Cese de la Direcci髇

1. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina cesar� por alguna de las siguientes causas:

• a) Por renuncia.
• b) Por la extinci髇 del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.
• c) Por estar incursa en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en el art韈ulo 27 con posterioridad a la toma de posesi髇 del cargo.
• d) Por fallecimiento o incapacidad declarada por decisi髇 judicial firme.
• e) Por la inhabilitaci髇 para el ejercicio de los derechos pol韙icos declarada por decisi髇 judicial firme.
• f) Por tener la condici髇 de investigada en un procedimiento penal por delito en el que se hayan adoptado medidas cautelares contra la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, de encausada en un procedimiento penal por delito o de condenada mediante sentencia firme a causa de delito.
• g) Por negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo.

2. En el supuesto de que las causas fueran las establecidas en el apartado 1, p醨rafos a), d), e) y f), el cese se acordar� a la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de la causa de cese, y con efectos desde esa misma fecha.

3. En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, p醨rafo c), el cese se acordar� a la fecha en que se constate la existencia de la causa que lo motive por la comisi髇 parlamentaria correspondiente y con efectos desde la fecha en que se determine que concurra la causa de cese.

4. En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, p醨rafo g), el cese ser� acordado por el Parlamento de Andaluc韆 por mayor韆 de dos terceras partes de las personas que lo compongan. La causa de cese deber� ser previamente analizada por la correspondiente comisi髇 parlamentaria, a la que la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina tendr� derecho a asistir y hacer uso de la palabra.

Si no se obtuviera la mayor韆 requerida, se someter� a una segunda votaci髇 en un plazo no inferior a quince d韆s, requiri閚dose la mayor韆 absoluta de las personas que compongan el Parlamento de Andaluc韆.

5. En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, p醨rafo b), se producir� el cese autom醫ico de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, pero 閟ta seguir� ejerciendo en funciones su cargo hasta la toma de posesi髇 de la nueva Direcci髇, que deber� tener lugar dentro de los tres meses siguientes al momento en que se produzca la expiraci髇 del mandato anterior.

En los otros supuestos de cese ejercer� las funciones atribuidas a la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina la persona funcionaria a la que, conforme a lo previsto en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento, le corresponda la sustituci髇 de aqu閘la.

6. El cese de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina ser� acordado por la Presidencia del Parlamento de Andaluc韆 y deber� publicarse en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆 y en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

7. Las previsiones relativas al cese de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina se entienden sin perjuicio del desarrollo del procedimiento que se determine en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento.

8. Una vez acordado el cese de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, se iniciar� el procedimiento para elegir a la nueva Direcci髇, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 25.2.

Art韈ulo 29 Estructura de la Oficina

El Reglamento de R間imen Interior y Funcionamiento de la Oficina regular� su organizaci髇 y estructura, debiendo preverse la existencia, al menos, de los siguientes 髍ganos:

• a) Una subdirecci髇 competente en materia de actuaciones de investigaci髇, inspecci髇 y r間imen sancionador.
• b) Una subdirecci髇 competente en materia de medidas de protecci髇 de la persona denunciante, propuestas de prevenci髇 y recomendaciones de actuaci髇, y gesti髇 del canal de denuncias.

Art韈ulo 30 Recursos en v韆 administrativa

1. Los actos dictados por 髍ganos de la Oficina distintos de la Direcci髇 podr醤 ser objeto de recurso de alzada ante la misma, conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el art韈ulo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. Los actos dictados por la Direcci髇 de la Oficina pondr醤 fin a la v韆 administrativa, pudiendo ser objeto del recurso potestativo de reposici髇 establecido en los art韈ulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el art韈ulo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

3. En ning鷑 caso podr醤 ser objeto de recurso alguno en v韆 administrativa la memoria anual y los informes especiales y recomendaciones, a los que se refieren, respectivamente, los art韈ulos 33 y 34.

4. Los actos dictados por los 髍ganos de la Oficina se considerar醤 actuaci髇 sujeta al derecho administrativo, a los efectos previstos en el art韈ulo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa.

Art韈ulo 31 Personas al servicio de la Oficina

1. Los puestos de trabajo de la Oficina ser醤 provistos de acuerdo con los principios de igualdad, m閞ito, capacidad y publicidad, por personas funcionarias de carrera.

Las personas al servicio de la Oficina se regir醤 por la normativa reguladora en materia de personal al servicio del Parlamento de Andaluc韆, sin perjuicio del desarrollo que pueda establecerse espec韋icamente en el reglamento de r間imen interior y funcionamiento de la Oficina.

2. Corresponde a la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina elaborar la propuesta de relaci髇 de puestos de trabajo y remitirla a la Mesa del Parlamento de Andaluc韆 para su aprobaci髇.

La relaci髇 de puestos de trabajo y las modificaciones de la misma se publicar醤 en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆, as� como en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

3. A los efectos de que las personas al servicio de la Oficina cuenten con la capacitaci髇 t閏nica y la formaci髇 continuada debida, se podr醤 suscribir convenios y protocolos generales de colaboraci髇 con las administraciones p鷅licas, organismos p鷅licos, entidades de derecho p鷅lico o privado vinculados o dependientes de las administraciones p鷅licas, as� como con las universidades p鷅licas.

4. Los funcionarios que est閚 al servicio de la Oficina no participar醤 en sus funciones siempre que medie una de las siguientes causas:

• a) V韓culo matrimonial o situaci髇 de hecho an醠oga y el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con cualquiera de las partes objeto de la causa.
• b) Tener amistad 韓tima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
• c) Tener alg鷑 tipo de inter閟 directo o indirecto que pudiera afectar al procedimiento.

Art韈ulo 32 Recursos econ髆icos, presupuesto, r間imen patrimonial, de contabilidad, intervenci髇 y contrataci髇

1. La Oficina deber� disponer de los recursos econ髆icos necesarios y adecuados para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas.

2. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina elaborar� y aprobar�, acomod醤dose a la estructura y normativa aplicable al presupuesto del Parlamento de Andaluc韆, el proyecto de presupuesto de la Oficina, sin m醩 limitaci髇 que la determinaci髇 de la relaci髇 de puestos de trabajo del personal a su servicio, la determinaci髇 de sus retribuciones y el incremento del gasto p鷅lico anual para sus distintos cap韙ulos presupuestarios, que corresponder� a la Mesa del Parlamento.

La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina remitir� el proyecto de presupuesto a la Mesa del Parlamento de Andaluc韆.

El presupuesto de la Oficina se integrar� en la secci髇 presupuestaria del Parlamento de Andaluc韆, como programa espec韋ico.

La memoria anual de la Oficina contendr� la liquidaci髇 del presupuesto.

3. El r間imen patrimonial, de contabilidad e intervenci髇 y el r間imen de contrataci髇 ser� el del Parlamento de Andaluc韆.

Art韈ulo 33 Memoria anual

1. En los tres primeros meses de cada a駉 natural, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina aprobar� una memoria anual descriptiva del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el a駉 anterior. La memoria anual ser� objeto de publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆 y se encontrar� disponible para consulta en la sede electr髇ica del mismo. Asimismo, deber� publicarse en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

2. La memoria contendr� las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina en el ejercicio de las funciones previstas en los art韈ulos 9, 10 y 11, y, en especial, los siguientes extremos:

• a) El n鷐ero y tipo de actuaciones realizadas, con una estimaci髇 de la dedicaci髇, tiempo y recursos utilizados.
• b) La menci髇 del n鷐ero de denuncias presentadas, con indicaci髇 de las que hubieran supuesto el inicio de procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 o, por el contrario, hubieran sido archivadas o inadmitidas a tr醡ite, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 21.
• c) La concreci髇 de las actuaciones trasladadas a los 髍ganos competentes de las entidades integrantes de la Administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 10.2.
• d) La concreci髇 de los procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 tramitados cuyas actuaciones hubieran sido trasladadas a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, al haberse apreciado indicios de la comisi髇 de posibles delitos, con la indicaci髇, en su caso, de los procedimientos iniciados por la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal y el resultado de los mismos, sin perjuicio de las normas de reserva y secreto previstas en los art韈ulos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• e) La concreci髇 de los procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 tramitados cuyas actuaciones hubieran sido trasladadas a otros 髍ganos, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 23, al haberse apreciado indicios de la comisi髇 de posibles infracciones administrativas, disciplinarias, contables o la concurrencia de causas que justificaran la iniciaci髇 de un procedimiento de reintegro de subvenciones o cualquier tipo de ayudas, revisi髇 de oficio u otras actuaciones para la restituci髇 de la legalidad o reparaci髇 del da駉 causado, con la indicaci髇, en su caso, de los procedimientos iniciados por los 髍ganos que fueran competentes y el resultado de los mismos.
• f) La concreci髇 de los procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 tramitados que hubieran supuesto el inicio de procedimientos sancionadores por la posible comisi髇 de las infracciones tipificadas en la presente Ley y el resultado de los mismos.
• g) La concreci髇 de los procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 tramitados que hubieran supuesto el inicio de procedimientos sancionadores por la posible comisi髇 de las infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, y el resultado de los mismos.
• h) La concreci髇 de los procedimientos de investigaci髇 e inspecci髇 tramitados que hubieran finalizado mediante una resoluci髇 dictada de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 23.4.
• i) La concreci髇 de las propuestas y recomendaciones formuladas, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 9, apartado 1, p醨rafos f) y g), y las respuestas a las mismas.
• j) La concreci髇 de las comunicaciones practicadas con la finalidad de reparar las represalias y perjuicios sufridos por las personas denunciantes, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 37.3 y las respuestas a las mismas.
• k) La concreci髇 de las comunicaciones practicadas en los t閞minos previstos en el art韈ulo 38.
• l) La estimaci髇 de las cantidades econ髆icas reclamadas en v韆 judicial o administrativa.
• m) La concreci髇 de los incumplimientos del deber de colaboraci髇, sin perjuicio de que los mismos hubieran motivado el inicio de procedimientos sancionadores por la posible comisi髇 de las infracciones tipificadas en la presente Ley.

3. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina remitir� la memoria anual al Parlamento de Andaluc韆, por mediaci髇 de la comisi髇 parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparecer� ante el Parlamento para su presentaci髇.

Art韈ulo 34 Informes especiales y recomendaciones

1. Cuando la urgencia o gravedad de los hechos lo aconsejaren, la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, a iniciativa propia o a petici髇 del Parlamento de Andaluc韆, aprobar� informes especiales y recomendaciones sobre asuntos relacionados con el fraude, la corrupci髇 y los conflictos de intereses.

2. La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina remitir� los informes especiales y recomendaciones al Parlamento de Andaluc韆, por mediaci髇 de la comisi髇 parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparecer� ante el Parlamento para su presentaci髇.

3. Los informes especiales y recomendaciones ser醤 objeto de publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Andaluc韆 y en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

Art韈ulo 35 Persona denunciante

1. Tendr醤 la consideraci髇 de denunciantes, a los efectos de esta Ley, las personas f韘icas o jur韉icas y entidades sin personalidad jur韉ica que formulen una denuncia ante la Oficina en los t閞minos previstos en el art韈ulo 20 c), sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros.

2. Las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a), b), c) y d), deber醤 comunicar a la Oficina, mediante la formulaci髇 de la correspondiente denuncia, de manera an髇ima, en nombre propio o en representaci髇 de los 髍ganos, entidades e instituciones para las que presten servicios, los hechos que conozcan y que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, sin perjuicio de las dem醩 obligaciones de comunicaci髇 que se establecen en la normativa vigente, en particular en el art韈ulo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4.1 e) podr醤 comunicar a la Oficina, mediante la formulaci髇 de la correspondiente denuncia, de manera an髇ima, en nombre propio o en representaci髇 de los 髍ganos, entidades e instituciones para las que presten servicio, los hechos que conozcan y que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p鷅licos o financieros, en lo que respecta a las relaciones que las unan con el sector p鷅lico andaluz y dem醩 instituciones, 髍ganos y entidades p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3, p醨rafos a), b), c), y d), sin perjuicio de las dem醩 obligaciones de comunicaci髇 que se establecen en la normativa vigente, en particular en el art韈ulo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. A los efectos de la presente Ley, se considerar� que los denunciantes no infringen ninguna restricci髇 de revelaci髇 de informaci髇, as� como que tampoco incurren en responsabilidad de ning鷑 otro tipo en relaci髇 con la informaci髇 suministrada en la denuncia, siempre que las personas denunciantes tuvieran motivos razonables para creer que la revelaci髇 de la informaci髇 era necesaria para poner de manifiesto la comisi髇 de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupci髇 o conflicto de intereses.

5. Los denunciantes no incurrir醤 en responsabilidad respecto de la adquisici髇 o el acceso a la informaci髇 que es comunicada, siempre que dicha adquisici髇 o acceso no constituyera en s� mismo un delito.

Art韈ulo 36 Denuncia con plenas garant韆s

1. La presentaci髇 de denuncias ante la Oficina por las personas indicadas en el art韈ulo 35 se realizar� por medio de procedimientos y canales dise馻dos, establecidos y gestionados de una forma segura, de modo que se garantice que la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes y de cualesquiera terceras personas mencionadas en la denuncia est� protegida, impidi閚dose tambi閚 el acceso de las personas no autorizadas a la informaci髇 contenida en la denuncia.

Asimismo, los procedimientos y canales descritos deber醤 prever la remisi髇 a las personas denunciantes de un acuse de recibo de la denuncia en un plazo m醲imo de siete d韆s desde su recepci髇.

2. Mediante el reglamento de r間imen interior y funcionamiento se establecer醤 los procedimientos y canales referidos en el apartado 1, que deber醤 cumplir con los requisitos previstos en la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019.

3. Estos procedimientos y canales podr醤 tambi閚 utilizarse por las personas denunciantes para solicitar, en su caso, la concesi髇 de los derechos previstos en el art韈ulo 37 y las medidas de protecci髇 establecidas en el art韈ulo 38.

V閍se la Res.�7 junio�2023, de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇, por la que se crea y se ordena la puesta en funcionamiento del canal interno de informaci髇 (獴.O.J.A.� 14 junio).LE0000759472_20230615

Art韈ulo 37 Derechos de las personas denunciantes

1. Todas las personas denunciantes indicadas en el art韈ulo 35 que formulen una denuncia tendr醤 derecho, desde el momento de la presentaci髇 de la misma ante la Oficina:

• a) A conocer el estado de la tramitaci髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 derivado de sus denuncias y a que se les notifiquen los actos y resoluciones dictados respecto de las mismas, siempre que, en este 鷏timo supuesto, as� se prevea de forma expresa en esta Ley.
• b) A que las denuncias presentadas finalicen mediante resoluci髇 expresa y motivada, en los t閞minos y plazos previstos en el art韈ulo 23, sin perjuicio de la posibilidad de dictar resoluci髇 motivada de inadmisi髇 a tr醡ite cuando concurra la circunstancia descrita en el art韈ulo 21.2.
• c) A no sufrir represalias por causa de las denuncias formuladas, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalias.

  Se considerar醤 represalias toda acci髇 u omisi髇, directa o indirecta, que tenga lugar en el contexto de los servicios prestados por las personas denunciantes en o para las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas incluidos en el art韈ulo 3, que est� motivada por una denuncia formulada ante la Oficina y que cause o pudiera causar perjuicios injustificados a las personas denunciantes, en particular aquellas que les inflijan un perjuicio en sus relaciones de servicio o condiciones de trabajo.

• d) A solicitar, conforme a la normativa que resulte de aplicaci髇, la reparaci髇 de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias formuladas. A tales efectos, se presumir� que los perjuicios puestos de manifiesto por las personas denunciantes se produjeron como represalia por denunciar, correspondiendo a la persona que haya adoptado la medida perjudicial probar que esa medida se bas� en motivos debidamente justificados.

  Tendr醤 la consideraci髇 de perjuicios injustificados, en cualquier caso, los gastos en los que pudieran incurrir los denunciantes derivados del asesoramiento legal, asistencia letrada y defensa y representaci髇 en los eventuales procedimientos judiciales o administrativos interpuestos por las personas denunciantes o contra las mismas, y que se hubieran ocasionado directamente con motivo de sus denuncias, y los derivados de la asistencia psicol骻ica que pudieran necesitar a causa de trastornos derivados directamente de sus denuncias. Estos gastos se limitar醤 con arreglo a los baremos orientadores de honorarios profesionales o disposiciones arancelarias que resulten aplicables.

• e) La Oficina vigilar� que las personas que denuncien posibles casos de corrupci髇 no sufran un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o sean sujeto de cualquier forma de perjuicio o discriminaci髇. La Direcci髇 de la Oficina promover� ante las autoridades competentes las acciones correctoras o de restablecimiento que resulten pertinentes, de las que dejar� constancia en la memoria anual.

2. Los derechos previstos en el apartado 1, p醨rafos c) y d), se aplicar醤 asimismo a terceras personas relacionadas con la persona denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como compa馿ros de trabajo o familiares de esta.

3. Cuando la Oficina tuviera conocimiento de que la persona denunciante hubiera sufrido represalias o perjuicios injustificados, a causa de las denuncias formuladas, se dirigir�, a petici髇 de la persona denunciante, a las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas incluidos en el art韈ulo 3, inst醤doles a adoptar las acciones que se consideren oportunas para reparar las citadas represalias o perjuicios.

En un plazo de treinta d韆s, se deber� informar a la Oficina sobre las acciones adoptadas o, en su caso, sobre los motivos que le hubieran impedido actuar de acuerdo con lo indicado por la misma.

4. Cuando la denuncia proporcionara informaci髇 falsa, tergiversada u obtenida de manera il韈ita, las personas denunciantes indicadas en el art韈ulo 35 s髄o gozar醤 de los derechos previstos en el apartado 1, p醨rafos a) y b), y asimismo no podr醤 solicitar las medidas de protecci髇 establecidas en el art韈ulo 38 que pudieran corresponderles.

No obstante, las personas denunciantes indicadas en el art韈ulo 35 gozar醤 de todos los derechos previstos en el apartado 1 y podr醤 solicitar las medidas de protecci髇 establecidas en el art韈ulo 38 que pudieran corresponderles, siempre que actuaran con la debida diligencia y tuvieran motivos razonables para inferir que la informaci髇 comunicada mediante la denuncia era veraz en el momento de la formulaci髇 de la misma, aun cuando hubieran cometido un error en la apreciaci髇 de los hechos constitutivos de fraude, corrupci髇 y conflicto de intereses.

Art韈ulo 38 Medidas de protecci髇

1. Las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a) y b), que tengan la condici髇 de funcionarias y que formulen una denuncia ante la Oficina, podr醤 dirigirse a 閟ta, desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, solicitando que la citada Oficina inste del 髍gano competente en materia de Funci髇 P鷅lica de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 la concesi髇 de un traslado provisional a otro puesto de trabajo del mismo nivel que el que ocupaban anteriormente, situado en la misma localidad o en otra lim韙rofe, y siempre que re鷑an los requisitos exigidos para su desempe駉. En el supuesto de que se concediera, se reservar� a los denunciantes el puesto de trabajo de origen, cuyo nivel seguir� comput醤dose a efectos de la consolidaci髇 del grado.

2. Las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos a) y b), sometidas al derecho laboral con relaci髇 de car醕ter indefinida, y que formulen una denuncia ante la Oficina, podr醤 dirigirse a 閟ta, desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, solicitando que la citada Oficina inste del 髍gano competente en materia de Funci髇 P鷅lica de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 o, en su caso, de la persona titular de la Viceconsejer韆 a la que est� adscrita la entidad, o de la que dependa, donde preste servicios la persona que denuncia, la concesi髇 de un traslado provisional a otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categor韆 equivalente, y siempre que re鷑a los requisitos exigidos para su desempe駉, dentro del 醡bito de adscripci髇 de la propia consejer韆. En el supuesto de que se concediera, la relaci髇 laboral mantendr� los mismos t閞minos contractuales que tuviera pactados con la entidad de origen.

3. Las personas incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 definido en el art韈ulo 4, apartado 1, p醨rafos c) y d), vinculadas mediante relaci髇 funcionarial o laboral indefinida, y que formulen una denuncia ante la Oficina, podr醤 dirigirse a 閟ta, desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇, solicitando que la citada Oficina recomiende al 髍gano competente en materia de personal de la entidad p鷅lica donde preste servicios la persona que denuncia la concesi髇 de un traslado provisional a otro puesto de trabajo, dentro del 醡bito de la propia entidad, siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional, y siempre que re鷑a los requisitos exigidos para su desempe駉. En el supuesto de que se concediera, quedar� reservado el puesto de trabajo de origen.

4. Las medidas de protecci髇 establecidas en los apartados anteriores se extender醤, en el supuesto de que se concedieran, durante el per韔do que se proponga por la Oficina, pudiendo prorrogarse si subsistieran las causas que motivaran el traslado, o bien perder su efecto si dichas causas hubieran desaparecido.

Art韈ulo 39 Publicidad de la informaci髇 relativa a la tramitaci髇 de denuncias ante la Oficina

1. En el Portal de Transparencia de la Junta de Andaluc韆 se publicar�, en una secci髇 separada, f醕ilmente identificable y accesible, la informaci髇 siguiente:

• a) El r間imen de protecci髇 previsto en la presente Ley para las personas denunciantes, especific醤dose, en cualquier caso, los siguientes extremos: la condici髇 de la persona denunciante, los datos de contacto de la Oficina, la identificaci髇 de los procedimientos y canales para la presentaci髇 de denuncias ante la misma, contempl醤dose, de igual modo, el canal espec韋ico de denuncia an髇ima, los derechos de las personas denunciantes y las medidas de protecci髇 que pueden ser instadas por la Oficina.
• b) El procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 previsto en la presente Ley para la tramitaci髇 de las denuncias presentadas ante la Oficina, especific醤dose, en cualquier caso, las potestades de investigaci髇 e inspecci髇 atribuidas a la Oficina y los derechos de las personas investigadas.
• c) El tratamiento de los datos de car醕ter personal, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre.

2. La informaci髇 descrita en el apartado anterior tendr� el car醕ter de informaci髇 p鷅lica objeto de publicidad activa, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 9.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆.

Art韈ulo 40 Competencia sancionadora y procedimiento

1. El procedimiento sancionador se iniciar� de oficio por acuerdo de la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, cuando la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 apreciara la posible comisi髇 de una infracci髇 administrativa tipificada en este t韙ulo.

2. La instrucci髇 de los correspondientes procedimientos se realizar� por la Subdirecci髇 de la Oficina competente en materia de actuaciones de investigaci髇, inspecci髇 y r間imen sancionador.

3. El 髍gano competente para la imposici髇 de las sanciones consecuencia de la comisi髇 de las infracciones previstas en esta Ley ser� la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina.

4. El procedimiento sancionador se desarrollar� reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno. Asimismo, le ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el t韙ulo IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se desarrollar� con sujeci髇 a los principios de la potestad sancionadora previstos en el t韙ulo preliminar, cap韙ulo III, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5. El plazo m醲imo en el que deber� notificarse la correspondiente resoluci髇 expresa no podr� exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio.

Art韈ulo 41 Responsabilidad

Podr醤 ser sancionadas por la comisi髇 de hechos constitutivos de las infracciones administrativas previstas en este t韙ulo las administraciones p鷅licas, instituciones, 髍ganos, entidades y personas f韘icas y jur韉icas privadas incluidos en el art韈ulo 3, y las personas, incluidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la Ley definido en el art韈ulo 4, que resulten responsables de los mismos a t韙ulo de dolo o culpa.

Art韈ulo 42 Concepto y clases de infracciones

1. Son infracciones sancionables las acciones u omisiones que est閚 tipificadas como tales en esta Ley.

2. Las infracciones se califican en muy graves, graves y leves.

Art韈ulo 43 Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

• a) El incumplimiento del deber de colaboraci髇 con la Oficina definido en el art韈ulo 13.2, cuando se aprecie dolo o derive en un perjuicio muy grave para la investigaci髇.

  Se considera que el incumplimiento del deber de colaboraci髇 con la Oficina deriva en un perjuicio muy grave para la investigaci髇 cuando se produzca la paralizaci髇 del procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 por un plazo superior a dos meses.

• b) Cualquier tipo de coacci髇 a las personas que presten servicios en la Oficina.
• c) La vulneraci髇 del derecho establecido en el art韈ulo 37.1.c), cuando cause un perjuicio muy grave a la persona denunciante.

  Se considera que la vulneraci髇 del citado derecho causa un perjuicio muy grave a la persona denunciante cuando la misma haya sufrido un perjuicio en sus relaciones de servicio o condiciones de trabajo.

• d) La formulaci髇 de denuncias ante la Oficina que contengan informaci髇 falsa, tergiversada u obtenida de manera il韈ita cuando se aprecie dolo, o bien cuando derive en un perjuicio muy grave para la persona investigada.

  Se considera que la formulaci髇 de denuncias ante la Oficina con el contenido indicado deriva en un perjuicio muy grave para la persona investigada cuando se vulneren sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

• e) La falta de respuesta a las comunicaciones practicadas por la Oficina con la finalidad de reparar las represalias y perjuicios sufridos por los denunciantes, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 37.3.
• f) La reiteraci髇 en infracciones graves. Se entender� que existe reiteraci髇 por comisi髇 en el t閞mino de dos a駉s de una nueva infracci髇 grave. El referido plazo se computar� desde el momento en que adquiera firmeza en v韆 administrativa la resoluci髇 sancionadora de la infracci髇 grave.
• g) La filtraci髇 de informaci髇 en la investigaci髇 que cause graves perjuicios a la propia investigaci髇 o al denunciante.

Art韈ulo 44 Infracciones graves

Se consideran infracciones graves:

• a) El incumplimiento del deber de colaboraci髇 con la Oficina definido en el art韈ulo 13.2, cuando no sea constitutivo de infracci髇 muy grave.
• b) La formulaci髇 de denuncias ante la Oficina que contengan informaci髇 falsa, tergiversada u obtenida de manera il韈ita, cuando no sea constitutiva de infracci髇 muy grave.
• c) Impedir o intentar impedir la formulaci髇 de denuncias ante la Oficina.
• d) La vulneraci髇 del derecho establecido en el art韈ulo 37.1.c), cuando no sea constitutiva de infracci髇 muy grave.
• e) La falta de respuesta en plazo a las comunicaciones practicadas por la Oficina previstas en el art韈ulo 37.3.
• f) La reiteraci髇 en infracciones leves. Se entender� que existe reiteraci髇 por comisi髇 en el t閞mino de un a駉 de una nueva infracci髇 leve. El referido plazo se computar� desde el momento en que adquiera firmeza en v韆 administrativa la resoluci髇 sancionadora de la infracci髇 leve.

Art韈ulo 45 Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

• a) La falta de diligencia en la custodia de los documentos objeto de investigaci髇.
• b) La falta de respuesta y la respuesta fuera de plazo a las propuestas y recomendaciones formuladas por la Oficina, previstas en el art韈ulo 9, apartado 1, p醨rafos f) y g).
• c) El incumplimiento del deber de formular denuncia ante la Oficina, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 35 2.

Art韈ulo 46 Sanciones

1. A las infracciones muy graves se impondr� la sanci髇 de multa de 30.001 a 100.000 euros.

Distingui閚dose:

• 1.� tramo: de 30.001 a 65.000 euros.
• 2.� tramo: 65.001 a 100.000 euros.

2. A las infracciones graves se impondr� la sanci髇 de multa de 3.001 a 30.000 euros.

Distingui閚dose:

• 1.� tramo: de 3.001 a 16.500 euros.
• 2.� tramo: 16.501 a 30.000 euros.

3. A las infracciones leves se impondr� la sanci髇 de apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros.

Distingui閚dose:

• 1.� tramo: de 300 a 1.650 euros.
• 2.� tramo: 1.651 a 3.000 euros.

Art韈ulo 47 Graduaci髇 de las sanciones

1. Las sanciones que se impongan por la comisi髇 de las infracciones tipificadas se graduar醤 teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, atendiendo especialmente a los criterios siguientes, siempre que no hayan sido tenidos en cuenta para tipificar la infracci髇:

• a) La reincidencia, entendi閚dose por tal la comisi髇 en el t閞mino de un a駉 de m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza cuando as� haya sido declarada por resoluci髇 firme en v韆 administrativa, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
• b) La trascendencia del da駉 o el perjuicio causado a los intereses p鷅licos.
• c) El grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad en la conducta infractora.
• d) La reparaci髇 de da駉s o perjuicios producidos, a iniciativa de la persona que los hubiera causado.
• e) La subsanaci髇, a iniciativa de la persona investigada, durante la tramitaci髇 del procedimiento, de las irregularidades que dieron origen a su incoaci髇.
• f) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

2. La imposici髇 de la sanci髇 ser� proporcionada a la gravedad de la conducta infractora y asegurar� que la comisi髇 de infracciones no resulte m醩 beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En los casos en que concurran m醩 de dos circunstancias agravantes de las previstas en el apartado 1, se impondr� una sanci髇, graduada conforme al segundo tramo previsto para cada de una de ellas.

Art韈ulo 48 Prescripci髇

1. El plazo de prescripci髇 de las infracciones ser� de cinco a駉s para las infracciones muy graves, tres a駉s para las graves y un a駉 para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisi髇 de infracciones muy graves prescribir醤 a los cinco a駉s; las impuestas por la comisi髇 de infracciones graves, a los tres a駉s, y las impuestas por la comisi髇 de infracciones leves, al a駉.

Disposici髇 adicional primera Elecci髇 de la persona titular de la Direcci髇 y puesta en funcionamiento de la Oficina

La elecci髇 de la persona titular de la Oficina y la puesta en funcionamiento de la misma tendr� lugar en un plazo m醲imo de tres meses tras la entrada en vigor de la presente Ley.

V閍se el Acuerdo de 14 de octubre de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andaluc韆, por el que se establece el r間imen jur韉ico preciso para la puesta en funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇 (獴.O.J.A.� 22 octubre).LE0000710131_20211019

Disposici髇 adicional segunda Denuncias an髇imas

1. La Oficina estar� obligada a admitir a tr醡ite, as� como a iniciar el procedimiento de investigaci髇 e inspecci髇 de las denuncias an髇imas, siempre y cuando las mismas cumplan los requisitos establecidos en el art韈ulo 20.1, previo an醠isis de la verosimilitud de los hechos denunciados o comunicados.

2. La Oficina est� obligada a implementar una v韆 que garantice el derecho a la denuncia an髇ima, a trav閟 de la creaci髇 de un buz髇 o canal de denuncias an髇imas.

Disposici髇 transitoria primera Procedimientos sancionadores por comisi髇 de infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos

A los procedimientos sancionadores iniciados por la posible comisi髇 de infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, no resueltos a la entrada en vigor de la presente ley, no les ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en la disposici髇 final tercera de esta ley, rigi閚dose por lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, en la redacci髇 anterior a la presente ley.

Disposici髇 transitoria segunda Comisi髇 permanente encargada de las relaciones del Parlamento de Andaluc韆 con la Oficina

En tanto en cuanto se proceda a una reforma del Reglamento del Parlamento de Andaluc韆, al objeto de crear una nueva comisi髇 permanente encargada de las relaciones del Parlamento de Andaluc韆 con la Oficina, corresponder� esta funci髇 a la Comisi髇 Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente ley, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

2. Queda derogada expresamente la disposici髇 adicional vigesimocuarta de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 para el a駉 2018.

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Disposici髇 final primera Aprobaci髇 del reglamento de r間imen interior y funcionamiento

La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina, en el plazo de seis meses desde su nombramiento, elaborar� y remitir� a la Mesa del Parlamento de Andaluc韆, por mediaci髇 de la correspondiente comisi髇 parlamentaria, el proyecto de reglamento de r間imen interior y funcionamiento para su aprobaci髇.

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos

La Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos, queda modificada como sigue:

• Uno. Se a馻de un p醨rafo d) al apartado 2 del art韈ulo 2, que queda redactado del siguiente modo:
  • 玠) La persona titular de la Direcci髇 de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇.�
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• Dos. El art韈ulo 3 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 3 Dedicaci髇 exclusiva

  1. Las personas que ocupan puestos de alto cargo incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Ley ejercer醤 sus funciones con dedicaci髇 exclusiva y no podr醤 compatibilizar su actividad con el desempe駉 por s� o mediante sustituci髇 o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representaci髇, profesi髇 o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sea de car醕ter p鷅lico o privado, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no.

  2. No obstante, los altos cargos podr醤 compatibilizar el ejercicio de su cargo con la condici髇 de parlamentarios en el Parlamento de Andaluc韆, en los supuestos establecidos en la legislaci髇 electoral; sin embargo, en ning鷑 caso podr醤 percibir retribuci髇 o percepci髇 de cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera corresponderles por su condici髇 de diputados.

  3. Asimismo, podr醤 compatibilizar sus funciones con el ejercicio retribuido o no de la docencia en la ense馻nza universitaria, siempre que no suponga detrimento de su dedicaci髇 y, en todo caso, con un l韒ite no superior a las setenta y cinco horas anuales o su equivalencia con el r間imen de dedicaci髇 del profesorado expresado en cr閐itos ECTS. Igualmente, de manera retribuida o no y con el l韒ite de setenta y cinco horas, podr醤 participar en seminarios, jornadas o conferencias organizadas por centros oficiales destinados a formaci髇 del personal de las administraciones p鷅licas, siempre y cuando no tenga car醕ter permanente y participen en los mismos por raz髇 del cargo, de su especialidad profesional o de la posici髇 que ocupen en la organizaci髇 administrativa del sector p鷅lico.

  4. Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de otras excepciones establecidas por la presente Ley y en los casos en que el Gobierno, por razones de especial inter閟 p鷅lico, autorice a ocupar un segundo cargo en el sector p鷅lico, sin que quepa percibir, en tal caso, m醩 de una retribuci髇.�

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• Tres. El art韈ulo 5 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 5 Compatibilidad con la administraci髇 del patrimonio personal o familiar

  1. Las actividades derivadas de la mera administraci髇 del patrimonio personal o familiar no est醤 sujetas a lo dispuesto en el art韈ulo 3, salvo el supuesto de participaci髇 directa o por persona interpuesta, superior al diez por ciento en el capital de sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector p鷅lico estatal, auton髆ico o local o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administraci髇 P鷅lica.

  A los efectos previstos en este art韈ulo, se considera persona interpuesta la persona f韘ica o jur韉ica que act鷄 por cuenta del alto cargo.

  En el supuesto de las sociedades an髇imas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibici髇 afectar� a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posici髇 en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuaci髇.

  2. Los altos cargos no podr醤 ser titulares o autorizados de cuentas bancarias o de otros activos financieros en pa韘es o territorios calificados reglamentariamente como para韘os fiscales, ya sea directamente o a trav閟 de sociedades en las que posean una participaci髇 superior al cinco por ciento. Esta participaci髇 podr� ser directa o indirecta, a trav閟 de c髇yuges o parejas de hecho inscritas en el correspondiente registro, y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.�

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• Cuatro. El art韈ulo 6 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 6 Incompatibilidades

  Conforme a lo previsto en el art韈ulo 3, los altos cargos son incompatibles entre s� y en particular:

  • a) Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las administraciones, organismos o empresas p鷅licas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, as� como las funciones p鷅licas retribuidas mediante arancel, participaci髇 o cualquier otra forma especial, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 3.3.
  • b) Con el desempe駉 por s� o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de direcci髇 o de representaci髇, as� como de asesoramiento y mediaci髇 de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participaci髇 o ayudas del sector p鷅lico cualquiera que sea la configuraci髇 jur韉ica de aqu閘las, con la excepci髇 prevista en el art韈ulo 5.1.
  • c) Con el ejercicio de cargos, por s� o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de direcci髇, representaci髇 o asesoramiento de toda clase de compa耥as, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios p鷅licos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas p鷅licas.
  • d) Con el ejercicio por s� o por persona interpuesta o mediante sustituci髇 de la profesi髇 a la que por raz髇 de sus t韙ulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades cient韋icas no retribuidas y sin dedicaci髇 horaria obligatoria, y siempre que no suponga detrimento de su dedicaci髇.
  • e) Con la percepci髇 de pensiones de derechos pasivos o de cualquier r間imen de Seguridad Social p鷅lico y obligatorio.
  • f) Con el ejercicio de toda clase de actividades en entidades de cualquier tipo, salvo que sean anejas al cargo o se trate de la participaci髇 no retribuida en fundaciones, asociaciones y dem醩 entidades sin 醤imo de lucro o en actividades, igualmente no retribuidas, que resulten de inter閟 social o cultural y siempre que no suponga detrimento de su dedicaci髇.
  • g) Con la gesti髇, defensa, direcci髇 o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando por la 韓dole de las operaciones de los asuntos competa a las administraciones p鷅licas resolverlos o quede implicado en ellos la realizaci髇 de alg鷑 fin o servicio p鷅lico.
  • h) Con figurar en cualquier forma de promoci髇 de empresas o actividades profesionales privadas.
  • i) Con el ejercicio de funciones de direcci髇 en c醡aras, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.
  • j) Con ser encausados judicialmente por delitos de falsedades, contra la libertad, contra el patrimonio y el orden socioecon髆ico, contra la Constituci髇, contra la Administraci髇 de Justicia, contra la Administraci髇 P鷅lica, contra la Comunidad Internacional, de traici髇 y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, contra el orden p鷅lico, de financiaci髇 ilegal de los partidos pol韙icos, contra la Hacienda P鷅lica y contra la Seguridad Social, relativos a la ordenaci髇 del territorio y el urbanismo, la protecci髇 del patrimonio hist髍ico y el medio ambiente, o por cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico o suspensi髇 de empleo o cargo p鷅lico, desde que sea firme la resoluci髇 que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que finalice la causa por todos sus tr醡ites, incidentes y recursos, o bien hasta que se acuerde el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.
  • k) Con ser condenados por sentencia firme por la comisi髇 de delitos de falsedades, contra la libertad, contra el patrimonio y el orden socioecon髆ico, contra la Constituci髇, contra la Administraci髇 de Justicia, contra la Administraci髇 P鷅lica, contra la Comunidad Internacional; de traici髇 y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; contra el orden p鷅lico, de financiaci髇 ilegal de los partidos pol韙icos, contra la Hacienda P鷅lica y contra la Seguridad Social, relativos a la ordenaci髇 del territorio y el urbanismo, la protecci髇 del patrimonio hist髍ico y el medio ambiente, o por cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico o suspensi髇 de empleo o cargo p鷅lico, hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados.
  • l) Con ser condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, por delitos distintos a los indicados en el p醨rafo k), hasta que se haya cumplido la condena.
  • m) Con ser inhabilitados para empleo o cargo p鷅lico o suspendidos de empleo o cargo p鷅lico, por sentencia o resoluci髇 administrativa firme, por el tiempo que dure la condena o sanci髇, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal o administrativa.
  • n) Con ser inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el per韔do de inhabilitaci髇 fijado en la sentencia firme de calificaci髇 del concurso.
  • �) Con ser titulares o autorizados de cuentas bancarias o de otros activos financieros en pa韘es o territorios calificados reglamentariamente como para韘os fiscales, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 5.2, hasta que se demuestre de modo fehaciente la cancelaci髇 de la cuenta o del correspondiente activo financiero, o bien dejen de ser titulares o autorizados de esas cuentas bancarias u otros activos financieros.
  • o) Con ser sancionados mediante resoluci髇 administrativa firme, por la comisi髇 de infracciones administrativas tipificadas en la Ley de lucha contra el fraude y la corrupci髇 y protecci髇 de la persona denunciante, hasta la finalizaci髇 del plazo de prescripci髇 de la sanci髇 y con independencia de que la misma haya sido ejecutada y cumplida.�
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• Cinco. El art韈ulo 8 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 8 Consecuencias de las situaciones de incompatibilidad

  1. La incompatibilidad a que se refiere el apartado a) del art韈ulo 6 determinar� el pase a la situaci髇 administrativa que en cada caso corresponda.

  2. La incompatibilidad a que alude el apartado b) del art韈ulo 6 implica:

  • a) la suspensi髇 en el ejercicio de los cargos previstos en el mismo, y
  • b) la prohibici髇 de obtenerlos mientras ejerzan los que son causa de incompatibilidad, salvo cuando fueren designados para los mismos en representaci髇 de las administraciones p鷅licas. Esta prohibici髇 se extiende a los dos a駉s posteriores al cese, siempre que los asuntos y las entidades a que se refiere el apartado b) del art韈ulo 6 guarden relaci髇 directa con las funciones que el alto cargo ejerc韆. Se except鷄n de la prohibici髇 los cargos que se estuvieran ejerciendo con anterioridad al nombramiento de alto cargo, en los que hubieran cesado por raz髇 del nombramiento.

  3. Los afectados por el apartado c) del art韈ulo indicado suspender醤 tambi閚 toda actuaci髇 o actividad propia de los cargos comprendidos en el mismo, por todo el tiempo que sirvan los que dan causa a la incompatibilidad, durante cuyo t閞mino de servicio tampoco podr醤 obtener nuevos cargos de los comprendidos en el expresado apartado c); si bien al cesar en aqu閘los podr醤 reintegrarse al ejercicio de 閟tos, sin restricci髇 alguna de plazo.

  4. Los que lo fueran en el apartado d) deber醤 cesar igualmente en el ejercicio profesional activo mediante sustituci髇, mientras sirvan el cargo.

  5. La aceptaci髇 del cargo en el supuesto del apartado e) del mismo art韈ulo 6 supondr� que las pensiones a que se refiere dicho art韈ulo, que se perciban, se ingresar醤 en la Tesorer韆 de la Comunidad Aut髇oma.

  6. La incompatibilidad se馻lada en el apartado g) del art韈ulo 6 conlleva la prohibici髇 de las actividades referidas durante el ejercicio del cargo y, con el alcance y en los t閞minos previstos en el apartado 2 del art韈ulo 7 de esta Ley, hasta dos a駉s despu閟 de su cese.

  7. La incompatibilidad a que aluden los apartados j), k), l), m), n), �) y o) del art韈ulo 6 implicar� el cese en el nombramiento de alto cargo.�

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• Seis. El art韈ulo 21 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 21 觬gano competente

  1. El 髍gano competente para ordenar la incoaci髇 de los procedimientos sancionadores, as� como para la imposici髇 de las sanciones, cualquiera que sea su gravedad, ser� la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇.

  2. La instrucci髇 de los correspondientes procedimientos se realizar� por quien designe la persona titular de la Direcci髇 de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci髇.

  3. El procedimiento se ajustar� a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y su normativa de desarrollo en relaci髇 con el procedimiento administrativo sancionador, as� como en el t韙ulo preliminar, cap韙ulo III, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.�

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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆

La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, queda modificada como sigue:

• Uno. Se a馻de un p醨rafo j) al apartado 1 del art韈ulo 12, que queda redactado del siguiente modo:
  • 玧) Por incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en los p醨rafos j), k), l), m), n), �) y o) del art韈ulo 6 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos.�
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• Dos. El apartado 2 del art韈ulo 13 queda redactado del siguiente modo:

  �2. En los supuestos previstos en las letras e), f), g), h), i) y j) del apartado 1 del art韈ulo anterior, y en el caso de su letra d) si el presidente dimisionario o la presidenta dimisionaria accediera a un cargo p鷅lico incompatible con el desempe駉 de la Presidencia de la Junta de Andaluc韆, su sustituci髇 se realizar� por las personas titulares de las Vicepresidencias, si las hubiere, por su orden, y, de no existir, por las de las consejer韆s, seg鷑 su orden.�

  LE0000236510_20240217
• Tres. Se a馻de un p醨rafo g) al art韈ulo 24, que queda redactado del siguiente modo:
  • 玤) Por incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en los p醨rafos j), k), l), m), n), �) y o) del art韈ulo 6 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de Declaraci髇 de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos P鷅licos.�
  LE0000236510_20240217

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuraci髇 de consejer韆s

Se suprime el apartado 3 del art韈ulo 3 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuraci髇 de consejer韆s.

LE0000636329_20210702

Disposici髇 final quinta Modificaci髇 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura org醤ica de la Consejer韆 de Turismo, Regeneraci髇, Justicia y Administraci髇 Local

Se suprime el apartado 2 del art韈ulo 7 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura org醤ica de la Consejer韆 de Turismo, Regeneraci髇, Justicia y Administraci髇 Local.

LE0000637933_20210702

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de normas reglamentarias

Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificaci髇 en la presente Ley podr醤 ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposici髇 final s閜tima Desarrollo reglamentario

En las materias cuya regulaci髇 no se atribuye al reglamento de r間imen interior y funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 8.2, el desarrollo reglamentario de esta Ley se llevar� a efecto por Decreto de Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 y en el art韈ulo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.

Disposici髇 final octava Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.

No obstante, las previsiones contenidas en el T韙ulo III, relativas al R間imen Sancionador, producir醤 efectos transcurridos tres meses desde el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.