ART虲ULO 1 Finalidad

El prop髎ito de la presente Convenci髇 es promover la cooperaci髇 para prevenir y combatir m醩 eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

ART虲ULO 2 Definiciones

Para los fines de la presente Convenci髇:

• a) Por 玤rupo delictivo organizado� se entender� un grupo estructurado de tres o m醩 personas que exista durante cierto tiempo y que act鷈 concertadamente con el prop髎ito de cometer uno o m醩 delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci髇 con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econ髆ico u otro beneficio de orden material;
• b) Por 玠elito grave� se entender� la conducta que constituya un delito punible con una privaci髇 de libertad m醲ima de al menos cuatro a駉s o con una pena m醩 grave;
• c) Por 玤rupo estructurado� se entender� un grupo no formado fortuitamente para la comisi髇 inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condici髇 de miembro o exista una estructura desarrollada;
• d) Por 玝ienes� se entender� los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
• e) Por 玴roducto del delito� se entender� los bienes de cualquier 韓dole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisi髇 de un delito;
• f) Por 玡mbargo preventivo� o 玦ncautaci髇� se entender� la prohibici髇 temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
• g) Por 玠ecomiso� se entender� la privaci髇 con car醕ter definitivo de bienes por decisi髇 de un tribunal o de otra autoridad competente;
• h) Por 玠elito determinante� se entender� todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el art韈ulo 6 de la presente Convenci髇;
• i) Por 玡ntrega vigilada� se entender� la t閏nica consistente en dejar que remesas il韈itas o sospechosas salgan del territorio de uno o m醩 Estados, lo atraviesen o entren en 閘, con el conocimiento y bajo la supervisi髇 de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisi髇 de 閟tos;
• j) Por 玱rganizaci髇 regional de integraci髇 econ髆ica� se entender� una organizaci髇 constituida por Estados soberanos de una regi髇 determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convenci髇 y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convenci髇 o adherirse a ella; las referencias a los 獷stados Parte� con arreglo a la presente Convenci髇 se aplicar醤 a esas organizaciones dentro de los l韒ites de su competencia.

ART虲ULO 3 羗bito de aplicaci髇

1. A menos que contenga una disposici髇 en contrario, la presente Convenci髇 se aplicar� a la prevenci髇, la investigaci髇 y el enjuiciamiento de:

• a) Los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇; y
• b) Los delitos graves que se definen en el articulo 2 de la presente Convenci髇;

cuando esos delitos sean de car醕ter transnacional y entra馿n la participaci髇 de un grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, el delito ser� de car醕ter transnacional si:

• a) Se comete en m醩 de un Estado;
• b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparaci髇, planificaci髇, direcci髇 o control se realiza en otro Estado;
• c) Se comete dentro de un solo Estado pero entra馻 la participaci髇 de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en m醩 de un Estado; o
• d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

ART虲ULO 4 Protecci髇 de la soberan韆

1. Los Estados Parte cumplir醤 sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci髇 en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, as� como de no intervenci髇 en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 facultar� a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicci髇 o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

ART虲ULO 5 Penalizaci髇 de la participaci髇 en un grupo delictivo organizado

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entra馿n el intento o la consumaci髇 de la actividad delictiva:
  • i) El acuerdo con una o m醩 personas de cometer un delito grave con un prop髎ito que guarde relaci髇 directa o indirecta con la obtenci髇 de un beneficio econ髆ico u otro beneficio de orden material y, cuando as� lo prescriba el derecho interno, que entra馿 un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entra馿 la participaci髇 de un grupo delictivo organizado;
  • ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intenci髇 de cometer los delitos en cuesti髇, participe activamente en:
    • a. Actividades il韈itas del grupo delictivo organizado;
    • b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participaci髇 contribuir� al logro de la finalidad delictiva antes descrita;
• b) La organizaci髇, direcci髇, ayuda, incitaci髇, facilitaci髇 o asesoramiento en aras de la comisi髇 de un delito grave que entra馿 la participaci髇 de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intenci髇, la finalidad, el prop髎ito o el acuerdo a que se refiere el p醨rafo 1 del presente art韈ulo podr醤 inferirse de circunstancias f醕ticas objetivas.

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participaci髇 de un grupo delictivo organizado para la penalizaci髇 de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo velar醤 por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entra馿n la participaci髇 de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, as� como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisi髇 de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el prop髎ito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, lo notificar醤 al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del dep髎ito de su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella.

ART虲ULO 6 Penalizaci髇 del blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a)
  • i) La conversi髇 o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el prop髎ito de ocultar o disimular el origen il韈ito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisi髇 del delito determinante a eludir las consecuencias jur韉icas de sus actos;
  • ii) La ocultaci髇 o disimulaci髇 de la verdadera naturaleza, origen, ubicaci髇, disposici髇, movimiento o propiedad de bienes o del leg韙imo derecho a 閟tos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;
• b) Con sujeci髇 a los conceptos b醩icos de su ordenamiento jur韉ico:
  • i) La adquisici髇, posesi髇 o utilizaci髇 de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci髇, de que son producto del delito;
  • ii) La participaci髇 en la comisi髇 de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente art韈ulo, as� como la asociaci髇 y la confabulaci髇 para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitaci髇, la facilitaci髇 y el asesoramiento en aras de su comisi髇.

2. Para los fines de la aplicaci髇 o puesta en pr醕tica del p醨rafo 1 del presente art韈ulo:

• a) Cada Estado Parte velar� por aplicar el p醨rafo 1 del presente art韈ulo a la gama m醩 amplia posible de delitos determinantes;
• b) Cada Estado Parte incluir� como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el art韈ulo 2 de la presente Convenci髇 y los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 8 y 23 de la presente Convenci髇. Los Estados Parte cuya legislaci髇 establezca una lista de delitos determinantes incluir醤 entre 閟tos, como m韓imo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;
• c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluir醤 los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicci髇 del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicci髇 de un Estado Parte constituir醤 delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en pr醕tica el presente art韈ulo si el delito se hubiese cometido all�;
• d) Cada Estado Parte proporcionar� al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicaci髇 al presente art韈ulo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripci髇 de 閟ta;
• e) Si as� lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podr� disponerse que los delitos tipificados en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo no se aplicar醤 a las personas que hayan cometido el delito determinante;
• f) El conocimiento, la intenci髇 o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo podr醤 inferirse de circunstancias f醕ticas objetivas.

ART虲ULO 7 Medidas para combatir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

• a) Establecer� un amplio r間imen interno de reglamentaci髇 y supervisi髇 de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros 髍ganos situados dentro de su jurisdicci髇 que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese r間imen se har� hincapi� en los requisitos relativos a la identificaci髇 del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;
• b) Garantizar�, sin perjuicio de la aplicaci髇 de los art韈ulos 18 y 27 de la presente Convenci髇, que las autoridades de administraci髇, reglamentaci髇 y cumplimiento de la ley y dem醩 autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar informaci髇 a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerar� la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilaci髇, an醠isis y difusi髇 de informaci髇 sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de t韙ulos negociables pertinentes, con sujeci髇 a salvaguardias que garanticen la debida utilizaci髇 de la informaci髇 y sin restringir en modo alguno la circulaci髇 de capitales l韈itos. Esas medidas podr醤 incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de t韙ulos negociables pertinentes.

3. Al establecer un r間imen interno de reglamentaci髇 y supervisi髇 con arreglo al presente art韈ulo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro art韈ulo de la presente Convenci髇, se insta a los Estados Parte a que utilicen como gu韆 las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

4. Los Estados Parte se esforzar醤 por establecer y promover la cooperaci髇 a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentaci髇 financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

ART虲ULO 8 Penalizaci髇 de la corrupci髇

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi髇 a un funcionario p鷅lico, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
• b) La solicitud o aceptaci髇 por un funcionario p鷅lico, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario act鷈 o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

2. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el p醨rafo 1 del presente art韈ulo cuando est� involucrado en ellos un funcionario p鷅lico extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerar� la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupci髇.

3. Cada Estado Parte adoptar� tambi閚 las medidas que sean necesarias para tipificar como delito la participaci髇 como c髆plice en un delito tipificado con arreglo al presente art韈ulo.

4. A los efectos del p醨rafo 1 del presente art韈ulo y del art韈ulo 9 de la presente Convenci髇, por funcionario p鷅lico se entender� todo funcionario p鷅lico o persona que preste un servicio p鷅lico conforme a la definici髇 prevista en el derecho interno y a su aplicaci髇 con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempe馿 esa funci髇.

ART虲ULO 9 Medidas contra la corrupci髇

1. Adem醩 de las medidas previstas en el art韈ulo 8 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jur韉ico, adoptar� medidas eficaces de car醕ter legislativo, administrativo o de otra 韓dole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupci髇 de funcionarios p鷅licos.

2. Cada Estado Parte adoptar� medidas encaminadas a garantizar la intervenci髇 eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupci髇 de funcionarios p鷅licos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuaci髇.

ART虲ULO 10 Responsabilidad de las personas jur韉icas

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jur韉icos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jur韉icas por participaci髇 en delitos graves en que est� involucrado un grupo delictivo organizado, as� como por los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇.

2. Con sujeci髇 a los principios jur韉icos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jur韉icas podr� ser de 韓dole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existir� sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Cada Estado Parte velar� en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jur韉icas consideradas responsables con arreglo al presente art韈ulo.

ART虲ULO 11 Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizar� la comisi髇 de los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇 con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte velar� por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relaci髇 con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 a fin de dar m醲ima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisi髇.

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideraci髇 los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relaci髇 con la decisi髇 de conceder la libertad en espera de juicio o la apelaci髇 se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

4. Cada Estado Parte velar� por que sus tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de tales delitos.

5. Cada Estado Parte establecer�, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripci髇 prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido la administraci髇 de justicia.

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 afectar� al principio de que la descripci髇 de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jur韉icos de defensa aplicables o dem醩 principios jur韉icos que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

ART虲ULO 12 Decomiso e incautaci髇

1. Los Estados Parte adoptar醤, en la medida en que lo permita su ordenamiento jur韉ico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

• a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
• b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisi髇 de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

2. Los Estados Parte adoptar醤 las medidas que sean necesarias para permitir la identificaci髇, la localizaci髇, el embargo preventivo o la incautaci髇 de cualquier bien a que se refiera el p醨rafo 1 del presente art韈ulo con miras a su eventual decomiso.

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podr醤 ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente art韈ulo.

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes l韈itas, esos bienes podr醤, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautaci髇, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito tambi閚 podr醤 ser objeto de las medidas previstas en el presente art韈ulo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

6. Para los fines del presente art韈ulo y del art韈ulo 13 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte facultar� a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentaci髇 o la incautaci髇 de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podr醤 negarse a aplicar las disposiciones del presente p醨rafo ampar醤dose en el secreto bancario.

7. Los Estados Parte podr醤 considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen l韈ito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la 韓dole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.

8. Las disposiciones del presente art韈ulo no se interpretar醤 en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo afectar� al principio de que las medidas en 閘 previstas se definir醤 y aplicar醤 de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeci髇 a 閟te.

ART虲ULO 13 Cooperaci髇 internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicci髇 para conocer de un delito comprendido en la presente Convenci髇 con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 12 de la presente Convenci髇 que se encuentren en su territorio deber醤, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jur韉ico interno:

• a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, dar醤 cumplimiento; o
• b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le d� cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 12 de la presente Convenci髇 en la medida en que guarde relaci髇 con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A ra韟 de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicci髇 para conocer de un delito comprendido en la presente Convenci髇, el Estado Parte requerido adoptar� medidas encaminadas a la identificaci髇, la localizaci髇 y el embargo preventivo o la incautaci髇 del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p醨rafo 1 del art韈ulo 12 de la presente Convenci髇 con miras a su eventual decomiso, que habr� de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al p醨rafo 1 del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del art韈ulo 18 de la presente Convenci髇 ser醤 aplicables mutatis mutandis al presente art韈ulo. Adem醩 de la informaci髇 indicada en el p醨rafo 15 del art韈ulo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente art韈ulo contendr醤 lo siguiente:

• a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, una descripci髇 de los bienes susceptibles de decomiso y una exposici髇 de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente expl韈itas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;
• b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposici髇 de los hechos y la informaci髇 que proceda sobre el grado de ejecuci髇 que se solicita dar a la orden;
• c) Cuando se trate de una solicitud relativa al p醨rafo 2 del presente art韈ulo, una exposici髇 de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripci髇 de las medidas solicitadas.

4. El Estado Parte requerido adoptar� las decisiones o medidas previstas en los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo conforme y con sujeci髇 a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionar� al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicaci髇 al presente art韈ulo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripci髇 de 閟ta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopci髇 de las medidas mencionadas en los p醨rafos 1 y 2 del presente art韈ulo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerar� la presente Convenci髇 como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. Los Estados Parte podr醤 denegar la cooperaci髇 solicitada con arreglo al presente art韈ulo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convenci髇.

8. Las disposiciones del presente art韈ulo no se interpretar醤 en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperaci髇 internacional prestada con arreglo al presente art韈ulo.

ART虲ULO 14 Disposici髇 del producto del delito o de los bienes decomisados

1. Los Estados Parte dispondr醤 del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al art韈ulo 12 o al p醨rafo 1 del art韈ulo 13 de la presente Convenci髇 de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al art韈ulo 13 de la presente Convenci髇, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, dar醤 consideraci髇 prioritaria a la devoluci髇 del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que 閟te pueda indemnizar a las v韈timas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios leg韙imos.

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los art韈ulos 12 y 13 de la presente Convenci髇, los Estados Parte podr醤 considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:

• a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del p醨rafo 2 del art韈ulo 30 de la presente Convenci髇 y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;
• b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.

ART虲ULO 15 Jurisdicci髇

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos tipificados con arreglo a los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇 cuando:

• a) El delito se cometa en su territorio; o
• b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabell髇 o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisi髇 del delito.

2. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el art韈ulo 4 de la presente Convenci髇, un Estado Parte tambi閚 podr� establecer su jurisdicci髇 para conocer de tales delitos cuando:

• a) El delito se corneta contra uno de sus nacionales;
• b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona ap醫rida que tenga residencia habitual en su territorio; o
• c) El delito:
  • i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al p醨rafo 1 del art韈ulo 5 de la presente Convenci髇 y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisi髇 de un delito grave dentro de su territorio;
  • ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 6 de la presente Convenci髇 y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisi髇, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 6 de la presente Convenci髇.

3. A los efectos del p醨rafo 10 del art韈ulo 16 de la presente Convenci髇, cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podr� tambi閚 adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicci髇 con arreglo a los p醨rafos 1 � 2 del presente art韈ulo ha recibido notificaci髇, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte est醤 realizando una investigaci髇, un proceso o una actuaci髇 judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultar醤, seg鷑 proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convenci髇 no excluir� el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

ART虲ULO 16 Extradici髇

1. El presente art韈ulo se aplicar� a los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 3 entra馿 la participaci髇 de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradici髇 se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradici髇 sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Cuando la solicitud de extradici髇 se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no est閚 comprendidos en el 醡bito del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido podr� aplicar el presente art韈ulo tambi閚 respecto de estos 鷏timos delitos.

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo se considerar� incluido entre los delitos que dan lugar a extradici髇 en todo tratado de extradici髇 vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradici髇 en todo tratado de extradici髇 que celebren entre s�.

4. Si un Estado Parte que supedita la extradici髇 a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradici髇 de otro Estado Parte con el que no lo vincula ning鷑 tratado de extradici髇, podr� considerar la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la extradici髇 respecto de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo.

5. Los Estados Parte que supediten la extradici髇 a la existencia de un tratado deber醤:

• a) En el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerar醤 o no la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la cooperaci髇 en materia de extradici髇 en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convenci髇; y
• b) Si no consideran la presente Convenci髇 como la base jur韉ica de la cooperaci髇 en materia de extradici髇, esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradici髇 con otros Estados Parte en la presente Convenci髇 a fin de aplicar el presente art韈ulo.

6. Los Estados Parte que no supediten la extradici髇 a la existencia de un tratado reconocer醤 los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo como casos de extradici髇 entre ellos.

7. La extradici髇 estar� sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradici髇 aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena m韓ima para la extradici髇 y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradici髇.

8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurar醤 agilizar los procedimientos de extradici髇 y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo.

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradici髇, el Estado Parte requerido podr�, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen car醕ter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detenci髇 de la persona presente en su territorio cuya extradici髇 se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradici髇.

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente art韈ulo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estar� obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradici髇, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptar醤 su decisi髇 y llevar醤 a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo har韆n respecto de cualquier otro delito de car醕ter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperar醤 entre s�, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradici髇 o, de alg鷑 otro modo, la entrega de uno de sus nacionales s髄o a condici髇 de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradici髇 o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradici髇 acepten esa opci髇, as� como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradici髇 o entrega condicional ser� suficiente para que quede cumplida la obligaci髇 enunciada en el p醨rafo 10 del presente art韈ulo.

12. Si la extradici髇 solicitada con el prop髎ito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, 閟te, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerar�, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizar� un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucci髇 en relaci髇 con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art韈ulo, incluido el goce de todos los derechos y garant韆s previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 podr� interpretarse como la imposici髇 de una obligaci髇 de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por raz髇 de su sexo, raza, religi髇, nacionalidad, origen 閠nico u opiniones pol韙icas o que su cumplimiento ocasionar韆 perjuicios a la posici髇 de esa persona por cualquiera de estas razones.

15. Los Estados Parte no podr醤 denegar una solicitud de extradici髇 鷑icamente porque se considere que el delito tambi閚 entra馻 cuestiones tributarias.

16. Antes de denegar la extradici髇, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultar� al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar informaci髇 pertinente a su alegato.

17. Los Estados Parte procurar醤 celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradici髇 o aumentar su eficacia.

ART虲ULO 17 Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podr醤 considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisi髇 o a otra pena de privaci髇 de libertad por alg鷑 delito comprendido en la presente Convenci髇 a fin de que complete all� su condena.

ART虲ULO 18 Asistencia judicial rec韕roca

1. Los Estados Parte se prestar醤 la m醩 amplia asistencia judicial rec韕roca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 3 y se prestar醤 tambi閚 asistencia de esa 韓dole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 3 es de car醕ter transnacional, as� como que las v韈timas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entra馻 la participaci髇 de un grupo delictivo organizado.

2. Se prestar� asistencia judicial rec韕roca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jur韉ica pueda ser considerada responsable de conformidad con el art韈ulo 10 de la presente Convenci髇 en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial rec韕roca que se preste de conformidad con el presente art韈ulo podr� solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

• a) Recibir testimonios o tomar declaraci髇 a personas;
• b) Presentar documentos judiciales;
• c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
• d) Examinar objetos y lugares;
• e) Facilitar informaci髇, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
• f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentaci髇 p鷅lica, bancaria y financiera, as� como la documentaci髇 social o comercial de sociedades mercantiles;
• g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
• h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;
• i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podr醤, sin que se les solicite previamente, transmitir informaci髇 relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa informaci髇 podr韆 ayudar a la autoridad a emprender o concluir con 閤ito indagaciones y procesos penales o podr韆 dar lugar a una petici髇 formulada por este 鷏timo Estado Parte con arreglo a la presente Convenci髇.

5. La transmisi髇 de informaci髇 con arreglo al p醨rafo 4 del presente art韈ulo se har� sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la informaci髇. Las autoridades competentes que reciben la informaci髇 deber醤 acceder a toda solicitud de que se respete su car醕ter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilizaci髇. Sin embargo, ello no obstar� para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, informaci髇 que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificar� al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha informaci髇 y, si as� se le solicita, consultar� al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci髇, el Estado Parte receptor informar� sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelaci髇.

6. Lo dispuesto en el presente art韈ulo no afectar� a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial rec韕roca.

7. Los p醨rafos 9 a 29 del presente art韈ulo se aplicar醤 a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente art韈ulo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial rec韕roca. Cuando esos Estados Parte est閚 vinculados por un tratado de esa 韓dole se aplicar醤 las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los p醨rafos 9 a 29 del presente art韈ulo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos p醨rafos si facilitan la cooperaci髇.

8. Los Estados Parte no invocar醤 el secreto bancario para denegar la asistencia judicial rec韕roca con arreglo al presente art韈ulo.

9. Los Estados Parte podr醤 negarse a prestar la asistencia judicial rec韕roca con arreglo al presente art韈ulo invocando la ausencia de doble incriminaci髇. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podr� prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreci髇 propia, independientemente de que la conducta est� o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificaci髇, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convenci髇 podr� ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

• a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
• b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte est醤 de acuerdo, con sujeci髇 a las condiciones que 閟tos consideren apropiadas.

11. A los efectos del p醨rafo 10 del presente art韈ulo:

• a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendr� la competencia y la obligaci髇 de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
• b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplir� sin dilaci髇 su obligaci髇 de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, seg鷑 convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
• c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podr� exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradici髇 para su devoluci髇;
• d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computar� como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los p醨rafos 10 y 11 del presente art韈ulo est� de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podr� ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricci髇 de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relaci髇 con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designar� a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial rec韕roca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecuci髇. Cuando alguna regi髇 o alg鷑 territorio especial de un Estado Parte disponga de un r間imen distinto de asistencia judicial rec韕roca, el Estado Parte podr� designar a otra autoridad central que desempe馻r� la misma funci髇 para dicha regi髇 o dicho territorio. Las autoridades centrales velar醤 por el r醦ido y adecuado cumplimiento o transmisi髇 de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecuci髇, alentar� la r醦ida y adecuada ejecuci髇 de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial rec韕roca y cualquier otra comunicaci髇 pertinente ser醤 transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposici髇 no afectar� al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por v韆 diplom醫ica y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organizaci髇 Internacional de Polic韆 Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentar醤 por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o de adhesi髇 a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podr醤 hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial rec韕roca contendr� lo siguiente:

• a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
• b) El objeto y la 韓dole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
• c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentaci髇 de documentos judiciales;
• d) Una descripci髇 de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;
• e) De ser posible, la identidad, ubicaci髇 y nacionalidad de toda persona interesada; y
• f) La finalidad para la que se solicita la prueba, informaci髇 o actuaci髇.

16. El Estado Parte requerido podr� pedir informaci髇 complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dar� cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaraci髇 como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podr� permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuesti髇 comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podr醤 convenir en que la audiencia est� a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitir� ni utilizar�, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la informaci髇 o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente p醨rafo impedir� que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, informaci髇 o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este 鷏timo caso, el Estado Parte requirente notificar� al Estado Parte requerido antes de revelar la informaci髇 o las pruebas y, si as� se le solicita, consultar� al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci髇, el Estado Parte requirente informar� sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelaci髇.

20. El Estado Parte requirente podr� exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo har� saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial rec韕roca podr� ser denegada:

• a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente art韈ulo;
• b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podr韆 menoscabar su soberan韆, su seguridad, su orden p鷅lico u otros intereses fundamentales;
• c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido proh韇a a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito an醠ogo, si 閟te hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
• d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jur韉ico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial rec韕roca.

22. Los Estados Parte no podr醤 denegar una solicitud de asistencia judicial rec韕roca 鷑icamente porque se considere que el delito tambi閚 entra馻 asuntos fiscales.

23. Toda denegaci髇 de asistencia judicial rec韕roca deber� fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplir� la solicitud de asistencia judicial rec韕roca lo antes posible y tendr� plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que est閚 debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido responder� a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la evoluci髇 del tr醡ite de la solicitud. El Estado Parte requirente informar� con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial rec韕roca podr� ser diferida por el Estado Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al p醨rafo 21 del presente art韈ulo o de diferir su cumplimiento con arreglo al p醨rafo 25 del presente art韈ulo, el Estado Parte requerido consultar� al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supedit醤dola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deber� observar las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicaci髇 del p醨rafo 12 del presente art韈ulo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigaci髇, proceso o actuaci髇 judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podr� ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricci髇 de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandon� el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesar� cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince d韆s consecutivos o durante el per韔do acordado por los Estados Parte despu閟 de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requer韆n su presencia, la oportunidad de salir del pa韘 y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a 閘 despu閟 de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud ser醤 sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de car醕ter extraordinario, los Estados Parte se consultar醤 para determinar las condiciones en que se dar� cumplimiento a la solicitud, as� como la manera en que se sufragar醤 los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

• a) Facilitar� al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el p鷅lico en general;
• b) Podr�, a su arbitrio y con sujeci髇 a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no est閚 al alcance del p鷅lico en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente art韈ulo y que, en la pr醕tica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

ART虲ULO 19 Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relaci髇 con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o m醩 Estados, las autoridades competentes puedan establecer 髍ganos mixtos de investigaci髇. A falta de acuerdos o arreglos de esa 韓dole, las investigaciones conjuntas podr醤 llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velar醤 por que la soberan韆 del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigaci髇 sea plenamente respetada.

ART虲ULO 20 T閏nicas especiales de investigaci髇

1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jur韉ico interno, cada Estado Parte adoptar�, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilizaci髇 de otras t閏nicas especiales de investigaci髇, como la vigilancia electr髇ica o de otra 韓dole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas t閏nicas especiales de investigaci髇 en el contexto de la cooperaci髇 en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertar醤 y ejecutar醤 respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en pr醕tica se cumplir醤 estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el p醨rafo 2 del presente art韈ulo, toda decisi髇 de recurrir a esas t閏nicas especiales de investigaci髇 en el plano internacional se adoptar� sobre la base de cada caso particular y podr�, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicci髇 por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisi髇 de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podr�, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicaci髇 de m閠odos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

ART虲ULO 21 Remisi髇 de actuaciones penales

Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convenci髇 cuando se estime que esa remisi髇 obrar� en beneficio de la debida administraci髇 de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

ART虲ULO 22 Establecimiento de antecedentes penales

Cada Estado Parte podr� adoptar las medidas legislativas o de otra 韓dole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaraci髇 de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa informaci髇 en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente Convenci髇.

ART虲ULO 23 Penalizaci髇 de la obstrucci髇 de la justicia

Cada Estado Parte adoptar� las medidas legislativas y de otra 韓dole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

• a) El uso de fuerza f韘ica, amenazas o intimidaci髇, o la promesa, el ofrecimiento o la concesi髇 de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestaci髇 de testimonio o la aportaci髇 de pruebas en un proceso en relaci髇 con la comisi髇 de uno de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇;
• b) El uso de fuerza f韘ica, amenazas o intimidaci髇 para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relaci髇 con la comisi髇 de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabar� el derecho de los Estados Parte a disponer de legislaci髇 que proteja a otras categor韆s de funcionarios p鷅licos.

ART虲ULO 24 Protecci髇 de los testigos

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidaci髇 a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convenci髇, as� como, cuando proceda, a sus familiares y dem醩 personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo podr醤 consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garant韆s procesales, en:

• a) Establecer procedimientos para la protecci髇 f韘ica de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicaci髇, y permitir, cuando proceda, la prohibici髇 total o parcial de revelar informaci髇 relativa a su identidad y paradero;
• b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnolog韆s de comunicaci髇 como videoconferencias u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicaci髇 de las personas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo.

4. Las disposiciones del presente art韈ulo tambi閚 ser醤 aplicables a las v韈timas en el caso de que act鷈n como testigos.

ART虲ULO 25 Asistencia y protecci髇 a las v韈timas

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protecci髇 a las v韈timas de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidaci髇.

2. Cada Estado Parte establecer� procedimientos adecuados que permitan a las v韈timas de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇 obtener indemnizaci髇 y restituci髇.

3. Cada Estado Parte permitir�, con sujeci髇 a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las v韈timas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

ART虲ULO 26 Medidas para intensificar la cooperaci髇 con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptar� medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:

• a) Proporcionar informaci髇 鷗il a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:
  • i) La identidad, la naturaleza, la composici髇, la estructura, la ubicaci髇 o las actividades de los grupos delictivos organizados;
  • ii) Los v韓culos, incluidos los v韓culos internacionales, con otros grupos delictivos organizados;
  • iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer;
• b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

2. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de prever, en los casos apropiados, la mitigaci髇 de la pena de las personas acusadas que presten una cooperaci髇 sustancial en la investigaci髇 o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

3. Cada Estado Parte considerar� la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesi髇 de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperaci髇 sustancial en la investigaci髇 o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

4. La protecci髇 de esas personas ser� la prevista en el art韈ulo 24 de la presente Convenci髇.

5. Cuando una de las personas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperaci髇 sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podr醤 considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesi髇, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los p醨rafos 2 y 3 del presente art韈ulo.

ART虲ULO 27 Cooperaci髇 en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborar醤 estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jur韉icos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. En particular, cada Estado Parte adoptar� medidas eficaces para:

• a) Mejorar los canales de comunicaci髇 entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y r醦ido de informaci髇 sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇, as� como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
• b) Cooperar con otros Estados Parte en la realizaci髇 de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convenci髇 acerca de:
  • i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicaci髇 de otras personas interesadas;
  • ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisi髇 de esos delitos;
  • iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi髇 de esos delitos;
• c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de an醠isis o investigaci髇;
• d) Facilitar una coordinaci髇 eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designaci髇 de oficiales de enlace, con sujeci髇 a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;
• e) Intercambiar informaci髇 con otros Estados Parte sobre los medios y m閠odos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, as� como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;
• f) Intercambiar informaci髇 y coordinar las medidas administrativas y de otra 韓dole adoptadas con miras a la pronta detecci髇 de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convenci髇, considerar醤 la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperaci髇 directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podr醤 considerar la presente Convenci髇 como la base para la cooperaci髇 en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. Cuando proceda, los Estados Parte recurrir醤 plenamente a la celebraci髇 de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperaci髇 entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzar醤 por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida mediante el recurso a la tecnolog韆 moderna.

ART虲ULO 28 Recopilaci髇, intercambio y an醠isis de informaci髇 sobre la naturaleza de la delincuencia organizada

1. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de analizar, en consulta con los c韗culos cient韋icos y acad閙icos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que act鷄 la delincuencia organizada, as� como los grupos profesionales y las tecnolog韆s involucrados.

2. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia anal韙ica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecer醤 y aplicar醤, seg鷑 proceda, definiciones, normas y metodolog韆s comunes.

3. Los Estados Parte considerar醤 la posibilidad de vigilar sus pol韙icas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluar醤 su eficacia y eficiencia.

ART虲ULO 29 Capacitaci髇 y asistencia t閏nica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formular�, desarrollar� o perfeccionar� programas de capacitaci髇 espec韋icamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucci髇 y personal de aduanas, as� como para el personal de otra 韓dole encargado de la prevenci髇, la detecci髇 y el control de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇. Esos programas podr醤 incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardar醤 relaci髇 con:

• a) Los m閠odos empleados en la prevenci髇, la detecci髇 y el control de los delitos comprendidos en la presente Convenci髇;
• b) Las rutas y t閏nicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente Convenci髇, incluso en los Estados de tr醤sito, y las medidas de lucha pertinentes;
• c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;
• d) La detecci髇 y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los m閠odos empleados para la transferencia, ocultaci髇 o disimulaci髇 de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, as� como los m閠odos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;
• e) El acopio de pruebas;
• f) Las t閏nicas de control en zonas y puertos francos;
• g) El equipo y las t閏nicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electr髇ica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas;
• h) Los m閠odos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnolog韆 moderna; y
• i) Los m閠odos utilizados para proteger a las v韈timas y los testigos.

2. Los Estados Parte se prestar醤 asistencia en la planificaci髇 y ejecuci髇 de programas de investigaci髇 y capacitaci髇 encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo y, a tal fin, tambi閚 recurrir醤, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperaci髇 y fomentar el examen de los problemas de inter閟 com鷑, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de tr醤sito.

3. Los Estados Parte promover醤 actividades de capacitaci髇 y asistencia t閏nica que faciliten la extradici髇 y la asistencia judicial rec韕roca. Dicha capacitaci髇 y asistencia t閏nica podr醤 incluir la ense馻nza de idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los Estados Parte intensificar醤, en la medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de capacitaci髇 en las organizaciones internacionales y regionales, as� como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

ART虲ULO 30 Otras medidas. Aplicaci髇 de la Convenci髇 mediante el desarrollo econ髆ico y la asistencia t閏nica

1. Los Estados Parte adoptar醤 disposiciones conducentes a la aplicaci髇 髉tima de la presente Convenci髇 en la medida de lo posible, mediante la cooperaci髇 internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte har醤 esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre s�, as� como con organizaciones internacionales y regionales, por:

• a) Intensificar su cooperaci髇 en los diversos niveles con los pa韘es en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos pa韘es para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;
• b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los pa韘es en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convenci髇;
• c) Prestar asistencia t閏nica a los pa韘es en desarrollo y a los pa韘es con econom韆s en transici髇 para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicaci髇 de la presente Convenci髇. A tal fin, los Estados Parte procurar醤 hacer contribuciones voluntarias adecuadas y peri骴icas a una cuenta espec韋icamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiaci髇 de las Naciones Unidas. Los Estados Parte tambi閚 podr醤 considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convenci髇, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes il韈itos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convenci髇;
• d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, seg鷑 proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente art韈ulo, en particular proporcionando un mayor n鷐ero de programas de capacitaci髇 y equipo moderno a los pa韘es en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convenci髇.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabar醤 los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperaci髇 financiera en los planos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podr醤 celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y log韘tica, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperaci髇 internacional prevista en la presente Convenci髇 y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

ART虲ULO 31 Prevenci髇

1. Los Estados Parte procurar醤 formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y promover pr醕ticas y pol韙icas 髉timas para la prevenci髇 de la delincuencia organizada transnacional.

2. Los Estados Parte procurar醤, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados l韈itos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra 韓dole. Estas medidas deber韆n centrarse en:

• a) El fortalecimiento de la cooperaci髇 entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio p鷅lico y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;
• b) La promoci髇 de la elaboraci髇 de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades p鷅licas y de las entidades privadas interesadas, as� como c骴igos de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios p鷅licos, asesores fiscales y contadores;
• c) La prevenci髇 de la utilizaci髇 indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones p鷅licas y de subsidios y licencias concedidos por autoridades p鷅licas para realizar actividades comerciales;
• d) La prevenci髇 de la utilizaci髇 indebida de personas jur韉icas por parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podr韆n incluir las siguientes:
  • i) El establecimiento de registros p鷅licos de personas jur韉icas y naturales involucradas en la constituci髇, la gesti髇 y la financiaci髇 de personas jur韉icas;
  • ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apropiado durante un per韔do razonable a las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convenci髇 para actuar como directores de personas jur韉icas constituidas en sus respectivas jurisdicciones;
  • iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar como directores de personas jur韉icas; y
  • iv) El intercambio de informaci髇 contenida en los registros mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Parte.

3. Los Estados Parte procurar醤 promover la reintegraci髇 social de las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convenci髇.

4. Los Estados Parte procurar醤 evaluar peri骴icamente los instrumentos jur韉icos y las pr醕ticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.

5. Los Estados Parte procurar醤 sensibilizar a la opini髇 p鷅lica con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podr� difundirse informaci髇 a trav閟 de los medios de comunicaci髇 y se adoptar醤 medidas para fomentar la participaci髇 p鷅lica en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.

6. Cada Estado Parte comunicar� al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la direcci髇 de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.

7. Los Estados Parte colaborar醤 entre s� y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, seg鷑 proceda, con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente art韈ulo. Ello incluye la participaci髇 en proyectos internacionales para la prevenci髇 de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigaci髇 de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.

ART虲ULO 32 Conferencia de las Partes en la Convenci髇

1. Se establecer� una Conferencia de las Partes en la Convenci髇 con objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicaci髇 de la presente Convenci髇.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocar� la Conferencia de las Partes a m醩 tardar un a駉 despu閟 de la entrada en vigor de la presente Convenci髇. La Conferencia de las Partes aprobar� reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los p醨rafos 3 y 4 del presente art韈ulo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).

3. La Conferencia de las Partes concertar� mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, en particular a:

• a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los art韈ulos 29, 30 y 31 de la presente Convenci髇, alentando inclusive la movilizaci髇 de contribuciones voluntarias;
• b) Facilitar el intercambio de informaci髇 entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre pr醕ticas eficaces para combatirla;
• c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes;
• d) Examinar peri骴icamente la aplicaci髇 de la presente Convenci髇;
• e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convenci髇 y su aplicaci髇.

4. A los efectos de los apartados d) y e) del p醨rafo 3 del presente art韈ulo, la Conferencia de las Partes obtendr� el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicaci髇 de la presente Convenci髇 mediante la informaci髇 que ellos le faciliten y mediante los dem醩 mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes.

5. Cada Estado Parte facilitar� a la Conferencia de las Partes informaci髇 sobre sus programas, planes y pr醕ticas, as� como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convenci髇, seg鷑 lo requiera la Conferencia de las Partes.

ART虲ULO 33 Secretar韆

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestar� los servicios de secretar韆 necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convenci髇.

2. La secretar韆:

• a) Prestar� asistencia a la Conferencia de las Partes en la realizaci髇 de las actividades enunciadas en el art韈ulo 32 de la presente Convenci髇 y organizar� los per韔dos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestar� los servicios necesarios;
• b) Prestar� asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de informaci髇 a la Conferencia de las Partes seg鷑 lo previsto en el p醨rafo 5 del art韈ulo 32 de la presente Convenci髇; y
• c) Velar� por la coordinaci髇 necesaria con la secretar韆 de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

ART虲ULO 34 Aplicaci髇 de la Convenci髇

1. Cada Estado Parte adoptar�, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci髇.

2. Los Estados Parte tipificar醤 en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los art韈ulos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci髇 independientemente del car醕ter transnacional o la participaci髇 de un grupo delictivo organizado seg鷑 la definici髇 contenida en el p醨rafo 1 del art韈ulo 3 de la presente Convenci髇, salvo en la medida en que el art韈ulo 5 de la presente Convenci髇 exija la participaci髇 de un grupo delictivo organizado.

3. Cada Estado Parte podr� adoptar medidas m醩 estrictas o severas que las previstas en la presente Convenci髇 a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

ART虲ULO 35 Soluci髇 de controversias

1. Los Estados Parte procurar醤 solucionar toda controversia relacionada con la interpretaci髇 o aplicaci髇 de la presente Convenci髇 mediante la negociaci髇.

2. Toda controversia entre dos o m醩 Estados Parte acerca de la interpretaci髇 o la aplicaci髇 de la presente Convenci髇 que no pueda resolverse mediante la negociaci髇 dentro de un plazo razonable deber�, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses despu閟 de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organizaci髇 del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podr� remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podr�, en el momento de la firma, ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de la presente Convenci髇 o adhesi髇 a ella, declarar que no se considera vinculado por el p醨rafo 2 del presente art韈ulo. Los dem醩 Estados Parte no quedar醤 vinculados por el p醨rafo 2 del presente art韈ulo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el p醨rafo 3 del presente art韈ulo podr� en cualquier momento retirar esa reserva notific醤dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

ART虲ULO 36 Firma, ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 y adhesi髇

1. La presente Convenci髇 estar� abierta a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y despu閟 de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. La presente Convenci髇 tambi閚 estar� abierta a la firma de las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convenci髇 de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo.

3. La presente Convenci髇 estar� sujeta a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇. Los instrumentos de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 se depositar醤 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica podr醤 depositar su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇, esas organizaciones declarar醤 el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci髇. Dichas organizaciones comunicar醤 tambi閚 al depositario cualquier modificaci髇 pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convenci髇 estar� abierta a la adhesi髇 de todos los Estados u organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convenci髇. Los instrumentos de adhesi髇 se depositar醤 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesi髇, las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica declarar醤 el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci髇. Dichas organizaciones comunicar醤 tambi閚 al depositario cualquier modificaci髇 pertinente del alcance de su competencia.

ART虲ULO 37 Relaci髇 con los protocolos

1. La presente Convenci髇 podr� complementarse con uno o m醩 protocolos.

2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica tambi閚 deber醤 ser parte en la presente Convenci髇.

3. Los Estados Parte en la presente Convenci髇 no quedar醤 vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.

4. Los protocolos de la presente Convenci髇 se interpretar醤 juntamente con 閟ta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.

V閍se Instrumento de Adhesi髇 de Espa馻 al Protocolo contra la fabricaci髇 y el tr醘ico il韈itos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convenci髇 de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, Nueva York 31 de mayo de 2001 (獴.O.E.� 23 marzo 2007).

V閍se el Instrumento de Ratificaci髇 del Protocolo contra el tr醘ico il韈ito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convenci髇 de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (獴.O.E.� 10 diciembre 2003).

ART虲ULO 38 Entrada en vigor

1. La presente Convenci髇 entrar� en vigor el nonag閟imo d韆 despu閟 de la fecha en que se haya depositado el cuadrag閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇. A los efectos del presente p醨rafo, los instrumentos depositados por una organizaci髇 regional de integraci髇 econ髆ica no se considerar醤 adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organizaci髇.

2. Para cada Estado u organizaci髇 regional de integraci髇 econ髆ica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convenci髇 o se adhiera a ella despu閟 de haberse depositado el cuadrag閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇, la presente Convenci髇 entrar� en vigor el trig閟imo d韆 despu閟 de la fecha en que ese Estado u organizaci髇 haya depositado el instrumento pertinente.

ART虲ULO 39 Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco a駉s desde la entrada en vigor de la presente Convenci髇, los Estados Parte podr醤 proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuaci髇 comunicar� toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convenci髇 para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las Partes har� todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobaci髇 de la enmienda exigir�, en 鷏tima instancia, una mayor韆 de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesi髇 de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica, en asuntos de su competencia, ejercer醤 su derecho de voto con arreglo al presente art韈ulo con un n鷐ero de votos igual al n鷐ero de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convenci髇. Dichas organizaciones no ejercer醤 su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo estar� sujeta a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo entrar� en vigor respecto de un Estado Parte noventa d韆s despu閟 de la fecha en que 閟te deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, ser� vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los dem醩 Estados Parte quedar醤 sujetos a las disposiciones de la presente Convenci髇, as� como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

ART虲ULO 40 Denuncia

1. Los Estados Parte podr醤 denunciar la presente Convenci髇 mediante notificaci髇 escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtir� efecto un a駉 despu閟 de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificaci髇.

2. Las organizaciones regionales de integraci髇 econ髆ica dejar醤 de ser Partes en la presente Convenci髇 cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

3. La denuncia de la presente Convenci髇 con arreglo al p醨rafo 1 del presente art韈ulo entra馻r� la denuncia de sus protocolos.

ART虲ULO 41 Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas ser� el depositario de la presente Convenci髇.

2. El original de la presente Convenci髇, cuyos textos en 醨abe, chino, espa駉l, franc閟, ingl閟 y ruso son igualmente aut閚ticos, se depositar� en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convenci髇.