Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el a駉 2014

�10. Cuando se produzcan sacrificios fuera del horario regular diurno de 7 a 20 horas de lunes a viernes laborables, se incrementar� un 10% la cuota mensual resultante de la autoliquidaci髇.

11. Cuando se produzcan sacrificios en s醔ados y festivos, se incrementar� la cuota en 57,30 euros�.

玅uedar醤 exentos del pago de las tasas por servicios docentes, una 鷑ica vez por asignatura o por idioma y nivel, los funcionarios docentes dependientes de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja que est閚 en la situaci髇 de servicio activo en el momento de formalizar la matr韈ula. Esta exenci髇 se aplicar� igualmente a sus c髇yuges e hijos no independientes econ髆icamente menores de 23 a駉s de edad�.

�4.5 Ense馻nzas Art韘ticas Superiores: T韙ulos de:

Titulado/Titulada Superior en Dise駉 Gr醘ico

Titulado/Titulada Superior en Dise駉 de Producto

Titulado/Titulada Superior en Dise駉 de Interiores

Titulado/Titulada Superior en Dise駉 de Moda

• 4.5.1. Tarifa normal + suplemento europeo ....... 100 euros
• 4.5.2. Familia numerosa categor韆 general .......... 50 euros
• 4.5.3. Familia numerosa categor韆 especial ......... 00�.

獺echo imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci髇 de las operaciones de limpieza y desinfecci髇 de las embarcaciones y material deportivo realizadas en las instalaciones del Club N醬tico del Pantano Gonz醠ez Lacasa.

Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales que permitan el uso y disfrute de las embarcaciones sometidas a las operaciones de limpieza y desinfecci髇.

Devengo.

La tasa se devengar� cada vez que se realice el servicio, el cual es de prestaci髇 obligatoria siempre que las embarcaciones sean recibidas, abandonen o retornen a las instalaciones deportivas.

Tarifas.

Piraguas............................... 2 euros

Embarcaciones de motor..... 4 euros

Material deportivo................ 2 euros�.

獺echo imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la inscripci髇 en las pruebas libres para la obtenci髇 del t韙ulo de Bachiller para mayores de 20 a駉s.

Sujetos pasivos.

Ser醤 sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten la inscripci髇 en las pruebas libres para la obtenci髇 del t韙ulo de Bachiller para mayores de 20 a駉s.

Devengo.

La tasa se devengar� en el momento de formalizarse la solicitud, que igualmente determinar� la exigibilidad del pago.

Tarifas.

La tasa se exigir� seg鷑 las siguientes tarifas:

Tarifa general: 20 euros.

Familia numerosa de categor韆 general: 10 euros.

Familia numerosa de categor韆 especial: 0 euros�.

獺echo imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la inscripci髇 en las pruebas que anualmente son convocadas por la consejer韆 competente en materia de educaci髇, para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

Sujetos pasivos.

Ser醤 sujetos pasivos de esta tasa las personas que realicen la inscripci髇 para participar en las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

Devengo.

La tasa se devengar� en el momento de formalizarse la solicitud, que igualmente determinar� la exigibilidad del pago.

Tarifas.

La tasa se exigir� seg鷑 las siguientes tarifas:

Tarifa general: 20 euros.

Familia numerosa de categor韆 general: 10 euros.

Familia numerosa de categor韆 especial: 0 euros�.

獺echo imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitaci髇 del certificado de eficiencia energ閠ica de edificios, bien sea de oficio o a instancia de parte.

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa:

• a) Los propietarios o promotores de edificios de nueva construcci髇 o de partes de los mismos.
• b) Los propietarios o promotores de edificios existentes o de partes de los mismos.

Devengo.

1. La tasa se devengar� en el momento de solicitud del servicio.

2. Cuando el servicio se preste de oficio por la Administraci髇 o en aquellos casos en que por su complejidad no sea posible la liquidaci髇 de la tasa en el momento mismo de producirse el devengo, de acuerdo con lo dispuesto en el n鷐ero anterior, la Administraci髇, previa valoraci髇 del hecho imponible, practicar� la subsiguiente liquidaci髇, que deber� ser debidamente notificada al interesado, con expresi髇 de los plazos para su pago voluntario.

Tarifas.

La tarifa ser� de 37,95 euros por la tramitaci髇 de cada certificado�.

獳rt韈ulo 37 Fusi髇

1. Las fundaciones podr醤 fusionarse, siempre que no lo haya prohibido el fundador, previo acuerdo de los respectivos patronatos. Los acuerdos de fusi髇 deber醤 comunicarse al Protectorado, acompa馻ndo memoria acreditativa de las circunstancias que aconsejan la fusi髇 frente a otras posibles alternativas, e informando de las condiciones convenidas con las fundaciones afectadas.

2. La fusi髇 deber� formalizarse en escritura p鷅lica que contendr� los estatutos de la fundaci髇 resultante de la fusi髇, as� como la identificaci髇 de los miembros de su primer patronato. La fusi髇 se inscribir� en el Registro de Fundaciones de La Rioja.

El Protectorado podr� oponerse expresamente por razones de legalidad a la fusi髇 en el plazo de tres meses, mediante resoluci髇 motivada, en cuyo caso no podr� llevarse a cabo. El Protectorado podr� comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no oposici髇 al acuerdo de fusi髇.

Si el Protectorado no se opone en la forma establecida en el apartado anterior, el patronato podr� realizar las actuaciones necesarias para materializar la fusi髇, remitiendo al Protectorado la correspondiente escritura p鷅lica para constancia en el mismo.

3. La fusi髇 podr� realizarse por la absorci髇 de una fundaci髇 por otra u otras que se extingan, o bien mediante la creaci髇 de una nueva fundaci髇 a la que se transmitir醤 en bloque los patrimonios de las fusionadas que se extingan.

4. El Protectorado podr� requerir a cualquier fundaci髇 que resulte incapaz de alcanzar sus fines para que se fusione con otra de an醠ogos fines, siempre que esta 鷏tima haya manifestado previamente ante el Protectorado su voluntad favorable a dicha fusi髇 y que el fundador no lo hubiera prohibido.

Si la fundaci髇 que resulta incapaz de alcanzar sus fines se opusiera a la fusi髇, el Protectorado podr� solicitar a la autoridad judicial que ordene la referida fusi髇�.

�3. Mediante el otorgamiento de la calificaci髇 definitiva, las viviendas afectadas quedan incorporadas al r間imen de viviendas protegidas, quedando sujetas a las limitaciones y beneficios que al efecto contemple la normativa aplicable. La calificaci髇 definitiva y la licencia de primera ocupaci髇 permiten utilizar las viviendas para el uso habitacional y para la contrataci髇 de los servicios correspondientes.

Los plazos de duraci髇 del r間imen de protecci髇 p鷅lica y de descalificaci髇 se fijar醤 reglamentariamente en funci髇 de la planificaci髇 de expansi髇 de vivienda vigente, y desde la fecha de otorgamiento de la calificaci髇 definitiva�.

�5. Las viviendas de protecci髇 p鷅lica que se acojan a las medidas de financiaci髇 de los Planes Estatales de Vivienda en los que se fije un plazo de descalificaci髇 superior al dispuesto reglamentariamente, no podr醤 ser descalificadas hasta que transcurra el plazo se馻lado al efecto en el Plan Estatal de Vivienda correspondiente�.

1. Tendr醤 la condici髇 de suelo urbano:

• a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado desde la malla urbana, servicios de abastecimiento de agua y evacuaci髇 de aguas, y suministro de energ韆 el閏trica de caracter韘ticas adecuadas para servir a la edificaci髇 que sobre ellos exista o se haya de construir.
  Los servicios construidos en ejecuci髇 de un sector o unidad de ejecuci髇, las v韆s perimetrales de los n鷆leos urbanos, las v韆s de comunicaci髇 entre n鷆leos y las carreteras no servir醤 de soporte para la clasificaci髇 como urbanos de los terrenos adyacentes.
• b) Los terrenos integrados en 醨eas que se encuentren edificadas en, al menos, dos tercios de los espacios aptos para la misma, seg鷑 la ordenaci髇 que el planeamiento municipal establezca en los municipios con poblaci髇 superior a veinticinco mil habitantes, o el 50% de dichos espacios en el resto de los municipios.
• c) Los terrenos que en ejecuci髇 del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.
• d) Los n鷆leos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, aunque no cuenten con suficientes dotaciones, infraestructuras y servicios, cuando su consolidaci髇 resulte de inter閟.

2. Reglamentariamente se establecer醤 los requisitos m韓imos que han de reunir los servicios urban韘ticos a que se refiere el apartado a) para que puedan considerarse suficientes en relaci髇 con la ordenaci髇 prevista�.

El suelo urbano tendr� la consideraci髇 de consolidado o no consolidado.

• a) Tendr醤 la consideraci髇 de suelo urbano no consolidado los terrenos que el planeamiento defina expresamente como tales por estar sometidos a procesos integrales de urbanizaci髇, a procesos integrales de renovaci髇 o a procesos de reforma interior.
• b) El resto de suelo urbano tendr� la consideraci髇 de suelo urbano consolidado, incluidos los n鷆leos rurales del art韈ulo 41.1.d)�.

1. Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho y el deber de completar la urbanizaci髇 de los terrenos para que adquieran la condici髇 de solar, y de edificarlos en las condiciones y plazos que en cada caso establezca el planeamiento.

Los terrenos estar醤 sujetos a la limitaci髇 de no poder ser edificados hasta que merezcan la condici髇 de solar, salvo que se asegure la ejecuci髇 simult醤ea de la urbanizaci髇 y la edificaci髇 mediante las garant韆s reglamentariamente establecidas.

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado deber醤:

• a) Completar, a su costa, la urbanizaci髇 necesaria para que los terrenos alcancen la condici髇 de solar.
• b) Ceder los terrenos que queden fuera de las alineaciones establecidas por el planeamiento siempre que no superen el 10% de la superficie total de la finca.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado deber醤:

• a) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Administraci髇, el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones p鷅licas de car醕ter local al servicio del 醡bito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.
• b) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Administraci髇, el suelo necesario para la ejecuci髇 de los sistemas generales que el planeamiento municipal, en su caso, incluya en el 醡bito correspondiente a efectos de su gesti髇.
• c) En los municipios cuya poblaci髇 supere los diez mil habitantes, deber醤 ceder, obligatoria y gratuitamente a la Administraci髇 actuante, el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del 醡bito ya urbanizado.
  En los municipios cuya poblaci髇 supere los mil habitantes pero no supere los diez mil, dicho porcentaje podr� ser reducido discrecionalmente por los Ayuntamientos hasta el 5%.
  En los municipios cuya poblaci髇 no supere los mil habitantes no ser� necesario realizar cesi髇 alguna de aprovechamiento.
• d) Proceder a la distribuci髇 equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecuci髇 material del mismo.
• e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanizaci髇 en los plazos fijados por el planeamiento, con exclusi髇 de las obras de urbanizaci髇 de los sistemas generales que el planeamiento haya incluido en el 醡bito correspondiente a efectos de su gesti髇.
• f) Solicitar licencia de edificaci髇 y edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento.

4. El cumplimiento de los deberes previstos en el n鷐ero anterior es condici髇 para el leg韙imo ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.

5. En la actuaciones de dotaci髇 del art韈ulo 14.1.b) de la Ley del Suelo, la cesi髇 de suelo para dotaciones relacionado con el reajuste de su proporci髇 podr� sustituirse, en caso de imposibilidad f韘ica de materializarlo en el 醡bito correspondiente, o se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra soluci髇 t閏nica o econ髆icamente viable, por su valor en met醠ico con la finalidad de costear la parte de financiaci髇 p鷅lica que pudiera estar prevista en la propia actuaci髇 o de aportarlo al patrimonio p鷅lico de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitaci髇 o de regeneraci髇 urbanas.

6. En la actuaciones de urbanizaci髇 del art韈ulo 14.1.a) 2) de la Ley del Suelo, la cesi髇 de aprovechamiento establecida en este art韈ulo podr� sustituirse por su valor en met醠ico con la finalidad de costear la parte de financiaci髇 p鷅lica que pudiera estar prevista en la propia actuaci髇 o de aportarlo al patrimonio p鷅lico de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitaci髇 o de regeneraci髇 urbanas, y ello siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra soluci髇 t閏nica o econ髆icamente viable�.

1. Los planes generales municipales deber醤 incluir determinaciones para asegurar una reserva para vivienda protegida de como m韓imo el 30% de las viviendas previstas por la ordenaci髇 urban韘tica en la delimitaci髇 de nuevos sectores de suelo urbanizable.

No obstante, en aquellos municipios con poblaci髇 inferior a los 5.000 habitantes y superior a los 1.000 se podr� fijar una reserva inferior aunque superior al 10% en funci髇 de la actividad urban韘tica del municipio.

En los municipios con poblaci髇 inferior a 1.000 habitantes no ser� obligatorio realizar dicha reserva.

2. La reserva de vivienda protegida fijada en el apartado 1 de este art韈ulo podr� quedar en suspenso en los instrumentos de ordenaci髇 de desarrollo si se cumplen los requisitos previstos en la disposici髇 transitoria segunda de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, por un periodo de tiempo que finalizar� como m醲imo el d韆 1 de enero de 2017�.

1. La tramitaci髇 de planes parciales y especiales que desarrollen determinaciones del planeamiento municipal y de modificaciones de plan general de determinaciones de desarrollo se sujetar� a las siguientes reglas:

• a) La aprobaci髇 inicial se otorgar� por el Ayuntamiento que lo hubiera formulado, someti閚dolo a continuaci髇 a informaci髇 p鷅lica, como m韓imo, durante un mes, mediante anuncio en el Bolet韓 Oficial de La Rioja y, al menos, en un diario de difusi髇 local.
  Si hubiese alg鷑 municipio colindante con el 醡bito afectado, se comunicar� el acuerdo al Ayuntamiento correspondiente.
  El plazo para acordar o denegar la aprobaci髇 inicial, en los supuestos de planes de iniciativa particular, ser� de dos meses desde la presentaci髇 de la documentaci髇 completa en el Registro municipal.
• b) A la vista del resultado de la informaci髇 p鷅lica, el Ayuntamiento lo aprobar� provisionalmente, con las modificaciones que procediesen. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrir� un nuevo periodo de informaci髇 p鷅lica por veinte d韆s, antes de otorgar la aprobaci髇 provisional.
  El plazo para acordar sobre la aprobaci髇 provisional de los planes de iniciativa p鷅lica o privada no podr� exceder de seis meses desde la aprobaci髇 inicial.
• c) Una vez otorgada la aprobaci髇 provisional, la aprobaci髇 definitiva corresponder�:
  • 1.1 En municipios que superen los veinticinco mil habitantes, al Ayuntamiento previo informe de la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.
  • 1.2 En municipios que no superen los veinticinco mil habitantes, a la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo; salvo que cuenten con la existencia de medios t閏nicos municipales o comarcales adecuados para la supervisi髇 del cumplimiento de la legalidad y la garant韆 de un adecuado desarrollo urbano derivada de la correcta planificaci髇 efectuada por el instrumento de planeamiento general, en cuyo caso la aprobaci髇 definitiva corresponder� al Ayuntamiento previo informe de la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.

2. El informe de la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo se comunicar� al Ayuntamiento en el plazo m醲imo de dos meses. El informe se entender� favorable si no se produce en el plazo se馻lado, contado desde la recepci髇 del expediente completo.

3. El plazo de aprobaci髇 definitiva ser� de tres meses desde la entrada del expediente completo en el Registro del 髍gano competente para su otorgamiento, transcurrido el cual se entender� producida por silencio.

Cuando la aprobaci髇 definitiva corresponda al Ayuntamiento, el plazo de tres meses se contar� desde el acuerdo de aprobaci髇 provisional�.

�4. Cuando la modificaci髇 de planeamiento tuviera por objeto una diferente zonificaci髇 o uso urban韘tico de las zonas verdes, dotaciones p鷅licas y espacios libres de dominio y uso p鷅lico, existentes y previstos en el plan, se requerir� para aprobarla la previsi髇 de un incremento equivalente en la superficie o edificabilidad de tales espacios y de igual calidad, excepto en las modificaciones en sectores de suelo de uso industrial, siempre que habi閚dose ejecutado conforme y en desarrollo de planeamiento, tengan garantizado el m韓imo exigible en el art韈ulo 60 de la ley. Se exceptuar� tambi閚 cuando la modificaci髇 sea consecuencia de la aplicaci髇 de los puntos 3, 4, y 5 del art韈ulo 10 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana�.

1. La ejecuci髇 del planeamiento urban韘tico se realizar� mediante unidades de ejecuci髇, salvo en el caso de obras o actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado y cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos.

2. En suelo urbanizable delimitado y en suelo urbano no consolidado todos los terrenos, incluidos, en su caso, los sistemas generales, formar醤 parte de unidades de ejecuci髇. Tambi閚 podr醤 delimitarse unidades de ejecuci髇 en el suelo urbano consolidado para la realizaci髇 de procesos de renovaci髇 o reforma interior.

3. Las unidades de ejecuci髇 se delimitar醤 de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesi髇 y urbanizaci髇 en la totalidad de su superficie, y de acuerdo con el principio de reparto equitativo de beneficios y cargas.

4. Justificadamente, se podr醤 delimitar unidades de ejecuci髇 discontinuas�.

1. El Plan General Municipal podr� delimitar las unidades de ejecuci髇. En su defecto, corresponder� a los ayuntamientos esta delimitaci髇 por el procedimiento establecido en el apartado siguiente para la modificaci髇 de dichas unidades.

2. Corresponde al Ayuntamiento la modificaci髇 de las unidades de ejecuci髇 ya existentes, de oficio o a petici髇 de los interesados, previos los tr醡ites de aprobaci髇 inicial e informaci髇 p鷅lica durante el plazo de veinte d韆s, con notificaci髇 a los propietarios afectados.

En dicha tramitaci髇 se observar醤 las reglas sobre plazos, subrogaci髇 y aprobaci髇 por silencio previstas para la aprobaci髇 de los estudios de detalle�.

La delimitaci髇 de 醡bitos de las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas que impliquen necesidad de alterar la ordenaci髇 urban韘tica vigente se aprobar� en el mismo procedimiento de la modificaci髇 urban韘tica correspondiente, e incorporar醤 al mismo el informe o memoria de viabilidad econ髆ica que regula el art韈ulo 11 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas.

A estos efectos, el procedimiento para modificar la ordenaci髇 urban韘tica vigente ser� el regulado en el art韈ulo 90 de esta ley�.

1. Los bienes y fondos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo se destinar醤 a las siguientes finalidades:

• a) Construcci髇, rehabilitaci髇 o mejora de viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica o de integraci髇 social, en el marco de las pol韙icas o programas establecidos por las administraciones p鷅licas.
• b) Conservaci髇 o mejora del Medio Ambiente, protecci髇 del Patrimonio Hist髍ico-Art韘tico y renovaci髇 del Patrimonio Urbano.
• c) Actuaciones p鷅licas para la urbanizaci髇 y ejecuci髇, en su caso, de sistemas generales, dotaciones, servicios y equipamientos p鷅licos locales o generales.
• d) Conservaci髇, gesti髇 y ampliaci髇 del propio patrimonio municipal de suelo.
• e) Creaci髇 de suelo para el ejercicio de actividades empresariales compatibles con el desarrollo sostenible.
• f) A la propia planificaci髇 y gesti髇 urban韘tica, incluido el pago en especie mediante permutas o compensaciones de los terrenos destinados a actuaciones contempladas en el presente art韈ulo.
• g) La participaci髇 en entidades de gesti髇 urban韘tica cuyo objeto social responda a sus fines.
• h) La ejecuci髇 de actuaciones p鷅licas o el fomento de actuaciones privadas previstas en el planeamiento para la mejora, conservaci髇 y rehabilitaci髇 de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada.
• i) Otros fines y usos de inter閟 social, de acuerdo con el planeamiento urban韘tico vigente.

2. El suelo dotacional podr� destinarse a la construcci髇 de vivienda en r間imen de alquiler protegido y de alquiler en rotaci髇, siempre que en el instrumento de planeamiento general del municipio se garantice el m韓imo de 5 m² por habitante de sistema general de espacios libres p鷅licos destinados a parques y zonas verdes�.

�2. La constituci髇 de dicho patrimonio tiene por finalidad encauzar y desarrollar t閏nica y econ髆icamente la ordenaci髇 del territorio, poniendo a disposici髇 p鷅lica el suelo preciso para la realizaci髇 de actuaciones, obras e instalaciones de inter閟 regional, incluidas las de construcci髇 de vivienda en r間imen de alquiler protegido o de alquiler en rotaci髇 en suelo dotacional de titularidad de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja�.

1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones deber醤 mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato p鷅licos.

2. Los Ayuntamientos de oficio o a instancia de interesado y, en su caso, la Comunidad Aut髇oma de oficio ordenar醤 la ejecuci髇 de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicaci髇 del plazo de realizaci髇.

En los casos de inejecuci髇 injustificada de las obras ordenadas dentro del plazo conferido al efecto, y de actuaci髇 subsidiaria de la Administraci髇, el l韒ite m醲imo del deber de conservaci髇 previsto en el art韈ulo 9 de la Ley del Suelo, podr� elevarse hasta el 75% del coste de reposici髇 de la construcci髇 o edificio correspondiente�.

1. Cuando alguna construcci髇 o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarar� esta situaci髇 y acordar� la total o parcial demolici髇, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

2. Se declarar� el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del coste de reposici髇 de la construcci髇 o edificaci髇 correspondiente.
• b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.
• c) Cuando se requiera la realizaci髇 de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situaci髇 de fuera de ordenaci髇.

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutar� este a costa del obligado.

4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento, bajo su responsabilidad y por motivos de seguridad, dispondr� lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes�.

獳rt韈ulo 17 De la habilitaci髇 del pescador

1. Para obtener la licencia de pesca en la Comunidad Aut髇oma de La Rioja por primera vez, o en aquellos casos que reglamentariamente se determinen, ser� requisito necesario superar las pruebas de aptitud que en su caso se establezcan.

Quedar醤 eximidos de este requisito los pescadores menores de doce a駉s hasta que alcancen tal edad.

La consejer韆 que tenga atribuidas las competencias en materia de pesca expedir� los certificados de aptitud a las personas que hayan superado dichas pruebas.

2. Dichas pruebas podr醤 ser ex醡enes presenciales o cursos con aprovechamiento. En ambos casos, la consejer韆 competente en materia de pesca regular� el contenido de los temarios, el m閠odo de evoluci髇 de los aspirantes a la obtenci髇 de la licencia de pesca, la periodicidad de las convocatorias, composici髇 de tribunales y cuantos aspectos sean precisos para la correcta realizaci髇 de las pruebas.

3. Se reconocer醤 como v醠idos para obtener la licencia de pesca los certificados de aptitud expedidos por cualquier otra comunidad aut髇oma, de acuerdo con el principio de reciprocidad y equivalencia en cuanto a requisitos necesarios para la obtenci髇 de la licencia de pesca�.

玊蚑ULO XI
R間imen sancionador

Art韈ulo 62 Normativa aplicable

1. Los incumplimientos de lo dispuesto para esta materia en la normativa comunitaria, en la normativa estatal, en las disposiciones propias de esta comunidad aut髇oma o en las disposiciones de desarrollo ser醤 considerados incumplimientos susceptibles de ser tipificados como infracciones leves, graves y muy graves de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de car醕ter b醩ico, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en v韆 penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

2. El procedimiento sancionador se ajustar� a lo previsto en la presente ley, en la correspondiente ley estatal de car醕ter b醩ico dictada en esta materia, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, as� como a lo dispuesto en cap韙ulo V del t韙ulo III de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, siendo de aplicaci髇 supletoria lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Art韈ulo 63 Responsables

1. Ser醤 responsables de las infracciones tipificadas en esta ley:

• a) Los titulares, o responsables de la explotaci髇, as� como el propietario del ganado en el caso de incumplimiento de sus obligaciones.
• b) El conductor del veh韈ulo o el transportista, en el caso de contravenciones que se observen en la realizaci髇 del transporte, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario del veh韈ulo.
• c) El titular de la autorizaci髇 de puesta en el mercado, en el caso de infracciones en productos autorizados como medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
• d) El tenedor de los productos, en el caso de las infracciones en productos que no est閚 legalmente reconocidos.
• e) Los operadores, comerciantes, mayoristas, distribuidores y compradores, en el supuesto del comercio de animales.
• f) En los dem醩 casos, los autores materiales de las infracciones.

2. Cuando la infracci髇 sea imputada a una persona jur韉ica, podr醤 ser considerados como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de direcci髇, as� como los t閏nicos responsables del cuidado sanitario o, en el caso de productos farmacol骻icos o biol骻icos, los responsables de su control e incluso de su elaboraci髇.

Art韈ulo 64 Indemnizaciones

En el supuesto de que la comisi髇 de la infracci髇 produzca alg鷑 tipo de quebranto al patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, el consejero con competencias en materia de ganader韆 podr� fijar las indemnizaciones procedentes.

Art韈ulo 65 Competencia y procedimiento

1. La competencia para la imposici髇 de las sanciones en materia de sanidad animal corresponde:

• a) Al director general competente por raz髇 de la materia, para las leves y graves.
• b) Al consejero competente por raz髇 de la materia, para las muy graves.

2. La instrucci髇 e imposici髇 de sanciones por infracciones previstas en la ley b醩ica correspondiente en materia de sanidad animal se efectuar� conforme a los siguientes tr醡ites:

• a) Se iniciar� siempre de oficio, por acuerdo del director general competente por raz髇 de la materia, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici髇 razonada de otro 髍gano administrativo en particular de los que tengan atribuidas funciones de inspecci髇 o por denuncia.
• b) Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento, se podr醤 realizar actuaciones previas con objeto de determinar con car醕ter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciaci髇. Estas actuaciones previas ser醤 realizadas por los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de inspecci髇, que levantar醤 acta de lo actuado.
• c) La iniciaci髇 del procedimiento sancionador se comunicar� al instructor que haya designado el director general y se notificar� al sujeto o sujetos inculpados y, en su caso, al denunciante. Los sujetos inculpados dispondr醤 de un plazo de quince d韆s para formular alegaciones y proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse.
• d) Transcurrido el plazo se馻lado y, en su caso, practicada la prueba declarada pertinente, el instructor dictar� propuesta de resoluci髇, que se notificar� a los interesados, a quienes se dar� audiencia por un plazo de quince d韆s.
• e) Transcurrido el plazo de audiencia, el instructor dar� traslado del expediente al 髍gano competente para resolver, que dictar� la resoluci髇 correspondiente.

3. El 髍gano competente para la incoaci髇 del expediente podr� adoptar durante la tramitaci髇 del procedimiento las medidas de car醕ter provisional o cautelar que aseguren la eficacia de la resoluci髇 final que pudiera recaer, as� como aquellas necesarias para evitar perjuicios al inter閟 p鷅lico o a terceros�.

獵AP蚑ULO VIII
Procedimiento sancionador

1. Los incumplimientos de lo dispuesto para esta materia en la normativa comunitaria, en la normativa estatal, en las disposiciones propias de esta Comunidad Aut髇oma o en las disposiciones de desarrollo ser醤 considerados incumplimientos susceptibles de ser tipificados como infracciones leves, graves y muy graves de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de car醕ter b醩ico, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en v韆 penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

2. El procedimiento sancionador se ajustar� a lo previsto en la presente ley, en la correspondiente ley estatal de car醕ter b醩ico dictada en esta materia, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, as� como a lo dispuesto en cap韙ulo V del t韙ulo III de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, siendo de aplicaci髇 supletoria lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

1. La competencia para la imposici髇 de las sanciones en materia de vitivinicultura corresponde:

• a) Al director general competente por raz髇 de la materia, para las leves y graves.
• b) Al consejero competente por raz髇 de la materia, para las muy graves.

2. El procedimiento se ajustar� a los siguientes tr醡ites:

• a) Se iniciar� siempre de oficio, por acuerdo del director general competente por raz髇 de la materia, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici髇 razonada de otro 髍gano administrativo en particular de los que tengan atribuidas funciones de inspecci髇 o por denuncia.
• b) Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento, se podr醤 realizar actuaciones previas con objeto de determinar con car醕ter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciaci髇. Estas actuaciones previas ser醤 realizadas por los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de inspecci髇, que levantar醤 acta de lo actuado.
• c) La iniciaci髇 del procedimiento sancionador se comunicar� al instructor que haya designado el director general y se notificar� al sujeto o sujetos inculpados y, en su caso, al denunciante. Los sujetos inculpados dispondr醤 de un plazo de quince d韆s para formular alegaciones y proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse.
• d) Transcurrido el plazo se馻lado y, en su caso, practicada la prueba declarada pertinente, el instructor dictar� propuesta de resoluci髇, que se notificar� a los interesados, a quienes se dar� audiencia por un plazo de quince d韆s.
• e) Transcurrido el plazo de audiencia, el instructor dar� traslado del expediente al 髍gano competente para resolver, que dictar� la resoluci髇 correspondiente.

1. En los supuestos en que sea previsible el decomiso de la mercanc韆 por existir fundadas sospechas de adulteraci髇, falsificaci髇 o fraude, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento podr� proceder cautelarmente a la intervenci髇 de la misma, sin perjuicio de que en la resoluci髇 que se dicte se decrete el decomiso definitivo o se deje sin efecto la intervenci髇 ordenada.

Durante la tramitaci髇 del expediente, a propuesta del instructor, podr� levantarse la intervenci髇 de la mercanc韆, cuando las circunstancias as� lo aconsejen.

2. Asimismo, el instructor podr� adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci髇.

3. En el supuesto de riesgo real o previsible para la salud p鷅lica se adoptar醤 cualesquiera otras medidas que ordenen las autoridades sanitarias.

No tienen la consideraci髇 de sanciones accesorias:

• a) La obligaci髇 de arrancar el vi馿do en los casos en que est� prohibida su plantaci髇, ni la ejecuci髇 subsidiaria de esta obligaci髇 por la Administraci髇.
• b) La obligaci髇 de reinsertar en los casos de injerto de variedades no autorizadas.
• c) El decomiso y la destrucci髇 de mercanc韆s adulteradas, falsificadas o fraudulentas con el fin de evitar riesgos para los consumidores o peligro para la salud p鷅lica.
• d) La devoluci髇 total o parcial de las ayudas y subvenciones obtenidas indebidamente y de las no aplicadas o aplicadas incorrectamente, la reducci髇 de su cuant韆 u otras medidas semejantes.
• e) El reembolso a la Administraci髇 de los gastos que originen las operaciones de arranque de vi馿do, que son de cuenta del propietario de la finca; de los gastos de intervenci髇, dep髎ito, decomiso, transporte y destrucci髇 de mercanc韆s, que ser醤 de cuenta del infractor; de los gastos de an醠isis, que ser醤 de cuenta de quien los promueva, y de los an醠isis contradictorios y dirimentes, que ser醤 a cargo del inculpado; con las excepciones previstas en esta ley.

1. En aplicaci髇 de la normativa comunitaria sobre plantaciones de vi馿do ilegal, en caso de comisi髇 de infracciones derivadas de incumplimiento de la obligaci髇 de arranque, la sanci髇 pecuniaria que se imponga ascender� a 12.000 euros/ha.

2. Tendr� la consideraci髇 de infracci髇 permanente aquella que consista en plantar con variedades de vid o de portainjertos no clasificados por esta comunidad aut髇oma, en incumplir la obligaci髇 del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesi髇 de un derecho de plantaci髇 anticipado, o en plantar vid o portainjertos sin autorizaci髇, cuando el infractor no procediere al arranque de la superficie afectada por la infracci髇 en el plazo establecido.

De conformidad con la regulaci髇 de la normativa comunitaria, en el caso de los supuestos previstos en el p醨rafo anterior, podr� incoarse un nuevo expediente sancionador si en el plazo de doce meses desde que una resoluci髇 sancionadora ha adquirido el car醕ter de ejecutiva el infractor no hubiese procedido al arranque de la superficie afectada por la infracci髇�.

�2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura sin que se haya solicitado la inscripci髇 de la sociedad en el registro de cooperativas, o bien antes de dicho plazo, si se ha verificado la voluntad de no inscribirla, todo socio puede instar la disoluci髇 de la sociedad en constituci髇 y exigir, con la liquidaci髇 previa del patrimonio social, la restituci髇 de las aportaciones que haya efectuado.

Si la sociedad cooperativa ha iniciado o sigue realizando la actividad de su objeto social sin haber solicitado su inscripci髇 en el Registro de Cooperativas, una vez transcurridos los seis meses a los que se refiere el apartado anterior, o bien si se ha verificado la voluntad de no inscribir la sociedad, los socios pasan a tener, autom醫icamente, responsabilidad ilimitada y solidaria�.

1. La baja voluntaria podr� ser justificada o no justificada. Ser醤 calificadas como bajas voluntarias justificadas las as� previstas legal o estatutariamente, teniendo el resto la consideraci髇 de bajas voluntarias no justificadas.

2. El socio podr� darse de baja voluntariamente en todo momento, mediante preaviso por escrito dirigido al Consejo Rector, observando el plazo de preaviso previsto en los Estatutos sociales, que no podr� ser inferior a tres meses ni superior a seis. El incumplimiento del plazo de preaviso dar� lugar a la calificaci髇 de la baja voluntaria como no justificada.

3. Los Estatutos podr醤 establecer el compromiso del socio de no darse de baja voluntariamente, sin causa que se califique justificada por el Consejo Rector, bien hasta el final del ejercicio econ髆ico en el que se quiera causar baja, bien hasta que haya transcurrido, desde su admisi髇, el tiempo que fijen los Estatutos, que no podr� ser superior a cinco a駉s. Igualmente, los Estatutos podr醤 establecer el compromiso del socio de no darse de baja voluntariamente sin haber desembolsado el importe total que le corresponde al socio por todas sus obligaciones econ髆icas asumidas con anterioridad con la cooperativa. La baja voluntaria del socio dentro de los plazos de permanencia o sin que el socio hubiera desembolsado el importe total que le corresponde por las obligaciones econ髆icas asumidas con anterioridad con la cooperativa tendr醤 la consideraci髇 de baja no justificada, a menos que el Consejo Rector, atendiendo las circunstancias del caso, acuerde motivadamente lo contrario al apreciar causa para calificarla como baja voluntaria justificada.

4. Con ocasi髇 de acuerdos de la Asamblea General que impliquen inversiones, ampliaci髇 de actividades, planes de capitalizaci髇, financiaci髇 o cualquier otro tipo de decisi髇 similar que exija nuevas aportaciones obligatorias se podr醤 acordar nuevos compromisos de permanencia obligatoria para los socios, que no podr醤 exceder diez a駉s. En esos casos, el socio de la cooperativa, al que afecte tal acuerdo, podr� solicitar su baja de la cooperativa, que se considerar� baja voluntaria justificada, si manifiesta su disconformidad votando en contra del acuerdo correspondiente y, en el caso de que el socio no haya asistido a la Asamblea General en la que se adopt� dicho acuerdo, expresando su disconformidad por escrito al Consejo Rector de la cooperativa. En todo caso, el socio manifestar� su disconformidad por escrito, al Consejo Rector de la cooperativa, en el plazo que fijen los Estatutos, que no podr� ser inferior a quince d韆s ni superior a treinta, contados desde el d韆 siguiente a la adopci髇 del acuerdo para los socios presentes en la Asamblea General y desde el d韆 siguiente a la notificaci髇 del acuerdo para los socios ausentes de la misma. En ambos casos, el socio deber� formalizar su solicitud de baja dentro del mes siguiente a la fecha de la presentaci髇 del escrito en que manifest� su disconformidad con el acuerdo correspondiente.

5. Adem醩 de las causas previstas en los apartados anteriores, se considerar� justificada la baja voluntaria del socio en los siguientes casos:

• a) Casos en que se produzca la pr髍roga de la actividad de la cooperativa, su fusi髇 o escisi髇, el cambio de clase o la alteraci髇 sustancial del objeto social de aquella, la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital, o de cargas u obligaciones gravemente onerosas y no previstas estatutariamente, la agravaci髇 del r間imen de responsabilidad de los socios, de su participaci髇 en la actividad cooperativizada o del tiempo m韓imo de permanencia, o en los dem醩 supuestos contemplados en la ley, siempre que el socio haya votado en contra del acuerdo correspondiente y que exprese su disconformidad en la forma y plazo se馻lados en esta ley.
  Los acuerdos de fusi髇 y escisi髇 y los que conlleven modificaciones estatutarias ocasionadas por los casos antedichos y que den lugar al derecho de baja justificada ser醤 comunicados a cada uno de los socios que hayan votado en contra, en el plazo de un mes a contar desde el d韆 siguiente al de adopci髇 del acuerdo.
  El derecho de baja justificada podr� ejercitarse, mediante escrito enviado al Consejo Rector, en tanto no transcurra un mes contado desde la recepci髇 de la comunicaci髇; pero si todos los socios hubieran estado presentes o representados en la Asamblea, aunque no todos hubieran votado a favor, el plazo de un mes empezar� a contar desde el d韆 siguiente al de adopci髇 del acuerdo.
• b) En todos los dem醩 supuestos previstos en la presente ley o en los Estatutos, sin que, en todo caso, el mero transcurso del periodo m韓imo de permanencia o sucesivos periodos de permanencia establecidos implique por s� solo que la baja voluntaria solicitada por el socio sea justificada. La baja voluntaria solicitada ser� calificada por el Consejo Rector en funci髇 de que exista causa que se califique o no de justificada

6. Se considerar� como baja voluntaria no justificada:

• a) Cuando el socio incumpla el plazo de preaviso salvo, que el Consejo Rector, atendiendo a las circunstancias del caso, acordara motivadamente que es justificada.
• b) Cuando el socio incumpla los plazos de permanencia fijados en los Estatutos, salvo que el Consejo Rector, atendiendo a las circunstancias del caso, acordara motivadamente que es justificada.
• c) Cuando el socio incumpla las obligaciones establecidas en la ley, en los Estatutos, y, en concreto, lo dispuesto en el apartado tercero del presente art韈ulo, en forma que perjudique gravemente los intereses de la cooperativa.
• d) Cuando el socio solicite la baja voluntaria y se encuentre en un supuesto que no ha sido previsto legal o estatutariamente como causa de baja justificada.

Calificada la baja como no justificada, se podr� exigir al socio el cumplimiento de los requisitos, actividades y servicios en los t閞minos en que ven韆 obligado o bien, en su caso, la correspondiente indemnizaci髇 una compensaci髇 por los da駉s y perjuicios que su infracci髇 haya ocasionado. Los Estatutos podr醤 determinar los criterios objetivos para cuantificar los da駉s y perjuicios exigibles en el caso de tal incumplimiento, as� como el alcance de la responsabilidad.

En todo caso, se podr� exigir al socio su responsabilidad frente a terceros y la que hubiere asumido con la cooperativa por las obligaciones asumidas e inversiones realizadas y no amortizadas.

7. La calificaci髇 y determinaci髇 de los efectos de la baja voluntaria, de acuerdo con lo previsto legal y estatutariamente, ser醤 competencia indelegable del Consejo Rector, cuyo acuerdo motivado deber� notificarse al socio en el plazo m醲imo de tres meses a contar desde la presentaci髇 de la baja. Transcurrido dicho plazo sin haber notificado el acuerdo, el socio podr� considerar su baja como justificada a los efectos de la liquidaci髇 y reembolso de sus aportaciones al capital social.

8. El acuerdo del Consejo Rector sobre la calificaci髇 y efectos de una solicitud de baja voluntaria podr� ser impugnado en el plazo de treinta d韆s h醔iles a contar desde su notificaci髇, ante el Comit� de Recursos o, en defecto, ante la Asamblea General, que deber� resolver dentro de los treinta d韆s siguientes al de su interposici髇. Transcurrido el plazo sin haberse dictado resoluci髇 expresa, se entender� desestimado el recurso.

La resoluci髇 emitida o el transcurso del plazo cuando no exista resoluci髇 expresa podr醤 ser impugnados ante la jurisdicci髇 ordinaria dentro de los treinta d韆s h醔iles siguientes a su notificaci髇 o a aquel en que transcurra el plazo establecido, en el caso de que no existiera pronunciamiento�.

1. Causar醤 baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo seg鷑 esta ley o los Estatutos de la cooperativa.

2. La baja obligatoria ser� acordada por el Consejo Rector u 髍gano de administraci髇, de oficio, a petici髇 de cualquier socio o del interesado, en todo caso previa audiencia del mismo.

3. La baja obligatoria tendr� la consideraci髇 de no justificada cuando la p閞dida de los requisitos para adquirir la condici髇 de socio responda a un deliberado prop髎ito del socio de eludir obligaciones ante la cooperativa o beneficiarse indebidamente con su baja obligatoria.

4. El acuerdo del Consejo Rector u 髍gano de administraci髇 sobre la calificaci髇 y efectos de la baja podr� ser recurrido en los t閞minos previstos en el art韈ulo 22.8 de la presente ley�.

1. La responsabilidad de los socios ser� limitada. A falta de disposici髇 expresa, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros estar� limitada a las aportaciones al capital social suscritas, con independencia de que est閚 o no desembolsadas.

2. Cuando la cooperativa asuma obligaciones, la responsabilidad de los socios, que ser� limitada de acuerdo con el apartado anterior, tendr� car醕ter mancomunado o solidario seg鷑 dispongan los estatutos. A falta de disposici髇 expresa, se entender� que la responsabilidad de los socios tiene car醕ter mancomunado.

3. No obstante, el socio que cause baja en la cooperativa responder� personalmente por las deudas sociales, previa exclusi髇 del haber social, durante cuatro a駉s desde la p閞dida de su condici髇 de socio, por las obligaciones contra韉as por la cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al capital social.

4. Los acuerdos aprobados por la Asamblea General que impliquen inversiones, ampliaci髇 de actividades, planes de financiaci髇 o cualquier otro que exija nuevas aportaciones obligatorias, cuando no hayan sido recurridos en tiempo y forma por el socio, dar醤 lugar, si se produce su baja voluntaria no justificada en la cooperativa, a que responda personalmente de tales acuerdos de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 22.6 de la presente ley�.

�1. En la Asamblea General cada socio tendr� un voto; no obstante, para el caso de cooperativas de servicios y de transporte los Estatutos podr醤 prever el voto plural ponderado en funci髇 de la actividad cooperativizada del socio, que no podr� ser, en ning鷑 caso, superior a cinco votos sociales, sin que puedan atribuir a un solo socio m醩 de un tercio de los votos totales de la cooperativa.

2. Los estatutos de las sociedades cooperativas agrarias regular醤 el voto ponderado de cada socio en la Asamblea General, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

• a) Se otorgar� a cada socio entre uno y diez votos.
• b) La distribuci髇 de votos a cada socio se har� siempre en funci髇 proporcional a la actividad o al servicio cooperativizado y nunca en funci髇 de la aportaci髇 al capital social.
• c) Anualmente, el Consejo Rector elevar� una relaci髇 en la que se establecer� el n鷐ero de votos sociales que correspondan a cada socio, tomando para ello como base los datos de la actividad o servicio cooperativizado de cada uno de ellos referidos a los tres 鷏timos ejercicios econ髆icos. Dicha relaci髇 se expondr� en el domicilio social de la cooperativa durante los cinco d韆s anteriores a la fecha de celebraci髇 de la asamblea y se notificar� a cada socio el n鷐ero de sus votos, a efectos de su posible impugnaci髇 por el socio disconforme a trav閟 de los cauces previstos en la presente ley.
• d) Si no se prev� en los Estatutos, un reglamento de r間imen interno, aprobado por la Asamblea General, establecer� en cada entidad la relaci髇 entre los votos sociales y la actividad cooperativizada necesaria para la distribuci髇 de los votos�.

• 玜) Por actos inter vivos, previa notificaci髇 al Consejo Rector, entre socios preferentemente y entre aquellos que reuniendo los requisitos para ser socios se comprometan a serlo en los tres meses siguientes, en los t閞minos fijados en los Estatutos y en el art韈ulo 21 de esta ley�.

�1. Los estatutos regular醤 el derecho de los socios al reembolso de sus aportaciones al capital social en caso de baja en la cooperativa. La liquidaci髇 de estas aportaciones se har� seg鷑 el balance de cierre del ejercicio en que se produzca la baja, sin que puedan efectuar deducciones, salvo las se馻ladas en los apartados 2 y 3 de este art韈ulo y previa compensaci髇, en su caso, con las deudas contra韉as por el socio con la sociedad cooperativa, de acuerdo con lo previsto en los art韈ulos 1156, 1195, 1196 y 1202 del C骴igo Civil, y con lo dispuesto en el art韈ulo 27 de esta ley.

2. Del valor acreditado de las aportaciones se deducir醤 las p閞didas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y est閚 sin compensar. El Consejo Rector tendr� un plazo de tres meses desde la fecha de la aprobaci髇 de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para notificar el c醠culo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social. El socio disconforme con el acuerdo de liquidaci髇 efectuada por el Consejo Rector podr� impugnarlo por el procedimiento previsto en el art韈ulo 22.8 de la presente ley o, en su caso, el que establezcan los Estatutos.

3. En el caso de expulsi髇 y baja no justificada, se podr� establecer una deducci髇 sobre el importe resultante de la liquidaci髇 de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes se馻lados en el apartado anterior. Los Estatutos fijar醤 el porcentaje a deducir, sin que este pueda superar el 30%�.

1. Estatutariamente o por la Asamblea General podr醤 establecerse cuotas de ingreso y/o peri骴icas que no integrar醤 el capital social ni ser醤 reintegrables. Dichas cuotas podr醤 ser diferentes para los distintos tipos de socios previstos en la presente ley, o en funci髇 de la naturaleza f韘ica o jur韉ica de los mismos, o para cada socio en proporci髇 a su respectivo compromiso o uso potencial de la actividad cooperativizada.

2. La entrega por los socios de cualquier tipo de bienes o la prestaci髇 de servicios para la gesti髇 cooperativa y, en general, los pagos para la obtenci髇 de los servicios cooperativizados no integran el capital social y est醤 sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la cooperativa.

3. La Asamblea General podr� acordar la admisi髇 de financiaci髇 voluntaria procedente de los socios y de terceros no socios, bajo cualquier modalidad y en el plazo y condiciones que se establezcan en el correspondiente acuerdo.

4. Las cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea General, podr醤 emitir obligaciones, ajust醤dose su r間imen a lo dispuesto en la legislaci髇 aplicable. Estas obligaciones s髄o ser醤 convertibles en aportaciones sociales al capital cuando los obligacionistas fuesen socios y se respete el l韒ite que establece el apartado 6 del art韈ulo 61 de la presente ley.

5. La Asamblea General podr� acordar igualmente la emisi髇 de t韙ulos participativos, mediante los que el suscriptor realiza una aportaci髇 econ髆ica por un tiempo determinado adquiriendo el derecho a la correspondiente remuneraci髇 que, de acuerdo con las condiciones que establezca la emisi髇, podr� ser en forma de inter閟 fijo, variable o mixto.

El acuerdo de emisi髇 concretar� el plazo de amortizaci髇 y dem醩 condiciones aplicables y podr� establecer el derecho de asistencia de los suscriptores de estos t韙ulos a la Asamblea General, con voz y sin voto.

6. Tambi閚 podr醤 contratarse cuentas en participaci髇, ajust醤dose su r間imen a lo establecido en el C骴igo de Comercio�.

�1. La determinaci髇 de los resultados del ejercicio econ髆ico se llevar� a cabo conforme a la normativa general contable, debiendo distinguir claramente en la cuenta de p閞didas y ganancias entre resultados ordinarios cooperativos o propios de la actividad cooperativizada con los socios y resultados ordinarios extracooperativos, propios de la actividad cooperativizada con no socios.

No obstante lo anterior, la cooperativa podr� optar en sus Estatutos por la no contabilizaci髇 separada de los resultados extracooperativos, en cuyo caso las dotaciones a las reservas o fondos obligatorios se ajustar醤 a lo establecido en la legislaci髇 estatal para este supuesto y ajust醤dose a lo establecido en el r間imen fiscal de cooperativas�.

• 玜) De los procedentes de operaciones cooperativas se destinar�, como m韓imo, un 10% al Fondo de reserva obligatorio y un 5% al Fondo de formaci髇 y promoci髇�.

• 玤) La investigaci髇, el desarrollo econ髆ico, el estudio de mercados, estudio de an醠isis de inversiones o cualquier otro dirigido a promover la actividad propia de la cooperativa�.

�3. El planteamiento de cualquier demanda por parte del socio en las cuestiones a las que se refiere el n鷐ero 1 de este art韈ulo, exigir� el agotamiento previo de la v韆 cooperativa, que suspender� el c髆puto de plazos de prescripci髇 o caducidad para el ejercicio de acciones o de afirmaci髇 de los derechos, pudiendo el socio realizar una conciliaci髇 previa ante la asociaci髇 o uni髇 de cooperativas a la que pudiera estar asociada la sociedad cooperativa afectada por la cuesti髇 litigiosa�.

• 玜) Representar y defender los intereses generales de las cooperativas y de sus socios ante las administraciones p鷅licas y ante cualesquiera otras personas f韘icas o jur韉icas y ejercer, en su caso, las acciones legales pertinentes�.

�3. Las infracciones leves prescribir醤 al a駉, las graves a los dos a駉s, y las muy graves a los tres a駉s, contados a partir del d韆 en que la infracci髇 se hubiera cometido, interrumpi閚dose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El c髆puto del plazo de prescripci髇 se reanudar� si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente responsable de la infracci髇�.

�4. Las sanciones por infracciones leves prescribir醤 al a駉; las sanciones por infracciones graves, a los dos a駉s, y por infracciones muy graves, a los tres a駉s, contados a partir del d韆 siguiente a aquel en que adquiera firmeza en v韆 administrativa la resoluci髇 por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpir� por la iniciaci髇, con conocimiento del sujeto interesado, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviese paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al sujeto responsable de la infracci髇�.

Mediante la descalificaci髇, la sociedad perder� su car醕ter cooperativo, por las causas que a continuaci髇 se se馻lan, con arreglo al procedimiento establecido por este art韈ulo y sus normas de desarrollo.

1. Son causas de descalificaci髇 de una sociedad cooperativa:

• a) La finalizaci髇 y cumplimiento de la actividad empresarial, social y econ髆ica que constituya su objeto social, o la imposibilidad de su cumplimiento.
• b) La paralizaci髇 de sus 髍ganos sociales durante un a駉 o de la actividad cooperativizada durante dos a駉s, de tal modo que imposibilite su funcionamiento.
• c) La reducci髇 del capital social m韓imo estatutario o del n鷐ero de socios necesarios para constituir la cooperativa, sin que se restablezca en el plazo de un a駉.
• d) El concurso de acreedores, cuando como resultado de la interposici髇 y resoluci髇 de dicho proceso concursal proceda su disoluci髇, desde la firmeza de la resoluci髇.
• e) La p閞dida o el incumplimiento de los requisitos necesarios para la calificaci髇 de la sociedad como cooperativa.
• f) La comisi髇 de infracciones muy graves de normas imperativas o prohibitivas de la presente ley.

2. El procedimiento para la descalificaci髇 se ajustar� a las normas reguladoras del procedimiento administrativo com鷑, con las siguientes salvedades:

• a) Deber� informar preceptivamente la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social y, si no se hubiese emitido el informe en el plazo de un mes, se tendr� por evacuado.
• b) En el tr醡ite de audiencia a la cooperativa, se personar� el Consejo Rector u 髍gano de administraci髇 o, en su defecto, un n鷐ero de socios no inferior a dos. Si la notificaci髇 no es posible, el tr醡ite se cumplir� publicando el correspondiente aviso en el Bolet韓 Oficial de La Rioja.
• c) Ser� competente para acordar la descalificaci髇 el director general del que dependa el Registro de Cooperativas de La Rioja, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el consejero competente en la materia.
• d) La resoluci髇 administrativa ser� revisable en v韆 judicial y, si se recurriese la misma, no ser� ejecutiva mientras no recaiga sentencia firme.

3. Una vez que la descalificaci髇 adquiriese car醕ter de firmeza, producir� efectos registrales de oficio e implicar� la disoluci髇 de la cooperativa y la cancelaci髇 preventiva inmediata de los asientos registrales hasta que se presente la escritura de liquidaci髇 en el Registro de Cooperativas.

4. En el plazo de dos meses la cooperativa deber� proceder al nombramiento de los liquidadores, pudiendo recaer en personas no socias.

5. La cooperativa, antes de dictarse la resoluci髇 de descalificaci髇, podr� transformarse en sociedad civil o mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 91 de la presente ley, siempre que no se haya incurrido en la comisi髇 de infracci髇 muy grave de normas imperativas o prohibitivas de la presente ley�.

�2. Corresponder� a la consejer韆 competente en materia de interior la regulaci髇 del horario general de apertura y cierre en el marco de la regulaci髇 sobre espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas�.

�3. Por v韆 reglamentaria, se establecer醤 los 髍ganos y unidades que gestionar醤 o ejercer醤 estas competencias�.

�2. Las personas que precisen de documento profesional para prestar sus servicios en empresas dedicadas a la gesti髇 y explotaci髇 de juego o apuestas deber醤 carecer de antecedentes penales por delitos de falsedad, contra la propiedad o contra la Hacienda P鷅lica�.

�2. Si la mancomunidad optara por la solicitud de retenci髇, la interpondr� ante el 髍gano competente en materia de tutela financiera de las entidades locales. Este 髍gano resolver� lo que proceda previa audiencia a los municipios afectados, y tras verificar la concurrencia de los requisitos legales y estatutarios que resulten de aplicaci髇. Si fuere estimatoria, la resoluci髇 se remitir�, con la expresi髇 del importe y el beneficiario, a la Tesorer韆 del Gobierno de La Rioja para que proceda a la pr醕tica de la retenci髇�.

�1. El horario general de los establecimientos o locales donde se desarrollen espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas se determinar� por decreto del Gobierno, previo informe del Consejo Riojano de Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas�.

�3. Se declaran de utilidad p鷅lica a efectos de expropiaci髇 forzosa, ocupaci髇 temporal e imposici髇 o modificaci髇 de servidumbres todos los bienes y derechos precisos para el desarrollo de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja�.

La Comunidad Aut髇oma de La Rioja adquirir� la propiedad u otros derechos de uso sobre los terrenos afectados por las obras contenidas en el proyecto de construcci髇 aprobado, por cualquiera de los medios establecidos en el ordenamiento jur韉ico. La adquisici髇 de dicha disponibilidad llevar� impl韈ita la afectaci髇 al fin de utilidad p鷅lica.

Podr醤 establecerse acuerdos previos con otras administraciones p鷅licas en orden a facilitar los terrenos necesarios para la ejecuci髇 de las obras, sin perjuicio de la adquisici髇 de los dem醩 bienes y derechos que sean necesarios, cuando hubiere lugar a ello, por el procedimiento de expropiaci髇 forzosa.

Para la formalizaci髇 de la adquisici髇, onerosa o gratuita, se estar� a lo dispuesto en la legislaci髇 patrimonial de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja�.

�2. En los casos de concurrencia entre esta ley y la normativa auton髆ica de competencia de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, se resolver� de acuerdo con la condici髇 m醩 beneficiosa para el consumidor�.