Artículo 1 Objeto

El presente documento tiene como objeto establecer las disposiciones de carácter general y vinculantes necesarias para la ordenación material y territorial de las actividades de gestión de residuos en la Comunitat Valenciana, con el fin de hacer efectivas las previsiones de planificación contenidas en el PIRCV, y posibilitar el cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo y en la propia Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, y la posterior normativa comunitaria en materia de residuos. Asimismo, se establecen las disposiciones especiales sobre residuos específicos que se consideran necesarias.

Contempla igualmente medidas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento necesarias para implementar las previstas en el documento de ordenación no vinculante, en orden a alcanzar los objetivos fundamentales previstos en la gestión de los residuos, tales como las normas técnicas necesarias para garantizar la adecuada gestión de los residuos, y la previsión de una red de instalaciones de gestión de residuos que posibilite la autosuficiencia en el tratamiento de los residuos generados en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y la necesidad de instalaciones especializadas para determinado tipo de residuos.

Todo ello de acuerdo con su naturaleza y efectos contemplados en los artículos siguientes.

Artículo 2 Naturaleza

En cuanto documento integrante del PIRCV, participa de su naturaleza de Plan de Acción Territorial de carácter sectorial, elaborado, formulado, tramitado y aprobado conforme a lo establecido en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, tal como prevé el artículo 27 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, y en base a las determinaciones establecidas en el artículo 28 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.

Ostenta, por tanto, carácter normativo. Las determinaciones contenidas en el presente documento tienen naturaleza reglamentaria, establecidas en desarrollo de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana. Constituyen prescripciones de ordenación, tanto en lo referente al régimen aplicable a las actividades de gestión de residuos, como en lo relativo a la planificación territorial para posibilitar el cumplimiento de los objetivos previstos.

Artículo 3 Efectos

Según los artículos 39 y 40 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, las determinaciones contenidas en el PIRCV y en los planes zonales vinculan a los distintos instrumentos de ordenación urbanística y son de obligado cumplimiento tanto para las entidades públicas como para las entidades privadas.

Tales determinaciones vinculan a los distintos instrumentos de ordenación urbanística y de planificación territorial y sectorial, constituyendo prescripciones obligatorias para entidades públicas y privadas en cuanto a las actividades de gestión de residuos y otras actuaciones, planes o programas sectoriales en la materia.

La autorización de las instalaciones de gestión de residuos, así como las actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se adecuarán a lo establecido en el PIRCV, y específicamente a las prescripciones contempladas en el presente documento.

Artículo 4 Vigencia

El presente documento, en cuanto parte integrante del PIRCV, tiene vigencia indefinida, conforme al artículo 47 de la Ley 4/2004, sin perjuicio de la evaluación y revisión sexenal establecida para los planes y programas de gestión de residuos por el artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

En cualquier caso, será posible su modificación a fin de adecuar sus determinaciones normativas a la normativa sectorial aplicable en materia de residuos.

Artículo 5 Ámbito material

5.1. El presente documento de ordenación, elaborado en el marco del PIRCV, opera con carácter vinculante y normativo respecto a todos los residuos generados o gestionados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, entendiendo por tales los definidos en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:

«Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar».

5.2. En concreto, partiendo de la definición expuesta, y siguiendo la estructura del PIRCV, comprende las disposiciones normativas y vinculantes de los siguientes residuos clasificados principalmente en atención a su origen:

Residuos urbanos o municipales, incluyéndose en el PIRVC con esta denominación todos aquellos residuos que, comprendidos en las nuevas categorías de «residuos domésticos» y «residuos comerciales» definidas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (artículo 3 apartados b y c), son gestionados por las entidades locales.

Residuos industriales, conforme a la definición que de estos efectúa el artículo 3 apartado d) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Residuos específicos:

• Residuos de construcción y demolición (RCD)
• Vehículos al final de su vida útil (VFU)
• Neumáticos fuera de uso (NFU)
• Aceites industriales usados
• Residuos de aparatos que contengan policlorobifenilos (PCB)
• Residuos de pilas y acumuladores
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
• Residuos de envases y envases usados
• Suelos contaminados Residuos sanitarios
• Residuos agropecuarios Lodos de depuración

5.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, el artículo 2 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, y el artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, quedan excluidos del ámbito de aplicación del PIRCV y del presente documento los siguientes:

• a) Las emisiones a la atmósfera, reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como el dióxido de carbono capturado y transportado con fines de almacenamiento geológico y efectivamente almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Tampoco se aplicará al almacenamiento geológico de dióxido de carbono realizado con fines de investigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos siempre que la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilo toneladas.
• b) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las actividades de construcción cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos.
• c) Los residuos radiactivos.
• d) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los anteriores, regulados en el Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
• e) Las materias fecales, si no están contempladas en el Reglamento CE n^o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento CE n^o 1774/2002, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en la agricultura, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no dañen el medio ambiente o pongan en peligro la salud humana.

De acuerdo con ello, para el supuesto de materias fecales contempladas en el Reglamento CE n^o 1069/2009 (Reglamento SANDACH), se aplicará lo dispuesto en este Reglamento y, por tanto, únicamente se aplicará la normativa de residuos cuando se destinen a incineración, vertederos, o sea utilizadas en una planta de biogás o de compostaje.

5.4. De conformidad con los preceptos citados en el apartado anterior, en la medida en que ya está cubierto por otra normativa, quedan excluidas de la normativa en materia de residuos y, por ende, del alcance del PIRCV y del presente documento, las siguientes materias, aplicándose la normativa de residuos únicamente con carácter supletorio:

• a) Las aguas residuales.
• b) Los subproductos animales, incluidos los productos transformados cubiertos por el Reglamento CE n^o 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento CE n^o 1774/2002.

  No se incluyen en esta excepción, y por tanto se regularán por la normativa de residuos, los subproductos animales y sus productos derivados, cuando se destinen a la incineración, a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje.

• c) Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio, incluidos los que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias, y que son eliminados con arreglo al Reglamento CE n^o 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.
• d) Los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como la explotación de canteras cubiertos por la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y en el ámbito estatal por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Sin perjuicio de las obligaciones impuestas en virtud de la normativa específica aplicable en materia de aguas, se excluyen del ámbito de aplicación los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos son no peligrosos.

Los suelos contaminados cuentan con disposiciones específicas en el título V de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como en el título IV de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Artículo 6 Principios básicos en la gestión de los residuos

Constituyen principios básicos establecidos en la normativa europea, estatal y autonómica vigente en materia de residuos los siguientes: Principio de autosuficiencia: creación de una red integrada de instalaciones de gestión de residuos que permita a la Comunitat Valenciana ser autosuficiente en materia de tratamiento de aquellos residuos para los que existe la masa crítica que lo justifique.

Principio de proximidad: tratamiento de los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas al lugar de su producción, evitando movimientos innecesarios.

Principio «quien contamina paga»: internalización de los costes ambientales por parte de los agentes económicos como responsables primeros de la producción de residuos y de su introducción en el medio ambiente. De acuerdo con este principio, los costes de gestión de los residuos recaen sobre el poseedor de los residuos o el productor del producto del que proceden los residuos.

Principio de subsidiariedad: intervención de la Generalitat sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados por los agentes involucrados.

Principio de la responsabilidad compartida: concertación y colaboración de todos los agentes, Administración Autonómica, Corporaciones Locales, empresas públicas y privadas y ciudadanos, para la solución de los problemas planteados en la producción y gestión de los residuos.

Principio de prevención: limitación en la generación de residuos en el propio origen, animando a las empresas productoras y a los consumidores a preferir productos y servicios que generen menos residuos.

Principio de cautela o de precaución: adopción de medidas de protección que reduzcan la posibilidad de riesgos o amenazas al medio ambiente, a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que realmente ocurran.

Principio de acceso a la información medioambiental: efectividad del derecho de los ciudadanos a obtener información medioambiental en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Fomento del desarrollo sostenible: adopción de medidas en favor del uso prudente de los recursos naturales y la protección del ecosistema, incluyendo el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, la protección hidrológica,..., junto con la prosperidad económica y un desarrollo social equilibrado en aras de fomentar un desarrollo sostenible.

Lucha contra el cambio climático: contribución al objetivo a largo plazo de estabilizar las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático.

Protección de la salud ambiental y humana: contribución a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente.

Eficiencia en los recursos: asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, disociando de este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de crecimiento económico, y para garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como no renovables no exceda la capacidad de absorción del medio ambiente.

Minimización de la afección al paisaje: desarrollo de las actividades de gestión de los residuos de forma que sean compatibles con los valores paisajísticos y se contribuya a su preservación.

Principio de responsabilidad ampliada del productor: garantizar que cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional (el productor del producto) vea ampliada su responsabilidad de productor.

Artículo 7 Jerarquía de las opciones de gestión de residuos

7.1. La estrategia comunitaria de gestión de residuos (Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos (DO C 76 de 11.03.1997), determina que la prevención de residuos debe constituir la primera prioridad de la gestión de residuos, y que debe preferirse la reutilización y el reciclado a la valorización y eliminación de residuos.

Dicha estrategia se confirma con la normativa europea más reciente en materia de residuos, actualmente en la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, y conforme a la cual, en la prevención y tratamiento de residuos se seguirá la siguiente jerarquía con el orden de prioridades que a continuación se establece:

Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya convertido en residuo, para reducir:

• a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos
• b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de residuos, o
• c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. Preparación para la reutilización: consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.

Otro tipo de valorización: por ejemplo la valorización energética. En general, cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general. Además de la utilización principal como combustible u otro modo de producir energía, constituyen operaciones de valorización las contempladas en el anexo II de la nueva directiva, tales como la recuperación o regeneración de disolventes, el reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica), el reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas, la regeneración u otro nuevo empleo de aceites, etc.

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. El anexo I de la nueva directiva contempla igualmente una relación no exhaustiva de las operaciones de eliminación.

7.2. Determinados flujos de residuos podrán ser apartados de la jerarquía de residuos establecida cuando esté justificado por motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección del medio ambiente, y, en particular, por un enfoque del ciclo de vida sobre los impactos globales de la generación y gestión de dichos residuos.

Artículo 8 Delimitación del concepto de residuo

8.1. A fin de delimitar el concepto de residuo, conforme a lo establecido para los subproductos en la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, únicamente podrá considerarse que no es residuo si se cumplen las siguientes condiciones:

Es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente

La sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal

La sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción

El uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección del medio ambiente y de la salud, y no producirá impactos generales adversos para el medio ambiente o la salud humana.

En consecuencia, los productos o sustancias que cumplan dichas condiciones acumulativas, no tienen la consideración de residuos. De acuerdo con la directiva citada, basándose en dichas condiciones, se posibilita la adopción de medidas para determinar los criterios que deberán cumplir las sustancias u objetos específicos para ser considerados como subproductos y no como residuos. Dichas medidas han de ser adoptadas en primera instancia a nivel comunitario.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2008/98/CE y recoge las mencionadas condiciones en su artículo 4, «Subproductos». Asimismo, dispone que la Comisión de Coordinación en materia de residuos evaluará la consideración de estas sustancias u objetos como subproductos, teniendo en cuenta lo establecido en su caso al respecto para el ámbito de la Unión Europea, y propondrá su aprobación al Ministerio competente en medio ambiente que dictará la orden ministerial correspondiente.

8.2. De conformidad igualmente con lo establecido en la directiva citada, determinados residuos específicos dejarán de ser residuos, en el sentido en que se definen en dicha directiva, cuando hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, y cumplan los criterios específicos que se elaboren con arreglo a las condiciones siguientes:

• La sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas
• Existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto
• La sustancias u objeto satisface los requisitos técnicos para finalidades específicas y cumple la legislación existente y las normas aplicables a los productos
• El uso de la sustancia u objeto no generará impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud.

La determinación del fin de la condición de residuos viene referida por la directiva a determinados residuos que cumplan criterios específicos que se elaboren al efecto con arreglo a las condiciones citadas y que, de acuerdo con la directiva, han de ser adoptados en primera instancia a escala comunitaria.

Al igual que se ha señalado a propósito del apartado 8.1, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados recoge las mencionadas condiciones en su artículo 5, «Fin de la condición de resi- duo», y establece que «Por orden del Ministerio competente en medio ambiente se podrán establecer los criterios específicos que determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valoriza- ción, deberán cumplir para que puedan dejar de ser considerados como tales,... En la elaboración de esta orden se tendrá en cuenta el estudio previo que realizará la Comisión de coordinación en materia de residuos, que analizará lo establecido en su caso por la Unión Europea, la jurispru- dencia aplicable, los principios de precaución y prevención, los eventua- les impactos nocivos del material resultante y, cuando sea necesario, la procedencia de incluir valores límite para las sustancias contaminantes».

Artículo 9 Incorporación de requisitos y criterios medioambientales a incluir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan los contratos de la administración de la Generalitat

El artículo 26 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establecía que las Administraciones promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así como el de productos fabricados con material reciclado que cumplan las especificaciones técnicas requeridas en el marco de la contratación pública.

El anexo IV de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, contempla entre los ejemplos de medidas de prevención de residuos contempladas por el artículo 29, que pueden afectar a la fase de consumo y uso, «en relación con las compras del sector público y las empresas, la integración de criterios medioambientales y de prevención de residuos en los concursos y contratos, de acuerdo con el manual sobre la contratación pública con criterios medioambientales publicado por la Comisión el 29 de octubre de 2004».

La nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece igualmente en su artículo 16 que las administraciones públicas promoverán en el marco de contratación de las compras públicas el uso de productos reutilizables y de materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, incluye entre sus principios generales la referencia al fomento del uso de productos regenerados o elaborados total o parcialmente con materiales reciclados.

En el ámbito normativo en materia de contratación pública, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios incluye entre sus principios fundamentales la aplicación de criterios objetivos en los procedimientos de licitación y adjudicación, posibilitando que la protección medioambiental pueda integrarse en las prescripciones técnicas relativas a las características de las obras, suministros o servicios objeto de los contratos (artículo 23), que puedan exigirse condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, entre ellas las referidas a consideraciones de tipo medioambiental (artículo 26), así como la presentación de certificados acreditativos del cumplimiento de normas de gestión medioambiental (artículo 50), y también que, en determinados casos, se pueda integrar el objetivo de protección del medio ambiente en los criterios de adjudicación del contrato (artículo 53).

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, incorporó al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/18/CE, e introdujo modificaciones en diversos ámbitos, entre ellos la integración de los aspectos medioambientales en la contratación pública. Siguiendo dicha línea, el actual Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla la posibilidad de incluir para la acreditación de la solvencia técnica en los contratos las medidas de gestión medioambiental que podrá aplicar el empresario (artículo 76 y siguientes), la de exigir en los contratos sujetos a una regulación armonizada la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental (artículo 81), la inclusión de características medioambientales en las prescripciones técnicas (artículo 117), el establecimiento de condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, que podrán referirse en especial a consideraciones medioambientales, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato (artículo 118), así como la inclusión para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa de criterios directamente vinculados al objeto del contrato, entre ellos las características medioambientales (artículo 150).

De acuerdo con la normativa citada, en los contratos administrativos que celebre la administración de la Generalitat, se exigirá entre los medios para acreditar la solvencia técnica del contratista, en los pliegos de cláusulas administrativas y siempre que la naturaleza del contrato lo permita, uno o varios de los siguientes:

Documento que certifique la asunción por parte de la empresa de buenas prácticas de gestión ambiental, ya sea por tener implantado un sistema de gestión ambiental de acuerdo con el Reglamento (CE) 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o un sistema de gestión establecido en la norma internacional ISO 14001 u otra equivalente.

Documento acreditativo de una determinada experiencia previa o especialización en materias medioambientales, en aquellos casos en que el contrato requiera conocimientos técnicos especiales en el ámbito del medio ambiente, sin perjuicio de las restantes titulaciones o experiencia que se exijan.

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, en los modelos tipo de dichos pliegos que se elaboren para la adjudicación de contratos, se incorporarán como criterios medioambientales de carácter objetivo, siempre que sea posible por la naturaleza del contrato y/o técnicamente viable, los siguientes criterios de valoración en la adjudicación:

• Empleo de productos o uso de materiales reutilizados y/o valorizados, reutilizables y/o valorizables
• Empleo de productos o uso de materiales que no generen residuos peligrosos o que generen residuos de menor peligrosidad o en menor cantidad
• Utilización de áridos reciclados
• Utilización de compost de residuos urbanos
• Empleo de mezclas de polvo de caucho procedente del reciclado de neumáticos fuera de uso
• Utilización de plásticos, vidrio, papel/cartón y otros materiales procedentes de la valorización de envases recogidos selectivamente
• En general, el uso de materiales procedentes de procesos de valorización de residuos.

Artículo 10 Recogida y almacenamiento como actividad de gestión

De conformidad con la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, ha de distinguirse claramente el almacenamiento inicial de los residuos a la espera de su recogida (efectuado por los productores de residuos), del almacenamiento inicial de los residuos en el ámbito de la definición de recogida, entendiéndose ésta como operación de gestión de residuos consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales con el objeto de transportarlos posteriormente a una instalación de tratamiento de residuos.

En este sentido, se entenderá por centro de recogida y almacenamiento de residuos, como instalación de gestión, aquélla donde se lleva a cabo el agrupamiento, almacenamiento y/o acondicionamiento de los residuos con la finalidad de actuar como centros de regulación de flujo de residuos para su transporte posterior a una instalación autorizada para la valorización o eliminación de éstos.

A este respecto, en el ámbito de la gestión, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, define la «recogida» como la operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.

Artículo 11 Memorias anuales de gestores de residuos no peligrosos de la Comunitat Valenciana

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, los gestores autorizados de residuos no peligrosos que realicen operaciones de valorización y eliminación de los mismos deberán llevar «un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente».

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece en su artículo 40 la obligación de las personas físicas o jurídicas registradas de disponer de un archivo físico o telemático conde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos, inscribiéndose también, cuando proceda, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En su artículo 41 establece para las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización la obligación de enviar anualmente a las Comunidades Autónomas y, en su caso, a las Entidades Locales competentes, una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico con el contenido que figura en el anexo XII, obligación que se establece tanto para residuos peligrosos como no peligrosos.

De acuerdo con lo anterior, los gestores autorizados deberán presentar ante la conselleria competente en materia de medio ambiente, antes del 1 de marzo, una memoria anual referida a los residuos gestionados en el año inmediato anterior.

El contenido será inicialmente el contemplado en el anexo XII de de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, si bien mediante orden de la conselleria competente en materia de medio ambiente podrá desarrollarse su contenido y formalización.

Como norma adicional de protección, el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente, podrá exigir, mediante orden, la presentación de memorias anuales de actividad a los gestores de residuos no sujetos a autorización.

La presentación y remisión de información podrá efectuarse de acuerdo con lo establecido en materia de registros administrativos por la legislación vigente, contenida fundamentalmente con carácter general en la Ley 30/1992 de 26 de junio, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, en el ámbito autonómico, en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

Artículo 12 Vinculación urbanística de determinadas instalaciones de gestión

Las instalaciones de gestión de residuos urbanos ejecutadas, contempladas o previstas en los planes zonales, vinculan las determinaciones de cualquier otro instrumento de ordenación urbanística y territorial.

Artículo 13 Reserva de zonas consideradas aptas por los Planes Zonales

En virtud de la previsión normativa del artículo 57.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y para el cumplimiento de los objetivos del PIRCV, en cuanto plan de acción territorial de carácter sectorial, quedan reservadas todas aquellas zonas incorporadas en los diferentes Planes Zonales como aptas para la ubicación de instalaciones de gestión de residuos urbanos.

La reserva tendrá carácter temporal, extinguiéndose a medida que las distintas instalaciones de gestión derivadas de la ejecución de los planes zonales obtengan la autorización ambiental integrada para el conjunto de las instalaciones de valorización y eliminación de residuos urbanos correspondientes al ámbito territorial de cada uno de los Planes Zonales.

Artículo 14 Establecimiento de zonas de influencia

Con carácter general se establece como zona de influencia una distancia mínima de 500 metros lineales, siempre y cuando se trate de un Suelo No Urbanizable, contados desde cualquier punto del perímetro de las instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos urbanos ejecutadas, contempladas o previstas en los planes zonales, al objeto de garantizar al máximo el funcionamiento de las mismas frente a la posible ubicación posterior de actividades, modificaciones del planeamiento municipal u otro tipo de actuaciones que vengan a comprometer la continuidad de éstas.

Igualmente, se aplicará dicha distancia mínima a las instalaciones de valorización energética de las fracciones no valorizadas materialmente en las plantas de tratamiento de residuos urbanos (comúnmente conocidas como rechazos de planta).

Artículo 15 Revisión de la nomenclatura de Planes Zonales y Áreas de Gestión

La agrupación de algunas de las zonas PIR97 en los planes zonales y su nomenclatura basada en números romanos ha puesto de manifiesto dificultades en la identificación del ámbito territorial al que se refiere el Plan Zonal o el área de gestión. No resulta fácil la correlación entre la distribución comarcal o las mancomunidades existentes y las zonas de gestión ya que, como ocurre en algunas ocasiones, o bien no está estandarizada la nomenclatura de las comarcas o bien las zonas de gestión incluyen a varias comarcas. Todo ello motiva la adopción de una nueva nomenclatura relacionada con el área geográfica concreta y en la que se sustituye la numeración romana por números arábigos adaptándose a la agrupación actual de las zonas de gestión facilitando al mismo tiempo la identificación del ámbito provincial al que se refieren.

La nueva nomenclatura de los planes zonales se establece mediante la asignación de números arábigos de forma correlativa de norte a sur de la Comunitat Valenciana. Las áreas de gestión adoptan una nomenclatura unívoca que incluye la primera letra del nombre de la provincia a la que pertenecen, seguida de un número arábigo asignado también de forma correlativa de norte a sur de la Comunitat Valenciana, conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Artículo 16 Adscripción de municipios a otros planes zonales

De acuerdo con los principios de relación y colaboración de las

Administraciones Públicas establecidos con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a petición de ambas entidades locales, se modifica la adscripción a Planes Zonales de los siguientes municipios:

Artículo 17 Instalaciones de valorización de residuos urbanos, inclui- da la valorización energética

17.1. Con independencia de la tecnología empleada y del proceso de tratamiento, todas las instalaciones de valorización de residuos urbanos deberán tener rendimientos globales de recuperación de materiales, excluyendo la materia orgánica, no inferiores al 9% sobre entradas de los residuos.

17.2. La generación de rechazos no valorizables se limitará como máximo al 44% sobre entrada de residuos.

17.3. Se contempla la valorización energética de la fracción rechazo no valorizable materialmente (operación de valorización R1 del anexo II B de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos) procedente de las plantas de tratamiento. Se hace necesario proceder a la implantación de plantas de valorización energética de ámbito suprazonal, estratégicamente ubicadas y que permitan afrontar de forma eficaz, económica y medioambientalmente eficientes este nuevo reto, en sintonía con la tendencia de los países europeos más avanzados en la gestión de residuos. Último inciso del apartado 3 del artículo 17 declarado nulo por Sentencias TSJCA Comunidad Valenciana (Sección 1-ª) de 21 y 30 de diciembre 2015. TSJCV, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 1137/2015, 21 Dic. 2015 (Rec. 202/2013) TSJCV, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 1160/2015, 30 Dic. 2015 (Rec. 199/2013)

17.4. La conselleria competente en materia de residuos elaborará un Plan de Valorización Energética para la Comunitat Valenciana. El número de plantas de valorización energética y su ubicación geográfica serán formuladas por la Comisión de Coordinación de Consorcios.

17.5. Hasta la puesta en marcha efectiva de las nuevas plantas de valorización energética se tendrá en cuenta la existencia actual de sectores industriales con potencialidad para la valorización energética de la fracción rechazo de las plantas de tratamiento de residuos urbanos.

Artículo 18 Comisión de Coordinación de Consorcios

18.1. A fin de satisfacer el principio de responsabilidad compartida, se crea una Comisión de Coordinación de los Consorcios constituidos, que actuará como órgano consultivo de la Conselleria con competencias en materia de residuos de la Generalitat.

18.2. Estará compuesta por los siguientes miembros:

• a) Presidente/a: el/la conseller/a que tenga atribuidas las competencias en materia de residuos, o persona en quien delegue.
• b) Vicepresidente/a: el/la director/a general que tenga atribuidas las competencias en materia de residuos, o persona en quien delegue.
• c) Vocales. En número total de veintinueve vocales conforme a los siguientes criterios de designación:
  • – Veintiséis vocales correspondientes a los/las Presidentes/as de cada Consorcio o administración competente, o personas en quien deleguen, más un miembro de la Asamblea de cada administración competente, designado por el/la Presidente/a.
  • – Tres vocales correspondientes a los/las presidentes/as de las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, o personas en quien deleguen.

Todos los miembros de la Comisión de Coordinación tendrán voz y voto, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del/de la presidente/a.

Sus miembros podrán estar eventualmente asistidos por consejeros técnicos, económicos o jurídicos, con voz pero sin voto.

Actuará como secretario/a de la Comisión de Coordinación un/a funcionario/a de la dirección general competente en materia de residuos, designado a propuesta del titular de dicha dirección general, y previa deliberación de la Comisión en su sesión constitutiva.

18.3. Son funciones de la Comisión de Coordinación de Consorcios:

• a) Servir de foro de debate e intercambio de experiencias entre las administraciones competentes para la ejecución de los diferentes planes zonales de residuos urbanos de la Comunitat Valenciana.
• b) Constituir un cauce de participación para otros agentes interesados en la gestión de los residuos urbanos desde un punto de vista social, económico y medioambiental.
• c) Homogeneizar, en la medida de lo posible, los procesos de valorización y eliminación de residuos urbanos, vigilando el cumplimiento de los rendimientos mínimos en todos los planes zonales y, consecuentemente, tender a unificar los costes de tratamiento correspondientes, en el caso de tecnologías y capacidades comparables entre las diferentes instalaciones.
• d) Impulsar de manera decidida la recogida separada de residuos urbanos en todas las formas previstas en los planes zonales, apoyando a los ayuntamientos y demás entidades locales, con la doble finalidad de cumplir los objetivos de valorización y eliminación de los planes zonales, así como dar una adecuada respuesta a las demandas crecientes de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
• e) Resolver los posibles conflictos generados entre zonas PIR por la asignación de los residuos urbanos en su ámbito territorial, cooperando así con la Generalitat en el objetivo primordial de garantizar el adecua- do tratamiento de todos los residuos generados en la Comunitat.
• f) Decidir, en caso de incidencias que afecten al normal funcionamiento de cualquiera de las instalaciones de residuos urbanos, qué otras instalaciones deben hacerse cargo de sus residuos, bajo el principio básico de la solidaridad interterritorial en esta materia.
• g) Proponer a la Generalitat la adopción de nuevas normas técnicas que permitan adaptarse al desarrollo tecnológico futuro así como en su caso, otras normas que, respetando el principio de «quien contamina paga», posibiliten de manera continua la mejora global de la gestión de los residuos urbanos en la Comunitat Valenciana.
• h) Formular y elevar a la conselleria competente en materia de residuos la propuesta relativa a la determinación del número y ubicación de instalaciones específicas para la valorización energética de la fracción de residuos no valorizable materialmente procedentes de las plantas de tratamiento a incluir en el Plan de Valorización Energética para la Comunitat Valenciana que la conselleria elabore.
• i) En general, asesorar a la conselleria competente en materia de medio ambiente en cuantos asuntos se refieran a la producción y gestión de los residuos urbanos en la Comunitat Valenciana.

18.4. La Comisión se reunirá dos veces al año como mínimo y siempre que se cumplan los requisitos legales para su convocatoria, a similitud del funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades locales.

18.5. La Comisión de Coordinación de Consorcios, actuará como órgano consultivo de la conselleria con competencias en materia de residuos de la Generalitat en lo que se refiere a la gestión de residuos urbano.

18.6. En lo no previsto, la Comisión se regirá supletoriamente por el régimen establecido para los órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19 Sistema impositivo específico para la gestión de residuos urbanos

19.1. En el marco de la legislación vigente en materia tributaria de las entidades locales, de carácter básico, y con respecto a la autonomía local en dicha materia, en la gestión de los residuos urbanos se distinguirán las siguientes tasas en atención a su hecho imponible:

Tasas de ámbito municipal por la recogida y transporte de residuos municipales.

Tasas de ámbito supramunicipal por la valorización, eliminación, transferencia y, en su caso, gestión de los ecoparques de dicho ámbito.

19.2. La tasa municipal de recogida y transporte de residuos urbanos se aprobará por la correspondiente entidad local mediante ordenanza fiscal. Dicha tasa podrá asociarse a la de otros servicios municipales, tales como limpieza de viales, parques y jardines, y otros espacios de uso común, pero en ningún caso se asociará al servicio de valorización y eliminación de residuos que presten los consorcios u otras administraciones competentes.

19.3. La tasa por tratamiento de residuos, de ámbito supramunicipal, será establecida por los consorcios o administraciones competentes, incluyendo en dicha tasa las operaciones de valorización y eliminación, gestión de ecoparques y, en su caso, transferencia de residuos urbanos. Esta tasa se aplicará sobre la totalidad de residuos urbanos entregados por cada municipio de los que conformen el consorcio o administración competente, incluidos todos los admitidos ecoparques, debiendo tener el mismo tipo de gravamen para todos los municipios, independientemente de su tamaño y de la distancia a los centros de tratamiento o a las estaciones de transferencia.

19.4. Para la determinación de ambas tasas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios:

El coste de la recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos debe ser visible y repercutirse directamente sobre los entes locales con el objeto de hacer cumplir el principio de responsabilidad del productor.

Las tasas deberán guardar relación de proporcionalidad con la cantidad de residuos generada, en función de los parámetros que cada entidad responsable estime oportuno, tales como:

Registro en peso de los residuos recogidos, o Registro del volumen de agua potable consumida, o Tipo de inmueble y actividad desarrollada en el mismo.

El coste de valorización y eliminación de los residuos habrá de tener en cuenta las amortizaciones de las inversiones, los gastos de mantenimiento y los gastos de explotación, todos ellos ajustados a la vida útil que se considere para la obra civil, instalación o equipo, según corresponda, y para el caso particular de los vertederos, también el mantenimiento posterior al cierre durante al menos 30 años.

Las tasas podrán ser objeto de bonificaciones o exenciones proporcionales a las cantidades de residuos recogidas separadamente, de aplicación a todas las fracciones de los residuos urbanos que sean objeto de recogida separada en cada momento.

Las tasas municipales de recogida y transporte deberán quedar claramente diferenciadas de las tasas supramunicipales de valorización y eliminación. Se trata, en definitiva, de una desagregación de los conceptos impositivos, dado que además de conceptos diferentes las entidades destinatarias de los fondos correspondientes también lo son: municipios para la recogida y transporte, y consorcios u otras administraciones competentes para la valorización y eliminación.

Artículo 20 Ecoparques

20.1. Con la finalidad de que todos los municipios puedan disponer de los servicios propios de los ecoparques con independencia de su capacidad económica, se introducen en el PIRCV nuevos criterios de ubicación de ecoparques en la Comunitat Valenciana, de forma que no sean instalaciones de uso exclusivo para cada municipio sino compartidas entre municipios cercanos de acuerdo con lo establecido en los planes zonales. Tales criterios son los siguientes:

• a) Se identificará el municipio de mayor población del plan zonal, donde obligatoriamente deberá ubicarse un ecoparque. A partir de este, se trazará un radio de 5 km que delimitará su área de influencia, dentro de la cual quedarán identificados los cascos urbanos de los municipios que se sitúen dentro de esta y, por consiguiente, la adscripción de éstos al ecoparque o ecoparques situados dentro de la misma.
• b) En función de la población existente en el área de influencia, se concretará el número y tipología de ecoparques a instalar según lo establecido en la Norma Técnica de Ecoparques de la Comunitat Valenciana. Para los supuestos en los que corresponda más de un ecoparque por área de influencia, deberá tenerse en cuenta para su ubicación la distribución poblacional.
• c) Se identificará el siguiente municipio del plan zonal que tenga mayor número de habitantes y cuyo casco urbano no se encuentre en el área de influencia del anterior ecoparque o ecoparques. En este municipio se ubicará otro u otros de los ecoparques necesarios, con los mismos criterios expuestos en el punto anterior.
• d) Este procedimiento se aplicará progresivamente hasta que todos los cascos urbanos municipales queden incluidos en un área de influencia y tengan asignado al menos un ecoparque.

20.2. Se prevé la utilización de ecoparques móviles para zonas rurales de baja densidad de población y zonas urbanas de alta densidad de población, sujeto a las necesidades que se detecten, bien por falta de suelo dotacional o por optimización de recursos. En cualquier caso, los ecoparques móviles siempre tendrán una gestión de los residuos asociada al eco parque fijo más cercano a la zona en la que preste servicio.

Los ecoparques móviles se utilizarán, según las necesidades, en: Los núcleos de población que no dispongan de suelo dotacional suficiente para la ubicación de un ecoparque fijo adecuado al tamaño del municipio.

Los núcleos con alta densidad de población estacional, como refuerzo temporal de un eco parque fijo, o para mejorar la proximidad del servicio a los ciudadanos.

Los núcleos dispersos de población cuyo uso conjunto por parte de varios municipios resulte de mayor rentabilidad que la disposición de eco parques fijos individuales, valorando en conjunto tanto los costes de inversión y amortizaciones, como los de explotación y mantenimiento.

En aquellos supuestos en que la distancia entre los núcleos urbanos sea mayor de 5 km., se podrá optar entre la construcción de un ecoparque fijo o un ecoparque móvil asociado al fijo más cercano o al de mayor tamaño de su zona.

En general, en todos aquellos casos en los que se considere como mejor opción a nivel logístico, considerando tanto la población servida, su dispersión geográfica, y la cantidad de residuos a recoger, frente a un eco parque fijo.

20.3. Al objeto de homologar las instalaciones de los ecoparques y su funcionamiento, el PIRCV incluye la «Norma Técnica reguladora de la Implantación y Funcionamiento de los Ecoparques en la Comunitat Valenciana» que se incluye como anexo 1.1 al presente documento de ordenación.

Dicha norma resulta de aplicación tanto para aquéllas instalaciones que se encuentren en funcionamiento, como para aquéllas que se proyecten en el futuro.

Las instalaciones existentes en el momento de la aprobación del PIRCV deberán adaptarse a las prescripciones de éste en el plazo máximo de dos años a partir de la fecha de su aprobación, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda del presente documento de ordenación.

La Norma Técnica reguladora de la Implantación y Funcionamiento de los Ecoparques en la Comunitat Valenciana tiene carácter vinculante.

Artículo 21 Biorresiduos

Se considera biorresiduo, de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, y el artículo 3 apartado g) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.

En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero originados por la eliminación de residuos en vertederos, y conforme prevé el artículo 24 de la Ley 22/2011, se deberá facilitar la recogida separada y el tratamiento adecuado de los biorresiduos, para producir compost seguro para el medio ambiente y otros materiales producidos a partir de los biorresiduos.

Los requisitos mínimos para la gestión de biorresiduos y los criterios de calidad para el compost y el digestato procedentes de biorresiduos se ajustarán a lo establecido al efecto por la normativa comunitaria y la normativa básica estatal que se dicte en la materia.

Artículo 22 Instalaciones de gestión de residuos industriales

De acuerdo con la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, la instalación, ampliación, modificación sustancial y traslado de las industrias o actividades productoras, así como gestoras de residuos, compete a la iniciativa privada, correspondiendo a la administración de la Generalitat, a través de la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente, la autorización o registro, la vigilancia, el control y, en su caso, sanción de dichas actividades.

En consecuencia, el PIRCV no establece limitaciones a la iniciativa privada para la implantación de instalaciones para la correcta gestión de residuos industriales, siempre que tales instalaciones cumplan lo establecido en la normativa vigente en materia de residuos.

En consonancia con los objetivos del PIRCV, se orienta a la iniciativa privada para alcanzar la autosuficiencia de instalaciones de gestión de residuos en la Comunitat Valenciana para determinadas operaciones de gestión de residuos industriales.

En particular, en los casos en que, a resultas del análisis efectuado en el PIRCV, se concluye en la carencia de instalaciones para concretas operaciones de gestión en relación con determinados residuos, se prevé que la iniciativa pública pueda actuar, con carácter subsidiario respecto de la iniciativa privada, cuando por ésta no se emprendan acciones para la creación de las instalaciones de gestión necesarias o cuando las que se establezcan resulten insuficientes o notoriamente inadecuadas.

Artículo 23 Centros de transferencia en polígonos industriales

Se establece la obligatoriedad de que los polígonos industriales cuenten con, al menos, un centro de transferencia de residuos, peligrosos y no peligrosos, con capacidad suficiente para dar servicio a los residuos que sean producidos en las industrias del polígono, principalmente pequeños productores.

A tal efecto, en el planeamiento urbanístico de nuevas zonas indus- triales o que prevea la ordenación de sectores de suelo urbanizable de uso predominante industrial se deberá prever la existencia de una o varias parcelas cuya calificación urbanística permita albergar, al menos, una infraestructura de transferencia de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.

Asimismo, en relación con los polígonos industriales ya existentes, dicha obligatoriedad deberá también ser contemplada en las revisiones del planeamiento general que se efectúen a partir de la entrada en vigor del PIRCV.

En todo caso, la ubicación de estas instalaciones se considerará compatible con el uso industrial.

La existencia de estas infraestructuras no implicará la obligatoriedad de las empresas ubicadas en el polígono de gestionar sus residuos a través de estos centros.

Artículo 24 Planes de prevención y reducción de residuos

Al objeto de facilitar al productor de residuos peligrosos la elaboración de los Planes de prevención y reducción de residuos industriales, la Conselleria competente en materia de medio ambiente ordenará su contenido, de forma que puedan ser evaluables y comparables, con el fin de determinar los porcentajes efectivos de minimización de residuos de forma disociada del propio crecimiento económico que pueda tener lugar en determinados sectores industriales.

Artículo 25 Residuos de construcción y demolición

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, la Conselleria competente en medio ambiente elaborará, y en su caso aprobará mediante Orden, una norma técnica que fije los tipos y cantidades de residuos no peligrosos, así como las condiciones en las que las actividades de valorización realizadas en la propia obra pueden quedar exentas de autorización.

Asimismo, creará un registro de aquéllas actividades de valorización de residuos no peligrosos de construcción y demolición que se realicen en la misma obra y que queden exentas de autorización. La información de dicho registro relativa a las actividades de valorización se hará pública mediante medios oficiales, principalmente a través de la página web de la Conselleria competente en medio ambiente, y se difundirá entre los sectores afectados.

En el otorgamiento de la licencia municipal de obras se exigirá al productor de residuos de construcción y demolición, definido en el Real Decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, mediante la correspondiente ordenanza municipal, una fianza u otra garantía financiera equivalente, en cuantía suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el citado Real Decreto 105/2008, de conformidad con lo establecido en su artículo 6.

Los residuos peligrosos que pudieran aparecer en las obras de construcción y demolición, distintas a las obras menores de construcción o reparación domiciliaria, de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos, deberán ser entregados a gestor autorizado para su gestión, entrega que se efectuará por quien ejecute las obras en condición de poseedor de residuos, sin que le sea exigible autorización o/registro como productor de residuos peligrosos de la Comunitat ValencianaConforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, los residuos procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria tienen la consideración de residuos urbanos.

Artículo 26 Vehículos al final de su vida útil

Los gestores de residuos procedentes de vehículos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (vehículos industriales, autobuses, motocicletas), estarán obligados a cumplir los mismos requerimientos técnicos y operacionales actualmente exigibles a las instalaciones que gestionan vehículos al final de su vida útil incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto mencionado (Centros Autorizados de Tratamiento). A este fin, se concederán autorizaciones administrati- vas específicas para este tipo de instalaciones, para cuyo otorgamiento se revisará el cumplimiento de los requisitos actualmente exigibles a los Centros Autorizados de Tratamiento.

Artículo 27 Aceites usados

Se consideran aceites usados todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. Quedan excluidos los aceites industriales usados que contengan más de 50 ppm de PCB, los cuales se regirán por su regulación específica.

La conselleria competente en materia de medio ambiente coadyuvará a la iniciativa privada en la implantación de instalaciones de regeneración de aceites industriales usados, actividad ambiental con potencial de desarrollo y especial valor estratégico en la Comunitat Valenciana ante la carencia de este tipo de instalaciones.

La actuación de la Generalitat tenderá a garantizar el cumplimiento del principio de autosuficiencia específicamente en este tipo de residuos, de forma que sean tratados íntegramente en instalaciones de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa pública podrá actuar, con carácter subsidiario, en el supuesto de que la iniciativa privada no emprenda acciones para la creación de este tipo de instalaciones en la Comunitat Valenciana, o cuando las que se establezcan resulten insuficientes o notoriamente inadecuadas.

Artículo 28 Residuos sanitarios

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, la Generalitat tiene competencia para declarar servicio público de titularidad autonómica todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que deberá realizarse mediante norma con rango de ley formal.

Ante la insuficiente capacidad de tratamiento o la carencia de instalaciones de tratamiento, en relación a determinados Grupos de estos residuos, considerando que la mayoría de los residuos sanitarios se generan en actividades hospitalarias de carácter público, mediante norma con rango de ley podrán declararse servicio público de titularidad autonómica las operaciones consistentes en:

Tratamiento de los residuos sanitarios del grupo III

Tratamiento de los residuos citostáticos del grupo IV

Las operaciones de tratamiento serán las contempladas como tales para los grupos citados en el Decreto 240/1994, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios, y la Orden de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el decreto citado, o normas que las sustituyan.

Primera Modelo de ordenanza reguladora de los ecoparques

Con la finalidad de dotar a las entidades locales de un instrumento de referencia en cuanto al régimen de funcionamiento de los ecoparques, se incluye en el anexo 1.2 del presente documento el «Modelo de ordenanza reguladora del uso y funcionamiento del ecoparque».

En ella se clarifica, en relación con la definición de residuos urbanos o municipales, la consideración como tales de los residuos de empresas de mantenimiento en la medida que son generados en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, siendo, por tanto, admisibles en los ecoparques como residuos municipales.

Segunda Medios técnicos

Con el fin de adaptar la normativa vigente a las nuevas tecnologías de la información, el registro que deben llevar los productores de residuos peligrosos, de residuos sanitarios, y los gestores de residuos, peligrosos o no peligrosos, relativo al origen, cantidad, destino, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión, podrá ser llevado mediante una aplicación informática o cualquier otro medio técnico como alternativa al ’libro oficial de control'en la medida que la citada información sea siempre accesible para la administración.

Primera Instalaciones de titularidad privada existentes

Las instalaciones de gestión de residuos de titularidad privada que a la publicación del PIRCV vengan prestando sus servicios a entidades municipales para la gestión de residuos urbanos, se tendrán en cuenta, en lo posible, en la ejecución de los Planes Zonales en cuyo ámbito territorial se incluyan.

Segunda Plazo de adaptación de las instalaciones existentes para la gestión de residuos urbanos

Las instalaciones existentes en el momento de la publicación del PIRCV deberán adaptarse a las prescripciones de éste, en el plazo máximo de dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Tercera Adaptación de los planeamientos urbanísticos en revisión

En los expedientes de revisión del planeamiento general que se encuentren en trámite y aquéllos cuya información pública se inicie con posterioridad a la entrada en vigor del PIRCV, se incluirá la obligatoriedad de contemplar la existencia de, al menos, una infraestructura de transferencia de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos en los polígonos industriales.

Cuarta Vigencia normativa

En tanto se proceda a la adaptación de las disposiciones de desarrollo en materia de residuos a las previsiones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establecida por la disposición adicional octava de dicha Ley, continúan vigentes las normas reglamentarias y órdenes de desarrollo a las que se alude en el PIRCV, en lo que no se opongan, contradigan o resulten incompatibles con la citada ley conforme a la disposición derogatoria única de ésta.

Única Habilitación

Se faculta a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente para desarrollar y completar mediante Orden las disposiciones contenidas en el presente documento normativo y vinculante, en particular en lo relativo a requisitos de carácter técnico de instalaciones, modelos de documentos a cumplimentar, normas tendentes a la simplificación y eficacia administrativa, contenido mínimo de planes y otra documentación a presentar por productores y gestores de residuos.

Artículo 1 Objeto

La presente ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las condiciones generales de uso del ecoparque, con la finalidad de conseguir su correcto funcionamiento como centro de recogida selectiva de residuos urbanos o municipales y asimilables destinado a la recepción y almacenamiento temporal de los mismos, para su posterior entrega a gestor autorizado para su aprovechamiento o eliminación final. (13)

Artículo 2 Ámbito territorial

El ecoparque dará servicio al consorcio/entidad local, integrado por los municipios de ………

Artículo 3 Usuarios

1. Podrán utilizar las instalaciones del ecoparque los particulares, así como las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, oficinas y/o servicios en el ámbito territorial definido en el artículo anterior.

2. Asimismo, podrán ser usuarios las empresas respecto a los residuos y en las condiciones que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 4 Residuos admisibles en función de su origen

Son admisibles en el ecoparque los residuos urbanos o municipales, considerándose como tales, de acuerdo con el artículo 4 e) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

A estos efectos, en la medida en que se generen en domicilios, comercios, oficinas y/o servicios, los residuos que provengan directamente de actividades de mantenimiento a terceros (14) efectuadas en dichos lugares tendrán la consideración de residuos urbanos o municipales, pudiendo el titular de la actividad de mantenimiento depositarlos en el ecoparque, siempre que se acompañe documento fehaciente que acredite la operación de mantenimiento efectuada.

El Ayuntamiento podrá establecer limitaciones de cantidades de residuos a depositar y/o la periodicidad en la realización de las entregas al ecoparque.

Artículo 5 Residuos admisibles en función de su naturaleza y composición

Los residuos admisibles en el ecoparque, así como, en el caso de procedencia no domiciliaria, las cantidades máximas (diarias, mensuales, etc.) a depositar en cuanto a peso, volumen y unidades máximas serán los siguientes:

a) Residuos no peligrosos:

b) Residuos peligrosos.

Artículo 6 Residuos no admisibles

No serán admisibles en el ecoparque los residuos no incluidos en el articulo anterior y, en particular, los siguientes:

• a) Residuos orgánicos domiciliarios.
• b) Residuos sanitarios.
• c) Residuos radioactivos.
• d) Residuos generados por las actividades mineras o extractivas.
• e) Neumáticos de origen no particular.
• f) Materiales explosivos.

En ningún caso se admitirán residuos mezclados.

Artículo 7 Derechos de los usuarios

Los usuarios del ecoparque ostentarán los siguientes derechos:

• 1. Depositar en las instalaciones los residuos admisibles de manera separada, siempre que no superen las cantidades máximas establecidas en esta ordenanza para cada tipo de residuo.
• 2. Ser asesorados debidamente por el personal de la instalación respecto de cualquier duda que se les plantee.
• 3. Ser informados del funcionamiento de la instalación, de los materiales que pueden depositar personalmente y de los que deben entregar al personal del ecoparque.
• 4. Conocer el destino final de los residuos que depositen en las instalaciones.
• 5. Formular las sugerencias y reclamaciones que estime convenientes y recibir respuesta expresa de las mismas en el plazo máximo de dos meses.

Artículo 8 Deberes de los usuarios

Los usuarios de las instalaciones tendrán las siguientes obligaciones:

• 1. Únicamente podrán depositar los residuos admisibles, en las cantidades máximas determinadas para cada uno de ellos y siempre debidamente separados.
• 2. Informar al personal del ecoparque de la tipología y cantidad de residuos que pretenden depositar.
• 3. Identificarse a instancias del personal de las instalaciones a los efectos de acreditar su residencia y registrar la tipología y cantidad de residuos depositados.
• 4. Depositar los residuos que les corresponda en los contenedores adecuados y por sus propios medios.
• 5. No depositar residuos fuera el horario de apertura, ni en lugares distintos de los señalados para su depósito.
• 6. No apropiarse de los residuos depositados por otros usuarios en las instalaciones.

Artículo 9 Descripción

La instalación es del tipo ………., según la tipología prevista en la Norma Técnica Reguladora de la Implantación y Funcionamiento de los ecoparques aprobada por ……….. (15)

Artículo 10 Titularidad y gestión del ecoparque

La titularidad de la instalación es de……. (consorcio /entidad local) La gestión de la instalación se realizará por ...........

Para la gestión de las instalaciones se tendrá en cuenta lo indicado en la Norma Técnica Reguladora de la Implantación y Funcionamiento de los ecoparques.

Artículo 11 Horario

El horario de apertura de la instalación será el siguiente:

La recogida selectiva a través de la instalación móvil se efectuará con el siguiente calendario:

…………………

Artículo 12 Tasas administrativas por prestación del servicio

Para el caso de residuos admisibles distintos a los de procedencia domiciliaria, se devengará en todo caso la tasa administrativa correspondiente en función de las unidades o magnitudes depositadas del residuo de que se trate. (16)

Artículo 13 Recepción de los residuos

1. Antes de recepcionar los residuos, los usuarios han de informar al personal del ecoparque de cuáles son los residuos que pretenden depositar y su cantidad, con la finalidad de que por aquél se compruebe si los mismos son admisibles.

2. Los residuos serán rechazados en los siguientes supuestos:

• a) Cuando sean aportados por personas no autorizados según el artículo 2 de esta ordenanza o que no se identifiquen suficientemente.
• b) Cuando no se aporten debidamente separados.
• c) Cuando no se encuentren entre los residuos admisibles o no puedan identificarse como tales.
• d) Cuando se aporten en cantidades o volúmenes superiores a los máximos permitidos.
• e) Si el personal del ecoparque dudara sobre la procedencia o natu- raleza del residuo, podrá ejercer el derecho de admisión.
• e) En cualquier caso, el personal del ecoparque informará al usuario del motivo de la no aceptación de los residuos.

3. Si se trata de residuos admisibles, tras la oportuna inspección visual de dicha circunstancia por el personal al servicio del ecoparque, se indicará al usuario en qué contenedores debe depositarlos o, en su caso, se le recogerán los que deban depositarse directamente por dicho personal.

Artículo 14 Potestad sancionadora

1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a este consorcio/entidad local.

2. La inobservancia o vulneración de las prescripciones contenidas en esta ordenanza constituye infracción administrativa y será sancionada conforme a lo establecido en los siguientes artículos sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales en las que se pudiera incurrir.

Artículo 15 Infracciones

1. Las infracciones tipificadas en la presente norma se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Se consideran infracciones muy graves:

• a) Depositar residuos no admisibles en el ecoparque.
• b) Depositar residuos peligrosos sin la debida separación.
• c) Depositar fuera del horario de apertura establecido o en lugares distintos de los señalados para su depósito, dentro o en las inmediaciones de las instalaciones cualquier tipo de residuo.
• d) Depositar residuos en el interior de las instalaciones sin haberse identificado a petición expresa del personal de la instalación o falseando la documentación identificativa.

3. Se consideran infracciones graves:

• a) Depositar residuos en cantidades superiores a las permitidas.
• b) Depositar residuos no peligrosos sin la debida separación.
• c) Depositar fuera del horario de apertura establecido o en lugares distintos de los señalados para su depósito, dentro o en las inmediaciones de las instalaciones cualquier tipo de residuo.

4. Se consideran infracciones leves:

• a) No informar correctamente al personal del ecoparque del contenido y la cantidad de residuos a depositar.
• b) Depositar fuera del horario de apertura establecido o en lugares distintos de los señalados para su depósito, dentro o en las inmediaciones de las instalaciones, residuos no peligrosos en cantidades inferiores a la mitad del límite permitido por esta ordenanza para el residuo de que se trate.

5. A los efectos de la presente ordenanza, se considera inmediaciones del ecoparque el ámbito comprendido en un radio de 100 metros medido desde el límite exterior de las instalaciones.

Artículo 16 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones económicas:

• • Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 901 € a 1.500 €.
• • Las infracciones graves se sancionarán con multa de 451 € a 900 €.
• • Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 450 €.

2. Si se tratara de residuos peligrosos los importes mínimos y máximos previstos en el apartado anterior se incrementarán en un 50%.

Artículo 17 Obligación de reparar el daño causado

1. Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones establecidas por el órgano sancionador.

2. La prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de restaurar las cosas a su ser y estado primitivo, ni a la de indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Artículo 18 Procedimiento y competencia sancionadora

1. El procedimiento para la imposición de las sanciones será el establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, dictado en aplicación del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La competencia para la imposición de las sanciones establecidas en esta ordenanza corresponderá al alcalde.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.