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Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia

Ficha:
  • 觬ganoPRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO
  • Publicado en BOPV n鷐. 44 de 29 de Febrero de 2024 y BOE n鷐. 63 de 12 de Marzo de 2024
  • Vigencia desde 29 de Agosto de 2024
Versiones/revisiones:

Sumario

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La presente ley tiene como firme prop髎ito dar un paso decisivo en la adecuaci髇 del ordenamiento jur韉ico vasco al marco internacional, europeo y estatal que resulta de aplicaci髇 en relaci髇 con la infancia y la adolescencia, y que se construye sobre la base de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (en adelante, Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉), firmada por Espa馻 el 26 de enero de 1990, y cuyo instrumento de ratificaci髇 fue publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 313, de 31 de diciembre de 1990, y sus tres protocolos facultativos.

Sin lugar a dudas, dicho tratado internacional es la norma suprema de referencia a la que atienden los distintos Estados cuando ponen en marcha, en el plano social o jur韉ico, iniciativas legislativas o medidas administrativas dirigidas a garantizar el ejercicio real de los derechos de la infancia y la adolescencia.

La convenci髇 toma como premisa fundamental los principios proclamados en la Carta de Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, adem醩 de los contenidos en la Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos y en la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, aprobadas ambas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y el 20 de noviembre de 1989, respectivamente. Y, en coherencia con ellos, reconoce a las personas menores de edad como sujetos titulares de derechos, y no solo como sujetos merecedores de protecci髇, de tal forma que la debida asistencia, protecci髇 y cuidados que precisan para asegurar su bienestar es tan solo uno de los derechos que se les reconoce dentro de un conjunto mucho m醩 amplio.

Partiendo de esa perspectiva, concibe a las personas menores como sujetos participativos, y otorga un mayor protagonismo al papel que desempe馻n no solo dentro de la propia familia, sino tambi閚 en la comunidad de la que forman parte. En definitiva, les reconoce como sujetos legitimados para participar activamente en la construcci髇 de la sociedad; especialmente, en lo que se refiere a su participaci髇 en todos los asuntos que les conciernen, dentro de los cuales encajan las pol韙icas p鷅licas que afectan a los derechos de los que son titulares.

Dentro del marco internacional, tambi閚 cabe tomar en consideraci髇 la Convenci髇 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 2006, firmada por Espa馻 el 30 de marzo de 2007 y cuyo instrumento de ratificaci髇 fue publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 96, de 21 de abril de 2008.

Ese texto tiene como finalidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, as como promover el respeto de su dignidad inherente. En 韓tima conexi髇 con dicho prop髎ito, la convenci髇 reconoce, entre sus principios declarativos, que los ni駉s y las ni馻s con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los dem醩 ni駉s y ni馻s; y, acto seguido, recuerda las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados parte en la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉.

De acuerdo con ello, el art韈ulo 7 de la convenci髇 proclama que los Estados parte tomar醤 todas las medidas necesarias para asegurar que todos los ni駉s y las ni馻s con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los dem醩 ni駉s y ni馻s. Asimismo, a馻de que, en todas las actividades relacionadas con los ni駉s y las ni馻s con discapacidad, una consideraci髇 primordial ser la protecci髇 del inter閟 superior del ni駉 o de la ni馻, y exige a los Estados parte que garanticen que los ni駉s y las ni馻s con discapacidad tengan derecho a expresar su opini髇 libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opini髇 que recibir la debida consideraci髇 teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los dem醩 ni駉s y ni馻s, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

Por otro lado, otra norma internacional que resulta rese馻ble por su inter閟 en la materia es el Convenio relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, creado en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por Espa馻 el 30 de junio de 1995 y cuyo instrumento de ratificaci髇 fue publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 182, de 1 de agosto de 1995.

En el contexto europeo cabe aludir, con car醕ter general, al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953, dentro del cual se contienen referencias espec韋icas a los ni駉s y las ni馻s.

A partir de ese texto, muchos han sido los instrumentos que se han aprobado, en el seno de la Uni髇 Europea, dentro del proceso de construcci髇 y desarrollo de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, y que han contribuido a incorporar en el plano social, jur韉ico, educativo y econ髆ico los principios que gu韆n a la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, adem醩 de establecer distintos mecanismos encaminados a garantizar el respeto a los derechos que tienen reconocidos.

En concreto, circunscrito al 醡bito de la promoci髇 y protecci髇 de los derechos de las personas menores de edad, los principales referentes a tener en cuenta son los siguientes: el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Ni駉s, de 25 de enero de 1996, firmado por Espa馻 el 5 de diciembre 1997 y cuyo instrumento de ratificaci髇 fue publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 45, de 21 de febrero de 2015, y el Convenio relativo a la Protecci髇 de los Ni駉s contra la Explotaci髇 y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007, firmado por Espa馻 el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de ratificaci髇 fue publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 274, de 12 de noviembre de 2010 –ambos del Consejo de Europa–; el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracci髇 internacional de menores; y la Carta Europea de los Derechos del Ni駉, aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992.

Asimismo, destaca de forma especial la aprobaci髇 de la Estrategia de la Uni髇 Europea para los Derechos del Ni駉 (2021-2024), de 24 de marzo de 2021, as como la Recomendaci髇 (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece la Garant韆 Infantil Europea.

II

Los distintos textos internacionales y europeos referidos a la infancia y la adolescencia tienen trascendencia a nivel estatal, e inciden de forma directa en su legislaci髇 interna. As, las leyes estatales deben adecuar su contenido a las normas que promulgan dichos textos y respetar los principios que proclaman, adem醩 de establecer las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

A este respecto, el art韈ulo 10 de la Constituci髇 espa駉la determina expresamente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci髇 reconoce se interpretar醤 de conformidad con la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa馻. Y resalta la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los dem醩, como fundamento del orden pol韙ico y de la paz social.

En esta misma l韓ea, los ni駉s y las ni馻s cuentan con una menci髇 expresa en el texto constitucional, cuyo art韈ulo 39.4 establece que gozar醤 de la protecci髇 prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, sin perjuicio de la obligaci髇 que el mismo art韈ulo impone a los poderes p鷅licos, en su apartado primero, de asegurar la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de la familia.

Por 鷏timo, cabe a馻dir que el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇 atribuye a los poderes p鷅licos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci髇 de toda la ciudadan韆 en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social.

En este contexto, destaca la aprobaci髇, dentro del ordenamiento jur韉ico estatal, de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor). Dicho cuerpo legislativo incorpora los compromisos internacionales asumidos por el Estado espa駉l en defensa de los derechos reconocidos a las personas menores de edad, y supone la culminaci髇 del proceso de renovaci髇 del ordenamiento jur韉ico estatal en materia de menores que se hab韆 iniciado, especialmente, a partir de la ratificaci髇 de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉.

La citada ley org醤ica, junto con las disposiciones normativas del C骴igo Civil concordantes en la materia, constituye el principal marco regulador de los derechos de las personas menores de edad, a quienes garantiza una protecci髇 efectiva y uniforme en todo el territorio estatal. Y, en coherencia con ello, establece la legislaci髇 b醩ica que debe actuar como referente para las comunidades aut髇omas en el ejercicio de sus competencias de desarrollo en materia de protecci髇 de menores.

La senda abierta con la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, continu con la aprobaci髇, en los a駉s posteriores, de otras leyes relacionadas con la atenci髇 y protecci髇 a las personas menores de edad, tales como la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional.

En el a駉 2015, la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, adem醩 del C骴igo Civil y la Ley de Adopci髇 Internacional, entre otros textos legales, fue objeto de una profunda revisi髇 mediante la aprobaci髇 de dos textos legales, que se concretan en la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificaci髇 del sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia.

A trav閟 de los cambios introducidos por las dos leyes citadas se desarrolla y refuerza el derecho de la persona menor de edad a que su inter閟 superior sea prioritario, principio fundamental en esta materia que en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor se contemplaba como un concepto jur韉ico indeterminado, lo que hab韆 dado lugar a diversas interpretaciones, perjudicando la debida seguridad jur韉ica que resultaba exigible.

En la misma l韓ea, se incide en la regulaci髇 de determinados derechos y deberes de las personas menores de edad, y, de forma particular, en el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser o韉a y escuchada, el cual se desarrolla m醩 detalladamente.

De otro lado, se adaptan los principios rectores de la actuaci髇 administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en el Estado. As, se introduce como principio rector el amparo de las personas menores de edad contra toda forma de violencia, as como la obligaci髇 de todos los poderes p鷅licos de desarrollar actuaciones de sensibilizaci髇, prevenci髇, asistencia y protecci髇 frente a cualquier forma de maltrato infantil.

Asimismo, se aborda la situaci髇 de las personas menores extranjeras, y se realiza una profunda revisi髇 de las instituciones del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, con el objetivo final de garantizarles una protecci髇 efectiva y uniforme, en todo el territorio del Estado, ante las situaciones de riesgo y desamparo en las que puedan encontrarse las personas menores de edad, y con independencia de su situaci髇 administrativa, en el caso de las personas extranjeras.

Y, como novedad importante, se regula el ingreso de las personas menores de edad en centros de protecci髇 espec韋icos para menores con problemas de conducta.

Por otra parte, entre las modificaciones que se introducen en la Ley de Adopci髇 Internacional tiene una especial relevancia el deslinde de las competencias en la materia que se establece entre la Administraci髇 General del Estado y las comunidades aut髇omas. En este punto, se determinan como competencias de la Administraci髇 General del Estado, por entender que afecta a la pol韙ica exterior, la decisi髇 de iniciar, suspender o limitar la tramitaci髇 de adopciones con determinados pa韘es, as como la acreditaci髇 de los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, funci髇 esta 鷏tima que, hasta entonces, hab韆 sido asumida por las comunidades aut髇omas. Y se mantiene la competencia auton髆ica para el control, inspecci髇 y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio, pero se prev que la Administraci髇 General del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la intermediaci髇 que el organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.

Dicha modificaci髇, y la posterior entrada en vigor del Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopci髇 Internacional, son la causa directa de la Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021, del Tribunal Constitucional. La sentencia estima parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado en relaci髇 con diversos preceptos del Reglamento de Adopci髇 Internacional, y que alcanza tambi閚 a diversos preceptos de la Ley de Adopci髇 Internacional. Y, consecuentemente con ello, subraya el marco jur韉ico competencial al que deber醤 ce駃rse tanto el Estado como las propias comunidades aut髇omas en sus regulaciones en materia de adopci髇 internacional.

En fecha m醩 reciente, la promulgaci髇 de la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha supuesto otro importante avance en la protecci髇 de los derechos de las personas menores de edad, que viene a completar el marco legislativo estatal en la materia. Esta ley da respuesta a la reiterada petici髇 manifestada a Espa馻 por el Comit de Derechos del Ni駉 acerca de la necesidad de aprobar una ley integral sobre la violencia contra los ni駉s y las ni馻s, que deb韆 resultar an醠oga en su alcance normativo a la aprobada en el marco de la violencia de g閚ero.

As las cosas, la ley org醤ica antes aludida parte del derecho de las personas menores a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Desde esa premisa, combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximaci髇 integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias, y, por ello, que supone un punto de inflexi髇 en la protecci髇 de las personas menores de edad y en la garant韆 de los derechos que les reconocen las normas nacionales e internacionales.

En este punto, la ley otorga una prioridad esencial a la prevenci髇, la socializaci髇 y la educaci髇, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. Y, a su vez, establece medidas de protecci髇, detecci髇 precoz, asistencia, reintegraci髇 de derechos vulnerados y recuperaci髇 de la v韈tima, que encuentran su inspiraci髇 en los modelos integrales de atenci髇 identificados como buenas pr醕ticas a la hora de evitar la victimizaci髇 secundaria.

En cualquier caso, la ley pretende un modelo de prevenci髇 y protecci髇 com鷑 en todo el territorio del Estado frente a la vulneraci髇 de derechos de las personas menores de edad, en 醡bitos materiales sobre los que ostentan una competencia compartida el Estado y las comunidades aut髇omas (educaci髇, sanidad...), e incluso respecto a materias atribuidas en exclusiva a las propias comunidades aut髇omas (por ejemplo, servicios sociales). Y, por ello, la garant韆 y efectividad de su desarrollo es indisociable de la necesaria actuaci髇 y colaboraci髇 de las comunidades aut髇omas en el ejercicio de las facultades y funciones asumidas en el marco del sistema constitucional y estatutario de distribuci髇 de competencias.

Adem醩, deber tenerse en cuenta el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. Y es que, entre otras cuestiones, recoge la necesidad de abordar de forma transversal la perspectiva de g閚ero en todas las pol韙icas p鷅licas y medidas dirigidas a las personas menores v韈timas de la violencia machista contra las mujeres.

III

Hasta la aprobaci髇 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, las instituciones comunes de la Comunidad Aut髇oma hab韆n limitado su actividad legislativa en el 醡bito de la atenci髇 a las personas menores a la regulaci髇 de aspectos espec韋icos en 醨eas de su competencia, tales como la educaci髇 o la salud. En contraposici髇, la protecci髇 a personas menores en situaci髇 de riesgo o de desamparo y la atenci髇 socioeducativa a personas infractoras menores de edad constitu韆n 醡bitos que carec韆n de un desarrollo normativo espec韋ico en la materia, a pesar de resultar fundamentales para la promoci髇 y protecci髇 de los derechos de un colectivo de la poblaci髇 infantil y adolescente especialmente vulnerable.

Es por ello por lo que el citado texto legal consigui el hito important韘imo de dotar a la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco de un marco jur韉ico global de referencia en materia de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y llenar ese vac韔 existente en el ordenamiento jur韉ico vasco. En especial, logr reunir, en un 鷑ico texto, el conjunto de derechos b醩icos que otros instrumentos normativos de car醕ter auton髆ico, estatal o internacional reconoc韆n en favor de las personas menores, y, a su vez, estableci expresamente los principios que deb韆n regir la actuaci髇 administrativa a fin de promover y defender el ejercicio efectivo de tales derechos. Adem醩, defini el marco competencial e institucional que resultaba aplicable, de tal forma que la ley actuaba como un instrumento cohesionador de la materia, lo que contribu韆 a reforzar la seguridad jur韉ica.

Durante los m醩 de diecisiete a駉s transcurridos desde la aprobaci髇 del texto legal se han producido importantes cambios sociales, jur韉icos y econ髆icos que inciden en la situaci髇 de las personas menores de edad y, de forma especial, en su concepci髇 de sujetos titulares de derechos, pero tambi閚 de deberes y responsabilidades, y en la mayor exigencia de una participaci髇 activa en la vida democr醫ica del siglo XXI.

Todos estos cambios han motivado, a su vez, importantes modificaciones e innovaciones normativas, que han dado lugar a un nuevo escenario legislativo que no ten韆 reflejo en la Ley de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia. Esta nueva realidad demandaba, necesariamente, una adecuaci髇 de su contenido, y, de forma particularizada, de sus instrumentos de protecci髇 jur韉ica, los cuales deb韆n reformularse para adaptarlos a las nuevas circunstancia y realidad imperantes en la sociedad, y, en 鷏timo t閞mino, asegurar el cumplimiento pleno de las previsiones constitucionales y de las normas de car醕ter internacional.

En este sentido, se debe avanzar en la articulaci髇 de medidas espec韋icas de promoci髇 y prevenci髇, que act鷈n, de facto, como un verdadero instrumento de protecci髇, en l韓ea con los est醤dares internacionales de garant韆 de los derechos de la infancia y la adolescencia, y que se sit鷈n a la vanguardia del escenario internacional.

En coherencia con este contexto, resulta imprescindible una revisi髇 y reforma integral de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, articulada en torno a un nuevo texto legal que la sustituya y que, de acuerdo con el nuevo escenario legislativo estatal, instaure un nuevo marco jur韉ico de referencia, estable y de calidad, en relaci髇 con las personas menores de edad. Y, en los mismos t閞minos, es necesario contar con una nueva regulaci髇 que, terminando con la fragmentaci髇 normativa existente tanto en el 醡bito estatal como en el auton髆ico, refuerce la seguridad jur韉ica.

IV

El Comit de Derechos del Ni駉, en la Observaci髇 Final a Espa馻, en sus informes peri骴icos 3. y 4. combinados (3 de noviembre de 2010), en su p醨rafo 37, recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los ni駉s (A/61/299) y, en particular, que se preste especial atenci髇 a las recomendaciones sobre priorizar la prevenci髇, promover valores no violentos y concienciar al respecto, prestar servicios de recuperaci髇 y de integraci髇 social, y asegurar la participaci髇 de los ni駉s. De otro lado, en estrecha relaci髇 con la Observaci髇 General n鷐ero 13 (2011) sobre el derecho del ni駉 y la ni馻 a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a trav閟 de la Observaci髇 Final a Espa馻, en sus informes peri骴icos 5. y 6. combinados (5 de marzo de 2018), en su p醨rafo 22.a), se recomienda que se agilice la aprobaci髇 de leyes que garanticen la protecci髇 integral de los ni駉s y las ni馻s contra la violencia y aseguren su aplicaci髇 a todos los niveles.

Las Observaciones Generales del Comit de Derechos del Ni駉 se encargan de conectar el contenido sustantivo que deriva de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sus tres protocolos facultativos con realidades educativas, sanitarias, jur韉icas y sociales que ata馿n a las personas menores de los Estados parte en ese marco de derecho internacional, mientras que las Observaciones Finales a los pa韘es miembro son espec韋icas para ellos, con recomendaciones vinculadas a la situaci髇 concreta de ese pa韘 y en ese momento concreto.

Siguiendo con la tendencia general apuntada a nivel internacional y, en particular, con los postulados que derivan de las Observaciones Generales del Comit de Derechos del Ni駉, la presente Ley de Infancia y Adolescencia reviste un car醕ter integral y apuesta por una ordenaci髇 completa y sistem醫ica de la materia. Esto es, regula y desarrolla, en un 鷑ico texto articulado, y dentro de las competencias atribuidas a la Comunidad Aut髇oma por el Estatuto de Autonom韆 para el Pa韘 Vasco, aprobado por la Ley Org醤ica 3/1979, de 18 de diciembre, todas las cuestiones referidas a la infancia y la adolescencia, y, fundamentalmente, aquellas destinadas a asegurar y proteger el ejercicio de sus derechos.

A tal efecto, se aglutinan en una misma norma jur韉ica la legislaci髇 b醩ica estatal sobre infancia y adolescencia, dispersa, a su vez, en distintos cuerpos legislativos, y las disposiciones normativas incluidas en leyes sectoriales auton髆icas (en materia de sanidad, educaci髇 o vivienda, por ejemplo) que incid韆n sobre la poblaci髇 infantil y adolescente, y, en muchos casos, repercut韆n directamente en el ejercicio de sus derechos.

Partiendo de ese presupuesto, se proporciona un marco de referencia coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico (estatal, de la Uni髇 Europea e internacional), que facilite su conocimiento y comprensi髇, y, consecuentemente con ello, facilite la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas vascas sobre las que recae la aplicaci髇 de la norma y clarifique la toma de decisiones de las personas, agentes y profesionales obligados a su cumplimiento, pero tambi閚 de la propia sociedad en su conjunto; en especial, de la poblaci髇 infantil y adolescente.

En 鷏tima instancia, se supera la precariedad que exist韆 en la regulaci髇 de una materia tan sensible como la referente a la infancia y la adolescencia, provocada por la superposici髇 de distintos reg韒enes jur韉icos no siempre coherentes entre s, adem醩 de por la dispersi髇 de las normas que resultaban de aplicaci髇, y que actuaba en detrimento del principio constitucionalmente garantizado de seguridad jur韉ica.

As, la fragmentaci髇 normativa 鷑icamente contribu韆 a generar confusi髇, dificultades o dudas de aplicaci髇 de la norma en situaciones concretas, dando lugar a interpretaciones y respuestas diversas ante una misma cuesti髇, en funci髇 de si se tomaban en consideraci髇 determinadas disposiciones normativas de forma individual y exclusiva o puestas en relaci髇 con disposiciones espec韋icas conexas, insertas en otros cuerpos legislativos; circunstancias todas estas que han ocasionado incertidumbre y problemas de certeza e inseguridad jur韉ica.

Desde esas premisas, el contenido de la ley se aborda desde un enfoque global, de car醕ter multidisciplinar y transversal, y primando la acci髇 preventiva, en especial, frente a cualquier forma de violencia, y fortaleciendo la participaci髇 infantil y adolescente, no solo en el marco de los procedimientos, sino tambi閚 en otros espacios de trabajo colaborativo.

En este contexto, el dictado de las disposiciones normativas contenidas en esta ley se enmarca dentro del art韈ulo 9 del Estatuto de Autonom韆 para el Pa韘 Vasco, que atribuye a los poderes p鷅licos vascos el mandato de velar y garantizar, en el 醡bito de su competencia, el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadan韆, impulsar particularmente una pol韙ica tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo, adoptar aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad econ髆ica; adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obst醕ulos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, y facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social del Pa韘 Vasco.

En el plano estrictamente competencial, la ley se sit鷄, fundamentalmente, en el marco que define el art韈ulo 10 del Estatuto de Autonom韆 para el Pa韘 Vasco. Dicho precepto otorga a la Comunidad Aut髇oma la competencia exclusiva sobre un amplio abanico de materias, y, entre ellas, tiene una especial relevancia el 玠esarrollo comunitario, condici髇 femenina y pol韙ica infantil, juvenil y de la tercera edad (apartado 39). Asimismo, destaca la competencia exclusiva que le atribuye en materia de 玜sistencia social (apartado 12), 玣undaciones y asociaciones de car醕ter ben閒ico asistencial (apartado 13) y 玱rganizaci髇, r間imen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protecci髇 y tutela de menores, penitenciarios y de reinserci髇 social, conforme a la legislaci髇 general en materia civil, penal y penitenciaria (apartado 14).

A todas las anteriores se suman las siguientes materias relacionadas en el art韈ulo 10: 玞ultura (apartado 17); 玠efensa del consumidor y usuario (apartado 28, y en los t閞minos del art韈ulo 10.27 del Estatuto de Autonom韆); vivienda (apartado 31); y 玠eporte, ocio y esparcimiento (apartado 36).

De otro lado, resulta trascendente la competencia atribuida a la Comunidad Aut髇oma para la 玞onservaci髇, modificaci髇 y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist髍icos que integran el Pa韘 Vasco y la fijaci髇 del 醡bito territorial de su vigencia, al amparo del art韈ulo 10.5 del Estatuto de Autonom韆 para el Pa韘 Vasco, en relaci髇 con el art韈ulo 149.8 de la Constituci髇, en la medida en que dicho t韙ulo competencial ha servido de fundamento para el dictado de distintas leyes auton髆icas sectoriales en las que se abordan cuestiones que influyen en la esfera de los derechos reconocidos a las personas menores de edad, y que revisten una naturaleza civil, vinculada con el derecho de familia.

En particular, se trata de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, en la que se hace menci髇 al acogimiento de menores y la adopci髇, y la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuesto de separaci髇 o ruptura de las personas progenitoras, que incide en las relaciones familiares derivadas de los procedimientos que versan sobre la guarda y custodia de los hijos y las hijas menores.

Por 鷏timo, es preciso resaltar que la presente ley tambi閚 se sit鷄 en la l韓ea de los t韙ulos competenciales auton髆icos en materia de educaci髇, sanidad, medios de comunicaci髇 social y medioambiente.

A todo ello cabe a馻dir que esta ley no desconoce la peculiar estructura y organizaci髇 jur韉ico-institucional de nuestra Comunidad Aut髇oma. Desde ese reconocimiento, respeta las competencias de ejecuci髇 de la normas emanadas de las instituciones comunes del Pa韘 Vasco que ostentan los 髍ganos forales de los territorios hist髍icos, en materia de asistencia social; desarrollo comunitario; condici髇 femenina; pol韙ica infantil, juvenil y de la tercera edad; ocio y esparcimiento (sin perjuicio de la acci髇 directa en estas materias por parte de las instituciones comunes), al amparo de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Aut髇oma y los 觬ganos Forales de sus Territorios Hist髍icos.

En iguales t閞minos, es respetuosa con las competencias propias que ostentan los municipios vascos y, en consecuencia con ello, con todo el haz de funciones o facultades referidas a su ejercicio que se les atribuye en salvaguarda de la autonom韆 municipal, en virtud de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

V

De acuerdo con los antecedentes descritos, con la presente ley se aprueba un nuevo marco jur韉ico de referencia en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en lo que se refiere a la infancia y la adolescencia, que no est centrado 鷑icamente en la protecci髇 de las personas menores de edad sino que avanza en el reconocimiento, la promoci髇, la prevenci髇 y la restauraci髇 o restituci髇 de sus derechos en los distintos 醡bitos de la vida, tanto de la esfera p鷅lica como de la privada, en los que se desarrollan (educativo, sanitario, familiar, social, judicial, etc閠era).

Asimismo, esta ley tambi閚 act鷄 frente a cualquier comportamiento o forma de violencia, con independencia del entorno (familiar, social, educativo, etc閠era) en el que se produzca, de la persona que la ejerza y de si el acto violento es espor醖ico, habitual o continuado en el tiempo.

Estamos, a su vez, ante una ley vertebradora de los derechos de las personas menores de edad, que reconoce y consagra la infancia y la adolescencia como un 醡bito material aut髇omo, de car醕ter eminentemente transversal, y que presenta m鷏tiples facetas que lo conectan, de forma especial, con diversos 醡bitos competenciales (servicios sociales, salud, educaci髇, justicia, ocio y tiempo libre...) con los que, necesariamente, debe coordinarse. En l韓ea con ello, en ning鷑 caso se concibe la infancia y la adolescencia como una materia subsumida dentro de otros 醡bitos competenciales con los que tradicionalmente ha mantenido una 韓tima relaci髇, como es el correspondiente a la asistencia social, con el que se tiende a conectar a la acci髇 p鷅lica dirigida a las personas menores de edad, cuando no a identificarla con ella.

Por tanto, la infancia y la adolescencia se concept鷄 como un 醡bito material propio, dentro del cual se incardinan distintas materias que afectan e inciden en la poblaci髇 infantil y adolescente en el ejercicio efectivo de sus derechos, como puede ser la atenci髇 temprana, la adopci髇 internacional, la protecci髇 de menores en situaci髇 de desprotecci髇 o la intervenci髇 socioeducativa de menores en conflicto con la ley penal.

Esta ley, en coherencia con los est醤dares, postulados y principios internacionales y europeos, avanza en el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos titulares de derechos, y no solo como sujetos merecedores de protecci髇. Para la consecuci髇 de esa finalidad, parte de la filosof韆 de que la mejor forma de garantizar social y jur韉icamente la protecci髇 a la infancia y la adolescencia es promover su autonom韆 como sujetos desde las primeras etapas de la vida, impulsando y fomentando el establecimiento de las condiciones necesarias para facilitar y garantizar el efectivo ejercicio y disfrute de sus derechos; y, en iguales t閞minos, asegurar su desarrollo f韘ico y psicol骻ico (que incluye las 醨eas emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual), de forma plena y arm髇ica.

La presente ley tiene por objeto una regulaci髇 normativa sistem醫ica, completa, coherente y actualizada, construida sobre los principios b醩icos de prevalencia del inter閟 superior de la persona menor de edad; integralidad; transversalidad de la infancia en todas las pol韙icas; deber de corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto, del sector privado y de los propios poderes p鷅licos; y participaci髇 infantil y adolescente, y ciudadan韆 activa.

Atendiendo a dichos principios, y con el horizonte de garantizar y proteger el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, proyecta su contenido en torno a cuatro grandes ejes de intervenci髇: la promoci髇; la prevenci髇 y detecci髇; la atenci髇 y protecci髇, y la recuperaci髇 integral de la persona menor de edad, a trav閟 de la cual se persigue no solo la reparaci髇 del da駉, sino tambi閚 la restituci髇 de los derechos vulnerados. Todas estas 醨eas en las que deber desenvolverse la actuaci髇 p鷅lica, sumadas en su conjunto, estructuran una atenci髇 integral y multisectorial a la infancia y la adolescencia, y contribuyen a reafirmar el car醕ter integral de la ley.

En estrecha relaci髇 con ello, la ley pone de relieve la necesidad de que todas las administraciones p鷅licas vascas mantengan una actitud vigilante en la prevenci髇 de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar, perjudicar o vulnerar el adecuado desarrollo f韘ico y psicol骻ico de las personas menores de edad y el ejercicio real de sus derechos, con independencia de cu醠 sea su origen, y con el objetivo de poder anticiparse a ellos mediante la detecci髇 precoz, y as poder evitar su aparici髇 o limitar las consecuencias negativas que deriven de dichas situaciones, su gravedad o su duraci髇.

Asimismo, esta ley realiza un importante esfuerzo para reforzar el contenido sustantivo del derecho de participaci髇 de las personas menores, y dedica una parte significativa de su articulado a habilitar medidas que faciliten y propicien su participaci髇 efectiva en relaci髇 con aquellos asuntos de la vida p鷅lica que les conciernen, y, en especial, en el dise駉 y la planificaci髇 de las pol韙icas p鷅licas que afecten a sus derechos.

Por otro lado, aprovecha la oportunidad que proporciona el nuevo escenario legislativo estatal para ahondar y clarificar las funciones en materia de infancia y adolescencia entre las diferentes administraciones p鷅licas vascas, de acuerdo con la distribuci髇 competencial imperante en la Comunidad Aut髇oma.

VI

En el marco expuesto, la ley nace con un triple objeto:

  • a) Garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco el ejercicio de los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento jur韉ico.
  • b) Determinar las acciones que, desde un deber de corresponsabilidad, deben desarrollar los poderes p鷅licos en los diferentes 醡bitos sectoriales de la acci髇 p鷅lica, con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el apartado precedente.
  • c) Definir los principios de actuaci髇 y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇, as como las estructuras de coordinaci髇, colaboraci髇 y participaci髇.

Y, para alcanzar esos objetivos, se compone de un total de 337 art韈ulos, distribuidos en un t韙ulo preliminar y once t韙ulos espec韋icos, seguidos de diecisiete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y siete disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar se compone de dos cap韙ulos, e incluye las disposiciones de car醕ter general que tienen que guiar la correcta aplicaci髇 de la norma.

El cap韙ulo I concreta el 醡bito objetivo y subjetivo de la ley, establece la obligatoriedad de realizar an醠isis del impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia, y consagra el principio de prioridad presupuestaria y el deber de corresponsabilidad de las personas menores, sus familias, los poderes p鷅licos y la sociedad en su conjunto respecto de las actuaciones orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia, el ejercicio efectivo de sus derechos y la asunci髇 de sus deberes y responsabilidades.

En cuanto al an醠isis del impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia, se persigue con su realizaci髇 incorporar en el conjunto de las disposiciones normativas de car醕ter general la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia. A tal efecto, se exige analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones, positivas o adversas, en el objetivo global de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos.

Al mismo tiempo, se fortalece la evaluaci髇 realizada, puesto que, junto con el deber de an醠isis que recae en el 髍gano promotor de la iniciativa normativa, se atribuye al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia la funci髇 de realizar un informe acerca de aquella. Con ello se persigue comprobar que el resultado o las conclusiones obtenidas en la evaluaci髇 est閚 justificadas y que la valoraci髇 realizada se adecua a los objetivos fijados; y, en su caso, realizar propuestas de mejora que ayuden o contribuyan a eliminar, minimizar o reducir las repercusiones en la infancia y la adolescencia que se hayan detectado, buscando sinergias y evitando impactos negativos en el disfrute o el ejercicio de sus derechos.

Por su parte, el cap韙ulo II enuncia los distintos ejes de actuaci髇 a trav閟 de los cuales deber醤 articularse el conjunto de intervenciones que desarrollen los poderes p鷅licos en el 醡bito de la infancia y la adolescencia; y, en concordancia con ello, define los conceptos de promoci髇, prevenci髇, atenci髇, protecci髇 contra la violencia y protecci髇 ante situaciones de desprotecci髇.

El t韙ulo I se estructura en dos cap韙ulos. As, el cap韙ulo I aborda una serie de disposiciones generales que se ocupan de establecer una relaci髇 detallada y exhaustiva de los principios a los que deber醤 sujetar su actuaci髇 las administraciones p鷅licas vascas en el ejercicio de sus competencias en promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y contempla la colaboraci髇 con la iniciativa social y mercantil y el fomento de la iniciativa social sin 醤imo de lucro.

En otro orden de cosas, el cap韙ulo II aborda el deber de comunicaci髇 de las situaciones de violencia ejercidas sobre una persona menor y de las situaciones de desprotecci髇 en las que pueda encontrarse, y regula el tratamiento de los datos vinculados a alguna de las situaciones anteriores y el deber de reserva de la informaci髇 que se recabe.

Respecto de la comunicaci髇 de las situaciones de violencia o desprotecci髇, resulta rese馻ble que el deber de comunicaci髇 alcanza tambi閚 a las posibles sospechas de que se est produciendo una situaci髇 de esas caracter韘ticas.

Asimismo, cabe a馻dir que el deber de comunicaci髇 que se contempla es dual. As, se establece un deber de comunicaci髇 gen閞ico, que resulta exigible a toda la ciudadan韆, haciendo copart韈ipe y corresponsable de la protecci髇 de las personas menores de edad a toda la sociedad, y un deber de comunicaci髇 cualificado, que afecta espec韋icamente a aquellas personas o colectivos que, por raz髇 de su cargo, profesi髇 o funciones, oficio o actividad, tengan conocimiento de una situaci髇 de violencia ejercida sobre una persona menor de edad o de una posible situaci髇 de desprotecci髇 de esta 鷏tima. En todo caso, el r間imen jur韉ico que resulta aplicable es diferente en cada caso, y en coherencia con ello se configuran los par醡etros a los que deber atenderse para dar cumplimento a ambos deberes de comunicaci髇.

En iguales t閞minos, se aborda de forma especial la comunicaci髇 de las situaciones de violencia o desprotecci髇 por parte de las personas menores. En relaci髇 con este supuesto, se establece la obligaci髇 de las administraciones p鷅licas competentes de facilitar mecanismos accesibles, adecuados y confidenciales, preferiblemente electr髇icos, que les permitan comunicar dichas situaciones y facilitar la informaci髇 pertinente de forma 醙il y segura.

El t韙ulo II, integrado por dos cap韙ulos, dedica la mayor parte de su articulado a establecer el marco general regulador de los derechos de las personas menores. El cap韙ulo I, siguiendo con la senda abierta por la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, aglutina el conjunto de derechos humanos que asisten a toda persona menor de edad, sin distinci髇 alguna.

Es innegable que estos derechos adquieren una dimensi髇 y un espacio propio en la infancia y adolescencia, como ocurre con el derecho de participaci髇. Y, en otros casos, tienen una proyecci髇 mucho m醩 intensa en las distintas etapas del ciclo vital que se dan dentro de la infancia y adolescencia, o, de forma particular, en etapas o periodos concretos del desarrollo de una persona menor de edad, como sucede con el derecho a la salud.

Asimismo, no se puede obviar que hay determinados derechos que se aplican, de manera exclusiva, a las personas menores de edad, como son el derecho a la crianza dentro de la propia familia y a las relaciones familiares, o el derecho a la educaci髇.

Por esa raz髇, sobre la base de la legislaci髇 internacional, europea y estatal, se detalla el contenido sustantivo de cada derecho. A tal efecto, se establecen, de forma cierta y precisa, los distintos elementos y las particularidades espec韋icas que los definen, en aras de una mayor seguridad jur韉ica y de aumentar la certidumbre.

Ese contenido sustantivo conforma el conjunto m韓imo de normas por las que se deben guiar las administraciones p鷅licas, de cara a establecer las condiciones necesarias destinadas a facilitar, asegurar y proteger su adecuado ejercicio y disfrute, tanto en el seno de la propia familia como en la sociedad, adem醩 de en los restantes 醡bitos en los que se desarrollan.

Consecuentemente con ello, se enuncian los distintos mecanismos que las administraciones p鷅licas deben poner a disposici髇 de las personas menores de edad con la finalidad de garantizar el ejercicio real y la defensa de sus derechos, sin discriminaci髇 y en condiciones de igualdad de oportunidades.

En relaci髇 con el conjunto de derechos que asisten a las personas menores de edad, merece una especial atenci髇 el derecho a la prevalencia del inter閟 superior de la persona menor de edad, que se recoge como primer derecho de la infancia y la adolescencia.

La Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 proclama en su art韈ulo 3 que 獷n todas las medidas concernientes a los ni駉s que tomen las instituciones p鷅licas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 髍ganos legislativos, una consideraci髇 primordial a que se atender ser el inter閟 superior del ni駉. Y el Comit de Derechos del Ni駉, en la Observaci髇 General n鷐ero 14 (2013) sobre el derecho del ni駉 a que su inter閟 superior sea una consideraci髇 primordial, subraya la triple dimensi髇 del concepto 玦nter閟 superior: por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que la persona menor de edad tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una soluci髇. Por otra, es un principio general de car醕ter interpretativo, de manera que, si una disposici髇 jur韉ica puede ser interpretada en m醩 de una forma, se debe optar por la interpretaci髇 que mejor responda a los intereses de la persona menor de edad. Pero, adem醩, en 鷏timo lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el inter閟 superior de la persona menor de edad tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos de la persona menor de edad, as como su desarrollo integral.

La Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, dot de una nueva redacci髇 al art韈ulo 2 de la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor con la finalidad de delimitar una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el 髍gano legislador que deb韆n ser tenidos en cuenta y ponderados en funci髇 de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivaci髇 de la decisi髇 adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicaci髇 del principio y determinaci髇 del inter閟 superior.

Es por ello por lo que, a la luz de que es el principio rector fundamental a partir del cual se tiene que regular la materia y que tiene que inspirar toda la intervenci髇 de los poderes p鷅licos, se integran en esta ley los criterios m韓imos que coadyuvan a la interpretaci髇 y aplicaci髇, en cada caso particular, del inter閟 superior de la persona menor de edad, y que se definen en el arriba citado art韈ulo 2.

Pero, atendiendo a esa misma l骻ica, y como novedad, tambi閚 se consagra en este texto legal el derecho a la prevalencia del inter閟 superior de la persona menor de edad, que se erige en el derecho supremo de referencia, en el sentido de que, frente a cualquier otro derecho o inter閟 leg韙imo concurrente, deber primar siempre, en 鷏timo t閞mino, el inter閟 superior de la persona menor de edad.

Por su parte, el cap韙ulo II, de extensi髇 mucho m醩 reducida, ahonda en la regulaci髇 de los deberes de las personas menores de edad, en l韓ea con las disposiciones que ya incorporaba la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, y con las normas internacionales.

Con ello, se persigue concienciar a las personas menores, pero tambi閚 a la propia sociedad, de que la titularidad y el ejercicio de los derechos que se les reconoce no son ilimitados y pueden estar sujetos a limitaciones y reservas destinadas a garantizar el respeto de los derechos de las dem醩 personas o la protecci髇 del orden p鷅lico y la seguridad. Adem醩, se pretende poner de manifiesto la importancia de trabajar en la asunci髇 progresiva de responsabilidades. Su principal novedad con respecto al antecedente legislativo auton髆ico es que esos deberes se incardinan y detallan, de forma espec韋ica y separada, dentro del 醡bito familiar, educativo y social.

El t韙ulo III se compone de quince cap韙ulos, a trav閟 de los cuales aborda, de forma sistem醫ica, ordenada y exhaustiva, la promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, as como las obligaciones, limitaciones y restricciones que de dicho ejercicio puedan derivar.

A tal efecto, establece el conjunto de pol韙icas, estrategias y actuaciones orientadas a favorecer y fomentar el conocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a las personas menores, as como la asunci髇 de sus deberes y responsabilidades; a sensibilizar a la sociedad sobre tales derechos y deberes y sobre las necesidades de la poblaci髇 infantil y adolescente; as como a favorecer la existencia de las condiciones necesarias y adecuadas para que dicho ejercicio sea posible y para que las personas menores alcancen un desarrollo pleno y arm髇ico.

Las actuaciones de promoci髇 que se recogen est醤 vinculadas al ejercicio gen閞ico de los derechos b醩icos y libertades p鷅licas, adem醩 de los siguientes derechos m醩 espec韋icos: derecho a la crianza y a las relaciones en el 醡bito familiar; derecho a condiciones de vida dignas y a la inclusi髇 social; derecho a la salud; derecho a la educaci髇; derecho a la cultura; derecho a la actividad f韘ica y al deporte; derecho al ocio educativo; derechos en el 醡bito laboral; derecho a un medioambiente saludable; derecho al entorno y la movilidad; derecho a la informaci髇; derecho a las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇; y, los derechos en materia de consumo.

El t韙ulo IV, estructurado en torno a tres cap韙ulos, se dedica a la prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud f韘ica y mental y para el desarrollo educativo, adem醩 de aquellas que afectan al bienestar material y la inclusi髇 social de la infancia y la adolescencia.

En el marco de la acci髇 preventiva, contempla el conjunto de pol韙icas, estrategias y actuaciones que se articulan, con car醕ter general, desde diferentes 醡bitos de actuaci髇, y por distintos sistemas, en relaci髇 con el conjunto de la poblaci髇 infantil y adolescente, para evitar la aparici髇 de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar o perjudicar el adecuado desarrollo f韘ico y psicol骻ico, de las personas menores, y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duraci髇.

Y, dentro del nivel de atenci髇 que se desarrolla de forma consustancial a la acci髇 preventiva, se establece el conjunto de actuaciones que desarrollan las administraciones p鷅licas vascas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las personas menores, as como su desarrollo integral y arm髇ico, cuando se han producido situaciones perjudiciales no asociadas a situaciones de violencia o de desprotecci髇, tales como: la atenci髇 sanitaria cuando se ha diagnosticado una enfermedad o un trastorno; la atenci髇 educativa orientada a corregir situaciones de desescolarizaci髇, absentismo o fracaso escolar; la atenci髇 de los servicios sociales cuando es necesario adoptar medidas de intervenci髇 familiar en casos en los que se observa una necesidad de apoyo para la convivencia y para el ejercicio positivo de la parentalidad sin que la situaci髇 sea de desprotecci髇.

El cap韙ulo I, compuesto por cinco secciones, se centra en el 醨ea de la salud f韘ica y mental. En esta l韓ea, define las actuaciones dirigidas a la prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 de distintas enfermedades, trastornos o riesgos.

La secci髇 1. concreta las actuaciones vinculadas a trastornos del desarrollo o al riesgo de padecerlos. Dentro del variado conjunto de actuaciones que se establecen, y como refuerzo de la acci髇 preventiva, merecen especial atenci髇 la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana y las actuaciones que se contemplan con mujeres gestantes menores de veinticinco a駉s de edad cuando concurra una situaci髇 de posible riesgo prenatal asociada a la conducta de la futura madre o a sus circunstancias particulares y factores de vulnerabilidad que puedan afectar al normal desarrollo o a la salud del concebido o de la concebida.

La secci髇 2. detalla las actuaciones referidas a riesgos que afectan a la salud sexual y reproductiva.

La secci髇 3. define las distintas actuaciones que deben desarrollar las administraciones p鷅licas en relaci髇 con la obesidad infantil y adolescente, y que ser醤 aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado.

La secci髇 4. est centrada en los trastornos de salud mental, las conductas problem醫icas y las adicciones. La atenci髇 a la salud mental de las personas menores se desarrollar en unidades especializadas hospitalarias, unidades ambulatorias de alta intensidad (hospitales de d韆) y centros de salud mental, dotadas todas ellas de personal sanitario especializado en psiquiatr韆 infantojuvenil.

En este contexto, resulta especialmente relevante la articulaci髇 de unidades sociosanitarias residenciales espec韋icamente destinadas a personas menores que presenten, al mismo tiempo, trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atenci髇 social y sanitaria simult醤ea.

La secci髇 5. establece las medidas de prevenci髇 y atenci髇 de accidentes.

El cap韙ulo II, dividido en dos secciones, define las actuaciones de prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 vinculadas a las situaciones perjudiciales para el desarrollo educativo. De acuerdo con ello, la secci髇 1. est centrada en la desescolarizaci髇 y el absentismo escolar, y la secci髇 2. se circunscribe al fracaso escolar.

El cap韙ulo III, estructurado en tres secciones, se circunscribe a las situaciones perjudiciales para el bienestar material y la inclusi髇 social. En este contexto, establece las actuaciones de prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 de las situaciones de pobreza infantil (secci髇 1.), de las situaciones de riesgo de exclusi髇 residencial y de exclusi髇 residencial (secci髇 2.), as como de la exclusi髇 social (secci髇 3.).

En particular, respecto de las situaciones de exclusi髇 social se concreta que, en los casos de ni馻s o adolescentes embarazadas, sin alojamiento, en riesgo de exclusi髇 o en situaci髇 de exclusi髇, la intervenci髇 corresponder a los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, tanto para la protecci髇 de la madre como del concebido o de la concebida, en cuyo marco deber acceder a una soluci髇 de acogimiento familiar o residencial.

El t韙ulo V, compuesto por tres cap韙ulos, incide en la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 frente a situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia definidas en esta ley, y es coherente con la triple finalidad de prevenci髇, socializaci髇 y educaci髇 en este 醡bito que defiende la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El cap韙ulo I recoge una de las novedades m醩 importantes de la ley, como es la consagraci髇 de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

Esta estrategia deber tener car醕ter interinstitucional e intersectorial, y abordar la violencia contra la infancia y la adolescencia en todos sus aspectos, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y, en su caso, el derecho a la restituci髇 de los derechos vulnerados.

La estrategia deber incidir, como m韓imo, en los siguientes 醡bitos: 醡bito familiar; 醡bito educativo; 醡bito sanitario; servicios sociales; 醡bito judicial; 醡bito policial y de seguridad; tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, con especial atenci髇 a Internet y las redes sociales; cultura, ocio y tiempo libre; y actividad f韘ica y deporte.

El cap韙ulo II desarrolla el conjunto de actuaciones que tienen por objeto prevenir aquellas situaciones en las que las personas menores vean vulnerados sus derechos b醩icos por actos de violencia. En concreto, las actuaciones que prev tienen una especial incidencia en el 醡bito familiar, educativo, del deporte y el ocio y de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.

Entre ellas destaca la regulaci髇 de la figura de la persona coordinadora de bienestar y protecci髇, que debe crearse en los centros educativos, donde cursen estudios personas menores de edad; e, igualmente, de la figura de la persona delegada de protecci髇, con la que deben contar obligatoriamente las entidades, los centros y las organizaciones, tanto p鷅licas como privadas, que desarrollen habitualmente actividades de educaci髇 f韘ica, deportivas o de ocio con personas menores de edad.

El cap韙ulo III est orientado a la intervenci髇 centrada en la acci髇 protectora, e incide, para ello, en la necesidad de la detecci髇 precoz. Desde esa premisa, articula el conjunto de pol韙icas, procedimientos y actuaciones que deben ejecutar las administraciones p鷅licas vascas cuando una persona menor es v韈tima de cualquier forma de violencia o est en riesgo de serlo, independientemente del 醡bito en el que se produzca la violencia, ya sea escolar, comunitario, deportivo, familiar u otro.

En esta l韓ea, las actuaciones que se contemplan tienen encaje dentro del 醡bito sanitario, educativo, de la actividad f韘ica y el deporte, servicios sociales, 醡bito policial y 醡bito judicial, si bien entre todas ellas adquieren una especial dimensi髇 las actuaciones de los servicios sociales, atendiendo a su competencia para realizar la recogida de informaci髇 y la valoraci髇 de los casos de posible violencia sobre la infancia y la adolescencia. En coherencia con ello, se le atribuye al personal funcionario que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales la condici髇 de agente de la autoridad, para facilitarle y asegurarle poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protecci髇 de menores, y ante la posibilidad de verse expuesto a actos de violencia o posibles situaciones de alta conflictividad.

Por otra parte, merece especial consideraci髇 la regulaci髇 del derecho a una atenci髇 integral a las personas menores v韈timas de violencia, que comprender medidas de intervenci髇, apoyo, acogida y recuperaci髇 f韘ica y psicol骻ica. En este sentido, destacan las medidas que se establecen con la finalidad de evitar la victimizaci髇 secundaria, y las medidas dirigidas a obtener una adecuada reparaci髇 material y moral de los perjuicios derivados del delito.

El t韙ulo VI est integrado por cinco cap韙ulos y es el m醩 extenso de la ley. En la misma l韓ea seguida por el t韙ulo precedente, regula la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 ante situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇 y de desprotecci髇 (ya sean de riesgo o de desamparo) de personas menores, y la recuperaci髇 y restituci髇 de los derechos vulnerados a causa de aquellas, cuando proceda.

El cap韙ulo I establece el marco jur韉ico com鷑 aplicable a la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 de las situaciones de desprotecci髇 de la infancia y la adolescencia y de vulnerabilidad a la desprotecci髇. Igualmente, concreta el alcance de cada una de esas situaciones.

Por ello, en aras de evitar dar cabida en la ley a un concepto jur韉ico indeterminado que ocasione interpretaciones diversas y genere problemas de inseguridad jur韉ica en la aplicaci髇 de la norma, se introduce como novedad en el marco legislativo auton髆ico una definici髇 acerca de qu ha de entenderse por 玽ulnerabilidad a la desprotecci髇.

Dicho concepto queda limitado a aquellos casos en los que, a pesar de observarse una atenci髇 adecuada a las necesidades de la persona menor, existen dificultades personales, familiares o sociales que implican vulnerabilidad a tal situaci髇, por lo que en el futuro podr韆 aparecer la desprotecci髇.

El cap韙ulo II aborda la acci髇 preventiva, y define el conjunto de actuaciones destinadas a prevenir las situaciones de desprotecci髇 en las que se encuentran las personas menores a consecuencia del incumplimiento o del inadecuado o imposible cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en sus representantes legales o personas que ostenten su guarda.

Con el esp韗itu de reforzar la protecci髇, presta una especial atenci髇 a la prevenci髇 y detecci髇 de posibles situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇. Asimismo, desarrolla una variedad de actuaciones de sensibilizaci髇 y concienciaci髇 y de medidas de apoyo a las funciones de crianza, orientadas a evitar la aparici髇 de situaciones de desprotecci髇. Estas 鷏timas son aquellas que favorecen contextos familiares seguros, basados en relaciones de respeto y afecto, y las que facilitan el ejercicio de las funciones de crianza.

El cap韙ulo III recoge el deber general de auxilio y la obligatoriedad de prestar una atenci髇 inmediata en situaci髇 de desprotecci髇. Como particularidad destaca la atribuci髇 a las diputaciones forales de la facultad de asumir la guarda provisional de una persona menor de edad, en aras de facilitar el ejercicio de la atenci髇 inmediata.

Asimismo, desarrolla el procedimiento de recepci髇 del caso de las posibles situaciones de desprotecci髇 que sean comunicadas a los servicios sociales municipales, as como la valoraci髇 de la situaci髇 detectada.

En esta misma l韓ea, se incorpora la regulaci髇 del expediente administrativo, se detallan los diversos tipos de expedientes que pueden tramitarse en el marco de un procedimiento de protecci髇, y se establece su formato electr髇ico y los requisitos para la guarda y custodia del expediente y para la conservaci髇 de los documentos electr髇icos que lo integren.

El cap韙ulo IV, a trav閟 de un total de ocho secciones, regula la acci髇 protectora de las administraciones p鷅licas vascas ante situaciones de desprotecci髇. Dentro de la acci髇 protectora se engloban el conjunto de pol韙icas, procedimientos y actuaciones que se aplican, en el marco del sistema de protecci髇 de las personas menores de edad, cuando estas 鷏timas se encuentran en su 醡bito familiar, bien en una situaci髇 de riesgo, bien en una situaci髇 de desamparo.

La acci髇 protectora que se dise馻 est en consonancia con las disposiciones estatales b醩icas contenidas en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, y respeta los principios de actuaci髇 de las administraciones p鷅licas en relaci髇 con la protecci髇 de menores. En este sentido, incorpora los cambios realizados en su articulado por la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificaci髇 del sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia, adem醩 de la reciente Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y desarrolla las disposiciones estatales b醩icas en la materia.

Dentro de ese marco normativo, la secci髇 1. incide en la definici髇 de la situaci髇 de riesgo y establece un listado pormenorizado de indicadores que determinan su existencia, todo ello en aras de reforzar la seguridad jur韉ica en la detecci髇 y valoraci髇 de estas situaciones.

En este contexto, se aborda la intervenci髇 ante las situaciones de riesgo desde los servicios sociales municipales y los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, en aquellas situaciones en las que resulten competentes de acuerdo con la valoraci髇 de su gravedad. Asimismo, se aborda la derivaci髇 del caso a los servicios territoriales, y, complementariamente, se dise馻 un mecanismo dirigido a solucionar las discrepancias en la valoraci髇 de las situaciones de desprotecci髇 entre los servicios sociales municipales y los servicios territoriales, las cuales deben ser resueltas con la mayor celeridad y diligencia posible, para no perjudicar los derechos de las personas implicadas y, en especial, de la persona menor de edad.

En otro orden de cosas, se regula el contenido del proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar en situaciones de riesgo, y se consagra el deber de participaci髇 y colaboraci髇 de la familia en el dise駉 y la puesta en marcha del proyecto.

En estrecha relaci髇 con el deber de colaboraci髇 de la familia, se regula, por primera vez en un texto legal auton髆ico, la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo. Esta nueva figura se enmarca en la acci髇 preventiva, y nace con la filosof韆 de actuar como agente promotor de un cambio de comportamiento en el ejercicio de los deberes parentales. Se persigue, en 鷏timo t閞mino, evitar que la situaci髇 se agrave y derive en una ulterior declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo, que traer韆 como consecuencia inmediata la separaci髇 de la persona menor de su familia y de su entorno.

La primera aproximaci髇 a esta cuesti髇 que se produce en el ordenamiento jur韉ico vasco se encuentra en la actualizaci髇 del instrumento para la valoraci髇 de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y adolescencia en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco (Balora), realizada mediante el Decreto 152/2017, de 9 de mayo.

En este caso, la regulaci髇 se limitaba a los siguientes aspectos: establecer los criterios que permitir醤 concluir la ausencia de colaboraci髇 activa del padre y de la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y guardadoras con los servicios de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y adolescencia, que actuaba como presupuesto previo habilitante de la declaraci髇 de riesgo; determinar los supuestos en los que deb韆n intervenir los servicios sociales municipales y los servicios territoriales, atendiendo al nivel de gravedad de la situaci髇; y definir el procedimiento de actuaci髇 ante estos casos, con especial incidencia en la derivaci髇 del caso entre los distintos servicios sociales, seg鷑 procediese, en funci髇 del aumento o disminuci髇 del nivel de gravedad de la situaci髇 de riesgo.

Partiendo de esas premisas, esta ley profundiza en la regulaci髇 de la declaraci髇 de riesgo, y ampl韆 la obligatoriedad de su adopci髇 a situaciones asociadas al riesgo prenatal, cuando concurran determinadas circunstancias que se establecen, y siempre con posterioridad al nacimiento. Y, a su vez, habilita legalmente la posibilidad de contemplar nuevos supuestos determinantes de la declaraci髇 de riesgo en el marco del instrumento t閏nico para la valoraci髇 de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo.

Para ello, establece un doble criterio al que deber sujetarse el ejercicio de esa habilitaci髇 legal, y que corresponde al Gobierno Vasco, como titular de la potestad reglamentaria. Esto es, deber tratarse de situaciones que resulten perjudiciales para el bienestar o el pleno desarrollo de la personalidad de la persona menor de edad, o afecten al ejercicio de sus derechos. Asimismo, declara el car醕ter de rango normativo de desarrollo reglamentario de la presente ley que ostenta dicho instrumento t閏nico.

Por 鷏timo, se establecen las causas de revocaci髇 y cese de la declaraci髇 de riesgo.

La secci髇 2. regula la acci髇 protectora de la Administraci髇 en situaciones de desamparo. A tal efecto, define la situaci髇 de desamparo y establece las circunstancias que la determinan. En l韓ea con ello, avanza en el dise駉 de un procedimiento administrativo reglado, con definici髇 de sus fases y tr醡ites, conducente al acto por el que se acuerda la declaraci髇 de desamparo, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, as como las medidas de protecci髇 que correspondan. Complementariamente, se establece un procedimiento de urgencia para aquellos casos en los que existan antecedentes de situaciones graves de desprotecci髇 en la familia u otros indicios de peligro inminente y grave para la integridad f韘ica o ps韖uica del ni駉 o de la ni馻.

La secci髇 3. se centra en el ejercicio de la guarda que asumen las diputaciones forales, ya sea inherente a la tutela por ministerio de la ley o consecuencia de la solicitud expresa de las personas que ostentan la representaci髇 legal de la persona menor de edad, de una resoluci髇 judicial o del cumplimiento de la obligaci髇 de prestar atenci髇 inmediata, y que reviste car醕ter provisional.

Entre los distintos supuestos de guarda que se contemplan destaca, por su novedad, la guarda provisional, cuya asunci髇 no exige una declaraci髇 previa de desamparo ni la solicitud de quienes ostentan la representaci髇 legal de la persona menor de edad.

Esta modalidad de guarda tiene su base en la urgencia. Por tanto, se justifica en la obligatoriedad para los servicios sociales de realizar una actuaci髇 inmediata, dirigida a procurar a la persona menor la atenci髇 necesaria para cubrir las necesidades b醩icas, entretanto tienen lugar las diligencias precisas para proceder a su identificaci髇, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.

En todo caso, este r間imen excepcional demanda, imperiosamente, y en garant韆 de la seguridad jur韉ica y de los derechos de las personas afectadas, establecer l韒ites temporales lo m醩 breves posible a su ejercicio, en aras de evitar que la situaci髇 perdure en el tiempo sine die. As, para estos casos se establece un plazo m醲imo de tres meses para proceder a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y la consiguiente asunci髇 de la tutela o la proposici髇 de la medida de protecci髇 procedente.

La secci髇 4. establece las disposiciones comunes a la tutela y a la guarda, a trav閟 de las cuales se aborda un amplio abanico de cuestiones, entre las que destacan el establecimiento de un estatuto de derechos y deberes de las personas menores de edad en acogimiento, y la obligatoriedad de asignar al caso una persona profesional de referencia.

Asimismo, se establece el r間imen jur韉ico aplicable al plan individualizado de protecci髇 y a la delegaci髇 de guarda, bien para estancias, salidas y vacaciones, bien para estancias con familia extensa. En la misma l韓ea, se incide en las relaciones con familiares y personas allegadas y con personas voluntarias.

En otro orden de cosas, se aborda la transici髇 entre distintos entornos de convivencia cuando se producen variaciones de medidas de protecci髇 o de la forma de ejercicio de la guarda, as como la reintegraci髇 familiar y el seguimiento posterior a la reintegraci髇 familiar. Y, por 鷏timo, se desarrollan los programas de preparaci髇 a la vida independiente dirigidos a personas menores a partir de diecis閕s a駉s.

La secci髇 5. establece una serie de disposiciones que regulan el acceso preferente de las personas menores sujetas a una medida de protecci髇 a servicios incluidos en el 醡bito sanitario y educativo.

Las secciones 6., 7. y 8. se centran, exclusivamente, en el acogimiento familiar y residencial. Ambas medidas de protecci髇 constituyen los dos pilares sobre los que se asienta el ejercicio de la guarda que asumen las diputaciones forales sobre las personas menores de edad cuando estas son separadas de su 醡bito familiar. Sin perjuicio de ello, en su adopci髇 deber priorizarse siempre el ejercicio de la guarda en un entorno familiar adecuado, y prevalecer la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial.

La regulaci髇 de dichas medidas ha sido abordada profundamente en el ordenamiento jur韉ico vasco, en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia; en particular, en el Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social.

En esencia, las previsiones que se recogen en esta materia en esta ley son coherentes con el esp韗itu, los principios y los objetivos que inspiran el contenido de ambos textos normativos, salvo en aquellas cuestiones que han devenido incompatibles con el nuevo marco legislativo estatal.

As, en lo que afecta al acogimiento familiar, se reformula el acogimiento familiar especializado, a trav閟 de la modificaci髇 operada en el art韈ulo 20.1 de la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor por la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y que tiene como consecuencia m醩 inmediata una variaci髇 en los elementos que permit韆n encajar esta modalidad dentro del acogimiento en familia ajena, extendi閚dose ahora tambi閚 a las familias extensas, al eliminarse ese condicionante que hab韆 establecido previamente la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia.

Si bien, con todo ello, la novedad m醩 importante que se introduce es la instauraci髇 de un doble r間imen aplicable a la persona que sea designada acogedora familiar especializada, atendiendo a la dedicaci髇 que se presupone debe prestar a la persona menor de edad, y que tiene como consecuencia m醩 inmediata el surgimiento de la figura de la persona acogedora especializada de dedicaci髇 exclusiva. De tal forma que, en los casos en los que se determine que las necesidades y circunstancias especiales de la persona menor de edad exigen una dedicaci髇 exclusiva, la persona designada como acogedora percibir una compensaci髇 en atenci髇 a dicha dedicaci髇, en el marco del r間imen de Seguridad Social.

Por su parte, respecto del acogimiento residencial, las novedades m醩 importantes devienen de la regulaci髇 estatal que se realiza en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor de los centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta, y de las medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en ellos.

En coherencia con lo anterior, en la secci髇 6. destaca el abordaje de las distintas modalidades de acogimiento familiar, atendiendo a su temporalidad y objetivos, as como a la vinculaci髇 de la persona menor de edad con la familia acogedora y a las caracter韘ticas que presente dicha familia.

Y, por otro lado, en la secci髇 7. resulta relevante la regulaci髇 de la tipolog韆 de programas de acogimiento residencial, los cuales se establecen y definen en funci髇 de las caracter韘ticas particulares de la poblaci髇 residencial atendida y de sus necesidades espec韋icas.

En este marco, es preciso destacar la distinci髇 que se realiza, dentro de la tipolog韆 tasada de programas que se relaciona, entre el programa para personas menores de edad con trastornos de conducta y el programa especializado de apoyo intensivo a las personas menores de edad con problemas de conducta referidas en el art韈ulo 25.1 de la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor.

Esta distinci髇 tiene como finalidad adecuar las previsiones legales auton髆icas al marco legislativo estatal; en particular, a las previsiones del nuevo cap韙ulo IV (comprensivo de los art韈ulos 25 a 35) que introduce la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia, en el t韙ulo II de la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor.

Ambos programas estaban ya presentes en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social, dentro de los programas especializados previstos en su art韈ulo 4.2.2, y bajo las siguientes denominaciones: programa especializado de atenci髇 a adolescentes con problemas de conducta y programa especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta.

Asimismo, ambos programas ten韆n como personas destinatarias a adolescentes que presentasen conductas disruptivas, si bien, en el primer caso, se trataba de conductas particularmente disruptivas que hac韆n inviable su atenci髇 en el marco del programa b醩ico general, y, en el segundo caso, se hac韆 referencia a conductas reiteradas y gravemente disruptivas o antisociales que supon韆n un riesgo evidente de da駉s o perjuicios graves a s mismas o a terceras personas, o que pusiesen en grave riesgo su desarrollo integral, y en ning鷑 caso fuese viable su atenci髇 en el marco del programa especializado anterior.

Por ello, ante la necesidad de evitar la confusi髇 acerca de los adolescentes y las adolescentes que deben ser atendidas en los centros de protecci髇 espec韋icos que se regulan en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, o posibles dudas acerca de las caracter韘ticas particulares de las conductas disruptivas que deb韆n presentar, y llegar al equ韛oco de pensar que todas las personas destinatarias de ambos programas especializados deben ser atendidas en dicho centros, se considera conveniente reformular la denominaci髇 de dichos programas, en el sentido arriba apuntado.

De otro lado, destaca el r間imen aplicable a las medidas educativas correctoras que pueden ser adoptadas en los recursos de acogimiento residencial para personas menores en situaci髇 de desprotecci髇. La Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, viene a completar la revisi髇 de la medida de acogimiento residencial que se realiz en el a駉 2015, con la introducci髇 de mayores garant韆s en la adopci髇 de las medidas de seguridad.

A este respeto, da entrada en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor a un nuevo art韈ulo 21 ter, en el que se establece un marco general, com鷑 para todos los centros de protecci髇 a la infancia y la adolescencia y para el conjunto de las medidas destinadas a garantizar la convivencia y la seguridad en dichos centros, y se establece la prohibici髇 de aplicar medidas de contenci髇 f韘ica, si bien esta prohibici髇 admite excepciones, muy limitadas, en el caso espec韋ico de los centros de protecci髇 de menores con problemas de conducta.

Consecuentemente, se establecen los supuestos que dan lugar a la aplicaci髇 de medidas educativas correctoras, y se define su caracter韘tica y contenidos, su finalidad, los t閞minos en que deben ser aplicadas y los l韒ites en su aplicaci髇.

Por 鷏timo, la secci髇 8. desarrolla la regulaci髇 de los centros de protecci髇 espec韋icos para menores con problemas de conducta que acoge la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor y que ser醤, 鷑ica y exclusivamente, aquellas que est閚 incluidas dentro de un programa especializado de apoyo intensivo. En especial, se establecen las previsiones espec韋icamente referidas a las condiciones habilitantes del ingreso en un centro de estas caracter韘ticas, la duraci髇 del ingreso y permanencia en el centro, la tipolog韆 de medidas de seguridad y el r間imen aplicable a las medidas de seguridad y contenci髇, y el r間imen de visitas y permisos de salida, as como de comunicaciones de la persona menor de edad.

En relaci髇 con las medidas de seguridad consistentes en la contenci髇 f韘ica, se admite 鷑icamente, y con car醕ter excepcional, la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona menor de edad con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de su vida o integridad f韘ica o la de terceras personas. Asimismo, se delimita el 醡bito subjetivo destinatario de dicha medida de contenci髇.

El cap韙ulo V est centrado, 韓tegramente, en el instituto jur韉ico de la adopci髇, que se aborda distribuido en tres secciones diferenciadas.

La secci髇 1. aborda el marco jur韉ico de la adopci髇 nacional. Destaca la regulaci髇, entre otras cuestiones, de las siguientes: la delimitaci髇 del 醡bito subjetivo, que comprende tanto a las personas menores de edad que pueden ser adoptables como a las personas que pueden ofrecerse como adoptantes; la idoneidad para ser adoptante; y la selecci髇 de las personas adoptantes.

Al margen de dichas cuestiones, destacan la regulaci髇 de la delegaci髇 de la guarda con fines de adopci髇, y la adopci髇 abierta, que resultan novedosas en la legislaci髇 auton髆ica.

La primera de las medidas posibilita que, con anterioridad a que la diputaci髇 foral presente la correspondiente propuesta de adopci髇 ante la autoridad judicial, pueda iniciarse la convivencia provisional entre la persona menor de edad y las personas consideradas id髇eas para su adopci髇, hasta que se dicte la resoluci髇 judicial de adopci髇. De esta forma se evita que la persona menor de edad tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de protecci髇 o con otra familia. En todo caso, atendiendo al car醕ter cautelar de esta medida, su duraci髇 y ejercicio est醤 sujetos a l韒ites temporales.

Por su parte, la adopci髇 abierta posibilita, tras su constituci髇, el mantenimiento de la relaci髇 o contactos, a trav閟 de visitas o de comunicaciones, entre la persona adoptada y miembros de su familia de origen, a pesar de que se haya extinguido el v韓culo jur韉ico entre ellas. En consecuencia, con ello se determinan las circunstancias que habilitan la constituci髇 de una adopci髇 abierta, su alcance y las condiciones y t閞minos de su desarrollo.

La secci髇 2. se centra en la adopci髇 internacional. La regulaci髇 que se establece se sit鷄 dentro del marco de distribuci髇 de competencias entre el Estado y las comunidades aut髇omas que se deslinda en la reciente Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021, del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la sentencia, y como novedad m醩 importante, se delimitan aquellos supuestos en los que el Gobierno Vasco est legitimado para suscribir acuerdos bilaterales en materia de adopci髇 internacional y el alcance que pueden tener dichos acuerdos.

Asimismo, se definen la actividad de intermediaci髇 en materia de adopci髇 internacional y los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional. Y, seguidamente, se establece el marco jur韉ico m韓imo que debe guiar tanto la acreditaci髇 de los citados organismos como la suspensi髇 o retirada de la acreditaci髇, as como el ejercicio de las funciones de control, inspecci髇 y seguimiento que traen causa directa de la acreditaci髇, pero tambi閚 de la tramitaci髇 de los ofrecimientos para la adopci髇 internacional.

La secci髇 3. acoge las previsiones correspondientes a la fase posadoptiva, com鷑 a la adopci髇 nacional e internacional.

Dichas previsiones se afanan de forma importante en reforzar la obligatoriedad de las personas adoptantes de dar cumplimento a las obligaciones que asumen cuando se ofrecen para la adopci髇, tanto en la fase preadoptiva como posadoptiva. En este sentido, se expresan las consecuencias jur韉icas que derivan del incumplimiento de las obligaciones de seguimiento dirigidas a valorar la adaptaci髇 e integraci髇 de la persona menor de edad en su nueva familia, o de otras obligaciones, econ髆icas o materiales, que resulten necesarias para que los informes de seguimiento puedan ser recibidos por la autoridad extranjera competente en el pa韘 de origen, en el tiempo y forma establecidos y con la periodicidad exigida.

De otro lado, se establecen las actuaciones de apoyo que, con car醕ter de m韓imos, deber醤 poner en marcha las diputaciones forales en el marco de la fase posterior a la adopci髇, y cuyas destinatarias ser醤 las personas adoptantes y las personas menores de edad adoptadas.

Por 鷏timo, se consagra el derecho a conocer los datos sobre los or韌enes biol骻icos. En este sentido, se establecen las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho. A tal efecto, las diputaciones forales est醤 obligadas a prestar a las personas interesadas, a trav閟 de sus servicios especializados, el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo el derecho a conocer los datos sobre sus or韌enes biol骻icos.

El t韙ulo VII, compuesto por cinco cap韙ulos, est dedicado a la atenci髇 socioeducativa a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. En este sentido, las previsiones que se establecen se orientan a la prevenci髇 de las conductas transgresoras de la ley penal, en el marco de la acci髇 de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia.

Desde esa perspectiva, el cap韙ulo I delimita las personas destinatarias de la atenci髇 socioeducativa que se regula.

El cap韙ulo II incide en la acci髇 preventiva, establece los principios que regir醤 la intervenci髇, se ocupa de la organizaci髇 de servicios necesarios para la ejecuci髇 de las medidas judiciales, y define las entidades colaboradoras de atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

El cap韙ulo III, partiendo de la diversidad de tipos de internamiento y medidas que pueden acordar los jueces y las juezas de menores por la comisi髇 de hechos delictivos, avanza en el desarrollo de los criterios de actuaci髇 que deben guiar la ejecuci髇 de las distintas medidas que contemplan, en funci髇 de la restricci髇 de derechos que cada una de ellas conlleva, as como su seguimiento. Asimismo, establece las medidas de vigilancia y seguridad interior que pueden ser aplicadas en los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, as como las condiciones para su ejercicio.

Las medidas que se contemplan se adecuan al contenido del art韈ulo 59 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la redacci髇 que le da a aquel la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En este sentido, solo ser admisible, con car醕ter excepcional, la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Y se proh韇e expresamente la contenci髇 mec醤ica consistente en la sujeci髇 de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

Para finalizar, el cap韙ulo IV regula el r間imen disciplinario que resultar de aplicaci髇 a las personas menores de edad sujetas a medidas judiciales de internamiento, y el cap韙ulo V se ocupa de las actuaciones complementarias a la ejecuci髇 de las medidas.

El t韙ulo VIII, integrado por dos cap韙ulos, establece los 髍ganos de cooperaci髇 y coordinaci髇 interinstitucional y los 髍ganos consultivos y de participaci髇 social.

El cap韙ulo I define las normas b醩icas y los principios de actuaci髇 por los que se debe regir el modelo de colaboraci髇, cooperaci髇 y coordinaci髇 interinstitucional e intersectorial. Desde esa perspectiva, el deber de cooperaci髇 y coordinaci髇 administrativa se estructura a trav閟 de un 髍gano que se crea ex novo en esta ley, el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia. La raz髇 por la que se justifica la necesidad de crear este nuevo 髍gano entronca con la propia filosof韆 de la que parte la ley, y que se centra en la defensa del 醡bito material correspondiente a la infancia y la adolescencia como un espacio competencial propio, dentro del cual se incardinan distintas materias que afectan e inciden en la poblaci髇 infantil y adolescente y, por tanto, en el ejercicio efectivo de sus derechos. De acuerdo con ello, se define la finalidad y se establecen la composici髇 y funciones del 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia.

Al margen de dicho 髍gano, se prev tambi閚 la posibilidad de articular t閏nicas de cooperaci髇 territorial y local en el 醡bito de la infancia y la adolescencia.

El cap韙ulo II refuerza la participaci髇 ciudadana en las pol韙icas p鷅licas de promoci髇, prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia. Para ello, se constituye el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia como el m醲imo 髍gano de car醕ter consultivo y foro espec韋ico de participaci髇 de las administraciones p鷅licas vascas y los agentes sociales implicados en materia de infancia y adolescencia.

Asimismo, crea el Foro de la Infancia y la Adolescencia, con el cual se hace efectivo el derecho de las personas menores a participar y ser consultadas y escuchadas colectivamente en los asuntos que les conciernen, en los 醡bitos de la salud, la educaci髇, la cultura, el deporte, la seguridad, la justicia y los servicios sociales; y, de forma particular, en la elaboraci髇, seguimiento y evaluaci髇 de planes, programas y pol韙icas espec韋icamente vinculadas a la promoci髇, prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 de sus derechos.

El t韙ulo IX se estructura en dos cap韙ulos y tiene por objeto el desarrollo y la mejora en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia.

Hasta el momento actual no existen mecanismos centralizados que recojan una informaci髇 global y unificada en relaci髇 con la infancia y la adolescencia, que proporcione datos de las distintas materias en las que se proyecta (educaci髇, sanidad, servicios sociales, seguridad, etc閠era), de tal forma que, explotada e interpretada la informaci髇 en su conjunto, permita un conocimiento compacto y homog閚eo, no fraccionado por territorios, 醨eas de actuaci髇 o sistemas de intervenci髇, de la realidad de la infancia y la adolescencia y, en especial, de sus necesidades.

Por ello, la regulaci髇 contenida en este t韙ulo parte del convencimiento de que es necesario disponer de instrumentos que posibiliten aglutinar y preservar un conocimiento espec韋ico de la realidad de la infancia y la adolescencia, como premisa para poder detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; y, a鷑 m醩 importante, posibilitar a las administraciones p鷅licas anticiparse en su actuaci髇.

En suma, atesorar todo ese conocimiento es el paso previo para poder conocer las condiciones de vida de las personas menores de edad y la incidencia en su bienestar, detectar las carencias y dificultades asociadas a la intervenci髇 con ellas, evaluar la calidad de la gesti髇 en los servicios que atienden a personas menores de edad, y tambi閚 identificar buenas pr醕ticas en la atenci髇 y protecci髇; y, consecuentemente con ello, poder definir las necesidades de la infancia y la adolescencia, y avanzar considerablemente en la respuesta a estas necesidades, con la puesta en marcha de planes, programas y pol韙icas e, incluso, investigaciones, dirigidos a encontrar soluciones innovadoras y alternativas que favorezcan y promuevan el bienestar de la infancia y la adolescencia, y avanzar en la consecuci髇 de los objetivos que marca esta ley.

Disponer de dicha informaci髇 resulta de enorme inter閟 para el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en la medida en que le facilitar韆 y asegurar韆 el desarrollo de las funciones que le atribuye esta ley de una forma mucha m醩 eficaz.

Sobre la base de lo anterior, el cap韙ulo I incorpora una novedad muy importante desde el plano estad韘tico, como es la creaci髇 del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia.

Este sistema incluir datos agregados e indicadores sobre las diferentes esferas de la vida de las personas menores, sus necesidades, las situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo, las situaciones de violencia, las situaciones de desprotecci髇, las situaciones de conflicto con la ley penal, as como sobre las medidas adoptadas para responder a sus necesidades y para protegerlas. Por tanto, se configura como un instrumento esencial para la planificaci髇 y el desarrollo de pol韙icas transversales y requerir la articulaci髇 de las redes y dispositivos inform醫icos y telem醫icos necesarios para el volcado permanente de los datos necesarios para la elaboraci髇 de los indicadores y su actualizaci髇 permanente.

A tales efectos, se pretende nutrir el contenido del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia de informaci髇 procedente de fuentes primarias, como son el sistema educativo, sanitario, de servicios sociales o de seguridad, as como las entidades que desarrollen su actividad en el 醡bito de la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, este cap韙ulo establece una bater韆 de medidas que persiguen garantizar la calidad de la atenci髇 en los servicios que atienden a las personas menores en los diferentes 醡bitos de actuaci髇 previstos en esta ley.

En otro orden de cosas, incide de forma particular en las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, las cuales se definen en este mismo t韙ulo, en aras de evitar posibles dudas en cuanto a su alcance y contribuir, al mismo tiempo, a reforzar la seguridad jur韉ica.

Asimismo, se dirige a las administraciones p鷅licas vascas el mandato de promover y garantizar, anualmente, una formaci髇 especializada, inicial y continua, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, destinada a las personas profesionales que ejerzan dichas profesiones, oficios y actividades. En iguales t閞minos, regula los elementos que deben guiar el dise駉 de dicha formaci髇 y sus caracter韘ticas, atendiendo al perfil de las personas profesionales o las funciones concretas que desempe馿n. Y, de otro lado, establece como requisito esencial de acceso no haber sido condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

El cap韙ulo II dota de una mayor relevancia al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, configurado como 髍gano de estudio, evaluaci髇, colaboraci髇 y asesoramiento t閏nico, a trav閟 de un refuerzo de su organizaci髇 funcional. Merece especial atenci髇 la ampliaci髇 que se realiza de sus funciones, entre las que destacan las siguientes: informar las disposiciones normativas de car醕ter general que se elaboren en el seno de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, en relaci髇 con la evaluaci髇 de impacto en la infancia y la adolescencia realizada sobre aquellas; elaborar el informe de evaluaci髇 sobre el grado de cumplimiento y la eficacia de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia; o gestionar el Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia, as como su actualizaci髇 y mantenimiento.

El t韙ulo X incide en el r間imen competencial que resulta de aplicaci髇 en el 醡bito, espec韋ico y propio, de la infancia y la adolescencia. Y, para ello, ofrece una regulaci髇 completa de las distintas facultades y funciones que ostentan en relaci髇 con esta materia el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos; en especial, en relaci髇 con las actuaciones de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇.

Destaca, en el caso concreto de las competencias que corresponden al Gobierno Vasco, la regulaci髇 de la acci髇 directa, y se detallan las cuestiones relacionadas con la atenci髇 a la infancia y la adolescencia sobre las cuales se asumen competencias de ejecuci髇.

El t韙ulo XI, dividido en tres cap韙ulos, articula el r間imen sancionador. El cap韙ulo I define a los sujetos responsables y tipifica exhaustivamente las infracciones administrativas. El cap韙ulo II determina las sanciones, y concreta los elementos dirigidos a su graduaci髇 y aplicaci髇, as como su prescripci髇. Y el cap韙ulo III se centra en el procedimiento sancionador.

En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera de ellas mandata al Gobierno Vasco la tarea de planificar y coordinar la creaci髇 y puesta en marcha en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco de un servicio de atenci髇 integral y especializada de la poblaci髇 infantil y adolescente que haya sido v韈tima de violencia sexual.

La finalidad que se persigue es que este servicio se configure como el lugar de referencia para las personas menores de edad v韈timas de violencia sexual, al que se deber醤 desplazar el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y judiciales, y en el que se implementar醤 el conjunto de las medidas de acogida, apoyo, protecci髇 y recuperaci髇 de las v韈timas.

Con ello se evitan actuaciones innecesarias, cuando no la duplicaci髇 o repetici髇 de aquellas. Y, de esta forma, disminuyen las posibilidades de alterar el relato que pueden conllevar, en ocasiones, las reiteraciones en el testimonio de los hechos sufridos, con el efecto adverso de propiciar un incremento de la victimizaci髇.

La disposici髇 adicional segunda establece la obligatoriedad de elaborar un diagn髎tico sobre la atenci髇 sociosanitaria a personas menores con trastornos de salud mental en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. Consecuentemente con ello, define los objetivos b醩icos que se persiguen con su elaboraci髇, adem醩 de estructurar su contenido y los criterios de actuaci髇 m韓imos que deben guiar su elaboraci髇.

La disposici髇 adicional tercera vincula la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022-2025, elaborada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Pol韙icas Sociales, con el r間imen jur韉ico que se articula en esta ley con relaci髇 a la estrategia integral que se prev para el mismo fin.

La disposici髇 adicional cuarta dirige al Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos el mandato de elaborar y proponer, en el marco de una comisi髇 mixta, los protocolos sectoriales de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia referidos en el art韈ulo 142 de esta ley, que deber醤 ser aprobados por el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia.

La disposici髇 adicional quinta concreta las pautas de actuaci髇 que deben guiar los procesos de revisi髇 y actualizaci髇 del com鷑mente denominado instrumento Balora y de los posteriores instrumentos t閏nicos que lo sustituyan.

La disposici髇 adicional sexta establece el plazo m醲imo en el que las administraciones sanitaria y educativa deber醤 realizar las actuaciones necesarias para otorgar una efectividad plena a las previsiones recogidas en la secci髇 5. del cap韙ulo IV del t韙ulo VI de esta ley en relaci髇 con las personas menores de edad sujetas a una medida de protecci髇. Dichas actuaciones contemplan medidas tales como la exigencia de identificar a estas personas por un distintivo diferenciador en el sistema inform醫ico de la red sanitaria, la gratuidad de todos los tratamientos farmacol骻icos necesarios para el restablecimiento de su salud f韘ica y mental, o la prioridad y la gratuidad de los servicios complementarios de comedor escolar y actividades extraescolares. Se pretende, con ello, reforzar la virtualidad jur韉ica de los preceptos que regulan el acceso preferente a servicios personas menores mencionados.

La disposici髇 adicional s閜tima articula el r間imen jur韉ico aplicable al traslado de personas menores migrantes sin referentes familiares desde otras comunidades aut髇omas a la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y en el propio 醡bito de nuestra Comunidad Aut髇oma.

La disposici髇 adicional octava se馻la las medidas cautelares que deben adoptar las diputaciones forales para asegurar la atenci髇 y protecci髇 de las personas menores de edad que hayan abandonado su pa韘 sin la compa耥a de sus personas progenitoras o tutores legales a causa de una crisis humanitaria que haya provocado un desplazamiento masivo de personas, como la que tuvo lugar por el conflicto b閘ico sufrido por Ucrania. En estos casos excepcionales, la atenci髇 se llevar a cabo mediante la asunci髇 de la guarda provisional. Asimismo, con el prop髎ito de evitar que la atenci髇 de las personas menores de edad desplazadas se lleve a cabo, o se prolongue, en recursos de acogimiento residencial, se establece la posibilidad de que las diputaciones forales puedan realizar una delegaci髇 cautelar de la guarda en familias que hayan mostrado su disposici髇 para su acogimiento temporal, siempre y cuando acrediten previamente el cumplimento de unos requisitos m韓imos.

La disposici髇 adicional novena habilita, en el marco de la acci髇 protectora de personas menores en situaci髇 de desprotecci髇, el desarrollo de iniciativas de car醕ter experimental que puedan aportar soluciones innovadoras y no conlleven una limitaci髇 de derechos superior a la prevista en la ley.

La disposici髇 adicional d閏ima recoge la referencia a la utilizaci髇, en este texto legal, de la expresi髇 玡ntidad p鷅lica de protecci髇 de menores, y a馻de, en aras de la debida seguridad jur韉ica, que corresponde a las diputaciones forales la emisi髇 de los informes referidos a la situaci髇 de las personas menores de edad que la legislaci髇 sectorial atribuya, de forma espec韋ica, a la mencionada entidad p鷅lica.

La disposici髇 adicional und閏ima establece que las referencias a los centros de acogimiento residencial en los que se presta el programa especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, contenidas en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social, deber醤 entenderse realizadas a los centros de protecci髇 espec韋icos de personas menores de edad con problemas de conducta regulados en la secci髇 8. del cap韙ulo IV del t韙ulo VI de esta ley.

La disposici髇 adicional duod閏ima atribuye la representaci髇 de los ayuntamientos en el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia y en el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia a la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito auton髆ico m醩 representativa y con mayor implantaci髇 en todo el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

La disposici髇 adicional decimotercera mandata al Gobierno Vasco para que, en el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de esta ley, proceda al dise駉, desarrollo, implementaci髇 y puesta en funcionamiento del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia.

La disposici髇 adicional decimocuarta atribuye a las diputaciones forales y a los ayuntamientos el deber de suministrar la informaci髇 que deba incorporarse, a nivel estatal, al 蚽dice de Tutelas de Menores, al Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia y al Registro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.

La disposici髇 adicional decimoquinta recoge el compromiso de realizar una evaluaci髇 de la implementaci髇 de la ley.

La disposici髇 adicional decimosexta mandata la actualizaci髇 en el plazo m醲imo de cuatro a駉s del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social.

Y, por 鷏timo, la disposici髇 adicional decimos閜tima prev los criterios de validaci髇 de los instrumentos t閏nicos previstos en esta ley.

Las disposiciones transitorias concretan la normativa a la que deber醤 sujetarse en su actuaci髇 la Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, hasta que se apruebe la regulaci髇 espec韋ica que les resulte de aplicaci髇.

La disposici髇 derogatoria 鷑ica deroga la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, adem醩 de todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la ley.

Por lo que a las disposiciones finales respecta, las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta dirigen al Gobierno Vasco sendos mandatos para aprobar, en el plazo concreto que se determine en cada caso, las normas o directrices para la realizaci髇 de la evaluaci髇 de impacto en la infancia y la adolescencia; la regulaci髇 de las unidades sociosanitarias residenciales para personas menores; la reglamentaci髇 espec韋ica del 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, del Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y del Foro de la Infancia y la Adolescencia, y la adecuaci髇 de la estructura del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, para lo cual se deber醤 realizar las oportunas modificaciones de la relaci髇 de puestos de trabajo.

La disposici髇 final quinta determina la normativa sectorial que resultar de aplicaci髇 supletoria en aquellas cuestiones no previstas en esta ley.

La disposici髇 final sexta habilita al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente ley y cuantas otras sean necesarias para su cumplimiento y desarrollo, as como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecuci髇 e implantaci髇.

Y, por 鷏timo, la disposici髇 final s閜tima regula la entrada en vigor de la ley.

T蚑ULO PRELIMINAR
OBJETO, 罬BITO Y EJES DE ACTUACI覰

CAP蚑ULO I
OBJETO Y 罬BITO

Art韈ulo 1.– Objeto

Es objeto de la presente ley:

  • a) Garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco el ejercicio efectivo de los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento jur韉ico.
  • b) Determinar las acciones que, desde un deber de corresponsabilidad, deben desarrollar los poderes p鷅licos vascos en los diferentes 醡bitos sectoriales de la acci髇 p鷅lica con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el apartado precedente.
  • c) Definir los principios de actuaci髇 y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇, as como las estructuras de coordinaci髇, colaboraci髇 y participaci髇.

Art韈ulo 2.– 羗bito

1.– La presente ley resulta aplicable a las personas menores de edad, con independencia de su nacionalidad, origen y situaci髇 administrativa, que residan o se encuentren en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

2.– Asimismo, la presente ley ser aplicable, en los supuestos y en los t閞minos que expresamente se prevean en ella, a:

  • a) El concebido o la concebida, a quien se le tendr por nacido o nacida conforme determina el C骴igo Civil, para todos los efectos que le sean favorables.
  • b) Las personas mayores de edad, cuando as se prevea expresamente en esta ley o cuando antes de alcanzar la mayor韆 de edad hayan sido objeto de alguna de las medidas administrativas o judiciales de protecci髇.
  • c) Las personas menores de edad con nacionalidad espa駉la que residan o se encuentren en el extranjero y que hayan sido objeto de alguna medida administrativa o judicial de protecci髇 previamente a su desplazamiento, cuando las diputaciones forales ostenten su tutela o guarda, o el padre, la madre o sus representantes legales residan en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • d) Las personas menores emancipadas.

3.– Quedar醤 sujetas a la presente ley las personas f韘icas y jur韉icas, p鷅licas o privadas, que act鷈n en el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y que, en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de sus actividades, adopten pol韙icas o decisiones o realicen intervenciones que incidan en la garant韆 del ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores de edad, o se relacionen de forma habitual con estas.

Art韈ulo 3.– Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia

1.– En el curso del procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones normativas de car醕ter general, consideradas estas de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 3 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones de car醕ter general, la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, a trav閟 del 髍gano administrativo que la promueva, evaluar el impacto potencial de la propuesta sobre la infancia y la adolescencia, en los t閞minos mencionados en el art韈ulo 15.3.h) de la citada ley.

2.– A tal efecto, las memorias del an醠isis de impacto normativo que deben acompa馻r a las disposiciones normativas incluir醤 una evaluaci髇 espec韋ica del impacto de la normativa sobre la infancia y la adolescencia, que permita medir y contrastar el cumplimiento del principio del inter閟 superior de la persona menor de edad. Para ello, desde una perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia, analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones, positivas o adversas, en el objetivo global de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos.

3.– El Gobierno Vasco, a propuesta del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y teniendo en cuenta el conocimiento acad閙ico y la evidencia cient韋ica, aprobar normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deber醤 seguir para la realizaci髇 de la evaluaci髇 de impacto en la infancia y la adolescencia y, en su caso, las normas que quedan exentas de la necesidad de hacer dicha evaluaci髇 de impacto.

4.– Los proyectos de disposiciones normativas de car醕ter general que se elaboren en el 醡bito de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma ser醤 informados por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en el sentido siguiente:

  • a) Verificar la correcta aplicaci髇 de lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo y en las normas o directrices a las que alude el apartado anterior.
  • b) En su caso, si procede, realizar propuestas de mejora que ayuden o contribuyan a eliminar, minimizar o reducir las repercusiones que las decisiones adoptadas en el 醡bito sectorial de que se trate puedan tener en la infancia y la adolescencia, buscando sinergias y evitando impactos negativos en el disfrute o el ejercicio de sus derechos.
V閍se la disposici髇 final s閜tima de la presente Ley, 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia. (獴.O.P.V. 29 febrero), que establece que las previsiones contenidas en el art韈ulo 3.4 producir醤 efectos a partir del 3 de enero de 2028.LE0000838262_20240829Ir a Norma

5.– En el caso de las disposiciones normativas promovidas por las diputaciones forales y los ayuntamientos, ser醤 sus 髍ganos competentes los responsables de garantizar la correcta aplicaci髇 de lo establecido en el presente art韈ulo. En todo caso, el cumplimento de esta obligaci髇 espec韋ica se realizar en el 醡bito de sus competencias de autoorganizaci髇, y sin perjuicio de su adecuaci髇 a las necesidades organizativas y funcionales que realicen en el ejercicio de sus competencias y a las especificidades formales y materiales que caracterizan a sus propias normas.

Art韈ulo 4.– Prioridad presupuestaria

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tendr醤 entre sus prioridades presupuestarias las actividades relacionadas con la promoci髇, la prevenci髇, la atenci髇 y la protecci髇 a la infancia y la adolescencia objeto de la presente ley, en aplicaci髇 del art韈ulo 4 de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉.

2.– Los presupuestos destinados a esta finalidad por las administraciones p鷅licas vascas deber醤 ser suficientes y sostenidos en el tiempo, y estar claramente identificados. A tal efecto, deber醤 incluirse en la fase de dise駉 y realizaci髇 de los presupuestos indicadores espec韋icos que posibiliten un control cierto y efectivo de la inversi髇 de recursos p鷅licos en la promoci髇, la prevenci髇, la atenci髇 y la protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

3.– Las administraciones p鷅licas vascas deber醤 establecer un sistema de seguimiento que permita supervisar y evaluar la adecuaci髇, eficacia y equidad de los recursos econ髆icos asignados a la infancia y la adolescencia en los presupuestos, as como de su distribuci髇 para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos, y, de forma particular, para el ejercicio de las funciones y la ejecuci髇 de las medidas previstas en la presente ley que tienen encomendadas.

Art韈ulo 5.– Deber de corresponsabilidad

1.– Las actuaciones de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia, el ejercicio efectivo de sus derechos y la asunci髇 de sus deberes y responsabilidades se enmarcan en un deber de corresponsabilidad que afecta a las propias personas menores, a sus familias, a los poderes p鷅licos, a las administraciones p鷅licas vascas, al sector privado, en especial, a las entidades del tercer sector social, y a la sociedad en su conjunto.

2.– A los efectos de esta ley, las referencias que se realizan en ella a las administraciones p鷅licas vascas comprenden tambi閚 a su respectiva administraci髇 institucional y las dem醩 entidades instrumentales adscritas o vinculadas a ellas.

3.– En coherencia con el principio de transversalidad de la infancia en todas las pol韙icas, establecido en el art韈ulo 13.e) de esta ley, todas las administraciones p鷅licas vascas deber醤 actuar, en sus respectivos 醡bitos sectoriales, desde ese deber de corresponsabilidad, asumiendo las competencias y las funciones que les son atribuidas en la presente ley, con el fin de que sus pol韙icas, estrategias y actuaciones converjan de forma articulada en las 醨eas de intervenci髇 correspondientes a la promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇, de tal forma que, sumadas, estructuren una atenci髇 integral y multisectorial a la infancia y la adolescencia.

4.– Este deber de corresponsabilidad deber alcanzar su m醲imo grado de eficacia en relaci髇 con las personas menores que se encuentren en situaciones o contextos de mayor vulnerabilidad; en particular, con vistas a la adopci髇 de medidas de prevenci髇, en los t閞minos en que se establecen en el art韈ulo 9 de esta ley, y, en su caso, de medidas de protecci髇 frente a situaciones de violencia o ante situaciones de desprotecci髇.

5.– Con el fin de garantizar la eficacia de esta articulaci髇, se establecer醤 cauces formales y 醙iles de colaboraci髇, cooperaci髇 y coordinaci髇 interinstitucional e intersectorial, y se implantar醤 instrumentos t閏nicos y protocolos de colaboraci髇 y cooperaci髇, en los t閞minos contemplados en el cap韙ulo I del t韙ulo VIII de esta ley.

6.– El deber de colaboraci髇, cooperaci髇 y coordinaci髇 referido en el apartado anterior ser tambi閚 de aplicaci髇 a las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil, que intervengan en la implementaci髇 de las pol韙icas p鷅licas, en la prestaci髇 de servicios o en la aplicaci髇 de medidas en materia de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 de la infancia y la adolescencia.

CAP蚑ULO II
DEFINICIONES Y EJES DE ACTUACI覰

Art韈ulo 6.– Conceptos

1.– A los efectos de la presente ley y de sus disposiciones de desarrollo, se atender a los siguientes conceptos:

  • a) Personas menores de edad: Personas que tengan una edad inferior a la mayor韆 de edad establecida en el C骴igo Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan alcanzado la mayor韆 de edad en virtud de lo dispuesto en la ley personal que les sea aplicable. En el caso de las disposiciones relativas a personas en conflicto con la ley penal, la minor韆 de edad se entender referida a la establecida en la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal. Todo ello deber entenderse sin perjuicio de lo que se establece en el art韈ulo 171.2 de esta ley en relaci髇 con los casos en los que no sea posible establecer con seguridad la mayor韆 de edad de una persona.
  • b) Ni駉s y ni馻s: Personas que se encuentren en la infancia, entendiendo por tal el per韔do de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce a駉s.
  • c) Adolescentes: Personas que se encuentren en la adolescencia, entendiendo por tal el per韔do de vida comprendido entre la edad de trece a駉s y la mayor韆 de edad establecida por ley o la emancipaci髇.
  • d) Concebido o concebida: Ser humano en proceso de gestaci髇, todav韆 no nacido.
  • e) Representantes legales: Personas que tengan atribuida la patria potestad en los t閞minos del art韈ulo 162 del C骴igo Civil, la tutela o el ejercicio de facultades inherentes a la tutela.

2.– En el marco de la presente ley, se aludir indistintamente a personas menores de edad o a ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Asimismo, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado a las personas progenitoras se entender醤 realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, atendiendo a los diversos modelos de familia que coexisten en nuestra sociedad.

3.– En iguales t閞minos, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado al padre o la madre se entender醤 realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, de acuerdo con quienes sean, en cada caso concreto de que se trate, las personas progenitoras de la persona menor.

Art韈ulo 7.– Ejes de actuaci髇

1.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 articular sus intervenciones en torno a los siguientes ejes de actuaci髇:

  • a) La promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia, del ejercicio efectivo de sus derechos y de la asunci髇 de sus deberes.
  • b) La prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 a situaciones perjudiciales para la salud, el desarrollo educativo, el bienestar material y la inclusi髇 social de las personas menores.
  • c) La prevenci髇, detecci髇, protecci髇 y, en su caso, recuperaci髇 integral en situaciones de violencia contra personas menores.
  • d) La prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 en situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇 y en situaciones de desprotecci髇, y, en su caso, la recuperaci髇 integral de las personas menores en dichas situaciones.
  • e) La prevenci髇 y la atenci髇 socioeducativa con personas menores en conflicto con la ley penal.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por recuperaci髇 integral el conjunto de las actuaciones dirigidas a la reparaci髇 del da駉 que haya podido sufrir la persona menor de edad o a la restituci髇 de los derechos que le hayan sido vulnerados a causa de una situaci髇 de violencia, desprotecci髇 o vulnerabilidad a la desprotecci髇.

Art韈ulo 8.– Promoci髇

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por promoci髇 el conjunto de pol韙icas, estrategias y actuaciones orientadas a los siguientes fines:

  • a) Favorecer y fomentar el conocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a las personas menores, as como la asunci髇 de sus deberes y responsabilidades.
  • b) Sensibilizar a la sociedad, en su conjunto, sobre tales derechos y deberes y sobre las necesidades de la poblaci髇 infantil y adolescente.
  • c) Favorecer la existencia de las condiciones necesarias y adecuadas para que el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas menores sea posible, y para que las personas menores alcancen un desarrollo pleno y arm髇ico.

2.– Las actuaciones de promoci髇 se regulan en el t韙ulo III de esta ley.

Art韈ulo 9.– Prevenci髇

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por prevenci髇 el conjunto de pol韙icas, estrategias y actuaciones que se articulan en los diferentes 醡bitos de actuaci髇 para evitar la aparici髇 de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar o perjudicar el adecuado desarrollo f韘ico y psicol骻ico de las personas menores, y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duraci髇. En todo caso, el desarrollo f韘ico y psicol骻ico incluye las 醨eas emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual.

2.– En este marco se contemplan tanto la acci髇 preventiva que, con car醕ter general, se desarrolla desde los diferentes 醡bitos de la acci髇 p鷅lica en relaci髇 con la poblaci髇 infantil y adolescente como la acci髇 preventiva desarrollada para prevenir situaciones en las que las personas menores vean vulnerados sus derechos b醩icos por actos de violencia o por situaciones de desprotecci髇.

3.– En relaci髇 con la acci髇 preventiva se desarrollar醤 dos tipos de estrategias:

  • a) Estrategias orientadas a potenciar los factores de protecci髇, muy directamente vinculadas a las estrategias de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia reguladas en el t韙ulo III de esta ley, como, en particular, actuaciones orientadas a mejorar el estado de salud, las condiciones de vida, la autoestima, la resiliencia, la capacidad para la resoluci髇 de problemas y de conflictos o las habilidades para la gesti髇 del estr閟.
  • b) Estrategias orientadas a controlar, mitigar o reducir circunstancias, condiciones y factores de riesgo, ya sean sociales, econ髆icos, institucionales, familiares o personales, evitando as que aparezcan o surjan amenazas, conductas, contextos o situaciones negativas que puedan dificultar u obstaculizar el desarrollo sano, integral, pleno y arm髇ico de las personas menores, es decir, potencialmente perjudiciales para su bienestar; y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duraci髇 en el tiempo.

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acci髇 preventiva, las administraciones p鷅licas vascas adoptar醤, en los diversos 醡bitos de actuaci髇 que se establecen en los t韙ulos IV, V, VI y VII de esta ley, instrumentos t閏nicos validados que, en relaci髇 con las diferentes situaciones cuya aparici髇 o desarrollo se desea prevenir, permitan identificar indicadores de riesgo, de uno u otro tipo, que determinen la aplicaci髇 de medidas de prevenci髇 espec韋icas respecto de las siguientes personas:

  • a) Subgrupos de la poblaci髇 infantil y adolescente que, por reunir determinadas caracter韘ticas o encontrarse en determinadas circunstancias, presentan mayor exposici髇 que la media de las personas de la misma edad a los factores de riesgo identificados y, por esa raz髇, se encuentran en situaci髇 de vulnerabilidad.
  • b) Personas menores que presentan una condici髇 determinada que las identifica individualmente como personas que presentan mayor vulnerabilidad a los factores de riesgo identificados.

5.– Las actuaciones de prevenci髇 deber醤 desarrollarse desde los diferentes 醡bitos sectoriales de la acci髇 p鷅lica con incidencia en el bienestar y en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, e incluir醤 tanto intervenciones dirigidas a prevenir y detectar situaciones perjudiciales que, por su naturaleza, sean propias de su 醡bito de actuaci髇 como actuaciones dirigidas a contribuir a la prevenci髇 y detecci髇 de situaciones perjudiciales o potencialmente perjudiciales que, aunque por su naturaleza no sean propias o exclusivas de dicho 醡bito, s sean susceptibles de prevenci髇 o de detecci髇 desde aquel.

6.– Las actuaciones de prevenci髇 se regulan en los t韙ulos IV, V, VI y VII para los distintos tipos de situaciones perjudiciales a cuya prevenci髇 se orientan en cada caso.

Art韈ulo 10.– Atenci髇

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por atenci髇 el conjunto de pol韙icas, estrategias y actuaciones que desarrollan las administraciones p鷅licas vascas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las personas menores, as como su desarrollo integral y arm髇ico, cuando se han producido situaciones perjudiciales no asociadas a situaciones de violencia o de desprotecci髇, tales como:

  • a) La atenci髇 sanitaria, cuando se ha diagnosticado una enfermedad o un trastorno.
  • b) La atenci髇 educativa orientada a corregir situaciones de desescolarizaci髇, absentismo o fracaso escolar.
  • c) La atenci髇 de los servicios sociales, cuando es necesario adoptar medidas de intervenci髇 familiar en casos en los que se observa una necesidad de apoyo para la convivencia y para el ejercicio positivo de la parentalidad, o cuando concurren circunstancias perjudiciales para el bienestar material y la inclusi髇 social de la infancia y la adolescencia.

2.– Las actuaciones de atenci髇 se regulan, principalmente, en el t韙ulo IV. No obstante, las intervenciones previstas tambi閚 ser醤 aplicables a los t韙ulos V y VI, referidos a las situaciones de violencia contra la infancia y a las situaciones de desprotecci髇, cuando sean necesarias para la detecci髇, atenci髇 inmediata, protecci髇 o recuperaci髇 integral de las personas menores.

Art韈ulo 11.– Protecci髇 contra la violencia

1.– La protecci髇 frente a la violencia contra las personas menores se conforma por el conjunto de pol韙icas, procedimientos y actuaciones de las administraciones p鷅licas vascas que deben desarrollarse desde la prevenci髇 hasta cuando una persona menor es v韈tima de cualquier forma de violencia o est en riesgo de serlo, independientemente del 醡bito en el que se produzca la violencia, ya sea escolar, comunitario, deportivo, familiar u otro. Las personas progenitoras recibir醤 el apoyo necesario en materia de protecci髇 frente a la violencia, incluyendo la prevenci髇 de esta mediante la creaci髇 de entornos seguros, para desarrollar de forma adecuada las responsabilidades parentales que tengan asumidas.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por violencia, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado espa駉l, toda acci髇, omisi髇 o trato negligente, realizado por una persona adulta o por otra persona menor de edad, que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo f韘ico, ps韖uico o social, con independencia de su forma y medio de comisi髇, incluida la realizada a trav閟 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, especialmente la violencia digital, y del hecho de que sea ejercida de forma espor醖ica, habitual o continuada, o de si se produce dentro o fuera del 醡bito familiar.

En todo caso, se entender por violencia el maltrato f韘ico o psicol骻ico; los castigos f韘icos humillantes o denigrantes; el descuido o trato negligente; las amenazas, injurias y calumnias; la explotaci髇; la violencia sexual; las agresiones y los abusos sexuales; la corrupci髇; la prostituci髇; la explotaci髇 sexual, el acoso sexual, el acoso escolar y el ciberacoso; la mutilaci髇 genital femenina; la trata de seres humanos con cualquier fin; el matrimonio infantil; la pornograf韆 infantil y el acceso no consentido o solicitado a la pornograf韆; la violencia de g閚ero; la violencia machista contra las mujeres; los delitos de odio; la extorsi髇 sexual; la difusi髇 p鷅lica de datos privados, lo que comprende datos de violencia sexual, as como la presencia de cualquier comportamiento violento en su 醡bito familiar.

3.– Se entiende por violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier 醡bito p鷅lico o privado, incluyendo el 醡bito digital. En todo caso, se consideran actos de naturaleza sexual los delitos previstos en el t韙ulo VIII del libro II de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, la mutilaci髇 genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotaci髇 sexual y la trata con fines de explotaci髇 sexual.

Art韈ulo 12.– Protecci髇 ante situaciones de desprotecci髇

1.– La situaci髇 de desprotecci髇 en la que pueda encontrarse una persona menor de edad comprende, en los t閞minos y con el alcance que se regulan en la presente ley:

  • a) La situaci髇 de riesgo, en cualquiera de los niveles en el que haya sido calificada, incluidas dentro de esta las posibles situaciones de riesgo prenatal.
  • b) La situaci髇 de desamparo.

2.– La protecci髇 ante situaciones de desprotecci髇 se conforma por el conjunto de pol韙icas, procedimientos y actuaciones que se aplican, en el marco del sistema de protecci髇 de las personas menores de edad, cuando estas 鷏timas se encuentran en su 醡bito familiar, bien en una situaci髇 de riesgo, bien en una situaci髇 de desamparo, como consecuencia del incumplimiento o del imposible o inadecuado cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en el padre y la madre, las representantes y los representantes legales, o las personas acogedoras y guardadoras, en los t閞minos definidos en los art韈ulos 176 y 187 de esta ley.

T蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAP蚑ULO I
PRINCIPIOS

Art韈ulo 13.– Principios de actuaci髇

En el ejercicio de sus competencias en promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, las administraciones p鷅licas vascas ajustar醤 su actuaci髇 a los siguientes principios, sin perjuicio de otros que, con car醕ter espec韋ico, se contemplen en otros t韙ulos de esta ley y de los establecidos en las leyes sectoriales vigentes en los diversos 醡bitos implicados:

  • a) Principio de garant韆 de derechos como eje central de las actuaciones, en virtud del cual el reconocimiento de las personas menores como sujetos de derechos, y el respeto, la promoci髇 y la defensa de sus derechos individuales y colectivos deben situarse en el centro de todas las actuaciones y de todas las decisiones, tanto en el medio familiar y en los dem醩 contextos de vida y relaci髇 como en el marco de los servicios a los que acceden y de los procedimientos en los que intervienen.
  • b) Principio de garant韆 de accesibilidad, en virtud del cual los poderes p鷅licos deben arbitrar las medidas que resulten necesarias para garantizar que las personas menores con discapacidad puedan disfrutar de condiciones de accesibilidad en su vivienda, as como acceder a todos los entornos f韘icos p鷅licos, de uso p鷅lico o abiertos al p鷅lico, en condiciones de igualdad con las dem醩 personas. La implementaci髇 de este principio conlleva la eliminaci髇 de las barreras que impidan o dificulten el acceso, la realizaci髇 de las adaptaciones y los ajustes razonables que resulten precisos, y la puesta a disposici髇 de los instrumentos o productos de apoyo que requieran para posibilitar y facilitar su movilidad y su comunicaci髇; en particular, servicios auxiliares para la comunicaci髇, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de f醕il acceso, sistemas de apoyos a la comunicaci髇 oral y lengua de signos, sistemas de comunicaci髇 t醕til y otros dispositivos que permitan la comunicaci髇.
  • c) Principio de equidad, en virtud del cual deben dise馻rse e implementarse pol韙icas universales asociadas a medidas de acci髇 positiva, dirigidas a personas menores que se encuentren en situaci髇 de desventaja o de vulnerabilidad por cualquier causa, y orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a romper el ciclo intergeneracional de desigualdad y discriminaci髇. Para ello, todas las pol韙icas que se desarrollan en esta ley deber醤 estar dise馻das con un enfoque interseccional.
  • d) Principio de relevancia del capital social de la comunidad como agente de promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇, en virtud del cual se considera que criar y educar es una responsabilidad colectiva, en la que deben involucrarse activamente, adem醩 de las familias y de los agentes educativos, el conjunto de los agentes sociales de la comunidad, y que las personas menores est醤 expuestas a menos riesgos si existen estructuras comunitarias protectoras que velan por ellas, si sus familias est醤 s髄idamente ancladas en sus entornos y vinculadas con aquellos, y si reciben apoyo de una red amplia de agentes formales e informales del territorio cuando experimentan necesidades. Desde esta 髉tica, debe adoptarse, asimismo, un enfoque comunitario de la atenci髇 en virtud del cual se favorecer que la prestaci髇 de los servicios p鷅licos, cuando su naturaleza lo permita, responda a criterios de descentralizaci髇.
  • e) Principio de transversalidad de la infancia en todas las pol韙icas, en cuyo marco se propugna la incorporaci髇, en todas las pol韙icas p鷅licas, de un enfoque de promoci髇 de los derechos de la infancia y la adolescencia, y de prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 frente a situaciones susceptibles de perjudicar o vulnerar tales derechos, de tal forma que, en su dise駉, planificaci髇 e implementaci髇, se tomen en consideraci髇, de forma sistem醫ica, las repercusiones que las decisiones adoptadas en distintos 醡bitos sectoriales pueden tener en la infancia y la adolescencia, a fin de buscar sinergias y evitar impactos negativos. Para poder llevarlo a cabo, se habilitar醤 formaciones para diferentes profesionales con el fin de cumplir los principios de la ley y poder desarrollarlos de manera eficaz.
  • f) Principio de participaci髇 y ciudadan韆 activa, en virtud del cual se reconoce la capacidad que tienen las personas menores, en funci髇 de su edad y madurez, para conocer los problemas que les afectan y contribuir a encontrar soluciones; y, consecuentemente, participar activamente en la construcci髇 de una sociedad m醩 justa, solidaria, sostenible y democr醫ica.
  • g) Principio de enfoque intergeneracional e intercultural, en virtud del cual se propicia, mediante la eliminaci髇 de las barreras sociales, el aprendizaje conjunto y el enriquecimiento mutuo como valores necesarios para garantizar la cohesi髇 social.
  • h) Principio de integralidad de las pol韙icas, en virtud del cual las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deben asegurar el pleno ejercicio de los derechos que se establecen en la presente ley, a trav閟 de pol韙icas integrales de car醕ter transversal.
  • i) Principio de planificaci髇 interinstitucional e intersectorial, en virtud del cual, con el fin de garantizar la coherencia de la acci髇 p鷅lica y la implementaci髇 efectiva del car醕ter integral de las pol韙icas referido en la letra precedente, deben definirse los objetivos que se pretenden alcanzar; los recursos econ髆icos estimados para ello; los indicadores geogr醘icos, poblacionales y sociales a considerar en la valoraci髇 del grado de consecuci髇 de dichos objetivos y las medidas a arbitrar para ello desde un enfoque de transversalidad e interdisciplinariedad.
  • j) Principio de eficiencia, en virtud del cual debe procurarse la mejor organizaci髇 y el aprovechamiento integral y racional de los recursos disponibles, tanto formales o informales como p鷅licos o privados, que intervienen en los diversos 醡bitos sectoriales, con el fin de garantizar su aplicaci髇 m醩 eficaz a la satisfacci髇 de las necesidades.
  • k) Principio de conocimiento y evaluaci髇, en virtud del cual debe procurarse un conocimiento riguroso de la realidad social y de su evoluci髇 como base de las pol韙icas orientadas a la infancia y la adolescencia, as como de la inversi髇 p鷅lica realizada, mediante un control de las dotaciones presupuestarias, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 4 de esta ley. Asimismo, deben evaluarse las pol韙icas aplicadas y las planificaciones dise馻das, con el fin de valorar su nivel de implementaci髇 y el grado de eficiencia de las medidas adoptadas.
  • l) Principio de mejora continua, en virtud del cual debe fomentarse la mejora continua de las pol韙icas que inciden en la infancia y la adolescencia y de la calidad de las actuaciones y de los servicios desarrollados para la promoci髇 de sus derechos y para la prevenci髇, la detecci髇, la atenci髇 y la protecci髇 a personas menores ante situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo, su bienestar material y ambiental y su inclusi髇 social o ante situaciones de violencia y de desprotecci髇 que vulneran sus derechos.
  • m) Principio de multidisciplinariedad de las intervenciones, en virtud del cual debe promoverse el trabajo en equipo y la integraci髇 de las aportaciones de las personas profesionales de diversas disciplinas, con el fin de garantizar el car醕ter integral de la atenci髇.
  • n) Principio de especializaci髇 de las personas profesionales, en virtud del cual debe garantizarse una formaci髇 especializada, inicial y continua, en materia de derechos y bienestar de la infancia y de la adolescencia tanto a las personas que intervienen en el dise駉 de pol韙icas y de planificaciones que tienen un impacto en el bienestar de la infancia y la adolescencia como a las personas profesionales que, en el marco de su actividad profesional, tienen relaci髇 habitual con personas menores.
  • o) Principio de promoci髇 de la parentalidad positiva o del ejercicio positivo de la parentalidad, en virtud del cual deben adoptarse medidas tendentes a promover un comportamiento del padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y guardadoras fundamentado en el inter閟 superior de la persona menor de edad y orientado a que la persona menor crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya la educaci髇 en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientaci髇, y permita su pleno desarrollo en todos los 髍denes.
  • p) Principio de orientaci髇 eminentemente educativa de las actuaciones y de las medidas, en todos los 醡bitos de actuaci髇, con vistas a promover las potencialidades personales de las personas menores y sus capacidades de aprendizaje, y favorecer as un desarrollo integral y arm髇ico, la plena inclusi髇 social y la participaci髇 activa.
  • q) Principio de prioridad a la promoci髇, la prevenci髇 y la detecci髇 precoz, en virtud del cual deben potenciarse actuaciones de promoci髇 orientadas a favorecer el bienestar de la infancia y la adolescencia y el ejercicio efectivo de los derechos y acciones de prevenci髇 dirigidas a evitar que se produzcan situaciones que limiten, impidan o perjudiquen el ejercicio efectivo de los derechos o que los vulneren, y, en el caso de que se produzcan, a detectarlas precozmente; en particular, situaciones en las que las personas menores sean v韈timas de cualquier forma de violencia o se encuentren en riesgo o en situaci髇 de desprotecci髇.
  • r) Principio de garant韆 procedimental, en virtud del cual debe garantizarse que la toma de decisiones que afecten a personas menores se realizar mediante procedimientos reglados, no arbitrarios, eficaces, 醙iles y acordes con los principios de econom韆 procedimental, celeridad y transparencia, adaptados a las caracter韘ticas y necesidades de la persona menor de edad, a sus circunstancias y a sus derechos, evitando las duplicidades y, en particular, situaciones que conlleven la revictimizaci髇 o victimizaci髇 secundaria.
  • s) Principio de tratamiento adecuado de la informaci髇, en virtud del cual debe garantizarse el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de la informaci髇, tanto por parte de las administraciones p鷅licas y de las personas que, por su cargo, profesi髇, oficio o actividad, accedan a informaci髇 confidencial como por parte de los medios de comunicaci髇 social, con el fin de que la informaci髇 que ofrezcan en ning鷑 caso afecte al derecho de las personas menores al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  • t) Principio de perspectiva de g閚ero, en virtud del cual las administraciones p鷅licas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, deber醤 tener en cuenta, de forma sistem醫ica, en las pol韙icas y acciones dirigidas a las personas menores de edad, las diferentes situaciones, condiciones, objetivos y necesidades de mujeres y hombres, a todos los niveles y en todas sus fases de planificaci髇, ejecuci髇 y evaluaci髇.

Art韈ulo 14.– Colaboraci髇 con la iniciativa social y mercantil

1.– Los servicios prestados por entidades privadas, ya sean de iniciativa social, ya sean de car醕ter mercantil, en los diferentes 醡bitos de la atenci髇 contemplados en la presente ley quedar醤 sujetos a las actuaciones de autorizaci髇, registro, homologaci髇 e inspecci髇 que se contemplen en la normativa sectorial que corresponda en cada caso.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior ser aplicable tanto a los servicios que se presten en recursos residenciales como cuando no requieran de ellos para su prestaci髇.

Art韈ulo 15.– Fomento de la iniciativa social sin 醤imo de lucro

1.– Las administraciones p鷅licas vascas podr醤 fomentar o apoyar la prestaci髇 de servicios no contemplados en la presente ley como parte de los servicios de responsabilidad p鷅lica, as como el dise駉 y realizaci髇 de otras actividades, cuando estos se adecuen a las orientaciones generales contempladas en la planificaci髇 estrat間ica de cada uno de los 醡bitos de actuaci髇, y sean desarrolladas por entidades de iniciativa social sin 醤imo de lucro, independientemente de cu醠 sea su forma jur韉ica.

2.– Ser醤 objeto de especial consideraci髇 las siguientes actividades:

  • a) Las actividades innovadoras y experimentales en relaci髇 con la puesta en marcha de nuevas ayudas o servicios de atenci髇.
  • b) Las actividades de apoyo al servicio asociativo y de promoci髇 de la participaci髇 ciudadana, en particular mediante el fomento del asociacionismo de personas menores.
  • c) Las actividades de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 orientadas a la mejora de la planificaci髇 y la organizaci髇 de los servicios, de la calidad de la atenci髇 y de las pr醕ticas profesionales.

3.– Las acciones de fomento podr醤 articularse mediante la concesi髇 de subvenciones o el establecimiento de convenios de colaboraci髇, que podr醤 tener car醕ter plurianual, de acuerdo en ambos casos a lo dispuesto en la legislaci髇 vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicaci髇.

4.– En el marco de sus acuerdos de colaboraci髇 con entidades de iniciativa social sin 醤imo de lucro, las administraciones p鷅licas vascas velar醤, en el 醡bito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones de autorizaci髇, inspecci髇 y homologaci髇, por la adecuaci髇 de las intervenciones desarrolladas y por la idoneidad del personal, profesional o voluntario, que intervenga en la atenci髇 a personas menores.

CAP蚑ULO II
DEBER DE COMUNICACI覰 Y DEBER DE RESERVA

Art韈ulo 16.– Deber de comunicaci髇 de la ciudadan韆

1.– Toda persona, f韘ica o jur韉ica, que advierta indicios o tenga sospechas de una posible situaci髇 de violencia ejercida sobre una persona menor o, en su caso, detecte una posible situaci髇 de desprotecci髇 de una persona menor de edad deber comunicarlo, de forma inmediata, a la autoridad competente, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2.– Asimismo, esta obligaci髇 de comunicaci髇 existe cuando se advierta la existencia de contenidos disponibles en redes sociales o en Internet que constituyan una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.

3.– Si los hechos pueden ser constitutivos de delito, deber comunicarlo a la Ertzaintza o a la Polic韆 local, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atenci髇 inmediata que la v韈tima precise.

4.– En particular, si los hechos detectados son indicativos de una posible situaci髇 de desprotecci髇, deber comunicarlo, de forma inmediata, a los servicios sociales municipales, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo tambi閚 en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5.– En cualquier caso, cuando tenga conocimiento de que una persona menor de edad no est escolarizada o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificaci髇 durante el per韔do obligatorio, deber comunicarlo a la Administraci髇 educativa, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo tambi閚 en conocimiento de los servicios sociales.

Art韈ulo 17.– Deber de comunicaci髇 cualificado

1.– El deber de comunicaci髇 previsto en el art韈ulo anterior es especialmente exigible a las siguientes personas cuando, por raz髇 de su cargo, profesi髇 o funciones, oficio o actividad, tengan conocimiento de una situaci髇 de violencia ejercida sobre una persona menor de edad o de una posible situaci髇 de desprotecci髇 de esta 鷏tima:

  • a) Las autoridades, as como las personas empleadas p鷅licas.
  • b) El personal de la Ertzaintza y de la Polic韆 local.
  • c) El personal de los servicios sociales; en especial, el personal t閏nico que intervenga en el 醡bito de la prevenci髇 y la protecci髇 de las situaciones de violencia y de desprotecci髇 que afecten a la infancia y la adolescencia.
  • d) El personal sanitario de los servicios de salud, p鷅licos y privados.
  • e) El personal, tanto docente como no docente, de los centros educativos, y, en especial, la persona coordinadora de bienestar y protecci髇.
  • f) Las personas que trabajen en recursos de acogimiento residencial para personas menores de edad en situaci髇 de desprotecci髇, y en centros destinados a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • g) Las personas que trabajen en establecimientos, p鷅licos o privados, en los que se encuentren, habitual o temporalmente, personas menores.
  • h) Las personas que trabajen en centros de acogida de asilo y atenci髇 humanitaria en los que se encuentren personas menores.
  • i) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, p鷅licos o privados, que desarrollen actividades de educaci髇 f韘ica o deportivas con personas menores de edad.
  • j) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, p鷅licos o privados, que desarrollen actividades de ocio con personas menores de edad.
  • k) Las personas que trabajen en servicios p鷅licos y privados en los que se desarrollen funciones directamente vinculadas con la prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 en el 醡bito de la infancia y la adolescencia.

2.– Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tengan conocimiento o adviertan indicios de la existencia de una posible situaci髇 de violencia ejercida contra una persona menor de edad o de una posible situaci髇 de desprotecci髇, deber醤 comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.

3.– Asimismo, cuando a causa de dicha violencia pueda resultar amenazada la integridad, la salud o la seguridad de la persona menor, deber醤 comunicarlo, de forma inmediata, a la Ertzaintza o a la Polic韆 local, as como al Ministerio Fiscal.

4.– Igualmente, deber醤 comunicar, de forma inmediata, a la Agencia Vasca de Protecci髇 de Datos las posibles infracciones de la normativa sobre protecci髇 de datos personales de una persona menor de edad o que afecten a los derechos de esta.

5.– En todo caso, el personal sanitario pondr inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav閟 del Ministerio Fiscal, aquellas situaciones en las que haya una negativa a los tratamientos m閐icos necesarios para salvaguardar la vida o integridad f韘ica o ps韖uica de la persona menor. Y, simult醤eamente, le notificar estas mismas situaciones a la diputaci髇 foral competente, que valorar si es necesaria una intervenci髇 adicional a las medidas que se adopten judicialmente.

6.– En los casos de mujeres gestantes en los que se valore que existe una situaci髇 de alto riesgo para la salud y las condiciones b醩icas de seguridad del beb o de la beb tras el nacimiento debido a los comportamientos durante el embarazo que lo colocan claramente en riesgo de enfermedades o anomal韆s f韘icas, mentales o sensoriales severas, la notificaci髇 se realizar, directamente, al servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de la diputaci髇 foral competente, sin perjuicio de la notificaci髇 al Ministerio Fiscal.

7.– En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo deber醤 prestar a la persona menor la atenci髇 inmediata que precise, facilitar toda la informaci髇 de que dispongan, as como prestar su m醲ima colaboraci髇 a las autoridades u 髍ganos competentes.

8.– A los efectos anteriores, las administraciones p鷅licas competentes establecer醤 mecanismos adecuados para la notificaci髇 de sospecha de casos de personas menores de edad que sean v韈timas de violencia y de una situaci髇 de desprotecci髇, y el intercambio de informaci髇 entre las distintas personas profesionales que deban intervenir.

Art韈ulo 18.– Tratamiento de datos fundado en una obligaci髇 legal para el ejercicio de funciones p鷅licas

1.– Para la aplicaci髇 y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el t韙ulo VI de esta ley, y, en especial, para la adopci髇 de las medidas de protecci髇 que se contemplan respecto de las personas menores de edad, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 8 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, los ayuntamientos y las diputaciones forales, en el 醡bito de sus competencias de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, podr醤 solicitar, sin el consentimiento de la persona interesada o afectada y, en su caso, del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras, la informaci髇 o los datos que resulten necesarios para valorar la situaci髇 de la persona menor, y, en coherencia con ello, proceder a la recogida y al tratamiento de la informaci髇 o de los datos recabados.

2.– La informaci髇 o los datos podr醤 estar referidos tanto a la persona menor de edad como a sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras; y, en todo caso, deber醤 solicitarse de forma focalizada, especific醤dose, de forma expresa, el tipo y car醕ter de la informaci髇 que se solicita y con qu finalidad. Y, de otro lado, la informaci髇 o los datos que se faciliten deber醤 ser adecuados a la solicitud realizada, pertinentes y no excesivos en relaci髇 con la finalidad para la que se solicitan.

3.– En particular, estar醤 obligadas a facilitar la informaci髇 solicitada las personas profesionales de los servicios sociales municipales, de los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, de los sistemas sanitario y educativo, de la Ertzaintza y la Polic韆 local, y de las entidades privadas.

4.– La informaci髇 o los datos recabados por los servicios sociales municipales y por los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia podr醤 utilizarse 鷑ica y exclusivamente para la adopci髇 de las medidas de protecci髇 establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garant韆 del inter閟 superior de la persona menor de edad, y solo podr醤 ser comunicados a las administraciones o entidades p鷅licas de protecci髇 de menores que hayan de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los 髍ganos judiciales.

5.– Asimismo, la informaci髇 o los datos recabados podr醤 ser cedidos, sin consentimiento de las personas interesadas, al Ministerio Fiscal, que los tratar para el ejercicio de las funciones que le atribuye el ordenamiento jur韉ico vigente para velar por la defensa de los derechos de las personas menores de edad.

Art韈ulo 19.– Comunicaci髇 por parte de personas menores

1.– Las personas menores que sean v韈timas de violencia o que presencien alguna situaci髇 de violencia sobre otra persona menor de edad, as como las que consideren encontrarse en situaci髇 de desprotecci髇 o sospechen que otra persona menor de edad se encuentra en tal situaci髇, podr醤 comunicarlo, personalmente o a trav閟 de las personas progenitoras o cuidadoras, o de otra persona de su confianza y elecci髇, siempre que no se observe que puede ser un riesgo para su inter閟 superior, a los servicios sociales, tanto municipales como territoriales, a la Ertzaintza o la Polic韆 local, as como al Ministerio Fiscal.

2.– Con el fin de facilitar dicha comunicaci髇, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, pondr a disposici髇 de las personas menores un servicio de orientaci髇, asesoramiento e informaci髇 telef髇ico o telem醫ico, confidencial y an髇imo, as como mecanismos o canales de informaci髇 y denuncia seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles. Este servicio tendr que publicitarse de forma que se d a conocer a la ciudadan韆 y coordinarse con los distintos servicios, sistemas y administraciones p鷅licas e instituciones que resulten competentes, a fin de que se activen los recursos necesarios para garantizar una protecci髇 efectiva de la persona menor.

3.– Los centros educativos, en el marco de las actuaciones de prevenci髇 referidas en el art韈ulo 134 de esta ley, informar醤 a su alumnado acerca de c髆o pueden comunicar situaciones de violencia que observen en la escuela, ya sea dentro del horario escolar o finalizado este, o fuera de ella.

4.– Las organizaciones deportivas y de ocio educativo y tiempo libre, en el marco de las actuaciones de prevenci髇 previstas en el art韈ulo 136 de esta ley, informar醤 a las personas menores acerca de c髆o pueden comunicar situaciones de violencia que observen.

5.– Los establecimientos p鷅licos o privados en los que habitualmente residan personas menores de edad les facilitar醤 en el momento de su ingreso toda la informaci髇 referente a los procedimientos de comunicaci髇 de situaciones de violencia aplicados en el centro, as como de las personas responsables en este 醡bito; dicha informaci髇 se mantendr permanentemente actualizada. Asimismo, se adoptar醤 las medidas necesarias para asegurar que las personas menores puedan consultarla libremente en cualquier momento.

6.– En todo caso, la previsi髇 recogida en el apartado anterior ser aplicable a centros educativos que cuenten con plazas en r間imen de internado, a centros de acogimiento residencial del 醡bito de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia y a centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, o a cualquier otro tipo de centro que ofrezca atenci髇 residencial a personas menores de edad.

Art韈ulo 20.– Confidencialidad y seguridad en las comunicaciones

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus competencias, adoptar醤 las siguientes medidas dirigidas a asegurar la confidencialidad, protecci髇 y seguridad en las comunicaciones de situaciones de violencia o desprotecci髇 que afecten a las personas menores de edad:

  • a) Establecer醤 mecanismos seguros, eficaces, adaptados y accesibles para garantizar la confidencialidad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes situaciones de violencia o desprotecci髇 ejercida o que afecten a personas menores.
  • b) Cuando la persona informante sea menor de edad, e independientemente de que informe de una situaci髇 de violencia o desprotecci髇 que le afecte a ella misma, directa o indirectamente, o a otra persona menor de edad, los mecanismos para garantizar la confidencialidad deber醤 ajustarse a las condiciones establecidas en el art韈ulo 26.2 de esta ley. Asimismo, deber醤 posibilitar a la persona menor de edad estar acompa馻da de una persona de su confianza que ella misma designe.
  • c) Velar醤 por la seguridad de las autoridades, de las personas profesionales vinculadas por el deber de comunicaci髇 cualificado y de los servicios p鷅licos y personas f韘icas que, en el ejercicio de su deber de comunicaci髇, hayan puesto en conocimiento de la autoridad competente una posible situaci髇 de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, o de desprotecci髇 en la que esta se encuentre. En particular, velar醤 por la seguridad de aquellas que por su profesi髇 o funciones est閚 en relaci髇 con la persona menor, en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.

2.– Los centros educativos y los centros en los que habitualmente se encuentren personas menores de edad adoptar醤 todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protecci髇 de las personas menores que comuniquen una situaci髇 de violencia.

3.– La Ertzaintza y la Polic韆 local adoptar醤, de forma inmediata, todas las medidas provisionales de protecci髇 de las personas denunciantes que resulten adecuadas y pertinentes en atenci髇 a las circunstancias del caso.

4.– La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podr acordar las medidas de protecci髇 previstas en la Ley Org醤ica 19/1994, de 23 de diciembre, de protecci髇 a testigos y peritos en causas criminales, cuando lo estime necesario en atenci髇 al riesgo o peligro que derive de la formulaci髇 de denuncia de una situaci髇 de violencia contra personas menores.

Art韈ulo 21.– Deber de reserva

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, las entidades privadas, y las personas profesionales que intervengan en el 醡bito de la prevenci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia o en la detecci髇, la intervenci髇 y la recuperaci髇 de las personas menores v韈timas de violencia, as como en el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la protecci髇 de personas menores en riesgo o situaci髇 de desamparo, deber醤 adoptar las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de la informaci髇 con la que cuenten, as como de los ficheros y registros en los que conste dicha informaci髇, en los t閞minos regulados en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, sin que, en ning鷑 caso, puedan difundir datos personales de aquellas ni otras informaciones que permitan su identificaci髇.

2.– El deber de reserva regulado en el apartado anterior se hace extensivo, en especial, a las autoridades y a las personas que, por su profesi髇, oficio o funciones o actividades que desarrollan, conozcan casos en que podr韆 existir o se haya constatado un caso de violencia o una situaci髇 de riesgo o de desamparo, o tengan acceso a la informaci髇 mencionada en el p醨rafo anterior.

3.– En aquellos casos en los que exista un conflicto entre el inter閟 superior de la persona menor de edad y el deber de confidencialidad de la informaci髇 establecido en materia de protecci髇 de datos personales, primar el inter閟 superior de la persona menor de edad.

T蚑ULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS MENORES

CAP蚑ULO I
DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES

SECCI覰 1
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 22.– Instrumentos jur韉icos de reconocimiento de derechos de las personas menores

1.– Las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco son titulares de los derechos y libertades que reconocen los tratados internacionales, especialmente la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y la Convenci髇 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ambas de las Naciones Unidas), el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Ni駉s y el Convenio relativo a la Protecci髇 de los Ni駉s contra la Explotaci髇 y el Abuso Sexual (ambos del Consejo de Europa); la Carta Europea de los Derechos del Ni駉, de la Uni髇 Europea; la Constituci髇 espa駉la; la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y el ordenamiento jur韉ico en su conjunto.

2.– La presente ley y sus normas de desarrollo se interpretar醤 de conformidad con dicho ordenamiento.

3.– Todos los derechos contemplados para las personas menores en la presente ley deber醤 entenderse e interpretarse sin m醩 limitaciones que las establecidas legalmente, as como a la luz del derecho de igualdad y no discriminaci髇 establecido en el art韈ulo 25 de esta ley y de los principios de garant韆 de accesibilidad y de equidad establecidos en las letras b) y c) del art韈ulo 13 de esta misma ley.

Art韈ulo 23.– Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos

1.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, y su defensa, las personas menores tienen derecho, a su vez, a recibir de las administraciones p鷅licas la informaci髇 en formato accesible, comprensible y adaptado a sus circunstancias, y, en su caso, en la lengua oficial que elijan, adem醩 del apoyo y la asistencia adecuada cuando ello sea necesario. A tales efectos, podr醤:

  • a) Solicitar la protecci髇 y tutela de las administraciones p鷅licas que resulten competentes en cada caso.
  • b) Poner en conocimiento de los servicios sociales, la Ertzaintza o la Polic韆 local, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos, con la finalidad de que estos promuevan las acciones oportunas.
  • c) Plantear sus quejas ante la instituci髇 del Ararteko.
  • d) Solicitar de las administraciones p鷅licas los recursos sociales que sean necesarios para el ejercicio efectivo de sus derechos.
  • e) Solicitar asistencia legal para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias, encaminadas a la protecci髇 y defensa de sus derechos e intereses, en los t閞minos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur韉ica Gratuita.
  • f) Solicitar la defensa de sus derechos e intereses a trav閟 de una persona defensora judicial. A tal efecto, en aquellos casos en los que pueda existir un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y la persona o personas titulares de la patria potestad, la tutela o la guarda, o entre aquella y la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores bajo cuya guarda o tutela se encuentre, deber inform醨sele de su derecho a contar con una persona defensora judicial en los t閞minos previstos en la legislaci髇 vigente.

    En todo caso, cuando una persona menor de edad que est bajo la guarda o tutela de una entidad p鷅lica de protecci髇 de menores denuncie a esta, al personal a su servicio o a las personas que desempe馿n sus funciones en los servicios o recursos de la entidad por el hecho de haber ejercido violencia contra ella, se entender que existe un conflicto de intereses entre la persona menor y la entidad p鷅lica.

  • g) Presentar denuncias individuales ante el Comit de Derechos del Ni駉, en los t閞minos contemplados en la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sus tres protocolos facultativos.

2.– En todo procedimiento judicial, de cualquier orden jurisdiccional, o administrativo en el que pueda adoptarse una resoluci髇, medida o decisi髇 atendiendo al inter閟 superior de la persona menor de edad, deber garantizarse la participaci髇 de esta, as como su derecho a ser o韉a y escuchada en el procedimiento, a trav閟 de los representantes y las representantes legales, o, en su caso, de una persona defensora judicial si hay conflicto de inter閟 o discrepancia con ellas, y del Ministerio Fiscal, en defensa de sus derechos e intereses. Se presumir que existe un conflicto de inter閟 cuando la opini髇 de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricci髇 de sus derechos.

3.– El Ministerio Fiscal actuar en defensa de los derechos de las personas menores, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.

4.– Con car醕ter espec韋ico, se garantizar el derecho a la asistencia jur韉ica gratuita de las personas menores v韈timas de violencia, con independencia de su situaci髇 econ髆ica, en los t閞minos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur韉ica Gratuita. Este derecho asistir tambi閚 a sus causahabientes en caso de fallecimiento de la v韈tima, siempre que no sean part韈ipes en los hechos.

Art韈ulo 24.– Derecho a la prevalencia del inter閟 superior de la persona menor de edad

1.– Toda persona menor de edad tiene derecho a que su inter閟 superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 醡bito p鷅lico como privado.

2.– En la elaboraci髇 y en la aplicaci髇 de las leyes y dem醩 normas que afecten a las personas menores, as como en las medidas que adopten sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras, y las instituciones, p鷅licas o privadas, los tribunales o los 髍ganos legislativos, primar el inter閟 superior de las personas menores de edad sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pueda concurrir.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de que, efectivamente, concurra cualquier otro inter閟 leg韙imo, deber醤 priorizarse las medidas que, respondiendo al inter閟 superior de la persona menor de edad, respeten tambi閚 los otros intereses leg韙imos presentes, y, si no es posible compatibilizarlos, las decisiones y medidas adoptadas en inter閟 superior de la persona menor de edad deber醤 valorar, en todo caso, los derechos fundamentales de otras personas que puedan verse afectados.

4.– Las limitaciones a la capacidad de obrar de las personas menores de edad se interpretar醤 de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en su inter閟 superior.

5.– A efectos de la interpretaci髇 y aplicaci髇, en cada caso particular, del inter閟 superior de la persona menor de edad, se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislaci髇 espec韋ica o sectorial aplicable, as como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del caso:

  • a) La protecci髇 del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo de la persona menor de edad y la satisfacci髇 de sus necesidades b醩icas, tanto materiales y educativas como f韘icas, emocionales, cognitivas, sociales y afectivo-sexuales.
  • b) La consideraci髇 de los deseos, sentimientos y opiniones de la persona menor de edad, as como su derecho a participar progresivamente, en funci髇 de su edad, madurez, desarrollo y evoluci髇 personal, en el proceso de determinaci髇 de su inter閟 superior.
  • c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. A tal efecto, se priorizar la permanencia en su familia de origen y se preservar el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para la persona menor de edad; en caso de acordarse una medida de protecci髇, se priorizar el acogimiento familiar frente al residencial; y, cuando la persona menor de edad haya sido separada de su n鷆leo familiar, se valorar醤 las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evoluci髇 de la familia desde que se adopt la medida protectora y primando siempre el inter閟 y las necesidades de la persona menor de edad sobre los de la familia.
  • d) La preservaci髇 de la identidad, cultura, religi髇, convicciones, orientaci髇 e identidad sexual o idioma de la persona menor de edad, as como la no discriminaci髇 de aquella por estas o cualesquiera otras condiciones personales, familiares o sociales, incluida la discapacidad, en los t閞minos que se contemplan en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 25 de esta ley, al objeto de favorecer el desarrollo arm髇ico e integral de su personalidad.

6.– Estos criterios se ponderar醤 teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

  • a) La edad y madurez de la persona menor de edad.
  • b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminaci髇 por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, por sufrir maltrato, por ser mujer, por tener una discapacidad, por su orientaci髇 e identidad sexual, por su origen, por su condici髇 de persona refugiada o solicitante de asilo o protecci髇 subsidiaria, por su pertenencia a una minor韆 閠nica o por cualquier otra caracter韘tica o circunstancia relevante.
  • c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
  • d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integraci髇 y desarrollo de la persona menor de edad en la sociedad, as como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situaci髇 material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
  • e) La preparaci髇 del tr醤sito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
  • f) Aquellos otros elementos de ponderaci髇 que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de las personas menores de edad.

7.– No obstante lo se馻lado en los apartados precedentes, para la aplicaci髇 e interpretaci髇 del inter閟 superior de la persona menor se atender a los criterios y directrices marcadas por la Observaci髇 General del Comit de Derechos del Ni駉 n.o 14 de las Nacionales Unidas, de 2013.

8.– Los elementos establecidos en el apartado 6 deber醤 ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que las decisiones o las medidas que se adopten en el inter閟 superior de la persona menor de edad no restrinjan o limiten m醩 derechos que los que ampara.

Art韈ulo 25.– Derecho a la igualdad y no discriminaci髇

1.– Los derechos establecidos en la presente ley se reconocen a todas las personas menores de edad por igual, sin ning鷑 tipo de discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento; nacionalidad; situaci髇 administrativa; origen racial o 閠nico; edad; sexo; orientaci髇 sexual e identidad de g閚ero, sentida o expresada; discapacidad; enfermedad f韘ica o mental; condici髇 f韘ica, ps韖uica o emocional; nivel deportivo; nivel econ髆ico; entorno de residencia, ya sea este rural o urbano; lengua; cultura; religi髇; creencia; opini髇; ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social de las personas menores o de sus familias.

2.– Las personas menores disfrutar醤 de los derechos que se les reconocen sin otras limitaciones que las fijadas por las leyes, y los poderes p鷅licos vascos deber醤 establecer los medios necesarios para asegurar su completo respeto y ejercicio efectivo, incluidas las medidas de acci髇 positiva que se arbitren de acuerdo con el principio de equidad previsto en el art韈ulo 13.c) de esta ley.

3.– Las previsiones anteriores se erigen, a su vez, en un principio rector al que deber醤 sujetar su actuaci髇 los poderes p鷅licos vascos en relaci髇 con todas las personas menores de edad, as como las administraciones p鷅licas vascas en ejercicio de sus competencias en promoci髇, prevenci髇, atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 26.– Derecho a ser o韉a y escuchada

1.– Toda persona menor de edad tiene derecho a ser o韉a y escuchada, con todas las garant韆s y sin discriminaci髇 y l韒ite alguno, incluida la edad, en todos los procedimientos y decisiones que le afecten. Igualmente, tiene derecho a que sean tenidas en cuenta debidamente sus opiniones, debiendo adaptarse a su edad y madurez.

2.– En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias de la persona menor de edad tendr醤 car醕ter preferente, y se realizar醤 con sometimiento a las siguientes condiciones:

  • a) De forma adecuada a su situaci髇, capacidad de entendimiento y desarrollo evolutivo.
  • b) Con la asistencia, si es necesario, de personas profesionales cualificadas o expertas.
  • c) Cuidando de preservar su intimidad.
  • d) Utilizando un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y sea f醕ilmente comprensible para ella.
  • e) En formato accesible y adaptado a sus circunstancias personales.
  • f) Inform醤dole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opini髇.
  • g) Todo lo anterior, con pleno respeto a todas las garant韆s del procedimiento.

3.– En particular, en los procedimientos que afecten a personas menores de edad v韈timas de cualquier forma de violencia, estas tienen derecho a prestar testimonio con personas profesionales que dispongan de una adecuada preparaci髇 y especializaci髇 a tales fines, y en el marco de metodolog韆s y espacios o entornos adaptados. En todo caso, deber garantizarse que la obtenci髇 del testimonio sea realizada con rigor, tacto y respeto, en especial cuando se trate de la escucha a las v韈timas en edad temprana.

4.– Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, garantizar醤 que la persona menor de edad, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar el derecho a ser o韉a y escuchada por s misma o a trav閟 de quien se designe para que la represente.

5.– Con el fin de adaptar el procedimiento, la madurez habr de valorarse por personas profesionales especializadas, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo de la persona menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar. En cualquier caso, la 鷑ica restricci髇 posible del derecho a ser escuchada de la persona menor ser cuando sea contraria a su inter閟 superior, que, adem醩, deber醤 motivarse.

6.– En el caso de las personas menores con una discapacidad que afecte a su capacidad de comunicaci髇, deber articularse su acceso a los instrumentos o productos de apoyo o a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicaci髇 indicados en el art韈ulo 13.b) de esta ley, para garantizar que su opini髇 puede ser expresada y entendida adecuadamente. Asimismo, para garantizar que la persona menor de edad que no pueda expresarse o entender el idioma pueda ejercitar este derecho por s misma, ser asistida, en su caso, por int閞pretes.

7.– El ejercicio del derecho contemplado en este art韈ulo 鷑icamente podr restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario al inter閟 superior de la persona menor de edad. A tal efecto:

  • a) Siempre que, en v韆 administrativa o judicial, se deniegue la comparecencia o audiencia de la persona menor, directamente o por medio de la persona que la represente, en la motivaci髇 de dicha decisi髇 deber醤 quedar reflejadas, de forma sucinta, todas las circunstancias y hechos que fundamenten esta decisi髇, y no bastar醤 consideraciones o referencias generales.
  • b) Las resoluciones que denieguen el ejercicio de este derecho a ser o韉a y escuchada motivadas en el inter閟 superior de la persona menor de edad deber醤 ser comunicadas al Ministerio Fiscal, a la propia persona menor de edad y, en su caso, a su representante legal, indicando expl韈itamente los recursos existentes contra tal decisi髇.
  • c) En las resoluciones sobre el fondo habr de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia a la persona menor de edad, as como su valoraci髇.

SECCI覰 2
DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES

Art韈ulo 27.– Derechos b醩icos y libertades p鷅licas

Las personas menores disfrutar醤 de los siguientes derechos y libertades p鷅licas:

  • a) Derecho a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato, que conlleva que las personas menores puedan vivir en un entorno seguro en el que se sientan protegidas, en el que no sientan miedo ni sufran ning鷑 tipo o forma de violencia o de desatenci髇.

    A los efectos de la presente ley, se entiende por buen trato toda acci髇 de las personas progenitoras o cuidadoras, o que se encuentren en el 醡bito familiar de la persona menor, as como las que se lleven a cabo en el entorno educativo, sanitario, deportivo, de ocio, de servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del 醡bito judicial y de la Administraci髇 de Justicia, as como de la propia ciudadan韆, en su conjunto, que, respetando los derechos reconocidos por el ordenamiento jur韉ico a las personas menores, promueva activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democr醫ica, soluci髇 pac韋ica de conflictos, derecho a igual protecci髇 de la ley, igualdad de oportunidades y prohibici髇 de discriminaci髇 de las personas menores. Adem醩, el buen trato incluir el derecho a la participaci髇 infantil y el derecho a desarrollar sus capacidades al m醲imo.

    De forma especial, se entiende por buen trato el comportamiento dirigido a proveer a las personas menores la asistencia, los cuidados y la protecci髇 necesarios, y que contribuye a la satisfacci髇 de sus necesidades b醩icas (f韘icas, emocionales, cognitivas, sociales y afectivo-sexuales) y al desarrollo de sus capacidades, fomentando y proporcion醤doles oportunidades para aumentar progresivamente su autonom韆 y la confianza en s mismas y en sus competencias; todo ello, a trav閟 del afecto, el apoyo, la comunicaci髇, el acompa馻miento, la implicaci髇 en su vida cotidiana, el respeto mutuo y la soluci髇 pac韋ica de conflictos, la provisi髇 de modelos adecuados, la orientaci髇 y la supervisi髇.

  • b) Derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se extiende a la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, y al secreto de las comunicaciones. Incluye asimismo el derecho al tratamiento de los datos de car醕ter personal de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci髇 vigente.
  • c) Derecho a la identidad, en virtud del cual las personas menores tienen derecho a su identidad personal y de g閚ero y a expresar su orientaci髇 sexual, a tener un nombre y una nacionalidad y a ser registradas desde el mismo momento de su nacimiento. Asimismo, tienen derecho a conocer su origen gen閠ico y su filiaci髇 de origen, sin perjuicio de las excepciones que se contemplen en el ordenamiento jur韉ico vigente al respecto.

    Para su ejercicio efectivo, tienen derecho a solicitar a las administraciones p鷅licas competentes la documentaci髇 que les permita acreditar su identidad. Y las administraciones p鷅licas citadas deber醤 realizar las actuaciones pertinentes para proporcionarles dicha documentaci髇.

    Asimismo, tendr醤 derecho a que su orientaci髇 sexual e identidad de g閚ero, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de su vida, as como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean v韈timas de discriminaci髇 o violencia por tales motivos.

  • d) Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religi髇, sin m醩 limitaciones para su ejercicio que las que prescribe la ley y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las dem醩 personas.
  • e) Derecho a la libertad de expresi髇 en los t閞minos constitucionalmente previstos, con el l韒ite de la protecci髇 de la intimidad y la imagen de la propia persona menor de edad. Este derecho abarca la publicaci髇 y difusi髇 de sus opiniones, la edici髇 y producci髇 de medios de difusi髇 y el acceso a las ayudas que las administraciones p鷅licas establezcan con ese fin. Asimismo, comprende la creaci髇 literaria, art韘tica, cient韋ica y t閏nica, as como el reconocimiento y la atribuci髇 de los derechos derivados del hecho de la creaci髇.

    El ejercicio de este derecho podr estar sujeto a las restricciones que prevea la ley para garantizar el respeto de los derechos de las dem醩 personas o la protecci髇 de la seguridad, salud, moral u orden p鷅lico.

  • f) Derecho de asociaci髇, que, en especial, comprende: el derecho a formar parte de asociaciones y de organizaciones juveniles de los partidos pol韙icos y sindicatos y el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la ley, con la posibilidad de formar parte de los 髍ganos directivos de estas asociaciones.

    Ninguna persona menor de edad podr ser obligada a pertenecer o a ingresar en una entidad o asociaci髇 de cualquier naturaleza, ni a permanecer como miembro de hecho o de derecho de la misma, contra su voluntad. Cuando la pertenencia de una persona menor o de las personas progenitoras a una asociaci髇 impida o perjudique el desarrollo integral de la persona menor, cualquier interesado o interesada, persona f韘ica o jur韉ica, o entidad p鷅lica podr dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jur韉icas de protecci髇 que estime necesarias.

  • g) Derecho de reuni髇, en virtud del cual las personas menores tienen derecho a participar en reuniones p鷅licas y manifestaciones pac韋icas, siempre que hayan sido convocadas en los t閞minos establecidos por la ley, as como a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras.

Con car醕ter espec韋ico, en el 醡bito educativo, las estudiantes y los estudiantes tienen derecho de reuni髇 en los centros docentes de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, de acuerdo con la Ley Org醤ica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci髇, en la forma en que su ejercicio se regule en las normas de organizaci髇 y funcionamiento de los centros de ense馻nza.

Art韈ulo 28.– Derecho a la participaci髇

1.– Las personas menores tienen derecho a la participaci髇, entendiendo por ello la posibilidad de participar plenamente tanto en la vida de la familia y de sus n鷆leos relacionales m醩 cercanos como en la vida social, cultural, art韘tica, deportiva, recreativa y pol韙ica de su entorno. Este derecho tambi閚 comprende la incorporaci髇 progresiva a la ciudadan韆 activa, en funci髇 de su edad y desarrollo evolutivo.

2.– Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho a la participaci髇, las personas menores, adem醩 de gozar del derecho a ser o韉as y escuchadas en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 26 de esta ley, gozar醤 del derecho a participar, directa y activamente, en la sociedad y en las pol韙icas p鷅licas que incidan en sus derechos y deberes, en el marco de cauces de participaci髇 espec韋icos que les posibiliten tomar parte en la construcci髇 y mejora de sus condiciones de vida individuales y colectivas, de la comunidad de la que forman parte o de cualquier otra cuesti髇 que les afecte.

3.– En particular, las personas menores de edad tendr醤 derecho a participar:

  • a) En el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 306 de esta ley, en cuanto 髍gano administrativo de participaci髇 y de consulta dedicado, con car醕ter espec韋ico, a las cuestiones que inciden en el 醡bito material de la infancia y la adolescencia.
  • b) En el Foro de la Infancia y la Adolescencia, previsto a nivel auton髆ico en los t閞minos del art韈ulo 307 de esta ley.
  • c) A trav閟 de los dispositivos, espacios, estructuras, mecanismos o procesos propios que, en el marco de las acciones concretas de promoci髇 de cauces estables de participaci髇, se impulsen a nivel municipal o territorial.

Art韈ulo 29.– Derecho a la crianza, a la convivencia y a las relaciones familiares

1.– Las personas menores tienen derecho a la crianza, la atenci髇 y el cuidado, as como a una formaci髇 integral orientada a garantizar su desarrollo personal pleno y arm髇ico, y la responsabilidad primera y b醩ica para dichas funciones recaer en sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 vigente.

2.– Las administraciones p鷅licas vascas velar醤 por que se garantice que las medidas contempladas en la presente ley sean de aplicaci髇 a todo tipo de familias, independientemente de sus dificultades o necesidades de apoyo, y articular醤 las adaptaciones necesarias para la remoci髇 de los obst醕ulos que impidan que dichas familias puedan acceder a estas medidas en igualdad de condiciones con el resto de las familias.

3.– Con car醕ter espec韋ico, las personas menores tienen derecho, a su vez:

  • a) A que su padre y su madre participen por igual en la toma de decisiones que afecten a sus intereses, con los l韒ites establecidos en las resoluciones judiciales, y deber promoverse y protegerse la coparentalidad en la atenci髇, la crianza, el cuidado y la educaci髇 de los hijos y las hijas.
  • b) A convivir con su padre y su madre, salvo en aquellos casos en los que la separaci髇 resulte necesaria de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jur韉ico vigente.

4.– A los efectos anteriores, corresponde al padre y a la madre, en el marco del ejercicio de la patria potestad, y con independencia de la medida que se haya adoptado en relaci髇 con su guarda o custodia, la facultad de decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podr ser modificado con el consentimiento de ambas personas o, en su defecto, por autorizaci髇 judicial, salvo en el caso de que se haya acordado la suspensi髇 o privaci髇 de la patria potestad o la atribuci髇 exclusiva de dicha facultad a una de ellas.

5.– En los casos en que la persona menor est separada de su padre, de su madre o de ambos, tiene derecho a mantener una relaci髇 suficiente para preservar y desarrollar un v韓culo afectivo y para que su padre y su madre puedan ejercer algunas de las funciones propias de la crianza, salvo que el inter閟 superior de la persona menor de edad aconseje lo contrario. Este derecho de relaci髇 comprende el derecho de visita, comunicaci髇 y estancia.

6.– El derecho de relaci髇 entre el padre y la madre y sus hijos o hijas ampara, igualmente, a la persona menor que resida habitualmente en el extranjero, cuando su padre, su madre o ambos residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

7.– La autoridad judicial, directamente o a trav閟 del Ministerio Fiscal, o, en su caso, la diputaci髇 foral competente, si la persona menor de edad est sujeta a alguna medida de protecci髇, deber adoptar las medidas adecuadas para respetar y asegurar el derecho de relaci髇, en el marco del r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia que se haya adoptado.

8.– En cualquier caso, las medidas concretas que se establezcan, dentro de los l韒ites impuestos por el ordenamiento jur韉ico que resulte de aplicaci髇, deber醤 ser conformes al principio de proporcionalidad, debiendo ponderarse las circunstancias concurrentes, los derechos de ambas partes y la necesidad de garantizar el inter閟 superior de la persona menor de edad.

9.– En todo caso, la persona menor tiene derecho a relacionarse con el resto de sus ascendientes, sus hermanos y hermanas, sean de 鷑ico o de doble v韓culo, y otras personas allegadas, siempre que no sea contrario a su inter閟 superior, y con los l韒ites establecidos en las resoluciones judiciales.

10.– En los casos en los que la persona menor sea separada de su familia en el marco de una medida de protecci髇, tiene derecho a que las administraciones p鷅licas competentes valoren la posibilidad de reunificaci髇 familiar si se dan las circunstancias favorables para ello.

Art韈ulo 30.– Derecho a decidir sobre la maternidad

1.– Las personas menores de edad tienen derecho a decidir sobre su maternidad, en funci髇 de su edad y madurez, y de acuerdo con la legislaci髇 espec韋ica vigente.

2.– Con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho, podr醤 acceder a la prestaci髇 sanitaria de la interrupci髇 voluntaria del embarazo en los plazos y con los requisitos establecidos en la legislaci髇 espec韋ica sobre la materia.

Art韈ulo 31.– Derecho a un nivel b醩ico de bienestar material y a la inclusi髇 social

1.– Las personas menores tienen derecho a gozar del nivel de bienestar material necesario para la cobertura de sus necesidades b醩icas. Este derecho incluye el derecho a crecer en una vivienda digna, dotada de los suministros energ閠icos b醩icos, que sea accesible y debidamente adaptada, en su caso, a la discapacidad que padezcan. En el ejercicio de su responsabilidad de crianza, el padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras deben garantizar, en la medida de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de las personas menores.

2.– Asimismo, tienen derecho a la inclusi髇 social integral; debe entenderse que la inclusi髇 social es multicausal, y est directamente vinculada a la posibilidad de acceder a los sistemas de protecci髇 social existentes, a la capacidad para utilizar la informaci髇 precisa para acceder a los derechos y deberes que como ciudadanas les corresponden y a sus capacidades personales y sociales para relacionarse y para participar e implicarse de forma activa y plena en su comunidad.

Art韈ulo 32.– Derecho a la salud

1.– Las personas menores tienen derecho a disfrutar del m醩 alto nivel posible de salud f韘ica y mental.

2.– Con esa finalidad, tienen derecho a la promoci髇 de la salud y, en su marco, a acceder a una alimentaci髇 sana, equilibrada y completa en cantidad suficiente; a la actividad f韘ica en un entorno limpio, verde y no contaminado; al juego y al descanso, de acuerdo con su desarrollo evolutivo.

3.– Asimismo, tienen derecho a la prevenci髇 y a la atenci髇 sanitaria integral, y a acceder para ello a las prestaciones y los servicios de salud incluidos en el cat醠ogo de prestaciones sanitarias y cartera de servicios del sistema sanitario de Euskadi, ya sean de car醕ter ambulatorio u hospitalario, incluidos los servicios de salud mental infantojuvenil.

4.– Con car醕ter general, las personas menores, en su calidad de pacientes, disfrutar醤 de los mismos derechos reconocidos a las personas pacientes en el sistema sanitario de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y, en particular, de los siguientes:

  • a) A permanecer, en el caso de las personas reci閚 nacidas, junto a su madre, salvo circunstancias excepcionales.
  • b) A su correcta identificaci髇 en el momento de su nacimiento mediante los instrumentos que, a tal efecto, garanticen este derecho.
  • c) A ser inmunizadas contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria, as como a su inclusi髇 en aquellos otros programas de prevenci髇 vigentes en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • d) A la detecci髇 y al tratamiento precoz, en el marco de la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana, de enfermedades cong閚itas, y tambi閚 de deficiencias ps韖uicas y f韘icas, 鷑icamente con los l韒ites que el marco legal vigente, la 閠ica, la tecnolog韆 y los recursos existentes impongan al sistema sanitario.
  • e) A la seguridad de recibir los cuidados que necesitan, incluidos los cuidados paliativos, incluso en el caso de que sea necesaria la intervenci髇 de la justicia si sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras se los niegan por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, o no est閚 en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad.
  • f) A que se potencie su tratamiento ambulatorio a fin de evitar su hospitalizaci髇.
  • g) A la protecci髇 de la confidencialidad de su historia cl韓ica y de su historia social, si la hay, o de cualquier otro dato relativo a su situaci髇 socioecon髆ica y familiar, en los t閞minos previstos en el ordenamiento jur韉ico vigente, y sin perjuicio del deber de comunicaci髇 cualificado y de colaboraci髇 institucional previsto en el art韈ulo 17 de esta ley, as como del deber de comunicaci髇 para el tratamiento de datos fundado en una obligaci髇 legal para el ejercicio de funciones p鷅licas, contemplado en su art韈ulo 18.
  • h) A la especial protecci髇 del historial cl韓ico, en el caso de que est閚 sujetas a alguna medida de protecci髇, y se garantizar que la informaci髇 se traslade, 鷑ica y exclusivamente, a quien haya asumido o tenga atribuida su tutela o el ejercicio de facultades inherentes a la tutela o, en su caso, la guarda, con especial cautela en aquellos casos en los que sus representantes legales no tengan permitido el acceso a dicho historial cl韓ico.
  • i) A ser informadas de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento m閐ico a que deben someterse, atendiendo a su edad, madurez y estado psicol骻ico y afectivo, y, en lo posible, a recibir la informaci髇 pertinente en la lengua con la que se encuentren m醩 familiarizadas.
  • j) A otorgar o denegar su consentimiento de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, y a que, cuando deban prestar ese consentimiento sus representantes legales, su opini髇 sea escuchada en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 26 de esta ley.
  • k) A no ser sometidas a experimentos, de car醕ter cient韋ico o m閐ico, que puedan poner en peligro su integridad y su salud f韘ica o mental.
  • l) A recibir informaci髇 sobre la salud en general, en el marco de campa馻s generales o espec韋icas de educaci髇 para la salud, as como de programas espec韋icos de educaci髇 para la salud.
  • m) A ser tratadas con educaci髇, comprensi髇 y respeto a su intimidad.
  • n) A cuantos otros derechos se contemplen en la normativa de aplicaci髇 en los servicios de salud; en particular, en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaraci髇 sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi.

5.– La historia cl韓ica de toda persona menor de edad deber especificar, cuando proceda, las siguientes circunstancias, sin perjuicio de las particularidades que sobre esta cuesti髇 se establezcan en la legislaci髇 sanitaria que resulte de aplicaci髇:

  • a) La atenci髇 temprana del ni駉 o la ni馻. Deber醤 detallarse las diferentes intervenciones que, en el contexto de la atenci髇 temprana, se realicen desde el sistema sanitario. A tal efecto, se incluir醤 tanto las actuaciones que se desarrollan para la prevenci髇 o, en su caso, la detecci髇 precoz de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos como las actuaciones directamente relacionadas con la atenci髇 de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos.
  • b) El hecho de que la atenci髇 sanitaria sea consecuencia de violencia ejercida contra la persona menor.

6.– Las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras tienen derecho a ser informadas de las pruebas de detecci髇 o de tratamiento que se considere oportuno llevar a cabo en relaci髇 con la persona menor.

7.– Las decisiones que adopten las representantes y los representantes legales para la realizaci髇 de actuaciones, intervenciones o pr醕ticas cl韓icas o quir鷕gicas respecto de la persona menor que sean contrarias al mayor beneficio para su vida o salud deber醤 ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav閟 del Ministerio Fiscal, para que adopte la resoluci髇 correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible recabar la autorizaci髇 judicial, en cuyo caso el personal sanitario adoptar las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente o de la paciente, amparado por las causas de justificaci髇 de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad, de conformidad con lo estipulado en el art韈ulo 9.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica.

Art韈ulo 33.– Derecho a la educaci髇

1.– Las personas menores tienen derecho a una educaci髇 integral que promueva el pleno desarrollo de sus capacidades y de su identidad personal, as como a la consecuci髇 de los objetivos educativos recogidos en la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educaci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

2.– En los mismos t閞minos, y con independencia de su situaci髇 administrativa o social, tienen derecho a la escolarizaci髇 inmediata en los supuestos de incorporaci髇 tard韆 al sistema educativo derivada de un cambio de residencia o de una modificaci髇 de sus circunstancias familiares, personales o sociales.

3.– Asimismo, tienen derecho a recibir, en el marco de una educaci髇 inclusiva, la ense馻nza b醩ica, que comprende la Educaci髇 Infantil, la Educaci髇 Primaria y la Educaci髇 Secundaria Obligatoria, en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 vigente en materia educativa. En su marco, son titulares de los derechos contenidos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos y las alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

4.– Las personas menores con necesidades espec韋icas de apoyo educativo tienen derecho a acceder a la educaci髇 obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que el resto del alumnado, en el marco de la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana, para potenciar su m醲imo desarrollo acad閙ico, personal y social, en coherencia con el derecho a la igualdad y no discriminaci髇 establecido en el art韈ulo 25 de esta ley, as como con los principios de garant韆 de accesibilidad y de equidad previstos en las letras b) y c) del art韈ulo 13 de la misma ley.

5.– Las personas adolescentes tienen derecho a que, una vez finalizada la educaci髇 obligatoria, se potencie al m醲imo la permanencia en el sistema educativo, a fin de que pueda continuar la formaci髇 y el desarrollo de las personas, y puedan as optar a mejores opciones de inserci髇 laboral en el futuro, entre otros aspectos.

Art韈ulo 34.– Derecho a la cultura

1.– Las personas menores tienen derecho a recibir una formaci髇 cultural integral, que les permita desarrollar su capacidad intelectual y art韘tica y sus habilidades manuales y f韘icas, as como a conocer y desarrollar su cultura de origen y a que se respeten sus opciones culturales, independientemente de cu醠 sea su cultura familiar.

2.– Tienen asimismo derecho a disfrutar plenamente de la vida cultural y art韘tica de la comunidad.

Art韈ulo 35.– Derecho al juego y al ocio

1.– Las personas menores tienen derecho al descanso, al juego y al ocio, incluido el ocio educativo, como elementos esenciales para su educaci髇, su desarrollo pleno y su socializaci髇, en entornos accesibles, seguros, saludables e inclusivos.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por ocio educativo el conjunto de actividades de tiempo libre que contribuyen al desarrollo integral; que educan en h醔itos de participaci髇, en el respeto al medio ambiente, o en valores de compromiso, solidaridad e inclusi髇 social, y que favorecen las relaciones entre iguales y la adquisici髇 de habilidades de competencia social.

Art韈ulo 36.– Derecho a la actividad f韘ica y al deporte

1.– Las personas menores tienen derecho a practicar deportes y otras actividades f韘icas en un entorno accesible, seguro, saludable e inclusivo. Estas pr醕ticas se entienden como un h醔ito esencial para la salud, la mejora de la calidad de vida, el bienestar personal y social, la formaci髇 y el desarrollo integral. Asimismo, deber evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades.

2.– Tienen derecho a decidir voluntariamente si desean o no participar en deportes de competici髇. Los m閠odos y planes de entrenamiento deber醤 respetar sus capacidades personales, sus necesidades educativas y sus necesidades sociales y familiares.

3.– Tal y como recoge la Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la Actividad F韘ica y del Deporte del Pa韘 Vasco, se entender por deporte todo tipo de actividades f韘icas que, mediante una participaci髇, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la promoci髇 de la salud, la expresi髇 o la mejora de la condici髇 f韘ica y ps韖uica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. En este sentido, se deber醤 desarrollar las l韓eas que establece la propia ley. Tal y como se indica en el apartado relativo a la protecci髇 de los derechos de las deportistas y los deportistas menores de edad, hasta los 18 a駉s no se podr醤 ejercer derechos de retenci髇, de pr髍roga forzosa o similares en relaci髇 con las licencias federativas para las competiciones oficiales vascas.

Art韈ulo 37.– Derecho a un medioambiente saludable

Las personas menores tienen derecho a vivir en un medioambiente saludable y al desarrollo sostenible de este, as como a conocer y disfrutar del medio natural de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y a tener un contacto continuado con la naturaleza.

Art韈ulo 38.– Derecho a un entorno seguro

1.– Las personas menores tienen derecho a vivir y desarrollarse en entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los 醡bitos de su vida.

2.– Se entender como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector f韘ico, psicol骻ico y social, incluido el entorno digital.

3.– Igualmente, se promover la creaci髇 de espacios urbanos seguros, adecuados y adaptados a sus necesidades donde se garantice su derecho a moverse, a disfrutar y a desarrollarse socialmente en su propio entorno urbano, a conocer su localidad y a disfrutar en particular de las zonas destinadas a equipamientos destinados espec韋icamente a la poblaci髇 infantil y adolescente.

Art韈ulo 39.– Derechos en el medio laboral

1.– Sin perjuicio del derecho de las personas adolescentes a que se potencie al m醲imo la educaci髇 posobligatoria, las personas menores de edad podr醤 trabajar en los supuestos que expresamente se establezcan en la normativa laboral, siempre y cuando concurran los requisitos legales exigidos para ello, y bajo las condiciones que se establezcan en ella.

2.– En el marco de su actividad laboral, las personas menores de edad disfrutar醤 de los derechos que espec韋icamente les reconozca la normativa laboral. Asimismo, deber醤 respetarse las prohibiciones y limitaciones establecidas en dicha normativa; en particular, en relaci髇 con el tipo de trabajo, la jornada laboral, las horas extraordinarias y el descanso semanal.

Art韈ulo 40.– Derechos como personas consumidoras y usuarias

Las personas menores, como colectivo de personas consumidoras con necesidades, intereses y caracter韘ticas propias, tienen derecho:

  • a) A que las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus competencias, protejan de forma especial sus derechos e intereses en las relaciones de consumo, teniendo en cuenta las necesidades propias de su proceso de desarrollo.
  • b) A que los bienes y servicios destinados particularmente a su consumo promuevan su desarrollo pleno y arm髇ico; para ello, podr醤 acceder a medidas espec韋icas de promoci髇, prevenci髇, protecci髇 y defensa de un consumo responsable.

Art韈ulo 41.– Derecho a la informaci髇 y al uso de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇

1.– Las personas menores tienen derecho, con car醕ter general:

  • a) A buscar, recibir y utilizar la informaci髇 adecuada a su edad y madurez.
  • b) A que la informaci髇 puesta a su disposici髇 sea plural, veraz y respetuosa con los derechos, libertades y principios constitucionales.

2.– En el 醡bito digital, tienen derecho al uso de Internet, de las redes sociales y, en general, de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, de una manera adecuada a su desarrollo evolutivo.

3.– Asimismo, tienen derecho a acceder a una alfabetizaci髇 digital y medi醫ica que les permita actuar en l韓ea con seguridad y responsabilidad, y que les dote de herramientas y conocimientos susceptibles de capacitarles para identificar situaciones de riesgo derivadas o asociadas al uso de las tecnolog韆s digitales mencionadas en el apartado anterior, incluidos los videojuegos.

CAP蚑ULO II
DEBERES DE LAS PERSONAS MENORES

Art韈ulo 42.– Deberes de las personas menores

Adem醩 de las obligaciones que la legislaci髇 civil impone a las personas menores hacia sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, y de acuerdo con su edad y madurez, deben asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes de la titularidad y el ejercicio de los derechos que les son reconocidos en todos los 醡bitos de la vida familiar, escolar y social, de tal modo que dicho cumplimiento respete, sin limitarlo ni impedirlo, el ejercicio y el pleno disfrute de los derechos de las dem醩 personas.

Art韈ulo 43.– Deberes relativos al 醡bito familiar

1.– Las personas menores deben participar en la vida familiar respetando a sus personas progenitoras, representantes legales, personas acogedoras o guardadoras, hermanos y hermanas, as como al resto de sus familiares.

2.– Asimismo, deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizaci髇 de las tareas dom閟ticas de acuerdo con su edad y con su nivel de autonom韆 personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Art韈ulo 44.– Deberes relativos al 醡bito escolar

1.– Las personas menores deben participar en la elaboraci髇 y respetar las normas de convivencia de los centros educativos, contribuir a cuidar sus instalaciones, asistir al centro escolar, esforzarse por aprender durante las diferentes etapas educativas, participar en las actividades formativas y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso educativo, respetando el derecho a la educaci髇 del resto de sus compa馿ros y compa馿ras.

2.– Asimismo, deben respetar al profesorado y al personal no docente de los centros educativos, as como al resto de sus compa馿ros y compa馿ras. A tal fin, respetar醤 su libertad de conciencia, favorecer醤 la convivencia, evitar醤 situaciones de conflicto, resolver醤 pac韋icamente las que se puedan producir y rechazar醤 aquellas que da馿n a sus compa馿ros y compa馿ras, en particular las relacionadas con el acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3.– A trav閟 del desarrollo del curr韈ulo establecido por la Administraci髇 educativa, se asegurar que las personas menores tengan un conocimiento adecuado y suficiente de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas, incluyendo entre estos los relacionados con la utilizaci髇 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.

Art韈ulo 45.– Deberes relativos al 醡bito social

1.– Las personas menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y el entorno en el que se desenvuelven.

2.– Los deberes sociales incluyen, en particular:

  • a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con la que se relacionen, independientemente de su edad, nacionalidad, origen racial o 閠nico, religi髇, sexo, orientaci髇 sexual, discapacidad, caracter韘ticas f韘icas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, as como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
  • c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos p鷅licos y privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.
  • d) Respetar y conocer el medioambiente, la fauna y la flora, y colaborar en su conservaci髇 desde un enfoque de desarrollo sostenible.
  • e) Respetar la privacidad digital de las personas y hacer un uso seguro y responsable de Internet, de las redes sociales y, en general, de todas las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.

T蚑ULO III
PROMOCI覰 DEL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 46.– Deber de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia

1.– El padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras respetar醤 y promover醤 el ejercicio por parte de los hijos y las hijas menores de edad o personas menores de edad a su cargo y cuidado de los derechos contemplados en el t韙ulo II de esta ley. Asimismo, promover醤 la asunci髇 por parte de estas 鷏timas de sus deberes y responsabilidades.

2.– Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, asumir醤 su deber de respeto y promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, y, con esa finalidad, adoptar醤 medidas dirigidas a garantizar la existencia de las condiciones necesarias para hacer posible el ejercicio efectivo de tales derechos.

3.– En particular, las administraciones p鷅licas vascas desarrollar醤 actuaciones de divulgaci髇 con fines de informaci髇, sensibilizaci髇 y concienciaci髇, que podr醤 dirigirse a la sociedad en su conjunto u orientarse a un grupo concreto de la poblaci髇, y, en particular, a las propias personas menores; a sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras; y a las personas profesionales cuya actividad est directamente relacionada con la atenci髇 a la infancia y la adolescencia. Con car醕ter general, las actuaciones de divulgaci髇 estar醤 relacionadas con las siguientes cuestiones:

  • a) El reconocimiento de las personas menores como sujetos de derechos.
  • b) Los derechos establecidos por la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y su nivel de aplicaci髇 en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • c) El conocimiento de los deberes y responsabilidades de las personas menores y la importancia de su cumplimiento para su desarrollo pleno, su integraci髇 social y su avance progresivo hacia la ciudadan韆 activa.
  • d) La cultura del buen trato a las personas menores en todos los 醡bitos en los que se desarrollan, como condici髇 esencial de su desarrollo integral y arm髇ico y de su propia capacidad de respeto, actual y futura, hacia las dem醩 personas.
  • e) La necesidad de considerar la inversi髇 en la infancia y la adolescencia y en las familias como una inversi髇 social productiva, justa y rentable, orientada tanto hacia el presente como hacia el futuro.
  • f) El impacto de la parentalidad positiva en el bienestar de las personas menores.
  • g) La importancia de la conciliaci髇 corresponsable en la crianza, con particular acento en la participaci髇 de los hombres en las labores de crianza y cuidado, con el fin de generar nuevos modelos de referencia y poner en valor la funci髇 social de los cuidados.
  • h) La corresponsabilidad de todas las personas, las familias, las administraciones p鷅licas vascas y el conjunto de los agentes sociales en garantizar el bienestar de la infancia y la adolescencia.

4.– Las actuaciones de promoci髇 reguladas en este t韙ulo deber醤 dirigirse a favorecer el bienestar de todas las personas menores, sin m醩 limitaciones que las contempladas legalmente, y respetando el derecho de igualdad y no discriminaci髇 establecido en el art韈ulo 25 de esta ley y los principios de garant韆 de accesibilidad y de equidad establecidos en las letras b) y c) del art韈ulo 13 de la misma ley.

5.– Las actuaciones de promoci髇 podr醤 aplicarse junto con las actuaciones de prevenci髇 contempladas en t韙ulos subsiguientes.

Art韈ulo 47.– Colaboraci髇 interinstitucional y multisectorial

1.– Las administraciones p鷅licas vascas competentes en materia de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia colaborar醤 entre s en el ejercicio de dichas funciones, con el fin de garantizar la integralidad, la eficacia y la coherencia de las actuaciones, su orientaci髇 hacia una finalidad com鷑 y el mejor aprovechamiento del conjunto de los recursos.

2.– Esta colaboraci髇, adem醩 de darse a nivel interinstitucional, deber tener dimensi髇 multisectorial y, en consecuencia, implicar en las distintas administraciones a los diversos departamentos competentes en materias que afecten al bienestar de la infancia y la adolescencia.

3.– Con car醕ter general, las relaciones de colaboraci髇 interinstitucional y multisectorial podr醤 hacerse efectivas a trav閟 de alguna de las siguientes f髍mulas:

  • a) La creaci髇 de espacios o grupos de trabajo, los cuales podr醤 constituirse con car醕ter permanente o con car醕ter temporal para tratar cuestiones coyunturales o cuando la naturaleza o la importancia de los asuntos a tratar as lo requieran.
  • b) Cualquiera de las t閏nicas de colaboraci髇 previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

4.– Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de maximizar la eficacia de la acci髇 p鷅lica, deber favorecerse que las actuaciones de promoci髇, con independencia de la naturaleza del derecho espec韋ico que promuevan, se desarrollen en el 醡bito o en los 醡bitos susceptibles de garantizar los mejores resultados, si bien con la colaboraci髇 activa del que, atendiendo a dicha naturaleza, sea el directamente competente.

5.– Los centros educativos conforman el espacio m醩 id髇eo y m醩 adecuadamente dotado y organizado para la transmisi髇 estructurada de conocimiento, y, en consecuencia, se considera que constituyen uno de los espacios m醩 apropiados para la sensibilizaci髇 de las personas menores en cuestiones y realidades distintas de las propias de las disciplinas acad閙icas. A tal fin, el departamento competente en materia de educaci髇 prestar activamente su colaboraci髇 a los dem醩 醡bitos de actuaci髇 para el desarrollo de campa馻s de sensibilizaci髇 y para la impartici髇 de programas educativos en materias propias de esos otros 醡bitos, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 69 de esta ley, y estos 鷏timos deber醤 participar activamente en el dise駉 y en la impartici髇 de dichas acciones.

6.– Asimismo, el Gobierno Vasco, a trav閟 de los departamentos competentes en materia de pol韙ica familiar y de educaci髇, colaborar con los ayuntamientos para que puedan desarrollarse programas de ocio educativo en los centros educativos, fuera del horario escolar y en periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliaci髇 de la vida laboral y familiar de padres y madres durante esos periodos.

7.– Las administraciones p鷅licas vascas competentes en los 醡bitos de la actividad f韘ica y el deporte, la cultura y el ocio educativo colaborar醤 con otros 醡bitos de actuaci髇, poniendo a disposici髇 los equipamientos dedicados a esas actividades y la intermediaci髇 de las personas profesionales que intervienen en ellas, para el desarrollo de campa馻s de sensibilizaci髇 y para la impartici髇 de programas educativos o formativos en materias propias de estos 醡bitos.

Art韈ulo 48.– Colaboraci髇 con los agentes sociales implicados en materia de infancia y adolescencia

1.– Las actuaciones de divulgaci髇 que se establecen en el art韈ulo 46.3 de esta ley, dirigidas a la informaci髇, la sensibilizaci髇 y la concienciaci髇, se llevar醤 a cabo contando con la colaboraci髇 de las entidades de iniciativa social u otros agentes implicados que desarrollan habitualmente actividades dirigidas a la infancia y la adolescencia, as como con la colaboraci髇 de los medios de comunicaci髇 social en todas sus modalidades.

2.– Los acuerdos o las relaciones de colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas vascas y las entidades de iniciativa social u otros agentes implicados se articular醤 a trav閟 de convenios administrativos, en los t閞minos establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, o mediante los convenios de colaboraci髇 previstos en la legislaci髇 vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicaci髇.

CAP蚑ULO II
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DE LOS DERECHOS B罶ICOS Y LIBERTADES P贐LICAS

Art韈ulo 49.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato

1.– Las administraciones p鷅licas vascas promover醤 el derecho de las personas menores al buen trato en los distintos 醡bitos de la vida en que se desarrolla su personalidad, a su integridad f韘ica y mental y a la vida.

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, las administraciones p鷅licas vascas desarrollar醤 actuaciones de divulgaci髇 dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, acerca de las siguientes cuestiones:

  • a) Las diversas formas de acci髇 y omisi髇 que constituyen violencia o maltrato, independientemente del contexto en el que se ejerza (familiar, escolar, social o institucional), incluida la violencia de g閚ero.
  • b) El impacto que el maltrato tiene en el desarrollo personal y social de las personas menores que son sus v韈timas.
  • c) El n鷐ero de personas menores v韈timas de actos que atentan contra su integridad f韘ica o ps韖uica o contra su vida.
  • d) La responsabilidad social en la prevenci髇, la detecci髇 y la protecci髇, y tambi閚 en la sanci髇 de estas conductas.

3.– Las actuaciones de divulgaci髇 previstas en el apartado anterior podr醤 centrarse, espec韋icamente, en el derecho a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato, o integrarse en acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

4.– Con car醕ter particular, realizar醤 campa馻s orientadas a los siguientes fines:

  • a) Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadan韆 sobre el derecho a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato, as como sobre el deber de promoverlo y protegerlo que deben asumir el padre y la madre, las representantes y los representantes legales, las personas acogedoras y guardadoras, las entidades e instituciones p鷅licas y la sociedad en general; en especial, la comunidad m醩 cercana.
  • b) Informar sobre los efectos positivos del buen trato en el desarrollo personal de las personas menores, en su itinerario vital y en su contribuci髇, presente y futura, a la construcci髇 de una sociedad justa y respetuosa, promoviendo la cultura del buen trato en las pautas relacionales habituales, tanto en el marco del ejercicio positivo de la parentalidad como en el de la acci髇 educativa y formativa, considerada en su globalidad.

Art韈ulo 50.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la propia imagen

1.– Las administraciones p鷅licas vascas promover醤 el derecho de las personas menores a su honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y, con esa finalidad, desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto actuaciones espec韋icas de promoci髇 de este derecho o incluy閚dolo en las acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– En el marco de estas actuaciones de divulgaci髇, deber abordarse el derecho de las personas menores a la protecci髇 de sus datos personales, as como el contenido de las normas y las garant韆s establecidas por la ley en relaci髇 con los riesgos asociados a un mal uso o un uso indiscriminado de la informaci髇 personal y familiar que les concierne.

3.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, se aplicar醤 las siguientes limitaciones:

  • a) Solo se podr difundir informaci髇 o utilizar im醙enes o nombres de personas menores en los medios de comunicaci髇, incluidas las redes sociales o cualquier otro medio vinculado a las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, cuando no conlleve una intromisi髇 ileg韙ima en su intimidad, honra o reputaci髇. En todo caso, deber contarse previamente con el consentimiento expreso de la persona menor de edad para su cesi髇 o tratamiento, siempre que, de acuerdo con la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal, pueda otorgarlo por s misma. En caso contrario, ser醤 sus representantes legales quienes decidan sobre el otorgamiento del consentimiento, y, antes de concederlo, deber醤 escuchar la opini髇 de la persona menor de edad, y ello sin perjuicio del derecho de esta 鷏tima a contar con un defensor judicial en caso de que se produzca un conflicto de intereses con quienes la representen legalmente.
  • b) En ning鷑 caso se podr difundir informaci髇 ni utilizar im醙enes o nombres que puedan implicar una intromisi髇 ileg韙ima en su intimidad, honra o reputaci髇, o que sean contrarios a sus intereses, incluso si consta el consentimiento de la propia persona menor de edad o de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras. Esta prohibici髇 se extiende a aquellos casos de personas menores que hayan sido v韈timas de un delito, y, especialmente, a quienes hayan sido v韈timas de violencia o maltrato, de abuso o agresi髇 sexual o de cualquier otra experiencia traum醫ica.
  • c) En ning鷑 caso se podr醤 solicitar datos de una persona menor de edad que permitan obtener informaci髇 sobre otras personas del grupo familiar o sobre las caracter韘ticas del mismo grupo, tales como datos relativos a la actividad profesional de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras; informaci髇 econ髆ica; datos sociol骻icos o cualesquiera otros sin el consentimiento de quienes sean titulares de estos datos. Se except鷄n los datos de identidad y direcci髇 de sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, con la 鷑ica finalidad de obtener la autorizaci髇 que corresponda.

4.– El Gobierno Vasco velar por garantizar que todos los medios de comunicaci髇 social ofrezcan un tratamiento adecuado de las noticias sobre actos de violencia ejercida contra personas menores, as como sobre situaciones de desprotecci髇, de forma que la informaci髇 que se ofrezca en ning鷑 caso afecte al derecho de las v韈timas al honor, a la intimidad y a la propia imagen. A tal efecto, promover que, en tales supuestos, se haga tambi閚 referencia a los servicios o recursos de prevenci髇 existentes para la prevenci髇 de tales situaciones, as como los mecanismos de detecci髇 y los medios de protecci髇 existentes.

5.– A los efectos anteriores, pondr a disposici髇 de los medios de comunicaci髇 social y de las agencias de publicidad un manual de estilo para favorecer, en el tratamiento de la informaci髇, la protecci髇 del derecho de las personas menores al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Asimismo, se prestar especial atenci髇, en el tratamiento de la informaci髇, a la protecci髇 de los derechos citados en el 醡bito de las relaciones afectivas, y se promover que est閚 basadas en el buen trato y que no haya violencia de g閚ero.

Art韈ulo 51.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho a la identidad

1.– Las administraciones p鷅licas vascas promover醤 el ejercicio efectivo del derecho de las personas menores a la identidad personal, sexual y de g閚ero, sentida y expresada, en los t閞minos contemplados en el art韈ulo 27.c) de esta ley y en la vigente ley de no discriminaci髇 por motivos de identidad de g閚ero y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

En especial, y en los mismos t閞minos, se promover el derecho a la expresi髇 y al reconocimiento de la identidad sexual sentida de las personas menores transexuales, as como su derecho a recibir los tratamientos m閐icos relativos a su identidad sexual, siempre que los soliciten y que est閚 aprobados por la Administraci髇 sanitaria.

2.– A los efectos anteriores, y con car醕ter general, desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, articulando para ello acciones espec韋icas para la promoci髇 de este derecho o incluy閚dolo en las acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

3.– En particular, las administraciones p鷅licas vascas velar醤 por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

  • a) La identificaci髇 de la madre en el parte m閐ico de nacimiento.
  • b) La identificaci髇 de las ni馻s y ni駉s reci閚 nacidos en los centros sanitarios p鷅licos y privados y su inscripci髇 en el registro administrativo correspondiente.
  • c) La inscripci髇 de la filiaci髇 materna en el Registro Civil. La Administraci髇 p鷅lica deber practicar las actuaciones oportunas para realizar tal inscripci髇 cuando quien tenga la obligaci髇 de inscribir el nacimiento de una ni馻 o de un ni駉 en el Registro Civil no lo hiciera.
  • d) La tramitaci髇 y entrega de la documentaci髇 que permita a la persona menor acreditar su identidad.
  • e) La facilitaci髇 del acceso de las personas adoptadas a la informaci髇 de la que disponga cualquier administraci髇 p鷅lica sobre su origen biol骻ico. A tal efecto, las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias en materia de adopci髇, asegurar醤 la conservaci髇 de la informaci髇 de que dispongan relativa a los or韌enes de la persona menor de edad, en particular la informaci髇 respecto a la identidad de sus personas progenitoras, as como la historia m閐ica de la persona menor y de su familia, que deber conservarse durante al menos 50 a駉s con posterioridad al momento en que la adopci髇 se haya hecho definitiva.

4.– Las personas extranjeras menores de edad que se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco tienen el derecho y la obligaci髇 de conservar la documentaci髇 expedida por las autoridades competentes del pa韘 de origen o de procedencia que acredite su identidad, y la que acredite su situaci髇 en la Comunidad Aut髇oma, as como a no ser privadas de su documentaci髇, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.

5.– Cuando una persona menor extranjera bajo la tutela de una administraci髇 p鷅lica vasca no disponga de documento acreditativo de su identidad, tiene derecho a que esta lleve a cabo todas las actuaciones que pueda realizar conducentes a su obtenci髇, de acuerdo con el ordenamiento jur韉ico espa駉l y de su pa韘 de origen si se conociese, ante la Administraci髇 General del Estado, previa presentaci髇 del correspondiente certificado de tutela, quien deber facilitarle, a la mayor celeridad, la documentaci髇 acreditativa de su situaci髇 y la autorizaci髇 de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa韘 de origen, y seg鷑 lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjer韆 e inmigraci髇.

Art韈ulo 52.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religi髇

1.– Con car醕ter general, las administraciones p鷅licas vascas adoptar醤 cuantas medidas consideren oportunas para promover el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religi髇 contemplado en el art韈ulo 27.d) de esta ley, y, con esa finalidad, desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones espec韋icas para la promoci髇 de este derecho o incluy閚dolo en las acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– Con esta finalidad, velar醤, en particular, por promover en el marco educativo y en el marco de las actividades culturales, de ocio y deportivas que desarrollan las personas menores las siguientes actuaciones:

  • a) La transmisi髇 de valores de tolerancia, igualdad y solidaridad desde un enfoque de interculturalidad y de respeto a la diversidad.
  • b) La transmisi髇 de una informaci髇 plural y veraz sobre cualquier materia cultural, pol韙ica, hist髍ica, 閠ica o religiosa.
  • c) La ense馻nza de la reflexi髇 para el desarrollo de las propias ideas, el entendimiento y escucha de las opiniones de los dem醩 y el aprendizaje del pensamiento cr韙ico y autocr韙ico.

Art韈ulo 53.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho a la libertad de expresi髇 y a la creaci髇 intelectual y art韘tica

1.– Con car醕ter general, las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, promover醤 el ejercicio efectivo por las personas menores de su derecho a la libertad de expresi髇 contemplado en el art韈ulo 27.e) de esta ley, y, con esa finalidad, desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones espec韋icas para la promoci髇 de este derecho o incluy閚dolo en las acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– En particular, con esa finalidad, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Promover醤 y apoyar醤 acciones destinadas a facilitar los cauces de expresi髇, difusi髇 y publicaci髇 de sus pensamientos, ideas y opiniones.
  • b) Promover醤 su inter閟 por la creaci髇 literaria y art韘tica, apoyando actividades espec韋icamente dirigidas a despertar dicho inter閟 en centros culturales y art韘ticos.
  • c) Fomentar醤 su acceso a actividades creativas en el marco de sus actuaciones de promoci髇 de la cultura y del ocio educativo, contempladas en los cap韙ulos VII y IX de este t韙ulo.

Art韈ulo 54.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho a la participaci髇, asociaci髇 y reuni髇

1.– Con car醕ter general, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, y con el fin de favorecer el ejercicio efectivo de los derechos de asociaci髇, reuni髇 y participaci髇 de las personas menores, promover醤:

  • a) La constituci髇 de asociaciones y organizaciones que favorezcan su participaci髇 en la sociedad, as como su derecho a convocar y tomar parte en reuniones p鷅licas y manifestaciones pac韋icas.
  • b) La participaci髇 efectiva de las personas menores, como elemento de su desarrollo personal, social y democr醫ico.

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, as como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones espec韋icas para la promoci髇 de estos derechos o incluy閚dolos en las acciones generales de divulgaci髇 sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

3.– Con car醕ter espec韋ico, las administraciones p鷅licas vascas facilitar醤 que las personas menores sean escuchadas, como colectivo, y de forma directa, en los asuntos y las decisiones que les afecten. Y, para ello, crear醤 procedimientos y habilitar醤 cauces de participaci髇, f韘icos o virtuales, accesibles, que faciliten la intervenci髇 responsable en la vida social, pol韙ica, cultural y art韘tica de su entorno mediante la expresi髇 de sus opiniones y la realizaci髇 de propuestas de mejora o sugerencias.

4.– Los cauces de participaci髇 que se articulen deber醤 cumplir los siguientes criterios:

  • a) Ser pertinentes a la finalidad y a los objetivos que persigan.
  • b) Ser informativos e informados.
  • c) Ser de participaci髇 voluntaria.
  • d) Ser respetuosos, adaptados a la capacidad de las personas menores participantes y a la evoluci髇 de sus facultades.
  • e) Ser inclusivos, y evitar cualquier tipo de discriminaci髇.
  • f) Estar apoyados en la formaci髇, con precauci髇 ante cualquier riesgo y sus consecuencias, y con responsabilidad respecto al seguimiento y evaluaci髇 del resultado alcanzado. A tal efecto, deber醤 preverse mecanismos que aseguren una correcta devoluci髇 de los resultados de la participaci髇 en la acci髇 y en las pol韙icas p鷅licas.

5.– A los efectos previstos en el apartado 3 de este art韈ulo, las administraciones p鷅licas vascas desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Promover醤, en sus respectivos 醡bitos territoriales de actuaci髇, la constituci髇 de dispositivos, espacios, estructuras, mecanismos o procesos consultivos y de participaci髇 directa, reservados a las personas menores y a las organizaciones sociales en las que se integren, y sin representaci髇 institucional, para facilitar dicha participaci髇, de forma efectiva y directa, en todos aquellos asuntos que les afecten, directa o indirectamente, en los t閞minos regulados en el art韈ulo 28 de esta ley.
  • b) Garantizar醤 que el Foro de la Infancia y la Adolescencia tenga derecho a exponer, ante el Parlamento Vasco, sus propuestas en materia de infancia y adolescencia y a ser consultado e informado por dicho Parlamento de todos los anteproyectos de ley que afecten o regulen materias concernientes al bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • c) Garantizar醤 la participaci髇 efectiva de las personas menores mediante su representaci髇 en ellos, en los 髍ganos consultivos y en los de participaci髇 mixta, de car醕ter general, propios de los diferentes 醡bitos sectoriales de actuaci髇, que se puedan implementar; y, en particular, a trav閟 del Foro de la Infancia y la Adolescencia previsto en el art韈ulo 307 de esta ley.
  • d) Organizar醤 procesos de consulta y participaci髇 dirigidos a las personas menores para que tomen parte en el dise駉 de las pol韙icas p鷅licas que afecten directamente al ejercicio de sus derechos y deberes.
  • e) Dise馻r醤 e implementar醤 programas y actividades de concienciaci髇, dirigidos a promover la participaci髇 significativa de las personas menores, a cualquier edad, en la vida de la familia, en la comunidad y en las escuelas, y que habr醤 de estar basados en el empoderamiento.
  • f) Emprender醤 investigaciones para conocer las cuestiones de mayor importancia para las personas menores, as como la medida en que son escuchadas sus opiniones en relaci髇 con las decisiones familiares que afectan a su vida y al libre desarrollo de su personalidad, en los cauces de participaci髇 de que disponen en su entorno de vida y desarrollo habitual, a nivel escolar y comunitario.

CAP蚑ULO III
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA CRIANZA Y A LAS RELACIONES EN EL 罬BITO FAMILIAR

Art韈ulo 55.– Apoyos a las familias en el ejercicio de sus deberes de crianza

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Velar醤 por que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras asuman y desarrollen adecuadamente sus deberes de atenci髇, crianza, cuidado y educaci髇 sobre las personas menores a su cargo.
  • b) Velar醤 por que las personas anteriores dispongan de las oportunidades y de los medios de informaci髇 y formaci髇 adecuados, y accedan a los servicios, prestaciones y ayudas existentes en los distintos 醡bitos susceptibles de garantizar el bienestar y contribuir al desarrollo de la persona menor.
  • c) Impulsar醤 medidas de conciliaci髇 corresponsable, reforzando las prestaciones y servicios para la conciliaci髇 y apoyo a la crianza y, en general, al cuidado, contemplando la diversidad de situaciones de conciliaci髇 y cuidado en el 醡bito convivencial.

2.– En el caso de las personas menores embarazadas, y con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho a decidir sobre su maternidad, seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 30 de esta ley, podr醤:

  • a) Acceder a la atenci髇 sanitaria que requieran y que favorezca un buen desarrollo del embarazo, a la informaci髇 sobre los riesgos asociados a embarazos en edades tempranas, as como a la prestaci髇 sanitaria de la interrupci髇 voluntaria del embarazo en los plazos y con los requisitos establecidos en la legislaci髇 espec韋ica sobre la materia.
  • b) Acceder a los servicios de apoyo y a las ayudas que puedan corresponderles, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo.

Art韈ulo 56.– Promoci髇 del ejercicio positivo de la parentalidad

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 de los departamentos competentes en materia de infancia y adolescencia y de funci髇 p鷅lica, desarrollar actuaciones de promoci髇 de la parentalidad positiva, y, en particular, las siguientes:

  • a) Actuaciones de divulgaci髇, orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad en relaci髇 con el ejercicio positivo de la parentalidad y de su impacto beneficioso en la crianza y en el desarrollo personal de las personas menores. Estas actuaciones podr醤 dirigirse, con car醕ter general, al conjunto de la sociedad, o articularse como acciones espec韋icas dirigidas a colectivos concretos.
  • b) Actuaciones de implantaci髇 y de fomento para la implantaci髇 de programas dirigidos a facilitar la adquisici髇 de habilidades parentales para la crianza, basadas en la cultura del buen trato y en la creaci髇 y el afianzamiento del v韓culo afectivo y el apego seguro; y, en especial, fomento de la formaci髇 para la adquisici髇 de valores y competencias emocionales, tanto en el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras como en las personas menores, de acuerdo con la etapa evolutiva de aquellas.
  • c) Actuaciones de implantaci髇 y de fomento para la implantaci髇 de programas formativos dirigidos a facilitar la adquisici髇 de habilidades para la negociaci髇 y resoluci髇 pac韋ica de conflictos intrafamiliares, con el objeto 鷏timo de favorecer el crecimiento y desarrollo de las personas menores en un entorno afectivo y sin violencia.
  • d) Actuaciones orientadas a promover la implicaci髇 y la colaboraci髇 de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas en la funci髇 de sensibilizaci髇 en parentalidad positiva.

2.– A los efectos anteriores, el Gobierno Vasco podr contar con la colaboraci髇 del resto de las administraciones p鷅licas y de las entidades del tercer sector social.

3.– Osakidetza-Servicio vasco de salud prestar, tanto durante el embarazo como con posterioridad al alumbramiento, una atenci髇 a las familias y, en particular, a la mujer embarazada, que incluya la promoci髇 de la cultura del buen trato prenatal mediante la adopci髇 de conductas responsables que favorezcan el adecuado desarrollo del feto.

4.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, incorporar醤 contenidos espec韋icos sobre el ejercicio positivo de la parentalidad en los programas de formaci髇 de las personas profesionales que desarrollan su actividad en servicios que conllevan un contacto habitual con familias con hijos e hijas menores de edad.

Art韈ulo 57.– Promoci髇 de la coparentalidad y de la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en pol韙ica familiar, adoptar medidas orientadas a facilitar que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras puedan dedicar a las personas menores a su cargo el tiempo necesario para su crianza, fomentando una organizaci髇 social corresponsable, y, en particular, las siguientes:

  • a) Desarrollar campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, a las empresas, as como a la sociedad en su conjunto, acerca del impacto positivo de la coparentalidad y de la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral en el desarrollo pleno y arm髇ico de las personas menores, y, en especial, informar acerca de las medidas articuladas por las administraciones p鷅licas vascas con esa finalidad.
  • b) Arbitrar medidas orientadas a posibilitar y facilitar la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral con el fin de facilitar una atenci髇 adecuada a las responsabilidades de crianza y cuidado, as como el ejercicio igualitario de hombres y mujeres de dichas responsabilidades, y, en especial, arbitrar ayudas econ髆icas a la conciliaci髇 de la vida personal, familiar y laboral para la atenci髇 de hijas e hijos en sus primeros a駉s de vida, susceptibles, por su dise駉 y cuant韆, de contribuir a favorecer el recurso a situaciones de excedencia o de reducci髇 de jornada.
  • c) Desarrollar y fomentar la implantaci髇 de programas dirigidos al desarrollo de la corresponsabilidad e implicaci髇 activa del padre en la crianza.
  • d) Promover en el mundo empresarial la cultura de la conciliaci髇 familiar y de la corresponsabilidad en la crianza. A tal efecto, desarrollar acciones espec韋icamente dirigidas a la sensibilizaci髇, el asesoramiento y el apoyo a la elaboraci髇 y puesta en marcha de planes de conciliaci髇 e igualdad de g閚ero en las empresas y, en especial, a la inclusi髇 de medidas de apoyo a la conciliaci髇 familiar en los convenios colectivos, particularmente en relaci髇 con la articulaci髇 de horarios y condiciones de trabajo flexibles que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza y el cuidado de los hijos e hijas.

2.– Las administraciones p鷅licas vascas, desde sus 髍ganos de contrataci髇, introducir醤 cl醬sulas sociales dirigidas a dar prioridad, en los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica, a las empresas que acrediten su compromiso con la conciliaci髇 de la vida personal, familiar y laboral y el fomento de esta entre sus trabajadores y trabajadoras.

En todo caso, ser requisito para la inclusi髇 de las cl醬sulas sociales mencionadas que estas guarden una relaci髇 directa con la prestaci髇 objeto del contrato, y deber justificarse dicha circunstancia en el expediente de contrataci髇, de forma expresa y adecuada.

3.– De acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 75.1 y 80.1 de esta ley, los centros educativos pondr醤 a disposici髇 de los ayuntamientos espacios para que articulen, en horarios extraescolares y en periodos vacacionales, servicios y programas de ocio educativo orientados a facilitar a las familias la conciliaci髇 de su vida familiar y profesional. A tal efecto, los ayuntamientos y los centros educativos participar醤 conjuntamente en el dise駉 y la articulaci髇 de los referidos servicios y programas.

CAP蚑ULO IV
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A DISPONER DE CONDICIONES DE VIDA DIGNAS Y A LA INCLUSI覰 SOCIAL

Art韈ulo 58.– Medidas orientadas a promover un nivel b醩ico de bienestar material

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 de los departamentos competentes en cada caso, adoptar las medidas pertinentes para que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras puedan acceder a un nivel m韓imo de recursos econ髆icos que les permita garantizar a sus hijos e hijas menores de edad, o a las personas menores a su cargo, el nivel b醩ico de bienestar material que necesitan para un desarrollo integral adecuado. En particular, adoptar las siguientes medidas:

  • a) Desarrollar campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de garantizar un nivel b醩ico de bienestar material a todas las personas menores, y orientadas, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas con esa finalidad.
  • b) Dise馻r e implementar pol韙icas de empleo y de trabajo que promuevan la inserci髇 laboral y la obtenci髇 de condiciones dignas de trabajo y de salario suficiente para garantizar la cobertura del nivel b醩ico de bienestar material.
  • c) Implementar ayudas econ髆icas, en el marco de su pol韙ica de apoyo a las familias con personas menores a su cargo, en los t閞minos que se determinen en la legislaci髇 sectorial que resulte de aplicaci髇 y en su normativa de desarrollo.
  • d) Establecer ayudas econ髆icas dirigidas a facilitar la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral.
  • e) Promover, en el marco de los programas dirigidos a facilitar la adquisici髇 de habilidades parentales para la crianza y el cuidado, contemplados en el art韈ulo 55.1, el aprendizaje de pautas para una buena gesti髇 de la econom韆 dom閟tica que contribuya a hacer posible un nivel b醩ico de bienestar.

2.– Las diputaciones forales dispondr醤 medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos e hijas menores de edad a su cargo.

3.– Las administraciones p鷅licas vascas profundizar醤 en actuaciones con el fin de garantizar unos recursos econ髆icos m韓imos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil. En este sentido, garantizar醤 prestaciones econ髆icas con una perspectiva de evaluaci髇 y progresi髇.

Art韈ulo 59.– Medidas orientadas a promover el acceso a una vivienda digna

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de vivienda, desarrollar campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de garantizar que todas las personas menores puedan acceder a una vivienda digna, y orientadas, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas por las administraciones p鷅licas vascas con esa finalidad.

2.– El Gobierno Vasco y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de vivienda, promover醤 las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, considerada esta en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 1 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Con esa finalidad, dichas medidas deber醤 orientarse, como m韓imo, a evitar el hacinamiento, la falta de accesibilidad y la pobreza energ閠ica, as como a garantizar la habitabilidad, la seguridad y la salubridad de la vivienda, con el objetivo 鷏timo de contribuir a la erradicaci髇 de la transmisi髇 intergeneracional de la pobreza.

3.– El Gobierno Vasco y los ayuntamientos promover醤 el desarrollo de una pol韙ica de vivienda de protecci髇 p鷅lica que facilite el acceso a la vivienda a las familias con hijos e hijas menores a su cargo.

Art韈ulo 60.– Medidas orientadas a promover la inclusi髇 social

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, promover醤 la inclusi髇 social de las personas menores, garantizando la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y, en especial, en el acceso a la sanidad, la educaci髇, la vivienda, el suministro energ閠ico, la nutrici髇, los servicios sociales, la cultura, la actividad f韘ica, el deporte y el ocio.

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, las administraciones p鷅licas vascas desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Desarrollar醤 campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de promover las condiciones m醩 favorables para garantizar la inclusi髇 social de todas las personas menores y acerca del impacto positivo que dicha inclusi髇 tiene, tanto para ellas mismas como para la sociedad en su conjunto, y tanto en la actualidad como en el futuro. Estas campa馻s de divulgaci髇 se orientar醤, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas por las administraciones p鷅licas con esa finalidad.
  • b) Fomentar醤 aquellas prestaciones y servicios que garanticen a todas las personas menores el acceso a todos los derechos contenidos en esta ley, en especial a las que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad.
  • c) Promover醤 la participaci髇 social activa en el 醡bito comunitario y la creaci髇 de redes vecinales y comunitarias activas, que favorezcan un sentimiento de pertenencia a la comunidad local y una implicaci髇 activa en la organizaci髇 de actividades culturales, de ocio y deportivas, de acciones de apoyo y de grupos de autoayuda, susceptibles de favorecer la inclusi髇 social de todos los componentes de la comunidad.
  • d) Impulsar醤 actuaciones de sensibilizaci髇 y participaci髇 a nivel comunitario, espec韋icamente orientadas a promover y defender la igualdad en la diversidad y la no discriminaci髇, en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley.
  • e) Impulsar醤 el desarrollo, en los centros sostenidos con fondos p鷅licos que integran el Sistema Educativo Vasco, de programas de ocio y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliaci髇 de la vida laboral y familiar de padres y madres durante esos periodos.

3.– En particular, las administraciones p鷅licas vascas promover醤 el mayor grado posible de autonom韆 personal y el m醲imo desarrollo de las capacidades de cada persona menor con discapacidad, y fomentar醤 su inclusi髇 social. Y, a tal efecto, deber醤:

  • a) Fomentar actividades comunitarias, culturales, de ocio o deportivas, coherentes con el principio de integraci髇 y que promuevan la relaci髇 y el apoyo entre personas menores con y sin discapacidad.
  • b) Garantizar las condiciones de accesibilidad, adaptaci髇 del medio y dotaci髇 de instrumentos o productos de apoyo en los t閞minos referidos en el art韈ulo 13.b) de esta ley.

4.– Asimismo, fomentar醤 el respeto y la inclusi髇 integral de las personas menores pertenecientes a minor韆s culturales, y, para ello, deber醤:

  • a) Velar por la sensibilizaci髇 social acerca de la riqueza de la diversidad y la consideraci髇 de los valores de otras culturas, en el marco de la convivencia democr醫ica y el respeto de los derechos humanos.
  • b) Favorecer el acceso de las personas menores pertenecientes a minor韆s culturales a los recursos p鷅licos que faciliten su inclusi髇 social, lingstica y cultural, respetando su propia identidad cultural.

CAP蚑ULO V
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA SALUD

Art韈ulo 61.– Principios de actuaci髇 para la promoci髇 del derecho a la salud

1.– La Administraci髇 sanitaria ofrecer a las personas menores enfermas la atenci髇 sanitaria mejor adaptada a sus necesidades, y, para ello, garantizar su derecho a ser atendidas en los servicios de salud, de car醕ter ambulatorio y hospitalario, incluidos los servicios de salud mental infantojuvenil, en los t閞minos referidos en el art韈ulo 32.3 de esta ley.

2.– En el marco de la planificaci髇 de las pol韙icas sanitarias, se dotar a los centros de salud, de atenci髇 tanto ambulatoria como hospitalaria, de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la poblaci髇 infantil y adolescente, con vistas a la prevenci髇 y a la atenci髇 a su salud f韘ica y mental.

3.– Asimismo, arbitrar los medios necesarios para que se potencie el tratamiento ambulatorio de personas menores, para evitar, en lo posible, su hospitalizaci髇. Los centros de salud ambulatorios dispondr醤, a tales efectos, de locales adecuados que respondan a las necesidades de las personas menores y, en funci髇 del espacio disponible y de otras posibilidades existentes, tambi閚 a las de juego, acordes a la normativa de seguridad. En todo caso, deber velarse, asimismo, por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

4.– Si la hospitalizaci髇 es indispensable, el per韔do de hospitalizaci髇 deber ser lo m醩 breve posible. Los servicios hospitalarios, sean p鷅licos o privados, garantizar醤 a las personas menores hospitalizadas, adem醩 de los derechos contemplados en el art韈ulo 32, los siguientes derechos:

  • a) Recibir informaci髇 sobre el conjunto del tratamiento m閐ico al que se las somete y las perspectivas positivas que este ofrece; dicha informaci髇 deber adaptarse a su edad, madurez y desarrollo evolutivo, as como a su estado afectivo y psicol骻ico.
  • b) Ser atendidas, tanto en la recepci髇 como en el seguimiento, de manera individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.
  • c) Estar acompa馻das el m醲imo tiempo posible, durante su permanencia en el hospital, de una persona progenitora u otra persona representante legal, de una de las personas acogedoras o guardadoras, o de una persona en quien se deleguen funciones de cuidado, salvo que ello pueda perjudicar u obstaculizar la aplicaci髇 de los tratamientos oportunos.
  • d) Contactar con sus personas progenitoras, con sus representantes legales, con las personas acogedoras o guardadoras, o con la persona en quien se deleguen funciones de cuidado, en momentos de tensi髇, para lo cual dispondr醤 de los medios adecuados.
  • e) Ser hospitalizadas junto a otras personas menores, con el fin de evitar en todo lo posible su hospitalizaci髇 entre personas adultas.
  • f) Disponer de locales adecuados que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educaci髇 y de juego, de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y de seguridad.
  • g) Proseguir su formaci髇 escolar durante su permanencia en el hospital, accediendo a las ense馻nzas del profesorado y del material did醕tico que las autoridades escolares pongan a su disposici髇.
  • h) Disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad, siempre que sea posible y resulte adecuado a su inter閟 superior.
  • i) Recibir los cuidados precisos, incluidos los cuidados paliativos, aun cuando para ello sea necesaria la intervenci髇 de la autoridad judicial, en los casos en que sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras se nieguen, por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos m閐icos necesarios para salvaguardar su vida o integridad f韘ica o ps韖uica, o no est閚 en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad; en todos los casos deber prevalecer el derecho a la vida y a la integridad f韘ica de la persona menor de edad. En tales supuestos se actuar conforme a lo establecido en el t韙ulo VI de esta ley.

5.– La Administraci髇 sanitaria reforzar las pol韙icas de prevenci髇, con el fin de incidir en la promoci髇 de h醔itos de vida saludable para evitar futuras enfermedades, dise馻ndo programas de prevenci髇 y control de las enfermedades no trasmisibles en la poblaci髇 infantil, adolescente y juvenil, y actuaciones para prevenir la obesidad infantil, as como los riesgos del mal uso de las redes sociales.

Art韈ulo 62.– Actuaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, garantizar los derechos y deberes de car醕ter instrumental y complementario que se deriven de la regulaci髇 legal del derecho a la protecci髇 de la salud de las personas menores, con el m醲imo respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad en sus relaciones con los servicios sanitarios.

2.– En particular, desarrollar las siguientes actuaciones:

  • a) Garantizar la protecci髇 de la confidencialidad de su historia cl韓ica y de su historia social, si la hay, o de cualquier otro dato relativo a su situaci髇 socioecon髆ica y familiar, en los t閞minos previstos en el ordenamiento jur韉ico vigente, y sin perjuicio del deber de comunicaci髇 cualificado previsto en el art韈ulo 17 de esta ley y de la obligaci髇 de facilitar informaci髇 establecida en el art韈ulo 18 de la misma ley.
  • b) Informar de las previsiones normativas en relaci髇 con el otorgamiento o la denegaci髇 de consentimiento, y de las limitaciones al ejercicio del mencionado derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica.
  • c) Informar a las personas menores de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento m閐ico al que sean sometidas, atendiendo a su edad, madurez y estado psicol骻ico y afectivo, quienes, en lo posible, recibir醤 la informaci髇 pertinente en la lengua que deseen o que manifiesten.
  • d) Adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento al derecho de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras a ser informadas del estado de salud de la persona menor, sin perjuicio del derecho fundamental de estas 鷏timas a su intimidad en funci髇 de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual.

Art韈ulo 63.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

1.– Con el fin de favorecer el derecho de las personas menores a disfrutar del m醩 alto nivel posible de salud f韘ica y mental, el Gobierno Vasco, en el 醡bito de sus competencias en materia de salud, promover actuaciones de divulgaci髇, de car醕ter general, orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la importancia de promover la buena salud de las personas menores, incidiendo, en particular, en el hecho de que la salud no es solo ausencia de enfermedades o de trastornos, sino tambi閚 bienestar f韘ico y mental.

2.– En el marco de estas campa馻s de divulgaci髇, se incidir en los beneficios de una alimentaci髇 saludable y de una nutrici髇 adecuada, as como en los beneficios de la actividad f韘ica, del juego y del descanso para el desarrollo y la salud f韘ica y mental de las personas menores.

3.– En particular, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias:

  • a) Garantizar醤 que las pautas de alimentaci髇 aplicadas en los servicios dirigidos a personas menores en el 醡bito de la salud, la educaci髇, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio cumplen con los criterios marcados por la autoridad vasca en materia de nutrici髇 saludable.
  • b) Velar醤 por que los men鷖 garanticen la igualdad en la diversidad y se adapten, ofreciendo alternativas que permitan responder a necesidades de orden m閐ico o a usos religiosos o culturales.

4.– Los servicios referidos en el apartado anterior incluir醤 en su programaci髇 actividades f韘icas y deportivas, en los t閞minos indicados en el cap韙ulo VIII de este t韙ulo.

Art韈ulo 64.– Cartilla de salud infantil y tarjeta individual sanitaria

1.– Tras el nacimiento, se expender una cartilla de salud infantil que contemple las principales acciones de prevenci髇 sanitaria y de protecci髇 de la salud que se consideren pertinentes.

2.– En el caso de las personas menores que procedan de otra comunidad aut髇oma o de otro pa韘, la cartilla de salud infantil se entregar durante la primera consulta con el pediatra o la pediatra del centro de salud o con el m閐ico o la m閐ica de familia, seg鷑 los casos, que corresponda a su domicilio en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

3.– Las personas menores con reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a cargo de Osakidetza-Servicio vasco de salud dispondr醤 de su propia tarjeta individual sanitaria. En los mismos t閞minos, dispondr醤 de su propia tarjeta individual sanitaria todas las personas menores de edad tuteladas por las diputaciones forales, con independencia de su origen.

Art韈ulo 65.– Programas educativos para la promoci髇 de la salud

1.– El Gobierno Vasco, en el marco de la colaboraci髇 interdepartamental entre los sistemas de salud y educativo, dise馻r e impartir en los centros educativos programas de educaci髇 para la salud adaptados a las diferentes edades de las personas menores de edad, que incluir醤, adem醩 de los contenidos de prevenci髇 de enfermedades y trastornos referidos en el cap韙ulo I del t韙ulo IV de esta ley, contenidos orientados a la promoci髇 de la salud.

2.– Los programas de educaci髇 para la salud indicados en el apartado 1 podr醤 centrarse en cualquier materia que se considere relevante a la vista de la evoluci髇 de los h醔itos de la poblaci髇 infantil y adolescente. En todo caso, deber醤 articularse contenidos que informen, sensibilicen y conciencien de los beneficios que una alimentaci髇 saludable, la actividad f韘ica y el equilibrio en las relaciones afectivas tienen en la salud f韘ica y mental, de acuerdo con lo dispuesto en el plan de salud vigente o con las necesidades que la autoridad sanitaria competente determine o identifique.

CAP蚑ULO VI
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA EDUCACI覰

Art韈ulo 66.– Principios de actuaci髇 en el marco educativo

1.– Con el fin de promover el derecho a la educaci髇 de las personas menores, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, ajustar sus actuaciones a los siguientes principios:

  • a) Adaptar el proceso educativo de las personas menores a su situaci髇 evolutiva.
  • b) Incorporar de forma progresiva en el proyecto educativo del centro aspectos pedag骻icos y organizativos que articulen el funcionamiento del centro en torno a la promoci髇 del ejercicio efectivo de los derechos de la infancia y de la adolescencia y al cumplimiento de los deberes y la asunci髇 de sus responsabilidades.
  • c) Respetar y promover la igualdad de oportunidades en los centros educativos, y ofrecer las mismas oportunidades educativas a todas las personas menores. A tal efecto, arbitrar acciones de discriminaci髇 positiva, de car醕ter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas econ髆icas, sociales, culturales o personales. Asimismo, deber articular los medios materiales, organizativos y profesionales necesarios para adecuar la ense馻nza al alumnado con necesidades espec韋icas de apoyo educativo, en aras de propiciar la individualizaci髇 de los apoyos desde el inicio de la escolaridad en el marco de la atenci髇 temprana, en coordinaci髇 con los servicios de salud y con los servicios sociales.
  • d) Promover la participaci髇 de las personas menores, en la medida en que son miembros de la comunidad educativa, en su proceso educativo y en las asociaciones de estudiantes, y habilitar los mecanismos y los canales de comunicaci髇 que recojan y canalicen cualquier tipo de iniciativa, sugerencia, recomendaci髇 o queja del alumnado.
  • e) Respetar y promover, en los t閞minos que establece la normativa educativa, el derecho de las personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras al seguimiento y a la participaci髇 en la educaci髇 escolar de las personas menores a su cargo.
  • f) Aprobar las instrucciones, medidas y pautas necesarias para el establecimiento de los centros educativos como entornos seguros.

2.– Asimismo, garantizar la inclusi髇 en los proyectos educativos y curriculares de los centros educativos de los siguientes aspectos:

  • a) La promoci髇 y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jur韉ico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad, la equidad y la no discriminaci髇 en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadan韆, el civismo y la cultura de la paz.
  • b) La adquisici髇 de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de g閚ero y de respeto a las diversas formas de relaci髇 afectivo-sexual y de expresi髇 de la orientaci髇 sexual.
  • c) El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en su pluralidad, garantizando, en particular, la consecuci髇 de los objetivos lingsticos recogidos en el art韈ulo 66 de la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educaci髇, de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • d) El conocimiento del entorno cultural m醩 pr髕imo y la apertura a otros 醡bitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.
  • e) El respeto al medioambiente natural, sobre las bases del desarrollo sostenible, facilitando la accesibilidad continua a los espacios naturales pr髕imos.

3.– Dada la probada importancia de la educaci髇 infantil en el desarrollo evolutivo, desde una 髉tica de igualdad de oportunidades, equidad y justicia social, la Administraci髇 educativa garantizar la escolarizaci髇 a partir de los cero a駉s, en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 vigente en materia educativa.

Art韈ulo 67.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, organizar campa馻s de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en relaci髇 con el derecho de las personas menores a la educaci髇 y en relaci髇 con la obligatoriedad de la escolarizaci髇 en determinadas etapas, incidiendo en el impacto positivo que la educaci髇 tiene en su desarrollo integral y arm髇ico, en particular si se inicia en edades muy tempranas.

Art韈ulo 68.– Red de centros educativos y acceso a la educaci髇

1.– Los centros sostenidos con fondos p鷅licos que integran el Sistema Educativo Vasco, a excepci髇 de los centros educativos de Formaci髇 Profesional, deber醤 disponer de un n鷐ero suficiente de plazas para prestar la atenci髇 educativa que las personas menores precisen en los distintos ciclos de ense馻nza.

2.– Los centros educativos reunir醤 los requisitos establecidos por el ordenamiento jur韉ico vigente en relaci髇 con el n鷐ero de puestos escolares, la titulaci髇 acad閙ica del profesorado, la relaci髇 num閞ica alumno-profesor y las instalaciones docentes y deportivas, con particular atenci髇 al cumplimiento de las normas en materia de seguridad y accesibilidad.

3.– La Administraci髇 educativa velar por el cumplimiento de estos requisitos en el marco de sus funciones de autorizaci髇 y de inspecci髇.

4.– En cumplimiento del derecho a la educaci髇 durante las etapas de escolarizaci髇 obligatoria, la Administraci髇 educativa:

  • a) Contar con un n鷐ero suficiente de plazas en los centros sostenidos con fondos p鷅licos que integran el Sistema Educativo Vasco para prestar la atenci髇 educativa durante la etapa obligatoria.
  • b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la escolarizaci髇 inmediata de las personas menores que por razones derivadas de un cambio de residencia o de una modificaci髇 de sus circunstancias familiares, personales o sociales deban incorporarse tard韆mente al sistema educativo.
  • c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educaci髇 de las personas menores que, por razones de hospitalizaci髇 domiciliaria o en un centro sanitario o de inclusi髇 en un programa terap閡tico-educativo, no puedan asistir de manera habitual y continuada a su centro escolar, en aplicaci髇 de lo previsto en la Carta Europea de los Derechos de los Ni駉s Hospitalizados, aprobada por Resoluci髇 del Parlamento Europeo de 13 de mayo de 1986.
  • d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educaci髇 de las personas menores que, en el marco de las medidas de protecci髇, residan en centros de acogimiento residencial o se encuentren en acogimiento familiar. Deber facilitarse la escolarizaci髇 en el contexto escolar m醩 adecuado a sus necesidades, preferentemente en el medio educativo ordinario, salvo que sea contrario al inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educaci髇 de las personas adolescentes que, en el marco de una medida judicial, residan en centros educativos de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, y deber garantizarse su escolarizaci髇 en el contexto escolar m醩 adecuado a sus necesidades.

5.– Con el fin de favorecer en todo lo posible el inicio de la escolaridad en las etapas m醩 tempranas, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 66.3 de esta ley, la Administraci髇 educativa contar con un n鷐ero suficiente de plazas en los centros sostenidos con fondos p鷅licos que integran el Sistema Educativo Vasco para prestar la atenci髇 educativa durante la escolarizaci髇 infantil en el tramo de tres a seis a駉s.

6.– Asimismo, en colaboraci髇 con las distintas administraciones y los agentes sociales, la Administraci髇 educativa garantizar la creaci髇 de plazas p鷅licas suficientes destinadas a la escolarizaci髇 a partir de los cero a駉s.

7.– En los procesos de admisi髇 del alumnado en la etapa de educaci髇 obligatoria no podr醤 establecerse en ning鷑 caso criterios discriminatorios basados en ninguna raz髇 personal o social de las se馻ladas en el art韈ulo 25.1 de esta ley. Asimismo, no podr condicionarse la admisi髇 al resultado de pruebas o ex醡enes de ingreso.

8.– Lo anterior deber entenderse sin perjuicio de los criterios de acci髇 positiva que puedan aplicarse para facilitar el acceso de personas menores v韈timas de violencia o en situaci髇 de desamparo en los t閞minos previstos en los t韙ulos V y VI de esta ley.

Art韈ulo 69.– Programas educativos para la promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, adoptar, en colaboraci髇 con otros departamentos y en colaboraci髇 tambi閚 con el resto de las administraciones p鷅licas vascas en el 醡bito de sus respectivas competencias, medidas para garantizar, en el marco escolar, la impartici髇 de programas informativos y educativos orientados a promover pautas de conducta y formas de vida beneficiosas para el desarrollo pleno y arm髇ico de las personas menores.

2.– Con el fin de maximizar su eficacia, los contenidos de promoci髇 referidos en este art韈ulo podr醤 ofrecerse, conjuntamente, con contenidos de car醕ter preventivo, en los t閞minos se馻lados en el t韙ulo IV de esta ley.

3.– Las materias tratadas en el marco de programas indicados en el apartado 1 responder醤 a la evoluci髇 de las necesidades y de las conductas que se observen en la poblaci髇 infantil y adolescente, as como a la evoluci髇 de la realidad social y ambiental.

4.– Todos los programas educativos referidos en el apartado anterior se ofrecer醤 a las personas menores en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y sea f醕ilmente comprensible para ellas, adaptado de forma espec韋ica a la edad, capacidad de entendimiento y desarrollo evolutivo de las personas destinatarias, y con atenci髇 especial a garantizar su accesibilidad en los t閞minos se馻lados en el art韈ulo 13.b) de esta ley.

CAP蚑ULO VII
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA CULTURA

Art韈ulo 70.– Principios de actuaci髇

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus competencias en materia de cultura, velar醤 por la idoneidad de las condiciones culturales en que crecen las personas menores, con objeto de favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su plena integraci髇 educativa, cultural y social.

2.– Para alcanzar la finalidad prevista en el apartado anterior, ajustar醤 su actuaci髇 a los siguientes principios:

  • a) Velar醤 por el acceso de las personas menores a una informaci髇 cultural que sea plural y veraz.
  • b) Impulsar醤 la consideraci髇 de la infancia como p鷅lico estrat間ico de las actividades culturales y creativas.
  • c) Adaptar醤 las actividades culturales a la situaci髇 evolutiva de las personas menores.
  • d) Ofrecer醤 las mismas oportunidades culturales a todas las personas menores, arbitrando para ello acciones de discriminaci髇 positiva, de car醕ter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econ髆icas, sociales, culturales o personales.

3.– Asimismo, las administraciones p鷅licas mencionadas en el apartado 1 incluir醤 en las actividades culturales, as como en las relaciones interpersonales que se establecen en su marco, los siguientes aspectos:

  • a) La promoci髇 y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jur韉ico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad y la no discriminaci髇, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadan韆, el civismo y la cultura de la paz.
  • b) La adquisici髇 de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de g閚ero.
  • c) El respeto a las diversas formas de relaci髇 afectivo-sexual y de expresi髇 de la orientaci髇 sexual.
  • d) El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en su pluralidad, garantizando en particular el aprendizaje de los idiomas oficiales de dicha comunidad.
  • e) El conocimiento del entorno cultural m醩 pr髕imo y la apertura a otros 醡bitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.
  • f) El respeto al medioambiente natural sobre las bases de un desarrollo sostenible.

Art韈ulo 71.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de cultura, desarrollar醤 actividades de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en relaci髇 con el derecho de las personas menores a la cultura y con su impacto positivo en su desarrollo pleno y arm髇ico.

Art韈ulo 72.– Acceso a bienes y medios culturales

Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, promover醤 el acceso de las personas menores a los bienes que integran el patrimonio hist髍ico, cultural y art韘tico de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. En particular:

  • a) Garantizar醤 la existencia de pol韙icas, recursos y medios culturales en los que las personas menores puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, art韘ticas y manuales.
  • b) Garantizar醤 el acceso, en condiciones de igualdad y de accesibilidad, de las personas menores a los bienes culturales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, as como su participaci髇 en ellos, favoreciendo el conocimiento de sus valores, de su historia y de sus tradiciones.
  • c) Organizar醤 o fomentar醤 la organizaci髇 de iniciativas y manifestaciones culturales y art韘ticas, dirigidas a personas menores, que contribuyan a despertar su inter閟 por la cultura y faciliten su participaci髇 activa en la vida cultural y art韘tica, desde un enfoque de diversidad cultural e interculturalidad.
  • d) Promover醤 el acceso de las personas menores a los medios de difusi髇 cultural; en particular, a los servicios de informaci髇, documentaci髇, biblioteca, museos, cine, teatro y dem醩 servicios culturales y art韘ticos. Los museos y dem醩 instituciones y centros culturales p鷅licos deber醤 desarrollar programas adecuados para las diferentes edades y facilitar a personas menores el disfrute de sus fondos y el acceso a sus propuestas culturales y art韘ticas, promoviendo su participaci髇.
  • e) Promover醤 acciones orientadas a una sensibilizaci髇 adecuada acerca de la oferta cultural accesible a trav閟 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, y, en particular, en relaci髇 con el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

CAP蚑ULO VIII
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA ACTIVIDAD F蚐ICA Y AL DEPORTE

Art韈ulo 73.– Principios de actuaci髇

Con el fin de promover un desarrollo integral de las personas menores, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias en materia de promoci髇 de la actividad f韘ica y el deporte, ajustar醤 su actuaci髇 a los siguientes principios:

  • a) Reforzar el contenido educativo de las actividades f韘icas y deportivas, adoptando como principios de actuaci髇 en los planes y programas de actividad f韘ica y deporte destinados a las personas menores el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato y la no violencia, y la igualdad de g閚ero en la pr醕tica deportiva, para contribuir a la educaci髇 integral y promover los h醔itos saludables y los valores democr醫icos.
  • b) Velar por garantizar las mismas oportunidades para la pr醕tica de la actividad f韘ica y deportiva a todas las personas menores, y para el desarrollo de sus capacidades y h醔itos deportivos, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de g閚ero asociados al deporte.
  • c) Velar por la conciliaci髇 de la pr醕tica del deporte con la educaci髇 reglada, el juego y el ocio y la vida familiar de las personas menores.
  • d) Garantizar que, hasta los seis a駉s de edad, las actividades se lleven a cabo a trav閟 del juego, incluyendo actividades adaptadas a la edad de los menores y las menores, no incluyendo t閏nicas deportivas espec韋icas ni actividades de competici髇 que conduzcan a resultados deportivos derivados de la competici髇 o clasificaciones. En estas edades se promover el acceso prioritario a formas de juego libre activo que eviten un tiempo de ocio excesivamente estructurado y el sedentarismo.
  • e) Velar por que no se utilice la actividad f韘ica o la prohibici髇 de actividad f韘ica como castigo, ni en el 醡bito escolar ni en el comunitario ni en ning鷑 centro de tiempo libre u ocio educativo.

Art韈ulo 74.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de actividad f韘ica y deporte, en colaboraci髇 y coordinaci髇 con los departamentos del Gobierno Vasco competentes en dicha materia y en materia de salud, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Actividades de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en relaci髇 con el derecho de las personas menores a la actividad f韘ica y al deporte, y acerca de su impacto positivo en su bienestar y desarrollo, tanto f韘ico como mental.
  • b) Actividades de fomento de la actividad f韘ica y deportiva de la poblaci髇 infantil y adolescente, en el 醡bito tanto escolar como comunitario, dirigidas y programadas por personal t閏nico deportivo cualificado.

Art韈ulo 75.– Acceso a la actividad f韘ica y al deporte

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias en materia de actividad f韘ica y deporte y en materia de educaci髇, deber醤 promover el incremento del tiempo de actividad f韘ica en horario escolar, en aras de evitar el sedentarismo. A tal efecto, adoptar醤 medidas orientadas a los siguientes fines:

  • a) Impulsar la creaci髇 de caminos escolares, as como iniciativas para la promoci髇 del desplazamiento activo, dirigidos a que el alumnado pueda moverse con seguridad y autonom韆 por las calles y recupere el uso y disfrute del espacio p鷅lico, con el objetivo final de mejorar su salud y autonom韆, y de aumentar el grado de concienciaci髇, desde edades tempranas, sobre la importancia y los beneficios de la actividad f韘ica en la salud.
  • b) Garantizar la existencia en los centros educativos de instalaciones deportivas adecuadas y accesibles, y desarrollar actividades f韘ico-deportivas durante la jornada escolar, facilit醤dose el uso social de las instalaciones escolares p鷅licas para la pr醕tica de actividades deportivas fuera del horario lectivo, siempre que existan garant韆s de una utilizaci髇 adecuada y no interfiera en su funci髇 principal como equipamiento docente.

2.– Asimismo, las administraciones p鷅licas mencionadas en el apartado anterior desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Prever, en el marco de la planificaci髇 urban韘tica general, la creaci髇 de espacios de acceso libre para la actividad f韘ica y el deporte de las personas menores y el acceso seguro a estos espacios, aprovechando los espacios existentes para estos usos.
  • b) Garantizar una oferta deportiva suficiente y adecuada a las necesidades de la poblaci髇 infantil y adolescente en funci髇 de la edad, el g閚ero, la tipolog韆 de discapacidad u otras caracter韘ticas personales que condicionen su acceso. A tal efecto, arbitrar醤 medidas compensatorias de acci髇 positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad social por razones econ髆icas, sociales o culturales, as como dirigidas a favorecer el deporte femenino en todas las disciplinas y categor韆s.
  • c) Fomentar la dinamizaci髇 deportiva en las zonas rurales, impulsando la construcci髇 o acondicionamiento de equipamientos deportivos en 醨eas rurales.
  • d) Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el 醡bito de las actividades deportivas.
  • e) Favorecer y fomentar el deporte femenino en todas las categor韆s y en todos los espacios escolares y extraescolares y de ocio, en t閞minos de igualdad y no discriminaci髇.

Art韈ulo 76.– Deporte de competici髇

Las administraciones p鷅licas vascas competentes en materia de actividad f韘ica y deporte, as como las asociaciones y federaciones deportivas:

  • a) Velar醤 por que se respete el derecho de las personas menores a decidir voluntariamente si desean o no participar en deportes de competici髇.
  • b) Garantizar醤 que los m閠odos y planes de entrenamiento, en el caso del deporte de competici髇, respeten las capacidades personales de las personas menores, as como sus necesidades educativas y sus necesidades sociales, familiares y relacionales.

Art韈ulo 77.– Programas educativos para la promoci髇 de la actividad f韘ica y el deporte

El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de actividad f韘ica y deporte, deber coordinarse con los departamentos competentes en materia de educaci髇 y salud, con el fin de impartir en los centros educativos programas de promoci髇 de la actividad f韘ica y el deporte, dirigidos a informar, sensibilizar y concienciar a las personas menores acerca de los beneficios que dichas actividades tienen en su bienestar, en su desarrollo personal y en su salud f韘ica y mental.

CAP蚑ULO IX
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO

Art韈ulo 78.– Principios de actuaci髇

Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de promoci髇 de las actividades de ocio educativo, ajustar醤 su actuaci髇 a los siguientes principios:

  • a) Reforzar el contenido educativo de las actividades de ocio, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato, la no violencia y la sostenibilidad.
  • b) Promover la igualdad de g閚ero en la pr醕tica de estas actividades, con el fin de contribuir a la educaci髇 integral de las personas menores y a la adquisici髇 de h醔itos respetuosos y valores democr醫icos.
  • c) Velar por garantizar a todas las personas menores las mismas oportunidades de practicar actividades de juego y de ocio educativo y de desarrollar sus capacidades y h醔itos de ocio, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de g閚ero asociados al ocio.
  • d) Velar por la conciliaci髇 de las actividades de ocio educativo con la educaci髇 reglada y la vida familiar de las personas menores.

Art韈ulo 79.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus competencias en materia de cultura, educaci髇 y ocio, desarrollar醤 actividades de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en relaci髇 con el derecho de las personas menores al ocio, y en particular al ocio educativo, y con la necesidad de garantizar tiempos y espacios para que puedan desarrollar este tipo de actividades.

Art韈ulo 80.– Acceso a las actividades de ocio educativo

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Promover la adopci髇 de formas saludables y diversificadas de diversi髇 y de ocio educativo y de uso del tiempo libre.
  • b) Ofrecer las mismas oportunidades de juego y ocio educativo a toda la poblaci髇 infantil y adolescente. A tal efecto, arbitrar醤 medidas compensatorias de acci髇 positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad social por razones econ髆icas, sociales o culturales.
  • c) Promover el uso seguro y responsable de las tecnolog韆s digitales y sus diversas aplicaciones al ocio educativo.
  • d) Fomentar la creaci髇 de servicios y equipamientos l鷇icos dirigidos a la poblaci髇 infantil y adolescente.
  • e) Fomentar la organizaci髇 de actividades de ocio educativo en barrios y municipios, bien desde las instituciones p鷅licas, bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas, de manera que las personas menores dispongan de una oferta estable, regular, variada y cercana.
  • f) Promover la participaci髇 en actividades de juego y ocio educativo, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario.
  • g) Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el 醡bito del ocio educativo y de las actividades recreativas.
  • h) Facilitar el uso social de las instalaciones escolares p鷅licas para la realizaci髇 de actividades de ocio educativo destinadas a las personas menores fuera del horario lectivo, siempre que existan garant韆s de una utilizaci髇 adecuada y no interfiera en su funci髇 principal como equipamiento docente.
  • i) Impulsar el desarrollo en los centros educativos p鷅licos de programas de ocio educativo y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliaci髇 de la vida laboral y familiar de padres y madres durante ese periodo.
  • j) Reglamentar las caracter韘ticas de las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas p鷅licas a las que tienen acceso las personas menores, as como las medidas de vigilancia que correspondan.

2.– Asimismo, fomentar醤 el respeto hacia las personas menores con discapacidad; ayudar醤 al desarrollo f韘ico, ps韖uico y social de cada etapa evolutiva, y evitar醤 los elementos, mensajes o estereotipos que propicien cualquier tipo de discriminaci髇, actitudes machistas o actitudes violentas y de odio.

3.– Los juegos, juguetes y videojuegos destinados a la poblaci髇 infantil y adolescente deber醤 adaptarse a las necesidades de las personas menores y ayudar al desarrollo psicomotor en funci髇 de su edad, respetando las condiciones de seguridad y accesibilidad exigidas por la normativa vigente.

CAP蚑ULO X
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DE LOS DERECHOS EN EL 罬BITO LABORAL

Art韈ulo 81.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de trabajo, promover mediante campa馻s divulgativas dirigidas al mundo empresarial el respeto de los derechos espec韋icamente reconocidos a las personas menores de edad en la normativa laboral, sensibilizar a las empresas en relaci髇 con la necesidad de adoptar y garantizar la aplicaci髇 efectiva de todas las medidas de seguridad y protecci髇 necesarias, y adoptar las medidas de inspecci髇 y, en su caso, de sanci髇 correspondientes.

Art韈ulo 82.– Promoci髇 de derechos en el 醡bito laboral

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de educaci髇, potenciar la educaci髇 posobligatoria con el fin de favorecer una mejor formaci髇 y capacitaci髇 de las personas adolescentes mayores de diecis閕s a駉s, al objeto de facilitar su posterior inserci髇 laboral.

2.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de trabajo, promover y controlar la aplicaci髇 efectiva en los lugares de trabajo de las medidas espec韋icas establecidas legalmente, con el fin de garantizar el respeto de los derechos espec韋icos de las personas menores de edad en relaci髇 con el 醡bito laboral.

3.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Facilitar primeras experiencias laborales a personas menores de edad con escasa o nula experiencia laboral previa.
  • b) Incorporar en los procedimientos de contrataci髇 cl醬sulas de responsabilidad social, para fomentar la inserci髇 laboral de las personas mayores de diecis閕s a駉s que no desean proseguir con sus estudios, mediante programas de formaci髇 dual que les ofrezcan un r間imen de alternancia de actividad laboral retribuida con un itinerario formativo u ocupacional espec韋ico para el desempe駉 de un oficio.

    En todo caso, ser requisito para la inclusi髇 de las mencionadas cl醬sulas que estas guarden una relaci髇 directa con la prestaci髇 objeto del contrato. Dicha circunstancia deber justificarse en el expediente de contrataci髇, de forma expresa y adecuada.

  • c) Incluir en las normas reguladoras de las subvenciones, en relaci髇 con los criterios de valoraci髇 para su concesi髇, cl醬sulas de responsabilidad social con la misma finalidad prevista en la letra precedente, siempre y cuando su aplicaci髇 resulte efectiva atendiendo a la naturaleza u objeto de la subvenci髇.

CAP蚑ULO XI
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE

Art韈ulo 83.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de medioambiente y ecolog韆, desarrollar actuaciones de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la poblaci髇, y a la poblaci髇 infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a disfrutar de un medioambiente saludable y del deber de toda la sociedad, y de todas las instituciones y entidades p鷅licas y privadas de respetarlo, promoverlo y protegerlo.

Art韈ulo 84.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho al medioambiente

Las administraciones p鷅licas vascas desarrollar醤 actuaciones de promoci髇 orientadas a los siguientes fines:

  • a) Proteger adecuadamente el medioambiente, conservarlo y mejorarlo, desde un enfoque de desarrollo sostenible.
  • b) Favorecer el respeto y el conocimiento de la naturaleza entre las personas menores y, en particular, organizar, con esa finalidad, visitas y rutas programadas para conocer la diversidad del entorno natural y rural.
  • c) Dise馻r e implementar programas de formaci髇 participativos sobre la minimizaci髇, reciclaje y tratamiento de residuos, el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, la eficiencia energ閠ica y la adquisici髇 de h醔itos positivos de consumo responsable para la conservaci髇 del medioambiente.
  • d) Desarrollar campa馻s de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar e implicar al conjunto de la sociedad en general, y a las personas menores en particular, en la lucha contra el cambio clim醫ico.

CAP蚑ULO XII
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO AL ENTORNO SEGURO Y LA MOVILIDAD

Art韈ulo 85.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia urban韘tica y de medioambiente urbano, desarrollar醤 actuaciones de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la poblaci髇, y a la poblaci髇 infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a disfrutar de un entorno saludable y seguro, amigable y accesible, y del deber de toda la sociedad de promoverlo, respetarlo y protegerlo.

Art韈ulo 86.– Actuaciones para la promoci髇 del derecho al entorno

Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia urban韘tica, de infraestructuras viarias y de medioambiente urbano, desarrollar醤 acciones de promoci髇 orientadas a los siguientes fines:

  • a) Tomar en consideraci髇 las necesidades espec韋icas y el inter閟 superior de las personas menores en la concepci髇 y planificaci髇 de los espacios urbanos, con el fin de conseguir un entorno urbano inclusivo y amable con la infancia y la adolescencia.
  • b) Asegurar bajos niveles de contaminaci髇 atmosf閞ica, electromagn閠ica y ac鷖tica; en especial, en entornos educativos y sanitarios.
  • c) Incorporar a los planes urban韘ticos medidas orientadas a tener en cuenta las necesidades e intereses de las personas menores en el dise駉 de su entorno y en su desarrollo, as como la reserva de suelo destinado a usos y equipamientos para la infancia y la adolescencia.
  • d) Situar las zonas recreativas p鷅licas a las que tienen acceso las personas menores en lugares id髇eos y, en todo caso, alejados o protegidos de cualquier elemento peligroso. Estas zonas deber醤 gozar de condiciones de salubridad y encontrarse en un entorno accesible y seguro, alejadas de fuentes de contaminaci髇 ambiental atmosf閞ica, ac鷖tica o electromagn閠ica, y de construcciones o elementos nocivos o peligrosos para su salud e integridad f韘ica.
  • e) Configurar las zonas recreativas p鷅licas de forma que garanticen las medidas de seguridad adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de las personas menores, y permitan, adem醩, la separaci髇 por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para ni駉s y ni馻s de edad inferior a cuatro a駉s.
  • f) Garantizar la gesti髇 del riesgo en el acceso a los lugares circundantes de los centros educativos o de otros centros o espacios de uso infantil o adolescente, promoviendo, siempre que sea posible, su peatonalizaci髇 y promoviendo el trazado de itinerarios, bien iluminados, que permitan los desplazamientos de las personas menores de sus domicilios a la escuela de manera aut髇oma.
  • g) Garantizar la educaci髇 de las personas menores en materia de seguridad vial y de movilidad urbana sostenible.
  • h) Garantizar la eliminaci髇 de barreras arquitect髇icas o urban韘ticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la participaci髇 en el entorno y su disfrute a las personas menores de edad, y, en especial, a aquellas que tengan una discapacidad, en los t閞minos se馻lados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoci髇 de la Accesibilidad.
  • i) Ampliar los espacios para la libre circulaci髇 de personas, con el fin de favorecer el disfrute del espacio p鷅lico, posibilitando as la recuperaci髇 de la calle como espacio de juego, de relaci髇 y de socializaci髇, y de desarrollo comunitario.

Art韈ulo 87.– Actuaciones en relaci髇 con la movilidad urbana

1.– Las administraciones p鷅licas vascas dise馻r醤 las pol韙icas de movilidad urbana e interurbana teniendo en cuenta la perspectiva, las necesidades espec韋icas y el inter閟 superior de las personas menores de edad, y les facilitar醤 a estas el uso de los transportes p鷅licos.

2.– En particular, las pol韙icas de movilidad urbana e interurbana que se dise馿n deber醤 asegurar una movilidad segura, basada en las siguientes medidas:

  • a) Ampliar y mejorar las infraestructuras especialmente destinadas a peatones y ciclistas.
  • b) Articular caminos escolares, as como iniciativas para la promoci髇 del desplazamiento activo, dirigidos a que las personas menores puedan moverse con seguridad y autonom韆 por las calles y recuperen el uso y disfrute del espacio p鷅lico, con el objetivo final de mejorar su salud y autonom韆, y de aumentar el grado de concienciaci髇, desde edades tempranas, sobre la importancia de la actividad f韘ica beneficiosa para la salud.

3.– Asimismo, las pol韙icas a las que se alude en este art韈ulo deber醤 estar orientadas a los siguientes fines:

  • a) Fomentar la movilidad sostenible entre personas menores a trav閟 de programas educativos.
  • b) Garantizar la eliminaci髇 de barreras arquitect髇icas o urban韘ticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la movilidad de las personas menores con discapacidad, en los t閞minos se馻lados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoci髇 de la Accesibilidad.

CAP蚑ULO XIII
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LA INFORMACI覰

Art韈ulo 88.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

Los poderes p鷅licos desarrollar醤 actuaciones de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la poblaci髇, y a la poblaci髇 infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a acceder a una informaci髇 que sea veraz y plural, adaptada a la edad, y que no vulnere sus derechos, y del deber de toda la sociedad de promoverlo, respetarlo y protegerlo.

Art韈ulo 89.– Actuaciones de promoci髇 del derecho a la informaci髇

Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Promover que los medios de comunicaci髇 social divulguen informaci髇 que sea plural y veraz y de inter閟 para las personas menores, editen publicaciones y dise馿n espacios televisivos que est閚 dirigidos a la poblaci髇 infantil y adolescente y en los que se favorezca su participaci髇. En todo caso, estos contenidos deber醤 adoptar los valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales, y difundir la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y sensibilizar a la poblaci髇 sobre ella.
  • b) Facilitar el acceso de las personas menores a los servicios de informaci髇, documentaci髇, bibliotecas y dem醩 servicios culturales, incluyendo una adecuada sensibilizaci髇 acerca de la oferta legal de ocio y cultura en Internet, as como acerca de la protecci髇 de los derechos de propiedad intelectual.
  • c) Velar por que los medios de comunicaci髇, en sus mensajes dirigidos a personas menores de edad, promuevan los valores de igualdad, solidaridad, respeto y diversidad y no conlleven una vulneraci髇 de los derechos reconocidos a la infancia y la adolescencia o resulten contrarios a aquellos.
  • d) Impulsar, entre los medios de comunicaci髇, la generaci髇 y supervisi髇 del cumplimiento de c骴igos de conducta destinados a salvaguardar la promoci髇 de los valores referidos en la letra precedente, adoptando medidas que limiten el acceso a im醙enes y contenidos digitales lesivos para las personas menores de edad.
  • e) Promover el disfrute pleno de la comunicaci髇 audiovisual para las personas menores con discapacidad y el uso de buenas pr醕ticas que evite cualquier discriminaci髇 o repercusi髇 negativa hacia aquellas. A tal fin, deber garantizarse la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnol骻ico, para las personas menores con discapacidad.
  • f) Facilitar el acceso de las personas menores a los contenidos generados por los medios de comunicaci髇 en euskera.
  • g) Facilitar el acceso a la informaci髇 en formato de lectura f醕il y mediante la utilizaci髇 de otros instrumentos espec韋icamente dirigidos a las personas menores con discapacidad, tales como sistemas aumentativos y alternativos, braille o sistemas de apoyo a la comunicaci髇 oral y lengua de signos.

Art韈ulo 90.– Obligaciones impuestas a los medios de comunicaci髇

Todos los medios de comunicaci髇 social, ya sean en la prensa escrita o en medios televisivos, radiof髇icos o telem醫icos, desde el deber de corresponsabilidad, deber醤 ajustar su actuaci髇 a los siguientes criterios:

  • a) Respetar, en aquellos programas y contenidos dirigidos especialmente a la infancia y la adolescencia, los derechos que tienen reconocidos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jur韉ico, y contribuir a su educaci髇, ocio y entretenimiento y desarrollo integral, potenciando los valores relacionados con los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la tolerancia y los principios democr醫icos.
  • b) Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los derechos de la infancia y la adolescencia, sin que en ning鷑 caso puedan ser contrarios a aquellos y, concretamente, sin que contengan elementos discriminatorios, estereotipados, sexistas, racistas, xen骹obos, pornogr醘icos o violentos.
  • c) Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a las personas.
  • d) No difundir el nombre ni las siglas del nombre, la imagen o cualquier otro dato correspondientes a personas menores que permitan su identificaci髇 o que divulguen cualquier hecho relativo a su vida privada que ponga en riesgo su protecci髇 o afecte a su honor, intimidad o imagen. En todo caso, quedar prohibida la difusi髇 de sus nombres, im醙enes o datos que permitan su identificaci髇 cuando aparezcan como v韈timas, testigos, denunciadas, investigadas, procesadas o acusadas en causas penales.

Art韈ulo 91.– Obligaciones impuestas a los medios de comunicaci髇 televisivos y radiof髇icos

1.– Las emisiones de los canales propios de televisi髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y de los servicios de televisi髇 cuyo t韙ulo habilitante corresponde otorgar a la Administraci髇 auton髆ica deber醤 cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Incluir contenidos espec韋icos para el p鷅lico infantil y adolescente que fomente sus derechos, complemente su formaci髇 y estimule su desarrollo intelectual, afectivo y social.
  • b) Respetar un horario adecuado a los h醔itos practicados por las personas menores para la emisi髇 de programas infantiles y adolescentes. A tal efecto, se consideran franjas horarias de audiencia infantil o de protecci髇 reforzada en las que se tienen que incluir contenidos calificados como recomendados a menores de hasta trece a駉s las siguientes: entre las siete y las nueve horas y entre las diecisiete y las veinte horas en d韆s laborales, y entre las nueve y las doce horas en el caso de s醔ados, domingos y d韆s festivos de 醡bito estatal y auton髆ico.

    Asimismo, los programas calificados como no recomendados para menores de dieciocho a駉s solo podr醤 emitirse entre las veintid髎 y las seis horas.

  • c) No podr醤 emitir programas o contenidos audiovisuales que incluyan escenas o mensajes de violencia gratuita o pornograf韆.
  • d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra precedente, la emisi髇 de contenidos susceptibles de perjudicar el desarrollo de las personas menores exigir formar parte del c骴igo de autorregulaci髇 previsto en el art韈ulo 9.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicaci髇 Audiovisual, y proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificaci髇 digital. En todo caso, se considera que forman parte de dichos contenidos aquellos que tengan un contenido violento o de explotaci髇 en las relaciones personales; reflejen un trato degradante; inciten a actividades delictivas; fomenten la violencia, el odio, la insolidaridad o la discriminaci髇 por cualquier raz髇 de las que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley, o impliquen maltrato animal.
  • e) Facilitar a las personas usuarias del servicio informaci髇 suficiente e inequ韛oca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial para el desarrollo f韘ico, mental o moral de las personas menores de edad de los programas y contenidos audiovisuales, mediante la utilizaci髇 de un sistema de descripci髇 del contenido, advertencia ac鷖tica, s韒bolo visual o cualquier otro medio t閏nico que describa la naturaleza del contenido, de conformidad con el acuerdo de autorregulaci髇 mencionado en la letra precedente.
  • f) Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificaci髇 digital eficaces, actualizables y f醕iles de utilizar, y que incluyan los ajustes de tipo tecnol骻ico que sean precisos para las personas menores con discapacidad, que permitan el control parental por medio del bloqueo de los contenidos perjudiciales, de manera que las personas menores de edad no puedan acceder a los contenidos que no se dirijan a ellas.

2.– Cuando se lleve a cabo el servicio de comunicaci髇 audiovisual mediante un cat醠ogo de programas, las entidades prestadoras del servicio tienen las siguientes obligaciones para la protecci髇 de las personas menores de edad del contenido perjudicial:

  • a) Incluir en cat醠ogos separados los programas y contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo f韘ico, mental o moral de las personas menores de edad, y, en todo caso, aquellos que incluyan escenas de pornograf韆 o violencia gratuita.
  • b) Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificaci髇 digital eficaces, en el sentido expuesto en la letra f) del apartado anterior.

3.– Las condiciones de emisi髇 contempladas en el apartado 1 de este art韈ulo se aplicar醤 igualmente a los canales y servicios de emisi髇 radiof髇ica competencia de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

4.– Los medios de comunicaci髇 introducir醤 contenidos informativos sobre h醔itos de alimentaci髇 saludable dirigidos a la poblaci髇 infantojuvenil con el fin de evitar la obesidad infantil.

Art韈ulo 92.– Publicidad dirigida a personas menores

1.– Con car醕ter general, la publicidad dirigida a las personas menores mediante el empleo de cualquier tipo o medio de comunicaci髇 social que se divulgue en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco deber estar adaptada a la edad y madurez de la audiencia a la que se dirige el mensaje. A tal efecto, las representaciones, las prestaciones y la correcta utilizaci髇 de un producto deber醤 mostrarse de forma que sean comprensibles, utilizando para ello un lenguaje claro y sencillo.

2.– La publicidad dirigida a las personas menores deber ajustarse a la realidad y no incitar al consumo. A tal efecto:

  • a) Las representaciones de objetos deber醤 reflejar la realidad en cuanto al formato, los movimientos y el resto de las caracter韘ticas.
  • b) Los anuncios no deber醤 incitar directamente a las personas menores a que adquieran un producto o un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a los padres y las madres, personas tutoras o guardadoras o a terceras personas para su adquisici髇.
  • c) Deber evitarse la utilizaci髇 publicitaria de elementos de fantas韆, tales como animaciones o dibujos animados, que creen expectativas inalcanzables o exploten la ingenuidad del p鷅lico infantil a la hora de distinguir entre fantas韆 y realidad, as como la utilizaci髇 de representaciones de violencia o presentaciones agresivas o hipersexualizadas.

3.– Deber tratarse de publicidad veraz y no enga駉sa. En particular, los anuncios:

  • a) Deber醤 indicar el precio del objeto anunciado de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • b) No deber醤 formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no expl韈itas.
  • c) No deber醤 explotar, en ning鷑 caso, la especial confianza de las personas menores en su padre y su madre, en las personas tutoras o guardadoras, en el profesorado u en otras personas adultas de referencia.
  • d) No inducir醤 a error acerca de las caracter韘ticas del producto ni sobre los beneficios derivados de su uso o consumo, en particular la adquisici髇 de fortaleza, estatus, popularidad, crecimiento, habilidad, inteligencia, belleza y otros de similar tenor.

4.– Asimismo, deber tratarse de publicidad informativa, no perjudicial ni peligrosa, y compatible con h醔itos de vida saludable. A tal efecto, los anuncios no deber醤:

  • a) Incitar a consumos, conductas o actividades perjudiciales para la salud, como comidas r醦idas o bebidas energ閠icas.
  • b) Establecer diferencias o discriminaciones por raz髇 del consumo del objeto anunciado; en especial, que se sugiera que el consumo de un producto producir una mayor aceptaci髇 del p鷅lico infantil en su entorno social o educativo, o que su no adquisici髇 o consumo provocar rechazo.
  • c) Generar en las personas menores expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el 閤ito econ髆ico.
  • d) Promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen ni la discriminaci髇 por motivos est閠icos o de imagen, con la inserci髇 de productos para adelgazar, intervenciones quir鷕gicas o tratamientos de est閠ica que recurran al rechazo social por la imagen f韘ica o al 閤ito por factores de peso o est閠ica, incluida la publicidad sexista.

5.– Sin perjuicio de las previsiones contenidas en los apartados precedentes, la publicidad dirigida a las personas menores a la que se alude en el presente art韈ulo deber ajustarse a los siguientes criterios, en orden a promover adecuadamente los derechos de la infancia y la adolescencia:

  • a) Se promover醤 los valores de tolerancia, convivencia, solidaridad y paz, y se deber excluir cualquier tipo de contenido violento, pornogr醘ico o de explotaci髇 en las relaciones personales, que refleje un trato degradante, que incite a actividades delictivas, o que presente cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de las personas menores de edad.
  • b) En los horarios de especial protecci髇 a la persona menor de edad, la publicidad que emitan las entidades prestadoras de servicios de comunicaci髇 audiovisual no podr contener comunicaciones comerciales que puedan perjudicar moral o f韘icamente a las personas menores de edad.
  • c) Las personas menores estar醤 protegidas respecto de la publicidad de bebidas alcoh髄icas y de productos de tabaco, en los t閞minos establecidos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atenci髇 Integral de Adicciones y Drogodependencias.
  • d) Las personas menores estar醤 protegidas respecto de la publicidad relativa a juegos de azar en los t閞minos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atenci髇 Integral de Adicciones y Drogodependencias. En particular, deber evitarse la publicidad relativa a juegos de azar en instalaciones y espacios dedicados a actividades deportivas.

6.– Con car醕ter espec韋ico, la publicidad dirigida a las personas menores deber promover los valores de igualdad y no discriminaci髇. A tal efecto, los anuncios:

  • a) Difundir醤 una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad.
  • b) Reflejar醤 la igualdad entre todas las personas, sin que puedan presentar contenidos que difundan ideas de superioridad o inferioridad o de discriminaci髇 por cualquier raz髇 de las que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley.

7.– Los medios de comunicaci髇 evitar醤 la publicidad de bebidas energ閠icas dirigida al p鷅lico infantil, con el objeto de fomentar un consumo saludable.

Art韈ulo 93.– Prohibiciones a la publicidad dirigida a las personas menores

1.– Queda prohibida la publicidad indirecta, no diferenciada o encubierta durante la emisi髇 de programas dirigidos a personas menores de edad.

2.– Asimismo, estar醤 prohibidas todas las formas de publicidad cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de la personalidad:

  • a) En locales de juego o espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas.
  • b) En publicaciones principalmente dirigidas a personas menores distribuidas en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • c) En la publicidad emitida por televisi髇 o radio durante las franjas horarias de especial protecci髇 de las personas menores.
  • d) En la publicidad emitida por cualquier otro medio de telecomunicaci髇 o de telem醫ica en servicios cuyo acceso est abierto a las personas menores.

Art韈ulo 94.– Publicidad protagonizada por personas menores

1.– La publicidad protagonizada por personas menores y divulgada en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco deber cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Deber presentar una imagen ajustada a los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • b) Deber presentar una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad, en general, y, en particular, hacia la diversidad socioecon髆ica, religiosa, sexual, de g閚ero y de orientaci髇 sexual, y a las distintas tipolog韆s de discapacidad.
  • c) No podr presentar a las personas menores en situaciones peligrosas o que atenten contra su integridad ni en actividades o actitudes de contenido sexual o violento.
  • d) No deber transmitir mensajes que inciten al consumo compulsivo.

2.– Queda prohibida la utilizaci髇 de las personas menores para el anuncio de bebidas alcoh髄icas, de tabaco, de bebidas energ閠icas, de comida r醦ida, de actividades prohibidas a las personas menores, de actividades o actitudes violentas, de actividades con contenido pornogr醘ico, de explotaci髇 o violencia en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminaci髇 por cualquier raz髇 en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley.

CAP蚑ULO XIV
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DEL DERECHO A LAS TECNOLOG虯S DE LA RELACI覰, LA INFORMACI覰 Y LA COMUNICACI覰

Art韈ulo 95.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, desarrollar醤 actuaciones de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la poblaci髇 y, en particular, a la poblaci髇 infantil y adolescente del derecho de las personas menores a acceder a un uso seguro y responsable de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.

2.– En particular, deber醤 desarrollar campa馻s espec韋icas de concienciaci髇 y educaci髇 orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Promover un uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, en general, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen y el uso positivo.
  • b) Alertar sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que pueda generar distintas situaciones de violencia, como el ciberacoso y, en especial, los fen髆enos de violencia sexual contra las personas menores, tales como el grooming, la ciberviolencia de g閚ero o el sexting, as como sobre el acceso a contenido potencialmente violento, pornogr醘ico o inadecuado y el consumo de pornograf韆 entre la poblaci髇 infantil y adolescente.
  • c) Dar a conocer los canales de denuncia de la existencia de contenidos il韈itos disponibles en redes sociales o en Internet.

3.– Estas campa馻s se realizar醤 de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a aquellas a todas las personas menores de edad, incorporando la perspectiva y opiniones de las propias personas menores.

Art韈ulo 96.– Actuaciones de promoci髇 del derecho a las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 de su departamento competente en materia de educaci髇, incluir en el curr韈ulo escolar la alfabetizaci髇 digital y medi醫ica, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, as como a las necesidades espec韋icas de apoyo educativo de las personas menores con discapacidad, con el fin de que las personas menores de edad aprendan a actuar en l韓ea con respeto, seguridad y responsabilidad.

2.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Arbitrar medidas de acompa馻miento a las familias, para reforzar y apoyar el rol de las personas progenitoras a trav閟 del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el art韈ulo 84.1 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.
  • b) Promover el acceso en condiciones de equidad en 醡bitos urbanos o rurales.
  • c) Incentivar la responsabilidad social de las empresas que desarrollan sus actividades en el 醡bito de las nuevas tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, incluidos los videojuegos, en materia de protecci髇 de la infancia y la adolescencia en Internet, y fomentar, en colaboraci髇 con el sector privado, que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protecci髇 a la infancia y la adolescencia.
  • d) Participar en iniciativas internacionales tendentes al establecimiento de criterios comunes de autorizaci髇, de etiquetado y de control de los programas de nuevas tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, y, en particular, de los videojuegos.

CAP蚑ULO XV
ACTUACIONES PARA LA PROMOCI覰 DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONSUMO

Art韈ulo 97.– Sensibilizaci髇 y concienciaci髇

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de consumo, desarrollar actuaciones de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la poblaci髇 y, en particular, a la poblaci髇 infantil y adolescente del derecho de las personas menores a acceder a un consumo responsable, sostenible, cr韙ico y 閠ico.

Art韈ulo 98.– Actuaciones de promoci髇 del derecho como personas consumidoras

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de consumo, velar por que los derechos e intereses de las personas menores, como colectivo de consumidoras con necesidades y caracter韘ticas espec韋icas, sean respetados y promovidos, y gocen de defensa y protecci髇 especiales.

2.– A los efectos previstos en el apartado anterior, desarrollar las siguientes actuaciones:

  • a) Supervisar el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de accesibilidad, seguridad y publicidad, y las defender de las pr醕ticas abusivas, para lo que se contar con la participaci髇 activa de organizaciones de personas consumidoras.
  • b) Contribuir a hacer un buen uso de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇 en materia de consumo.
  • c) Prestar orientaci髇 y apoyo a las personas menores en el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras y usuarias, y les facilitar el acceso, tanto a ellas mismas como a sus personas progenitoras, representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras, a los procedimientos de denuncia, queja y reclamaci髇 ante conductas que atenten contra sus derechos.
  • d) Promover la educaci髇 para el consumo responsable con la finalidad de fomentar h醔itos de consumo saludables.

Art韈ulo 99.– Limitaciones en relaci髇 con las publicaciones

1.– Se proh韇e la venta a personas menores de publicaciones cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, de aquellas que tengan un contenido violento, pornogr醘ico o de explotaci髇 en las relaciones personales, fomenten valores sexistas o estereotipados o banalicen cualquier manifestaci髇 de violencia contra las mujeres, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminaci髇 por cualquier raz髇 en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

2.– Se proh韇e el ofrecimiento, de forma directa o indirecta, a personas menores, o la exposici髇 de manera que queden libremente a su alcance, del tipo de publicaciones mencionado en el apartado anterior.

3.– Se proh韇e la difusi髇 en las publicaciones de nombres, im醙enes u otros datos correspondientes a personas menores, en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 50 y 90 de esta ley, en aplicaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, y en la Ley Org醤ica 1/1982, de 5 de mayo, de protecci髇 civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

4.– Se proh韇en cuantas otras actividades referidas a publicaciones se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jur韉ico vigente.

Art韈ulo 100.– Limitaciones en relaci髇 con el material audiovisual

1.– Se proh韇e la venta y el alquiler a personas menores de v韉eos, videojuegos o cualquier material audiovisual susceptible de perjudicar su desarrollo, y, en todo caso, de aquellos que tengan un contenido violento, pornogr醘ico o de explotaci髇 en las relaciones personales, fomenten valores sexistas o estereotipados o banalicen cualquier manifestaci髇 de violencia contra las mujeres, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminaci髇 por cualquier raz髇 en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

2.– Se proh韇e la proyecci髇 del tipo de material audiovisual referido en el apartado anterior en locales o espect醕ulos a los que est permitida la asistencia de personas menores y, en general, su difusi髇, por cualquier medio, entre personas menores.

3.– Se proh韇en cuantas otras actividades referidas a material audiovisual se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jur韉ico vigente.

Art韈ulo 101.– Limitaciones en relaci髇 con sustancias

1.– Para ser comercializados para su uso o consumo por parte de las personas menores, los productos deber醤 cumplir los siguientes requisitos:

  • a) No contener sustancias perjudiciales en los t閞minos previstos en la legislaci髇 vigente.
  • b) Facilitar, de forma visible, informaci髇 sobre su composici髇, caracter韘ticas y uso, as como indicar la franja de edad de las personas menores a quienes van destinados.
  • c) Cumplir las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que est醤 destinados como, incluso, para evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.

2.– Se aplicar醤 las siguientes medidas reguladoras de las condiciones de comercializaci髇 de productos destinados a la poblaci髇 general:

  • a) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre productos farmac閡ticos. Con car醕ter espec韋ico, velar por que los medicamentos se elaboren y presenten de forma que garanticen la prevenci髇 razonable de accidentes; en especial, en relaci髇 con la infancia y la adolescencia, y, en particular, con quienes tengan una discapacidad que afecte a su capacidad intelectual.
  • b) Velar por que los detergentes y, en general, los productos de limpieza se presenten de forma que garanticen la prevenci髇 razonable de accidentes y, en particular, cuenten con cierres de seguridad resistentes a la apertura y eviten los colores y sabores especialmente atractivos.

3.– Se aplicar醤 las siguientes medidas de prohibici髇 de la venta o suministro de determinados productos a personas menores:

  • a) Prohibici髇 de vender o suministrar bebidas alcoh髄icas, tabaco o sus productos a personas menores de dieciocho a駉s, en los t閞minos contemplados en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atenci髇 Integral de Adicciones y Drogodependencias.
  • b) Prohibici髇 de vender o suministrar a las personas menores cualquier producto distinto de los indicados en el presente art韈ulo que pueda causar dependencia f韘ica o ps韖uica o poner en peligro la vida, aunque sea por un uso inadecuado, o, en general, que pueda producir efectos que perjudiquen la salud o el libre desarrollo de la personalidad; en particular, los productos t髕icos y explosivos.

Art韈ulo 102.– Limitaciones en el acceso a servicios

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, adoptar醤 medidas para limitar el acceso de las personas menores a determinados servicios, en los t閞minos que se establecen en los apartados siguientes.

2.– Las personas menores acceder醤 a los establecimientos y locales de juego conforme a lo previsto en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y su normativa de desarrollo. En particular, las personas menores tienen prohibido:

  • a) Practicar juegos de suerte, envite o azar en los que se arriesgan cantidades de dinero u objetos econ髆icamente evaluables, utilizar m醧uinas recreativas con premio y participar en apuestas, en los t閞minos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • b) Utilizar las m醧uinas recreativas cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, aquellas que tengan un contenido violento, pornogr醘ico o de explotaci髇 en las relaciones personales, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminaci髇 por cualquier raz髇 en los t閞minos que se contemplan en el art韈ulo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

3.– De conformidad con lo previsto en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas, queda prohibida la entrada y permanencia de las personas menores de edad en establecimientos donde se efect鷈n, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para ellas, o se acceda, por cualquier tipo de medio, a material o informaci髇 no apta para dichas personas.

4.– Los establecimientos y locales en los que se realicen actividades relativas al juego y las apuestas deber醤 guardar, respecto de cualquier centro educativo en el que se impartan ense馻nzas regladas de Educaci髇 Infantil, Educaci髇 Primaria y Educaci髇 Secundaria y las ense馻nzas de idiomas, las ense馻nzas art韘ticas y las deportivas, la distancia m韓ima fijada en la legislaci髇 vigente en materia de juego.

5.– Cuando las personas menores de edad inferior a diecis閕s a駉s soliciten alojamiento en hoteles u otros establecimientos de similares funciones sin el acompa馻miento o consentimiento expreso de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, la persona responsable de dichos establecimientos deber ponerlo en conocimiento de estas 鷏timas o, en su defecto, de la autoridad policial, a los efectos de su localizaci髇.

T蚑ULO IV
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD, LA EDUCACI覰, EL BIENESTAR MATERIAL Y LA INCLUSI覰 SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Art韈ulo 103.– Deber de prevenci髇, detecci髇 y atenci髇

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, deber醤 desarrollar, en el 醡bito de la salud, de la educaci髇, del bienestar material y de la inclusi髇 social, acciones de prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 orientadas a evitar que las personas menores sufran situaciones perjudiciales para su desarrollo pleno y arm髇ico, y, en caso de producirse, intervenir precozmente con las formas de atenci髇 m醩 id髇eas para responder a sus necesidades:

  • a) Prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, tales como: enfermedades, trastornos del desarrollo, problemas en la salud sexual y reproductiva, obesidad, trastornos de salud mental, incluidos los trastornos de la conducta alimentaria, adicciones y accidentes.
  • b) Prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 a situaciones perjudiciales para el desarrollo educativo, tales como: desescolarizaci髇, absentismo y fracaso escolar.
  • c) Prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 a situaciones perjudiciales para el bienestar material y la inclusi髇 social, tales como: pobreza, exclusi髇 residencial y exclusi髇 social.

2.– Las situaciones indicadas en el apartado anterior no constituyen por s mismas situaciones de desprotecci髇, si bien, en determinados casos, pueden ser indicativas, en funci髇 de la gravedad o de las circunstancias concurrentes en cada supuesto particular, de una situaci髇 de violencia o de una situaci髇 de riesgo de desprotecci髇 o de una situaci髇 de desprotecci髇. En tales casos deber醤 aplicarse, respectivamente, las disposiciones contenidas en los t韙ulos V y VI de esta ley.

3.– Las acciones contempladas en este t韙ulo y, en particular, las acciones de prevenci髇 dirigidas a la promoci髇 de factores de protecci髇 podr醤 aplicarse conjuntamente con las acciones de promoci髇 reguladas en el t韙ulo III para los distintos 醡bitos, con el fin de garantizar la coherencia de las actuaciones y el mejor aprovechamiento de los recursos p鷅licos.

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acci髇 preventiva, las administraciones p鷅licas vascas deber醤 adoptar, en los diferentes 醡bitos de actuaci髇 regulados en este t韙ulo, instrumentos t閏nicos validados en los t閞minos que se establecen en el art韈ulo 9 de esta ley.

CAP蚑ULO I
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD F蚐ICA Y MENTAL

Art韈ulo 104.– Prevenci髇 y detecci髇 de enfermedades y trastornos

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud, y Osakidetza-Servicio vasco de salud articular醤, junto con las actuaciones orientadas a la promoci髇 de la salud contempladas en el t韙ulo III, las actuaciones orientadas a prevenir las enfermedades en la poblaci髇 infantil y adolescente, incluidas las enfermedades raras, y, en su caso, a detectarlas precozmente, a disminuir la exposici髇 a factores de riesgo para la salud y a potenciar los factores de protecci髇.

2.– En particular, se garantizar醤 controles peri骴icos de salud, as como la inmunizaci髇 contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria, de acuerdo con los criterios establecidos por esta.

3.– Asimismo, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de medioambiente y ecolog韆, en colaboraci髇 con otras administraciones p鷅licas vascas competentes en esta materia, procurar la calidad del entorno ambiental mediante el control y seguimiento de los riesgos ambientales –agua, alimentos, aire y suelo–, mejorando las garant韆s de seguridad de los alimentos y bebidas, y desarrollando la biomonitorizaci髇 a exposiciones ambientales.

SECCI覰 1
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A TRASTORNOS DEL DESARROLLO

Art韈ulo 105.– Prevenci髇 y detecci髇 de trastornos del desarrollo

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, salud y educaci髇, y las diputaciones forales, a trav閟 de sus departamentos competentes en materia de servicios sociales, desarrollar醤 las actuaciones necesarias para la prevenci髇 o, en su caso, la detecci髇 precoz de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, en el marco de la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana, que agrupa el conjunto de las actuaciones dirigidas a la poblaci髇 infantil de cero a seis a駉s, a sus familias y al entorno, desde una perspectiva interdisciplinar sanitaria, educativa y social.

2.– En particular, desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Atenci髇 y seguimiento intensivo de personas menores embarazadas por parte de las diferentes personas profesionales –atenci髇 primaria, obstetricia y matronas– que desarrollen las funciones de detecci髇 de situaciones de riesgo y de informaci髇, apoyo y orientaci髇 a las futuras madres y padres. Cuando a la vista de las circunstancias del caso se considere oportuno, se proceder a la derivaci髇 o coordinaci髇 con servicios especializados en atenci髇 a embarazos de alto riesgo biol骻ico, psicol骻ico o social, desde los cuales se aportar醤 las ayudas sanitarias, sociales y psicol骻icas que resulten necesarias para garantizar la mejor atenci髇 de la embarazada y del concebido o de la concebida.
  • b) Integraci髇 de todos los procesos relativos a la asistencia prenatal, perinatal y posnatal al beb o a la beb y a la madre, acorde a las gu韆s de pr醕tica cl韓ica basadas en la mejor evidencia disponible.
  • c) Prevenci髇 y detecci髇 precoz de enfermedades cong閚itas, as como de deficiencias ps韖uicas y f韘icas, 鷑icamente con los l韒ites que el marco legal vigente, la 閠ica, la tecnolog韆 y los recursos existentes impongan al sistema sanitario, en particular mediante el cribado prenatal y cribado neonatal de enfermedades cong閚itas, incluida la detecci髇 precoz de la sordera infantil.
  • d) Seguimiento de los ni駉s y las ni馻s con condiciones de riesgo biol骻ico, psicol骻ico o social, cuya presencia incrementa el riesgo de problemas diversos que tendr醤 una expresi髇 m醩 tard韆 durante los primeros a駉s del desarrollo infantil.
  • e) Actuaciones orientadas a facilitar la participaci髇 del padre o de la madre, de las representantes y los representantes legales y de las personas acogedoras o guardadoras en cursos y talleres de parentalidad positiva o en programas espec韋icos de buen trato.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la gestante sea menor de veinticinco a駉s de edad y concurra una situaci髇 de posible riesgo prenatal asociada a la conducta de la futura madre o a sus circunstancias particulares y de vulnerabilidad que pueda afectar al normal desarrollo o a la salud del concebido o de la concebida, con la finalidad de prevenir y, en 鷏timo t閞mino, evitar una eventual declaraci髇 de situaci髇 de riesgo o desamparo del concebido o de la concebida una vez haya nacido, Osakidetza-Servicio vasco de salud prestar, tanto durante el embarazo como con posterioridad al nacimiento, una atenci髇 especial a la madre y a su beb, y, en su caso, a su familia. La atenci髇 especializada podr ser domiciliaria en el caso de que se valore necesaria.

4.– En todo caso, la atenci髇 ser prestada por personal sanitario, e incluir intervenciones centradas en garantizar o incorporar buenas pr醕ticas o mejoras en los siguientes aspectos:

  • a) Promoci髇 de la salud y prevenci髇 de riesgos, que incluye conductas de un mejor cuidado de la salud materna prenatal, h醔itos saludables –en la alimentaci髇, en el ejercicio de la actividad f韘ica, en el descanso o en la salud emocional– y evitaci髇 o, en su caso, reducci髇 del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.
  • b) Establecimiento de un adecuado v韓culo de apego entre la madre y el concebido o la concebida.
  • c) Mejora de la salud y el desarrollo del ni駉 o de la ni馻, ayudando a los padres y las madres a proporcionarle un cuidado competente, responsable y sensible: interacci髇 materno/paterno-infantil.
  • d) Desarrollo vital temprano de las madres.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, la atenci髇 especializada a la que se alude en el apartado 3 de este art韈ulo se prestar en coordinaci髇 con los servicios sociales competentes. Y, en caso necesario, por considerarse que existe riesgo prenatal asociado a la conducta o a las circunstancias particulares o de vulnerabilidad de la futura madre, se adoptar醤 medidas de protecci髇 en los t閞minos contemplados en el t韙ulo VI de esta ley.

Art韈ulo 106.– Atenci髇 temprana

1.– Las administraciones p鷅licas indicadas en el art韈ulo anterior, en el 醡bito material de sus competencias, desarrollar醤 las actuaciones necesarias para la atenci髇 de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, en el marco de la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana, que podr incluir las intervenciones de psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicopedagog韆, psicolog韆, terapia ocupacional y educaci髇 social, as como apoyos educativos y apoyos dirigidos a la superaci髇 de barreras f韘icas y sociales, teniendo en cuenta el entorno natural de cada ni駉 o ni馻.

2.– Dichas intervenciones se prestar醤, con car醕ter global e intersectorial, y previa valoraci髇 de las necesidades de atenci髇 del ni駉 o la ni馻, en los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, y ser醤 de car醕ter gratuito para ni駉s y ni馻s de cero a seis a駉s.

SECCI覰 2
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 EN EL 罬BITO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Art韈ulo 107.– Prevenci髇 y detecci髇 en el 醡bito de la salud sexual y reproductiva

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educaci髇, desarrollar medidas de prevenci髇 de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

2.– En particular, dichas medidas se orientar醤 a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) La prevenci髇 de embarazos no deseados, adopt醤dose medidas orientadas a mejorar la accesibilidad a la anticoncepci髇.
  • b) La prevenci髇 de embarazos a edades muy tempranas, dado el riesgo para la salud que conllevan.
  • c) La prevenci髇 de infecciones de transmisi髇 sexual.
  • d) La prevenci髇 de riesgos para el desarrollo del feto durante toda la gestaci髇 y en la fase prenatal, perinatal y posnatal.

Art韈ulo 108.– Atenci髇 en el 醡bito de la salud sexual y reproductiva

El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, y Osakidetza-Servicio vasco de salud, cada uno de ellos en el 醡bito de sus competencias, y con el fin de favorecer las actuaciones preventivas, de detecci髇 y de atenci髇 en el 醡bito de la salud sexual y reproductiva, procurar醤 singularizar la atenci髇 de las personas j髒enes, especialmente de las mujeres, de acuerdo con sus necesidades espec韋icas y con sus circunstancias familiares, personales y sociales particulares.

SECCI覰 3
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 DE LA OBESIDAD

Art韈ulo 109.– Prevenci髇 y detecci髇 de la obesidad

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de salud, educaci髇 y actividad f韘ica y deporte, en colaboraci髇 con las dem醩 administraciones p鷅licas competentes en estas materias, desarrollar醤 medidas de prevenci髇 de la obesidad y el sobrepeso infantil y adolescente aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado.

2.– En particular, las administraciones p鷅licas vascas adoptar醤 las siguientes medidas:

  • a) Monitorizaci髇 del perfil nutricional y de actividad f韘ica de la poblaci髇 infantil y adolescente y de las familias de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, con el fin de proporcionar recomendaciones concretas de actuaci髇 en funci髇 de cada perfil.
  • b) Campa馻s de divulgaci髇 y gu韆s de actuaci髇 destinadas a las personas menores, a las familias, a las escuelas y a los agentes comunitarios, con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de las consecuencias negativas de la obesidad en el desarrollo de las personas menores de edad.
  • c) Medidas orientadas a la disminuci髇 de los niveles de inactividad f韘ica de las personas menores, desarrollando al efecto servicios que permitan una atenci髇 espec韋ica a la infancia y la adolescencia en los servicios de orientaci髇 a la actividad f韘ica, y, en particular, promoviendo actividades que requieran la pr醕tica de actividad f韘ica en familia.
  • d) Identificaci髇 de grupos con necesidades especiales o mayor vulnerabilidad, y dise駉 y aplicaci髇 de actuaciones espec韋icas.
  • e) Incorporaci髇 de medidas de prevenci髇 de la obesidad infantil, y, en especial, de aquellas que tengan por objeto la identificaci髇 de oportunidades de mejora de los espacios para la pr醕tica de actividad f韘ica.
  • f) Medidas orientadas a aumentar la actividad f韘ica en el entorno escolar: transformaci髇 de patios escolares en espacios de juego y actividad f韘ica, promoci髇 de juegos de base f韘ica en los recreos y ampliaci髇 de la oferta de actividades no competitivas.
  • g) Sensibilizaci髇, formaci髇 y empoderamiento de las personas profesionales de la salud para reforzar su papel en la prevenci髇, detecci髇 y tratamiento de la obesidad y el sobrepeso.
  • h) Adopci髇 de instrumentos unificados que permitan identificar de manera objetiva las desviaciones no aceptables del 韓dice de masa corporal en personas menores y faciliten pautas de actuaci髇 y herramientas para la prevenci髇, la detecci髇 y el acompa馻miento en sus distintas etapas de desarrollo.
  • i) Impulso de acuerdos interinstitucionales, en colaboraci髇 con la industria alimentaria y hostelera, para la reducci髇 de az鷆ares, grasas saturadas y sal en alimentos preparados, con especial atenci髇 a alimentos y bebidas dirigidos al p鷅lico infantil con alto contenido en sodio, az鷆ares, grasas y 醕idos grasos saturados, contemplados en el perfil nutricional de la Regi髇 Europea de la OMS.
  • j) Impulso de acuerdos con los medios de comunicaci髇 en relaci髇 con la publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo y de alto valor energ閠ico, con especial atenci髇 a alimentos y bebidas dirigidos al p鷅lico infantil con alto contenido en sodio, az鷆ares, grasas y 醕idos grasos saturados, contemplados en el perfil nutricional de la Regi髇 Europea de la OMS.
  • k) Medidas orientadas a la vigilancia de etiquetados y composici髇 nutricional de los alimentos dirigidos a personas menores, para asegurar que trasladan informaci髇 nutricional veraz de manera fiel, clara y entendible, y que evitan pr醕ticas que induzcan a error.
  • l) Adopci髇 de disposiciones orientadas a eliminar los alimentos y bebidas insanos y procesados de los men鷖 y en los eventos dirigidos a la infancia y la adolescencia.

3.– El conjunto de medidas indicado en el apartado anterior se articular en el marco de la Estrategia de Prevenci髇 de la Obesidad Infantil en Euskadi, aprobada por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud.

Art韈ulo 110.– Atenci髇 a la obesidad

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, y de acuerdo con el Plan de Salud de Euskadi, desarrollar intervenciones para personas menores que presenten obesidad, desde un enfoque integrador, multisectorial y multidisciplinar, centrado en todos los factores de riesgo.

2.– Estas intervenciones se podr醤 combinar con actuaciones de distinto orden multidisciplinar. Asimismo, podr醤 incluir, en caso necesario, asistencia individual de orden psicol骻ica, nutricional o de otro tipo.

SECCI覰 4
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A TRASTORNOS DE SALUD MENTAL, CONDUCTAS PROBLEM罷ICAS Y ADICCIONES

Art韈ulo 111.– Prevenci髇 y detecci髇

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educaci髇, adoptar las medidas pertinentes para prevenir y detectar trastornos mentales, trastornos de conductas y trastornos de adicciones. Asimismo, adoptar medidas oportunas a fin de prevenir la estigmatizaci髇 de personas menores con trastornos mentales.

2.– Las diputaciones forales y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, participar醤 en la prevenci髇 y la detecci髇 de conductas que sean o presenten el riesgo de ser trastornos de conductas, en coordinaci髇, en su caso, con el centro educativo o de formaci髇 y con el centro de salud mental que corresponda.

3.– Asimismo, adoptar醤 las medidas de prevenci髇 y detecci髇 de trastornos de conductas adictivas en los t閞minos en que est閚 previstas en los correspondientes planes forales y locales en esta materia.

4.– Las administraciones p鷅licas vascas realizar醤 campa馻s de divulgaci髇 con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud mental de personas menores; se har hincapi en evitar factores de riesgo para la salud mental, mediante campa馻s de divulgaci髇 y gu韆s destinadas a personas menores, a las familias, a las escuelas y a los agentes comunitarios, as como a la sociedad en general.

5.– El Gobierno Vasco realizar una estrategia de erradicaci髇 del estigma social asociado a los trastornos mentales para luchar contra la discriminaci髇 social y, en particular, la discriminaci髇 de personas menores con problemas de salud mental, con acciones concretas para cada nivel institucional.

Art韈ulo 112.– Medidas de prevenci髇 y detecci髇

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo anterior, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias, adoptar medidas orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Reconocer la prevenci髇 de los trastornos mentales como una prioridad de salud p鷅lica.
  • b) Prevenir el estr閟, la ansiedad y la depresi髇, en particular en el caso de los grupos m醩 vulnerables.
  • c) Reforzar las competencias parentales de personas en situaci髇 de vulnerabilidad debido a la presencia de trastornos cr髇icos o transitorios.
  • d) Adquirir por parte de las familias, incluidas las personas menores, habilidades para la resoluci髇 pac韋ica de conflictos, formando en educaci髇 emocional a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, as como en manejo conductual y en estrategias de prevenci髇 de futuros comportamientos antisociales.
  • e) Desarrollar en el curr韈ulo escolar los temas relacionados con las adicciones.
  • f) Prevenir los trastornos de la conducta alimentaria de personas menores.
  • g) Prevenir los trastornos conductuales de personas menores que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes o transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceras personas.
  • h) Prevenir las conductas autol韙icas, las autolesiones y el suicidio de personas menores, en el marco de la Estrategia de Prevenci髇 del Suicidio de Euskadi.
  • i) Sistematizar las intervenciones sobre salud mental en personas menores, con el objeto de analizar su eficacia.
  • j) Prevenir la discriminaci髇 y estigmatizaci髇 de personas menores con trastornos mentales.

2.– Las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias, adoptar醤 medidas orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Prevenir el desarrollo de conductas problem醫icas y de adicciones en las personas menores en situaci髇 de riesgo grave o de desamparo.
  • b) Prevenir la aparici髇 o la agravaci髇 de trastornos mentales en personas menores en situaci髇 de riesgo grave o de desamparo.

3.– Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, adoptar醤 medidas orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Fortalecer las redes comunitarias de relaci髇 y participaci髇 social.
  • b) Prevenir la adquisici髇 de conductas y h醔itos inadecuados que puedan derivar en conductas problem醫icas o en adicciones, en particular en 醨eas socioecon髆icamente desfavorecidas con alto riesgo de exclusi髇 social, creando modelos de referencia positivos.
  • c) Prevenir la adquisici髇 por parte de personas menores en situaci髇 de vulnerabilidad o en situaci髇 de riesgo de conductas y h醔itos inadecuados que puedan derivar en conductas problem醫icas o en adicciones.

4.– Con car醕ter espec韋ico, el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, en el 醡bito de sus respectivas competencias, colaborar醤 y coordinar醤 sus actuaciones para la prevenci髇 de las adicciones mediante acciones orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Informaci髇, sensibilizaci髇 y concienciaci髇 de la poblaci髇 infantil y adolescente sobre los riesgos asociados a los consumos de sustancias con capacidad adictiva, incluidos el alcohol y el tabaco, y a las conductas excesivas susceptibles de originar adicciones comportamentales; en particular, juegos de azar y apuestas, uso de las tecnolog韆s digitales –Internet, redes sociales, videojuegos, dispositivos m髒iles– o compra compulsiva.
  • b) Fomento de modelos del uso del tiempo libre alternativos al consumo de sustancias, comportamientos adictivos y otras conductas de riesgo y excesivas susceptibles de generar adicciones comportamentales, fundamentalmente entre j髒enes y adolescentes.
  • c) Desarrollo de iniciativas orientadas a prevenir los riesgos asociados al mal uso o al uso excesivo de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.
  • d) Reforzamiento de las medidas y programas para educar en el juego responsable, en colaboraci髇 con los establecimientos de juego y con los establecimientos de hosteler韆.

5.– Asimismo, las administraciones p鷅licas anteriores colaborar醤 con los medios de informaci髇 y comunicaci髇, especialmente con los de titularidad p鷅lica, para la adopci髇 de medidas de car醕ter preventivo en el 醡bito de las adicciones, orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Garantizar la difusi髇 de una informaci髇 adecuada y veraz sobre las adicciones.
  • b) Difundir campa馻s y mensajes de car醕ter preventivo.
  • c) Luchar contra la formaci髇 de im醙enes positivas o atractivas en relaci髇 con determinados consumos o conductas excesivas susceptibles de adoptar un patr髇 adictivo, especialmente los juegos de azar y las tecnolog韆s digitales y sus nuevas aplicaciones.

Art韈ulo 113.– Atenci髇 sanitaria a personas menores con trastornos de salud mental

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, desarrollar programas dirigidos al tratamiento y la atenci髇 integral de las necesidades en salud mental de las personas menores, desde la red sanitaria p鷅lica.

2.– Con car醕ter general, dichos programas estar醤 orientados a las personas menores en las que se haya determinado un diagn髎tico de trastorno mental; y, en particular, deber醤 considerar las necesidades espec韋icas de atenci髇 de las personas menores que presenten una o varias de las siguientes caracter韘ticas:

  • a) Discapacidad derivada de una discapacidad intelectual; deber evitarse que los s韓tomas psiqui醫ricos queden eclipsados por dicha discapacidad.
  • b) Trastornos de la conducta alimentaria.
  • c) Trastornos de conducta o patolog韆 de la personalidad, con el fin de prevenir el desarrollo de trastornos de la personalidad.
  • d) Consumo o problemas de adicci髇 a sustancias con capacidad adictiva, incluidos el alcohol y el tabaco, o que desarrollan patrones de adicci髇 comportamental, en los t閞minos previstos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atenci髇 Integral de Adicciones y Drogodependencias.
  • e) Antecedentes como v韈timas de cualquier forma de violencia en cualquier 醡bito de su vida familiar, escolar, sanitaria, social o institucional o cualquier otro.
  • f) Conductas autol韙icas o de autolesi髇.
  • g) Riesgo de suicidio.

3.– La atenci髇 a la salud mental de personas menores deber desarrollarse, en funci髇 de las necesidades espec韋icas que precisen, en unidades especializadas hospitalarias, unidades ambulatorias de alta intensidad (hospitales de d韆) y centros de salud mental, dotadas todas ellas de personal sanitario especializado en psicolog韆 y psiquiatr韆 infantojuvenil, y que deber醤 constituir equipamientos diferenciados y separados de los dedicados a personas adultas con problemas de salud mental.

Art韈ulo 114.– Atenci髇 sociosanitaria

1.– Las administraciones p鷅licas vascas competentes en materia de salud y de servicios sociales deber醤 coordinarse para garantizar la atenci髇 sociosanitaria adaptada a las necesidades de las personas menores que presenten, al mismo tiempo, trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atenci髇 social y sanitaria simult醤ea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la atenci髇.

2.– En el marco del deber de corresponsabilidad establecido en el art韈ulo 5 de esta ley, se contar, asimismo, cuando resulte pertinente, con la colaboraci髇 de la Administraci髇 educativa.

3.– Con car醕ter general, y en coherencia con las previsiones del art韈ulo 46 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, entre los colectivos particularmente susceptibles de ser atendidos en el marco de este tipo de atenci髇 se encuentran las personas menores que presenten alguna de las siguientes caracter韘ticas:

  • a) La presencia concurrente de un trastorno mental en personas menores con discapacidad. Deber evitarse, en el caso de quienes presenten discapacidad intelectual, el efecto eclipsador que puede asociarse a dicha condici髇, que conlleva el riesgo de atribuir a la discapacidad cualquier manifestaci髇 de car醕ter psicol骻ico o psiqui醫rico, sin considerar otras causas posibles.
  • b) La presencia concurrente de un trastorno mental en personas menores con consumos problem醫icos, abusos o dependencia de sustancias que desarrollan patrones de adicci髇 comportamental, en los t閞minos previstos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atenci髇 Integral de Adicciones y Drogodependencias.
  • c) Trastornos psiqui醫ricos de la persona menor, que configuran un patr髇 de gravedad elevado y mantenido, determinado por el diagn髎tico, el pron髎tico y la cl韓ica, e impiden, a medio plazo, su normalizaci髇 en el medio familiar y comunitario.

4.– A los efectos anteriores, se articular醤 unidades sociosanitarias residenciales para personas menores, que se integrar醤 en la red de servicios sociales de los territorios hist髍icos y que estar醤 dotadas de equipos de profesionales especializados de car醕ter mixto:

  • a) Profesionales de intervenci髇 social, cuya provisi髇 corresponder a los departamentos de las diputaciones forales competentes en materia de servicios sociales.
  • b) Personal sanitario especializado en psiquiatr韆 infantojuvenil, cuya provisi髇 corresponder a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

5.– Dichas unidades deber醤 disponer de equipamientos diferenciados en funci髇 de la edad de las personas atendidas, as como del estado afectivo y psicol骻ico, y adaptados a las necesidades espec韋icas de apoyo y atenci髇 que presenten.

6.– En todo caso, la situaci髇 de las personas menores que sean atendidas en estas unidades deber ser revisada, al menos, cada seis meses, sin perjuicio de la posibilidad de realizar la revisi髇 con una periodicidad inferior cuando as lo aconsejen las circunstancias concretas del caso.

7.– El Gobierno Vasco, a trav閟 de los departamentos competentes en materia de infancia y adolescencia y en materia de salud, que actuar醤 de forma conjunta, determinar reglamentariamente la tipolog韆, la estructura y los requisitos t閏nicos materiales, funcionales y de personal que deben reunir las unidades sociosanitarias residenciales, sobre la base de las especiales necesidades educativas o terap閡ticas que precisen las personas menores que sean atendidas en cada una de las unidades previstas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

8.– Igualmente, el desarrollo reglamentario al que se alude en el apartado anterior establecer las caracter韘ticas, las condiciones y los requisitos que deben reunir las personas menores destinatarias de estos recursos para poder acceder a ellas, y contendr una referencia expresa a los derechos y obligaciones, tanto de las personas usuarias como de las personas profesionales de estas unidades.

Art韈ulo 115.– Atenci髇 terap閡tico-educativa

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educaci髇, garantizar la atenci髇 terap閡tico-educativa adaptada a las necesidades de las personas menores que presenten trastornos de salud mental y que requieran simult醤eamente una atenci髇 educativo-pedag骻ica o psiqui醫rica.

2.– En el marco del deber de corresponsabilidad establecido en el art韈ulo 5 de esta ley, se contar, asimismo, cuando resulte pertinente, con la colaboraci髇 de las administraciones competentes en servicios sociales.

3.– En particular, se articular醤 unidades terap閡tico-educativas dotadas de personal especializado de composici髇 mixta: personal educativo, dependiente de la Administraci髇 educativa, y personal sanitario especializado en psiquiatr韆 infantojuvenil, dependiente de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

4.– Estas unidades constituir醤 centros de recursos de atenci髇 integral, interdisciplinaria y especializada para dar respuesta educativa y sanitaria al alumnado con necesidades espec韋icas de apoyo educativo derivadas de trastornos graves de salud mental para quien las medidas y los apoyos generales y espec韋icos disponibles en su entorno ordinario no son ni suficientes ni adecuados.

5.– Asimismo, se implementar醤 programas de intervenci髇 terap閡tico-educativos dirigidos a las personas menores que presenten conductas problem醫icas, disruptivas o disociales, en el marco de los oportunos convenios de colaboraci髇.

SECCI覰 5
PREVENCI覰 Y ATENCI覰 DE ACCIDENTES

Art韈ulo 116.– Prevenci髇 de accidentes

Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, adoptar醤 medidas orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Prevenir y reducir la accidentalidad infantil y adolescente por incidentes, eventos o causas de tr醘ico, y ello en el marco de medidas de intervenci髇 multisectorial.
  • b) Prevenir y reducir los accidentes dom閟ticos, mediante campa馻s de prevenci髇 dirigidas a las familias con hijos e hijas menores de edad y a las propias personas menores, con el fin de dotarles de conocimientos b醩icos, susceptibles de contribuir a evitar ca韉as, heridas, intoxicaciones, quemaduras, descargas el閏tricas u otros accidentes en el hogar familiar.
  • c) Prevenir y reducir los accidentes durante la pr醕tica de actividades f韘icas o deportivas o durante la realizaci髇 de actividades de ocio.
  • d) Prevenir y reducir los accidentes de adolescentes en el medio laboral, mediante campa馻s de sensibilizaci髇 y concienciaci髇 dirigidas a las empresas en relaci髇 con la necesidad de garantizar la existencia de las medidas de prevenci髇 y del equipamiento de protecci髇 adecuado y con la necesidad de velar por el uso efectivo de esas medidas de prevenci髇 y protecci髇.

    Asimismo, deber醤 organizarse campa馻s dirigidas espec韋icamente a las personas trabajadoras menores de edad con el fin de sensibilizarles y concienciarles de la importancia de hacer un uso efectivo de las medidas de prevenci髇 y del equipamiento de protecci髇 correspondiente.

  • e) Prevenir y reducir los accidentes en los espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas y deportivas de p鷅lica concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. Con esta finalidad, todos los centros en los que se desarrollen actividades de ocio y espect醕ulos p鷅licos deber醤 contar con personal debidamente preparado para prevenir accidentes y evitar cualquier posible riesgo a las personas usuarias, y deber醤 tener establecidas las medidas de autoprotecci髇 obligatorias para cada caso, conforme a lo se馻lado en el texto refundido de la Ley de Gesti髇 de Emergencias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril.

Art韈ulo 117.– Atenci髇 sanitaria en caso de accidentes

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud, promover la adquisici髇 de conocimientos b醩icos para la prestaci髇 de primeros auxilios en caso de accidente por parte de la poblaci髇 en general, de las personas menores, del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales, de las personas acogedoras y guardadoras, as como de las personas profesionales que desarrollan su actividad en centros educativos, deportivos y de ocio.

CAP蚑ULO II
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

SECCI覰 1
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A LA DESESCOLARIZACI覰 Y AL ABSENTISMO ESCOLAR

Art韈ulo 118.– Prevenci髇 y detecci髇 de la desescolarizaci髇 y del absentismo escolar

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, en colaboraci髇 con los ayuntamientos desarrollar medidas preventivas de divulgaci髇, orientadas a difundir e informar anualmente a las familias con personas menores escolarizadas acerca de los siguientes aspectos:

  • a) Las ventajas de la escolarizaci髇 para el desarrollo integral y las consecuencias negativas asociadas a la no escolarizaci髇.
  • b) Las edades en las que dicha escolarizaci髇 es obligatoria.
  • c) La responsabilidad que tienen en el mantenimiento de la escolarizaci髇.
  • d) La obligatoriedad de la asistencia a clase y los apoyos existentes para ayudar a las familias a evitar el absentismo escolar.

2.– Asimismo, desarrollar medidas preventivas orientadas a favorecer, en todo lo posible, el inicio de la escolaridad en las etapas m醩 tempranas. A tal efecto, dichas medidas perseguir醤 los siguientes objetivos:

  • a) En el marco de las medidas dirigidas a garantizar la escolarizaci髇 infantil en el tramo de tres a seis a駉s y a implantar la escolarizaci髇 a partir de los cero a駉s, en el proceso de implantaci髇, dar prioridad a las zonas de menor nivel socioecon髆ico y, en general, al alumnado con necesidades espec韋icas de apoyo educativo.
  • b) Aplicar medidas de exenci髇 del pago de la matr韈ula en los centros de educaci髇 infantil de titularidad privada para familias con rentas anuales inferiores al indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples (IPREM).

3.– En particular, desarrollar medidas de tipo organizativo e instrumental, orientadas a prevenir la desescolarizaci髇 en la etapa de ense馻nza obligatoria. Estas medidas se adoptar醤 en el marco de la colaboraci髇 y coordinaci髇 interinstitucional e intersectorial, lo que conllevar la implicaci髇 directa de los centros educativos, los servicios sociales municipales, la Polic韆 local y, en su caso, el Ministerio Fiscal. A tal efecto, dichas medidas perseguir醤 los siguientes objetivos:

  • a) Potenciar el dise駉 y la implementaci髇 de programas de prevenci髇 y detecci髇 del absentismo dentro de los proyectos de centro.
  • b) Desarrollar y aplicar un protocolo que determine los mecanismos y cauces a seguir para la detecci髇 de la desescolarizaci髇 y del absentismo, y para actuar en tales situaciones.

4.– Con car醕ter espec韋ico, adoptar medidas orientadas a prevenir el absentismo escolar, dirigidas a los siguientes subgrupos de la poblaci髇 infantil y adolescente:

  • a) Personas menores que muestran mayor riesgo que la media de presentar absentismo escolar. En particular, se centrar醤 en personas menores residentes en zonas educativas prioritarias o integradas en comunidades con costumbres o pautas culturales que no fomentan la asistencia a la escuela.
  • b) Personas menores que, por su situaci髇 individual, presentan un alto riesgo de desarrollar pautas de absentismo escolar.

5.– En todo caso, cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que una persona menor no est escolarizada o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificaci髇 durante la etapa de ense馻nza obligatoria deber ponerlo en conocimiento de las autoridades p鷅licas competentes, que adoptar醤 las medidas necesarias.

Art韈ulo 119.– Actuaciones orientadas a situaciones de desescolarizaci髇 y absentismo escolar

1.– Detectada una situaci髇 de desescolarizaci髇 en la etapa de ense馻nza obligatoria, o de absentismo escolar, la Administraci髇 educativa adoptar las medidas para determinar las causas de dicha situaci髇 y, en funci髇 de ellas, adoptar las medidas que se estimen necesarias para que la persona menor sea escolarizada o para que cese su absentismo:

  • a) Medidas de apoyo educativo, tanto en el 醡bito escolar mediante programas de apoyo educativo complementario como en el 醡bito familiar.
  • b) Medidas de apoyo a la familia, cuando se estime que la causa se relaciona con problemas convivenciales.
  • c) Medidas de intervenci髇 en el medio escolar, cuando se estime que la causa se origina en una situaci髇 de acoso.
  • d) Medidas individuales de apoyo psicol骻ico que puedan resultar id髇eas cuando la desescolarizaci髇 o el absentismo escolar se derive de dificultades emocionales o de socializaci髇.

2.– La Administraci髇 educativa, en el marco de la colaboraci髇 y coordinaci髇 interinstitucional e intersectorial, podr contar con la participaci髇 de los servicios sociales municipales en el seguimiento y la vigilancia de las medidas que se hayan adoptado en cada caso.

SECCI覰 2
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 AL FRACASO ESCOLAR

Art韈ulo 120.– Prevenci髇 y detecci髇 del fracaso escolar

1.– Con el fin de prevenir el fracaso escolar, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, adoptar medidas que permitan responder adecuadamente a las necesidades espec韋icas de apoyo educativo y, en particular, al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje. Estas medidas deber醤 estar encaminadas al desarrollo de programas de respuesta a la diversidad establecidos normativamente por el departamento competente en materia de educaci髇.

2.– Asimismo, fomentar el acceso a la Formaci髇 Profesional mediante el dise駉 de un modelo de Formaci髇 Profesional B醩ica y de Grado Medio que d respuesta a las necesidades del alumnado de entre quince y diecisiete a駉s que no haya conseguido el Graduado en Educaci髇 Secundaria Obligatoria o con necesidades espec韋icas de apoyo educativo, sin que en ning鷑 caso la adaptaci髇 curricular pueda afectar a objetivos relacionados con competencias profesionales b醩icas para el logro de la competencia general para la que capacita el t韙ulo.

3.– En aquellos casos en los que se detecte que existe un riesgo de fracaso escolar, deber determinarse si, bas醤dose en los indicios observados, se trata de una situaci髇 circunstancial o habitual, con el fin de analizar la causa o las causas reales que motivan dicha situaci髇, ya sean personales, familiares o escolares o de otro tipo.

Art韈ulo 121.– Apoyos a personas menores en situaci髇 de fracaso escolar

En los casos de fracaso escolar, y en funci髇 de las causas que lo motiven, deber醤 adoptarse las medidas de intervenci髇 que se estimen m醩 adecuadas de entre las siguientes:

  • a) Medidas de apoyo educativo, tanto en el 醡bito escolar mediante programas de apoyo educativo complementario como en el 醡bito familiar.
  • b) Medidas de apoyo a la familia, cuando el fracaso escolar se relacione con problemas convivenciales.
  • c) Medidas de intervenci髇 en el medio escolar, cuando la situaci髇 de fracaso se origine en una situaci髇 de acoso.
  • d) Medidas individuales de apoyo psicol骻ico que puedan resultar id髇eas cuando el fracaso escolar se derive de dificultades emocionales o de socializaci髇.

CAP蚑ULO III
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA EL BIENESTAR MATERIAL Y LA INCLUSI覰 SOCIAL

SECCI覰 1
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A SITUACIONES DE POBREZA

Art韈ulo 122.– Prevenci髇 y detecci髇 de situaciones de pobreza infantil

1.– Los poderes p鷅licos adoptar醤 medidas orientadas a prevenir la pobreza en la infancia y la adolescencia, mediante estrategias integrales que, adem醩 de garantizar su seguridad material, incidan sobre los condicionantes socioecon髆icos de su vida familiar, con el objetivo de dar soluci髇 a las causas estructurales de la pobreza. Esto se llevar a cabo de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 6 de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, as como con lo dispuesto en los decretos 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarizaci髇 de la renta familiar en el marco de las pol韙icas de familia, y 32/2015, de 17 de marzo, de modificaci髇 del Decreto sobre el sistema de estandarizaci髇 de la renta familiar en el marco de las pol韙icas de familia, posteriormente desarrollados.

Asimismo, de acuerdo con los principios que rigen el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social, el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social deber contribuir a prevenir y paliar la incidencia de la pobreza en la infancia y la adolescencia.

En este sentido, con el fin de prevenir las situaciones de pobreza de personas menores, las medidas y prestaciones destinadas a garantizar la seguridad material y a dignificar las condiciones socioecon髆icas de la vida familiar ser醤 compatibles.

2.– Con car醕ter espec韋ico, adem醩 de las medidas orientadas a la promoci髇 del bienestar material contempladas en el cap韙ulo IV del t韙ulo III de esta ley, se desarrollar醤 actuaciones orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Articular medidas orientadas a facilitar la inserci髇 laboral de personas con hijos e hijas menores a su cargo, estableciendo criterios de acci髇 positiva que prioricen bien la inclusi髇 laboral de personas a cargo de unidades familiares con personas menores que se encuentren en situaci髇 de desempleo de larga duraci髇 o con baja intensidad de empleo, bien la mejora de las condiciones laborales en los sectores econ髆icos m醩 feminizados.
  • b) Articular programas de formaci髇 para la gesti髇 adecuada de la econom韆 dom閟tica, favoreciendo y promoviendo el acceso a ellos de las unidades familiares que por sus caracter韘ticas o circunstancias puedan encontrarse en situaci髇 de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 103.4 de esta ley.
  • c) Articular campa馻s divulgativas orientadas a la prevenci髇 de la pobreza o de h醔itos perjudiciales para la salud f韘ica y mental susceptibles de tener un fuerte impacto en la econom韆 familiar, como las adicciones a sustancias o las conductas adictivas como los juegos de azar.

Art韈ulo 123.– Prestaciones y ayudas econ髆icas

1.– Las personas menores ser醤 consideradas en la determinaci髇 de las cuant韆s de las prestaciones y ayudas econ髆icas del Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos y para la Inclusi髇 en los t閞minos contemplados en la legislaci髇 espec韋ica que lo regula.

2.– Las administraciones p鷅licas vascas competentes para la gesti髇 de las mencionadas prestaciones y ayudas econ髆icas adoptar醤 mecanismos que permitan responder conforme a los principios de celeridad y de inter閟 superior de la persona menor de edad a las solicitudes procedentes de familias con personas menores a su cargo que ya se encuentren en situaci髇 de pobreza, y de familias que, por sus caracter韘ticas o circunstancias, puedan encontrarse en situaci髇 de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 103.4 de esta ley.

SECCI覰 2
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A SITUACIONES DE EXCLUSI覰 RESIDENCIAL

Art韈ulo 124.– Prevenci髇 y detecci髇 de riesgo y de situaciones de exclusi髇 residencial

1.– Con el fin de evitar situaciones de carencia de alojamiento que afecten a personas menores, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de vivienda, as como los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en la misma materia, promover醤 la funci髇 social de la vivienda mediante el desarrollo de una pol韙ica de vivienda de protecci髇 p鷅lica que facilite el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.

2.– Con car醕ter espec韋ico, y siempre en los t閞minos establecidos en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, as como en el resto de la normativa en la materia que resulte de aplicaci髇 espec韋ica, adoptar醤 medidas orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Facilitar el acceso preferente a la vivienda de las unidades familiares con personas menores a su cargo con necesidad de vivienda.
  • b) Adoptar medidas, en el marco de las pol韙icas de vivienda social, que incluyan entre los colectivos de acceso preferente a las familias con personas menores a su cargo que, por sus caracter韘ticas o circunstancias, puedan encontrarse en situaci髇 de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 103.4 de esta ley.
  • c) Garantizar, con car醕ter subsidiario, una prestaci髇 econ髆ica para el acceso a una vivienda cuando no sea posible la puesta a disposici髇 de una vivienda.

Art韈ulo 125.– Atenci髇 a personas menores en riesgo o situaci髇 de exclusi髇 residencial

1.– Las personas menores a cargo de familias que carezcan de alojamiento debido a un siniestro en su vivienda habitual y que haya ocasionado una situaci髇 de urgencia social podr醤 acceder, para una estancia de corta duraci髇, y siempre que no dispongan de otras posibilidades, ya sean propias o en su entorno familiar, a los recursos de alojamiento establecidos en la normativa reguladora del Sistema Vasco de Servicios Sociales o a cualquier otro alojamiento alternativo, tras la valoraci髇 profesional de la situaci髇 de urgencia.

2.– En aquellos casos en los que la carencia de alojamiento sea debida a una situaci髇 de violencia de g閚ero ejercida sobre la mujer, sobre los hijos o las hijas, o sobre ambos, y en funci髇 de si alguna de las v韈timas es una persona necesitada de protecci髇, las personas menores a cargo de la mujer acceder醤 con ella al servicio de acogida inmediata para mujeres v韈timas de maltrato dom閟tico de nivel territorial que corresponda, en funci髇 del municipio en el que tuviera anteriormente su domicilio, o a los pisos de acogida para mujeres v韈timas provistos por los servicios sociales municipales que correspondan, respectivamente.

3.– En los casos en los que la carencia de alojamiento est vinculada a una situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social, la familia podr acceder, siempre que exista prescripci髇 t閏nica de los servicios sociales municipales en ese sentido, a un servicio de alojamiento de la red municipal. Si tras la valoraci髇 profesional del caso se estima que la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social puede llevar asociada una situaci髇 de riesgo de desprotecci髇 o una situaci髇 de desprotecci髇, se estar a lo previsto en el t韙ulo VI de esta ley.

4.– Cuando se trate de familias con hijos o hijas a cargo en las que la carencia de alojamiento est vinculada a una situaci髇 de exclusi髇 social de las personas ascendientes, se estimar que la situaci髇 de exclusi髇 social lleva asociada una situaci髇 de riesgo de las personas menores de edad afectadas, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 177.3 de esta ley, y, a tal efecto, se estar a lo previsto en el t韙ulo VI de la misma ley.

En estos casos, con el fin de posibilitar el 閤ito de la intervenci髇, en el contenido del proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar en situaciones de riesgo que se apruebe se deber醤 contemplar y valorar las distintas alternativas que ofrezcan una cobertura espec韋ica a las necesidades de las familias, incluidas las referidas a los recursos de alojamiento recogidos en la normativa reguladora del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

5.– A los efectos previstos en el apartado anterior, y en el marco de lo dispuesto en el art韈ulo 23.5 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, los ayuntamientos podr醤 establecer con el Gobierno Vasco los convenios oportunos a los efectos de la conformaci髇 de una red de alojamientos dotacionales con destino a las personas menores que se encuentren en la situaci髇 mencionada.

6.– En caso de tratarse de una persona menor embarazada, sin alojamiento, en riesgo de exclusi髇 o en situaci髇 de exclusi髇, la intervenci髇 corresponder a los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, para la protecci髇 tanto de la madre como del concebido o de la concebida, en cuyo marco deber acceder a una soluci髇 de acogimiento familiar o residencial, seg鷑 el marco de lo previsto en el t韙ulo VI de esta ley, sin perjuicio de que est emancipada.

SECCI覰 3
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y ATENCI覰 A LA EXCLUSI覰 SOCIAL

Art韈ulo 126.– Prevenci髇 y detecci髇 de la exclusi髇 social

1.– Con el fin de evitar situaciones de exclusi髇 social que afecten, de forma particularizada, a personas menores por el hecho de estar a cargo de personas declaradas en esa situaci髇, las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, adoptar醤 medidas orientadas a prevenirlas y a detectarlas precozmente.

2.– Estas medidas deber醤 articularse, preferentemente, a nivel local, tanto en el 醡bito comunitario como en el medio familiar, y estar醤 orientadas a la consecuci髇 de los siguientes fines:

  • a) Sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 acerca de las consecuencias negativas, tanto colectivas como individuales, asociadas al aislamiento social de las familias y a la discriminaci髇.
  • b) Informar acerca de la existencia y el funcionamiento de los servicios sociales mediante folletos divulgativos redactados en un lenguaje claro y sencillo, de forma que resulten de f醕il comprensi髇 para las familias y para las propias personas menores.
  • c) Facilitar el acceso preferente de las personas menores que presentan indicadores de riesgo de exclusi髇 social a los recursos culturales, deportivos y de ocio y a los servicios de atenci髇 infantil, en horario extraescolar y en periodos vacacionales.
  • d) Sensibilizar y apoyar a las entidades deportivas para que favorezcan el acceso y la pr醕tica deportiva de personas menores de edad en situaci髇 de desventaja social y econ髆ica, y establecer criterios en las l韓eas de subvenciones que beneficien a las entidades que favorezcan su acceso a la pr醕tica deportiva.
  • e) Facilitar primeras experiencias laborales a personas menores de edad con escasa o nula experiencia laboral previa, aplicando, en este marco, medidas de acci髇 positiva que otorguen prioridad en el acceso a quienes se encuentran bajo la tutela de la Administraci髇 en el marco del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia o del sistema de atenci髇 socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley. Lo anterior deber entenderse sin perjuicio del derecho de las personas adolescentes a que se potencie al m醲imo la educaci髇 posobligatoria.
  • f) Incorporar cl醬sulas de responsabilidad social para fomentar la inserci髇 laboral de las personas adolescentes referidas en la letra precedente en los procedimientos de contrataci髇. En todo caso, ser requisito para la inclusi髇 de las mencionadas cl醬sulas que estas guarden una relaci髇 directa con la prestaci髇 objeto del contrato, y deber justificarse dicha circunstancia en el expediente de contrataci髇, de forma expresa y adecuada.
  • g) Incluir en las normas reguladoras de las subvenciones, en relaci髇 con los criterios de valoraci髇 para su concesi髇, cl醬sulas de responsabilidad social con la misma finalidad prevista en la letra precedente, siempre y cuando su aplicaci髇 resulte efectiva atendiendo a la naturaleza u objeto de la subvenci髇.
  • h) Desarrollar programas integrales de prevenci髇 de la exclusi髇 social en 醨eas territoriales en las que se concentren desigualdades y situaciones de conflicto social. Dichos programas deber醤 incorporar medidas extraordinarias de apoyo a la escolarizaci髇 y a la continuidad formativa, trabajo de calle, tiempo libre, acompa馻miento a la formaci髇 y la inserci髇 sociolaboral, y medidas socioeducativas intensivas como centros de d韆.

Art韈ulo 127.– Atenci髇 a personas menores a cargo de personas en riesgo o en situaci髇 de exclusi髇 social

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 adoptar las medidas necesarias para procurar la inclusi髇 de las personas menores a cargo de personas que se encuentren en riesgo de exclusi髇 social o en situaci髇 de exclusi髇 social, y deber醤 actuar desde una perspectiva multisectorial e interdisciplinar.

2.– Con esa finalidad, los servicios sociales, en su nivel tanto de atenci髇 primaria como de atenci髇 secundaria, arbitrar醤 servicios de intervenci髇 socioeducativa y psicosocial. En particular, estos servicios consistir醤 en los siguientes:

  • a) Educaci髇 dom閟tica e intervenci髇 familiar b醩ica, prestadas en el domicilio familiar.
  • b) Educaci髇 de calle e intermediaci髇 sociocultural, prestadas en el entorno comunitario.

3.– Los servicios mencionados en el apartado anterior tendr醤 las siguientes caracter韘ticas:

  • a) Estar醤 conformados por un conjunto de prestaciones relacionales de apoyo socioeducativo o psicosocial, de car醕ter individual, familiar o grupal.
  • b) Estar醤 dirigidos a que las personas adquieran y desarrollen capacidades –actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pautas, habilidades– personales, familiares o grupales que favorezcan su desenvolvimiento aut髇omo, su inclusi髇 social y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario, y a que sustituyan h醔itos, conductas, percepciones, sentimientos y actitudes que resulten inadecuados por otros m醩 adaptados.

4.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, arbitrar medidas que coadyuven a la inclusi髇 social de las personas menores en situaci髇 de exclusi髇 social, y, a tal efecto:

  • a) En caso de desescolarizaci髇, facilitar su incorporaci髇 al curso escolar, independientemente de que se produzca en fechas que no coincidan con su inicio.
  • b) Arbitrar apoyos espec韋icos para responder a sus necesidades educativas.
  • c) Facilitar el acceso gratuito a los comedores escolares.
  • d) Facilitar el acceso a las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos.

5.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, arbitrar medidas espec韋icas de apoyo a las personas menores en situaci髇 de exclusi髇 social, dirigidas a ofrecer una respuesta terap閡tica al deterioro que dicha situaci髇 haya podido ocasionar en su salud f韘ica y mental.

T蚑ULO V
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y PROTECCI覰 FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 128.– Estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de su deber de promoci髇, protecci髇 y defensa del derecho de las personas menores a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato, impulsar la elaboraci髇, aprobaci髇 e implementaci髇 de una estrategia integral, de car醕ter interinstitucional e intersectorial, que aborde la violencia contra la infancia y la adolescencia en todos sus aspectos, con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y, en su caso, garantizar el derecho a la restituci髇 de los derechos vulnerados.

2.– La estrategia deber incidir, como m韓imo, en los siguientes 醡bitos: familiar y afectivo; educativo; sanitario; de los servicios sociales, en particular, el sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia; judicial; policial y de seguridad; de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, con especial atenci髇 a Internet y las redes sociales; de la cultura, ocio y tiempo libre; de la actividad f韘ica y deporte, y de la educaci髇 afectivo-sexual.

3.– Para alcanzar el objetivo previsto en el apartado 1 de este art韈ulo, la estrategia deber contemplar dispositivos de intervenci髇 y mecanismos de colaboraci髇 y coordinaci髇 garantes de la eficacia de las actuaciones, tanto en el marco de la acci髇 preventiva como en el marco de la detecci髇, la protecci髇 y la recuperaci髇 o rehabilitaci髇 f韘ica y psicol骻ica de las v韈timas.

4.– El impulso para la elaboraci髇 de dicha estrategia corresponder al departamento competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, y su aprobaci髇 se atribuye al Gobierno Vasco.

5.– En todo caso, en el proceso de elaboraci髇 de la estrategia deber醤 participar, necesariamente, el resto de las administraciones p鷅licas vascas y, en particular, los servicios sociales municipales y los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales; asimismo, contar con la participaci髇 de entidades del tercer sector social que desarrollen su actuaci髇 en el 醡bito de la infancia y la adolescencia y, de forma especial, de las personas menores.

6.– El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia elaborar anualmente un informe de evaluaci髇 acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de esta estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia. La elaboraci髇 del informe se sujetar, como m韓imo, a los siguientes criterios:

  • a) Contendr datos desagregados por sexo y edad.
  • b) Incluir un an醠isis estad韘tico de los casos de violencia que se hayan producido, diferenciando el 醡bito en el que han tenido lugar, el tipo de violencia ejercida, as como los colectivos en situaci髇 de especial vulnerabilidad que se han visto afectados.

7.– Los resultados de dicho informe se har醤 p鷅licos, para general conocimiento, y deber醤 ser tenidos en cuenta para la elaboraci髇 de las pol韙icas p鷅licas correspondientes.

Art韈ulo 129.– Situaciones de violencia susceptibles de constituir una situaci髇 de desprotecci髇

1.– En los casos en los que las situaciones de violencia se produzcan en el 醡bito familiar, los servicios sociales competentes valorar醤, en los t閞minos previstos en el t韙ulo VI, si la persona menor se encuentra en situaci髇 de riesgo o de desamparo o si, por el contrario, no se encuentra desprotegida porque el padre o la madre, una representante o un representante legal o una de las personas acogedoras o guardadoras han adoptado las medidas necesarias para impedir que quien haya ejercido la violencia pueda volver a hacerlo, siempre que los servicios sociales competentes consideren que dichas medidas son suficientes para garantizar la integridad f韘ica y ps韖uica de la persona menor.

2.– Asimismo, en aquellos casos en los que la violencia tenga lugar fuera del 醡bito familiar, deber determinarse, en los t閞minos previstos en el t韙ulo VI, si las representantes o los representantes legales toleran o consienten dicha situaci髇. Se considerar que es as cuando, una vez que hayan tenido conocimiento de que estaba produci閚dose, no hayan adoptado las medidas necesarias para su cese o no hayan colaborado activamente con los servicios y profesionales que interven韆n para que cesaran. En tales supuestos, deber valorarse si la persona menor se encuentra en situaci髇 de desprotecci髇.

Art韈ulo 130.– Principio de prioridad a la permanencia en el entorno familiar adecuado y libre de violencia

1.– En aquellos casos en los que la violencia se produzca en el 醡bito familiar, y siempre que convenga al inter閟 superior de la persona menor de edad, deber醤 priorizarse las medidas de protecci髇 administrativas o judiciales que permitan su permanencia en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, as como el alejamiento de la persona agresora.

2.– Con esta finalidad, la autoridad judicial podr adoptar, a instancia de las personas legitimadas o de las diputaciones forales, las medidas que sean necesarias de entre las previstas en el art韈ulo 158 del C骴igo Civil.

3.– Con car醕ter espec韋ico, cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, la tutela o la guarda de una v韈tima de violencia de g閚ero, las actuaciones de las administraciones p鷅licas vascas estar醤 encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar su permanencia, independientemente de su edad, con esta 鷏tima, as como su protecci髇, atenci髇 especializada y rehabilitaci髇. No obstante, la persona menor de edad no permanecer con cualquiera de esas personas que haya sido v韈tima de violencia de g閚ero cuando no sea conveniente para su inter閟 superior, en cuyo caso deber motivarse debidamente dicha circunstancia.

4.– En todo caso, las actuaciones de las administraciones p鷅licas vascas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperaci髇 de la persona menor de edad y de la madre, atendiendo a la consideraci髇 de v韈timas de violencia de g閚ero de ambas. A tal efecto, los servicios sociales competentes asegurar醤:

  • a) La detecci髇 y la respuesta espec韋ica a las situaciones de violencia de g閚ero.
  • b) La derivaci髇 y la coordinaci髇 con los servicios de atenci髇 especializada a personas menores de edad v韈timas de violencia de g閚ero.
  • c) El cumplimento de las pautas de actuaci髇 y medidas establecidas en los protocolos que en materia de violencia de g閚ero tengan establecidos las autoridades sanitarias, policiales, educativas, judiciales y de igualdad.

CAP蚑ULO II
PREVENCI覰 DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Art韈ulo 131.– Actuaciones generales de prevenci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia

1.– Las administraciones p鷅licas vascas ejercer醤 una funci髇 preventiva indirecta de la violencia contra la infancia y la adolescencia mediante las actuaciones de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, contempladas en el t韙ulo III de esta ley, y las actuaciones de prevenci髇 de situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo y su bienestar material b醩ico y su inclusi髇 social, contempladas en su t韙ulo IV, en la medida en que estas acciones favorecen la existencia de entornos seguros de respeto, protecci髇 y defensa de los derechos de las personas menores.

2.– Adem醩 de las actuaciones anteriores, las administraciones p鷅lica vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 desarrollar acciones directamente orientadas a la prevenci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇 dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en general, y a las familias y a las personas menores en particular, del derecho de estas 鷏timas a la vida, a la integridad f韘ica y ps韖uica y al buen trato, y de la responsabilidad moral de cualquier sociedad en la prevenci髇 de esas situaciones y en la protecci髇 inmediata e integral de las v韈timas cuando se producen.

3.– Estas acciones de divulgaci髇 podr醤 integrarse en acciones de car醕ter m醩 general orientadas a la promoci髇 de los derechos de la infancia y la adolescencia o en acciones espec韋icamente orientadas a la prevenci髇 de situaciones de violencia.

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acci髇 preventiva, las administraciones p鷅licas vascas deber醤 adoptar, en los diferentes 醡bitos de actuaci髇 regulados en este t韙ulo, instrumentos t閏nicos validados en los t閞minos que se establecen en el art韈ulo 9 de esta ley.

Art韈ulo 132.– Actuaciones de prevenci髇 de la violencia en el medio familiar

1.– Las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia en el 醡bito familiar se orientan a favorecer contextos familiares seguros, basados en relaciones de respeto y afecto. En particular, perseguir醤 los siguientes objetivos:

  • a) Generar y fortalecer buenas relaciones convivenciales en el n鷆leo familiar, tanto entre la madre y el padre como entre estos y sus hijos e hijas, o entre los hermanos y las hermanas, en los t閞minos contemplados en los art韈ulos 55 y 56 de esta ley.
  • b) Prestar apoyo a las familias mediante la puesta en marcha de las medidas de apoyo a la conciliaci髇 familiar y a la coparentalidad contempladas en el art韈ulo 57 de esta ley, y de las medidas orientadas a garantizar un nivel b醩ico de bienestar material y de inclusi髇 social, contempladas en los art韈ulos 58, 59 y 60 de esta ley.
  • c) Facilitar la adquisici髇 de habilidades para la resoluci髇 pac韋ica de conflictos, formando en educaci髇 emocional a las personas progenitoras, as como en manejo conductual y en estrategias de prevenci髇 de futuros comportamientos antisociales, basadas en la identificaci髇, el control y la gesti髇 de las emociones y el comportamiento agresivo.

2.– Los dispositivos de apoyo referidos en el apartado anterior deber醤 reforzarse mediante medidas de acci髇 positiva en el caso de familias que, por sus caracter韘ticas o por sus circunstancias, se encuentren en situaci髇 de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, atendiendo a lo previsto en el art韈ulo 131.4 de esta ley.

3.– Asimismo, y en funci髇 del tipo de apoyo del que se trate, las medidas de acci髇 positiva podr醤 consistir en favorecer el acceso preferente a los servicios de apoyo, en acceder a apoyos de mayor intensidad, en facilitar el acceso a determinadas ayudas econ髆icas o beneficios fiscales, o en articular incrementos en la cuant韆 de las ayudas econ髆icas.

Art韈ulo 133.– Actuaciones de prevenci髇 de la violencia en casos de ruptura de la unidad familiar

1.– En los casos de conflicto o crisis familiar en los que se produzca la ruptura de la convivencia del padre y de la madre, de las personas representantes legales o de las personas acogedoras o guardadoras, los servicios sociales que est閚 interviniendo con la familia realizar醤 actuaciones espec韋icas de acompa馻miento, con el fin de garantizar la protecci髇 del inter閟 superior de las personas menores de edad y evitar consecuencias perjudiciales para ellas.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los mencionados servicios sociales puedan desarrollar las actuaciones de prevenci髇 que consideren oportunas, incluida, en su caso, la orientaci髇 hacia el servicio de mediaci髇 familiar, as como hacia otros recursos o servicios especializados; en particular, hacia los servicios de terapia que prescriban los servicios de mediaci髇 familiar y hacia un acompa馻miento profesional especializado a las responsables y los responsables legales, personas acogedoras o guardadoras, durante el proceso de ruptura y para el ejercicio de sus responsabilidades parentales. En cualquier caso, la mediaci髇 familiar no ser viable si existe una situaci髇 de riesgo o violencia hacia la persona menor, y deber醤 adoptarse medidas efectivas e inmediatas que garanticen la salud y seguridad de la persona menor de edad.

3.– Con el fin de promover el recurso a la mediaci髇 familiar, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de provisi髇 de dichos servicios, desarrollar las siguientes actuaciones:

  • a) Promoci髇, difusi髇, publicidad e informaci髇 de la mediaci髇 familiar.
  • b) Adopci髇 de medidas para facilitar el acceso a los programas de terapia familiar prescritos en el marco de los procesos de mediaci髇 familiar, llevados a cabo por el servicio p鷅lico de mediaci髇 familiar extrajudicial.

Art韈ulo 134.– Actuaciones de prevenci髇 de la violencia en el 醡bito escolar

1.– Todos los centros educativos desarrollar醤 actuaciones orientadas a la prevenci髇 de la violencia escolar, y, en particular, las siguientes:

  • a) Elaborar醤 un plan de convivencia que establezca la programaci髇 de actividades dirigidas al personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa en su conjunto para la adquisici髇 de habilidades para la resoluci髇 pac韋ica de conflictos.

    Asimismo, este plan deber incluir los c骴igos de conducta consensuados entre los equipos docentes, las representantes y los representantes legales de los alumnos y las alumnas o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situaci髇 que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen o contin鷄n fuera de aquel, o tienen lugar a trav閟 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.

  • b) Impulsar醤 la adopci髇 y el seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y la protecci髇 de los derechos de las personas menores.
  • c) Fomentar醤 el respeto al alumnado con discapacidad o cualquier otra circunstancia que determine su situaci髇 de especial vulnerabilidad.
  • d) Fomentar醤 la utilizaci髇 de m閠odos alternativos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
  • e) Promover醤 planes de formaci髇 sobre prevenci髇 de la violencia y sobre detecci髇 y protecci髇 de las personas menores en tales situaciones, as como actividades dirigidas a promover la cultura del buen trato, dirigidos al personal que trabaja en los centros, priorizando a quienes ejercen labores de tutor韆, as como a las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras, en coordinaci髇 con las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas.
  • f) Promover醤 planes de capacitaci髇 del alumnado, priorizando la adquisici髇 por este de habilidades y herramientas que le permitan detectar y responder a situaciones de violencia, as como hacer frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier 醡bito en el que se manifiesten, as como para el tratamiento y asistencia de aquellas en los casos en que esta llegue a producirse.
  • g) Informar醤 al personal del centro sobre el protocolo en materia de prevenci髇 y protecci髇 de cualquier forma de violencia, y lo formar醤 para su correcta aplicaci髇.

2.– La Administraci髇 educativa contar con la colaboraci髇 de los servicios sociales, tanto municipales como territoriales, para la preparaci髇 y la impartici髇 de los contenidos de los planes de formaci髇 y capacitaci髇 citados en las letras e) y f) del apartado anterior cuando est閚 relacionados con la prevenci髇, la detecci髇 y la actuaci髇 en situaciones de maltrato, abuso, acoso, explotaci髇, trata o desprotecci髇.

En todo caso, los planes de formaci髇 y capacitaci髇 incluir醤 un tratamiento preventivo que incorpore las dimensiones de g閚ero y de edad.

3.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, y las personas responsables de la direcci髇 o titulares de los centros educativos supervisar醤 la seguridad en la contrataci髇 de personal y verificar醤 el cumplimento y la acreditaci髇 de los requisitos referidos en el art韈ulo 314 de esta ley, tanto del personal docente como del personal auxiliar u otras personas profesionales que trabajan o colaboran habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no.

Art韈ulo 135.– Persona coordinadora de bienestar y protecci髇

1.– Con el fin de impulsar el desarrollo de las actuaciones previstas en el art韈ulo anterior, todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad nombrar醤 a una persona encargada de la coordinaci髇 de las acciones y actuaciones que se desarrollen para velar por el bienestar y la protecci髇 del alumnado. Esta persona actuar bajo la supervisi髇 de quien ejerza la direcci髇 o de quien ostente la titularidad del centro.

2.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, establecer los requisitos que deber reunir y las funciones que deber desempe馻r la persona coordinadora de bienestar y protecci髇, y, asimismo, determinar si estas funciones han de ser desempe馻das por el personal ya existente en el centro educativo o por nuevo personal.

3.– En todo caso, las funciones encomendadas a la persona coordinadora de bienestar y protecci髇 ser醤, como m韓imo, las siguientes:

  • a) Promover planes de formaci髇 sobre prevenci髇, detecci髇 precoz y protecci髇 de las personas menores, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizar醤 los planes de formaci髇 dirigidos al personal del centro que ejerce labores de tutor韆, as como aquellos dirigidos al alumnado y destinados a la adquisici髇 por este de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

    Asimismo, en coordinaci髇 con las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, deber promover dicha formaci髇 entre los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras.

  • b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran de la intervenci髇 de los servicios sociales competentes, e informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicaci髇 en los casos legalmente previstos.
  • c) Identificarse ante el alumnado, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia detectados en el propio centro o en su entorno, y para la coordinaci髇 de las actuaciones a desarrollar y de las medidas a adoptar.
  • d) Promover medidas que aseguren el m醲imo bienestar para las personas menores, as como la cultura del buen trato a aquellas.
  • e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilizaci髇 de m閠odos alternativos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
  • f) Informar al personal del centro educativo sobre los protocolos en materia de prevenci髇 y protecci髇 de cualquier forma de violencia existente que le resultan de aplicaci髇 al centro.
  • g) Fomentar el respeto al alumnado con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial o mayor vulnerabilidad.
  • h) Coordinar con la direcci髇 del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el art韈ulo 134.1.a) de esta ley.
  • i) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento il韈ito de datos de car醕ter personal de las personas menores de edad, la comunicaci髇 inmediata por parte del centro educativo a la Agencia Vasca de Protecci髇 de Datos.
  • j) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentaci髇 saludable y nutritiva que permita llevar una dieta equilibrada a las personas menores, y, en especial, a quienes presenten circunstancias de especial o mayor vulnerabilidad.

4.– En particular, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 170.3 de esta ley, cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor, la persona coordinadora de bienestar y protecci髇 ser la responsable de comunicar la situaci髇 a la Ertzaintza o a la Polic韆 local, as como al Ministerio Fiscal, y, en su caso, de retener a la persona menor de edad en el centro educativo hasta que la autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar.

Art韈ulo 136.– Actuaciones de prevenci髇 de la violencia en el 醡bito de la actividad f韘ica y el deporte y del ocio educativo

1.– El Gobierno Vasco y las diputaciones forales, conjuntamente, a trav閟 de sus departamentos competentes en materia de actividad f韘ica y deporte y de ocio educativo, elaborar醤 y aprobar醤 protocolos de actuaci髇 que deber醤 recoger las actuaciones necesarias para construir un entorno seguro en el 醡bito de la actividad f韘ica y el deporte y del ocio educativo, y que deben seguirse para la prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia que se produzcan en dichos 醡bitos.

2.– En la elaboraci髇 de dichos protocolos deber醤 contar, necesariamente, con la participaci髇 de las entidades, los centros y las organizaciones que desarrollen su actividad en el 醡bito de la educaci髇 f韘ica, el deporte y el ocio educativo con personas menores de edad.

3.– Los protocolos que se aprueben deber醤 ser aplicados, seg鷑 corresponda, y en lo que les afecte, atendiendo a su 醡bito concreto de actuaci髇, en todas las entidades y todos los centros y equipamientos, tanto p鷅licos como privados, que realicen actividades de educaci髇 f韘ica, deportivas y de ocio educativo con personas menores de edad, ya sea con car醕ter habitual u ocasional.

Art韈ulo 137.– Entidades, centros y organizaciones para la pr醕tica de actividades de educaci髇 f韘ica y deportivas o de ocio

Todas las entidades, los centros y las organizaciones, tanto p鷅licas como privadas, que desarrollen habitualmente actividades de educaci髇 f韘ica, deportivas o de ocio con personas menores de edad deber醤 integrar en su funcionamiento ordinario las siguientes actuaciones de prevenci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia:

  • a) Aplicar los protocolos de actuaci髇 a los que se refiere el art韈ulo anterior que adopten las administraciones p鷅licas vascas en el 醡bito de la actividad f韘ica y el deporte y del ocio educativo.
  • b) Informar al personal de los protocolos en materia de prevenci髇 y protecci髇 de cualquier forma de violencia que deben aplicarse.
  • c) Implantar un sistema de monitorizaci髇 para asegurar el cumplimiento de los protocolos a los que se alude en la letra precedente, en relaci髇 con la protecci髇 de las personas menores de edad.
  • d) Fomentar una cultura de promoci髇 y respeto de los derechos y deberes de las personas menores, sin discriminaci髇 alguna, inculcando el respeto a las personas con discapacidad y a quienes, por cualquier otra circunstancia personal, familiar o social, puedan encontrarse en situaci髇 de especial vulnerabilidad.
  • e) Adoptar medidas para que la pr醕tica del deporte, de la actividad f韘ica y del ocio no sea un escenario de discriminaci髇 por identidad de g閚ero u orientaci髇 sexual, y trabajar con las propias personas menores, as como con sus familias y las personas profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.
  • f) Adoptar medidas para evitar conductas inadecuadas por parte del p鷅lico o de otros agentes durante los partidos y las competiciones.
  • g) Fomentar la utilizaci髇 de m閠odos alternativos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
  • h) Fomentar la participaci髇 activa de las personas menores en todos los aspectos de su formaci髇 y desarrollo integral.
  • i) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicaci髇 entre las organizaciones deportivas y los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras.
  • j) Desarrollar planes de formaci髇 sobre prevenci髇 de la violencia, as como sobre detecci髇 y protecci髇 de las personas menores en tales situaciones.

Art韈ulo 138.– Delegado o delegada de protecci髇

1.– Con el fin de impulsar el desarrollo de las actuaciones previstas en el art韈ulo anterior, las entidades, los centros y las organizaciones en 閘 citadas deber醤 designar la figura de la persona delegada de protecci髇, a la que las personas menores podr醤 acudir para expresar sus inquietudes y preocupaciones o poner en su conocimiento alguna situaci髇 de violencia que hayan padecido, presenciado o de la que hayan tenido noticia.

2.– En todo caso, las funciones encomendadas a la persona delegada de protecci髇 ser醤, como m韓imo, las siguientes:

  • a) Identificarse ante el personal, las personas menores de edad y los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia sobre la infancia o la adolescencia detectados en la propia entidad, centro u organizaci髇 o en su entorno, y para la coordinaci髇 de las actuaciones a desarrollar y de las medidas a adoptar.
  • b) Difundir e informar al personal sobre los protocolos en materia de prevenci髇 y protecci髇 de cualquier forma de violencia existente que le resultan de aplicaci髇 a la entidad, centro u organizaci髇.
  • c) Asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores, y, en particular, iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situaci髇 de violencia sobre la infancia o la adolescencia.
  • d) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones p鷅licas vascas, los casos que requieran de la intervenci髇 de los servicios sociales competentes, e informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicaci髇 en los casos legalmente previstos.
  • e) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento il韈ito de datos de car醕ter personal de las personas menores de edad, la comunicaci髇 inmediata a la Agencia Vasca de Protecci髇 de Datos.
  • f) Promover planes de formaci髇 sobre prevenci髇, detecci髇 precoz y protecci髇 de las personas menores, dirigidos al personal, a las personas menores de edad y a los padres y las madres o, en su caso, a las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras. Se priorizar la formaci髇 destinada a la adquisici髇 de habilidades que ayuden a detectar y responder a situaciones de violencia.
  • g) Promover medidas que aseguren el m醲imo bienestar para las personas menores, as como la cultura del buen trato para con ellas.
  • h) Fomentar entre el personal y las personas menores de edad la utilizaci髇 de m閠odos alternativos de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
  • i) Fomentar el deporte inclusivo, en general, y el respeto a las personas menores de edad con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial o mayor vulnerabilidad.
  • j) Supervisar la seguridad en la contrataci髇 de personal, profesional y voluntario, y verificar el cumplimento y la acreditaci髇 de los requisitos referidos en el art韈ulo 314 de esta ley.

Art韈ulo 139.– Actuaciones de prevenci髇 de la violencia mediante las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇

1.– Con car醕ter general, el Gobierno Vasco desarrollar campa馻s de divulgaci髇 dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad de las posibilidades y los peligros que las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇 y, en especial, Internet y las redes sociales presentan para las personas menores, y deber desarrollar programas de concienciaci髇 sobre el ciberacoso y articular mecanismos de protecci髇 contra este.

2.– Asimismo, articular programas dirigidos a la alfabetizaci髇 digital de las personas progenitoras, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras, y, en particular, orientados a capacitarlos para la aplicaci髇 de medidas de seguridad digital y de control parental.

3.– La Administraci髇 educativa incorporar contenidos obligatorios y espec韋icos para la capacitaci髇 del alumnado en materia de seguridad digital, de tal forma que garanticen la plena inserci髇 de las personas menores en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garant韆 de la intimidad personal y familiar y la protecci髇 de datos personales, conforme a lo previsto en el art韈ulo 83 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

Dicha formaci髇 se incluir tanto en los bloques de contenidos como con car醕ter transversal, y deber implantarse dentro de todas las etapas formativas, desde la etapa de Educaci髇 Primaria, el uso adecuado de Internet.

CAP蚑ULO III
DETECCI覰 E INTERVENCI覰 ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Art韈ulo 140.– Derecho a una atenci髇 integral y acceso preferente a servicios

1.– Las administraciones p鷅licas vascas proporcionar醤 a las personas menores v韈timas de violencia una atenci髇 integral, que comprender las medidas de intervenci髇, apoyo, acogida y recuperaci髇 f韘ica y psicol骻ica que resulten pertinentes de entre las previstas en este cap韙ulo, para cada 醡bito de actuaci髇, y sin perjuicio de las medidas de protecci髇 espec韋icamente contempladas para los casos en los que la violencia se haya ejercido en el medio familiar, cuando dicha violencia genere una situaci髇 de riesgo o de desamparo en los t閞minos definidos en el t韙ulo VI esta ley.

2.– Entre otros aspectos, la atenci髇 integral, en aras de asegurar el inter閟 superior de la persona menor de edad, comprender especialmente las siguientes medidas:

  • a) Informaci髇 y acompa馻miento psicosocial, social y educativo a las v韈timas.
  • b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
  • c) Atenci髇 terap閡tica de car醕ter sanitario, psiqui醫rico y psicol骻ico para la v韈tima y, en su caso, la unidad familiar.
  • d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
  • e) Informaci髇 y apoyo a las familias y, si es necesario y est objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
  • f) Facilitaci髇 de acceso a redes y servicios p鷅licos.
  • g) Apoyo a la educaci髇 e inserci髇 laboral.
  • h) Acompa馻miento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si es necesario.
  • i) Todas estas medidas deber醤 tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todas las personas menores sin excepci髇.

3.– Las administraciones p鷅licas vascas deber醤 adoptar las medidas de coordinaci髇 necesarias entre todos los agentes implicados, con el objetivo de evitar la victimizaci髇 secundaria de las personas menores con las que, en cada caso, deban intervenir, y procurar醤 que la atenci髇 a las personas menores v韈timas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado a la persona menor.

4.– En el marco de la atenci髇 integral prevista, deber garantizarse el acceso preferente a los servicios y prestaciones en el 醡bito sanitario y educativo, en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 223 y 224 de esta ley, en cuanto resulten aplicables.

5.– El acceso preferente quedar condicionado a la acreditaci髇 previa de la condici髇 de v韈tima de violencia, bas醤dose en cualquier medio establecido normativamente y, en todo caso, mediante alguno de los siguientes:

  • a) La sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia f韘ica o ps韖uica, de car醕ter sexual o de cualquier otro orden, que se encuentre en vigor.
  • b) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional que acredite, como hecho probado, que una persona menor ha sufrido violencia f韘ica o ps韖uica, de car醕ter sexual o de cualquier otro orden.
  • c) El informe forense o m閐ico que constate la existencia de indicios e indicadores de violencia f韘ica o ps韖uica o de car醕ter sexual contra una persona menor.
  • d) El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona menor ha sufrido violencia f韘ica, ps韖uica o de car醕ter sexual.
  • e) El informe social o psicosocial de los servicios sociales, municipales o territoriales que acredite la existencia de indicadores de que la persona menor ha sido v韈tima de violencia f韘ica, ps韖uica o de car醕ter sexual.
  • f) El informe de los servicios, municipales o territoriales, responsables de la acogida y atenci髇 a v韈timas de violencia de g閚ero en el que se acredite, a su vez, que la persona menor ha sido v韈tima de violencia f韘ica, ps韖uica o de car醕ter sexual.
  • g) Cualquier otro t韙ulo previsto en las disposiciones normativas de car醕ter sectorial que regulen el acceso a derechos y recursos reconocidos a las personas menores v韈timas de violencia.

Art韈ulo 141.– Detecci髇 precoz

1.– Cuando alguna de las personas que se relacionan en los art韈ulos 16 y 17 de esta ley tenga conocimiento o advierta indicios de la existencia de una posible situaci髇 de violencia ejercida contra una persona menor de edad o de una posible situaci髇 de desprotecci髇, deber comunicarlo, de forma inmediata, a los servicios sociales competentes.

2.– En los mismos t閞minos, cuando a causa de dicha violencia pueda resultar amenazada la salud o la seguridad de la persona menor, deber comunicarlo, de forma inmediata, a la Ertzaintza o a la Polic韆 local, as como al Ministerio Fiscal.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que alguna de las personas que se relacionan en el art韈ulo 17 de esta ley detecte precozmente alguna situaci髇 de violencia sobre una persona menor de edad, de forma inmediata deber ponerla en conocimiento de su padre o madre, o, en su caso, de sus representantes legales o de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la mencionada violencia haya sido ejercida, posibilitada o consentida por alguna de dichas personas.

Art韈ulo 142.– Protocolos sectoriales de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia

1.– Con la finalidad de garantizar que los deberes a los que se alude en el art韈ulo anterior puedan realizarse de forma adecuada, las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, aprobar醤 protocolos sectoriales de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, dirigidos a establecer los siguientes mecanismos:

  • a) Procedimientos espec韋icos para la comunicaci髇 de la existencia o sospecha de una situaci髇 de violencia o desprotecci髇 a los servicios sociales competentes.
  • b) Sistemas de coordinaci髇 de las personas profesionales de los distintos 醡bitos de actuaci髇, que aseguren un intercambio efectivo y eficaz de la informaci髇.

2.– Los citados protocolos sectoriales deber醤 abordar e incluir en su contenido, asimismo, las siguientes cuestiones: la identificaci髇 de factores de riesgo, la prevenci髇 y detecci髇 precoz de la violencia contra las personas menores, as como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y rehabilitaci髇 de las v韈timas.

3.– En todo caso, se aprobar醤 protocolos sectoriales en los 醡bitos de salud, educaci髇, actividad f韘ica y deporte, ocio educativo, servicios sociales, seguridad y justicia, y se deber garantizar la formaci髇 de las personas profesionales que ejercen su actividad en esos 醡bitos en la aplicaci髇 del protocolo correspondiente. Estos protocolos ser醤 de car醕ter interinstitucional en los 醡bitos de competencia compartida.

4.– Los protocolos que se aprueben deber醤 ser aplicados por todos los centros y servicios, p鷅licos o privados que intervengan en el sector de actuaci髇 del que se trate. Asimismo, deber醤 tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a desarrollar cuando la v韈tima de violencia sea una persona con discapacidad.

5.– Con car醕ter espec韋ico, en los centros educativos y en los centros en los que residan habitualmente personas menores, el protocolo contemplar, entre otras, las siguientes actuaciones:

  • a) Actuaciones aplicables en los casos en los que la violencia tenga como motivaci髇 la discapacidad, la orientaci髇 sexual, la identidad o expresi髇 de g閚ero, la nacionalidad o el origen racial o 閠nico, incluyendo el componente de estigmatizaci髇 secundaria de este acoso.
  • b) Actuaciones aplicables cuando el acoso se lleve a cabo a trav閟 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇 y se haya menoscabado el derecho al honor, la dignidad o la intimidad de las personas menores de edad.
  • c) Las situaciones de violencia sexual se diferenciar醤 de las situaciones de desprotecci髇 y se abordar醤 en el marco de la intervenci髇 en situaciones de violencia.

Art韈ulo 143.– Actuaciones de los servicios de salud

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de salud, adoptar las medidas necesarias para facilitar la detecci髇 precoz de la violencia ejercida contra personas menores, y, en particular, desarrollar programas de sensibilizaci髇 y formaci髇 continua del personal sanitario, con el fin de mejorar el diagn髎tico precoz, la asistencia y la recuperaci髇 f韘ica y ps韖uica de la persona menor v韈tima de violencia.

2.– Todos los centros de salud, tanto p鷅licos como privados, deber醤 aplicar el protocolo sectorial de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, espec韋ico para el 醡bito de salud, previsto en el art韈ulo 142 de esta ley, y respetar el deber de comunicaci髇 cualificado en los t閞minos regulados en el art韈ulo 17. Asimismo, deber醤 implantar un sistema para monitorizar su nivel de cumplimiento.

3.– En todo caso, la atenci髇 que se preste a las v韈timas deber tomar en consideraci髇 las caracter韘ticas particulares y circunstancias personales, familiares y sociales concurrentes en cada una de ellas, as como sus necesidades espec韋icas.

4.– Sin perjuicio de lo anterior, deber醤 prestar atenci髇 a las necesidades espec韋icas de las siguientes v韈timas:

  • a) Las v韈timas de violencia sexual.
  • b) Las v韈timas de mutilaci髇 genital, que recibir醤 el apoyo necesario para evitar los da駉s f韘icos o ps韖uicos que pueden derivarse de aquella o, si procede, para repararlos.
  • c) Las v韈timas de violencia, cuando esta tenga como motivaci髇 el hecho de que tengan una discapacidad.
  • d) Las v韈timas de violencia, cuando esta tenga como motivaci髇 la identidad de g閚ero o la orientaci髇 sexual.
  • e) Las v韈timas de violencia de g閚ero.

5.– Todos los registros relativos a la atenci髇 de las personas menores de edad v韈timas de violencia, incluida el alta hospitalaria, quedar醤 incorporados en su historia cl韓ica.

Art韈ulo 144.– Actuaciones de los centros educativos

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, adoptar las medidas necesarias para facilitar la detecci髇 precoz de la violencia ejercida sobre personas menores y, en particular, desarrollar programas de sensibilizaci髇 y formaci髇 continua del personal educativo con el fin de mejorar el diagn髎tico precoz y las actuaciones orientadas al cese de dichas situaciones.

2.– Todos los centros educativos, al inicio de cada curso escolar, facilitar醤 a las personas menores toda la informaci髇 referente a los procedimientos de comunicaci髇 de situaciones de violencia regulados por las administraciones p鷅licas vascas y aplicados en el centro, as como las personas responsables en este 醡bito, con especial referencia a la persona coordinadora de bienestar y protecci髇 regulada en el art韈ulo 135 de esta ley.

3.– En los mismos t閞minos, facilitar醤 informaci髇 sobre los medios electr髇icos de comunicaci髇, tales como el servicio de orientaci髇, asesoramiento e informaci髇, telef髇ico o telem醫ico, puesto a disposici髇 de las personas menores por el Gobierno Vasco.

4.– Los citados centros mantendr醤 permanentemente actualizada esta informaci髇 en un lugar visible y accesible, y adoptar醤 las medidas necesarias para asegurar que las personas menores puedan consultarla libremente, en cualquier momento, para permitir y facilitar el acceso a esos procedimientos de comunicaci髇 y a las l韓eas de ayuda existentes.

5.– Cuando se detecten situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, todos los centros educativos, con independencia de que la violencia haya sido ejercida por alumnos o alumnas o por personas adultas, deber醤 aplicar el protocolo sectorial de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, espec韋ico para el 醡bito educativo, previsto en el art韈ulo 142 de esta ley. Para ello, contar醤 con el apoyo y la intervenci髇 de la persona responsable de la coordinaci髇 del bienestar y protecci髇 del alumnado.

6.– En particular, dicha persona deber coordinar los casos que deban ser objeto de comunicaci髇 a las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 18 de esta ley, adem醩 de implantar un sistema para monitorizar el nivel de cumplimiento de dicha obligaci髇.

7.– Las personas menores v韈timas de violencia tendr醤 acceso preferente a los centros educativos integrados en el Sistema Educativo Vasco, incluso durante el curso escolar cuando resulte necesario un cambio de centro. En todo caso, se garantizar el acceso a los apoyos espec韋icos que puedan resultar necesarios, incluso cuando se produzca el ingreso en un centro educativo durante el curso escolar.

8.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, aportar al Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia, contemplado en el art韈ulo 308 de esta ley, los datos disponibles sobre las situaciones de violencia detectadas en el 醡bito escolar.

Art韈ulo 145.– Actuaciones en el 醡bito de la actividad f韘ica, el deporte y el ocio educativo

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus competencias en materia de actividad f韘ica y deporte y de ocio, adoptar醤 las medidas necesarias para facilitar la detecci髇 precoz de la violencia ejercida sobre personas menores, y, en particular, desarrollar醤 programas de sensibilizaci髇 y formaci髇 continua del personal y de las personas voluntarias, con el fin de mejorar el diagn髎tico precoz y las actuaciones orientadas al cese de dichas situaciones.

2.– Todas las entidades deportivas y todos los establecimientos, p鷅licos y privados, que desarrollen su actividad en el 醡bito de la actividad f韘ica y el deporte o del ocio educativo y que en ese marco trabajan con personas menores aplicar醤 el protocolo espec韋ico de actuaci髇 al que se refiere el art韈ulo 136 de esta ley ante situaciones de violencia contra personas menores.

3.– En particular, desarrollar醤 las siguientes actuaciones orientadas a la prevenci髇 de la violencia en el 醡bito de la actividad f韘ica y el deporte, as como del ocio educativo:

  • a) Incorporar醤 las medidas previstas en el protocolo referido en el apartado anterior en su normativa interna y velar醤 por su aplicaci髇 e implantar醤 un sistema para monitorizar su nivel de cumplimiento.
  • b) Garantizar醤 la aplicaci髇 de medidas de apoyo espec韋ico para facilitar la integraci髇 y participaci髇 efectiva en las actividades deportivas o de ocio de las v韈timas de violencia y, en su caso, para favorecer su recuperaci髇 f韘ica y su nivel deportivo anterior.

Art韈ulo 146.– Actuaciones de los servicios sociales

1.– Cuando les sea comunicado un caso de posible violencia sobre la infancia y la adolescencia, o cuando lo detecten directamente, los servicios sociales municipales deber醤 realizar la recogida de informaci髇 y la valoraci髇, siempre que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con aquellos equipos y profesionales de los 醡bitos de la salud, de la educaci髇, de la seguridad, as como del 醡bito judicial y fiscal existentes en el territorio que puedan aportar informaci髇 sobre la situaci髇 de la persona menor y su entorno familiar y social.

2.– Cuando la situaci髇 de violencia detectada tenga lugar en el entorno familiar de la persona menor, los servicios sociales municipales deber醤 iniciar el procedimiento de valoraci髇 correspondiente para determinar si existe o no una situaci髇 de riesgo o de desamparo, y, en tal caso, ajustarse al procedimiento regulado para tales supuestos en el t韙ulo VI de esta ley.

Asimismo, deber醤 iniciar dicho procedimiento en los casos de violencia producida fuera del 醡bito familiar si existen indicadores de que las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras toleran o consienten dicha situaci髇 en los t閞minos indicados en el art韈ulo 129.2 de esta ley.

3.– Para la atenci髇 de las personas menores v韈timas de violencia con respecto a quienes la valoraci髇 referida en el apartado anterior concluya que no se encuentran desprotegidas, los servicios sociales municipales articular醤 un plan de intervenci髇 familiar individualizado. Dicho plan deber dise馻rse en funci髇 de las distintas necesidades espec韋icas que presente la familia, e incluir medidas personalizadas de atenci髇 y seguimiento a la familia, as como de apoyo para el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protecci髇. En caso de que resulte necesario, llevar醤 a cabo el plan de forma coordinada y con la participaci髇 del resto de los 醡bitos implicados?.

4.– Para el ejercicio de sus funciones frente a situaciones de violencia contra personas menores, el personal funcionario que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales tendr la condici髇 de agente de la autoridad y podr realizar las siguientes actuaciones:

  • a) Solicitar la colaboraci髇 de la Ertzaintza y de la Polic韆 local, del Ministerio Fiscal, de los servicios de salud, de los centros educativos y de cualquier servicio p鷅lico que estime necesario, con el fin de poder entrevistarse con la persona menor de edad en cualquier contexto y sin necesidad de la autorizaci髇 de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras.
  • b) Solicitar a la autoridad judicial correspondiente las medidas urgentes que considere necesarias.

5.– Asimismo, las personas profesionales de los servicios sociales podr醤, cuando lo estimen necesario, acompa馻r a la persona menor a un centro sanitario para que reciba la atenci髇 que precise, e informar despu閟 a las representantes y los representantes legales o a las personas acogedoras o guardadoras, as como disponer, en caso necesario, la colaboraci髇 de otras personas profesionales especializadas.

Art韈ulo 147.– Actuaci髇 de los servicios sociales con menores de catorce a駉s en conflicto con la ley penal

1.– Cuando los actos de violencia hayan sido cometidos por personas menores de catorce a駉s, estas ser醤 incluidas en un plan de seguimiento que valore su situaci髇 sociofamiliar. A tal efecto, deber iniciarse el procedimiento de valoraci髇 correspondiente para determinar si existe o no una situaci髇 de riesgo o de desamparo, y, en tal caso, los servicios sociales competentes deber醤 ajustarse en su actuaci髇 a los t閞minos contemplados en el t韙ulo VI de esta ley.

2.– El plan de seguimiento ser dise馻do y realizado por los servicios sociales municipales cuando en el curso del procedimiento de valoraci髇 dirigido a determinar si existe o no una situaci髇 de desprotecci髇 se haya valorado que la persona menor de edad no se encuentra desprotegida o que existe una situaci髇 de riesgo leve o moderado, y por los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales en el caso de que se haya valorado que existe una situaci髇 de riesgo grave o una situaci髇 de desamparo.

3.– En todo caso, corresponder a los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia dise馻r y realizar el plan de seguimiento en los siguientes casos:

  • a) Cuando del testimonio de los hechos que les haya remitido el Ministerio Fiscal se deduzcan indicadores de una situaci髇 de gravedad elevada.
  • b) Cuando se trate de actos de violencia que revistan una naturaleza sexual y puedan ser constitutivos de un delito contra la libertad o indemnidad sexual, o de actos de violencia constitutivos de violencia de g閚ero. En estos supuestos, los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia no derivar醤 el caso a los servicios sociales municipales, y deber醤 proceder inmediatamente a su recepci髇 e iniciar el procedimiento de valoraci髇 de la situaci髇 de desprotecci髇.

4.– En el caso de que los actos violentos puedan ser constitutivos de un delito contra la libertad o indemnidad sexual o de violencia de g閚ero, el plan de seguimiento incluir un m骴ulo formativo espec韋ico en materia de igualdad de g閚ero, con el fin de contribuir a la adquisici髇 de actitudes no sexistas, h醔itos respetuosos y valores democr醫icos, y de prevenir nuevas conductas agresoras o reincidentes.

5.– Asimismo, cuando los hechos se hayan realizado en el entorno digital, el plan de seguimiento deber incluir, a su vez, un m骴ulo formativo espec韋ico en materia de seguridad digital, con el fin de sensibilizarles y capacitarles sobre las siguientes cuestiones:

  • a) La seguridad y el uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, en general.
  • b) Los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fen髆enos de violencia sexual, tales como el ciberacoso, el grooming, la ciberviolencia de g閚ero o el sexting.

Art韈ulo 148.– Actuaciones de los recursos de acogimiento residencial para personas menores y en centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo

1.– Las diputaciones forales, a trav閟 del departamento competente en protecci髇 a la infancia y la adolescencia, elaborar醤 y aprobar醤 planes espec韋icos de prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 ante posibles casos de violencia –con especial incidencia en los casos de explotaci髇 sexual– que tengan como v韈timas a personas menores de edad sujetas a una medida de protecci髇 y que residan en centros de acogimiento residencial, bajo su responsabilidad, independientemente de la naturaleza p鷅lica o privada de la entidad que gestione el centro y de su titularidad.

2.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, aprobar planes espec韋icos de prevenci髇 y detecci髇 de posibles casos de violencia –con especial incidencia en los casos de explotaci髇 sexual– que tengan como v韈timas a personas menores de edad sujetas a una medida judicial de internamiento y que residan en centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo bajo su responsabilidad, independientemente de la naturaleza p鷅lica o privada de la entidad que gestione el centro y de su titularidad.

3.– Asimismo, tanto las diputaciones forales como el Gobierno Vasco deber醤 aprobar est醤dares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de los protocolos que aprueben en los recursos o centros en los que resulten de aplicaci髇.

4.– Los protocolos abordar醤 en su contenido, como m韓imo, las siguientes cuestiones:

  • a) Determinar醤 la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicaci髇 y la coordinaci髇 de las personas profesionales responsables de cada actuaci髇.
  • b) Establecer醤 mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales para informar, de forma que las personas menores sean tratadas sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas ser醤 susceptibles de ser recurridas. En todo caso, las personas menores de edad tendr醤 derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente o a la instituci髇 del Ararteko.
  • c) Garantizar醤 que, en el momento del ingreso, el recurso o centro de protecci髇 facilite a la persona menor de edad, por escrito, con un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y le sea f醕ilmente comprensible, en formato accesible y adaptado a su edad, grado de entendimiento y dem醩 circunstancias personales, las normas de convivencia y el r間imen disciplinario que rige en el centro, as como la informaci髇 sobre los mecanismos de queja y de comunicaci髇 existentes.
  • d) Contemplar醤 actuaciones espec韋icas cuando el acoso tenga como motivaci髇 la discapacidad, la orientaci髇 sexual, la identidad o expresi髇 de g閚ero, la nacionalidad o el origen racial o 閠nico. De igual modo, dichos protocolos deber醤 contemplar actuaciones espec韋icas cuando el acoso se lleve a cabo a trav閟 de Internet, las redes sociales o, en general, las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇 y se hayan menoscabado la intimidad y la reputaci髇.
  • e) Deber醤 tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro recurso residencial para garantizar su inter閟 superior y su bienestar.

5.– Los protocolos deber醤 contener tambi閚 actuaciones espec韋icas de prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 ante posibles casos de abuso, explotaci髇 sexual y trata de seres humanos que tengan como v韈timas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en el recurso o centro en el que resulte de aplicaci髇.

A tal efecto, se tendr especialmente en cuenta para la elaboraci髇 de estas actuaciones la perspectiva de g閚ero, as como las medidas necesarias de coordinaci髇 con el Ministerio Fiscal, la Ertzaintza y la Polic韆 local y el resto de los sistemas implicados.

6.– Las medidas anteriores ser醤 extensibles a cualquier otro recurso de car醕ter residencial en el que sean atendidas o residan bajo su responsabilidad personas menores.

7.– El contenido de este art韈ulo se entiende sin perjuicio de las previsiones establecidas en la secci髇 8. del cap韙ulo IV del t韙ulo VI de esta ley con respecto a los centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta.

Art韈ulo 149.– Supervisi髇 de los recursos de acogimiento residencial para personas menores y centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo

1.– En aplicaci髇 del art韈ulo 55.1 de la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de Protecci髇 Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una persona representante del Ministerio Fiscal visitar los recursos y centros a los que alude el art韈ulo anterior, de acuerdo con la periodicidad prevista en la normativa interna de funcionamiento que los rija. Las visitas, como m韓imo, deber醤 ser cuatrimestrales, para los siguientes fines:

  • a) Reunirse con las personas menores de edad.
  • b) Escuchar, de forma individual, a las personas menores de edad que as se lo soliciten.
  • c) Supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuaci髇 que les son de aplicaci髇.
  • d) Dar seguimiento a los mecanismos de comunicaci髇 de situaciones de violencia.

2.– Las diputaciones forales y el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, seg鷑 corresponda en el ejercicio de sus competencias, mantendr醤 comunicaci髇 de car醕ter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acord el ingreso de la persona menor de edad sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante su estancia en el recurso o centro que le afecten, as como sobre la necesidad de mantener el ingreso.

Art韈ulo 150.– Actuaciones en el 醡bito policial

1.– La Ertzaintza y la Polic韆 local contar醤 con unidades especializadas en la investigaci髇, prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 ante situaciones de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, preparadas para una actuaci髇 adecuada frente a tales casos, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 312.2 de esta ley.

2.– Excepcionalmente, en el caso de la Polic韆 local, cuando el n鷐ero de efectivos que integran el cuerpo no sea adecuado y suficiente para permitir la creaci髇 de unidades especializadas en la investigaci髇 y prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 ante situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, deber garantizarse que cuentan con agentes espec韋icos o espec韋icas que dispongan de preparaci髇 y especializaci髇 adecuadas para asegurar una correcta intervenci髇 en los casos de violencia que afecten a las personas menores de edad, y, en todo caso, de la formaci髇 prevista en el art韈ulo 312.1 de esta ley.

3.– Cuando act鷈n en un mismo territorio distintos cuerpos de polic韆, colaborar醤 entre s, dentro de sus respectivos 醡bitos de competencia, para lograr un eficaz desarrollo de sus intervenciones en el abordaje de tales situaciones y en la lucha contra dicha violencia.

Art韈ulo 151.– Criterios de actuaci髇 policial

1.– La actuaci髇 de la Ertzaintza y de la Polic韆 local ante situaciones de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia se regir por el respeto a los derechos de las personas menores y la consideraci髇 de su inter閟 superior como primordial en todas las acciones y decisiones que les conciernan, y actuar醤 de conformidad con los protocolos de actuaci髇 policial con personas menores de edad, as como con los protocolos de actuaci髇 policial en casos de violencia dom閟tica o de g閚ero, cuando estos sean aplicables.

2.– En todo caso, proceder醤 conforme a los siguientes criterios:

  • a) Se adoptar醤 de forma inmediata todas las medidas provisionales de protecci髇 que resulten adecuadas a la situaci髇 de la persona menor.
  • b) Solo se practicar醤 diligencias con intervenci髇 de la persona menor que sean estrictamente necesarias, y se obviar la pr醕tica de toda diligencia en la que intervenga que no resulte imprescindible. En particular, 鷑icamente se proceder a o韗 en declaraci髇 a la persona menor cuando ello sea absolutamente necesario para la elaboraci髇 del atestado policial, y en tal caso se realizar en una sola ocasi髇 y a trav閟 de profesionales con formaci髇 espec韋ica para ello.
  • c) Se practicar醤 sin dilaci髇 todas las diligencias imprescindibles que impliquen la intervenci髇 de la persona menor, una vez comprobado que se encuentra en disposici髇 de someterse a dichas intervenciones.
  • d) Se impedir cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, en dependencias policiales entre la persona investigada y la persona menor.
  • e) Se permitir a la persona menor que as lo solicite formular denuncia por s misma y sin necesidad de estar acompa馻da de una persona adulta.
  • f) Se informar sin demora a la persona menor de su derecho a la asistencia jur韉ica gratuita, y, si as lo desea, se requerir al colegio de la abogac韆 competente la designaci髇 inmediata de abogado o abogada del turno de oficio espec韋ico para su personaci髇 en las dependencias policiales.
  • g) Se dispensar un buen trato a la persona menor, con adaptaci髇 del lenguaje y las formas a su edad, madurez, capacidad de entendimiento y dem醩 circunstancias personales.
  • h) Se procurar que la persona menor se encuentre, en todo momento, en compa耥a de una persona de su confianza, designada libremente por 閘 o ella misma, en un entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona pueda actuar en contra de su inter閟 superior, de lo cual deber dejarse constancia mediante declaraci髇 oficial.

Art韈ulo 152.– Actuaciones en el 醡bito judicial

1.– Con el fin de que las personas menores v韈timas de violencia puedan acceder a los derechos reconocidos en la presente ley en condiciones de igualdad, en aplicaci髇 del derecho a la igualdad y no discriminaci髇 establecido en el art韈ulo 25 de esta ley y de los principios de garant韆 de accesibilidad y de equidad contemplados en las letras b) y c) del art韈ulo 13 de la misma ley, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, pondr醤 a su disposici髇 los medios necesarios para garantizar en el 醡bito judicial la defensa de sus derechos e intereses.

2.– En cumplimiento de la disposici髇 anterior, se garantizar a las personas menores v韈timas de violencia el derecho a la informaci髇 y al asesoramiento adecuados a su situaci髇 personal y desarrollo evolutivo, y deber醤 proporcionarse en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y les sea f醕ilmente comprensible, en formato accesible y adaptado a sus circunstancias personales. Se recabar el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario, con el fin de garantizar su acceso universal.

3.– En el marco de este derecho, se les mantendr informadas de todos los procesos, opciones y plazos, y se velar por que se haga efectivo su derecho a opinar y que dicha opini髇 sea tenida en cuenta, protegiendo su intimidad e identidad frente a intimidaciones y represalias, y proporcionando desde el inicio y durante todo el proceso un acompa馻miento profesional para el seguimiento y apoyo psicol骻ico.

4.– Con car醕ter espec韋ico, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, habilitar los medios t閏nicos y materiales necesarios para garantizar que la declaraci髇 de la v韈tima menor de edad se desarrolle con respeto a todas las exigencias procesales, y en un espacio seguro; en especial, para permitir que la declaraci髇 se realice conforme a las garant韆s de accesibilidad y a los requisitos de comunicaci髇 y grabaci髇 en soporte audiovisual de la imagen y el sonido necesarios para asegurar su calidad y validez. As, se podr evitar la realizaci髇 de la declaraci髇 en el acto del juicio oral.

Art韈ulo 153.– Legitimaci髇 en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situaci髇 de violencia

1.– De conformidad con lo establecido en el art韈ulo 13.1 de la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de Protecci髇 Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, todas las personas menores de edad v韈timas de violencia est醤 legitimadas para intervenir en defensa de sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una situaci髇 de violencia.

2.– Dicha defensa se realizar, con car醕ter general, a trav閟 de sus representantes legales, y, asimismo, podr realizarse a trav閟 de una persona que act鷈 como defensora judicial, para que las represente en la investigaci髇 y en el proceso penal, y cuya designaci髇 se realizar por el juzgado o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en los supuestos previstos en el art韈ulo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V韈tima del Delito.

3.– En todo caso, el juzgado o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o, directamente, de la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente territorialmente, proceder a la designaci髇 del defensor o defensora judicial en el caso de que concurran las circunstancias previstas en el p醨rafo segundo del art韈ulo 23.1.f) de esta ley.

4.– Asimismo, deber garantizarse su derecho a intervenir en defensa de sus intereses mediante su personaci髇 como acusaci髇 particular en cualquier momento del procedimiento penal, si bien ello no permitir retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personaci髇 ni podr suponer una merma del derecho de defensa de la persona acusada.

5.– Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situaci髇 de violencia sobre una persona menor de edad, el letrado o la letrada de la Administraci髇 de Justicia la derivar a la oficina de atenci髇 a la v韈tima competente, cuando ello resulte necesario en atenci髇 a la gravedad del delito o a la vulnerabilidad de la v韈tima o en aquellos casos en los que la propia v韈tima lo solicite, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V韈tima del Delito.

Art韈ulo 154.– Medidas dirigidas a evitar la victimizaci髇 secundaria

1.– En los procedimientos penales en los que la persona menor de edad sea v韈tima del delito se adoptar醤, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V韈tima del Delito, en relaci髇 con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigaci髇 o la celebraci髇 del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la v韈tima.

2.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, pondr a disposici髇 de la Administraci髇 de Justicia los medios t閏nicos, tecnol骻icos y humanos necesarios y espec韋icos para evitar la victimizaci髇 secundaria de la v韈tima con motivo de su declaraci髇.

3.– Con el fin de garantizar los derechos de las personas menores v韈timas, as como lo estipulado en la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de Protecci髇 Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se garantizar que las personas menores realicen su declaraci髇 mediante prueba preconstituida, tomando los medios tecnol骻icos y profesionales y los recursos especializados para garantizar tanto los derechos de las personas menores como los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva.

Las oficinas de atenci髇 a las v韈timas del delito act鷄n como coordinadoras de los recursos de protecci髇, as como 髍gano facilitador de informaci髇, asesoramiento, acompa馻miento y apoyo, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de la V韈tima, as como con lo estipulado en la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de Protecci髇 Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Para ello, deber醤 contar con los recursos personales y econ髆icos suficientes.

Art韈ulo 155.– Medidas dirigidas a la reparaci髇 material y moral de perjuicios

1.– Las personas menores v韈timas de violencia constitutiva de delito podr醤 acceder a los servicios de justicia restaurativa, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V韈tima del Delito, con la finalidad de obtener una adecuada reparaci髇 material y moral de los perjuicios derivados del delito.

2.– La v韈tima y la persona infractora podr醤 revocar su consentimiento para participar en el procedimiento de justicia restaurativa en cualquier momento.

Art韈ulo 156.– Actuaciones en casos de traslados y retenciones il韈itas

Las administraciones p鷅licas competentes adoptar醤 las medidas necesarias para luchar contra los traslados y retenciones il韈itas de personas menores dentro del Estado y en el extranjero, tanto si los lleva a cabo el padre o la madre como si son obra de una tercera persona, en los t閞minos previstos en los art韈ulos 778 quater, quinquies y sexties de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relaci髇 con las previsiones contenidas en los acuerdos internacionales y en la normativa internacional.

Art韈ulo 157.– Actuaciones en casos de violencia ejercida a trav閟 de las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇

1.– En los casos en que la violencia ejercida contra la persona menor consista en la difusi髇 de informaci髇 o la utilizaci髇 de im醙enes en los medios de comunicaci髇, incluidas las redes sociales o cualquier otro medio asociado a las nuevas tecnolog韆s, o en cualquier otro tipo de acto mediante el cual se menoscabe la integridad f韘ica o ps韖uica de la persona menor, que impliquen desprotecci髇 o puedan implicar una intromisi髇 ileg韙ima en su intimidad, honra o reputaci髇 o en la de sus familiares, conlleven la explotaci髇 econ髆ica de su imagen o sean contrarios a sus intereses, y sin perjuicio de otros sujetos legitimados, el Ministerio Fiscal deber intervenir instando de inmediato las medidas cautelares y de protecci髇 previstas en la ley y solicitando las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

2.– Las actuaciones contempladas en el apartado procedente proceder醤 incluso si consta el consentimiento de la persona menor o de sus representantes legales.

3.– El Gobierno Vasco desarrollar campa馻s de educaci髇, sensibilizaci髇 y difusi髇 dirigidas a las personas menores, familias, educadoras o educadores y otras u otros profesionales que trabajan habitualmente con personas menores de edad sobre el uso seguro y responsable de Internet y las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, as como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fen髆enos de violencia sexual contra las personas menores.

El Gobierno Vasco deber realizar peri骴icamente diagn髎ticos, teniendo en cuenta criterios de edad y g閚ero, sobre el uso seguro de Internet entre las personas menores y las problem醫icas de riesgo asociadas, as como sobre las nuevas tendencias.

T蚑ULO VI
PREVENCI覰, DETECCI覰 Y PROTECCI覰 ANTE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD A LA DESPROTECCI覰 Y DE DESPROTECCI覰

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 158.– Desprotecci髇 de la infancia y la adolescencia y vulnerabilidad a la desprotecci髇

1.– La desprotecci髇 es la situaci髇 en la que se encuentra la persona menor a consecuencia del incumplimiento o del inadecuado o imposible cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras. Se puede encontrar en situaci髇 de riesgo o de desamparo, en funci髇 de la gravedad de tal situaci髇, en aplicaci髇 de los art韈ulos 176 y 177 de esta ley respecto de la situaci髇 de riesgo, y 187 y 188 de la misma ley con relaci髇 a la situaci髇 de desamparo.

2.– La situaci髇 de desprotecci髇 puede traer causa de cualquier forma de violencia de las contempladas en el t韙ulo anterior, cuando se produzcan en el medio familiar convivencial o fuera de 閘 con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras, y siempre que determinen que la persona menor se encuentra desprotegida. Asimismo, puede traer causa de otras situaciones no constitutivas de violencia en las que las circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos determinen que la persona menor se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos.

3.– La vulnerabilidad a la desprotecci髇, en el marco de la presente ley, es la situaci髇 en la que, a pesar de observarse una atenci髇 adecuada a las necesidades de la persona menor, existen dificultades personales, familiares o sociales que implican vulnerabilidad a tal situaci髇 y, en consecuencia, podr韆 aparecer en el futuro una situaci髇 de desprotecci髇 en los t閞minos definidos en los apartados anteriores.

Art韈ulo 159.– Protecci髇 a la infancia y la adolescencia

A efectos de la presente ley, la protecci髇 de las personas menores de edad por los poderes p鷅licos comprende el conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a prevenir y detectar las situaciones referidas en el art韈ulo anterior y a atender y proteger a la infancia y la adolescencia en tales situaciones, as como, si procede, las actuaciones dirigidas a su recuperaci髇 integral, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados a tal fin, incluido, en su caso, el ejercicio de la guarda y, en los supuestos de declaraci髇 de desamparo, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley.

Art韈ulo 160.– Deber de corresponsabilidad en la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 de la situaci髇 de desprotecci髇

1.– En virtud del deber de corresponsabilidad establecido en el art韈ulo 5 de esta ley, y sin perjuicio del deber b醩ico de atenci髇, protecci髇, crianza y cuidado que recae en las representantes y los representantes legales, personas acogedoras o guardadoras, la prevenci髇 de las situaciones de desprotecci髇 y la intervenci髇 en caso de que ocurran tales situaciones recaen, asimismo, en el conjunto de la sociedad y en los poderes p鷅licos.

2.– De acuerdo con lo anterior, las administraciones p鷅licas vascas deber醤 desarrollar, en sus respectivos 醡bitos de competencia, tanto las funciones de prevenci髇 y detecci髇 de posibles situaciones de desprotecci髇 como las funciones de atenci髇, una vez adoptadas por los ayuntamientos o por las diputaciones forales las medidas protectoras que correspondan.

Art韈ulo 161.– Principios de actuaci髇 en relaci髇 con las personas menores

1.– Con car醕ter general, las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de prevenci髇, detecci髇, atenci髇 y protecci髇, respetar醤 el derecho a la prevalencia del inter閟 superior de las personas menores de edad sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo concurrente, as como el derecho a ser o韉as y escuchadas, en orden a asegurar la protecci髇 de sus derechos.

2.– Asimismo, aplicar醤 en todas las actuaciones los principios contemplados en el art韈ulo 13 de esta ley, as como los principios de actuaci髇 establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

3.– Con car醕ter espec韋ico, las administraciones p鷅licas vascas se ajustar醤 a los siguientes principios:

  • a) Primar醤 las medidas familiares sobre las institucionales o residenciales, con el fin de favorecer que la vida de la persona menor de edad se desarrolle en un entorno familiar.
  • b) Primar醤 las medidas consensuadas frente a las impuestas.
  • c) Primar醤 las medidas estables frente a las temporales.

Art韈ulo 162.– Criterios de la actuaci髇 administrativa

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de prevenci髇, detecci髇, atenci髇 y protecci髇, se ajustar醤 a los siguientes criterios, adem醩 de a los criterios generales establecidos en el art韈ulo 24.5 de esta ley, a efectos de la interpretaci髇 y aplicaci髇, en cada caso, del inter閟 superior de la persona menor de edad:

  • a) Se otorgar prioridad a la acci髇 preventiva y a la detecci髇 precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar el desarrollo personal de la persona menor en cualquier 醡bito de su vida.
  • b) Se fomentar醤 las actividades dirigidas a favorecer la integraci髇 familiar y social. Se intervendr especialmente con familias que presenten vulnerabilidad a la desprotecci髇 o que se encuentren en situaciones de riesgo.
  • c) Por parte de la diputaci髇 foral que tenga a una persona menor bajo su guarda o tutela, se informar a sus representantes legales acerca de su situaci髇, cuando no exista resoluci髇 judicial que lo proh韇a y siempre y cuando no resulte contrario al inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • d) En aplicaci髇 de su derecho a ser o韉a y escuchada, se favorecer y facilitar la participaci髇 de la persona menor, teniendo en cuenta sus condiciones personales, en especial su edad y madurez, as como la participaci髇 de la persona o personas progenitoras en la toma de decisiones sobre las medidas y las actuaciones de posible aplicaci髇, as como en el desarrollo correspondiente, si es en inter閟 de la persona menor. A tal efecto, se le deber informar a la persona menor de edad tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opini髇.
  • e) Se limitar醤 las intervenciones administrativas a las m韓imas necesarias para el ejercicio eficaz de la funci髇 protectora, y se actuar con la mayor celeridad que permitan los procedimientos.
  • f) Se garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jur韉ica en la acci髇 protectora, y se asegurar la adopci髇 colegiada e interdisciplinar de las medidas.
  • g) Se garantizar醤 los derechos y obligaciones de las personas menores con discapacidad en relaci髇 con la aplicaci髇 de los principios contemplados en este art韈ulo y con las medidas reguladas en este t韙ulo. Se deber promover y favorecer su crianza y convivencia en el n鷆leo familiar, y se facilitar su acceso a las medidas de apoyo contempladas en el marco de las actuaciones de promoci髇 y de prevenci髇 dispuestas en la presente ley, con el fin de prevenir su ocultaci髇, abandono, negligencia o segregaci髇.
  • h) Se velar por que el personal que intervenga en la atenci髇 social a personas menores en situaci髇 de riesgo o de desamparo, ya sea personal de la funci髇 p鷅lica, ya sea personal de las entidades privadas concertadas, convenidas o contratadas por dichas administraciones, sea el id髇eo para el desempe駉 de las funciones que vaya a desarrollar, y, a tales efectos, se le exigir el cumplimento y la acreditaci髇 de los requisitos previstos en el art韈ulo 314.2 de esta ley. Las mismas condiciones ser醤 aplicables a las personas que intervengan en el marco de la acci髇 voluntaria.
  • i) Se procurar, en toda intervenci髇, contar con la colaboraci髇 de la persona menor y de su familia, y no interferir en su vida escolar, social o laboral.
  • j) Se dispondr de programas orientados al acompa馻miento, a la adaptaci髇 y a la preparaci髇 de la persona menor de edad bajo una medida de protecci髇 o un programa especializado de intervenci髇 para el tr醤sito a la vida adulta y la vida independiente. Se atender siempre a sus capacidades, caracter韘ticas y circunstancias personales y sociales, y con especial atenci髇 a quienes presenten una discapacidad.
  • k) Se garantizar el car醕ter educativo de todas las medidas que se adopten.
  • l) En los procedimientos administrativos particularmente conflictivos se velar por la seguridad de las autoridades y servicios p鷅licos y de las personas f韘icas, en particular aquellas que por su profesi髇 o funci髇 est閚 en relaci髇 con la persona menor de edad. Las personas f韘icas indicadas en la presente letra podr醤 intervenir en los procedimientos judiciales conservando el anonimato y salvaguardando las garant韆s para que su aplicaci髇 no conlleve lesi髇 de intereses leg韙imos, en los t閞minos que se establezcan en la legislaci髇 procesal que resulte de aplicaci髇.

2.– De acuerdo con la exigencia de primar las medidas familiares sobre las institucionales o residenciales, ajustar醤 su actuaci髇 a los siguientes criterios:

  • a) Dar醤 prioridad, siempre que sea posible, a la atenci髇 de las personas menores en su propia familia. Para ello, ofertar醤 programas de intervenci髇 familiar capaces de orientar a las representantes y los representantes legales o personas acogedoras o guardadoras cuando se aprecien d閒icits en el ejercicio de sus deberes de atenci髇 y cuidado. Lo anterior deber entenderse salvo que no sea conveniente para el inter閟 superior de la persona menor de edad, en cuyo caso se garantizar la adopci髇 de medidas de protecci髇 estables. En esos supuestos se priorizar el acogimiento familiar frente al institucional.
  • b) Cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela o guarda de una v韈tima de violencia de g閚ero, las actuaciones de los poderes p鷅licos estar醤 encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar su permanencia, con independencia de su edad, con aquella, as como su protecci髇, atenci髇 especializada y recuperaci髇.
  • c) En caso necesario, se facilitar a las personas menores recursos alternativos a su propia familia que garanticen un medio id髇eo para su desarrollo integral y la adecuada evoluci髇 de su personalidad, manteniendo la convivencia entre hermanos o hermanas y, si esto 鷏timo no es posible, facilitando la conservaci髇 de los v韓culos existentes entre los hermanos o hermanas, siempre y cuando, en ambos casos, esta relaci髇 no resulte perjudicial para una o varias de las personas menores de edad.

3.– Entre los recursos alternativos a su propio n鷆leo familiar, se aplicar醤 los siguientes criterios en todos los casos en que resulte posible y adecuado para preservar el inter閟 superior de la persona menor de edad:

  • a) Se arbitrar醤 los medios necesarios para posibilitar la convivencia con otras personas miembros de la familia.
  • b) Si lo anterior no es posible, la integraci髇 en otro n鷆leo familiar en el marco de un acogimiento familiar prevalecer sobre un acogimiento residencial.

Art韈ulo 163.– 觬gano colegiado de valoraci髇 de la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores

1.– Las diputaciones forales dispondr醤 de un 髍gano colegiado de valoraci髇, que deber contar necesariamente en su composici髇 con representaci髇 t閏nica multidisciplinar y especializada en los 醡bitos de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

2.– Dicho 髍gano se configura como m醲imo 髍gano de asistencia y asesoramiento t閏nico en materia de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y ser el encargado de examinar, revisar y valorar el conjunto de documentos y de actuaciones y tr醡ites practicados que conforman los expedientes administrativos de protecci髇 cuando afecten de forma relevante al inter閟 superior de la persona menor de edad.

3.– En el ejercicio de sus funciones, elevar al 髍gano que corresponda la propuesta t閏nica referente a aquellos actos que afecten de forma especialmente relevante a la persona menor de edad.

4.– Las diputaciones forales elaborar醤 la normativa que regule la composici髇, organizaci髇 y funciones de este 髍gano. Asimismo, en dicha normativa podr醤 detallarse, de forma pormenorizada, los actos que ser醤 objeto de examen, revisi髇 y valoraci髇, y se atender a su especial relevancia respecto del inter閟 superior de la persona menor de edad.

Art韈ulo 164.– Derechos en el marco de los procedimientos de protecci髇 y de la aplicaci髇 de medidas de protecci髇

1.– En el marco de un procedimiento de protecci髇 o de la aplicaci髇 de una medida de protecci髇, la persona menor de edad ser titular de, adem醩 de los derechos contemplados en el t韙ulo II de esta ley, los siguientes derechos de car醕ter espec韋ico:

  • a) A ser protegida, incluso con la oposici髇 de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras o guardadoras, una vez que se constate la situaci髇 de riesgo o de desamparo.
  • b) A conocer su situaci髇 personal, las medidas a adoptar, su duraci髇 y su contenido, as como los derechos que le corresponden, para lo cual se le tiene que facilitar una informaci髇 veraz, continua y tan completa como sea posible a lo largo del proceso de intervenci髇. Dicha informaci髇 deber proporcionarse en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y le sea f醕ilmente comprensible y en un formato accesible y adecuado a sus circunstancias personales. Se recabar el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario.
  • c) A ser considerada sujeto activo en la busca y la satisfacci髇 de sus necesidades, para lo cual debe promoverse y garantizarse, social y jur韉icamente, su autonom韆 personal.
  • d) A la seguridad jur韉ica y emocional proporcionadas por una tramitaci髇 tan eficaz y r醦ida como sea posible, que impida la prolongaci髇 de las medidas de car醕ter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad m醩 all de lo estrictamente necesario y restrinja lo m韓imo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.
  • e) A permanecer en su familia siempre que sea posible, para lo cual la Administraci髇 tiene el deber de aplicar todos los recursos disponibles para garantizar este derecho. En el supuesto de haber sido separada de la familia, se tiene que considerar el retorno a la misma cuando las circunstancias lo permitan, y, si no es viable, se le tiene que incorporar tan pronto como sea posible a otro n鷆leo familiar, con el derecho a mantener contactos con la familia de origen y con otras personas allegadas, siempre que eso no interfiera o perjudique la finalidad protectora o resulte contrario al inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • f) A disponer de los medios que faciliten su integraci髇 social desde el respeto a su identidad cultural y de idioma.
  • g) A que su familia reciba la ayuda y el apoyo suficientes para que la pueda atender en condiciones m韓imas adecuadas.
  • h) A relacionarse directamente con el Ministerio Fiscal y con las personas profesionales responsables t閏nicas y administrativas de su protecci髇, en especial con la persona profesional de referencia, responsable de garantizar la coherencia, integralidad y continuidad del itinerario de atenci髇 y protecci髇 y la coordinaci髇 del proceso de intervenci髇.
  • i) A tener acceso a su expediente de protecci髇 para el ejercicio y la defensa de sus derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, salvo en los casos en que se deniegue este acceso para la salvaguarda de su inter閟 superior.

2.– Cuando la persona menor alcance la mayor韆 de edad podr ejercer el derecho de acceso a su expediente de protecci髇 sin m醩 limitaciones que las que deriven de la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

3.– En todo caso, con car醕ter previo al ejercicio efectivo de este derecho de acceso deber recibir, por parte de la administraci髇 p鷅lica titular del expediente, asesoramiento especializado por profesionales cualificadas o cualificados en materia de protecci髇 a la infancia y la adolescencia que le ayuden a comprender y asimilar, de forma global, el alcance y el significado de la posible informaci髇 que contenga el expediente, incluidas sus consecuencias y efectos.

4.– En los mismos t閞minos, la persona interesada podr recabar el acompa馻miento, el apoyo y la orientaci髇 de dicho personal durante el acceso al contenido del expediente.

5.– Las representantes y los representantes legales o, en su caso, las personas acogedoras y guardadoras, as como todas las personas que puedan resultar afectadas espec韋icamente por la decisi髇 que se adopte en un procedimiento relacionado con actuaciones de protecci髇, son titulares de un derecho o un inter閟 leg韙imo, y, consecuentemente con ello, son interesadas en el procedimiento.

6.– A tal efecto, podr醤 actuar por medio de representante; en este caso, se entender醤 con esta persona las actuaciones administrativas, salvo manifestaci髇 expresa en contra de la persona interesada.

7.– La acreditaci髇 de la representaci髇 podr realizarse por cualquiera de los medios que prev el art韈ulo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 165.– Entidades colaboradoras de integraci髇 familiar

1.– Se consideran entidades colaboradoras de integraci髇 familiar las que desarrollan actividades en el 醡bito de la protecci髇 dirigidas a personas menores en situaci髇 de vulnerabilidad a la desprotecci髇 o en situaci髇 de desprotecci髇, as como a personas menores v韈timas de violencia, cuando hayan sido expresamente homologadas al efecto.

2.– La homologaci髇 de estas entidades corresponder a las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias de prevenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia que se encuentren en las situaciones indicadas en el apartado anterior.

3.– Las funciones para las que pueden ser homologadas las entidades colaboradoras de integraci髇 familiar son las siguientes:

  • a) Guarda de personas menores en el marco del acogimiento residencial.
  • b) Mediaci髇 en procesos de acogimiento familiar de personas menores.
  • c) Asesoramiento t閏nico a las administraciones p鷅licas competentes en los procedimientos de protecci髇 de personas menores.
  • d) Valoraci髇 de las competencias parentales y educaci髇 en dichas competencias.
  • e) Intervenci髇 socioeducativa y psicosocial.

4.– Para ser homologadas, las entidades de integraci髇 familiar deber醤 estar registradas en el registro de servicios sociales que corresponda en cada caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y en su normativa de desarrollo que resulte de pertinente aplicaci髇. En todo caso, deber constar en sus estatutos que tienen entre sus finalidades la protecci髇 de la infancia y la adolescencia.

5.– La homologaci髇 quedar reservada a las entidades que cumplan los requisitos que, para cada uno de los 醡bitos referidos en el apartado 3 de este art韈ulo, se determinen reglamentariamente, y que en todo caso deber醤 contemplar:

  • a) La existencia de los medios materiales y de los equipos profesionales pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas.
  • b) La idoneidad del personal, profesional o voluntario, para el desarrollo de las funciones asignadas, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 314 de esta ley.

CAP蚑ULO II
PREVENCI覰 DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD A LA DESPROTECCI覰 Y DE SITUACIONES DE DESPROTECCI覰

Art韈ulo 166.– Actuaciones de prevenci髇

1.– Con car醕ter general, las actuaciones de promoci髇 contempladas en el t韙ulo III de esta ley, las actuaciones de prevenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, la educaci髇, el bienestar material y la inclusi髇 social contempladas en el t韙ulo IV y las actuaciones de prevenci髇 de la violencia contra la infancia y la adolescencia contempladas en su t韙ulo V contribuyen, asimismo, a prevenir situaciones de desprotecci髇, en la medida en que se orientan a fortalecer los factores de protecci髇 de las familias y de las propias personas menores y a reducir los factores de riesgo. Coadyuvan as a conformar entornos seguros y protectores de los derechos de la infancia y la adolescencia, y a evitar situaciones y contextos negativos m醩 susceptibles de generar situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇 o situaciones de desprotecci髇.

2.– Con car醕ter espec韋ico, y con el fin de garantizar la mayor efectividad de la acci髇 preventiva, deber醤 desarrollarse:

  • a) Actuaciones de prevenci髇 espec韋icamente dirigidas a familias en situaci髇 de vulnerabilidad a la desprotecci髇 y a las personas menores que, integradas en ellas, presentan mayor exposici髇 que la media de las personas de la misma edad a factores de riesgo.
  • b) Actuaciones de prevenci髇 espec韋icamente dirigidas a personas menores que presentan una condici髇 determinada que las identifica individualmente como personas en situaci髇 de mayor vulnerabilidad a la desprotecci髇.

Art韈ulo 167.– Actuaciones de sensibilizaci髇 y concienciaci髇

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, desarrollar acciones de divulgaci髇 dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a la poblaci髇 en general y a las familias y a las personas menores en particular del derecho de estas 鷏timas a gozar en su n鷆leo familiar de la protecci髇 necesaria, a que sus representantes legales asuman sus responsabilidades de crianza, para garantizar en la medida de sus posibilidades las condiciones de vida necesarias para su desarrollo arm髇ico e integral, y a no ser sometidas a ninguna forma de violencia, negligencia o desatenci髇.

2.– Estas acciones de divulgaci髇 incidir醤, asimismo, en las diversas medidas y servicios de apoyo que pueden ayudar a las familias a desarrollar esas funciones o que pueden actuar como un respiro temporal con el fin de que puedan recuperar las condiciones necesarias para volver a asumir el conjunto de sus funciones de crianza y protecci髇.

3.– Las acciones de divulgaci髇 que se desarrollen podr醤 integrarse en acciones de car醕ter m醩 general en relaci髇 con los derechos de la infancia y la adolescencia o en acciones espec韋icamente orientadas a la promoci髇 de estos derechos en el 醡bito familiar y a la prevenci髇 de situaciones de desprotecci髇, tales como aquellas que tienen por objeto el ejercicio positivo de la parentalidad.

Art韈ulo 168.– Medidas de apoyo a las funciones de crianza

1.– Los poderes p鷅licos velar醤 por que la persona o personas progenitoras, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras desarrollen adecuadamente las funciones de crianza y protecci髇 que recaen en su responsabilidad, y, con esa finalidad, facilitar醤 su acceso a servicios de prevenci髇, asesoramiento y acompa馻miento en todas las 醨eas que afectan al desarrollo de las personas menores, as como a las prestaciones econ髆icas a las que tengan derecho.

2.– En particular, las medidas de prevenci髇 que se orientan a evitar la aparici髇 de situaciones de desprotecci髇 son aquellas que favorecen contextos familiares seguros, basados en relaciones de respeto y afecto, y las que facilitan el ejercicio de las funciones de crianza. Dichas medidas se concretan en las siguientes:

  • a) Actuaciones dirigidas a generar y fortalecer buenas relaciones convivenciales en el n鷆leo familiar, tanto entre las personas progenitoras como entre estas personas y sus hijos e hijas, o entre los hermanos y hermanas, en los t閞minos contemplados en los art韈ulos 55 y 56 de esta ley.
  • b) Actuaciones dirigidas a prestar apoyo a las familias en el ejercicio de sus deberes de crianza, mediante la puesta en marcha de las medidas de apoyo a la conciliaci髇 familiar y a la coparentalidad contempladas en el art韈ulo 57 de esta ley y de las medidas orientadas a garantizar un nivel b醩ico de bienestar material y de inclusi髇 social contempladas en los art韈ulos 58, 59 y 60 de esta ley.
  • c) Actuaciones dirigidas a la adquisici髇 de habilidades para la resoluci髇 pac韋ica de conflictos, formando a las personas progenitoras en educaci髇 emocional, as como en manejo conductual y en estrategias de prevenci髇 de futuros comportamientos antisociales basadas en el control de las emociones y el comportamiento agresivo, contempladas en el art韈ulo 132.1.c) de esta ley.

3.– Los dispositivos de apoyo referidos en el apartado anterior se reforzar醤 mediante medidas de acci髇 positiva en el caso de familias que se consideren en situaci髇 de vulnerabilidad a la desprotecci髇.

4.– En funci髇 del tipo de apoyo del que se trate, las medidas de acci髇 positiva podr醤 consistir en favorecer el acceso preferente a los servicios de apoyo, en acceder a apoyos de mayor intensidad, en facilitar el acceso a determinadas ayudas econ髆icas o beneficios fiscales o en articular incrementos en la cuant韆 de las ayudas econ髆icas.

5.– Estas medidas de prevenci髇 podr醤 aplicarse, asimismo, antes de que nazca un ni駉 o una ni馻, y se pondr a disposici髇 de las mujeres embarazadas el apoyo psicosocial y material necesario para ayudarlas a afrontar su nueva situaci髇. Se ampliar, en su caso, este apoyo para garantizar el bienestar del reci閚 nacido o de la reci閚 nacida.

Art韈ulo 169.– Medidas de apoyo en situaciones de ruptura de la unidad familiar: mediaci髇 familiar y puntos de encuentro

1.– En los casos de conflicto o crisis familiar en los que se produzca la ruptura de la convivencia de las personas progenitoras –o de una de ellas, en el caso de ruptura de familias reconstituidas–, con el fin de garantizar la protecci髇 del inter閟 superior de las personas menores, los servicios sociales que est閚 interviniendo con la familia orientar醤 a esta hacia el servicio integral de mediaci髇 familiar.

2.– Asimismo, si se considerara conveniente, se podr derivar hacia otros recursos o servicios especializados, en particular hacia los servicios de terapia que prescriban los servicios de mediaci髇 familiar, as como hacia un acompa馻miento profesional especializado a las personas progenitoras, las representantes y los representantes legales o, en su caso, a las personas acogedoras o guardadoras, durante el proceso de ruptura y para el ejercicio de sus responsabilidades parentales.

3.– Con el fin de promover el recurso a la mediaci髇 familiar y a los puntos de encuentro, el Gobierno Vasco desarrollar las actuaciones indicadas en el art韈ulo 133 de esta ley.

CAP蚑ULO III
DETECCI覰 Y VALORACI覰 DE LA DESPROTECCI覰

Art韈ulo 170.– Deber general de auxilio y atenci髇 inmediata

1.– Las personas sujetas al deber de comunicaci髇 de la ciudadan韆 contemplado en el art韈ulo 16 de esta ley deber醤 prestar el auxilio inmediato que precise la persona menor cuya situaci髇 es objeto de la comunicaci髇.

2.– Las autoridades y personas profesionales sujetas al deber de comunicaci髇 cualificado contemplado en el art韈ulo 17 de esta ley tendr醤 la obligaci髇 de prestar la atenci髇 inmediata que precise la persona menor, de actuar si corresponde a su 醡bito de competencias o de dar traslado del caso a la autoridad u 髍gano competente. En ese caso, le facilitar醤 toda la informaci髇 de que dispongan.

3.– En particular, cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor se tomar醤 las medidas inmediatas de protecci髇 que las circunstancias requieran, incluida, si procede, la retenci髇 de la persona menor de edad en el centro o servicio sanitario, as como en el centro educativo, seg鷑 se trate, hasta que la autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar.

4.– En todo caso, la adopci髇 de dicha medida de retenci髇 atender al inter閟 superior de la persona menor de edad y a los principios de necesidad y proporcionalidad, ponderados conjuntamente, de tal forma que no restrinja o limite m醩 derechos que los que ampara.

5.– Las medidas de retenci髇 en el centro o servicio sanitario ser醤 igualmente aplicables respecto de reci閚 nacidos o nacidas cuando con car醕ter previo al nacimiento se haya realizado la declaraci髇 de desamparo sobre el concebido o concebida, en los t閞minos que se establecen en el art韈ulo 193.4 de esta ley.

Art韈ulo 171.– Ejercicio de la atenci髇 inmediata en el 醡bito de los servicios sociales

1.– En cumplimiento de la obligaci髇 de prestar la atenci髇 inmediata prevista en el art韈ulo anterior, las diputaciones forales podr醤 asumir la guarda provisional de una persona menor de edad mediante resoluci髇 administrativa, debiendo comunicarlo al Ministerio Fiscal, y podr醤 proceder simult醤eamente a practicar las diligencias precisas para identificar a la persona menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.

2.– Asimismo, cuando existan dudas acerca de si una persona es o no menor de edad, podr醤 instar al Ministerio Fiscal la pr醕tica de diligencias dirigidas a la averiguaci髇 y determinaci髇 de la edad. En todo caso, en tanto se determina su edad se considerar que es menor de edad a los efectos previstos en esta ley.

3.– En el caso de que concurra la situaci髇 anterior, el Ministerio Fiscal deber sujetar su actuaci髇 a los siguientes criterios:

  • a) Realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable.
  • b) La realizaci髇 de pruebas m閐icas para la determinaci髇 de la edad se someter al principio de celeridad, exigir el previo consentimiento informado de la persona afectada y se llevar a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. En ning鷑 caso se realizar醤 desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas m閐icas especialmente invasivas.

4.– Cuando concurran razones de urgencia, la actuaci髇 de las diputaciones forales ser inmediata, y comprender la obligatoriedad de asumir la guarda provisional, as como la adopci髇 de cualquier otra medida que resulte necesaria para preservar los derechos de la persona menor de edad. Se considerar que concurren razones de urgencia cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor.

5.– La atenci髇 inmediata a la que se refiere el apartado anterior no estar sujeta a los requisitos procedimentales ni de forma previstos en el art韈ulo 207 de esta ley. En todo caso, esta actuaci髇 tendr un car醕ter excepcional y se entiende sin perjuicio del deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen, as como de la posterior formalizaci髇 de las medidas que se hayan adoptado.

6.– Las diputaciones forales garantizar醤 los derechos reconocidos en esta ley a las personas menores de edad desde el momento en que accedan por primera vez a un recurso de protecci髇 y proporcionar醤 una atenci髇 inmediata integral y adecuada a sus necesidades; a tal efecto, evitar醤 la prolongaci髇 de las medidas de car醕ter provisional y de la estancia en los recursos de primera acogida.

7.– Una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores de edad que hayan llegado solas al territorio nacional y se encuentren en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, las diputaciones forales comunicar醤 la adopci髇 de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de su inscripci髇 en el registro estatal correspondiente.

Art韈ulo 172.– Recepci髇 del caso y valoraci髇 de la situaci髇 detectada

1.– Cuando las posibles situaciones de desprotecci髇 sean comunicadas a los servicios sociales municipales, estos deber醤 proceder a la recepci髇 del caso y realizar醤 la primera investigaci髇 y la valoraci髇 inicial de la situaci髇 detectada.

2.– En aquellos casos en los que la comunicaci髇 se haya realizado directamente a los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, estas proceder醤 a su derivaci髇 al ayuntamiento correspondiente en funci髇 del domicilio de residencia de la persona menor, salvo cuando los hechos comunicados sean de tal gravedad que hagan sospechar que la persona menor se encuentra en situaci髇 de riesgo grave o desamparo, en cuyo caso ser醤 los propios servicios territoriales quienes proceder醤 a la valoraci髇.

3.– En todo caso, la determinaci髇 de la existencia de desprotecci髇 y su identificaci髇 como situaci髇 de riesgo o desamparo se realizar, en el conjunto del territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, mediante la aplicaci髇 de un instrumento t閏nico validado al efecto para la valoraci髇 de la gravedad de las situaciones de desprotecci髇 y su calificaci髇 como riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave o desamparo y aprobado por el Gobierno Vasco en desarrollo de esta ley.

4.– Cuando la valoraci髇 determine que se trata de una situaci髇 de riesgo leve o moderado, la atenci髇 del caso corresponder a los servicios sociales municipales.

5.– En los supuestos en los que, en el marco de la valoraci髇 realizada o durante el propio proceso de valoraci髇, se observen indicios de riesgo grave o se identifique una posible situaci髇 de desamparo en la que se considere necesaria una intervenci髇 de protecci髇 de urgencia, deber醤 derivarla al servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de la diputaci髇 foral competente en el territorio hist髍ico de residencia de la persona menor, que deber proceder a la recepci髇 del caso, as como a su investigaci髇 y valoraci髇 complementaria con el fin de determinar la gravedad.

Art韈ulo 173.– Expediente administrativo

1.– Cada persona menor con respecto a la cual se inicie un procedimiento de protecci髇 tendr asignado un c骴igo individualizado de identificaci髇, y, en funci髇 de los procedimientos tramitados, este c骴igo podr contener, entre otros, los siguientes expedientes espec韋icos:

  • a) De informaci髇 y actuaciones previas dirigidas a la valoraci髇 de las circunstancias concretas del caso.
  • b) De riesgo, independientemente de que se haya declarado dicha situaci髇.
  • c) De desamparo y tutela.
  • d) De guarda, en sus distintas modalidades, con excepci髇 de la guarda vinculada al ejercicio de la tutela y de la guarda con fines de adopci髇.
  • e) De acogimiento familiar.
  • f) De acogimiento residencial.
  • g) De adopci髇, incluida la delegaci髇 de guarda con fines de adopci髇.
  • h) De seguimiento posterior al cese de la medida.
  • i) De gesti髇 econ髆ica y patrimonial.
  • j) De gesti髇 de la documentaci髇 acreditativa de la identidad.
  • k) De atenci髇 sanitaria.

2.– Cada uno de los expedientes anteriores podr integrar, a su vez, piezas separadas.

3.– Cada persona menor podr tener varios expedientes de una misma tipolog韆.

4.– Se podr duplicar informaci髇 para que conste simult醤eamente en varios expedientes cuando se considere conveniente.

5.– Las medidas adoptadas con posterioridad a la mayor韆 de edad de las personas menores podr醤 incluirse en un expediente espec韋icamente dedicado a ellas o constituir una pieza separada en otro expediente, dependiendo de la organizaci髇 de cada administraci髇.

Art韈ulo 174.– Conservaci髇 del expediente administrativo

1.– Los expedientes referidos en el art韈ulo anterior tendr醤 formato electr髇ico.

2.– El expediente o, en su caso, los distintos expedientes que se incoen en relaci髇 con una persona menor deber醤 permanecer abiertos hasta que finalice la actuaci髇 protectora o hasta la mayor韆 de edad, salvo que, con posterioridad a esta, la persona siga accediendo a servicios o apoyos provistos desde el 醡bito de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

3.– La guarda y custodia del expediente se realizar mediante su archivo, con la garant韆 de ponerlo, en su totalidad o en la parte que corresponda, a disposici髇 de las entidades p鷅licas de protecci髇 de menores o las autoridades judiciales que lo requieran, as como de la persona interesada cuando lo solicite.

4.– Los documentos electr髇icos deber醤 conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservaci髇 del documento, as como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisi髇. Se asegurar en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminaci髇 de dichos documentos deber ser autorizada, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.

5.– La documentaci髇 se conservar durante un m韓imo de cincuenta a駉s contados a partir de la fecha en que la persona alcance la mayor韆 de edad o, en su caso, el periodo que determine el ordenamiento jur韉ico vigente.

Art韈ulo 175.– Actuaciones en relaci髇 con personas menores residentes en el extranjero

1.– Cuando se detecte una situaci髇 de posible desprotecci髇 de una persona menor de nacionalidad espa駉la que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protecci髇 en Espa馻 ser competente la entidad p鷅lica de protecci髇 de personas menores correspondiente a la comunidad aut髇oma en la que residan la persona o personas progenitoras, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras de la persona menor.

2.– En defecto del criterio anterior, ser competente la entidad p鷅lica correspondiente a la comunidad aut髇oma con la cual la persona menor de edad o sus familiares tengan mayores v韓culos.

3.– Cuando no pudiera determinarse la competencia conforme a los criterios anteriores, ser competente la entidad p鷅lica de la comunidad aut髇oma en la que la persona menor o sus familiares hayan tenido su 鷏tima residencia habitual.

4.– En todo caso, cuando la persona menor que se encuentra fuera de Espa馻 haya sido objeto de una medida de protecci髇 previamente a su desplazamiento, ser competente la entidad p鷅lica que ostente su guarda o tutela. En estos casos asumir la competencia desde el momento en que se encuentre en Espa馻.

CAP蚑ULO IV
ACCI覰 PROTECTORA DE LA ADMINISTRACI覰

SECCI覰 1
ACCI覰 PROTECTORA DE LA ADMINISTRACI覰 EN SITUACIONES DE RIESGO

Art韈ulo 176.– Situaci髇 de riesgo

1.– Con car醕ter general, se considera situaci髇 de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor se ve perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentar韆n su declaraci髇 de situaci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervenci髇 de la administraci髇 p鷅lica competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptaci髇 que le afectan y evitar su desamparo y exclusi髇 social, sin tener que ser separada de su entorno familiar.

2.– En funci髇 de su nivel de gravedad, el riesgo podr calificarse como leve, moderado o grave, atendiendo a los criterios t閏nicos que se establezcan en el instrumento t閏nico que se establece en el art韈ulo 172.3 de esta ley.

3.– En todo caso, constituye una situaci髇 de riesgo el posible riesgo prenatal. A los efectos de la presente ley, se entiende por riesgo prenatal la falta de cuidado f韘ico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as como cualquier otra acci髇 propia de la mujer o de terceras personas tolerada por esta que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomal韆s f韘icas, mentales o sensoriales al reci閚 nacido o a la reci閚 nacida, o comprometa su adecuado desarrollo.

4.– Asimismo, constituye una situaci髇 de riesgo la negativa de las representantes y los representantes legales a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos m閐icos necesarios para salvaguardar la vida o integridad f韘ica o ps韖uica de una persona menor de edad.

Art韈ulo 177.– Indicadores de riesgo

1.– Con car醕ter general, la concurrencia de uno o varios indicadores de riesgo no determinar, por s misma, la existencia de una situaci髇 de riesgo. 趎icamente el an醠isis conjunto de las circunstancias familiares, personales y sociales concurrentes, realizado en el marco de la valoraci髇 que se establece en el art韈ulo 172 de esta ley, podr determinar si existe o no una situaci髇 de riesgo.

2.– A efectos de determinar la existencia de una situaci髇 de riesgo, y valorados y ponderados los distintos indicadores que se perciban atendiendo a la forma en que se han ejercido los deberes de protecci髇 atribuidos a los padres y las madres o, en su caso, a las personas tutoras o con facultades tutelares, guardadoras o acogedoras, se considerar que son indicadores de riesgo los siguientes:

  • a) La negligencia o falta de atenci髇 f韘ica o ps韖uica a la persona menor por parte de su padre o madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, cuando comporte un perjuicio no significativo para la salud f韘ica o psicol骻ica de la persona menor y se estime, por la naturaleza o por la repetici髇 de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos. La salud psicol骻ica incluye el 醨ea emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual.
  • b) Las actitudes y conductas del padre o de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, que comprometan su capacidad para prestar una atenci髇 f韘ica o psicol骻ica adecuada a la persona menor, cuando puedan perjudicar sus necesidades educativas (absentismo escolar y desescolarizaci髇), sus necesidades sanitarias (incluy閚dose, en este caso, la falta de seguimiento m閐ico) u otras necesidades indispensables para su adecuado desarrollo.
  • c) La incapacidad o la imposibilidad del padre o de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, de controlar la conducta de la persona menor de edad, con riesgo de causarse un da駉 a s misma o a terceras personas.
  • d) La existencia de un hermano o una hermana declarada en situaci髇 de riesgo o desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.
  • e) La utilizaci髇, por parte del padre o de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, del castigo f韘ico o psicol骻ico sobre la persona menor o la utilizaci髇 de pautas de correcci髇 violentas que, sin constituir un episodio severo o un patr髇 habitual de violencia, conlleven un riesgo potencial de que, en el futuro, puedan producirse lesiones o perjudicar su desarrollo en cualquier 醡bito de su vida.
  • f) La convivencia en n鷆leos familiares en los que exista violencia f韘ica o verbal.
  • g) La evoluci髇 negativa de los programas de intervenci髇 seguidos con la familia o la obstrucci髇 a su desarrollo y puesta en marcha.
  • h) El conflicto abierto y continuado entre el padre y la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, cuando antepongan sus necesidades a las de la persona menor, as como el da駉 psicol骻ico causado a la persona menor de edad que tenga su origen en dicho conflicto, cuando perjudique su desarrollo adecuado en todos sus 髍denes. El da駉 psicol骻ico incluye el 醨ea emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual.
  • i) Las pr醕ticas discriminatorias hacia las personas menores de edad, por parte del padre o de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, incluidas las que se produzcan por raz髇 de la edad, discapacidad u orientaci髇 sexual o identidad de g閚ero, que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y f韘ica, o que puedan suponer un aumento de las posibilidades de confinamiento en el domicilio familiar, falta de acceso a la educaci髇, escasas oportunidades de ocio o falta de acceso al arte y a la vida cultural, o, con car醕ter general, les impida disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones.
  • j) La negativa del padre o de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, a respetar la orientaci髇 sexual, la identidad de g閚ero o las caracter韘ticas sexuales de la persona menor de edad como componentes fundamentales de su desarrollo personal.
  • k) La violencia contra ni馻s y adolescentes; en particular, el riesgo de sufrir mutilaci髇 genital femenina o cualquier otra forma de violencia basada en el g閚ero, las promesas o acuerdos de matrimonio forzado, as como las actitudes discriminatorias que limiten el acceso a la educaci髇 y a la vida cultural y social.
  • l) La identificaci髇 de las personas menores como v韈timas de violencia de g閚ero, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 1 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, y en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y para la Vida Libre de Violencia Machista contra las Mujeres.
  • m) La identificaci髇 de las madres como v韈timas de trata.
  • n) El consumo habitual de drogas t髕icas o bebidas alcoh髄icas por las personas menores de edad.
  • o) El embarazo precoz.
  • p) La sobreexposici髇 de las personas menores a la opini髇 p鷅lica a trav閟 de la difusi髇 generalizada de su imagen o de informaci髇 personal que les concierna.
  • q) El sometimiento de las personas menores a ingresos hospitalarios m鷏tiples, con s韓tomas recurrentes, inexplicables o que no se confirman diagn髎ticamente.
  • r) La pertenencia, individual o conjunta, del padre y de la madre, o, en su caso, de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, o la de la propia persona menor de edad, a una asociaci髇 que haya sido declarada ilegal por impedir o perjudicar el desarrollo integral de esta.
  • s) Cualquier otra circunstancia que implique violencia contra las personas menores que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo de la persona menor.

3.– Asimismo, podr determinar la existencia de una situaci髇 de riesgo la presencia de circunstancias que constituyan dificultad social, entendiendo como tales aquellas circunstancias que, aun habiendo un ejercicio adecuado de los deberes de protecci髇, conlleven conflictos familiares, complicaciones o carencias educativas o sociales fuera del control de los padres y las madres o, en su caso, de las personas tutoras o con facultades tutelares, que est閚 perjudicando o puedan perjudicar, de forma significativa, el bienestar y el desarrollo de la persona menor; todo ello, en relaci髇 con lo dispuesto en el t韙ulo IV de esta ley.

4.– En los casos que se recogen en el apartado anterior resultar precisa, igualmente, la intervenci髇 de los servicios sociales competentes dirigida a eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptaci髇 que afectan a la persona menor y evitar su exclusi髇 social, y garantizar su m醲imo bienestar, permitiendo su pleno desarrollo en todos los 髍denes de su vida; a tal efecto, contar con la colaboraci髇 de las distintas administraciones p鷅licas, cuando as proceda, para garantizar la atenci髇 m醩 adecuada para la persona menor de edad.

Art韈ulo 178.– Intervenci髇 desde los servicios sociales municipales

1.– Cuando la valoraci髇 realizada determine que la persona menor se encuentra en situaci髇 de riesgo leve o moderado, los servicios sociales municipales competentes iniciar醤 un expediente, en los t閞minos indicados en el art韈ulo 173 de esta ley, y articular醤 su atenci髇 en el marco de un proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar que deber recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsi髇 de plazos, promoviendo los factores de protecci髇 y manteniendo a la persona menor en su medio familiar.

2.– Los servicios sociales municipales deber醤 designar a una persona profesional de referencia para la persona menor, que asumir funciones de coordinaci髇 del caso, en relaci髇 con las funciones de valoraci髇, de elaboraci髇 del proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar y de seguimiento, as como en la relaci髇 y comunicaci髇 con la persona menor y su familia.

3.– Cuando los servicios sociales municipales detecten una situaci髇 de posible riesgo prenatal en los t閞minos contemplados en el art韈ulo 176.3 de esta ley, su intervenci髇, en estos casos, se centrar en desarrollar con la madre y el padre las actuaciones necesarias para la prevenci髇 y, en su caso, la detecci髇 precoz de posibles circunstancias, factores o indicadores de riesgo que puedan influir negativamente en la gestaci髇, con el objetivo final de evitar su aparici髇, o, en su caso, reducir o controlar los posibles efectos negativos, nocivos o perjudiciales para el bienestar y los derechos del beb o de la beb, una vez haya nacido, y, de esa forma, evitar tambi閚 una eventual declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo tras el nacimiento.

4.– No obstante, en los casos de mujeres gestantes en los que se valore que existe una situaci髇 de alto riesgo para la salud y las condiciones b醩icas de seguridad del beb o de la beb tras el nacimiento debido a comportamientos durante el embarazo que puedan afectar o causar trastornos a su normal desarrollo o conlleven para el beb o la beb un alto riesgo de padecer enfermedades o anomal韆s f韘icas, mentales o sensoriales graves o severas, la intervenci髇 se realizar, directamente, por los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

5.– Cuando exista discrepancia entre los servicios sociales municipales y el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia de la diputaci髇 foral con respecto a la valoraci髇 de la posible situaci髇 de riesgo prenatal, se estar al procedimiento de soluci髇 de discrepancias previsto en el art韈ulo 180 de esta ley.

6.– En todo caso, los servicios sociales municipales adoptar醤, en colaboraci髇 con los servicios de salud correspondientes y, si procede, con los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, las medidas adecuadas de prevenci髇, intervenci髇 y seguimiento de la situaci髇 de posible riesgo prenatal. Dichas medidas deber醤 integrarse, de forma espec韋ica, en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, y se deber prever, asimismo, que despu閟 del nacimiento pueda mantenerse la intervenci髇 con el ni駉 o la ni馻.

Todo ello, con el fin de evitar una posterior declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo o, incluso, una ulterior declaraci髇 de desamparo de la persona reci閚 nacida, en el caso de que las medidas adoptadas no hayan propiciado cambios en el desempe駉 de los deberes de guarda que garanticen una debida asistencia a la persona reci閚 nacida y resulte necesaria para su protecci髇 su separaci髇 del 醡bito familiar.

Art韈ulo 179.– Intervenci髇 desde los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia

1.– En situaciones en las que existan indicadores de una situaci髇 de riesgo grave, los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia deber醤 proceder a la recepci髇 del caso, haya sido derivado por un servicio social municipal o por cualquier otra instancia o persona en el ejercicio de su deber de comunicaci髇, o por la propia persona menor, y en estos casos deber醤 informar al servicio social municipal correspondiente de la recepci髇 del caso.

2.– La derivaci髇 del caso a los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia no supondr la suspensi髇 de las intervenciones desarrolladas por los servicios sociales municipales.

3.– En todo caso, los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia deber醤 proporcionar una respuesta expresa y por escrito, motivada, ya sea positiva o negativa, con respecto a la asunci髇 del caso, as como de las medidas adoptadas o que, en su caso, se haya previsto adoptar.

4.– A los efectos anteriores, una vez recibido el caso, el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia deber proceder a su an醠isis, investigaci髇 y valoraci髇 y diagn髎tico, con la finalidad de determinar la gravedad de la situaci髇 y determinar su orientaci髇:

  • a) En los supuestos en los que el servicio territorial concluya que se trata de una situaci髇 de riesgo leve o moderado que no requiere una intervenci髇 en el 醡bito de la atenci髇 secundaria se remitir el caso al servicio social municipal que corresponda.
  • b) En los supuestos en los que se valore que es una situaci髇 grave, la competencia para intervenir recae en el propio servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

5.– Una vez valorado que se trata de una situaci髇 de riesgo grave, el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia elaborar el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar que indique los objetivos, actuaciones, recursos y previsi髇 de plazos, promoviendo los factores de protecci髇 y manteniendo a la persona menor en su medio familiar.

6.– En los casos en los que la valoraci髇 permita concluir que la persona menor se encuentra en situaci髇 de desamparo se actuar conforme a lo previsto en las siguientes secciones de este cap韙ulo.

7.– En los casos de riesgo grave y de desamparo, el servicio territorial de protecci髇 informar peri骴icamente al servicio social municipal competente de la situaci髇 de la persona menor de edad y tratar de mantener el contacto entre este servicio y la persona menor, con objeto de facilitar las relaciones y el seguimiento en caso de retorno a la familia de origen. Este deber de informaci髇 podr exceptuarse en los casos de desamparo en los que no sea previsible el retorno con su familia de origen. Por su parte, los servicios sociales municipales podr醤 solicitar, siempre que lo estimen oportuno, informaci髇 sobre la evoluci髇 de los casos que hayan derivado.

Art韈ulo 180.– Soluci髇 de las discrepancias en la valoraci髇 de las situaciones de desprotecci髇

1.– Cuando exista discrepancia entre los servicios sociales municipales y el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia con respecto a la existencia de una situaci髇 de desprotecci髇 o a su gravedad, y, en consecuencia, sobre cu醠 es el servicio que ha de asumir la responsabilidad principal en la intervenci髇 con el caso, esta deber someterse a la consideraci髇 de una comisi髇 t閏nica mixta, que cuente con una representaci髇 paritaria, e integrada por personas profesionales de ambos niveles de atenci髇, con el objetivo de analizar el caso de manera detallada y llegar a un acuerdo sobre la intervenci髇 a seguir; deber醤 mantenerse tantas reuniones y contactos como sean necesarios hasta llegar a un acuerdo.

2.– Con el fin de garantizar la mayor objetividad en el an醠isis del caso, deber participar en dicha comisi髇, adem醩 de las personas profesionales directamente concernidas, personal t閏nico de ambos niveles de atenci髇, y se mantendr la representaci髇 paritaria exigida en el apartado anterior.

3.– Asimismo, cuando a pesar de haberse realizado varias reuniones no haya sido posible alcanzar un acuerdo, ambos servicios podr醤 consensuar la participaci髇 en las reuniones de personas profesionales de los servicios sociales municipales y territoriales dependientes de otras administraciones p鷅licas vascas que desempe馿n sus funciones en el 醡bito de la atenci髇 e intervenci髇 con personas menores de edad. En este caso, las decisiones de estas 鷏timas tendr醤 car醕ter vinculante para los servicios sociales municipales y territoriales discrepantes.

4.– En todo caso, el proceso de soluci髇 de discrepancias previsto en este art韈ulo no podr exceder de los tres meses. A tal efecto, deber adoptarse un acuerdo antes de la finalizaci髇 de ese plazo, que se iniciar en la fecha en la que se haya derivado el caso desde el servicio social municipal al servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 181.– Contenido del proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar en situaciones de riesgo

1.– El proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar se馻lado en los art韈ulos 178 y 179 de esta ley incluir medidas dirigidas a mejorar las condiciones personales, familiares y sociales de la persona protegida. En concreto, si es necesario, se orientar a complementar la atenci髇 que recibe en el hogar, as como, en su caso, a modificar las pautas relacionales en la familia; a capacitar al padre y la madre, a las representantes y los representantes legales o, en su caso, a las personas acogedoras o guardadoras para el ejercicio adecuado de las funciones de crianza y educaci髇; a mitigar las secuelas de la situaci髇 de desprotecci髇 o a dotar a la persona protegida de recursos personales de afrontamiento.

2.– Al objeto de posibilitar el 閤ito de la intervenci髇, los servicios sociales municipales o el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia competentes para la implementaci髇 del proyecto de intervenci髇 contar醤 con la colaboraci髇 de otros servicios sociales no directamente integrados en el 醡bito de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia, as como de los servicios de salud, de los servicios educativos o de otros sistemas –en particular, del sistema para la garant韆 de ingresos–, al igual que con cualquier otro medio que se estime necesario para la implementaci髇 del proyecto y la consecuci髇 de los objetivos.

3.– Los servicios y las ayudas vinculadas a una situaci髇 de riesgo, susceptibles de ser incluidas en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, en funci髇 del nivel de gravedad con el que haya sido calificada dicha situaci髇, ser醤 los siguientes:

  • a) Intervenciones t閏nicas de orientaci髇 y asesoramiento a la familia con el fin de prestarle apoyo para el acceso, siempre y cuando se re鷑an los requisitos exigidos, a servicios y a la tramitaci髇 de prestaciones y ayudas econ髆icas susceptibles de contribuir a mejorar el entorno familiar y las condiciones de vida, y as hacer posible la permanencia de la persona menor en el entorno familiar; en particular: renta de garant韆 de ingresos, ayudas de emergencia social, as como prestaciones econ髆icas y servicios del 醡bito de la atenci髇 a la dependencia en caso de que la persona menor u otro miembro de la familia se encuentre en tal situaci髇.
  • b) Medidas de apoyo a las funciones de crianza contempladas en el art韈ulo 168 de esta ley.
  • c) Servicios de mediaci髇 familiar para situaciones de conflicto o crisis familiar derivadas de la ruptura de la unidad familiar, establecidas en el art韈ulo 169 de esta ley.
  • d) Servicios de intervenci髇 familiar y de atenci髇 primaria y secundaria, dirigidos a proporcionar apoyo socioeducativo y psicosocial a las familias y a las personas menores.
  • e) Medidas de apoyo y de mentor韆 por parte de personas o familias voluntarias que puedan ofrecer a estas personas un apoyo cercano y constituirse como referentes en su proceso de crianza.
  • f) Atenci髇 sanitaria, incluida la atenci髇 a la salud mental, incluyendo programas dirigidos al tratamiento y a la atenci髇 integral de las necesidades en salud mental infantil y juvenil, as como de las familias.
  • g) Atenci髇 sociosanitaria adaptada a las necesidades de las personas menores que presenten simult醤eamente trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales, en su caso en el marco de las unidades sociosanitarias contempladas en el art韈ulo 114 de esta ley.
  • h) Atenci髇 en las unidades terap閡tico-educativas previstas en el art韈ulo 115 de esta ley, cuando la persona menor de edad en situaci髇 de riesgo se identifique dentro del colectivo de alumnos y alumnas con trastornos graves de salud mental para quienes las medidas y los apoyos generales y espec韋icos disponibles en su entorno ordinario no son ni suficientes ni adecuados y que, por tanto, requieren de una atenci髇 integral, interdisciplinaria y especializada para la respuesta educativa y sanitaria.
  • i) Acceso en los centros educativos y de formaci髇 profesional a las medidas y a los apoyos que resulten necesarios en caso de personas con necesidades espec韋icas de apoyo educativo.
  • j) Acceso a programas de formaci髇 para adolescentes que han abandonado el sistema educativo general.
  • k) Acceso a programas de preparaci髇 para la vida independiente.
  • l) Cualquier otra medida, de car醕ter psicosocial, socioeducativo o de otra 韓dole, susceptible de contribuir a la desaparici髇 de la situaci髇 de riesgo y de la situaci髇 perjudicial que rodea a la persona menor, y que podr ser adoptada en colaboraci髇 con otras administraciones p鷅licas, cuando as proceda.

Art韈ulo 182.– Deber de participaci髇 y colaboraci髇 de la familia

1.– Se procurar consensuar con la familia y con la persona menor, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, y recabar formalmente su aceptaci髇, para lo que se les ofrecer con la suficiente antelaci髇, y lo m醩 completa posible, toda la informaci髇 necesaria, en un formato accesible y comprensible, y adaptada a sus circunstancias.

2.– Cuando la informaci髇 vaya dirigida a la persona menor, la informaci髇 deber proporcion醨sele en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y le sea f醕ilmente comprensible, y estar adaptada a su edad, capacidad de entendimiento, desarrollo evolutivo y dem醩 circunstancias personales. Se recabar el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario.

3.– En todo caso, el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar se consultar con la persona menor que se juzgue que no tiene suficiente madurez o sea menor de doce a駉s, en aplicaci髇 de su derecho a ser o韉a y escuchada.

4.– El padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y cuidadoras, dentro de sus respectivas funciones, y las personas menores de edad mencionadas en el apartado 1 colaborar醤 activamente, seg鷑 su capacidad, en la ejecuci髇 de las medidas indicadas en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, y ello con independencia de que hayan aceptado o no el proyecto. La falta de colaboraci髇 efectiva dar lugar a la declaraci髇 de riesgo de la persona menor de edad en los t閞minos que se establecen en el art韈ulo 184 de esta ley.

5.– El proyecto tomar en consideraci髇 el grado de disposici髇 de la familia y la persona menor de edad, e incluir entre sus objetivos, cuando proceda, la motivaci髇 al cambio.

Art韈ulo 183.– Actuaciones en situaci髇 de riesgo

1.– En las situaciones de riesgo, los ayuntamientos y las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias en materia de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, deber醤 garantizar los derechos que asisten a la poblaci髇 infantil y adolescente, as como asegurar la atenci髇 de sus necesidades.

2.– Las actuaciones p鷅licas se orientar醤 a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situaci髇 personal, familiar y social en la que se encuentra la persona menor, y a promover medidas para su protecci髇 y su permanencia y preservaci髇 en el entorno familiar. Para ello procurar la colaboraci髇 del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras.

Art韈ulo 184.– Obligatoriedad de la declaraci髇 de riesgo

1.– La concurrencia de las siguientes circunstancias determinar la obligatoriedad de declarar la situaci髇 de riesgo de la persona menor de edad:

  • a) La falta de colaboraci髇 efectiva de las personas obligadas conforme al art韈ulo 182 de esta ley, a pesar de la intervenci髇 para propiciar un cambio en su grado de disposici髇 y en su actitud, as como el incumplimiento de los compromisos u obligaciones asumidas en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar aprobado, cuando impida o no permita la consecuci髇 de los objetivos del proyecto de intervenci髇, y siempre y cuando la situaci髇 de riesgo haya sido calificada como moderada o grave.
  • b) Habi閚dose intervenido previamente ante una situaci髇 de riesgo prenatal, la constataci髇, posterior al nacimiento, del mantenimiento de las mismas circunstancias que determinaron el riesgo prenatal o de actitudes o conductas en el padre o la madre que comporten un alto riesgo para la integridad f韘ica, salud, seguridad o necesidades b醩icas del reci閚 nacido o la reci閚 nacida, siempre y cuando la valoraci髇 que se realice de la situaci髇 no determine que el ni駉 o la ni馻 se encuentra en situaci髇 de desamparo. La declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo corresponder a las diputaciones forales.
  • c) Cualquier otra situaci髇 que resulte perjudicial para el bienestar o el pleno desarrollo de la personalidad de la persona menor de edad o afecte al ejercicio de sus derechos, cuando haya sido contemplada, expresamente, en el instrumento t閏nico que se establece en el art韈ulo 172.3 de esta ley. En ese caso deber calificarse, asimismo, el nivel de gravedad en el que procede realizar la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo.

2.– En los casos de riesgo moderado con oposici髇 de la familia no se podr derivar el caso al servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de la diputaci髇 foral competente sin que previamente se hayan realizado intervenciones por parte de los servicios sociales municipales orientadas a conseguir la colaboraci髇 efectiva de aquella.

3.– La declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo no conllevar, en ning鷑 caso, la separaci髇 de la persona menor de edad del 醡bito familiar.

Art韈ulo 185.– Declaraci髇 de riesgo

1.– El 髍gano municipal o foral competente para resolver, a propuesta del servicio social municipal o el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, respectivamente, declarar la situaci髇 de riesgo mediante resoluci髇 administrativa, debidamente motivada, previa audiencia de las representantes y los representantes legales y de la persona menor, si tiene suficiente madurez y en todo caso a partir de los doce a駉s. La renuncia a la participaci髇 de las representantes y los representantes legales o de alguno de ellos no ser causa de suspensi髇 del proceso, y la declaraci髇 de la persona menor quedar amparada.

2.– Contra la resoluci髇 administrativa que declare la situaci髇 de riesgo, las personas que ostenten un inter閟 leg韙imo y directo podr醤 interponer los recursos administrativos pertinentes contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y, en su caso, oponerse a aquella en la jurisdicci髇 civil conforme a lo establecido en el art韈ulo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3.– El contenido de la resoluci髇 administrativa deber comprender las siguientes cuestiones:

  • a) Las medidas tendentes a corregir la situaci髇 de riesgo de la persona menor, incluidas las atinentes a los deberes –ya sean acciones u omisiones– que, al respecto, recaigan en el padre y la madre o en las personas tutoras o guardadoras, para hacer efectivas las medidas previstas en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar.
  • b) El plazo en el que deber醤 desarrollarse las medidas, y la advertencia expresa de que su incumplimiento podr determinar la declaraci髇 de desamparo.

4.– El plazo m醲imo para la implementaci髇 del proyecto ser de seis meses, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por periodos sucesivos de seis meses cuando dicha pr髍roga responda al inter閟 superior de la persona menor de edad, y con el l韒ite m醲imo de dos pr髍rogas.

5.– La declaraci髇 de riesgo podr recoger medidas de apoyo o atenci髇 directa a la persona protegida previstas en el proyecto, que pueden llevarse a cabo aun sin contar con el consentimiento de alguno o alguna de sus representantes legales.

6.– Si se constata un cambio en las circunstancias que motivaron la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo, o se ha dado cumplimento a las medidas previstas en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, habi閚dose alcanzado los objetivos contemplados en 閘, y ya no concurren los presupuestos para considerar que la persona protegida est en tal situaci髇, la declaraci髇 de riesgo podr ser revocada.

7.– La resoluci髇 revocatoria de la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo podr establecer pautas de seguimiento o acompa馻miento profesional a la persona protegida y a su familia, para prevenir riesgos futuros.

8.– En todo caso, la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo cesar, autom醫icamente, por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

  • a) El acceso a la mayor韆 de edad o emancipaci髇.
  • b) La concesi髇 a la persona menor de edad del beneficio de la mayor edad.
  • c) La resoluci髇 administrativa dictada como consecuencia del cese de las circunstancias que motivaron la declaraci髇 de riesgo.
  • d) La asunci髇 de la guarda voluntaria, provisional o por resoluci髇 judicial de la persona menor de edad protegida.
  • e) La resoluci髇 administrativa de la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo.
  • f) La muerte o declaraci髇 de fallecimiento de la persona menor de edad.

Art韈ulo 186.– Traslado de la persona menor en situaci髇 de riesgo

1.– Cuando un ayuntamiento o una diputaci髇 foral est desarrollando una intervenci髇 ante una situaci髇 de riesgo de una persona menor y tenga noticia de que va a ser trasladada al territorio en el que resulte competente otra entidad p鷅lica de protecci髇 de menores, dicha administraci髇 lo pondr en conocimiento de la de destino, al efecto de que, si procede, esta contin鷈 la intervenci髇 que se ven韆 realizando, con remisi髇 de la informaci髇 y la documentaci髇 necesaria.

2.– En todo caso, en la documentaci髇 que se remita deber incluirse un informe escrito en el que se exponga, de forma detallada, la informaci髇 obtenida con relaci髇 al caso y la justificaci髇 del nivel de gravedad asignado tras el proceso de valoraci髇 de la existencia de una situaci髇 de riesgo.

3.– De forma espec韋ica, cuando una diputaci髇 foral ponga en conocimiento de un ayuntamiento una situaci髇 de riesgo que afecte a la persona menor que vaya a ser trasladada a su 醡bito territorial y en la que haya intervenido previamente la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores de otra comunidad aut髇oma, junto a la informaci髇 obtenida con relaci髇 al caso que remita al ayuntamiento deber acompa馻r una valoraci髇 realizada por el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, sobre la base de la aplicaci髇 del instrumento t閏nico que se establece en el art韈ulo 172.3 de esta ley, acerca de la existencia de una situaci髇 de desprotecci髇, y la calificaci髇 de su gravedad, en el caso de que se determine la existencia de una situaci髇 de riesgo.

4.– Si la administraci髇 p鷅lica de origen desconoce el lugar de destino, podr solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los cuerpos de polic韆 auton髆ica a fin de que procedan a su localizaci髇. Una vez conocida la localizaci髇 de la persona menor de edad, se pondr en conocimiento de la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente en dicho territorio, que continuar la intervenci髇.

SECCI覰 2
ACCI覰 PROTECTORA DE LA ADMINISTRACI覰 EN SITUACIONES DE DESAMPARO

Art韈ulo 187.– Situaci髇 de desamparo

1.– Se considera situaci髇 de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci髇 establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material.

2.– Cuando existan personas que por su relaci髇 con la persona en situaci髇 de desamparo o por otras circunstancias se hallen en mejores condiciones que la propia diputaci髇 foral para ejercer la funci髇 tutelar en inter閟 de aquella, la diputaci髇 foral competente promover su nombramiento como tutores o tutoras y, si hay causa para ello, la privaci髇 de la patria potestad.

Art韈ulo 188.– Indicadores de desamparo

1.– La situaci髇 de pobreza de las personas representantes legales no podr, por s misma, ser tenida en cuenta para la valoraci髇 de la situaci髇 de desamparo. Asimismo, en ning鷑 caso se separar a una persona menor de sus representantes legales por raz髇 de una discapacidad de la persona menor, de ambas personas progenitoras o de una de ellas.

2.– La situaci髇 de guarda de hecho de una persona menor de edad no se considerar desamparo si esta no se ve privada de la necesaria asistencia moral y material. En este caso, las administraciones p鷅licas vascas que tengan conocimiento de la situaci髇 pondr醤 la situaci髇 en conocimiento de la autoridad judicial y no desarrollar醤 la acci髇 protectora. Podr醤 promover el nombramiento de la persona guardadora de hecho como tutora, as como, en su caso, la privaci髇 de la patria potestad o la remoci髇 de la tutela anterior. Asimismo, la persona guardadora de hecho podr promover la privaci髇 o suspensi髇 de la patria potestad, la remoci髇 de la tutela y su nombramiento como persona tutora.

3.– Tener un hermano o hermana declarada en tal situaci髇 se considerar un indicador de desamparo, entre otros, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

4.– En particular, se entender que existe situaci髇 de desamparo cuando se d alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad f韘ica o mental de la persona menor:

  • a) El abandono de la persona menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque estas no quieran o no puedan ejercerla.
  • b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando el padre y la madre o las representantes y los representantes legales no se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda de la persona menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no est閚 en condiciones de hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada m醩 all del plazo de dos a駉s.
  • c) El riesgo para la vida, salud e integridad f韘ica de la persona menor; en particular, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
    • 1.– Cuando se produzcan malos tratos f韘icos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceras personas con consentimiento de aquellas.
    • 2.– Cuando la persona menor sea identificada como v韈tima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con las personas representantes legales.
    • 3.– Cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecuci髇 de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte de la persona menor, con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de sus representantes legales. A tal efecto, se entiende que existe consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como solicitar asesoramiento, o no se haya colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas estas.
    • 4.– Cuando se produzcan perjuicios graves al reci閚 nacido o a la reci閚 nacida a consecuencia de una situaci髇 de maltrato prenatal.
  • d) El riesgo para la salud mental de la persona menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicol骻ico continuado o a la falta de atenci髇 grave y cr髇ica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de sus representantes legales. Cuando esta falta de atenci髇 est condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de sus representantes legales o la falta de colaboraci髇 suficiente durante aquel.
  • e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen al desarrollo o la salud mental de la persona menor.
  • f) La inducci髇 a la mendicidad, delincuencia o prostituci髇 o cualquier otra explotaci髇 de la persona menor por parte de sus representantes legales, o por terceras personas con conocimiento de aquellos.
  • g) La ausencia de escolarizaci髇 o falta de asistencia al centro educativo de forma reiterada y no justificada adecuadamente, y la permisividad continuada o la inducci髇 al absentismo escolar durante las etapas de escolarizaci髇 obligatoria.
  • h) Cualquier otra situaci髇 gravemente perjudicial para la persona menor que traiga causa del incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

Art韈ulo 189.– Iniciaci髇 del procedimiento de declaraci髇 de desamparo

En los casos en los que la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores considere que una persona menor puede encontrarse en situaci髇 de desamparo, iniciar el procedimiento de declaraci髇 de desamparo.

Art韈ulo 190.– Instrucci髇 del procedimiento

1.– Iniciado el procedimiento, la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoraci髇 de la situaci髇 sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales municipales, pero tambi閚, si se estima necesario, a otras personas profesionales de los siguientes 醡bitos:

  • a) Servicios sociales.
  • b) 羗bito educativo; en particular, al tutor o la tutora escolar.
  • c) 羗bito sanitario; en particular, al m閐ico o m閐ica de familia, al pediatra o a la pediatra, o al m閐ico o m閐ica de salud mental.
  • d) 羗bito policial; en particular, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Ertzaintza y a la Polic韆 local.

2.– Las personas profesionales a quienes se solicite un informe deber醤 transmitir por escrito los datos e informaciones necesarias y suficientes de las que dispongan para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones. En todo caso, la informaci髇 que se facilite deber estar focalizada en el tipo y car醕ter de la informaci髇 que se solicita en relaci髇 con la persona menor de edad o, incluso, con su entorno familiar o social, as como en la finalidad para la que se solicita.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo, la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores proceder a realizar las siguientes actuaciones en la tramitaci髇 del procedimiento:

  • a) Informar a los organismos y profesionales que colaboren en la detecci髇 y valoraci髇 de una situaci髇 de desprotecci髇 de las l韓eas generales de su evoluci髇, dentro de los l韒ites exigidos por el deber de reserva y siempre que no resulte improcedente dicha comunicaci髇.
  • b) O韗 y escuchar a la persona menor en los t閞minos previstos en el art韈ulo 26 de esta ley, salvo que no sea posible o no convenga a su inter閟, en cuyo caso podr conocerse su opini髇 a trav閟 de personas que, por su profesi髇 y relaci髇 de especial confianza con ella, puedan transmitirla objetivamente.
  • c) O韗 a las personas representantes legales de la persona menor, siempre que sea posible.
  • d) O韗 a cuantas otras personas puedan aportar informaci髇 sobre la situaci髇 de la persona menor y sobre su familia o las personas que la atiendan.
  • e) Prestar la atenci髇 inmediata que pueda precisar la persona menor de edad, adoptando, en su caso, las medidas cautelares o provisionales que se estimen pertinentes.
  • f) Informarle a la persona menor, en funci髇 de su capacidad de entendimiento, del estado en que se encuentra el procedimiento que le concierne, e informar igualmente a las personas representantes legales.
  • g) Recoger el conjunto de la informaci髇 referida a la persona menor en expediente individual, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 173 de esta ley.

Art韈ulo 191.– Audiencia a las personas interesadas en el procedimiento

Sin perjuicio del derecho de las personas interesadas en el procedimiento a aducir alegaciones y aportar cualquier otro documento que estimen conveniente u otros elementos de juicio durante la tramitaci髇 del procedimiento, una vez instruido este y, en todo caso, antes de aprobarse la propuesta de resoluci髇, se les pondr de manifiesto el expediente y se les dar tr醡ite de audiencia, a fin de que en el plazo de diez d韆s puedan formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

Art韈ulo 192.– Propuesta de resoluci髇

1.– Realizado el tr醡ite de audiencia, cuando el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia considere, sobre la base de la valoraci髇 realizada, que la persona menor se encuentra en situaci髇 de desamparo, emitir un informe de car醕ter t閏nico, del que dar traslado al 髍gano colegiado competente en materia de protecci髇 a la infancia y la adolescencia para que adopte el acuerdo que estime oportuno, que servir de base a la propuesta de resoluci髇. Dicha propuesta de resoluci髇 deber ir dirigida al 髍gano foral competente para que proceda a la declaraci髇 de desamparo.

2.– Cuando el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia considere, sobre la base de la valoraci髇 realizada, que las circunstancias que concurren, a pesar de su gravedad, no alcanzan la suficiente entidad, intensidad o persistencia que fundamentar韆 la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo, o que son susceptibles de ser corregidas, emitir tambi閚 un informe t閏nico en el que se justificar y dejar constancia de dicha conclusi髇, y, en su caso, se establecer醤 las medidas de protecci髇 que se consideren m醩 adecuadas al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 183.2 de esta ley.

3.– El informe t閏nico al que se alude en el apartado anterior deber trasladarse al 髍gano colegiado competente en materia de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, a los mismos fines que se prev閚 en dicho apartado.

Art韈ulo 193.– Resoluci髇

1.– Sobre la base de dicha propuesta, el 髍gano competente para resolver dictar una resoluci髇 administrativa que declarar la situaci髇 de desamparo de la persona menor y, en virtud de lo dispuesto en los art韈ulos 172 y siguientes del C骴igo Civil, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, as como las medidas de protecci髇 que correspondan.

2.– Asimismo, cuando no proceda declarar la situaci髇 de desamparo pero se considere oportuna la adopci髇 de medidas de protecci髇, la resoluci髇 administrativa que se dicte deber dejar constancia de dichas circunstancias y recoger las medidas concretas que correspondan.

3.– En el caso de que, conforme a la normativa aprobada por la diputaci髇 foral competente, corresponda a las personas representantes legales de la persona menor de edad el pago de las cuant韆s econ髆icas previstas en concepto de alimentos, deber determinarse en la misma resoluci髇 administrativa la cuant韆 concreta que se debe abonar y su periodicidad.

4.– Excepcionalmente, y siempre y cuando concurran causas debidamente justificadas, la declaraci髇 de desamparo podr realizarse sobre el concebido o la concebida. En estos casos, los efectos de la resoluci髇 por la que se declare el desamparo y la asunci髇 de la tutela se demorar醤 hasta la fecha del nacimiento, y la resoluci髇 surtir efectos desde ese momento.

5.– Toda resoluci髇 administrativa que declare la situaci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela se notificar al Ministerio Fiscal, as como a las personas representantes legales y a la persona menor de edad afectada, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, en un plazo de 48 horas. Siempre que resulte posible, adem醩 de por escrito, esta notificaci髇 deber comunicarse de forma presencial, y deber informarse a las personas afectadas, de modo claro y comprensible, de cu醠es son las causas que han dado lugar a la situaci髇 de desamparo y de los efectos que conlleve la declaraci髇 de dicha situaci髇.

6.– El plazo m醲imo de resoluci髇 ser de seis meses, a contar desde la fecha de recepci髇 del caso en el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia o, en su caso, a contar desde la fecha en que se tenga conocimiento de que concurren circunstancias susceptibles de determinar el desamparo, y podr prorrogarse de forma motivada por un plazo m醲imo de otros tres meses en aquellos casos cuyas particulares caracter韘ticas hagan inviable su resoluci髇 en el tiempo legalmente establecido al efecto.

7.– Transcurrido este plazo, se producir la caducidad, salvo que el procedimiento se paralice por causa no imputable a la persona interesada. En este caso, interrumpir el c髆puto del plazo para resolver y notificar la resoluci髇.

8.– En todo caso, la resoluci髇 que declare la situaci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela deber contener los motivos de la intervenci髇, as como los posibles efectos de las decisiones y medidas adoptadas.

9.– Contra la resoluci髇 administrativa que declare la situaci髇 de desamparo, las personas que ostenten un inter閟 leg韙imo y directo podr醤 interponer los recursos administrativos pertinentes conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y, en su caso, formular oposici髇 a aquella en la jurisdicci髇 civil conforme a lo establecido en el art韈ulo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Art韈ulo 194.– Oposici髇 a las resoluciones y otras decisiones

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 193.9 de esta ley, durante el plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 firme en v韆 administrativa por la que se declare la situaci髇 de desamparo, las personas progenitoras que contin鷈n ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida o las personas tutoras que tengan suspendida la tutela podr醤 solicitar a la diputaci髇 foral que cese la suspensi髇 y quede revocada la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo de la persona menor si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.

En el supuesto de que la resoluci髇 administrativa haya sido impugnada en v韆 judicial mediante el procedimiento al que se refiere el art韈ulo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el plazo de dos a駉s al que se refiere el p醨rafo anterior se computar desde la notificaci髇 a las partes de la resoluci髇 judicial firme.

2.– Igualmente, durante el mismo plazo podr醤 oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protecci髇 de la persona menor.

3.– Pasado dicho plazo, decaer el derecho de las personas progenitoras o tutoras a solicitar u oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protecci髇 de la persona menor. No obstante, podr醤 facilitar informaci髇 a la diputaci髇 foral y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio que se haya producido en las circunstancias que dieron lugar a la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo.

4.– En todo caso, transcurridos los dos a駉s, 鷑icamente el Ministerio Fiscal estar legitimado para oponerse a la resoluci髇 de la diputaci髇 foral.

5.– Durante ese plazo de dos a駉s, la diputaci髇 foral, tras ponderar la situaci髇 y ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal, podr adoptar cualquier medida de protecci髇, incluida la propuesta de adopci髇, cuando exista un pron髎tico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

Art韈ulo 195.– Procedimiento de urgencia para la declaraci髇 preventiva de desamparo

1.– Las diputaciones forales podr醤 declarar preventivamente el desamparo, siguiendo un procedimiento de urgencia, en los siguientes casos:

  • a) Cuando existan antecedentes de situaciones graves de desprotecci髇 en la familia u otros indicios de peligro inminente y grave para la integridad f韘ica o ps韖uica de la persona menor.
  • b) Cuando exista el riesgo de fuga u ocultaci髇 de la persona menor por parte de la familia, o si tales indicios se han constatado en la fase de instrucci髇 y hacen indispensable una intervenci髇 inmediata y sin demora para garantizar su inter閟 superior.
  • c) Cuando concurra cualquier otra causa que exija una intervenci髇 urgente y que haga necesaria la separaci髇 del n鷆leo familiar.
  • d) Cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevistas que revistan una gravedad elevada, que deber醤 estar debidamente acreditadas, incluidos los casos de fuerza mayor que as lo aconsejen y justifiquen.

2.– A los efectos anteriores, no ser preciso realizar los tr醡ites previstos para el procedimiento ordinario de declaraci髇 de desamparo, con excepci髇 del tr醡ite consistente en o韗 y escuchar a la persona menor; asimismo, podr no realizarse este 鷏timo cuando concurran circunstancias que determinen que ello perjudicar韆 a su inter閟 superior.

3.– El 髍gano competente, de modo inmediato y tras o韗 y escuchar a la persona menor, dictar, siempre que se encuentre suficientemente acreditada, una resoluci髇 administrativa que declarar la situaci髇 de desamparo, asumir la tutela y adoptar provisionalmente cuantas medidas sean necesarias para asegurar la asistencia a la persona menor.

4.– La resoluci髇 que se adopte ser notificada al Ministerio Fiscal, as como a las personas representantes legales y a la persona menor de edad afectada, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, en un plazo de 48 horas.

5.– Con posterioridad, la tramitaci髇 del expediente continuar de conformidad con lo establecido para el procedimiento ordinario, o, en su caso, se iniciar su tramitaci髇, si no se ha hecho antes, hasta que se dicte la resoluci髇 administrativa definitiva, en el sentido que se expresa en el apartado siguiente. A tal efecto, el plazo m醲imo de resoluci髇 ser el que se determina en el art韈ulo 193.6 de esta ley.

6.– Cumplidos todos los tr醡ites, el 髍gano competente dictar resoluci髇 administrativa que, o bien confirmar la situaci髇 de desamparo y, en tal caso, adoptar las medidas consideradas m醩 convenientes seg鷑 la valoraci髇 realizada, o bien declarar la extinci髇 de la tutela inicialmente constituida, el cese de las medidas provisionales que se hayan adoptado y el archivo del expediente. En este 鷏timo supuesto, si se observa una situaci髇 de riesgo leve o moderado, el caso se derivar al servicio social municipal correspondiente para que adopte las medidas que estime m醩 adecuadas.

Art韈ulo 196.– Consecuencias de la asunci髇 de la tutela por la diputaci髇 foral

1.– La asunci髇 de la tutela por la administraci髇 p鷅lica competente en materia de protecci髇 de personas menores de edad conlleva la suspensi髇 de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, ser醤 v醠idos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres y las madres o personas tutoras en representaci髇 de la persona menor de edad y que sean beneficiosos para esta 鷏tima.

Art韈ulo 197.– Ejercicio de la tutela por la diputaci髇 foral

1.– En tanto se mantenga la situaci髇 de tutela de una persona menor por parte de la diputaci髇 foral se acordar, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades, su atenci髇 bajo alguna de las siguientes modalidades de guarda: acogimiento familiar o acogimiento residencial.

2.– En aplicaci髇 del principio de preferencia de las medidas familiares sobre las institucionales o residenciales, en la determinaci髇 de la modalidad de guarda se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios:

  • a) Prevalecer la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier persona menor de edad, y especialmente para ni駉s y ni馻s menores de seis a駉s.
  • b) No se acordar el acogimiento residencial para ni駉s y ni馻s menores de tres a駉s salvo en supuesto de imposibilidad debidamente acreditada de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • c) La limitaci髇 para acordar el acogimiento residencial se aplicar, asimismo, a los ni駉s y ni馻s menores de seis a駉s en el plazo m醩 breve posible.
  • d) En todo caso, y con car醕ter general, el acogimiento residencial de estos ni駉s y estas ni馻s no tendr una duraci髇 superior a tres meses.

3.– Excepcionalmente, y cuando lo aconsejen las circunstancias del caso, podr optarse por modalidades de atenci髇 alternativas que se estimen m醩 aptas para responder a las necesidades de la persona menor de edad, en los t閞minos previstos en la disposici髇 adicional novena de esta ley.

4.– Durante el ejercicio de la tutela, la administraci髇 p鷅lica competente podr promover:

  • a) La reintegraci髇 en la familia de origen.
  • b) La tutela ordinaria, cuando existan personas que, por su relaci髇 con la persona tutelada o por otras circunstancias, se hallen en mejores condiciones que la propia diputaci髇 foral para ejercer las funciones tutelares en inter閟 de la persona menor.
  • c) La adopci髇.

Art韈ulo 198.– Causas de cese de la tutela de la diputaci髇 foral

1.– La tutela cesar, autom醫icamente, por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

  • a) El acceso a la mayor韆 de edad o emancipaci髇.
  • b) La concesi髇 a la persona menor de edad del beneficio de la mayor edad.
  • c) La resoluci髇 administrativa dictada como consecuencia del cese de las circunstancias que motivaron la medida.
  • d) La resoluci髇 judicial firme que constituya la adopci髇 o la tutela ordinaria o que dicte el cese de la situaci髇 de desamparo.
  • e) La resoluci髇 administrativa dictada con ocasi髇 del traslado permanente o prolongado de la residencia de la persona menor al territorio de otra comunidad aut髇oma, siempre y cuando la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente en la comunidad aut髇oma de destino haya dictado una resoluci髇 sobre la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y haya asumido su tutela o la medida de protecci髇 correspondiente, o entienda que ya no hay que adoptar medidas de protecci髇 de acuerdo con la situaci髇 de la persona menor. En estos casos se proceder al traslado del expediente de protecci髇 de la persona menor de edad a la entidad p鷅lica de la comunidad aut髇oma de destino.
  • f) La resoluci髇 administrativa dictada por una diputaci髇 foral con ocasi髇 del traslado permanente o prolongado de la residencia de la persona menor a otro territorio hist髍ico de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. En estos casos se proceder en los mismos t閞minos que se establecen en la letra precedente.
  • g) La constataci髇 fehaciente de que la persona menor de edad se ha trasladado voluntariamente a otro pa韘, sin perjuicio de que la diputaci髇 foral interponga la correspondiente denuncia con anterioridad al cese de la tutela.
  • h) El transcurso de doce meses desde que la persona menor de edad ha abandonado voluntariamente el centro de protecci髇 y se encuentra en paradero desconocido, sin perjuicio de que la diputaci髇 foral interponga la correspondiente denuncia con anterioridad al cese de la tutela.
  • i) La muerte o declaraci髇 de fallecimiento de la persona sometida a tutela.

2.– La diputaci髇 foral podr revocar de oficio, en cualquier momento, la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y decidir el retorno de la persona menor de edad con sus personas progenitoras o representantes legales, siempre y cuando se constate la desaparici髇 de las causas o el cambio en las circunstancias que motivaron su declaraci髇 y la asunci髇 de la tutela, y se valore que es lo m醩 beneficioso para su inter閟 superior.

3.– Asimismo, podr realizar dicha revocaci髇 a instancia de quienes tengan suspendido el ejercicio de la patria potestad o de la tutela ordinaria, cuando lo soliciten en el plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa por la que se declar, o, transcurrido el mencionado plazo, a instancia del Ministerio Fiscal, siempre y cuando se den los mismos presupuestos indicados en el apartado anterior.

4.– En cualquier caso, si las personas titulares de la patria potestad o la tutela ordinaria viven separadas y se constata que solo una de ellas re鷑e las condiciones adecuadas para asumir el cuidado de la persona protegida, se mantendr la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo, sin perjuicio de procederse inmediatamente a la delegaci髇 de guarda con car醕ter provisional a favor de quien re鷑a tales condiciones, en tanto esta tramite, en el marco de un proceso civil o penal, o bien en un expediente de jurisdicci髇 voluntaria, las acciones judiciales correspondientes a las medidas de guarda y custodia de la persona menor de edad declarada en situaci髇 de desamparo. Antes de procederse a la delegaci髇 de guarda deber o韗se a la persona menor de edad, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s.

5.– Al amparo del art韈ulo 158 del C骴igo Civil, las diputaciones forales podr醤 instar ante la autoridad judicial la modificaci髇 de las medidas de guarda y custodia, y de los t閞minos de estas, en favor de una de las personas titulares de la patria potestad o la tutela ordinaria.

6.– Las resoluciones de cese de tutela se notificar醤 al Ministerio Fiscal, a la persona menor de edad que haya estado sujeta a tutela y a las personas que est閚 legitimadas para oponerse a ella, sin perjuicio de la imposibilidad de oponerse transcurrido el plazo de dos a駉s previsto en el art韈ulo 194 de esta ley.

Art韈ulo 199.– Actuaciones en caso de obst醕ulos a la ejecuci髇 de las medidas acordadas en situaci髇 de desamparo

1.– Declarada la situaci髇 de desamparo, si alguna de las personas representantes legales impide la ejecuci髇 de las medidas acordadas, o si concurre alguna otra circunstancia que dificulte gravemente su ejecuci髇, se solicitar a la autoridad judicial competente la adopci髇, con la mayor celeridad posible, de las medidas precisas para hacerlas efectivas, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que sean necesarias si est en peligro la vida o integridad de la persona menor de edad o se est醤 conculcando sus derechos, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 778 ter de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2.– Podr recabarse la cooperaci髇 y asistencia de las agentes y los agentes policiales, as como de los sistemas educativo y sanitario, en la ejecuci髇 de las medidas acordadas, en los t閞minos y con el alcance previsto en la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 200.– Traslados entre territorios hist髍icos y comunidades aut髇omas

1.– En los casos de traslado permanente de la residencia de una persona menor sujeta a una medida de protecci髇 desde un territorio hist髍ico a otro, la competencia de la entidad p鷅lica de protecci髇 menores del territorio hist髍ico de origen cesar en el momento en que la entidad p鷅lica del territorio hist髍ico de destino asuma la medida de protecci髇 vigente o adopte la que proceda; todo ello, en un plazo m醲imo de tres meses desde que esta 鷏tima sea informada por la primera de dicho traslado.

2.– No obstante, cuando la familia de origen de la persona menor permanezca en un territorio hist髍ico distinto al de residencia de la persona menor y sea previsible una reintegraci髇 familiar a corto o medio plazo se mantendr la medida adoptada, y la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores del territorio hist髍ico de residencia de la persona menor de edad colaborar en el seguimiento de la evoluci髇 de esta.

3.– Asimismo, tampoco ser necesaria la adopci髇 de nuevas medidas de protecci髇 en los casos de traslado temporal a un recurso de acogimiento residencial ubicado en otro territorio hist髍ico o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en dicho territorio, con el acuerdo de ambas entidades p鷅licas de protecci髇 de menores.

4.– Los traslados entre la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y otras comunidades aut髇omas obedecer醤 a las previsiones contenidas en el art韈ulo 18 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor y, cuando proceda, a las estipulaciones contenidas en los instrumentos de cooperaci髇 interauton髆icos que se hayan suscrito entre las comunidades aut髇omas afectadas para articular los traslados.

SECCI覰 3
PROCEDIMIENTO DE ASUNCI覰 Y EJERCICIO DE LA GUARDA

Art韈ulo 201.– Supuestos de guarda

1.– La guarda de toda persona menor de edad supone para quien la ejerce la obligaci髇 de velar por ella, tenerla en su compa耥a, alimentarla, educarla y procurarle una atenci髇 y formaci髇 integral.

2.– La diputaci髇 foral competente asumir la guarda de las personas menores en los siguientes supuestos:

  • a) Guarda en el ejercicio de la tutela de las personas menores declaradas en situaci髇 de desamparo.
  • b) Guarda voluntaria, en cuyo marco la Administraci髇 p鷅lica podr asumir temporalmente la guarda de las personas menores cuando su padre y su madre, o personas tutoras, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar de ellas.
  • c) Guarda por resoluci髇 judicial, en cuyo marco la Administraci髇 p鷅lica asumir la guarda cuando as lo acuerde el juez o la jueza en los casos en que legalmente proceda.
  • d) Guarda provisional en cumplimiento de la obligaci髇 de prestar a la persona menor atenci髇 inmediata, en tanto se investigan sus circunstancias, se procede a su identificaci髇, en caso necesario, y se constata si se encuentra en situaci髇 de desamparo.

3.– La resoluci髇 administrativa que determine la modalidad de la guarda deber establecer igualmente las condiciones esenciales en que deba ejercerse.

Art韈ulo 202.– Guarda voluntaria

1.– Cuando quienes tengan atribuida legalmente la patria potestad, la tutela o la guarda sobre una persona menor de edad justifiquen no poder atenderla por enfermedad u otras circunstancias graves y soliciten a la diputaci髇 foral correspondiente que asuma temporalmente su guarda, dicha administraci髇 p鷅lica deber tramitar un expediente atendiendo a las siguientes pautas de actuaci髇:

  • a) Solicitar a las personas representantes legales que acrediten las circunstancias graves y temporales que les impiden atender a la persona menor.
  • b) Solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoraci髇 de la situaci髇 sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales municipales, y, cuando se considere necesario, a su tutor o su tutora escolar, a su m閐ico o m閐ica de familia, a su pediatra, al m閐ico o a la m閐ica de salud mental, o a cualquier otra persona profesional de la salud o de otros 醡bitos de atenci髇 social o educativa.
  • c) Informar a las personas representantes legales de las responsabilidades que seguir醤 manteniendo respecto a la persona menor y de su obligaci髇 de participar en los programas que se estimen necesarios, en su caso, para superar los factores que han justificado la asunci髇 de la guarda por la diputaci髇 foral.
  • d) O韗 y escuchar a la persona menor en los t閞minos previstos en el art韈ulo 26 de esta ley, salvo que no sea posible o no convenga a su inter閟, en cuyo caso podr conocerse su opini髇 por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aquella, o a trav閟 de otras personas que, por su profesi髇 y relaci髇 de especial confianza con la persona menor de edad, puedan transmitir su opini髇 objetivamente.
  • e) Formalizar la guarda por escrito, dejando constancia de que las personas representantes legales han sido informadas de los extremos indicados en la letra c) y concretando la forma en que va a ejercerse la guarda por la Administraci髇.

2.– Para estimar la solicitud de guarda voluntaria habr de quedar acreditado que existen circunstancias graves que impiden cuidar adecuadamente de la persona protegida y que estas son transitorias, de manera que, al concluir la guarda, pueda llevarse a cabo la reunificaci髇 familiar.

3.– Si son dos las personas representantes legales y solo una de ellas solicita la guarda voluntaria, se asumir la guarda en los siguientes casos:

  • a) Si quien no ha solicitado la guarda presta su consentimiento.
  • b) Si, habi閚dole notificado en forma el requerimiento a la persona representante legal que no ha solicitado la guarda, no manifiesta su oposici髇 en el plazo concedido al efecto, que no podr ser inferior a diez d韆s.
  • c) Si no existe la posibilidad de localizar a la persona representante legal que no ha solicitado la guarda o si esta reside en un domicilio desconocido.
  • d) Siempre y cuando, valoradas y ponderadas las circunstancias particulares que concurren en el caso concreto, la aplicaci髇 del principio del inter閟 superior de la persona menor de edad as lo aconseje.

Art韈ulo 203.– Asunci髇 de la guarda voluntaria

1.– La diputaci髇 foral competente formalizar la asunci髇 de la guarda voluntaria mediante una resoluci髇 motivada que aceptar o denegar la solicitud. En este 鷏timo caso, podr declarar la situaci髇 de desamparo si se dan las circunstancias para ello.

2.– En caso de que la resoluci髇 acepte la petici髇 de guarda, indicar la duraci髇 de la medida y la forma en que se va a ejercer, y dejar constancia de que el padre y la madre o las personas tutoras han sido informadas de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto de la persona menor de edad. En todo caso, deber garantizarse que las personas menores con una discapacidad reconocida contin鷈n manteniendo los apoyos especializados que vengan recibiendo, o, en su caso, la adopci髇 de otros m醩 adecuados a sus necesidades espec韋icas. A esta resoluci髇 se unir el acuerdo de entrega voluntaria firmado con la familia, en el que esta asumir el compromiso de someterse a las intervenciones profesionales que resulten necesarias para superar las circunstancias que le impiden hacerse cargo de la persona protegida.

3.– La resoluci髇 administrativa de asunci髇 de la guarda, as como sobre cualquier variaci髇 posterior de su forma de ejercicio, ser fundamentada y se notificar a las personas representantes legales, a la persona menor de edad afectada, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, y al Ministerio Fiscal.

4.– En cualquier caso, si una vez realizada la solicitud de guarda voluntaria la diputaci髇 foral competente, atendiendo a la gravedad de las circunstancias particulares concurrentes, estima que resulta indispensable una intervenci髇 inmediata para garantizar el inter閟 superior de la persona menor de edad, asumir la guarda siguiendo el procedimiento de urgencia regulado en el art韈ulo 195 de esta ley.

5.– A los efectos anteriores, llevar a cabo el acogimiento, de forma inmediata, tras dar cumplimiento al tr醡ite de o韗 y escuchar a la persona menor. Y, una vez cumplido dicho tr醡ite, dictar la resoluci髇 administrativa por la que se formaliza la asunci髇 de la guarda voluntaria, y adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la asistencia a la persona menor.

6.– Las diputaciones forales, en el ejercicio de sus propias competencias, podr醤 regular la obligatoriedad de las personas representantes legales de la persona menor respecto de quien se haya asumido la guarda voluntaria de contribuir econ髆icamente, en concepto de alimentos, a los gastos derivados de su atenci髇, cuidado y manutenci髇, as como de aquellos otros que puedan resultar de la responsabilidad civil que pueda imputarse a las personas menores de edad por actos que hayan realizado durante el tiempo en que se prolongue la guarda voluntaria.

7.– Para el c醠culo de las cuant韆s econ髆icas deber atenderse al alcance y a los t閞minos que del concepto de alimentos se establece en el art韈ulo 142 del C骴igo Civil. En todo caso, el pago de las cuant韆s econ髆icas que se determinen deber condicionarse y, en su caso, graduarse atendiendo a criterios de renta familiar.

8.– Cuando en aplicaci髇 de la normativa aprobada por la diputaci髇 foral competente corresponda a los representantes y las representantes legales de la persona menor de edad contribuir al pago de los gastos que se ocasionen en concepto de alimentos, deber determinarse la cuant韆 econ髆ica concreta que se debe abonar y su periodicidad en la misma resoluci髇 de asunci髇 de la guarda que se dicte.

Art韈ulo 204.– Duraci髇 de la guarda voluntaria

1.– La medida de guarda voluntaria se asumir por un periodo m醲imo de dos a駉s, que podr prorrogarse excepcionalmente por un periodo m醲imo adicional de otro a駉, si el inter閟 de la persona protegida as lo aconseja y si es previsible la reunificaci髇 familiar en ese plazo.

2.– En todo caso, transcurrido el plazo m醲imo de duraci髇 de la medida de guarda voluntaria establecido en el apartado anterior o, en su caso, el periodo adicional de pr髍roga previsto, la persona menor de edad deber regresar con sus representantes legales; y, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, la diputaci髇 foral competente declarar la situaci髇 de desamparo de la persona menor de edad y, en virtud de lo dispuesto en los art韈ulos 172 y siguientes del C骴igo Civil, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, as como las medidas de protecci髇 que correspondan.

Art韈ulo 205.– Cese de la guarda voluntaria

1.– La guarda voluntaria cesar por las siguientes causas:

  • a) Por alcanzar la persona sujeta a guarda la mayor韆 de edad o por producirse su emancipaci髇.
  • b) Por muerte o declaraci髇 de fallecimiento de la persona menor.
  • c) Por vencimiento del periodo para el que se estableci en la resoluci髇 o, en su caso, en la pr髍roga.
  • d) Por resoluci髇 administrativa de reunificaci髇 familiar, dictada de oficio o a instancia de las personas que hayan solicitado la guarda voluntaria.
  • e) Por resoluci髇 administrativa de declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo por no concurrir las circunstancias adecuadas para la reunificaci髇 familiar.
  • f) Por resoluci髇 administrativa que declare alguna de las circunstancias recogidas en las letras c), e) y f) del art韈ulo 198.1 de esta ley.

2.– Cuando el cese de la guarda implique la reunificaci髇 o reintegraci髇 familiar, habr醤 de darse las condiciones exigidas en el art韈ulo 220 de esta ley.

Art韈ulo 206.– Guarda por resoluci髇 judicial

1.– En cumplimiento de la resoluci髇 judicial que le atribuya la guarda, la diputaci髇 foral competente para adoptar medidas de protecci髇 establecer, mediante resoluci髇 administrativa, su forma de ejercicio, y ordenar las actuaciones necesarias para determinar la medida de protecci髇 m醩 adecuada.

2.– La duraci髇 de la medida de guarda se prolongar durante todo el tiempo que determine la autoridad judicial competente.

3.– En todo caso, si una vez recabada la informaci髇 que se estime oportuna y valoradas las circunstancias particulares concurrentes del caso la diputaci髇 foral competente estima la necesidad de asumir la tutela, se declarar la situaci髇 de desamparo mediante resoluci髇 administrativa, de conformidad con el procedimiento previsto a tal efecto en esta ley, y se producir la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, as como de las medidas de protecci髇 que correspondan.

4.– Esta resoluci髇 se notificar a las personas representantes legales y a la persona menor de edad afectada, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, as como a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, en un plazo de 48 horas.

5.– La guarda por resoluci髇 judicial cesar por las siguientes causas:

  • a) Por decisi髇 de la autoridad judicial competente, adoptada de oficio o a instancia de parte, o a solicitud de la diputaci髇 foral competente.
  • b) Por resoluci髇 administrativa de declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo.

Art韈ulo 207.– Guarda provisional en casos de atenci髇 inmediata

1.– De conformidad con lo previsto en el art韈ulo 172.4 del C骴igo Civil, las diputaciones forales podr醤 asumir por resoluci髇 administrativa la guarda provisional de una persona menor sin declaraci髇 previa de desamparo ni solicitud expresa de los padres y las madres o de las personas que ejerzan su tutela, mientras tiene lugar la pr醕tica de diligencias necesarias para identificar a la persona menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.

2.– La resoluci髇 administrativa mediante la que se asume la guarda provisional se notificar a sus representantes legales, si son conocidos o conocidas; a la persona menor de edad afectada, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, y al Ministerio Fiscal, en un plazo de 48 horas.

3.– En cualquier momento, las diputaciones forales podr醤 sustituir la medida de guarda provisional que hayan adoptado por otra medida que se considere m醩 adecuada, en atenci髇 a garantizar el inter閟 superior de la persona menor de edad o modificar su forma de ejercicio.

4.– Las diligencias a las que se alude en el apartado 1 se practicar醤 en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, en un periodo no superior a tres meses, sin posibilidad alguna de pr髍roga, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 de este art韈ulo. Durante ese plazo se proceder, en su caso, a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y la consiguiente asunci髇 de la tutela o la proposici髇 de la medida de protecci髇 procedente.

5.– En cualquier caso, si existen personas que, por su relaci髇 con la persona menor o por otras circunstancias, pueden asumir la tutela en su inter閟, se promover el nombramiento de un tutor o de una tutora de acuerdo con las reglas ordinarias, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 172.4 y en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 222 del C骴igo Civil.

6.– En el caso de que se haya promovido el nombramiento de un tutor o de una tutora de acuerdo con las reglas ordinarias, podr prorrogarse la duraci髇 de la medida de guarda provisional prevista en este art韈ulo hasta que exista resoluci髇 firme de la autoridad judicial que se pronuncie expresamente sobre dicha cuesti髇.

7.– En todo caso, cuando la resoluci髇 judicial no haya constituido la tutela en favor de persona alguna, proceder la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y la consiguiente asunci髇 de la tutela o la proposici髇 de la medida de protecci髇 procedente.

Art韈ulo 208.– Cese de la guarda provisional en casos de atenci髇 inmediata

La guarda provisional en casos de atenci髇 inmediata cesar por las mismas causas que para el caso de la tutela previstas en el art韈ulo 198 de esta ley, y, adem醩, por las siguientes:

  • a) La reintegraci髇 de la persona menor con su padre y su madre o con las personas que ejerzan su tutela por la desaparici髇 de las causas que hayan motivado su asunci髇.
  • b) En el caso de las personas menores migrantes sin referente familiar, la reintegraci髇 o reagrupaci髇 familiar en el pa韘 de origen.
  • c) La resoluci髇 administrativa de declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo por no concurrir las circunstancias adecuadas para la reunificaci髇 familiar.
  • d) La resoluci髇 judicial que le atribuya la guarda a la diputaci髇 foral competente.
  • e) El nombramiento de un tutor o de una tutora, de acuerdo con las reglas ordinarias.

SECCI覰 4
DISPOSICIONES COMUNES A LA TUTELA Y A LA GUARDA

Art韈ulo 209.– Derechos de las personas menores de edad en acogimiento

1.– Con car醕ter general, y adem醩 de los derechos reconocidos en el t韙ulo II, las personas menores de edad sujetas a una medida de acogimiento, sea esta familiar o residencial, tendr醤 los siguientes derechos:

  • a) Ser informadas, en formato accesible y en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y les sea f醕ilmente comprensible, y adaptado en funci髇 de su edad, capacidad de entendimiento y dem醩 circunstancias personales, para lo cual se recabar el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario, de sus derechos y obligaciones, incluidos los medios de defensa de sus derechos a su alcance.
  • b) Ser parte en el proceso de oposici髇 a las medidas de protecci髇 y declaraci髇 en situaci髇 de desamparo, de acuerdo con la normativa aplicable, siempre que tengan suficiente madurez y, en todo caso, si son mayores de doce a駉s.
  • c) Conocer, en todo momento, su situaci髇 legal, debiendo ser informadas y notificadas, a tal efecto, de las resoluciones de formalizaci髇 de la constituci髇, modificaci髇, suspensi髇 y cese de la medida de protecci髇 consistente en el acogimiento que se haya adoptado, si tienen suficiente madurez y, en todo caso, cuando sean mayores de doce a駉s.
  • d) Contar con la participaci髇 de su padre y de su madre o de las personas que tengan atribuida la tutela en su atenci髇 y en las decisiones que les conciernan, siempre que no resulte contrario a su inter閟 superior.
  • e) Dirigirse directamente a la diputaci髇 foral y ser informadas de cualquier hecho trascendente relativo a la medida de acogimiento que se haya adoptado.
  • f) Ser atendidas sin ning鷑 tipo de discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, edad, origen racial o 閠nico, sexo, estado civil, orientaci髇 sexual, aptitud f韘ica o ps韖uica, estado de salud, lengua, cultura, religi髇, creencia, ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal, econ髆ica o social. Se respetar醤 siempre sus or韌enes y se favorecer la conservaci髇 de su bagaje cultural y religioso.
  • g) Recibir la atenci髇 necesaria que les permita tener cubiertas las necesidades b醩icas de la vida cotidiana que exige el adecuado e integral desarrollo de su personalidad. Se incluye el acceso a los servicios necesarios para la consecuci髇 de dicha finalidad, y ser prioritaria siempre su atenci髇 en la comunidad a trav閟 de la red de servicios ordinarios.
  • h) Recibir una atenci髇 individualizada y personalizada, con respeto pleno a sus necesidades, una vez hayan sido evaluadas las mismas, y, siempre que resulte posible y adecuado, a sus deseos. Se atender particularmente a factores culturales y religiosos.
  • i) En el caso de las personas menores de edad con discapacidad o que precisen de atenci髇 especializada, recibir con la suficiente anticipaci髇 la informaci髇, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los que son titulares.
  • j) Tener asignada una persona profesional de referencia, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atenci髇 y la coordinaci髇, la integridad y la continuidad del proceso de intervenci髇 y valoraci髇 del expediente individual de protecci髇, as como la elaboraci髇 de un plan individualizado de protecci髇.
  • k) Ser atendidas por personal cualificado por su formaci髇 y experiencia.
  • l) Contar con un plan individualizado de protecci髇 y participar en su elaboraci髇, si son mayores de doce a駉s, en todo caso, y si tienen madurez suficiente, tambi閚 las personas menores que todav韆 no hayan alcanzado dicha edad, as como en las evaluaciones peri骴icas del mismo.
  • m) No ser separadas de sus hermanos o hermanas, permaneciendo juntas, siempre que no sea contrario al inter閟 superior de todas o alguna de las personas menores de edad. A tal efecto, deber confiarse la guarda a una misma persona o familia o a un mismo recurso de acogimiento residencial.
  • n) Relacionarse y mantener contacto con su familia de origen, otros parientes y personas allegadas o significativas, y, en especial, con sus hermanos o hermanas, en el marco del r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia establecido por la diputaci髇 foral.
  • o) Conocer progresivamente su historia personal y sus circunstancias, para facilitar su asunci髇.
  • p) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que consideren oportunas sobre las circunstancias en que se est desarrollando la medida de acogimiento a trav閟 de la cual se ejerce su guarda.
  • q) Recibir de la administraci髇 o administraciones p鷅licas competentes el apoyo educativo y psicoterap閡tico que sea necesario y conveniente a su inter閟 superior, en atenci髇 a sus particulares necesidades o circunstancias especiales, o para superar trastornos psicosociales de origen.
  • r) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus or韌enes y parientes biol骻icos, una vez alcanzada la mayor韆 de edad.
  • s) Respeto a la confidencialidad de los datos que consten en su expediente individual de protecci髇, y, en particular, los relativos a sus antecedentes personales, familiares y sociales, y al deber de reserva en su utilizaci髇, sin que puedan ser utilizados bajo ning鷑 concepto, al margen del 醡bito estricto de las funciones de guarda que se asumen en el marco de la medida de acogimiento de que se trate.
  • t) Conservaci髇 de los datos contenidos en los expedientes individuales de protecci髇 en condiciones adecuadas de seguridad, y aseguramiento, en todo caso, de la confidencialidad de dichos datos. Se deber醤 aplicar procedimientos de acceso restringido a la informaci髇.
  • u) Respeto a su dignidad personal, identidad e integridad f韘ica, al libre desarrollo de su personalidad, al derecho a la intimidad y a su propia imagen, as como al resto de sus derechos y libertades fundamentales que les son inherentes.
  • v) Ejercicio efectivo de su derecho a la privacidad; en especial, respecto al cuidado de su higiene personal, as como a la conservaci髇 de sus pertenencias personales.
  • w) Disfrutar en su vida cotidiana de unos per韔dos equilibrados de actividad, ocio y sue駉.

2.– Con car醕ter espec韋ico, las personas menores de edad en acogimiento familiar tendr醤 los siguientes derechos:

  • a) Participar plenamente en la vida familiar y social de la familia o persona acogedora.
  • b) Mantener relaci髇 con la familia o personas acogedoras tras el cese de la medida de acogimiento familiar, siempre y cuando la diputaci髇 foral entienda que conviene a su inter閟 superior y, a su vez, lo consientan tanto la persona menor de edad, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, como la familia o persona acogedora y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.
  • c) Solicitar informaci髇 acerca de la medida de acogimiento familiar adoptada.
  • d) Pedir, por s mismas, si tienen suficiente madurez, y, en todo caso, si son mayores de doce a駉s, el cese de la medida de acogimiento familiar que se haya constituido.

3.– Asimismo, y con car醕ter espec韋ico, las personas menores de edad en acogimiento residencial tendr醤 los siguientes derechos:

  • a) Recibir un trato digno por parte del personal del recurso de acogimiento residencial y del resto de la poblaci髇 residencial atendida en dicho recurso.
  • b) Recibir visitas, bien en el propio recurso de acogimiento residencial, bien en otros lugares que se determinen, a tal efecto, de su familia de origen, otros parientes y personas allegadas o significativas, siempre y cuando ello no resulte contrario a su inter閟 superior.
  • c) Ver respetada su intimidad y privacidad, as como la inviolabilidad de su correspondencia y el derecho a recibir y hacer llamadas telef髇icas en privado, salvo que pongan en riesgo su integridad o protecci髇.
  • d) Conservar sus pertenencias individuales en el recurso de acogimiento residencial, siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.
  • e) Participar en la elaboraci髇 o modificaci髇 de las normas de convivencia contenidas en el reglamento de r間imen interno del recurso de acogimiento residencial, as como en la programaci髇 y el desarrollo de sus actividades.
  • f) Participar en las evaluaciones y los procedimientos de inspecci髇 de los que sea objeto el recurso de acogimiento residencial.
  • g) Ser informadas, en formato accesible y en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y les sea f醕ilmente comprensible, y adaptado en funci髇 de su edad, capacidad de entendimiento y dem醩 circunstancias personales, para lo cual se recabar el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario, de los procedimientos de reclamaci髇 existentes en el recurso de acogimiento residencial, as como de la posibilidad de manifestar una queja ante el Ministerio Fiscal, los servicios de inspecci髇 o la propia diputaci髇 foral.
  • h) Ser escuchadas en caso de queja y ser informadas de todos los sistemas de atenci髇 y reclamaci髇 que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la diputaci髇 foral.
  • i) Permanecer junto a sus hermanos o hermanas en el mismo recurso de acogimiento residencial, siempre que se encuentren tambi閚 bajo una medida de acogimiento residencial y no sea contrario a su inter閟 superior o al de alguno o alguna de sus hermanos o hermanas.

4.– Los derechos establecidos en el presente art韈ulo podr醤 ser ampliados o concretados en el marco del desarrollo reglamentario que realice el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, respecto de las medidas de protecci髇 consistentes en el acogimiento familiar y residencial.

Art韈ulo 210.– Deberes de las personas menores de edad en acogimiento

1.– Las personas menores de edad en acogimiento familiar tendr醤 los siguientes deberes:

  • a) Obedecer a las familias o personas acogedoras mientras permanezcan bajo su cuidado y guarda, y respetarlas siempre.
  • b) Participar en la vida familiar de las familias o personas acogedoras, respetando a estas, a sus hijos o hijas, as como a otros familiares.
  • c) Participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizaci髇 de las tareas dom閟ticas, de acuerdo con su edad, con su nivel de autonom韆 personal y capacidad, y con independencia de su sexo.
  • d) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de las familias o personas acogedoras, de sus familiares o cualesquiera otras personas que convivan en el domicilio familiar, sin ning鷑 tipo de discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, edad, origen racial o 閠nico, sexo, estado civil, orientaci髇 sexual, aptitud f韘ica o ps韖uica, estado de salud, lengua, cultura, religi髇, creencia, ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal, econ髆ica o social.
  • e) Asistir a las citas de apoyo o atenci髇 t閏nica especializada y seguimiento fijadas por la diputaci髇 foral.
  • f) Someterse a las pruebas y a los reconocimientos m閐icos que sean precisos, en garant韆 del derecho a la salud de la propia persona menor de edad, de las familias o personas acogedoras, de los hijos o las hijas de estas, as como de otros familiares o personas que convivan en el hogar familiar.
  • g) Conservar y hacer un buen uso del domicilio familiar, el mobiliario y los enseres en general, de acuerdo con su naturaleza y para los fines a los que est醤 dedicados, y mantenerlos en condiciones adecuadas para su utilizaci髇.
  • h) Respetar las pertenencias y efectos personales de todas las personas que integren la unidad familiar de las familias o personas acogedoras y que convivan en el domicilio familiar.
  • i) Respetar el derecho a la privacidad de las familias o personas acogedoras y guardar confidencialidad de los datos que conozcan de las mismas.
  • j) No facilitar el acceso al domicilio familiar a personas ajenas a 閘 sin autorizaci髇 de la familia.
  • k) Todos los deberes relativos al 醡bito escolar o social previstos en la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor.
  • l) Los restantes deberes establecidos en la legislaci髇 civil y que les resulten de aplicaci髇 expresa.

2.– Las personas menores de edad en acogimiento residencial tendr醤 los siguientes deberes:

  • a) Respetar la dignidad de cuantas personas trabajen o residan en el recurso de acogimiento residencial.
  • b) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia del recurso de acogimiento residencial.
  • c) Respetar las funciones que desarrolle el personal profesional del recurso de acogimiento residencial en el desempe駉 o ejercicio de su trabajo, as como las actividades que desarrollen tanto el personal profesional como la poblaci髇 residencial atendida, en el marco de las actividades programadas por el propio recurso.
  • d) Cumplir las medidas educativas correctoras impuestas, en la forma en que se determina en esta ley.
  • e) Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formaci髇.
  • f) Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, a los reconocimientos y pruebas m閐icas que sean precisos en garant韆 del derecho a la salud de la propia persona menor de edad y de las dem醩 personas que residan o trabajen en el recurso de acogimiento residencial.
  • g) Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de los medios o recursos materiales que se pongan a su disposici髇.

3.– Los deberes establecidos en el presente art韈ulo podr醤 ser ampliados o concretados en el marco del desarrollo reglamentario que realice el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, respecto de las medidas de protecci髇 consistentes en el acogimiento familiar y residencial.

Art韈ulo 211.– Profesional de referencia

1.– Cuando una persona menor sea declarada en situaci髇 de desamparo o en guarda se le asignar una persona profesional de referencia, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atenci髇 y la coordinaci髇, la integridad y la continuidad del proceso de intervenci髇 y valoraci髇 del expediente individual de protecci髇.

2.– En todo caso, la persona profesional de referencia deber formar parte del equipo t閏nico, de car醕ter multidisciplinar y especializado, del servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, responsable del expediente individual de protecci髇, y ser el referente de la persona menor de edad hasta el cese de la medida de protecci髇.

3.– La modificaci髇 de la medida de protecci髇 conllevar, cuando se considere adecuado al inter閟 superior de la persona menor de edad, un cambio de la persona profesional de referencia, en cuyo caso deber醤 articularse mecanismos que aseguren un trasvase adecuado y fluido de la informaci髇 entre la persona profesional de referencia de la medida que cesa y la de la nueva medida que se haya adoptado, con el fin de garantizar la transici髇 entre medidas y la coherencia de los itinerarios de atenci髇, y no perjudicar la continuidad del proceso de intervenci髇.

Art韈ulo 212.– Principios de aplicaci髇 de las medidas de protecci髇

1.– La aplicaci髇 de cualquiera de las medidas del sistema de protecci髇 deber ajustarse a los principios de actuaci髇 que, con car醕ter espec韋ico, se establecen en el art韈ulo 161 de esta ley.

2.– Con car醕ter general, cuando las diputaciones forales asuman la guarda en alguno de los supuestos se馻lados en el art韈ulo 201 de esta ley adoptar醤 preferentemente, al objeto de garantizar la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad, una medida de acogimiento familiar o, si no es esta posible o conveniente para el inter閟 de la persona protegida, lo har醤 mediante una medida de acogimiento residencial.

3.– En el caso de los ni駉s y ni馻s menores de seis a駉s se tendr醤 en cuenta los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 197 de esta ley respecto al acogimiento familiar y residencial.

4.– Salvo que el inter閟 superior de la persona protegida aconseje otra cosa y as se contemple de forma debidamente motivada, en la resoluci髇 que se dicte al respecto se mantendr unidos a los hermanos y hermanas, ya sean de 鷑ico o de doble v韓culo, en las medidas de protecci髇 que se adopten, tanto durante el tiempo que asuma su guarda la diputaci髇 foral competente como a su finalizaci髇, por reunificaci髇 familiar o por delegaci髇 de su guarda con fines de adopci髇.

5.– En el caso de que no resulte posible mantener unidos a los hermanos y hermanas se procurar el mantenimiento de alguna forma de relaci髇 o contacto entre ellos o ellas a trav閟 de visitas o comunicaciones.

6.– En las decisiones acerca de los grupos de hermanos y hermanas, adem醩 de los criterios generales de interpretaci髇 y ponderaci髇 del inter閟 superior de la persona menor de edad se tendr醤 en cuenta las necesidades derivadas de su distinto momento evolutivo, la naturaleza de su relaci髇, la vinculaci髇 preexistente y que la medida que se adopte no limite las posibilidades de desarrollo futuro de ninguno de ellos.

7.– En los casos en los que la ni馻 o adolescente protegida est embarazada, deber garantizarse que el inter閟 superior de la madre menor de edad y el del hijo o de la hija sean valorados y ponderados de forma independiente y que, en las medidas que se adopten respecto a cada una de ellas prime su inter閟 particular, por lo que prevalecer que la madre y su hijo o su hija permanezcan juntas. A tal efecto, el plan individualizado de protecci髇 que se elabore deber tener en cuenta estas circunstancias y la protecci髇 del reci閚 nacido o de la reci閚 nacida.

8.– Asimismo, las diputaciones forales proporcionar醤 a la ni馻 o adolescente embarazada el asesoramiento adecuado a su situaci髇 y adoptar醤 las medidas de apoyo y atenci髇 especializada que resulten necesarias para procurar la permanencia de la madre con su hijo o hija, as como para garantizar la protecci髇 de ambas.

Art韈ulo 213.– Plan individualizado de protecci髇

1.– Cuando las diputaciones forales asuman la tutela o la guarda de una persona menor, el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia elaborar un plan individualizado de protecci髇, adecuado a las necesidades particulares detectadas. Dicho plan establecer los objetivos, la previsi髇 y el plazo de las medidas de intervenci髇 a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegraci髇 familiar.

2.– Si la persona protegida presenta necesidades especiales o alguna discapacidad, deber garantizarse la continuidad de los apoyos especializados que venga recibiendo o la adopci髇 de otros que se consideren m醩 adecuados para sus necesidades.

3.– El objetivo del plan individualizado de protecci髇 ser la reunificaci髇 familiar, siempre que sea previsible que, en un plazo m醲imo de dos a駉s, la familia de origen pueda encontrarse en condiciones de desempe馻r adecuadamente las funciones propias de la tutela o la patria potestad.

4.– A tal efecto, las diputaciones forales podr醤 articular, para la familia de origen, un servicio de intervenci髇 familiar, con el fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar o de relaci髇, con vistas a procurar una reintegraci髇 efectiva de la persona menor en su hogar familiar.

5.– Cuando el objetivo sea la reunificaci髇 familiar, la diputaci髇 foral competente elaborar un programa de reunificaci髇 familiar que formar parte del plan individualizado de protecci髇. Dicho programa incluir un seguimiento de apoyo y formaci髇 a la familia y a la persona menor en todos los 醡bitos que garanticen el desarrollo evolutivo de la relaci髇 filio-parental y el adecuado desempe駉 de los deberes y de las responsabilidades parentales durante dos a駉s inmediatamente posteriores al cese de la medida.

6.– En el caso de que la familia biol骻ica cambie de localidad se podr contar con la colaboraci髇 de los servicios sociales municipales m醩 pr髕imos al nuevo lugar de residencia de la persona menor para garantizar la adecuada implementaci髇 y seguimiento de las medidas oportunas, y garantizar la coherencia de los itinerarios de atenci髇 y la coordinaci髇, la integridad y la continuidad del proceso de intervenci髇.

7.– Cuando no se estime posible la reunificaci髇 familiar o cuando esta requiera de una intervenci髇 tan prolongada que comprometa el adecuado desarrollo evolutivo de la persona menor de edad protegida, el objetivo ser la integraci髇 estable en una familia alternativa.

8.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y en consonancia con la obligatoriedad de primar las medidas consensuadas frente a las impuestas, se podr incluir a la persona menor de edad protegida en un programa de preparaci髇 para la vida independiente u otro recurso de acogimiento residencial en aquellos casos en los que, una vez o韉a y escuchada la persona menor de edad y valoradas sus necesidades espec韋icas y caracter韘ticas familiares, personales y sociales particulares, as como la voluntad que haya expresado, la madurez y su proceso evolutivo, la identidad familiar y dem醩 circunstancias de la persona protegida, resulte m醩 favorable a su inter閟 superior.

9.– Cuando las personas destinatarias del plan individualizado sean menores migrantes sin referentes familiares se procurar la b鷖queda de su familia de origen y el restablecimiento de la convivencia familiar, y se iniciar el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inter閟 superior y no les coloque a ellas o a su familia en una situaci髇 que ponga en riesgo su integridad o su seguridad.

Art韈ulo 214.– Revisi髇 del plan individualizado de protecci髇

1.– El plan individualizado de protecci髇 ser evaluado y revisado al menos cada seis meses, de manera que pueda valorarse el progreso respecto de su objetivo y la conveniencia de mantenerlo o modificarlo, as como la adecuaci髇 de las medidas adoptadas al inter閟 de la persona menor protegida.

2.– No obstante, cuando se haya adoptado la medida de acogimiento familiar permanente, el plazo entre revisiones podr ser de un a駉 a partir de la segunda revisi髇.

3.– En el caso de los ni駉s o ni馻s menores de tres a駉s, las medidas no permanentes se revisar醤 al menos cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar醤 cada seis meses. En los acogimientos familiares permanentes, la revisi髇 se realizar cada seis meses el primer a駉, y cada doce meses a partir del segundo a駉.

4.– Con car醕ter general, se revisar trimestralmente el plan individualizado de protecci髇 de las personas en acogimiento residencial en centros espec韋icos para problemas graves de conducta, y sin perjuicio de la posibilidad de que mediante resoluci髇 judicial se determine una periodicidad diferente.

5.– La diputaci髇 foral competente remitir al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situaci髇 de una persona menor cuando esta se haya encontrado en acogimiento residencial o en acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos a駉s, y deber justificar las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de car醕ter m醩 estable en ese intervalo de tiempo.

Art韈ulo 215.– Delegaci髇 de guarda para estancias, salidas y vacaciones

1.– En relaci髇 con las personas menores de edad en acogimiento familiar o residencial, con el fin de apoyar en su labor a la familia o persona acogedora, de favorecer la inclusi髇 social y el desarrollo de la persona menor, o cuando sea conveniente a su inter閟 superior por otras razones, la diputaci髇 foral que ejerza la tutela o haya asumido la guarda podr acordar la delegaci髇 de guarda para estancias, salidas de fines de semana o vacaciones.

2.– Las personas con las que la persona menor realice salidas peri骴icas deber醤 reunir los criterios de adecuaci髇 espec韋icos que hayan sido previstos, a tal efecto, por cada una de las diputaciones forales, con el fin de garantizar que est醤 en condiciones de proporcionar un apoyo adecuado a las necesidades espec韋icas y particulares de la persona menor de edad.

Art韈ulo 216.– Delegaci髇 de guarda para estancias con familia extensa o ajena allegada

1.– En aquellos casos en los que la diputaci髇 foral ostente la tutela de una persona menor de edad respecto de quien no se hayan adoptado medidas espec韋icas para el ejercicio de la guarda, bajo la modalidad de acogimiento familiar o residencial, y existan personas dentro de la propia familia extensa de la persona menor de edad, o, en su caso, personas o familias allegadas a ella que se hayan ofrecido para el acogimiento familiar, la diputaci髇 foral podr acordar la delegaci髇 de guarda con car醕ter provisional para estancia con dicha familia, en tanto en cuanto se realiza el proceso de estudio y valoraci髇 psicosocial de su adecuaci髇. Antes de procederse a la delegaci髇 de guarda deber o韗se a la persona menor de edad, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s.

2.– La delegaci髇 de guarda para estancia con la familia que se haya ofrecido para el acogimiento familiar deber formalizarse mediante resoluci髇 administrativa dictada por el 髍gano de la diputaci髇 foral competente para acordar la medida de acogimiento familiar. Asimismo, la citada resoluci髇 deber detallar los t閞minos de la delegaci髇 de guarda para estancia, as como toda la informaci髇 que se estime necesaria para asegurar y garantizar el bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de la persona menor de edad, y, en especial, de todas las medidas de car醕ter restrictivo del ejercicio de la guarda.

3.– La medida de delegaci髇 de guarda para estancia con la familia se prolongar durante el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, no podr exceder de seis meses, sin posibilidad alguna de pr髍roga.

4.– La resoluci髇 administrativa se notificar al Ministerio Fiscal y a las representantes y los representantes legales de la persona menor de edad, siempre y cuando no hayan sido privadas o privados del ejercicio de la patria potestad o removidas o removidos del ejercicio de la tutela.

5.– En todo caso, si la resoluci髇 de la solicitud de ofrecimiento y declaraci髇 de la adecuaci髇 es desestimatoria y se ha rechazado la adecuaci髇 de las personas a quienes se les haya delegado el ejercicio de la guarda para estancia, se proceder al cese de la delegaci髇 de guarda y se adoptar la medida de protecci髇 que resulte m醩 adecuada para garantizar el inter閟 superior de la persona menor de edad.

Art韈ulo 217.– Relaciones con familiares y personas allegadas

1.– Para preservar el derecho de la persona declarada en situaci髇 de desamparo o bajo alguna modalidad de guarda a relacionarse con su padre y su madre, o, en su caso, con las personas que ejerzan su tutela o guarda, con sus abuelos y abuelas, o con otros familiares, parientes o personas allegadas y garantizar la conservaci髇 de los v韓culos afectivos de la persona menor de edad, la diputaci髇 foral competente establecer, mediante resoluci髇 administrativa, el r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia.

2.– A los fines anteriores, se escuchar a la persona protegida y se tendr醤 en cuenta, adem醩 de los criterios generales de interpretaci髇 y ponderaci髇 de su inter閟 superior, su voluntad, deseos y preferencias, las caracter韘ticas de la relaci髇 y las consecuencias psicol骻icas directas, afectivas y emocionales, que puedan tener para ella las visitas, los contactos o su ausencia, y los objetivos previstos en el plan individualizado de protecci髇.

Todo ello, a fin de que el r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia que se establezca no resulte contrario o perjudique su bienestar o su normal desarrollo f韘ico o psicol骻ico, su integraci髇 personal, familiar, social o educativa u obstaculice la acci髇 protectora desarrollada, de manera que la relaci髇 se intensifique a medida que se progresa hacia la reunificaci髇 familiar y se limite o suspenda cuando interfiera en la integraci髇 estable en una familia alternativa en funci髇 de las necesidades y caracter韘ticas de las personas menores.

3.– En todo caso, la posibilidad de establecer un r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia deber sujetarse, necesariamente, a los l韒ites establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del art韈ulo 29 de esta ley.

4.– Cuando la diputaci髇 foral ejerza la guarda voluntaria prevista en el art韈ulo 202 de esta ley, las visitas, comunicaciones o estancia de la persona menor de edad con sus representantes legales podr醤 llevarse a cabo sin sujeci髇 a un r間imen predeterminado, y sin perjuicio de que pueda regularlas. En tal caso, la regulaci髇 se har en la forma prevista en el apartado 1 de este art韈ulo.

5.– En aquellos casos en los que no haya sido posible mantener unido a un grupo de hermanos y hermanas, pero la continuidad de su relaci髇 no sea perjudicial, se adoptar醤 las medidas necesarias para que mantengan un contacto adecuado, en frecuencia e intensidad, para preservar y potenciar el v韓culo preexistente. En el mismo sentido, y de forma especial, deber醤 adoptarse las medidas necesarias para asegurar y favorecer las relaciones entre la persona menor de edad con sus abuelos y abuelas.

Art韈ulo 218.– Relaciones con personas voluntarias

1.– Las diputaciones forales podr醤 acordar, en el marco de la promoci髇 del voluntariado y la solidaridad social, y en relaci髇 con las personas menores de edad en acogimiento familiar o residencial, las relaciones interpersonales de car醕ter ocasional con personas voluntarias que desarrollen su labor en las organizaciones de voluntariado con las que previamente se hayan celebrado convenios de colaboraci髇. No se admitir, en ning鷑 caso, la colaboraci髇 de car醕ter individual.

2.– Las personas voluntarias que colaboren en recursos de acogimiento residencial deber醤 reunir los requisitos previstos en la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, y su actuaci髇 deber ser de colaboraci髇 con las personas profesionales, al objeto de enriquecer su proceso formativo. No podr醤, en ning鷑 caso, complementar o sustituir las funciones atribuidas, en el marco del ejercicio de la guarda, a la familia acogedora o al equipo educativo del recurso de acogimiento residencial en el que se lleve a cabo la guarda de la persona menor de edad.

3.– Las personas voluntarias deber醤 realizar las tareas de cuidado de las personas menores de edad durante el tiempo que est閚 con ellas, y, asociado a las tareas de cuidado, deber醤 procurar alcanzar los siguientes objetivos con las acciones que desarrollen con las personas menores:

  • a) La integraci髇 normalizada de las personas menores de edad en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.
  • b) La adquisici髇 de habilidades para el desarrollo en el entorno comunitario y de habilidades en relaciones interpersonales.
  • c) El desarrollo de la capacidad de adaptaci髇 a un nuevo entorno, en previsi髇 de necesidades futuras.

Art韈ulo 219.– Transiciones de entorno de convivencia

1.– Las variaciones de medidas o de la forma de ejercicio de la guarda que impliquen un cambio de entorno de convivencia de la persona menor se llevar醤 a cabo de acuerdo con una programaci髇 individualizada de dicha transici髇 adaptada a su desarrollo evolutivo, salvo que su inter閟 superior requiera de una actuaci髇 urgente debidamente justificada.

2.– En la planificaci髇 de la transici髇 se escuchar y preparar a la persona menor y a las familias o instituciones implicadas. En ese marco, tanto quienes cedan la guarda como quienes la reciban deber醤 colaborar en la ejecuci髇 e implementaci髇 del plan de transici髇 que se haya adoptado por la diputaci髇 foral competente.

3.– La transici髇 se llevar a cabo mediante contactos graduales o con el acompa馻miento de una persona que aporte seguridad emocional a la persona menor. Se deber prestar especial atenci髇 en las transiciones de ni駉s y ni馻s de entre cero y dos a駉s a sus circunstancias particulares, personales, familiares y sociales, as como a su desarrollo evolutivo, por las consecuencias psicol骻icas que pueden tener.

4.– A fin de preservar el sentido de continuidad biogr醘ica y favorecer el desarrollo de su identidad, las personas menores tendr醤 derecho a llevar consigo fotograf韆s, recuerdos, pertenencias y objetos personales. Se les deber entregar un libro de vida, en el que se recoger la informaci髇 y los documentos e im醙enes esenciales de su historia personal, en aquellas transiciones que puedan suponer un hito biogr醘ico importante.

5.– Salvo que el inter閟 superior de la persona menor de edad aconseje otra cosa, dentro de la planificaci髇 de la transici髇 se establecer un r間imen de visitas o comunicaci髇 para la familia de acogida que finaliza la guarda a fin de prevenir las consecuencias que de una ruptura abrupta con dicho v韓culo puedan derivarse, as como la seguridad para el establecimiento del nuevo v韓culo con la familia del nuevo entorno.

Art韈ulo 220.– Reintegraci髇 familiar

1.– Para acordar el retorno de la persona menor desamparada a su familia de origen ser imprescindible, en primer lugar, contar con la opini髇 favorable de la persona menor y que se haya comprobado una evoluci髇 positiva de dicha familia, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los v韓culos, que concurra el prop髎ito de desempe馻r las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para la persona menor.

2.– Asimismo, y con car醕ter complementario a lo dispuesto en el apartado anterior, en relaci髇 con las personas menores de edad en acogimiento familiar deber ponderarse, en la toma de decisi髇 sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integraci髇 en la familia de acogida y su entorno, as como el desarrollo de v韓culos afectivos con dicha familia.

3.– En el caso de las personas menores de edad extranjeras sin referentes familiares se procurar la b鷖queda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inter閟 superior y no coloque a la persona protegida ni a su familia en una situaci髇 que ponga en riesgo su seguridad.

4.– A fin de comprobar que se dan las condiciones adecuadas para proceder a la reintegraci髇 en la familia de origen de la persona menor de edad, y con car醕ter previo a la elaboraci髇, por el equipo t閏nico de la diputaci髇 foral competente, del informe en el que se determine el cese de la medida de protecci髇 que se haya adoptado y la propuesta de reintegraci髇 familiar, se podr recabar, en aquellos casos en los que se considere necesario, un informe t閏nico de los servicios sociales del municipio de residencia de la familia de origen.

5.– Acreditada la concurrencia de las condiciones adecuadas para posibilitar la reintegraci髇 de la persona menor de edad en la familia de origen, se iniciar un proceso encaminado a culminar dicha integraci髇 tanto con la familia de origen como con la persona menor.

Art韈ulo 221.– Seguimiento posterior a la reintegraci髇 familiar

1.– Adoptada la resoluci髇 de reintegraci髇 familiar, las diputaciones forales deber醤 realizar un seguimiento posterior acerca del desarrollo y transcurso del proceso de reintegraci髇, y, en su caso, intervendr醤 con la propia familia. Deber醤 prestarle los apoyos que resulten necesarios, durante el periodo de tiempo que se estime conveniente, y que, como m韓imo, ser de seis meses desde el cese de la medida de protecci髇 o, en su caso, de la revocaci髇 de la declaraci髇 de desamparo.

2.– En el caso de que, con posterioridad a haberse realizado el seguimiento de la reintegraci髇 familiar y haberse intervenido con la propia familia, la diputaci髇 foral competente valore que la familia requiere servicios de apoyo de competencia municipal, proceder a su derivaci髇 a los servicios sociales municipales, siempre y cuando el seguimiento de la intervenci髇 realizada re鷑a alguno de los siguientes requisitos:

  • a) El seguimiento posterior de la reintegraci髇 familiar y la intervenci髇 con la familia, por parte del servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, se ha desarrollado durante un periodo m韓imo de un a駉.
  • b) La disminuci髇 del nivel de gravedad y los cambios conseguidos en la familia respecto al cuidado de la persona menor y el desempe駉 adecuado de las responsabilidades parentales se han mostrado consolidados y estables durante un per韔do m韓imo de cuatro meses. A tal efecto, el periodo de cuatro meses puede estar incluido en el per韔do m韓imo de intervenci髇 de seis meses exigido en el apartado 1.
  • c) En el caso de que la reintegraci髇 familiar se haya producido con posterioridad a una separaci髇 temporal, el servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia ha realizado un seguimiento de la situaci髇 de la persona menor en el domicilio familiar durante un periodo de al menos seis meses y se ha constatado en ese tiempo los siguientes aspectos: la ausencia y no reaparici髇 de las circunstancias que dieron lugar a la situaci髇 de desamparo, la no concurrencia de indicadores de riesgo grave, y la consolidaci髇 y estabilidad de los cambios y avances conseguidos en el entorno familiar.

3.– Cuando se valore que el nivel de gravedad de la situaci髇 de desprotecci髇 ha disminuido y la familia no precisa de servicios de apoyo de competencia municipal, pero s un seguimiento adicional, se proceder a la derivaci髇 del caso a los servicios sociales municipales a trav閟 del correspondiente informe t閏nico, en el que deber醤 detallarse, como m韓imo, los siguientes extremos:

  • a) El seguimiento e intervenci髇 realizados, precis醤dose los servicios de apoyo que, en su caso, se le hayan prestado.
  • b) La situaci髇 actual de la familia y de la persona menor de edad.
  • c) La justificaci髇 del nivel de gravedad asignado.

4.– La intervenci髇 con la familia posterior a la reunificaci髇 familiar no ser preceptiva cuando la reunificaci髇 se produzca por el cese de la guarda provisional, cuando, valoradas las circunstancias particulares concurrentes del caso, la diputaci髇 foral competente no haya estimado necesario asumir la tutela, y, en coherencia con ello, no se haya declarado la situaci髇 de desamparo ni haya constatado cualesquiera otras razones que justifiquen adoptar una medida de protecci髇.

Art韈ulo 222.– Preparaci髇 para la vida independiente

1.– Las diputaciones forales ofrecer醤 programas de preparaci髇 a la vida independiente dirigidos a adolescentes a partir de diecis閕s a駉s que est閚 bajo su tutela o su guarda, con independencia de que se encuentren en acogimiento familiar o residencial, y, particularmente, respecto de quienes carezcan de apoyos familiares adecuados o presenten circunstancias de especial vulnerabilidad.

2.– Asimismo, podr醤 acceder a los programas de preparaci髇 a la vida independiente quienes, habiendo alcanzado la mayor韆 de edad, est閚 en esa situaci髇 de especial vulnerabilidad o de riesgo de exclusi髇, con programas que respondan a sus necesidades espec韋icas y que tengan una visi髇 intersectorial, hasta que est閚 en condiciones de llevar una vida aut髇oma, re鷑an los requisitos legalmente previstos para acceder a la renta de garant韆 de ingresos o, a lo sumo, hasta la edad de veintitr閟 a駉s.

3.– La participaci髇 en estos programas ser voluntaria y estar condicionada a que la persona asuma un compromiso de participaci髇 activa y aprovechamiento.

4.– Estos programas deber醤 propiciar:

  • a) El acompa馻miento socioeducativo y, en su caso, el apoyo psicol骻ico o psicosocial dirigido a potenciar la autonom韆 personal y social.
  • b) La inserci髇 sociolaboral mediante la orientaci髇 y formaci髇, as como el acompa馻miento laboral y el fomento del empleo.
  • c) El alojamiento, que podr ofrecerse, en los t閞minos en que se establezca reglamentariamente, en un recurso de acogimiento residencial de la red de protecci髇 espec韋icamente destinado a la aplicaci髇 de programas de emancipaci髇; en un alojamiento de la red para la inclusi髇 social, siempre que la persona ya haya alcanzado la mayor韆 de edad; o en el domicilio de la familia acogedora, siempre y cuando, una vez cesado el acogimiento familiar por cumplimiento de la mayor韆 de edad de la persona protegida, esta haya continuado conviviendo en la unidad familiar.
  • d) El acceso a ayudas o prestaciones econ髆icas a las que puedan tener derecho.

5.– Las pol韙icas que desarrollen las administraciones p鷅licas vascas tendr醤 en cuenta las necesidades particulares de las personas j髒enes participantes en estos programas para la vida independiente, y les otorgar醤 prioridad para el acceso a la Educaci髇 Secundaria Posobligatoria y a la educaci髇 superior, a los programas de fomento del empleo y de inserci髇 sociolaboral, a las ayudas para el alquiler de viviendas y a cualquier otra prestaci髇 o ayuda p鷅lica que pueda contribuir al desarrollo de su independencia personal.

SECCI覰 5
ACCESO PREFERENTE A SERVICIOS

Art韈ulo 223.– Trato preferente en el 醡bito de la atenci髇 sanitaria

1.– Las personas menores sujetas a una medida de protecci髇 tendr醤 prioridad en la realizaci髇 de anal韙icas, estudios y pruebas facultativas establecidas en los protocolos sociales y sanitarios cuando dicha preferencia sea necesaria para evitar retrasos en la integraci髇 en la familia de acogida o en el centro de acogimiento residencial.

2.– Cuando est閚 hospitalizadas, el centro hospitalario, en coordinaci髇 con la familia o persona acogedora o con las personas profesionales del centro de acogimiento residencial del que provengan, garantizar los servicios de acompa馻miento y vigilancia que resulten necesarios, a fin de asegurar el inter閟 superior de la persona menor de edad.

3.– Las diputaciones forales trasladar醤 a las autoridades sanitarias competentes informaci髇 de personas menores en dicha situaci髇. Se deber identificar en el sistema inform醫ico de la red sanitaria a las personas menores de edad afectadas con un distintivo diferenciador.

4.– La familia o persona acogedora o guardadora, debidamente autorizada por la diputaci髇 foral competente, dispondr de la informaci髇 sanitaria precisa sobre la persona menor en acogimiento. Deber醤 adoptarse, en caso de ser necesario, las medidas oportunas para preservar su identidad y las condiciones de seguridad de dicha familia.

5.– Las personas menores sujetas a una medida de protecci髇 tienen derecho a la gratuidad de todos los tratamientos farmacol骻icos necesarios para el restablecimiento de su salud f韘ica y mental.

6.– Las personas menores sujetas a una medida de protecci髇 que lo requieran recibir醤, con car醕ter preferente, la atenci髇 terap閡tica especializada y reparadora del 醨ea de salud mental, incluida la atenci髇 residencial si es necesaria en el 醡bito del sistema sanitario p鷅lico.

Art韈ulo 224.– Trato preferente en el 醡bito de la educaci髇

1.– El Gobierno Vasco, en el 醡bito de sus competencias en materia de educaci髇, garantizar:

  • a) La escolarizaci髇 ordinaria o en periodo tard韔 de las personas menores bajo la tutela o guarda de las diputaciones forales o, en su caso, de otras entidades p鷅licas de protecci髇 de menores, siempre y cuando residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco o procedan de un procedimiento de adopci髇.
  • b) La necesaria adaptaci髇 curricular y el recurso de adaptaci髇 lingstica para la atenci髇 educativa de las personas extranjeras menores de edad que se encuentren bajo la tutela o guarda de las diputaciones forales.
  • c) La prioridad y la gratuidad de los servicios complementarios de comedor escolar y actividades extraescolares del centro educativo para las personas menores que se encuentren bajo la tutela o guarda de la Administraci髇.

2.– Los servicios especializados del sistema educativo, en colaboraci髇 con la diputaci髇 foral, valorar醤 el proceso de integraci髇 de la persona menor y decidir醤, si se estima conveniente, el momento m醩 adecuado para su incorporaci髇 escolar. Deber considerarse, a efectos de una posible demora en el acceso, el tiempo que estas requieran para conseguir su estabilidad emocional y vinculaci髇 afectiva con la nueva familia o con el personal profesional del recurso residencial de protecci髇 de menores, as como su adaptaci髇 a la nueva situaci髇 social y personal.

3.– Las personas menores sujetas a una medida de protecci髇 ser醤 consideradas alumnado con necesidades espec韋icas de apoyo educativo. Esta misma consideraci髇 se har extensiva a las personas menores de edad que hayan sido adoptadas, durante el tiempo que se requiera, en funci髇 de sus necesidades y ateniendo a su inter閟 superior.

4.– Los servicios especializados del sistema educativo, en colaboraci髇 con la diputaci髇 foral, realizar醤 la evaluaci髇 psicopedag骻ica de las personas menores sujetas a una medida de protecci髇, a fin de determinar las medidas de atenci髇 educativa que precisen, as como la detecci髇 precoz y atenci髇 temprana de posibles alteraciones o trastornos de su desarrollo.

5.– La Administraci髇 educativa destinar recursos espec韋icos para apoyar la continuidad de los estudios de Educaci髇 Secundaria, Bachillerato, Formaci髇 Profesional y universitaria de quienes hayan estado bajo una medida de acogimiento familiar o residencial y que no dispongan de medios para ello. La Universidad del Pa韘 Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) les dar prioridad en el acceso a los recursos y ayudas de que disponga para la comunidad de estudiantes.

SECCI覰 6
ACOGIMIENTO FAMILIAR

Art韈ulo 225.– Definici髇 de acogimiento familiar

1.– El acogimiento familiar es la medida de protecci髇 de las personas menores que, con car醕ter administrativo o judicial, otorga la guarda de una persona menor a una persona o n鷆leo familiar adecuado a sus necesidades para ofrecerle un entorno afectivo de convivencia, y conlleva la plena participaci髇 de la persona menor en la vida de la familia acogedora.

2.– En su marco, la familia acogedora asume la obligaci髇 de velar por la persona menor acogida, tenerla en su compa耥a, atenderla, alimentarla, cuidarla y procurarle una formaci髇 integral, a fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia.

3.– Asimismo, las personas acogedoras tienen el derecho y el deber de colaborar con la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores; en particular, en las actuaciones que esta desarrolle para lograr la plena integraci髇 social de la persona menor acogida y facilitando, en su caso, las relaciones de esta con su familia de procedencia y las labores de seguimiento que la entidad p鷅lica desarrolle peri骴icamente.

4.– En todos los casos, la familia acogedora asume una funci髇 de colaboraci髇 con la Administraci髇 p鷅lica en el ejercicio de sus funciones de protecci髇.

Art韈ulo 226.– Modalidades de acogimiento familiar

1.– El acogimiento familiar se clasifica, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el art韈ulo 173 bis del C骴igo Civil, en funci髇 de su temporalidad y de los objetivos que se persiguen con el mismo, as como en funci髇 de la vinculaci髇 de la persona menor de edad con la familia acogedora y las caracter韘ticas que esta presente.

2.– Atendiendo a la duraci髇 y objetivos del acogimiento familiar, puede presentar las siguientes modalidades:

  • a) Acogimiento familiar de urgencia, dirigido principalmente a personas menores de seis a駉s, en tanto se decide la medida de protecci髇 familiar que corresponda. La duraci髇 de esta modalidad de acogimiento no podr superar, en ning鷑 caso, el plazo de seis meses.
  • b) Acogimiento familiar temporal, que tendr car醕ter transitorio, bien porque de la situaci髇 de la persona menor de edad se prevea la reintegraci髇 en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protecci髇 que revista un car醕ter m醩 estable, como el acogimiento familiar permanente o la adopci髇. La duraci髇 m醲ima de esta modalidad de acogimiento ser de dos a駉s, salvo que el inter閟 superior de la persona menor aconseje la pr髍roga de la medida por la previsible e inmediata reintegraci髇 familiar o la adopci髇 de otra medida de protecci髇 definitiva.
  • c) Acogimiento familiar permanente, que se constituir al finalizar el plazo de dos a駉s en acogimiento temporal, una vez constatada la imposibilidad de la reintegraci髇 familiar, o bien directamente en casos de personas menores de edad con necesidades especiales o cuando las circunstancias de la persona menor de edad y de su familia as lo aconsejen. Las diputaciones forales podr醤 solicitar al juez o a la jueza que atribuya a las personas o familias acogedoras permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempe駉 de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al inter閟 superior de la persona menor.

En los casos previstos en esta letra, la diputaci髇 foral competente remitir al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situaci髇 de una persona menor cuando esta se haya encontrado en acogimiento residencial o en acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos a駉s. Deber justificar las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de car醕ter m醩 estable en ese intervalo.

3.– Atendiendo a la vinculaci髇 de la persona menor de edad con la persona o familia acogedora y a las caracter韘ticas que presenten las mismas, el acogimiento podr tener lugar bajo las siguientes modalidades:

  • a) En familia extensa de la persona menor, en aquellos casos en los que exista una relaci髇 de parentesco entre la familia o las personas acogedoras y la persona menor de edad.
  • b) En familia ajena, que comprender todos aquellos supuestos no incluidos en la modalidad de acogimiento en familia extensa.

4.– El acogimiento familiar podr ser especializado. A tal efecto, se considera acogimiento familiar especializado aquel que se desarrolla en una familia en la que al menos una de las personas que integran la unidad familiar dispone de cualificaci髇, experiencia o formaci髇 espec韋ica para desempe馻r esta funci髇 respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales, en los t閞minos establecidos reglamentariamente.

5.– El acogimiento familiar especializado conllevar la obligaci髇 para la persona o personas acogedoras de desempe馻r dicha funci髇 con plena disponibilidad y percibiendo por ello de la diputaci髇 foral la correspondiente compensaci髇 y, en su caso, ayuda econ髆ica que haya sido establecida al efecto, en atenci髇 a las circunstancias concretas en que debe desarrollarse el acogimiento, as como el apoyo t閏nico que precise.

6.– Asimismo, el acogimiento familiar especializado podr ser de dedicaci髇 exclusiva, cuando as se determine, motivadamente, por la diputaci髇 foral, por raz髇 de las necesidades o circunstancias especiales que requiera o presente la persona menor en situaci髇 de ser acogida. En tal caso, la persona o personas designadas como acogedoras percibir醤 una compensaci髇 en atenci髇 a dicha dedicaci髇, en los t閞minos y con el alcance y las condiciones que reglamentariamente se determinen en el marco del r間imen correspondiente de la Seguridad Social; asimismo, deber醤 cumplir con los requisitos y el procedimiento de afiliaci髇, alta y cotizaci髇 previstos para el r間imen que les corresponda y resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 227.– Determinaci髇 de la modalidad de acogimiento familiar

1.– El acogimiento familiar se llevar a cabo en aquella modalidad que mejor responda al inter閟 de la persona protegida, teniendo en cuenta sus especiales necesidades o circunstancias y los objetivos establecidos en el plan individualizado de protecci髇.

2.– Cuando a鷑 no se haya podido establecer dicho objetivo se optar preferentemente por el acogimiento familiar de urgencia.

Art韈ulo 228.– Adecuaci髇 de las familias acogedoras

1.– Se entiende por adecuaci髇 para el desarrollo de una medida de acogimiento familiar la aptitud, capacidad y motivaci髇 adecuadas para ejercer las responsabilidades inherentes a la guarda, cubrir las necesidades de la persona menor de edad y procurarle una atenci髇 y formaci髇 integral en un entorno afectivo, atendiendo siempre a las necesidades e inter閟 superior de la persona menor, as como para asumir las consecuencias, peculiaridades y responsabilidades que conlleva la medida de acogimiento familiar y que le permitan ofrecer a la persona menor de edad la estabilidad, el afecto, la estimulaci髇, el cuidado y el respeto a sus se馻s de identidad que le permitan un desarrollo integral.

2.– La valoraci髇 psicosocial de la adecuaci髇 de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento de personas menores de edad se realizar, en todo caso, primando el inter閟 superior de la persona menor sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pudiera concurrir.

3.– Los requisitos de adecuaci髇 para el acogimiento familiar se establecer醤 reglamentariamente.

Art韈ulo 229.– Formalizaci髇 del acogimiento familiar

1.– La constituci髇 de la medida de acogimiento familiar se formalizar por resoluci髇 administrativa de la diputaci髇 foral que tenga la tutela o la guarda de la persona menor de edad, previa valoraci髇 de la adecuaci髇 de la familia para el acogimiento, de acuerdo con el procedimiento espec韋ico definido reglamentariamente.

2.– Cuando el tipo de acogimiento as lo aconseje se valorar la adecuaci髇 de la edad de las personas acogedoras con la de la persona menor acogida, as como la relaci髇 previa entre ellas, priorizando, salvo que el inter閟 de esta 鷏timo aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, re鷑an condiciones adecuadas para el acogimiento.

3.– La resoluci髇 de formalizaci髇 del acogimiento familiar a que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo se acompa馻r de un documento anexo que incluir, en todo caso, los extremos que se determinen reglamentariamente.

Art韈ulo 230.– Medidas de apoyo al acogimiento familiar

1.– La diputaci髇 foral deber proporcionar a las personas o familias acogedoras, a la persona menor de edad –en especial, finalizada la vigencia de la medida de acogimiento familiar por haber alcanzado la mayor韆 de edad– y a la propia familia de origen, con car醕ter previo a la formalizaci髇 de la medida de acogimiento familiar adoptada, durante toda la duraci髇 de la misma y a su t閞mino, medidas, programas, recursos o servicios de asesoramiento, formaci髇, orientaci髇 y apoyo y atenci髇 t閏nica especializada, cuando la misma resulte necesaria en atenci髇 al inter閟 superior de la persona menor. Asimismo, podr ofrecer compensaciones y ayudas econ髆icas o de otro tipo, en los t閞minos que determine en cada caso que corresponda.

2.– Dichas medidas deber醤 hacer especial hincapi en ofrecer a las personas o familias acogedoras, a la persona menor de edad y a la propia familia de origen, con car醕ter previo a la formalizaci髇 de la medida de acogimiento, la formaci髇 necesaria que les permita comprender los deberes, obligaciones y responsabilidades que asumen, as como afrontar las dificultades e implicaciones del acogimiento, prepar醤dolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades respecto de la persona menor de edad acogida.

Art韈ulo 231.– Seguimiento del acogimiento familiar

1.– El seguimiento de la medida de acogimiento familiar adoptada tiene como finalidad:

  • a) Asegurar que la persona menor de edad acogida se encuentra bien atendida y cuidada, que tiene cubiertas sus necesidades b醩icas diarias y que se le garantiza el ejercicio no solo de sus derechos, sino tambi閚 de sus deberes.
  • b) Garantizar que la persona o familia acogedora est capacitada para cubrir las necesidades materiales y psicol骻icas de la persona menor y ofrecerle estabilidad.

2.– El seguimiento, que no concluir en tanto no lo haga la medida de acogimiento familiar que haya sido adoptada, tendr la periodicidad prevista en el plan individualizado de protecci髇, que vendr determinada por las necesidades de cada caso. No obstante, la periodicidad podr ser modificada en aquellas situaciones que se establezcan reglamentariamente.

Art韈ulo 232.– Cese del acogimiento familiar

1.– El cese de la medida de acogimiento familiar podr tener lugar, siempre previa resoluci髇 dictada al efecto, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que se considere necesario para salvaguardar el inter閟 superior de la persona menor, por considerarse m醩 adecuado a su situaci髇.
  • b) Que el inter閟 superior de la persona menor aconseje la adopci髇 de otra medida de protecci髇 m醩 estable o definitiva.
  • c) Que concurra un incumplimiento grave o reiterado de los compromisos, deberes y obligaciones que ha adquirido la persona o familia acogedora.
  • d) Que sea propuesto por el Ministerio Fiscal.
  • e) Que se solicite por la propia persona o familia acogedora, por la persona menor de edad acogida, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, o por sus representantes legales, siempre y cuando no se les haya removido la tutela y se consideren en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 172.2 del C骴igo Civil. En este 鷏timo caso corresponder a la diputaci髇 foral verificar, previamente, que han cambiado las circunstancias que motivaron la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y que una posible reintegraci髇 de la persona menor de edad a la familia de origen resulta beneficiosa para el inter閟 superior de la persona menor.
  • f) Que se advierta la falta de capacidad o motivaci髇 de la persona o familia acogedora para hacerse cargo de la persona menor de edad.
  • g) Que hayan transcurrido el periodo de suspensi髇 temporal de la medida de acogimiento familiar que se haya acordado, o, en su caso, el periodo m醲imo de seis meses previsto para la suspensi髇, y se constate la imposibilidad de reintegraci髇 de la persona menor de edad en el n鷆leo acogedor.
  • h) Por muerte, declaraci髇 de fallecimiento o reconocimiento de la incapacidad de la persona acogedora 鷑ica, que le imposibilite para el desempe駉 de los compromisos, deberes y obligaciones que ha adquirido respecto de la persona menor de edad.
  • i) Por conversi髇 de una modalidad de acogimiento familiar en otra distinta de las contempladas en el art韈ulo 226 de esta ley.
  • j) Por reintegraci髇 familiar.
  • k) Por ruptura de la convivencia o relaci髇 afectivo-sexual, como consecuencia de la separaci髇, el divorcio o la nulidad matrimonial, salvo que proceda una modificaci髇 de la medida de acogimiento familiar vigente que conlleve el ejercicio conjunto, con car醕ter compartido, de la guardia y custodia entre ambas personas integrantes de la pareja.
  • l) Por la no aceptaci髇, por la persona o familia acogedora, de las nuevas condiciones de la medida de acogimiento familiar, o la falta de comunicaci髇 sobre el consentimiento de dichas condiciones

2.– En todo caso, proceder el cese inmediato de la medida de acogimiento familiar por adopci髇 o constituci髇 de una tutela ordinaria sobre la persona menor de edad acogida, o por el cumplimiento de la mayor韆 de edad, la emancipaci髇, muerte o declaraci髇 de fallecimiento de la persona menor de edad acogida.

3.– El cese de la medida de acogimiento familiar, ya sea de oficio o a instancia de parte, exigir siempre resoluci髇 de la diputaci髇 foral. No obstante, no ser precisa resoluci髇 en el supuesto de que el cese de la medida de acogimiento familiar traiga su causa en la adopci髇 de la persona menor de edad acogida, la constituci髇 de una tutela ordinaria o el cumplimiento de la mayor韆 de edad de la persona acogida, en cuyo caso el cese se producir, con car醕ter autom醫ico, en la fecha en que concurran de forma efectiva dichas circunstancias.

SECCI覰 7
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Art韈ulo 233.– Definici髇 de acogimiento residencial

1.– El acogimiento residencial es una medida de protecci髇, de car醕ter administrativo o judicial, cuya finalidad es ofrecer una atenci髇 integral en un entorno residencial a personas menores cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia.

2.– En particular, el acogimiento residencial en recursos espec韋icos destinados a personas menores con problemas de conducta se realizar, exclusivamente, cuando no sea posible la intervenci髇 a trav閟 de otras medidas de protecci髇, y tendr como finalidad, fundamental y primordial, proporcionar a la persona menor un marco adecuado para su educaci髇, la normalizaci髇 de su conducta, su reintegraci髇 familiar cuando sea posible, y el libre y arm髇ico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas espec韋icos en el marco de un proyecto educativo.

3.– En todo caso, el ingreso de la persona menor de edad en los recursos espec韋icos dedicados a personas menores con problemas de conducta, y las medidas correctoras que se apliquen en los mismos para garantizar la convivencia y la seguridad, se utilizar醤 como 鷏timo recurso y tendr醤 siempre car醕ter educativo.

Art韈ulo 234.– Principios de actuaci髇 administrativa en el 醡bito del acogimiento residencial

1.– Con el fin de favorecer que la vida de la persona menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecer la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier persona menor de edad, en particular para quienes tengan menos de seis a駉s y muy especialmente para los ni駉s y ni馻s menores de tres a駉s, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 197.2 de esta ley.

2.– Las diputaciones forales, cuando acuerden el acogimiento residencial de una persona menor, procurar醤 que el per韔do de internamiento sea lo m醩 breve posible, salvo que convenga al inter閟 superior de la persona menor de edad, con objeto de favorecer el retorno a la familia biol骻ica, el acogimiento familiar, la tutela ordinaria, la adopci髇 o la emancipaci髇, principalmente cuando se trate de ni駉s o ni馻s menores de tres a駉s.

3.– Las diputaciones forales podr醤 establecer convenios o acuerdos de colaboraci髇 con entidades colaboradoras donde se contemplen los sistemas de participaci髇 de las personas menores, bajo su directa supervisi髇, sin que ello suponga la cesi髇 de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecuci髇.

Art韈ulo 235.– Obligaciones de los recursos de acogimiento residencial

Las diputaciones forales y los recursos de acogimiento residencial, adem醩 de ajustarse en su actuaci髇 a los principios establecidos en la presente ley, y siempre con pleno respeto de los derechos de las personas menores acogidas, tendr醤 las siguientes obligaciones b醩icas:

  • a) Asegurar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizar los derechos de las personas menores de edad, adaptando su proyecto general a las caracter韘ticas personales de cada persona menor mediante un proyecto socioeducativo individual, que persiga el bienestar de la persona menor, su desarrollo f韘ico, psicol骻ico, social y educativo en el marco de su plan individualizado de protecci髇.
  • b) Contar con el plan individual de protecci髇 de cada persona menor, que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecuci髇, en cuyo marco deber preverse la preparaci髇 de la persona menor de edad, tanto a la llegada como a la salida del centro.
  • c) Adoptar todas sus decisiones en relaci髇 con el acogimiento residencial de las personas menores en inter閟 de las mismas.
  • d) Procurar la estabilidad residencial de las personas menores, as como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un recurso ubicado en su entorno de origen, siempre que redunde en inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • e) Fomentar la convivencia y la relaci髇 entre hermanos y hermanas.
  • f) Promover la relaci髇 y colaboraci髇 familiar, program醤dose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el inter閟 superior de la persona menor de edad acogida.
  • g) Potenciar la educaci髇 integral e inclusiva de las personas menores, con especial consideraci髇 a las necesidades de quienes tengan una discapacidad, y velar por su preparaci髇 para la vida plena, de manera especial su escolarizaci髇 y formaci髇. En el caso de las personas con edades comprendidas entre diecis閕s y dieciocho a駉s, uno de los objetivos prioritarios ser la preparaci髇 para la vida independiente, la orientaci髇 e inserci髇 laboral.
  • h) Poseer una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de protecci髇. En todo caso, dicha normativa deber recoger un procedimiento de formulaci髇 de quejas y reclamaciones.
  • i) Garantizar el acceso a los apoyos y cuidados sanitarios que precisen las personas menores, y, particularmente, aquellas que presenten necesidades especiales o tengan una discapacidad y est閚 sujetas a prescripci髇 y seguimiento m閐ico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos, se llevar un registro con la historia m閐ica de cada una de las personas menores de edad acogidas.
  • j) Revisar peri骴icamente el plan individual de protecci髇 con el objeto de valorar la adecuaci髇 del recurso residencial a las circunstancias personales de la persona menor de edad.
  • k) Potenciar las salidas de las personas menores en fines de semana y per韔dos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no sea posible o procedente, con familias alternativas.
  • l) Promover la integraci髇 normalizada de las personas menores de edad en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.
  • m) Establecer los necesarios mecanismos de coordinaci髇 con los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia para el seguimiento y ajuste de las medidas de protecci髇.
  • n) Velar por la preparaci髇 para la vida independiente, promoviendo la participaci髇 en las decisiones que les afecten, incluida la propia gesti髇 del centro, la autonom韆 y la asunci髇 progresiva de responsabilidades.
  • o) Establecer medidas educativas y de supervisi髇 que garanticen la protecci髇 de los datos personales de la persona menor al acceder a las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, y, en especial, a las redes sociales.
  • p) Promover sistemas de participaci髇 para las personas menores, adaptados en funci髇 de su edad.
  • q) Facilitar, desde el primer momento de acceso de la persona menor al recurso de acogimiento residencial, toda la informaci髇 referente a los procedimientos de comunicaci髇 de las situaciones de violencia regulados por las administraciones p鷅licas y aplicados en el recurso de que se trate, as como de las personas responsables en 閘.
  • r) En los mismos t閞minos anteriores, facilitar informaci髇 sobre los medios electr髇icos de comunicaci髇, tales como el servicio de orientaci髇, asesoramiento e informaci髇, telef髇ico o telem醫ico, puestos a disposici髇 de las personas menores por el Gobierno Vasco.

Art韈ulo 236.– Programas de acogimiento residencial de car醕ter preceptivo

1.– Reglamentariamente se establecer la tipolog韆 de programas de acogimiento residencial, en funci髇 de los diversos objetivos a los que puede responder esta medida en el marco del plan individual de protecci髇. El acogimiento residencial deber responder a las necesidades de las personas menores atendidas, y deber arbitrarse al efecto una variedad de programas que permita cubrir adecuada y eficazmente la diversidad de las necesidades detectadas.

2.– En todo caso, los programas que se arbitren deber醤 adecuarse a las caracter韘ticas particulares de la poblaci髇 residencial atendida y a sus necesidades espec韋icas, de acuerdo con la siguiente clasificaci髇:

  • a) Programa de acogida de urgencia: se dirigir a personas menores, cualquiera que sea su origen, cuya situaci髇 requiera una intervenci髇 inmediata; en su marco, se proceder al estudio y valoraci髇 de su particular situaci髇 personal, familiar y social, con el objeto de disponer de elementos suficientes para definir la medida de protecci髇 que resulte m醩 adecuada a las necesidades observadas.
  • b) Programa b醩ico general: constituir el n鷆leo central y b醩ico de cualquier programa de acogimiento residencial, y permitir responder, por s mismo, a las necesidades particulares de las personas menores con edades comprendidas entre cuatro y dieciocho a駉s, cualquiera que sea su origen, que no presenten la necesidad de ser atendidas en el marco de otros programas m醩 espec韋icos. El l韒ite m韓imo de edad deber flexibilizarse cuando se trate de grupos de hermanos o hermanas.
  • c) Programa de preparaci髇 a la emancipaci髇: se dirigir a las personas adolescentes, a partir de catorce a駉s de edad, y cualquiera que sea su origen, con el fin de prepararlas para la vida independiente, en aquellos supuestos en los que no se prevea su integraci髇 en un n鷆leo familiar a la salida del recurso de acogimiento residencial.

    A tal efecto, se les proporcionar un contexto de convivencia, con apoyo educativo, formativo o de orientaci髇 e incorporaci髇 laboral, que facilite su integraci髇 en la vida social. Salvo en los supuestos en los que las caracter韘ticas de la persona adolescente aconsejen su atenci髇 en el marco del programa b醩ico general o de un programa m醩 espec韋ico, este programa se considerar el id髇eo para garantizar la atenci髇 a adolescentes que se han integrado en la red de protecci髇 a una edad muy tard韆 o respecto de quienes no se prev, a la salida del recurso, su reintegraci髇 en el n鷆leo familiar de origen.

  • d) Programa de emancipaci髇: se dirigir a las personas adolescentes, a partir de diecis閕s a駉s de edad, y cualquiera que sea su origen, con el fin de prepararlas para la vida independiente, en aquellos supuestos en los que no se prevea su integraci髇 en un n鷆leo familiar a la salida del recurso de acogimiento residencial.

    A tal efecto, se les proporcionar un contexto de convivencia similar o pr髕ima a la vida aut髇oma ordinaria, que podr funcionar en r間imen de autogesti髇 y que contar con un encuadre educativo, formativo o de orientaci髇 e incorporaci髇 laboral, con vistas a su integraci髇 efectiva en la vida sociolaboral.

  • e) Programa para personas menores de edad con trastornos de conducta: se dirigir, principalmente, a personas adolescentes con edades comprendidas entre trece y dieciocho a駉s, cualquiera que sea su origen, y que presenten conductas particularmente disruptivas que hagan inviable su atenci髇 en el marco del programa b醩ico general. El programa consistir en una intervenci髇 socioeducativa o terap閡tica orientada a la modificaci髇 de actitudes y a la superaci髇 de los trastornos en su conducta, que se aplicar, preferentemente, con car醕ter temporal, siendo su objetivo permitir el posterior acceso al programa b醩ico general, al programa de preparaci髇 a la emancipaci髇 o al programa de emancipaci髇.

Excepcionalmente, podr醤 incorporarse a este programa ni駉s y ni馻s de once y doce a駉s, siempre y cuando resulte necesario para garantizar su inter閟 superior y se haya obtenido, previamente, la autorizaci髇 del Ministerio Fiscal para ello. A tal efecto, el equipo t閏nico de la diputaci髇 foral competente que sea responsable del expediente individual de protecci髇 de la persona menor de edad, tras haber realizado una valoraci髇 psicosocial especializada, deber emitir un informe en el que se motive y fundamente, suficientemente, que este programa resulta el 鷑ico adecuado para garantizar el inter閟 superior de la persona menor de edad.

3.– Al margen de los programas contemplados en el apartado anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 25.1 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, deber establecerse un programa especializado de apoyo intensivo a las personas menores de edad con problemas de conducta. Este programa tendr las siguientes caracter韘ticas:

  • a) La incorporaci髇 en este programa ser el 鷏timo recurso, y, en consecuencia, se realizar exclusivamente cuando no sea posible la atenci髇 e intervenci髇 en el marco de cualquiera de los otros programas previstos en el presente art韈ulo, y, en especial, en el programa para personas menores de edad con trastornos de conducta.
  • b) Se dirigir a personas adolescentes con edades comprendidas entre trece y dieciocho a駉s, cualquiera que sea su origen, que presenten, con car醕ter recurrente, conductas disruptivas, disociales o antisociales, transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceras personas, que supongan un riesgo evidente de da駉s o perjuicios graves a s mismas o a terceras personas, o que pongan en grave riesgo su desarrollo integral, y que no hagan viable su atenci髇 en el marco del programa para personas menores de edad con trastornos de conducta.
  • c) El programa consistir en una intervenci髇 de car醕ter intensiva e integral, de orientaci髇 socioeducativa o terap閡tica, centrada, fundamentalmente, en el 醨ea personal, con la finalidad de promover la modificaci髇 de actitudes y proporcionar a la persona menor de edad un marco adecuado para su educaci髇, la normalizaci髇 de su conducta y la adquisici髇 de normas de convivencia que favorezcan su proceso de socializaci髇, as como el libre y arm髇ico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado.
  • d) En todo caso, su aplicaci髇 tendr car醕ter temporal, siendo su objetivo final posibilitar el posterior acceso al programa para personas menores de edad con trastornos de conducta, o, en su caso, al programa b醩ico general, al programa de preparaci髇 a la emancipaci髇 o al programa de emancipaci髇.

4.– Los programas de acogimiento residencial podr醤 articularse, en funci髇 de sus objetivos y de las necesidades de cada programa y de las personas atendidas, en dos grandes tipos de recursos de acogimiento residencial:

  • a) Centros residenciales.
  • b) Pisos ubicados en viviendas ordinarias, que den respuesta a modelos de acogimiento residencial con n鷆leos reducidos de personas menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

5.– En particular, el programa destinado a personas menores de edad con problemas de conducta, previsto en la letra e) del apartado 2 del presente art韈ulo, se prestar en un centro espec韋icamente dedicado a este tipo de atenci髇, y se podr醤 aplicar en 閘 medidas de seguridad y de restricci髇 de libertades o derechos fundamentales, en los t閞minos previstos en esta secci髇 7., en relaci髇 con el contenido del art韈ulo 25 y siguientes de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor.

Art韈ulo 237.– Otros programas de acogimiento residencial

1.– Complementariamente a los programas previstos en el art韈ulo anterior, las diputaciones forales podr醤 articular, si las necesidades y la demanda as lo aconsejan, otros programas de acogimiento residencial que consideren necesarios en funci髇 de las necesidades observadas en la poblaci髇 infantil y adolescente que requiere una medida de acogimiento residencial.

2.– Asimismo, y con el fin de poder proporcionar una respuesta adecuada a situaciones de emergencia motivadas por nuevas necesidades espec韋icas de las personas menores de edad que no se hallen contempladas en el marco de los programas previstos en los apartados 2 y 3 del art韈ulo anterior, las diputaciones forales podr醤 poner en marcha, en el marco de lo dispuesto para los servicios experimentales en la disposici髇 adicional novena de esta ley, iniciativas residenciales de car醕ter alternativo e innovador.

Art韈ulo 238.– Autorizaci髇, registro, homologaci髇 e inspecci髇 de los recursos residenciales

1.– Los recursos de acogimiento residencial para personas menores situados en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco deber醤 ajustarse al r間imen de autorizaci髇, registro, homologaci髇 e inspecci髇 previsto en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, debiendo dicho r間imen respetar lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado. Adem醩, deber醤 existir est醤dares de calidad y accesibilidad para cada tipo de servicio.

2.– Asimismo, deber醤 ajustarse a la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal vigente a nivel auton髆ico.

3.– A los efectos de asegurar la protecci髇 de los derechos de las personas menores en acogimiento residencial, la diputaci髇 foral deber realizar la inspecci髇 y supervisi髇 de los centros semestralmente y siempre que as lo exijan las circunstancias.

4.– Asimismo, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 21.5 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, el Ministerio Fiscal deber ejercer la vigilancia sobre las decisiones de acogimiento residencial que se adopten, as como la inspecci髇 sobre todos los recursos de acogimiento residencial y servicios que se prestan en ellos, y analizar, entre otros, los proyectos educativos individualizados, el proyecto educativo del centro y el reglamento interno.

Art韈ulo 239.– Deber de vigilancia de los recursos de acogimiento residencial

Sin perjuicio de lo previsto en el art韈ulo anterior, corresponder a la persona que act鷈 como directora o responsable de los recursos de acogimiento residencial de protecci髇 a la infancia o la adolescencia, en su calidad de persona responsable m醲ima del mismo, un deber de especial vigilancia para velar por y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las medidas de seguridad establecidas, as como de las instrucciones y directrices emanadas de las autoridades, entidades u 髍ganos competentes.

Art韈ulo 240.– Formalizaci髇 del acogimiento residencial

1.– La medida de acogimiento residencial se formalizar mediante resoluci髇 administrativa de la diputaci髇 foral que tenga la tutela o la guarda cuando el acogimiento familiar no resulte posible o sea contrario al inter閟 superior de la persona menor de edad, o, en su caso, cuando una vez o韉a y escuchada la persona menor de edad y valoradas sus necesidades espec韋icas y caracter韘ticas familiares, personales y sociales particulares, as como la voluntad que haya expresado y su madurez y su proceso evolutivo, se valore que es la medida que resulta m醩 favorable a su inter閟 superior.

2.– El ejercicio de la guarda mediante acogimiento residencial recaer en la persona que asuma la direcci髇 del recurso de acogimiento residencial en el que sea acogida la persona menor de edad, o, en su defecto, en la persona que ejerza las funciones de responsable de dicho recurso. En todo caso, el ejercicio de la guarda se llevar a cabo bajo la supervisi髇 de la diputaci髇 foral que ostente la guarda o la tutela, sin perjuicio de la superior vigilancia del acogimiento que corresponde al Ministerio Fiscal.

3.– La resoluci髇 por la que se formaliza el acogimiento residencial se notificar, en el plazo de un mes, al Ministerio Fiscal y a las representantes y los representantes legales de la persona menor de edad, siempre y cuando no hayan sido privadas o privados del ejercicio de la patria potestad o removidas o removidos del ejercicio de la tutela.

Art韈ulo 241.– Medidas educativas correctoras

1.– El incumplimiento de los deberes previstos en el art韈ulo 210.2 de esta ley dar lugar a la aplicaci髇 de medidas educativas correctoras, destinadas a garantizar la convivencia y la seguridad en los recursos de acogimiento residencial para personas menores.

2.– En cualquier caso, toda medida que se aplique en los recursos de acogimiento residencial para garantizar la convivencia y seguridad de las personas menores de edad que sean atendidas en ellos deber responder en su aplicaci髇 a los principios de legalidad, necesidad, individualizaci髇, proporcionalidad, provisionalidad, idoneidad, graduaci髇 y prohibici髇 del exceso, transparencia y buen gobierno. Y, de forma espec韋ica, la ejecuci髇 de las medidas de contenci髇 se regir por los principios de excepcionalidad, m韓ima intensidad posible y tiempo estrictamente necesario, y se llevar a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la persona menor de edad.

3.– Estas medidas deber醤 tener un contenido y una funci髇 esencialmente educativas y no podr醤 implicar, directa o indirectamente, castigos corporales, privaci髇 de la alimentaci髇, privaci髇 del derecho de visita de los familiares y las familiares, intervenci髇 de las comunicaciones orales o escritas, privaci髇 del derecho a la educaci髇 obligatoria y de asistencia al centro escolar o privaci髇 del derecho a la asistencia sanitaria, y tampoco podr醤 atentar contra su dignidad.

4.– Las conductas que podr醤 ser objeto de medidas educativas correctoras, el contenido de estas 鷏timas y las pautas de aplicaci髇 de las mismas deber醤 ser objeto de regulaci髇 en el marco de la normativa auton髆ica reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal aplicables a estos recursos. En todo caso, en dicha regulaci髇 deber preverse el derecho de la persona menor de edad a ser o韉a, a aportar pruebas y a ser asesorada por la persona que designe, as como el registro de las medidas impuestas, con indicaci髇 expresa de la conducta o hecho que las origine y de las circunstancias de su aplicaci髇.

Art韈ulo 242.– Tipolog韆 y aplicaci髇 de las medidas educativas correctoras

1.– De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 21 ter de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, las medidas educativas correctoras consistir醤 en medidas de car醕ter preventivo y de desescalada. Excepcionalmente, y como 鷏timo recurso, podr醤 adoptarse tambi閚 medidas de contenci髇 f韘ica.

2.– Las medidas de desescalada consistir醤 en todas aquellas t閏nicas verbales de gesti髇 emocional conducentes a la reducci髇 de la tensi髇 u hostilidad de la persona menor de edad que se encuentre en estado de alteraci髇 o agitaci髇 con inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de otras personas. A tal efecto, se otorgar especial relevancia a la petici髇 de excusas a la persona ofendida, la restauraci髇 o restituci髇 de los bienes o la reparaci髇 de los da駉s.

3.– Las medidas de contenci髇 f韘ica 鷑icamente podr醤 consistir en la interposici髇 entre la persona menor de edad y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricci髇 f韘ica de espacios y movimientos y, en 鷏tima instancia, bajo la aplicaci髇 de un estricto protocolo, la inmovilizaci髇 f韘ica de la persona menor de edad por el personal especializado del recurso de acogimiento residencial.

4.– Como medida excepcional, y 鷑icamente para el caso de los centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta, la medida de contenci髇 f韘ica podr consistir en la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona menor de edad, que se aplicar en los t閞minos y con las garant韆s previstas en el art韈ulo 247 de esta ley.

5.– La aplicaci髇 de medidas de contenci髇 f韘ica requerir, en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza, la exploraci髇 f韘ica de la persona menor de edad por facultativa o facultativo m閐ico en el plazo m醲imo de 48 horas, extendi閚dose el correspondiente parte m閐ico.

6.– Las medidas de contenci髇 no podr醤 aplicarse, en ning鷑 caso, incluidos los centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta, a personas menores de catorce a駉s, a menores gestantes, a las menores hasta seis meses despu閟 de la terminaci髇 del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, salvo que de la actuaci髇 de aquellas pudiera derivarse un inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de otras personas.

7.– En funci髇 de su naturaleza, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, las medidas podr醤 ser aplicadas por cualquiera de las personas profesionales que integran el equipo educativo, o cuando correspondan a conductas o hechos de gravedad, quedar reservadas al director o la directora del centro o a quien ejerza funciones de responsable de 閘. Esta disposici髇 se entender sin perjuicio de las medidas que, con car醕ter provisional, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar da駉s en las personas o en las cosas, incluidas las medidas de contenci髇 f韘ica de la persona menor de edad, excepcionalmente y como 鷏timo recurso.

8.– Las medidas de desescalada y de contenci髇 deber醤 aplicarse por personal especializado con formaci髇 en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, as como en resoluci髇 de conflictos y t閏nicas de sujeci髇 personal.

9.– Con car醕ter general, la aplicaci髇 de las medidas de contenci髇 se comunicar, de manera inmediata, a la diputaci髇 foral y al Ministerio Fiscal. Y, asimismo, las medidas de contenci髇 aplicadas deber醤 registrarse en el Libro de Registro de Incidencias, que ser supervisado por parte de la direcci髇 del centro, y en el expediente individualizado de la persona menor de edad, que debe mantenerse actualizado.

10.– Lo previsto en este art韈ulo se entender sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la secci髇 siguiente en relaci髇 con los centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta; en particular, en relaci髇 con la aplicaci髇 de medidas de contenci髇 f韘ica.

SECCI覰 8
CENTROS DE PROTECCI覰 ESPEC虵ICOS PARA PERSONAS MENORES DE EDAD CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

Art韈ulo 243.– Ingreso en centros de protecci髇 espec韋icos para personas menores de edad con problemas de conducta

1.– El ingreso en los centros de protecci髇 espec韋icos de personas menores de edad con problemas de conducta regulados en el cap韙ulo IV del t韙ulo II de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, requerir, en todo caso, de la pertinente autorizaci髇 judicial.

2.– Ser醤 competentes para autorizar el ingreso en dichos centros de protecci髇 los juzgados de primera instancia del lugar donde radique el centro, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3.– La autorizaci髇 se otorgar tras la tramitaci髇 del procedimiento regulado en el art韈ulo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

4.– En ning鷑 caso podr醤 ser ingresadas en estos centros las personas menores de edad que presenten enfermedades, discapacidades o trastornos mentales que requieran un tratamiento espec韋ico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atenci髇 a las personas con discapacidad.

Art韈ulo 244.– Autorizaci髇 judicial de ingreso

1.– La diputaci髇 foral que ostente la tutela o guarda de una persona menor de edad, y el Ministerio Fiscal, estar醤 legitimados para solicitar la autorizaci髇 judicial para su ingreso en los mencionados centros, garantizando, en todo caso, el derecho de la persona menor de edad a ser o韉a y escuchada seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 26 de esta ley.

2.– La solicitud de la autorizaci髇 judicial de ingreso deber estar acompa馻da de informes psicosociales que motiven y fundamenten suficientemente el ingreso, y que deber醤 haber sido emitidos previamente por el equipo t閏nico, especializado y multidisciplinar, del servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de la diputaci髇 foral, responsable del expediente individual de protecci髇 de la persona menor de edad.

3.– La autorizaci髇 judicial ser obligatoria y deber ser previa al ingreso. Asimismo, dicha autorizaci髇 deber pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar a la persona menor de edad medidas de seguridad, as como de limitarle temporalmente el r間imen de visitas, de comunicaci髇 y de salidas que puedan adoptarse.

4.– No obstante, si razones de urgencia, debidamente motivadas, hacen necesaria la inmediata adopci髇 del ingreso, la diputaci髇 foral o el Ministerio Fiscal podr acordarlo previamente a la autorizaci髇 judicial, y deber comunicarlo, lo antes posible, al juzgado que sea competente conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 243.2 de esta ley, y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificaci髇 del ingreso, para lo que deber aportar la informaci髇 de que disponga y justificante del ingreso inmediato. En este caso concreto, el juzgado resolver en el plazo m醲imo de 72 horas desde que reciba la comunicaci髇, y se dejar de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

5.– Las personas menores de edad recibir醤 a su ingreso en el centro informaci髇 escrita sobre sus derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organizaci髇 general, el r間imen educativo, el r間imen disciplinario y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Dicha informaci髇 se transmitir de forma que se garantice su comprensi髇 en atenci髇 a la edad y a las circunstancias de la persona acogida.

Art韈ulo 245.– Duraci髇 del ingreso y permanencia en el centro

1.– El ingreso de las personas menores de edad en el centro tendr car醕ter temporal, y no podr醤 permanecer en el centro m醩 tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades espec韋icas y alcanzar los objetivos a los que est orientada la atenci髇 en dichos centros.

2.– El cese ser acordado por el juzgado que est conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la diputaci髇 foral o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar fundamentada en un informe psicosocial elaborado por el equipo t閏nico del servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de la diputaci髇 foral.

Art韈ulo 246.– Medidas de seguridad

1.– Las medidas de seguridad podr醤 consistir en la contenci髇 de la persona menor de edad, en su aislamiento provisional o en registros personales y materiales.

2.– Estas medidas tendr醤 una finalidad educativa y solo podr醤 utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de desescalada, que tendr醤 car醕ter prioritario.

3.– Con car醕ter general, toda medida que se adopte deber responder en su aplicaci髇 a los principios de legalidad, necesidad, individualizaci髇, proporcionalidad, provisionalidad, idoneidad, graduaci髇 y prohibici髇 del exceso, transparencia y buen gobierno. Asimismo, la ejecuci髇 de las medidas de contenci髇 se regir por los principios de excepcionalidad, m韓ima intensidad posible y tiempo estrictamente necesario, y se llevar a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la persona menor de edad.

4.– Las medidas de seguridad deber醤 aplicarse por personal especializado y con formaci髇 en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resoluci髇 de conflictos y t閏nicas de sujeci髇. Este personal solo podr usar medidas de seguridad con las personas menores de edad como 鷏timo recurso, en casos de intentos de fuga, resistencia activa que suponga una alteraci髇 grave de la convivencia o una vulneraci髇 grave a los derechos de otras personas menores de edad o riesgo directo de autolesi髇, de lesiones a terceras personas o da駉s graves a las instalaciones.

5.– Corresponde al director o a la directora del centro, o persona en quien haya delegado, la adopci髇 de decisiones sobre las medidas de seguridad. Dichas decisiones deber醤 ser motivadas, y habr醤 de notificarse con car醕ter inmediato a la diputaci髇 foral y al Ministerio Fiscal.

6.– Las decisiones sobre las medidas de seguridad podr醤 ser recurridas por la persona menor de edad, el Ministerio Fiscal y la diputaci髇 foral ante el juzgado que est conociendo del ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de la persona menor de edad y del Ministerio Fiscal.

7.– Las medidas de seguridad aplicadas deber醤 registrarse en el Libro de Registro de Incidencias, que ser supervisado por parte de la direcci髇 del centro, y en el expediente individualizado de la persona menor de edad, que debe mantenerse actualizado.

Art韈ulo 247.– Medidas de contenci髇

1.– Las medidas de contenci髇 se adoptar醤 en atenci髇 a las circunstancias que presente la persona menor de edad en cada momento y caso concreto, y en la forma en que se establece en los apartados siguientes.

2.– El personal de los centros 鷑icamente podr utilizar medidas de contenci髇 previo intento de restauraci髇 de la convivencia y de la seguridad a trav閟 de medidas de desescalada, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 242.2 de esta ley.

3.– La contenci髇 f韘ica 鷑icamente podr consistir en la interposici髇 entre la persona menor de edad y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricci髇 f韘ica de espacios y movimientos y, en 鷏tima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizaci髇 f韘ica por personal especializado del centro.

4.– Ser admisible 鷑icamente, y con car醕ter excepcional, la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona menor de edad con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de su vida o integridad f韘ica o de la de terceras personas.

Esta medida excepcional solo podr aplicarse por el tiempo m韓imo imprescindible, que no podr ser superior a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estar acompa馻da, presencialmente y de forma continua, o supervisada, de manera permanente, por un educador o una educadora u otra persona profesional del equipo educativo del centro.

La aplicaci髇 de esta medida se comunicar de manera inmediata a la diputaci髇 foral, al Ministerio Fiscal y al juzgado que est conociendo del ingreso.

5.– En todo caso, y con independencia de las circunstancias presentes, se proh韇e la contenci髇 mec醤ica consistente en la sujeci髇 de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

6.– La aplicaci髇 de medidas de contenci髇 requerir, en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza, la exploraci髇 f韘ica de la persona menor de edad por facultativa o facultativo m閐ico en el plazo m醲imo de 48 horas, extendi閚dose el correspondiente parte m閐ico.

Art韈ulo 248.– Aislamiento provisional de la persona menor de edad

1.– El aislamiento provisional de una persona menor de edad mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida 鷑icamente podr utilizarse en prevenci髇 de actos violentos, autolesiones, lesiones a otras personas menores de edad residentes en el centro, al personal del mismo o a terceras personas, as como de da駉s graves a sus instalaciones.

2.– Se aplicar puntualmente, en el momento en el que sea preciso y en ning鷑 caso como medida disciplinaria, y se cumplir preferentemente en la propia habitaci髇 de la persona menor de edad, y en caso de que esto no sea posible se cumplir en otro espacio de similar habitabilidad y dimensiones.

3.– El aislamiento no podr exceder de tres horas consecutivas, sin perjuicio del derecho al descanso de la persona menor de edad.

4.– Durante el periodo de tiempo en que la persona menor de edad permanezca en aislamiento estar acompa馻da, presencialmente y de forma continua, o supervisada, de manera permanente, por un educador o una educadora u otra persona profesional del equipo educativo del centro.

Art韈ulo 249.– Registros personales y materiales

1.– Los registros personales y materiales se llevar醤 a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona menor de edad, con el fin de evitar situaciones de riesgo producidas por la introducci髇 o salida del centro de objetos, instrumentos o sustancias que por s mismos o por su uso inadecuado pueden resultar peligrosos o perjudiciales.

2.– El registro personal y cacheo de la persona menor de edad se efectuar por el personal indispensable, que requerir, al menos, dos profesionales del centro del mismo sexo que el de aquella. Cuando implique alguna exposici髇 corporal esta ser parcial, y se realizar en un lugar adecuado, sin la presencia de otras personas menores de edad y preservando en todo lo posible la intimidad de la persona. Se utilizar醤 preferentemente para su realizaci髇 medios electr髇icos.

3.– El personal del centro podr realizar el registro de las pertenencias de la persona menor de edad, y le podr retirar aquellos objetos que se encuentren en su posesi髇 y que puedan ser de il韈ita procedencia, resultar da駃nos para s, para terceras personas o para las instalaciones del centro, o que no est閚 autorizados para personas menores de edad.

4.– Los registros materiales se deber醤 comunicar, previamente, a la persona menor de edad, siempre que no puedan efectuarse en su presencia.

Art韈ulo 250.– R間imen disciplinario

1.– El r間imen disciplinario en los centros de protecci髇 espec韋icos se fundar siempre en el proyecto socioeducativo del centro y en el individualizado de cada persona acogida, a quien se informar del mismo.

2.– El procedimiento disciplinario ser el 鷏timo recurso a utilizar, y se dar prioridad a los sistemas restaurativos de resoluci髇 de conflictos e interacci髇 educativa.

3.– En ning鷑 caso podr醤 establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad.

4.– No podr醤 utilizarse las medidas contenidas en los art韈ulos 247, 248 y 249 de esta ley con fines disciplinarios.

5.– La regulaci髇 sobre r間imen disciplinario deber ser suficiente y adecuada a los principios de la Constituci髇 Espa駉la, de esta ley y del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, en lo que a los procedimientos sobre potestad sancionadora se refiere. En todo caso, deber garantizarse a la persona menor de edad la asistencia legal de un abogado o de una abogada independiente, y se respetar醤 en todo momento la dignidad y los derechos de las personas menores de edad, sin que en ning鷑 caso se les pueda privar de ellos.

Art韈ulo 251.– Supervisi髇 y control

1.– Con independencia de las inspecciones de los centros de protecci髇 espec韋icos que puedan efectuar la instituci髇 del Ararteko y el Ministerio Fiscal, la medida de ingreso de la persona menor de edad en el centro deber revisarse, al menos, trimestralmente por la diputaci髇 foral, que deber remitir al juzgado que autoriz el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

2.– A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el apartado anterior, el Libro de Registro de Incidencias deber respetar, respecto a las personas cesionarias de datos, la adopci髇 de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Art韈ulo 252.– Administraci髇 de medicamentos

1.– La administraci髇 de medicamentos a las personas menores de edad acogidas, cuando sea necesario para su salud, y deber tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre consentimiento informado, y en los t閞minos y las condiciones previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica.

2.– En todo caso, deber ser una facultativa o un facultativo m閐ico autorizado quien recete medicamentos sujetos a prescripci髇 m閐ica y realice el seguimiento de su correcta administraci髇 y de la evoluci髇 del tratamiento. A estos efectos, se llevar un registro con la historia m閐ica de cada una de las personas menores de edad.

Art韈ulo 253.– R間imen de visitas y permisos de salida

1.– Las visitas de familiares y otras personas allegadas solo podr醤 ser restringidas o suspendidas atendiendo al inter閟 superior de la persona menor de edad por el director o la directora del centro de protecci髇 espec韋ico, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso.

2.– El derecho de visitas no podr ser restringido por la aplicaci髇 de medidas disciplinarias.

3.– El director o la directora del centro podr restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en 閘, siempre en atenci髇 a su inter閟 superior y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso.

4.– Las medidas limitativas del r間imen de visitas y de los permisos de salida deber醤 ser notificadas a las personas interesadas, a la persona menor de edad y al Ministerio Fiscal, de acuerdo con la legislaci髇 aplicable.

5.– Dichas medidas podr醤 ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por la persona menor de edad, a la que se garantizar la asistencia legal por un abogado o una abogada independiente ante el 髍gano judicial que est conociendo el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, de la persona menor de edad y del Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 254.– R間imen de comunicaciones de la persona menor de edad

1.– Las personas menores de edad tendr醤 derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y a la instituci髇 del Ararteko. Este derecho no podr ser restringido por la aplicaci髇 de medidas disciplinarias.

2.– Las comunicaciones de la persona menor de edad con familiares y otras personas allegadas ser醤 libres y secretas. Solo podr醤 ser restringidas o suspendidas por el director o la directora del centro de protecci髇 espec韋ico, en atenci髇 al inter閟 superior de la propia persona menor de edad, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso.

3.– La restricci髇 o suspensi髇 del derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deber ser adoptada de acuerdo con la legislaci髇 aplicable y notificada a las personas interesadas, a la persona menor de edad y al Ministerio Fiscal, quienes podr醤 recurrirla ante el juzgado que autoriz el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, de la persona menor de edad y del Ministerio Fiscal.

CAP蚑ULO V
ADOPCI覰

SECCI覰 1
ADOPCI覰

Art韈ulo 255.– Constituci髇 de la adopci髇

1.– La adopci髇 se constituye por resoluci髇 judicial, que tendr siempre en cuenta el inter閟 superior de la persona menor adoptada y la idoneidad de la persona o personas adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

2.– En todo caso, las actuaciones administrativas requeridas para la promoci髇 de un expediente de adopci髇 o, en su caso, de adopci髇 internacional, as como el procedimiento de actuaci髇 que deber醤 seguir las diputaciones forales en materia de adopci髇, se ajustar醤 a las disposiciones legales y de desarrollo reglamentario en la materia contempladas en el ordenamiento jur韉ico vigente y que resulten de aplicaci髇.

Art韈ulo 256.– Personas menores adoptables

1.– 趎icamente podr醤 ser adoptadas las personas menores de edad que, a la fecha de la propuesta de adopci髇 realizada por la diputaci髇 foral:

  • a) No hayan alcanzado la mayor韆 de edad.
  • b) No est閚 emancipadas.

2.– Excepcionalmente, podr醤 ser adoptadas las personas menores que se encuentren en dicha situaci髇, siempre y cuando el a駉 inmediatamente anterior a alcanzar la mayor韆 de edad o a la fecha en que se les haya concedido la emancipaci髇 hayan estado sujetas a una medida de acogimiento familiar formalizada a favor de las personas que se hayan ofrecido para la adopci髇 o, en su caso, hayan mantenido una convivencia estable con ellas.

3.– No podr醤 ser adoptadas las personas menores de edad a las que se refiere el art韈ulo 175 del C骴igo Civil.

Art韈ulo 257.– Ofrecimiento para la adopci髇

1.– Podr醤 ofrecerse para la adopci髇 las personas que no se encuentren privadas de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio y que no tengan confiada la guarda de su hijo o hija a ninguna diputaci髇 foral u otra entidad p鷅lica de protecci髇 de menores.

2.– El ofrecimiento para la adopci髇, tanto nacional como internacional, podr ser realizado por una 鷑ica persona, de forma individual, o por una pareja, en cuyo caso el ofrecimiento para la adopci髇 podr realizarse conjunta o sucesivamente por ambas personas integrantes de la pareja.

3.– Se entiende por pareja la unida por v韓culo conyugal o por una relaci髇 de afectividad an醠oga a la conyugal, que deber ser acreditada, en este 鷏timo caso, a trav閟 de alguno de los siguientes medios:

  • a) Certificaci髇 de la inscripci髇 de la declaraci髇 de constituci髇 como pareja de hecho en alguno de los registros p鷅licos creados espec韋icamente al efecto.
  • b) Documento p鷅lico expedido por las autoridades competentes en el que conste la constituci髇 como pareja de hecho.

4.– En todo caso, en los ofrecimientos para la adopci髇 realizados por una pareja, esta deber acreditar el empadronamiento conjunto continuado durante, al menos, un periodo de dos a駉s inmediatamente anterior a la presentaci髇 de la solicitud de declaraci髇 de idoneidad para la adopci髇 nacional o internacional.

5.– Las personas que se ofrezcan para la adopci髇 deber醤 ser mayores de veinticinco a駉s, y ser suficiente, en el caso de que se trate de una pareja, que una de las personas que se haya ofrecido para la adopci髇 re鷑a dicho requisito.

6.– A su vez, la diferencia de edad entre la persona adoptante y la adoptada deber ser de, al menos, 16 a駉s y no podr ser superior a 45 a駉s, salvo en los casos previstos en el art韈ulo 176.2 del C骴igo Civil o cuando la persona menor adoptada tenga circunstancias o necesidades especiales, consideradas de acuerdo con las disposiciones normativas de desarrollo reglamentario en la materia aprobadas por el Gobierno Vasco. Cuando sean dos las personas adoptantes, ser suficiente con que una de ellas no tenga la diferencia m醲ima de edad exigida con respecto a la persona adoptada.

Art韈ulo 258.– Idoneidad

1.– Se entiende por idoneidad para la adopci髇 la capacidad, aptitud y motivaci髇 adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de las personas menores de edad a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopci髇.

2.– Toda declaraci髇 de idoneidad que se conceda por la diputaci髇 foral requerir de una valoraci髇 psicosocial previa sobre la situaci髇 personal, familiar, relacional y social de las personas o familias que se ofrezcan para la adopci髇, as como sobre su capacidad para establecer v韓culos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a una persona menor en funci髇 de sus singulares circunstancias.

Art韈ulo 259.– Requisitos de idoneidad

La valoraci髇 psicosocial de la idoneidad de las personas que se ofrezcan para la adopci髇 se realizar, en todo caso, primando el inter閟 superior de la persona menor sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pueda concurrir. A tal efecto, ser醤 requisitos de idoneidad para la adopci髇 de una persona menor de edad:

  • a) Disponer de medios de vida estables y suficientes.
  • b) Disfrutar de un estado de salud f韘ica y ps韖uica que garantice la atenci髇 normalizada de la persona menor.
  • c) En el caso de que las personas que se ofrecen para la adopci髇 acrediten que constituyen una uni髇 matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante, al menos, los dos a駉s anteriores a la fecha en que hayan formulado su ofrecimiento para la adopci髇.
  • d) Llevar una vida familiar estable.
  • e) Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integraci髇 de la persona menor.
  • f) No existir en las historias personales de las personas solicitantes episodios que impliquen riesgo para la persona menor.
  • g) Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.
  • h) Respetar y aceptar la historia personal y familiar de la persona menor.
  • i) Mostrar una actitud positiva de colaboraci髇 y compromiso.
  • j) Compartir entre todas las personas integrantes de la unidad familiar una actitud favorable a la adopci髇.
  • k) Contar la persona o personas adoptantes con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitaci髇 para el conveniente desarrollo de la persona que vaya a ser adoptada, en el caso concreto de que est閚 en disposici髇 de adoptar grupos de hermanos o hermanas o menores con necesidades especiales.
  • l) Manifestar una motivaci髇 a la adopci髇 en la que prevalezcan el inter閟 superior de la persona menor de edad y la protecci髇 de sus derechos en orden a garantizar su libre desarrollo.

Art韈ulo 260.– Declaraci髇 de idoneidad

1.– La declaraci髇 de idoneidad, para la adopci髇 tanto nacional como internacional, requerir la participaci髇 en sesiones informativas y de preparaci髇 organizadas por las diputaciones forales, con el objetivo de conocer y asumir las caracter韘ticas diferenciales de la filiaci髇 adoptiva, as como una valoraci髇 psicosocial sobre la situaci髇 personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopci髇 que permita constatar que estas re鷑en las condiciones y aptitudes requeridas por los art韈ulos 257, 258 y 259 de esta ley y, cuando el ofrecimiento sea para una adopci髇 internacional, por el art韈ulo 10 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional.

2.– La idoneidad se determinar en relaci髇 con el proyecto adoptivo de la familia, evaluando sus condiciones para satisfacer las previsibles necesidades de una persona o de un grupo de hermanos o hermanas con las caracter韘ticas y circunstancias que contempla en su ofrecimiento.

3.– Cuando el ofrecimiento sea para una adopci髇 abierta se valorar, adem醩, la disposici髇 y capacidad de la familia para preservar las relaciones con la familia de origen.

Art韈ulo 261.– Vigencia de la declaraci髇 de idoneidad

1.– La declaraci髇 de idoneidad para la adopci髇 tendr un periodo de validez m醲imo de tres a駉s, a contar desde la fecha de su emisi髇, para un 鷑ico proceso de adopci髇, y siempre y cuando se mantengan, durante dicho periodo, las circunstancias familiares, personales y sociales de las personas que se hayan ofrecido para la adopci髇.

2.– Si el ofrecimiento para la adopci髇 contempla la posibilidad de realizar una adopci髇 abierta, en la declaraci髇 de idoneidad deber constar, a su vez, la idoneidad para la adopci髇 abierta, y se deber indicar, de forma expresa, si la persona o personas interesadas aceptan adoptar a una persona menor de edad que vaya a mantener relaci髇 y contacto con la familia de origen.

3.– La declaraci髇 deber ser actualizada a su t閞mino, a trav閟 de los correspondientes informes t閏nicos, con el fin de comprobar si subsisten las circunstancias que motivaron su reconocimiento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

4.– En el caso de sobrevenir circunstancias susceptibles de modificar la idoneidad de las personas o familias que se hayan ofrecido para la adopci髇, o cuando se plantee la opci髇 de realizar una adopci髇 abierta con posterioridad a haberse emitido la declaraci髇 de idoneidad y no conste expresamente dicha posibilidad en dicha declaraci髇, se iniciar el procedimiento de actualizaci髇 de la idoneidad para la adopci髇 en cuanto se tenga conocimiento o constancia de tales hechos.

5.– Las personas que se hayan ofrecido para la adopci髇 est醤 obligadas a comunicar, en todo momento, los eventuales cambios de su situaci髇 personal y familiar que puedan afectar a la declaraci髇 de idoneidad.

Art韈ulo 262.– Selecci髇 de las familias adoptantes

1.– La selecci髇 de las familias para la propuesta de adopci髇 se realizar entre todas aquellas personas que hayan sido declaradas id髇eas para un proyecto adoptivo que se corresponda con las circunstancias y necesidades que caracterizan, de forma individualizada, a la persona menor protegida. A tal efecto, se considerar醤 los siguientes criterios:

  • a) En primer lugar, si el inter閟 de la persona menor requiere de alguna condici髇 particular de la familia que la haga singularmente adecuada para su adopci髇.
  • b) Si el criterio de la letra precedente resulta inaplicable o insuficiente, se la seleccionar por otros criterios objetivos predeterminados que se presuman m醩 favorables al inter閟 de la persona menor, tales como las mayores posibilidades de integraci髇 y 髉timo desarrollo que ofrezca.
  • c) En 鷏timo t閞mino, se atender a la antig黣dad del ofrecimiento de adopci髇.

2.– En el caso de que no se cuente con ninguna familia declarada id髇ea que resulte apropiada para la adopci髇 de una determinada persona menor de edad y la adopci髇 resulte la medida de protecci髇 m醩 adecuada para ella, atendiendo a sus circunstancias y necesidades particulares, se deber buscar, activamente, una familia candidata, a trav閟 de la cooperaci髇 con otras entidades p鷅licas de protecci髇 de menores, o informando y valorando a otras familias cuyo proyecto adoptivo se aproxime a las circunstancias o necesidades propias de la persona menor de edad.

Art韈ulo 263.– Propuesta de adopci髇

1.– Los expedientes de adopci髇 se iniciar醤 necesariamente con la propuesta previa de la diputaci髇 foral competente a favor de la persona o personas adoptantes que haya declarado id髇eas para el ejercicio de la patria potestad, salvo en el caso de que la persona menor de edad adoptable se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el art韈ulo 176.2 del C骴igo Civil.

2.– En todo caso, la declaraci髇 de idoneidad deber ser previa a la realizaci髇 de la propuesta.

3.– 趎icamente se promover la adopci髇 cuando ello responda al inter閟 superior de la persona menor de edad, el cual primar sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pudiera concurrir. A tal efecto, con el fin de determinar si la adopci髇 responde al principio de inter閟 superior se tendr醤 en cuenta, adem醩 de los criterios generales para su interpretaci髇 y ponderaci髇, los siguientes:

  • a) Que la reincorporaci髇 a su familia de origen resulte contraria a su inter閟 y no sea previsible que esta situaci髇 se modifique, considerando los factores de riesgo existentes y las actuaciones llevadas a cabo para revertirla.
  • b) Que, escuchada la persona protegida, se constate su voluntad o disposici髇 favorable a integrarse en una familia alternativa y, si tiene madurez suficiente para ello, que otorgue expresamente su consentimiento.
  • c) Que la adopci髇 resulte m醩 favorable a sus intereses que otras medidas de protecci髇. A tal efecto se considerar醤, entre otros criterios, la estabilidad de las distintas medidas y las posibilidades que ofrecen para satisfacer a largo plazo las necesidades de la persona protegida, as como el arraigo y los v韓culos que mantiene con su entorno, teniendo en cuenta las posibilidades de preservarlos a trav閟 de la adopci髇 abierta.

4.– Asimismo, las diputaciones forales podr醤 promover la adopci髇 dentro del plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa por la que se declare la situaci髇 de desamparo de la persona menor de edad, en el caso de que, ponderada y valorada la situaci髇 particular de la persona menor conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, y poni閚dola en conocimiento del Ministerio Fiscal, se constate un pron髎tico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

5.– La tramitaci髇 de un ofrecimiento de adopci髇 podr suspenderse, de oficio o a instancia de las personas interesadas, por el tiempo y con las condiciones establecidas reglamentariamente, cuando en el transcurso del procedimiento se constate la concurrencia de alguna circunstancia relevante de car醕ter coyuntural, y que habr de estar debidamente justificada, que impida valorar la idoneidad o constituir una adopci髇 transitoriamente, o de razones objetivas, que deber醤 motivarse suficientemente, que as lo aconsejen.

6.– No obstante, en el caso de que con anterioridad a la propuesta de adopci髇 se constate de forma fehaciente por la diputaci髇 foral la existencia de la separaci髇 o divorcio legal, la nulidad matrimonial o la extinci髇 de la relaci髇 de la pareja que se haya ofrecido para la adopci髇 de una persona menor que se encuentre sujeta a una medida de acogimiento familiar permanente o de guarda con fines de adopci髇 formalizada a favor de dicha pareja, la concurrencia de dichas circunstancias no impedir que pueda promoverse la adopci髇 conjunta por las dos personas integrantes de la pareja, siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva de la persona menor de edad adoptanda con ambas durante, al menos, un periodo de dos a駉s inmediatamente anteriores a la fecha en que se presentase la propuesta de adopci髇.

Art韈ulo 264.– Propuesta de adopci髇 sin ofrecimiento previo

1.– En determinados casos de personas menores de edad declaradas en situaci髇 de desamparo, y atendiendo a las especiales o singulares relaciones de una concreta persona menor de edad, las diputaciones forales podr醤 determinar que la adopci髇 responde a su inter閟 superior 鷑icamente si se lleva a cabo por una persona o pareja determinada. En tales supuestos, la propuesta de adopci髇 se pospondr hasta que se cuente con el consentimiento a tal efecto de las personas interesadas y se haya declarado su idoneidad para la adopci髇.

2.– En tales circunstancias, la preparaci髇 y valoraci髇 de idoneidad tendr por objeto promover y comprobar que la familia re鷑e las condiciones adecuadas para esa adopci髇 en particular, y la declaraci髇 de idoneidad quedar circunscrita a la misma. Para ello, se har醤 las adaptaciones necesarias en el procedimiento.

Art韈ulo 265.– Guarda con fines de adopci髇

1.– La diputaci髇 foral podr delegar la guarda de las personas menores que se encuentren bajo su tutela a las personas seleccionadas para su adopci髇, en los t閞minos y con las condiciones previstas en art韈ulo 176 bis.1 del C骴igo Civil.

2.– Las personas en quienes se delegue la guarda con fines de adopci髇 tendr醤 los mismos derechos y las mismas obligaciones que las personas acogedoras familiares.

Art韈ulo 266.– Delegaci髇 de la guarda con fines de adopci髇

1.– La formalizaci髇 de la guarda con fines de adopci髇 se realizar hasta que se dicte la resoluci髇 judicial de adopci髇, mediante resoluci髇 administrativa debidamente motivada, y previa audiencia de las personas afectadas y de la persona menor si tiene suficiente madurez, y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s.

2.– La resoluci髇 por la que se acuerde delegar la guarda con fines de adopci髇 se notificar al padre y a la madre o a las personas que tengan atribuida la tutela de la persona menor de edad, siempre y cuando no est閚 privadas de la patria potestad o de la tutela, respetivamente.

3.– La guarda se delegar con anterioridad a la presentaci髇 de la propuesta de adopci髇, que habr de realizarse ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses, a contar desde el d韆 en que se haya acordado la delegaci髇 de la guarda.

4.– No obstante, el plazo de tres meses previsto en el apartado anterior podr prorrogarse hasta un m醲imo de un a駉 cuando la diputaci髇 foral considere necesario, en funci髇 de la edad y las caracter韘ticas particulares de la persona menor de edad, establecer un periodo de adaptaci髇 de la persona menor a la familia. En todo caso, las circunstancias justificativas de dicha decisi髇 deber醤 ser motivadas, de forma suficiente, en la resoluci髇 administrativa por la que se acuerde la delegaci髇 de la guarda.

5.– En el supuesto de que tenga lugar la pr髍roga prevista en el apartado anterior, con el fin de evaluar el proceso de acoplamiento de la persona menor de edad con las personas seleccionadas para su adopci髇 y prestar la debida asistencia que se considere necesaria, para asegurar que la atenci髇 a la persona menor de edad y la incorporaci髇 e integraci髇 de esta a la familia se desarrolle de forma adecuada y no perjudicial y ayudar a la persona menor a alcanzar una adecuada asimilaci髇 de la nueva situaci髇, las diputaciones forales realizar醤, durante el tiempo de vigencia de la delegaci髇 de la guarda con fines de adopci髇, como m韓imo un seguimiento semestral de la situaci髇.

6.– Dicho seguimiento tendr por objeto espec韋ico constatar la adaptaci髇 o evoluci髇 de la persona menor de edad respecto de todos los aspectos que afecten al libre desarrollo de la personalidad e identidad, as como con relaci髇 al desarrollo psicol骻ico, en las relaciones con la persona o personas en quienes se haya delegado la guarda y con la familia en su conjunto y en la integraci髇 social, con el fin de detectar y valorar posibles carencias, conflictos, dificultades o problemas que puedan existir y ayudar a resolverlos.

7.– Cuando se inicie el periodo de convivencia preadoptiva, y salvo que no resulte adecuado al inter閟 superior de la persona menor de edad, la diputaci髇 foral suspender la relaci髇 y el contacto de esta, a trav閟 del r間imen de visitas, comunicaci髇 o estancia, con la familia de origen, excepto en el caso de la adopci髇 abierta regulada en el art韈ulo siguiente.

En todo caso, y al objeto de que las personas afectadas puedan ejercitar su oposici髇 a dicha medida en la jurisdicci髇 civil, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dicha decisi髇 deber ser adoptada mediante resoluci髇 administrativa, en el caso de que no haya sido prevista en la propia resoluci髇 por la que se acuerda la delegaci髇 de la guarda.

8.– En el supuesto de que la autoridad judicial no considerase procedente la adopci髇 propuesta, la diputaci髇 foral deber determinar la medida de protecci髇 que resulte m醩 adecuada para la persona menor de edad, atendiendo, en todo caso, al inter閟 superior de esta.

Art韈ulo 267.– Adopci髇 abierta

1.– Se entender por adopci髇 abierta aquella en la que, tras su constituci髇, se mantiene la relaci髇 o los contactos previstos en el p醨rafo segundo del art韈ulo 178.4 del C骴igo Civil.

2.– Se optar por esta forma de adopci髇 siempre que responda al inter閟 superior de la persona menor protegida, y, especialmente, cuando sea posible favorecer mediante esta medida la relaci髇 entre hermanas y hermanos biol骻icos de 鷑ico o de doble v韓culo.

3.– A tal efecto, con el fin de determinar si la adopci髇 abierta responde al inter閟 superior de la persona protegida, la diputaci髇 foral tendr en cuenta, adem醩 de los criterios generales para su interpretaci髇 y ponderaci髇, la relevancia afectiva que las relaciones a preservar tienen para ella, la seguridad emocional que le proporcionan y las consecuencias a largo plazo que su mantenimiento puede tener en el desarrollo de su identidad y en el proceso de vinculaci髇 e integraci髇 en la familia adoptiva.

4.– Para la adopci髇 abierta se seleccionar exclusivamente a personas que la contemplen expresamente en su proyecto adoptivo y hayan sido declaradas id髇eas para ella.

5.– En la propuesta de adopci髇 abierta que se eleve ante la autoridad judicial se especificar醤 las pautas generales en cuanto a la periodicidad, duraci髇 y condiciones del contacto que se estiman favorables al inter閟 de la persona menor, debiendo favorecerse especialmente, y siempre que ello sea posible, la relaci髇 entre los hermanos y hermanas de filiaci髇 natural.

6.– Las diputaciones forales llevar醤 a cabo el seguimiento de las adopciones abiertas que promuevan e intervendr醤 para propiciar el normal desarrollo de las relaciones y el 閤ito del proceso de integraci髇 familiar, prestando a las personas implicadas el apoyo y el asesoramiento que precisen.

7.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, determinar reglamentariamente las actuaciones a llevar a cabo para los fines previstos en el apartado anterior, las condiciones y el procedimiento para intermediar en las relaciones y los contactos, cuando sea necesario, y la metodolog韆 y el contenido de los informes sobre el desarrollo de las visitas, comunicaciones o estancias que deben ser remitidos a la autoridad judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo del art韈ulo 178.4 del C骴igo Civil.

SECCI覰 2
ADOPCI覰 INTERNACIONAL

Art韈ulo 268.– Normativa aplicable

1.– En materia de adopci髇 internacional se respetar醤 los principios inspiradores de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s, del Convenio del Consejo de Europa en materia de adopci髇 de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracci髇 internacional de menores.

2.– Asimismo, para la constituci髇 de las adopciones internacionales se atender a las especificidades establecidas a tal efecto en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional, en la presente ley, as como en las dem醩 disposiciones legales y en la normativa de desarrollo reglamentario en la materia que resulten de aplicaci髇, incluidos los tratados y las normas internacionales.

3.– Igualmente, resultar醤 de aplicaci髇 la legislaci髇 del pa韘 de origen de la persona menor de edad adoptada que resulte aplicable en la materia y, en especial, los acuerdos o convenios bilaterales relativos a la adopci髇 y protecci髇 internacional de menores que el Estado espa駉l suscriba con otros estados.

Art韈ulo 269.– Acuerdos bilaterales en materia de adopci髇 internacional

1.– El Gobierno Vasco, dentro del l韒ite de las competencias constitucional y estatutariamente atribuidas a la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, podr celebrar con otros estados acuerdos bilaterales de naturaleza internacional, no constitutivos de tratado, en materia de adopci髇 internacional, y cuyo contenido sea de car醕ter administrativo o t閏nico. Dichos acuerdos tendr醤 por finalidad articular la colaboraci髇 necesaria en cuestiones referidas al 醡bito material de los servicios sociales y la atenci髇 y protecci髇 a las personas menores de edad.

2.– Los acuerdos bilaterales de naturaleza internacional no constitutivos de tratado podr醤 celebrarse tanto con los pa韘es de origen cuya normativa as lo exija como con aquellos otros pa韘es con los que se estime conveniente disponer de este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 39.2 del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional.

3.– En todo caso, y sin perjuicio de la normativa auton髆ica propia que resulte de aplicaci髇 en la materia, el procedimiento de elaboraci髇 y celebraci髇 de los acuerdos bilaterales deber ajustarse en su tramitaci髇 al r間imen jur韉ico previsto por el t韙ulo III y el cap韙ulo II del t韙ulo V de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Art韈ulo 270.– Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco

1.– El Gobierno Vasco contar con una Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional, que actuar como 髍gano consultivo y de asesoramiento del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, con la funci髇 primordial de coordinar la acci髇 en este 醡bito y asegurar la aplicaci髇 de pautas de actuaci髇 homog閚eas en la materia en todo el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

2.– La naturaleza jur韉ica de esta comisi髇 t閏nica es la propia de los 髍ganos colegiados que se prev閚 en el art韈ulo 18 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector P鷅lico Vasco.

3.– La Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional estar adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia, sin insertarse en su estructura jer醨quica.

4.– En todo caso, la comisi髇 t閏nica desarrollar las siguientes funciones:

  • a) Realizar informes o propuestas acerca de la tramitaci髇 de los procedimientos de adopci髇 con un determinado pa韘 y el n鷐ero total de expedientes a tramitar anualmente en cada pa韘 de origen.
  • b) Estudiar y elevar al 髍gano competente para la acreditaci髇 propuestas de acreditaci髇 de los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional.
  • c) Aprobar criterios y pautas de actuaci髇 en la materia para la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y, en especial, con relaci髇 a la tramitaci髇 de los procedimientos y a las fases preadoptiva y posadoptiva de la adopci髇 internacional.

5.– Su composici髇, funciones y r間imen de funcionamiento se establecer醤 reglamentariamente. Dicha normativa deber velar por alcanzar una representaci髇 equilibrada de mujeres y hombres.

Art韈ulo 271.– Procedimientos de adopci髇 internacional

1.– En todo procedimiento de adopci髇 internacional de menores nacionales de otro pa韘 o con residencia habitual en otro estado deber garantizarse que interviene, en el pa韘 de origen de la persona menor de edad susceptible de ser adoptada, una autoridad competente espec韋ica que controle y garantice la adopci髇 y que remita a las autoridades espa駉las competentes la propuesta de asignaci髇, que deber ir acompa馻da, como m韓imo, de la siguiente informaci髇 acerca de la persona menor de edad:

  • a) Identidad.
  • b) Situaci髇 de adoptabilidad.
  • c) Medio social y familiar.
  • d) Historia cl韓ica o m閐ica y necesidades especiales o particulares.
  • e) Informaci髇 relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y autoridades requeridos por la legislaci髇 del pa韘 de origen.

2.– Asimismo, en los procedimientos de adopci髇 internacional deber醤 respetarse, en todo caso, los siguientes aspectos:

  • a) La aplicaci髇 del principio de subsidiariedad de la adopci髇 internacional.
  • b) Que la adopci髇 responde al inter閟 superior de la persona menor de edad adoptada.
  • c) Que la persona menor de edad puede ser adoptada.
  • d) Que los consentimientos requeridos se dan libremente, sin recibir contraprestaci髇 econ髆ica alguna, conociendo las consecuencias y los efectos que se derivan de la adopci髇, especialmente en cuanto a la extinci髇 definitiva de todo v韓culo jur韉ico entre la persona adoptada y su familia de origen.
  • e) Que la adopci髇 no comporta un beneficio material indebido para las personas que se ofrecen para la adopci髇 o para cualquier otra persona.
  • f) Que la persona menor de edad, si tiene suficiente juicio, sea escuchada.

3.– En ning鷑 caso se tramitar醤 ofrecimientos para la adopci髇 de menores nacionales de un pa韘 o con residencia habitual en un estado que se encuentre en situaci髇 de conflicto armado o b閘ico o inmerso en un desastre natural.

Art韈ulo 272.– Actividad de intermediaci髇 en materia de adopci髇 internacional

1.– Se entiende por intermediaci髇 en adopci髇 internacional toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relaci髇 a las personas que se ofrecen para la adopci髇 con las autoridades, organizaciones e instituciones del pa韘 de origen o residencia de la persona menor de edad susceptible de ser adoptada y prestar la asistencia suficiente para que la adopci髇 se pueda llevar a cabo.

2.– Las diputaciones forales, con relaci髇 a los ofrecimientos para la adopci髇 internacional realizados por personas residentes en el territorio hist髍ico en el que ejercen su competencia, podr醤 ejecutar la funci髇 de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional directamente con las autoridades centrales de los pa韘es que hayan ratificado el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, siempre y cuando en la fase de tramitaci髇 administrativa en el pa韘 de origen no intervenga persona f韘ica o jur韉ica u organismo que no haya sido debidamente acreditado.

3.– En iguales t閞minos, podr醤 efectuar la funci髇 de intermediaci髇 en materia de adopci髇 internacional los organismos debidamente acreditados, en los t閞minos y con el alcance que se determine legal y reglamentariamente.

4.– Ninguna otra persona ni entidad u organismo que no haya obtenido la acreditaci髇 como organismo de intermediaci髇 en adopci髇 internacional podr intervenir en la realizaci髇 de funciones de intermediaci髇 en adopci髇 internacional.

5.– En todo caso, en las adopciones internacionales nunca podr醤 producirse beneficios financieros distintos de aquellos que sean precisos para cubrir estrictamente los gastos necesarios para efectuar o desarrollar la actividad de intermediaci髇 en materia de adopci髇 internacional y que hayan sido aprobados por el Gobierno Vasco en el marco del oportuno procedimiento de acreditaci髇 o, en su caso, por las diputaciones forales, para aquellos supuestos en los que ejercitan directamente la funci髇 de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional.

Art韈ulo 273.– Organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional

1.– Se consideran organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional las entidades que efect鷄n la funci髇 de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional y que han sido debidamente acreditadas para ello en los t閞minos, con el alcance y con las condiciones que se determinan por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional, por las disposiciones de la presente ley, as como por la normativa auton髆ica de desarrollo reglamentario que les resulte de aplicaci髇.

2.– En todo caso, y sin perjuicio del resto de requisitos o condiciones que se establezcan reglamentariamente, solo podr醤 ser acreditadas para realizar las funciones de intermediaci髇 en adopci髇 internacional las entidades sin 醤imo de lucro, debidamente inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en sus estatutos la protecci髇 de menores que dispongan en territorio nacional de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y que est閚 dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral, por su formaci髇 y por su experiencia en el 醡bito de la adopci髇 internacional.

3.– Los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional deber醤 realizar, de forma espec韋ica y en todo caso, las siguientes funciones:

  • a) Informaci髇 a las personas interesadas en realizar un ofrecimiento en materia de adopci髇 internacional.
  • b) Asesoramiento, formaci髇 y apoyo a las personas que se ofrecen para la adopci髇 internacional acerca del significado, la finalidad e implicaciones de la adopci髇, en los aspectos culturales relevantes y en los tr醡ites que necesariamente deben realizar en Espa馻 y en los pa韘es de origen de las personas menores de edad.
  • c) Intervenci髇 en la tramitaci髇 de los expedientes de adopci髇 internacional ante las autoridades competentes, tanto espa駉las como extranjeras.
  • d) Intervenci髇 en la tramitaci髇 y realizaci髇 de las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones posadoptivas establecidas para las personas adoptantes por la legislaci髇 o las autoridades competentes del pa韘 de origen de las personas menores de edad.

4.– En el caso de que la entidad que pretenda la oportuna acreditaci髇 como organismo de intermediaci髇 en adopci髇 internacional tenga su sede en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, deber estar inscrita en el registro de servicios sociales que corresponda, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 51 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Art韈ulo 274.– Acreditaci髇 de los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional

1.– El Gobierno Vasco, en los t閞minos y con el procedimiento que reglamentariamente se determine, conceder la acreditaci髇 a los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional, previo informe de la Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

2.– Las acreditaciones que sean concedidas deber醤 inscribirse en un registro p鷅lico de car醕ter auton髆ico, espec韋ico de organismos acreditados de adopci髇 internacional.

3.– El departamento del Gobierno Vasco competente para la concesi髇 de la acreditaci髇, a iniciativa propia o a propuesta de las diputaciones forales, podr suspender o retirar, mediante expediente contradictorio, la acreditaci髇 concedida a aquellos organismos que dejen de cumplir las condiciones o los requisitos que motivaron su concesi髇 o que infrinjan en su actuaci髇 el ordenamiento jur韉ico auton髆ico, estatal o internacional.

4.– La suspensi髇 o retirada de la acreditaci髇 podr realizarse, con car醕ter general, respecto de todos los pa韘es autorizados o solo para alg鷑 pa韘 concreto. En estos casos se podr determinar, si procede, la necesaria finalizaci髇 de los expedientes pendientes por parte del organismo acreditado objeto de la p閞dida de acreditaci髇.

5.– En el marco de la acreditaci髇 concedida, corresponde al Gobierno Vasco el control, la inspecci髇 y el seguimiento de los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional con respecto a todas las actividades que efect鷈n, tanto de las actuaciones que desarrollen en el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco como de aquellas otras que vayan a desarrollar en el pa韘 de origen de la persona menor de edad.

6.– En el ejercicio de sus funciones de control, inspecci髇 y seguimiento, el Gobierno Vasco llevar un registro de las incidencias que se detecten en la tramitaci髇 de los procedimientos de adopci髇 internacional, as como de las quejas y reclamaciones que se presenten por las personas o familias que se hayan ofrecido para la adopci髇 internacional, respecto de la tramitaci髇 de sus expedientes.

7.– A los efectos anteriores, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, desarrollar reglamentariamente los requisitos y el procedimiento para la acreditaci髇 de los organismos de intermediaci髇 en adopci髇 internacional, la eficacia de la acreditaci髇, el r間imen de funcionamiento, el r間imen econ髆ico y financiero, as como la actividad de control, inspecci髇 y seguimiento de estos organismos con respecto a las actividades que desarrollen.

8.– Igualmente, ser醤 objeto de desarrollo reglamentario el r間imen de funcionamiento y el contenido de los registros de acreditaciones y de incidencias, quejas y reclamaciones a los que se alude en los apartados 2 y 6 del presente art韈ulo, respectivamente.

Art韈ulo 275.– Tramitaci髇 de los ofrecimientos para la adopci髇 internacional

Las personas que se ofrecen para la adopci髇 podr醤 contratar los servicios de intermediaci髇 de cualquier organismo que se encuentre acreditado por el Gobierno Vasco o por la administraci髇 p鷅lica competente de otra comunidad aut髇oma.

SECCI覰 3
FASE POSADOPTIVA

Art韈ulo 276.– Obligaciones preadoptivas y posadoptivas de las personas adoptantes

1.– Las diputaciones forales, con objeto de velar por el inter閟 superior de la persona menor de edad adoptada, y con independencia de la situaci髇 o medida de protecci髇 en la que se encontrase la persona menor con car醕ter previo a la constituci髇 de la adopci髇, realizar醤 los seguimientos que consideren necesarios para valorar la adaptaci髇 e integraci髇 de la persona menor de edad en su nueva familia.

2.– En cualquier caso, los informes de seguimiento se realizar醤, al menos, con una periodicidad semestral durante los dos a駉s posteriores a la constituci髇 de la adopci髇, salvo que la persona menor de edad presente circunstancias o necesidades especiales, en cuyo caso los informes se realizar醤 con car醕ter trimestral, durante el primer a駉 de la adopci髇.

3.– En el caso de las adopciones internacionales, la realizaci髇 de los informes de seguimiento deber llevarse a cabo con la periodicidad y en la forma exigida por la legislaci髇 o las autoridades competentes de los pa韘es de origen de las personas menores de edad.

4.– Las personas adoptantes deber醤 facilitar, en el tiempo y con la periodicidad prevista, la informaci髇, documentaci髇 y entrevistas que la diputaci髇 foral o el organismo acreditado para la intermediaci髇 en adopci髇 internacional precisen para la elaboraci髇 y, en su caso, remisi髇 de los informes de seguimiento de la adaptaci髇 de la persona menor de edad a la nueva familia que resulten exigibles, bien por la propia diputaci髇 foral, bien por el pa韘 de origen de la persona menor de edad.

5.– El incumplimiento por parte de las personas adoptantes de las obligaciones de seguimiento anteriores o de otras obligaciones, econ髆icas o materiales, que resulten necesarias para que dichos informes puedan ser recibidos por tal autoridad extranjera competente en el pa韘 de origen en el tiempo y forma establecida y con la periodicidad exigida se considerar un incumplimiento en materia de protecci髇 de personas menores de edad que podr ser considerado causa de no idoneidad en un proceso posterior de adopci髇, adem醩 de constituir una infracci髇 grave, de conformidad con los art韈ulo 326.28 y 326.29 de esta ley.

Art韈ulo 277.– Medidas de apoyo tras la adopci髇

1.– Las diputaciones forales, en el marco de la fase posterior a la adopci髇, deber醤 proporcionar a las personas adoptantes y a las personas menores de edad adoptadas medidas, programas, recursos o servicios de asesoramiento, formaci髇, orientaci髇 y apoyo y atenci髇 t閏nica especializada, cuando resulten necesarios en atenci髇 al inter閟 superior de la persona menor de edad.

2.– En particular, las diputaciones forales desarrollar醤 las siguientes actuaciones:

  • a) Ofrecer a las personas menores de edad adoptadas y a sus familias, directamente o mediante personas profesionales externas, un recurso profesional especializado a trav閟 del cual se les proporcionar asesoramiento y orientaci髇 para afrontar las necesidades espec韋icas que se derivan de las situaciones de desprotecci髇 vividas y de las particularidades que presenta la filiaci髇 adoptiva y que pueden tener incidencia con relaci髇 a aspectos psicol骻icos, sociales, educativos y de otra 韓dole que resulte esencial abordar en el proceso de adaptaci髇 e integraci髇 familiar.
  • b) Fomentar las actuaciones de formaci髇 y apoyo mutuo que con esta finalidad lleven a cabo las organizaciones de personas adoptadas o de familias adoptivas.
  • c) Difundir entre las personas que atienden profesionalmente a las personas adoptadas o a sus familias, en el 醡bito de la educaci髇, de la sanidad o de la acci髇 social, un conocimiento adecuado de la realidad de la adopci髇.
  • d) Ofrecer un apoyo psicosocial espec韋ico tras la adopci髇 a quienes adopten a personas menores a partir de los seis a駉s que hayan sufrido maltrato grave u otras experiencias traum醫icas o que presenten problemas graves de salud u otras circunstancias o necesidades especiales que dificulten su adaptaci髇 e integraci髇 familiar.

Art韈ulo 278.– Obligatoriedad de la conservaci髇 de la informaci髇 relativa a los or韌enes de la persona menor de edad adoptada

1.– Las diputaciones forales, as como los restantes titulares de archivos p鷅licos que contengan informaci髇 relativa a adopciones, tomar醤 las medidas necesarias para asegurar la conservaci髇 de toda la informaci髇 de que dispongan referida a los or韌enes de la persona menor.

2.– En particular, deber garantizarse la conservaci髇 de la informaci髇 correspondiente a la identidad de sus personas progenitoras, as como de la historia m閐ica de la persona menor y de su familia.

3.– La informaci髇 aludida en los apartados anteriores se conservar durante, al menos, 50 a駉s con posterioridad al momento en que la adopci髇 se haya hecho definitiva.

Art韈ulo 279.– Derecho a conocer los datos sobre los or韌enes biol骻icos

1.– La conservaci髇 de la informaci髇 prevista en el art韈ulo anterior se llevar a cabo a los solos efectos de que las personas adoptadas, alcanzada la mayor韆 de edad o durante su minor韆 de edad a trav閟 de sus representantes legales, puedan ejercitar su derecho a conocer los datos sobre sus or韌enes biol骻icos.

2.– En todo caso, cuando el derecho regulado en este art韈ulo haya sido ejercido por una persona menor de edad, a trav閟 de sus representantes legales, el acceso efectivo a los datos sobre sus or韌enes biol骻icos quedar condicionado a su edad, madurez y a un desarrollo evolutivo que resulte adecuado no solo para conocer, sino tambi閚 para comprender y procesar emocionalmente su historia personal de origen y sus circunstancias familiares y sociales, as como para asumirlas e integrarlas como parte de su propia identidad.

3.– Las diputaciones forales, previa notificaci髇 a las personas afectadas, prestar醤 a trav閟 de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo el derecho a conocer los datos sobre sus or韌enes biol骻icos. A tal efecto, cualquier entidad privada o p鷅lica tendr obligaci髇 de facilitar a las diputaciones forales y al Ministerio Fiscal, cuando le sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre la persona adoptada y su familia de origen.

4.– El asesoramiento y la ayuda prestada por las diputaciones forales podr consistir en alguna de las siguientes actuaciones:

  • a) Orientaci髇 sobre el proceso de b鷖queda, localizaci髇 y obtenci髇 de la informaci髇 o asesoramiento y apoyo para su compresi髇 y procesamiento emocional y la asunci髇 e integraci髇 como parte de la propia identidad.
  • b) Intermediaci髇 y preparaci髇 para el contacto con miembros de la familia de origen, si las personas implicadas prestan su consentimiento con ese prop髎ito. A tal efecto, deber llevarse a cabo un procedimiento confidencial de mediaci髇, previo a la revelaci髇 de los datos, en cuyo marco tanto la persona adoptada como sus personas progenitoras biol骻icas ser醤 informadas de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte en relaci髇 con un posible contacto o encuentro.

5.– En todo caso, las actuaciones previstas en el apartado anterior se llevar醤 a cabo por un equipo t閏nico especializado, cuya composici髇, cualificaci髇 y funciones se determinar醤 por el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, en el marco del desarrollo reglamentario que realice del procedimiento confidencial de mediaci髇 espec韋ico para conocer los datos sobre los or韌enes biol骻icos.

6.– El tratamiento y la cesi髇 de datos de car醕ter personal para la realizaci髇 de estas funciones, fundadas en el cumplimiento de una obligaci髇 legal, no precisar de la autorizaci髇 o consentimiento de su titular.

T蚑ULO VII
ATENCI覰 SOCIOEDUCATIVA A PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

CAP蚑ULO I
罬BITO SUBJETIVO

Art韈ulo 280.– 羗bito personal de aplicaci髇

Las previsiones contempladas en este t韙ulo ser醤 aplicables a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, entendiendo por tales a aquellas que deban responder, en aplicaci髇 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de la comisi髇 de hechos tipificados como delitos en la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, o en las leyes penales especiales, y sean objeto de una medida impuesta por el juez o la jueza de menores.

Art韈ulo 281.– Personas menores de catorce a駉s en conflicto con la ley penal

Quedan excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo las personas menores de catorce a駉s que sean autoras de hechos tipificados penalmente, en la medida en que no se les exige responsabilidad con arreglo a la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En tales casos deber aplicarse lo dispuesto en el art韈ulo 147 de esta ley.

CAP蚑ULO II
ACCI覰 PREVENTIVA, PRINCIPIOS Y MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

Art韈ulo 282.– Prevenci髇

1.– Con car醕ter general, la prevenci髇 de las conductas transgresoras de la ley penal debe hacerse en el marco de la acci髇 de promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia, contemplada en el t韙ulo III de esta ley, y de la acci髇 preventiva contemplada en el t韙ulo IV, en relaci髇 con las situaciones perjudiciales para la salud, la educaci髇, el bienestar material y la inclusi髇 social; en el t韙ulo V, en relaci髇 con las situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia; y en el t韙ulo VI, en relaci髇 con la protecci髇 a la infancia y la adolescencia. El conjunto de estas actuaciones inclusivas contribuir a su adecuada socializaci髇, haciendo innecesaria la intervenci髇 del sistema de justicia juvenil.

2.– Cuando el Ministerio Fiscal remita testimonio de particulares de hechos delictivos cometidos por una persona menor de catorce a駉s a las diputaciones forales, estas valorar醤 su situaci髇 particular y singularizada, a fin de determinar si existe una situaci髇 de desprotecci髇 u otras carencias educativas, sociales, de v韓culo afectivo o familiares, y trasladar醤 o derivar醤 el caso a las administraciones competentes en funci髇 de dicha valoraci髇. En caso de no considerar necesaria ninguna intervenci髇, desestimar醤 razonadamente las acciones pertinentes, y dejar醤 constancia de lo actuado.

Art韈ulo 283.– Principios rectores de la actuaci髇 administrativa

La atenci髇 socioeducativa a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal se ajustar, en todo caso, a los siguientes principios:

  • a) De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 17.3 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, mientras dure la detenci髇, las personas detenidas menores de edad deber醤 permanecer custodiadas en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para las personas mayores de edad, y recibir醤 los cuidados, la protecci髇 y la asistencia social, psicol骻ica, m閐ica y f韘ica que requieran, teniendo en cuenta su edad y sexo, as como sus caracter韘ticas individuales.
  • b) Se tendr presente la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa de las medidas aplicables y la necesidad de garantizar la flexibilidad en su ejecuci髇 atendiendo a lo que resulte m醩 conveniente a las particulares caracter韘ticas de cada caso.
  • c) En la aplicaci髇 de las medidas se garantizar que gocen de todos los derechos reconocidos en la Constituci髇 y en el ordenamiento jur韉ico, particularmente en la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, as como en la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, y el conjunto de las disposiciones vigentes en materia de garant韆 de derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en los t閞minos previstos en los art韈ulos 24 y 26 de esta ley.
  • d) De conformidad con el principio de legalidad, no podr ejecutarse ninguna medida sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento dispuesto en la normativa vigente, y dichas medidas no podr醤 aplicarse en otra forma que la prescrita en dicha normativa, en aplicaci髇 de lo estipulado en el art韈ulo 43 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
  • e) La ejecuci髇 de las medidas judiciales se realizar bajo el control del juez o de la jueza de menores que dict la sentencia correspondiente, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 44 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
  • f) La ejecuci髇 de las medidas judiciales se realizar sobre la base del principio de intervenci髇 m韓ima necesaria desde el 醡bito de la justicia, lo que implica necesariamente la coordinaci髇 de las actuaciones con otros sistemas de atenci髇, en particular el sistema educativo y el sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y, en su caso, la derivaci髇 a estos de casos que puedan exigir intervenciones desde dichos 醡bitos.
  • g) La aplicaci髇 de las medidas judiciales responder al principio de inmediatez, con el fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas.
  • h) La ejecuci髇 de las medidas judiciales aplicadas a personas infractoras menores de edad, en particular en el marco de las medidas en medio abierto y de los procesos de justicia restaurativa, como la mediaci髇, los c韗culos o las conferencias restaurativas, requerir la participaci髇 y la implicaci髇 de la comunidad.

Art韈ulo 284.– Organizaci髇 de servicios

1.– El Gobierno Vasco, en su calidad de administraci髇 p鷅lica competente para la ejecuci髇 de las medidas judiciales impuestas a personas menores de edad en conflicto con la ley penal, contar con los medios materiales y personales necesarios para ejercer dichas funciones.

2.– En particular, el Gobierno Vasco contar en cada uno de los territorios hist髍icos con equipos psicosociales especializados de asistencia t閏nica y asesoramiento al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial.

3.– Cuando lo estime necesario y oportuno, podr establecer, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, las f髍mulas de colaboraci髇 necesarias para la ejecuci髇 de las medidas con otras entidades, ya sean p鷅licas, dependientes de la Administraci髇 General del Estado o de la Administraci髇 local o de las comunidades aut髇omas, ya sean privadas sin 醤imo de lucro, y se ajustar醤 en este 鷏timo caso a lo previsto en el art韈ulo siguiente.

4.– En todo caso, la ejecuci髇 de las medidas por dichas entidades se realizar bajo la directa supervisi髇 del departamento competente en materia de justicia, y sin que ello suponga la cesi髇 de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecuci髇.

5.– La administraci髇 p鷅lica competente velar por que el personal profesional que intervenga en la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal sea el id髇eo para el desempe駉 de las funciones que vaya a desarrollar, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 314.2 de esta ley.

6.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de seguridad, prestar el adecuado servicio policial en los casos en que se vean implicadas personas menores de edad. En relaci髇 con ello, deber garantizarse la adecuada formaci髇 de los agentes policiales, la existencia de personal policial experto en intervenci髇 con menores de edad, as como la implantaci髇 de sistemas de organizaci髇 y funcionamiento que garanticen la intervenci髇 efectiva de este personal experto en los casos en que se detecte la participaci髇 de menores de edad.

Art韈ulo 285.– Entidades colaboradoras de atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal

1.– Se consideran entidades colaboradoras de atenci髇 socioeducativa las que desarrollan su actividad en el 醡bito de la aplicaci髇 de medidas dirigidas a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

2.– La autorizaci髇, registro, homologaci髇 e inspecci髇 de estas entidades recaer en el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, y se regir por su normativa sectorial.

3.– Las funciones para las que pueden ser homologadas son las de aplicaci髇 de medidas adoptadas por los jueces y las juezas de menores a personas menores en conflicto con la ley penal, as como la aplicaci髇 de medidas de reparaci髇 de da駉s y de conciliaci髇 con la v韈tima, excepto en los casos en los que tales funciones deban ejercerse necesariamente por personal p鷅lico de conformidad con lo dispuesto legalmente, en los t閞minos definidos en el presente t韙ulo.

4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia crear y regular un registro de entidades colaboradoras de atenci髇 socioeducativa a personas infractoras menores de edad, en el que deber醤 constar inscritas todas las instituciones de esta naturaleza que hayan sido habilitadas por dicha administraci髇.

CAP蚑ULO III
TIPOLOG虯 DE MEDIDAS Y EJECUCI覰 DE MEDIDAS

Art韈ulo 286.– Tipos de medidas

1.– Las medidas que pueden imponer los jueces y las juezas de menores son las establecidas en el art韈ulo 7 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con el alcance que se determina para cada una de ellas en la citada ley.

2.– Las reglas para la ejecuci髇 de las medidas son las establecidas en el cap韙ulo II del t韙ulo VII de la ley org醤ica referida en el apartado anterior en relaci髇 con la liquidaci髇 de la medida, la refundici髇 de medidas impuestas, el expediente personal, los informes sobre la ejecuci髇, el quebrantamiento de la ejecuci髇, la sustituci髇 de las medidas, la presentaci髇 de recursos y el cumplimiento de la medida.

Art韈ulo 287.– Ejecuci髇 de medidas en el propio entorno de la persona menor de edad en conflicto con la ley penal

1.– Para la ejecuci髇 de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona menor de edad en conflicto con la ley penal, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, desarrollar programas de integraci髇 social, bien por s mismo, bien fomentando su dise駉 e implementaci髇 por otras entidades.

2.– Los programas de integraci髇 social establecidos en el apartado anterior contemplar醤 actuaciones espec韋icas de ocio, apoyo socioeducativo, tareas prelaborales, aprendizaje de habilidades sociales y convivencia familiar, o cualquier otra actuaci髇 que contribuya a la consecuci髇 de los objetivos educativos perseguidos.

3.– Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, y particularmente en materia de salud, educaci髇 y servicios sociales, colaborar醤 con el Gobierno Vasco en la ejecuci髇 de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona menor de edad, y facilitar醤 su acceso a los recursos socioeducativos normalizados. Asimismo, se fomentar la colaboraci髇 con entidades privadas sin 醤imo de lucro en los t閞minos previstos en el art韈ulo 285 de esta ley.

Art韈ulo 288.– Ejecuci髇 de medidas de internamiento

1.– De conformidad con el art韈ulo 54 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, las medidas privativas de libertad, la detenci髇 y las medidas cautelares de internamiento se ejecutar醤 en centros espec韋icos para personas menores de edad en conflicto con la ley penal, diferentes de los previstos en la legislaci髇 penitenciaria para la ejecuci髇 de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a las personas mayores de edad penal.

2.– Las medidas de internamiento podr醤 ser ejecutadas en centros sociosanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera y cuente con la previa autorizaci髇 del juez o de la jueza de menores.

Art韈ulo 289.– Requisitos materiales, funcionales y de personal de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo

1.– Los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo estar醤 divididos en m骴ulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas. El estado de conservaci髇 y las condiciones de utilizaci髇 de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo ser醤 los adecuados; adem醩, deber醤 contar con las instalaciones y los espacios adecuados para responder a las necesidades de las personas menores de edad.

2.– Los requisitos materiales, funcionales y de personal que deber醤 reunir los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo ser醤 los establecidos reglamentariamente.

3.– La normativa mencionada en el apartado anterior contendr referencia expresa a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de las personas profesionales que las atienden, as como a la necesidad de que dispongan de un reglamento de r間imen interno que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo, cuyo cumplimiento tendr como finalidad la consecuci髇 de una convivencia ordenada que permita la ejecuci髇 de los diferentes programas de intervenci髇 educativa y las funciones de custodia de las personas menores internadas.

4.– La normativa auton髆ica reglamentaria ser aplicable a todos los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo para personas menores de edad en conflicto con la ley penal situados en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

Art韈ulo 290.– Inspecci髇 de los centros

1.– Corresponde a las jueces y a los jueces de menores las funciones de control y seguimiento de las medidas establecidas en el art韈ulo 44 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2.– Al Ministerio Fiscal le corresponden las actuaciones establecidas en el ordenamiento jur韉ico, en su doble vertiente de garante de los derechos de las personas menores de edad recogidos en la legislaci髇 civil, por un lado, y de 髍gano instructor y de seguimiento en la mencionada Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, por otro lado.

3.– Corresponde al departamento competente en materia de justicia la inspecci髇 de estos centros, al menos cada cuatro meses, y, en todo caso, siempre que lo aconsejen las circunstancias.

Art韈ulo 291.– Deber de vigilancia de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo

Sin perjuicio de las previsiones contenidas en el art韈ulo anterior, corresponder a la persona que act鷈 como directora o responsable de un centro educativo de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, en su calidad de persona responsable m醲ima de dicho centro, un deber de especial vigilancia para velar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las medidas de seguridad establecidas, as como de las instrucciones y directrices emanadas de las autoridades, entidades u 髍ganos competentes.

Art韈ulo 292.– Principio de resocializaci髇

1.– La organizaci髇, el funcionamiento y la actividad de los centros deber醤 fundamentarse en el principio de que las personas menores de edad sujetas a medidas de internamiento son sujetos de derechos integrantes de la sociedad.

2.– En aplicaci髇 de este principio, la vida en los centros debe tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para ella y para su familia y favoreciendo los v韓culos sociales y la colaboraci髇 y participaci髇 de las entidades p鷅licas y privadas en el proceso de integraci髇 social.

3.– A tal efecto, y con el fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad, disfrutar醤 de los permisos y las salidas fijadas en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

4.– En todo caso, la concesi髇 de los distintos permisos, ordinarios y extraordinarios, y de las salidas que se contemplen quedar sujeta al cumplimiento de los l韒ites, las condiciones y los requisitos previstos para ello en el citado Reglamento de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, as como en la normativa auton髆ica sectorial de desarrollo reglamentario que resulte de aplicaci髇 en la materia.

Art韈ulo 293.– Derechos y deberes de las personas menores en los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo

1.– Las personas menores de edad en conflicto con la ley penal sujetas a alguna medida de internamiento tienen derecho a que se respete su personalidad, su libertad ideol骻ica y religiosa y los derechos e intereses leg韙imos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minor韆 de edad civil, as como todos los derechos contemplados en el art韈ulo 56 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y, en particular, los siguientes:

  • a) Recibir informaci髇 personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situaci髇 personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del centro, del contenido y evoluci髇 de su proyecto educativo individual y de las evaluaciones que se hagan de su cumplimiento.
  • b) Ser atendidas sin discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, edad, origen racial o 閠nico, sexo, estado civil, orientaci髇 sexual, aptitud f韘ica o ps韖uica, estado de salud, lengua, cultura, religi髇, creencia, ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal, econ髆ica o social, respetando sus or韌enes y favoreciendo la conservaci髇 de su bagaje cultural y religioso.
  • c) Recibir un trato digno por parte del personal del centro y de las dem醩 personas residentes.
  • d) Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente y el deber de reserva en su utilizaci髇; en este sentido, su condici髇 de internados o internadas deber ser estrictamente reservada frente a terceras personas.
  • e) Comunicarse libremente con su padre y su madre o, en su caso, con las personas que ejerzan su tutela o guarda, con familiares u otras personas, salvo que sea contrario a su inter閟 en el marco de un procedimiento de protecci髇; y recibir visitas en el centro y disfrutar de salidas y permisos conforme se establezca reglamentariamente.
  • f) Comunicarse reservadamente con sus letrados o letradas, con el juez o la jueza de menores competente, con el Ministerio Fiscal y con el servicio competente para la inspecci髇 de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo o, en su caso, con la instituci髇 del Ararteko.
  • g) Ver respetada su intimidad.
  • h) Tener cubiertas las necesidades b醩icas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.
  • i) Realizar actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formaci髇.
  • j) Conocer su situaci髇 legal en todo momento.
  • k) Ser informadas de los procedimientos de reclamaci髇 existentes en el centro y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direcci髇 del centro, la administraci髇 auton髆ica, las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal o la Oficina de la Infancia y la Adolescencia de la instituci髇 del Ararteko, y presentar todos los recursos legales que prev la legislaci髇 vigente en defensa de sus derechos e intereses leg韙imos.
  • l) Ejercer los derechos civiles, pol韙icos, sociales, religiosos, econ髆icos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el cumplimiento de la medida.
  • m) Cumplir la medida de internamiento en el centro m醩 cercano a su domicilio, de acuerdo con su r間imen de internamiento.
  • n) Disponer de un programa de atenci髇 individualizada y participar en su elaboraci髇 y evaluaci髇 peri骴ica.
  • o) Recibir informaci髇 personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situaci髇 personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del centro, as como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o presentar recursos. Esta informaci髇 deber ser proporcionada a las personas menores de edad en el momento de su ingreso en el centro.
  • p) Saber que sus representantes legales est醤 informados o informadas sobre su situaci髇 y evoluci髇, as como sobre los derechos que les corresponden, con los l韒ites dispuestos en la legislaci髇 vigente.
  • q) En el caso de madres adolescentes internadas, tener en su compa耥a a sus hijos e hijas menores de tres a駉s, siempre que as proceda en atenci髇 al inter閟 superior de ambas, y en las condiciones y con los requisitos que se prevean reglamentariamente.

2.– Toda la informaci髇 dirigida a las personas menores de edad y, en particular, la que se indica en las letras a), k) y o) del apartado anterior deber proporcionarse en formato accesible y en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y les sea f醕ilmente comprensible, y adaptada a su capacidad de entendimiento y dem醩 circunstancias personales.

3.– Las personas menores de edad en conflicto con la ley penal sometidas a una medida de internamiento tienen los deberes establecidos en el art韈ulo 57 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y, en particular, los siguientes:

  • a) Permanecer en el centro hasta el momento de la finalizaci髇 de la medida, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas en el exterior.
  • b) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aquel en el ejercicio leg韙imo de sus funciones.
  • c) Respetar la dignidad y funci髇 de cuantas personas trabajen o vivan en el centro.
  • d) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposici髇.
  • e) Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formaci髇.
  • f) Cumplir las medidas disciplinarias impuestas.
  • g) Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, a los reconocimientos y pruebas m閐icas que sean precisos en garant韆 del derecho a la salud de la propia persona internada y de las dem醩 personas que vivan o trabajen en el centro.

Art韈ulo 294.– Plan de intervenci髇 individualizada

1.– Todas las personas menores de edad en conflicto con la ley penal a quienes resulte de aplicaci髇 el presente cap韙ulo ser醤 incluidas en un plan de intervenci髇 individualizada, que deber ser elaborado y puesto en marcha por los servicios de justicia juvenil.

2.– El plan de intervenci髇 individualizada que se elabore deber contemplar claramente la finalidad de la medida y una previsi髇 de objetivos y plazos para su consecuci髇. Asimismo, deber incorporar un programa de seguimiento que valore la situaci髇 sociofamiliar de la persona menor de edad.

3.– Cuando el acto violento que trae causa de la adopci髇 de alguna de las medidas establecidas en el art韈ulo 7 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pueda ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad sexual o de violencia de g閚ero, el plan de intervenci髇 individualizada deber incluir un m骴ulo formativo en igualdad de g閚ero, con el fin de contribuir a la adquisici髇 de actitudes no sexistas, h醔itos respetuosos y valores democr醫icos.

4.– Asimismo, cuando los hechos se hayan realizado en el entorno digital, el plan de intervenci髇 individualizada deber incluir, a su vez, un m骴ulo formativo espec韋ico en materia de seguridad digital, con el fin de sensibilizarlas y capacitarlas sobre las siguientes cuestiones:

  • a) La seguridad y el uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, en general.
  • b) Los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fen髆enos de violencia sexual, tales como el ciberacoso, el grooming, la ciberviolencia de g閚ero o el sexting.

Art韈ulo 295.– Medidas de vigilancia y seguridad

1.– Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo podr醤 suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres personales de las personas menores de edad internadas en ellos.

2.– Estas medidas de vigilancia y seguridad, en su forma, duraci髇, horario y frecuencia, procurar醤 el respeto a la intimidad y enseres personales de las personas menores de edad, primando un criterio restrictivo en cuanto a su utilizaci髇 y evitando, en todo caso, los registros nocturnos.

3.– Se podr醤 utilizar exclusivamente los medios de contenci髇 necesarios que se establezcan reglamentariamente para evitar y reprimir actos de violencia o lesiones de las personas que cumplan alguna de las medidas previstas en el art韈ulo 7 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a s mismas o a otras personas, para impedir actos de fuga y da駉s en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa a las instrucciones del personal del centro en el ejercicio leg韙imo de su cargo.

4.– 趎icamente se admitir, con car醕ter excepcional, la sujeci髇 de las mu馿cas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas.

5.– En todo caso, y con independencia de las circunstancias presentes, se proh韇e la contenci髇 mec醤ica consistente en la sujeci髇 de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

6.– La aplicaci髇 de medidas de contenci髇 requerir, en todos los casos en que se haga uso de la fuerza, la exploraci髇 f韘ica de la persona menor internada por facultativo o facultativa m閐ica en el plazo m醲imo de 48 horas, y se extender el correspondiente parte m閐ico.

7.– Las medidas de contenci髇 aplicadas en los centros deber醤 ser comunicadas con car醕ter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotar醤 en el Libro de Registro de Incidencias, que ser supervisado por parte de la direcci髇 del centro, y en el expediente individualizado de la persona menor de edad, que debe mantenerse actualizado.

CAP蚑ULO IV
R蒅IMEN DISCIPLINARIO

Art韈ulo 296.– R間imen disciplinario

1.– Las personas menores de edad sujetas a medidas judiciales de internamiento podr醤 ser objeto de medidas disciplinarias en los supuestos de infracci髇 establecidos en el art韈ulo siguiente y de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente, y deber respetarse en todo momento su dignidad.

2.– En ning鷑 supuesto se les podr privar de sus derechos de alimentaci髇, asistencia sanitaria, ense馻nza obligatoria, comunicaciones y visitas.

3.– El procedimiento disciplinario ser objeto de regulaci髇 en el marco del desarrollo reglamentario de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo. En todo caso, dicho procedimiento deber prever el registro de las medidas sancionadoras impuestas, y se indicar醤 la infracci髇 que origine la medida sancionadora y las circunstancias de la aplicaci髇 de esta.

Art韈ulo 297.– Hechos constitutivos de infracci髇 disciplinaria

1.– Las infracciones se clasificar醤 en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por la persona menor de edad responsable de los hechos, su intencionalidad, la importancia del resultado y el n鷐ero de personas afectadas.

2.– Tendr醤 la consideraci髇 de infracciones muy graves los siguientes hechos:

  • a) Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del centro.
  • b) Participar en motines, peleas, agresiones o des髍denes colectivos o instigarlos, en el caso de que se hayan producido.
  • c) Intentar, facilitar o consumar la evasi髇 del centro o no regresar a 閘 tras un permiso o actividad.
  • d) Resistirse de forma activa y grave al cumplimiento de las 髍denes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones.
  • e) Causar da駉s de cuant韆 superior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposici髇 de las personas menores o en las pertenencias de otras personas.
  • f) Sustraer objetos, materiales o efectos del centro o pertenencias ajenas.
  • g) Introducir, poseer o consumir en el centro bebidas alcoh髄icas, drogas t髕icas o sustancias psicotr髉icas o estupefacientes, salvo prescripci髇 facultativa.
  • h) Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisi髇 de un acto de indisciplina grave.
  • i) La comisi髇 de tres faltas graves en un mismo d韆 o cinco en una misma semana.

3.– Tendr醤 la consideraci髇 de infracciones graves los siguientes hechos:

  • a) Incumplir los h醔itos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentaci髇 u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que se produzca una alteraci髇 en la vida del centro y en la ordenada convivencia.
  • b) Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y consideraci髇 debidos a cualquier persona dentro del centro.
  • c) Instigar a otras personas internadas a motines o des髍denes colectivos, sin conseguir ser secundadas por estas.
  • d) Introducir, poseer, usar, consumir en el centro o hacer salir de 閘 objetos o sustancias prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.
  • e) Causar da駉s de cuant韆 inferior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposici髇 de las personas menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.
  • f) Desobedecer las 髍denes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones, cuando se cause alteraci髇 de la vida del centro y de la ordenada convivencia.
  • g) Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallen permitidos por las normas de funcionamiento del centro.
  • h) Divulgar noticias o datos falsos con la intenci髇 de menoscabar la buena marcha del centro.
  • i) Acceder a espacios prohibidos dentro del centro o a espacios de acceso restringido sin el permiso correspondiente.
  • j) No asistir sin causa justificada a cualquiera de las actividades que el centro organice para las personas menores de edad internadas, ser expulsada de estas o abandonarlas sin el permiso correspondiente.
  • k) Salir del centro sin el permiso correspondiente o regresar a 閘 m醩 tarde de lo permitido por las normas de funcionamiento del centro.
  • l) Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisi髇 de un acto de indisciplina leve.
  • m) La comisi髇 de tres faltas leves en un mismo d韆.

4.– Tendr醤 la consideraci髇 de infracciones leves los siguientes hechos:

  • a) Incumplir los h醔itos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentaci髇 u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que no se produzca una alteraci髇 en la vida del centro y en la ordenada convivencia.
  • b) Desobedecer las 髍denes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones, cuando no se cause alteraci髇 de la vida del centro y de la ordenada convivencia.
  • c) Faltar levemente al respeto y consideraci髇 debidos a cualquier persona dentro del centro.
  • d) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.
  • e) Causar da駉s, por falta de diligencia o cuidado, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposici髇 de las personas menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.
  • f) Cualquier otra acci髇 u omisi髇 que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones de la persona menor de edad internada, produzca alteraci髇 en la vida del centro y en la ordenada convivencia y no est calificada como grave o muy grave.

Art韈ulo 298.– Sanci髇 de las infracciones disciplinarias

1.– Las 鷑icas sanciones que podr醤 imponerse a los hechos que constituyan alguna de las infracciones disciplinarias previstas en el art韈ulo anterior ser醤 las previstas en el art韈ulo 60 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2.– La calificaci髇 de la infracci髇 cometida, seg鷑 la clasificaci髇 en muy graves, graves y leves realizada en el art韈ulo precedente, la proporcionalidad y la flexibilidad ser醤 los criterios generales para la imposici髇 de sanciones.

3.– Asimismo, y para graduar la sanci髇 aplicable a los hechos constitutivos de infracci髇, se atender a los siguientes criterios:

  • a) La edad de la persona menor, sus caracter韘ticas y la situaci髇 en la que se encuentra en el momento de la comisi髇 de la falta.
  • b) El proyecto educativo individual.
  • c) La gravedad objetiva del hecho.
  • d) La reincidencia de la conducta, entendiendo que existir reincidencia cuando la persona responsable de la infracci髇 cometa en el t閞mino de un a駉 m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza.

4.– La petici髇 de excusas a la persona ofendida, la restauraci髇 o restituci髇 de bienes o la reparaci髇 de da駉s podr醤, en el marco de un proceso de justicia restaurativa, como la mediaci髇, los c韗culos o las conferencias restaurativas, suspender la aplicaci髇 de la sanci髇, siempre que no se reitere la conducta sancionable.

5.– El procedimiento disciplinario garantizar, en todo caso, los derechos de la persona menor de edad a:

6.– personas profesionales que integran el equipo La aplicaci髇 de las sanciones correspondientes a faltas leves podr recaer en cualquiera de las educativo multidisciplinar, y la aplicaci髇 de las sanciones correspondientes a faltas graves y muy graves quedar reservada al director o a la directora del centro o a la persona responsable de este. Esta disposici髇 se entender sin perjuicio de las medidas que, con car醕ter cautelar, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar da駉s en las personas o en las cosas.

7.– El departamento competente en materia de justicia deber comunicar al juez o a la jueza de menores y al Ministerio Fiscal cualquier sanci髇 impuesta cuando corresponda a una falta grave o muy grave.

8.– Reglamentariamente se podr establecer un sistema de incentivos adecuado para premiar o incentivar la buena conducta y el comportamiento responsable de las personas menores de edad internadas.

CAP蚑ULO V
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LA EJECUCI覰 DE LAS MEDIDAS

Art韈ulo 299.– Actuaciones complementarias de inclusi髇 social

Los centros o servicios que ejecuten las medidas podr醤 promover o llevar a cabo otras actuaciones que contribuyan a la inclusi髇 social de la persona menor de edad, siempre que redunden en su inter閟 y cuenten con su consentimiento y el de quienes ejerzan su representaci髇 legal.

Art韈ulo 300.– Concurrencia con la acci髇 protectora

Cuando la persona que se encuentre cumpliendo una medida judicial est bajo la tutela o guarda de alguna de las diputaciones forales, se establecer醤 los cauces de coordinaci髇 necesarios para que el programa de ejecuci髇 de la medida y el plan individualizado de protecci髇 se desarrollen de forma coherente y efectiva, y se aprovechar醤, en todo caso, las posibles sinergias.

Art韈ulo 301.– Actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de las medidas

1.– Con anterioridad a la finalizaci髇 de la ejecuci髇 de una medida, se llevar a cabo una evaluaci髇 para determinar las actuaciones sociales y educativas que sean precisas para que la persona sujeta a la medida pueda culminar su inclusi髇 social. Para ello, se le ofrecer la orientaci髇 y el apoyo necesarios y se la orientar hacia aquellos servicios y programas en los que pueda obtener ayuda o participar en acciones facilitadoras de su inclusi髇 social.

2.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de justicia, en colaboraci髇 con otras administraciones p鷅licas, impulsar programas y ayudas para la inclusi髇 social y la inserci髇 laboral de las personas que hayan cumplido una medida judicial; en particular, programas de emancipaci髇 y transici髇 a la vida adulta.

3.– La evaluaci髇 y la preparaci髇 de las actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de la medida de quienes al finalizar esta sean todav韆 personas menores de edad y se encuentren bajo la tutela o guarda de la diputaci髇 foral debe realizarse con, al menos, tres meses de antelaci髇 a la fecha de finalizaci髇 de la medida, en coordinaci髇 con la diputaci髇 foral competente.

T蚑ULO VIII
覴GANOS DE COOPERACI覰 Y COORDINACI覰 INTERINSTITUCIONAL Y 覴GANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACI覰 SOCIAL

CAP蚑ULO I
覴GANOS DE COLABORACI覰, COOPERACI覰 Y COORDINACI覰 INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

Art韈ulo 302.– Deber de cooperaci髇 y coordinaci髇 administrativa

En aplicaci髇 de la exigencia de corresponsabilidad establecida en el art韈ulo 5 de esta ley, las administraciones p鷅licas vascas cumplir醤 con su deber de cooperaci髇 y coordinaci髇, a nivel tanto interinstitucional como intersectorial, con el fin de garantizar la m醲ima coherencia, unidad, eficacia y eficiencia en las pol韙icas y las actuaciones que inciden en el bienestar de la infancia y la adolescencia, en la promoci髇 de sus derechos y en la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 ante situaciones susceptibles de perjudicar su desarrollo pleno y arm髇ico o de vulnerar sus derechos.

Art韈ulo 303.– 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia

1.– En aplicaci髇 del art韈ulo 18 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector P鷅lico Vasco, y a efectos de articular la debida cooperaci髇 y coordinaci髇 interinstitucional e intersectorial entre las administraciones p鷅licas vascas en materia de infancia y adolescencia, se crea el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia, sin insertarse en su estructura jer醨quica.

2.– Su composici髇, funciones y r間imen de funcionamiento se regular醤 reglamentariamente por el Gobierno Vasco. En dicha normativa, deber preverse una representaci髇 paritaria entre el Gobierno Vasco, por un lado, y las diputaciones forales y los ayuntamientos, por otro lado. La presidencia deber recaer en la consejera o el consejero del departamento competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, y sus miembros deber醤 tener rango de viceconsejero o viceconsejera, en el caso de la representaci髇 del Gobierno Vasco; de diputado o diputada, en el caso de la representaci髇 de las diputaciones forales, y de concejal o concejala, en el caso de la representaci髇 de los ayuntamientos.

3.– El 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y Adolescencia ejercer, adem醩 de las que se le atribuyan en su norma de funcionamiento, las siguientes funciones:

  • a) Participar en la definici髇 de las pol韙icas b醩icas en materia de promoci髇 de derechos de la infancia y la adolescencia, as como de prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 de situaciones perjudiciales o vulneradoras de tales derechos.
  • b) Orientar el consenso para establecer las directrices y los criterios generales de funcionamiento.
  • c) Informar, con car醕ter preceptivo, los anteproyectos de ley y las disposiciones de car醕ter general que deban tener un impacto directo en la promoci髇 y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en los 醡bitos de la salud, la educaci髇, la cultura, la actividad f韘ica y el deporte, el medioambiente, la seguridad, la justicia y los servicios sociales.
  • d) Informar, con car醕ter preceptivo, la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, as como cualquier otra estrategia u otros instrumentos de planificaci髇 interinstitucional dedicados a la promoci髇 de derechos o a la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 de situaciones perjudiciales o vulneradoras de tales derechos.
  • e) Aprobar instrumentos y protocolos comunes de colaboraci髇 y cooperaci髇.
  • f) Aprobar la puesta en marcha de iniciativas de organizaci髇 o de servicios de car醕ter experimental, en forma de proyectos piloto, orientados a ofrecer una respuesta alternativa a situaciones de necesidad.
  • g) Ser informado de las disposiciones normativas forales y locales que tengan un impacto en la promoci髇 y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, as como de la aprobaci髇 de planes de 醡bito territorial y local con incidencia en dichas materias.
  • h) Ser informado de la aprobaci髇 de los presupuestos en los tres niveles administrativos y de las previsiones que, en dichos presupuestos, dan cumplimiento al principio de prioridad presupuestaria establecido en el art韈ulo 4 de esta ley.
  • i) Ser informado por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de los resultados alcanzados en el marco de la evaluaci髇 de las actuaciones desarrolladas en el 醡bito de la protecci髇 a personas menores en situaci髇 de riesgo y de desamparo y de la evaluaci髇 de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.
  • j) Encargar al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia la elaboraci髇 de estudios o informes que considere necesarios o interesantes y ser informado de todos los que elabore dicho 髍gano.

Art韈ulo 304.– T閏nicas de cooperaci髇 territorial y local en el 醡bito de la infancia y la adolescencia

1.– En el marco del deber de corresponsabilidad y en el 醡bito de sus respectivas competencias, las diputaciones forales y los ayuntamientos, por s mismos o asociados, podr醤 acordar la constituci髇 de espacios o grupos de trabajo espec韋icos, de 醡bito territorial o local, destinados a articular la colaboraci髇 y cooperaci髇 entre los diferentes sectores de atenci髇 implicados y entre los diferentes agentes, p鷅licos y privados, que intervienen en estos, con el objetivo de potenciar el trabajo en red y de garantizar as f髍mulas de actuaci髇 conjuntas y multidimensionales que ayuden a dar respuestas m醩 eficaces y coherentes.

2.– Dichos espacios o grupos de trabajo podr醤 incidir tanto en el 醡bito de la promoci髇 de los derechos como, sobre todo, en los 醡bitos de la prevenci髇, la detecci髇 y la protecci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, el desarrollo educativo, el bienestar material y la inclusi髇 social; de situaciones de violencia contra personas menores y de situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇 y de desprotecci髇.

3.– Los espacios o grupos de trabajo podr醤 constituirse con car醕ter permanente o con car醕ter temporal, para tratar cuestiones coyunturales o cuando la naturaleza o la importancia de los asuntos a tratar as lo requiera.

CAP蚑ULO II
覴GANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACI覰

Art韈ulo 305.– Garant韆 de participaci髇

1.– Las administraciones p鷅licas vascas garantizar醤 la existencia de cauces de participaci髇 efectivos y 醙iles que faciliten la participaci髇 del conjunto de la poblaci髇 y, en particular, de las organizaciones representativas de personas usuarias y profesionales de los servicios y de las entidades de iniciativa social y privadas mercantiles en la planificaci髇, funcionamiento y evaluaci髇 de las actuaciones de promoci髇, prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia.

2.– Esta participaci髇 se articular a trav閟 de las siguientes f髍mulas:

  • a) Los 髍ganos consultivos y de participaci髇 establecidos o referidos en la presente ley.
  • b) Los cauces formales de participaci髇 que se establezcan en los servicios y centros que atienden habitualmente a personas menores.
  • c) Los procesos participativos sobre cuestiones generales o particulares que decidan organizar las administraciones p鷅licas por su especial inter閟 en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia.
  • d) Las administraciones p鷅licas vascas, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 28 de esta ley, impulsar醤 la creaci髇 a nivel municipal y territorial de dispositivos, espacios, estructuras, mecanismos o procesos propios que promuevan el derecho de las personas menores a participar directa y activamente en la sociedad y en las pol韙icas p鷅licas que incidan en sus derechos y deberes, en el marco de cauces de participaci髇 espec韋icos que les posibiliten tomar parte en la construcci髇 y mejora de sus condiciones de vida individuales y colectivas, de la comunidad de la que forman parte o de cualquier otra cuesti髇 que les afecte.

Art韈ulo 306.– Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia

1.– El Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia se constituye como el m醲imo 髍gano de car醕ter consultivo y foro espec韋ico de participaci髇 de las administraciones p鷅licas vascas, en el que estar醤 representados, de forma paritaria, el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, de un lado, y el conjunto diverso de los agentes sociales implicados en materia de infancia y adolescencia, de otro lado. La presidencia deber recaer en la consejera o el consejero del departamento competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco.

2.– A la representaci髇 anterior se a馻dir醤, como miembros de pleno derecho, dos personas menores de edad que formen parte del Foro de la Infancia y la Adolescencia y que actuar醤 en representaci髇 de dicho 髍gano.

3.– La naturaleza jur韉ica del Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia es la que corresponde a los 髍ganos colegiados previstos en el art韈ulo 18 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector P鷅lico Vasco, para el ejercicio de funciones consultivas o de participaci髇.

4.– Este consejo estar adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia, sin insertarse en su estructura jer醨quica.

5.– Con car醕ter general, el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia tiene por finalidad el conocimiento, asesoramiento y seguimiento de los anteproyectos de ley, las disposiciones generales y los reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en aquellos aspectos a los que se refiere la presente ley.

6.– Con car醕ter espec韋ico, sus funciones son las siguientes:

  • a) Informar, con car醕ter preceptivo, los anteproyectos de ley y las disposiciones de car醕ter general que deban tener un impacto directo en la promoci髇 y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en los 醡bitos de la salud, la educaci髇, la cultura, la actividad f韘ica y el deporte, el medioambiente, la seguridad, la justicia y los servicios sociales.

    En todo caso, los textos normativos que sean sometidos a informe deber醤 acompa馻rse de la evaluaci髇 de impacto normativo en la infancia y la adolescencia que se haya realizado por el 髍gano administrativo promotor de la iniciativa.

  • b) Ser informado por el conjunto de las administraciones p鷅licas del seguimiento y evaluaci髇 del cumplimiento de los protocolos sectoriales de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, adem醩 de los instrumentos y protocolos comunes de colaboraci髇 y cooperaci髇 que aprueben.
  • c) Ser informado por las diputaciones forales de la puesta en marcha de las iniciativas o los servicios de car醕ter experimental a los que se alude en la disposici髇 adicional novena de esta ley, as como de los resultados obtenidos y de la evaluaci髇 cualitativa que se haya realizado de la modalidad de atenci髇.
  • d) Aportar y recibir sugerencias, propuestas e iniciativas sobre cualquier materia relativa a la infancia y la adolescencia.

7.– Su composici髇, funciones y r間imen de funcionamiento se determinar醤 reglamentariamente por el Gobierno Vasco, y dicha normativa deber velar por alcanzar una representaci髇 equilibrada de mujeres y hombres.

Art韈ulo 307.– Foro de la Infancia y la Adolescencia

1.– Se crea el Foro de la Infancia y la Adolescencia, con el fin de promover y posibilitar la participaci髇 directa de las personas menores de edad en las pol韙icas p鷅licas con impacto en los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– Se configura como 髍gano mediante el cual el Gobierno Vasco hace efectivo el derecho de las personas menores a participar y ser consultadas y escuchadas colectivamente en los asuntos que les conciernen, previsto en el art韈ulo 54 de esta ley.

3.– La naturaleza jur韉ica del Foro de la Infancia y la Adolescencia es la propia de los 髍ganos colegiados que se prev閚 en el art韈ulo 18 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector P鷅lico Vasco.

4.– Este 髍gano se adscribe al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia, sin insertarse en su estructura jer醨quica.

5.– Dicho 髍gano desarrollar, en todo caso, las siguientes funciones:

  • a) Proponer iniciativas para promover los derechos de la infancia y la adolescencia o atender otras necesidades de este sector de poblaci髇.
  • b) Colaborar con otros 髍ganos de coordinaci髇 y participaci髇 establecidos en materia de infancia y adolescencia, con el Parlamento Vasco y con el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en el ejercicio de sus funciones, actuando como cauce de comunicaci髇 de las opiniones de las personas menores de edad, sin perjuicio de los procedimientos de consulta directa que estos puedan llevar a cabo.
  • c) Conocer los anteproyectos de ley y las disposiciones de car醕ter general que tengan o puedan tener un impacto directo en la promoci髇 y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, a la vista de la evaluaci髇 de impacto normativo en la infancia y la adolescencia que se haya realizado acerca de estos, con el fin de poder realizar aportaciones a dichas disposiciones. En todo caso, deber conocer todos aquellos textos normativos cuyo contenido afecte o incida en los 醡bitos de la salud, la educaci髇, la cultura, el deporte, la seguridad, la justicia y los servicios sociales.

    Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de car醕ter general que sean sometidos a su conocimiento deber醤 acompa馻rse de la evaluaci髇 de impacto normativo en la infancia y la adolescencia que se haya realizado por el 髍gano administrativo promotor de la iniciativa.

  • d) Participar en la elaboraci髇, seguimiento y evaluaci髇 de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, as como en cualquier otra estrategia u otros instrumentos de planificaci髇 interinstitucional dedicados a la promoci髇 de derechos o a la prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 ante situaciones perjudiciales o vulneradoras de tales derechos.
  • e) Cualquier otra funci髇 que se le atribuya en esta ley o en otras normas.

6.– La composici髇, las f髍mulas y los criterios de representaci髇, las funciones y el r間imen de funcionamiento de este 髍gano se establecer醤 reglamentariamente por el Gobierno Vasco. En todo caso, en el marco de las f髍mulas y los criterios de representaci髇 que se definan, se deber醤 incluir mecanismos que aseguren una representaci髇 equilibrada de las personas menores, prestando especial atenci髇 a la presencia de personas pertenecientes a los colectivos m醩 vulnerables.

7.– Para cumplir con sus funciones, habr de disponer de la informaci髇 relativa a las cuestiones objeto de consulta en un formato y contenido adaptado a la infancia y la adolescencia.

8.– Las personas menores de edad que formen parte de este 髍gano podr醤 participar en las sesiones de cualquier 髍gano consultivo y de participaci髇 mixta del Gobierno Vasco, tanto por iniciativa propia como a solicitud de dichos 髍ganos, cuando en ellas se aborden asuntos directamente vinculados con el 醡bito de la infancia y la adolescencia. Asimismo, podr醤 participar en 髍ganos consultivos y de participaci髇 de otras administraciones p鷅licas, a requerimiento de estos.

T蚑ULO IX
DESARROLLO Y MEJORA EN EL 罬BITO DE LA ATENCI覰 A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

CAP蚑ULO I
INFORMACI覰 Y CALIDAD DE LA ATENCI覰

Art韈ulo 308.– Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia

1.– Se crea el Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia, con el fin de garantizar un conocimiento actualizado, continuo y uniforme de la situaci髇 de las personas menores de edad en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y de sus necesidades, tanto a efectos de seguimiento del grado de desarrollo de la presente ley como a efectos estad韘ticos.

2.– Este sistema se configura como un instrumento esencial para la planificaci髇, la coordinaci髇, el desarrollo y la evaluaci髇 general de las pol韙icas de infancia y adolescencia con un enfoque transversal.

3.– Dicho sistema incluir informaci髇 anonimizada sobre las diferentes esferas de la vida de las personas menores, con datos agregados y desagregados sobre, al menos, las siguientes cuestiones:

  • a) Situaciones perjudiciales para su salud.
  • b) Situaciones perjudiciales para su desarrollo educativo.
  • c) Situaciones de violencia.
  • d) Situaciones de desprotecci髇, distinguiendo entre riesgo y desamparo.
  • e) Situaciones de conflicto con la ley penal.
  • f) Medidas adoptadas para responder a sus necesidades y para protegerlas, seg鷑 cada situaci髇.

4.– En todo caso, en la recogida de informaci髇 y operaciones estad韘ticas que se lleven a cabo, los datos deber醤 recogerse desagregados por g閚ero, tramos de edad, discapacidad y nacionalidad.

5.– El Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia desarrollar asimismo indicadores para la evaluaci髇 de la inversi髇 en infancia en las diferentes administraciones p鷅licas vascas, de cara a evaluar la prioridad presupuestaria recogida en el art韈ulo 4 de la presente ley.

6.– La lista de datos recogidos por el Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y Adolescencia se podr actualizar y modificar siempre que lo aconsejen los avances en el conocimiento cient韋ico y profesional.

7.– En cumplimiento de lo previsto en los apartados precedentes, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educaci髇, salud, justicia y seguridad, las diputaciones forales y los ayuntamientos proporcionar醤 al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia la informaci髇 actualizada y los datos estad韘ticos que se correspondan con las cuestiones establecidas en el apartado 3 de este art韈ulo.

8.– Asimismo, las entidades de iniciativa social y las entidades privadas mercantiles que desarrollen su actividad en el 醡bito de la infancia y la adolescencia colaborar醤 con el sistema vasco de informaci髇 contemplado en este art韈ulo en la actualizaci髇 de los datos que se recogen en 閘.

Art韈ulo 309.– Calidad de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, adoptar醤 medidas para garantizar la calidad de los servicios de atenci髇 a las personas menores en los diferentes 醡bitos de actuaci髇 previstos en esta ley, tanto cuando dichos servicios se presten directamente por entidades p鷅licas como cuando se presten por entidades privadas, y, en este 鷏timo caso, tanto cuando sean de iniciativa social como cuando sean entidades mercantiles, e independientemente de que lo hagan en el marco de la colaboraci髇 con la Administraci髇 para la prestaci髇 de un servicio de responsabilidad p鷅lica o de que lo hagan por su cuenta.

2.– La previsi髇 contenida en el apartado anterior es aplicable a todos los 醡bitos en los que existan servicios que atiendan habitualmente a las personas menores, y, en particular, a los siguientes 醡bitos:

  • a) Salud.
  • b) Educaci髇.
  • c) Actividad f韘ica y deporte.
  • d) Ocio educativo.
  • e) Cultura.
  • f) Servicios sociales que atienden a personas menores v韈timas de violencia o en situaci髇 de desprotecci髇.
  • g) Servicios de justicia que atienden tanto a la poblaci髇 se馻lada en la letra precedente como a personas menores en conflicto con la ley penal; deber醤 considerarse especialmente los centros en los que residan habitualmente personas menores.

3.– Esta previsi髇 es aplicable tanto a los servicios t閏nicos que desarrollan funciones de asesoramiento, valoraci髇 y orientaci髇 en los diversos 醡bitos de actuaci髇 como a los centros y estructuras en los que se ofrecen los servicios de atenci髇 propiamente dichos.

Art韈ulo 310.– Medidas para garantizar la calidad de la atenci髇

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el art韈ulo anterior, las administraciones p鷅licas vascas, en sus respectivos 醡bitos de competencia, adoptar醤 las siguientes medidas:

  • a) Determinar los requisitos materiales, funcionales y de personal que deber醤 reunir los diferentes tipos de servicios, y ajustarlos en todo lo posible a est醤dares validados de calidad de la atenci髇, tanto en dotaci髇 como en cualificaci髇.
  • b) En el caso de los servicios p鷅licos de gesti髇 directa, dotarlos de los medios t閏nicos, tecnol骻icos, materiales y humanos necesarios, y garantizar la accesibilidad universal.
  • c) En el caso de los servicios de titularidad de entidades de iniciativa social y de entidades privadas mercantiles, asegurar el cumplimiento de los requisitos indicados en la letra a) en el marco de los procedimientos de autorizaci髇 e inspecci髇 que, en cada caso, resulten aplicables, as como supervisar la seguridad en la contrataci髇 de personal y verificar el cumplimento y la acreditaci髇 de los requisitos referidos en el art韈ulo 314 de esta ley.
  • d) En particular, en el 醡bito de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia en situaci髇 de riesgo o de desprotecci髇, garantizar una dotaci髇 adecuada de puestos dedicados a los servicios a la infancia y la adolescencia, con una ratio que permita una atenci髇 personalizada; deber darse prioridad a su cobertura en caso de vacante o necesidad de sustituci髇.
  • e) Impulsar la formaci髇 continua y la mejora de las competencias de las personas profesionales de este 醡bito, incluyendo la sensibilizaci髇 y formaci髇 en derechos de la infancia y la adolescencia, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo siguiente.
  • f) Promover sistemas de asesoramiento y supervisi髇 profesional y de control de calidad en los centros, servicios y programas destinados a la infancia y la adolescencia.
  • g) Comprobar que todas las personas que, en su 醡bito de actuaci髇, desempe馻n actividades que implican contacto habitual con personas menores acrediten, mediante certificaci髇 negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, no haber sido condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificado en el t韙ulo VIII de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, as como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el t韙ulo VII bis del mismo cuerpo legal.

Art韈ulo 311.– Especializaci髇 profesional a trav閟 de la formaci髇

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, garantizar醤, anualmente, una formaci髇 especializada, inicial y continua, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, destinada a las personas profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad.

2.– Dicha formaci髇 comprender, como m韓imo, las siguientes cuestiones:

  • a) El contenido de los derechos contemplados en esta ley.
  • b) La promoci髇 de formas de relaci髇 basadas en la solidaridad, la equidad y la no discriminaci髇.
  • c) La formaci髇 en la aplicaci髇 de formas de resoluci髇 pac韋ica de conflictos.
  • d) La educaci髇 en la prevenci髇 y detecci髇 precoz de toda forma de violencia a la que se refiere esta ley.
  • e) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
  • f) La seguridad y el uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇, en general, incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generaci髇 de trastornos conductuales, con el objetivo de mejorar la prevenci髇 y detecci髇 de toda forma de violencia online sobre personas menores.
  • g) La cultura del buen trato a las personas menores, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 27.a) de esta ley.
  • h) La identificaci髇 de factores de riesgo y de una mayor exposici髇 y vulnerabilidad ante la violencia.
  • i) Los mecanismos para evitar la victimizaci髇 secundaria.
  • j) El impacto de los roles y estereotipos de g閚ero en la violencia que sufren las personas menores.

3.– Atendiendo al car醕ter continuo de la formaci髇 especializada que se establece, los distintos programas de formaci髇 que se dise馿n y proporcionen deber醤 ser capaces de adaptarse y responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la poblaci髇 atendida en cada 醡bito de actuaci髇 regulado en esta ley. A tales efectos, los 髍ganos competentes en materia de formaci髇 del personal de las administraciones p鷅licas vascas, en colaboraci髇 con los correspondientes 髍ganos y servicios competentes en materia de infancia y adolescencia, deber醤 realizar diagn髎ticos, que se actualizar醤 peri骴icamente, sobre las necesidades de formaci髇 de su personal, a fin de que la formaci髇 se ajuste a las necesidades de sus diferentes profesionales y de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley.

4.– El dise駉 de todas las actuaciones formativas recogidas en este art韈ulo y en los art韈ulos 312 y 313 siguientes tendr especialmente en cuenta la perspectiva de g閚ero, as como las necesidades espec韋icas de las personas menores con discapacidad; con un origen racial, 閠nico o nacional diverso; en situaci髇 de desventaja econ髆ica; pertenecientes al colectivo de personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, o con cualquier otra opci髇 u orientaci髇 sexual o identidad de g閚ero, y personas menores de edad migrantes sin referente familiar.

5.– Con car醕ter general, en los temarios de los procesos de selecci髇 para el acceso y la promoci髇 en el empleo p鷅lico y, en su caso, en la provisi髇 de puestos, los poderes p鷅licos vascos han de incluir contenidos relativos al principio de inter閟 superior de la persona menor de edad y los derechos de la infancia y la adolescencia, y su aplicaci髇 al 醡bito p鷅lico concreto al que se opte.

Art韈ulo 312.– Formaci髇 espec韋ica en materia de infancia y adolescencia

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, ofrecer醤 a las personas profesionales que tengan contacto habitual con las personas menores de edad v韈timas de cualquier forma de violencia la formaci髇 que les asegure la adecuada preparaci髇 y especializaci髇 para escuchar sus testimonios. Para ello, les proporcionar醤 metodolog韆s y pr醕ticas que garanticen que la obtenci髇 de dichos testimonios se realice con rigor, tacto y respeto, y prestar醤 una especial atenci髇 a la formaci髇 para la escucha a las v韈timas en edad temprana.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, y para alcanzar la finalidad establecida en el art韈ulo 150.1 de esta ley, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de seguridad, garantizar que en los procesos de ingreso, formaci髇 y actualizaci髇 continua del personal de la Ertzaintza y de la Polic韆 local se incluyan contenidos espec韋icos sobre el tratamiento de situaciones de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.

3.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, garantizar que el personal docente y educador que trabaje o colabore habitualmente, de forma retribuida o no, en los centros educativos reciba formaci髇 espec韋ica en materia de educaci髇 integral e inclusiva.

4.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, promover que los colegios de la abogac韆 y de procuradores o procuradoras proporcionen a sus miembros, en particular, cuando se les exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especializaci髇, el acceso a la siguiente formaci髇 espec韋ica:

  • a) Formaci髇 sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia a la que se refiere esta ley, tanto desde la perspectiva del derecho interno como del derecho de la Uni髇 Europea y el derecho internacional.
  • b) Formaci髇 en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atenci髇 a la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉, sus tres protocolos facultativos y sus observaciones generales.
  • c) Programas de formaci髇 especializada y continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

5.– Las personas que trabajen en entidades, centros y organizaciones, tanto p鷅licas como privadas, que desarrollen habitualmente actividades de educaci髇 f韘ica, deportivas o de ocio con personas menores de edad deber醤 recibir formaci髇 espec韋ica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de las personas menores con discapacidad, para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estas.

6.– Las personas que, en el ejercicio de su actividad, funci髇 o profesi髇, ya sea en el 醡bito p鷅lico o en el privado, tengan un contacto habitual con personas menores extranjeras y, en particular, con menores migrantes sin referentes familiares, deber醤 disponer de formaci髇 espec韋ica sobre interculturalidad, as como sobre las necesidades espec韋icas que estas puedan tener para recibir la protecci髇 especializada que precisan.

Art韈ulo 313.– Formaci髇 en el 醡bito de la educaci髇 superior

1.– Con car醕ter general, los centros de educaci髇 superior radicados en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco incluir醤, en todos los 醡bitos acad閙icos, la formaci髇, docencia e investigaci髇 en materia de derechos de la infancia y adolescencia. A tal efecto, se consideran centros de educaci髇 superior aquellos en los que se ofrece alguna de las ense馻nzas que establece el art韈ulo 3.5 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇.

2.– En particular, en el curr韈ulo o los planes de estudio de los ciclos formativos de grado superior y cursos de especializaci髇 de la Formaci髇 Profesional, as como de los estudios universitarios de las ense馻nzas de grado y posgrado y los programas de especializaci髇 conducentes a la obtenci髇 de titulaciones que posibiliten el ejercicio de profesiones que conlleven un contacto habitual con personas menores de edad y, en todo caso, a la obtenci髇 de titulaciones vinculadas a las profesiones sanitarias, del 醡bito social, del 醡bito educativo, del derecho y del 醡bito jur韉ico, as como del periodismo y las ciencias de la informaci髇, deber醤 incluirse los siguientes contenidos espec韋icos:

  • a) Derechos de la infancia y la adolescencia, en general, y la cultura del buen trato a las personas menores.
  • b) La identificaci髇, prevenci髇, detecci髇 precoz e intervenci髇 ante los casos de violencia sobre las personas menores de edad.

3.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de educaci髇, y en el marco de la normativa que regule la ordenaci髇 general de la Formaci髇 Profesional del Sistema Educativo Vasco, deber garantizar las oportunas adecuaciones del curr韈ulo de los ciclos formativos de grado superior, as como de los cursos de especializaci髇 existentes en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, conducentes a la obtenci髇 de un t韙ulo que posibilite el acceso a actividades profesionales que impliquen un contacto habitual con personas menores de edad.

4.– Las universidades radicadas en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco impulsar醤, dentro de su labor investigadora y generadora de conocimiento, la realizaci髇 de estudios e investigaciones de naturaleza cient韋ica, t閏nica y jur韉ica, social y human韘tica sobre los derechos de la infancia y adolescencia, desde la triple vertiente de su promoci髇, prevenci髇 y protecci髇; y, en especial, sobre la participaci髇 infantil y adolescente, el conocimiento de las necesidades de la infancia y adolescencia, la lucha contra la violencia ejercida sobre ellas o las estrategias o t閏nicas de intervenci髇.

5.– Las administraciones p鷅licas vascas promover醤 y fomentar醤 la labor investigadora de las universidades. A tal efecto, podr醤 articular la concesi髇 de subvenciones o establecer los convenios de colaboraci髇 oportunos, que podr醤 tener car醕ter plurianual, de acuerdo en ambos casos con lo dispuesto en la legislaci髇 vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicaci髇.

Art韈ulo 314.– Procedimientos y requisitos para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad

1.– Deber醤 dise馻rse procedimientos de acceso a los puestos de trabajo que garanticen la idoneidad del personal profesional para el desarrollo de las funciones que tengan asignadas en relaci髇 con las personas menores de edad, tanto cuando el personal se integre en una entidad p鷅lica como cuando se integre en una entidad privada sin 醤imo de lucro, incluido en este 鷏timo caso el personal voluntario. En el caso concreto de las administraciones p鷅licas, los procedimientos espec韋icos que estas dise馿n deber醤 integrar los controles necesarios que permitan verificar el cumplimento de las exigencias previstas en este art韈ulo, sin perjuicio del respeto a sus competencias de autoorganizaci髇.

2.– En aplicaci髇 del art韈ulo 57.1 de la Ley Org醤ica 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ser requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad no haber sido condenado o condenada por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el t韙ulo VIII de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, as como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el t韙ulo VII bis del mismo cuerpo legal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber acreditar esta circunstancia mediante la aportaci髇 de una certificaci髇 negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.

3.– A los efectos de la presente ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con personas menores, as como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarias principales a personas menores de edad.

4.– Queda prohibido que las administraciones p鷅licas, empresas y entidades den ocupaci髇 en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

5.– En aquellos casos en los que no est establecido en esta ley qui閚es son las personas responsables de la supervisi髇 de la seguridad en la contrataci髇 de personal, tanto profesional como voluntario, y de la verificaci髇 del cumplimiento y la acreditaci髇 de los requisitos referidos en el apartado 2 de este art韈ulo, se entender que dichas funciones corresponden a la persona que ejerza de directora o que sea responsable directa de la empresa o entidad, y, si no existe, a la persona empleadora o titular de la empresa o entidad.

6.– El personal, tanto profesional como voluntario, que desempe馿 profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad estar obligado a comunicar a la administraci髇 p鷅lica, empresa o entidad en la que preste sus servicios cualquier cambio que se produzca respecto de la existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relaci髇 laboral.

CAP蚑ULO II
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Art韈ulo 315.– Naturaleza, adscripci髇 y misi髇

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia es un 髍gano de estudio, evaluaci髇, colaboraci髇 y asesoramiento t閏nico, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de infancia y adolescencia, que tiene por misi髇 analizar de forma permanente la realidad de las personas menores en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y el impacto de las pol韙icas desarrolladas en aplicaci髇 de la presente ley.

Art韈ulo 316.– Funciones

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia desarrollar las siguientes funciones:

  • a) Contribuir a la promoci髇 del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos mediante campa馻s de divulgaci髇 orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad, a las familias y a las propias personas menores.
  • b) Estudiar las necesidades y condiciones de vida de las personas menores, as como las sugerencias y peticiones realizadas en el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y en el Foro de la Infancia y la Adolescencia, con vistas a proponer a las administraciones p鷅licas vascas competentes actuaciones dirigidas a su mejora.
  • c) Informar las disposiciones normativas de car醕ter general que se elaboren en el seno de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 3.4 de esta ley, en relaci髇 con el apartado 1 del mismo art韈ulo.
    V閍se la disposici髇 final s閜tima de la presente Ley, 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia. (獴.O.P.V. 29 febrero), que establece que las previsiones contenidas en el art韈ulo 316.c) producir醤 efectos a partir del 3 de enero de 2028.LE0000838262_20240829Ir a Norma
  • d) Evaluar las actuaciones de las administraciones p鷅licas vascas en el 醡bito de atenci髇 a la infancia y la adolescencia, incluido el estudio del grado de cumplimiento y la detecci髇 de los casos de vulneraci髇 de los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • e) Elaborar el informe de evaluaci髇 sobre el grado de cumplimiento y la eficacia de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia previsto en el art韈ulo 128.6 de esta ley.
  • f) Asesorar, informar y formular propuestas y recomendaciones sobre l韓eas estrat間icas y prioridades de actuaci髇 en los diferentes 醡bitos que inciden en el bienestar de la infancia y la adolescencia y en el ejercicio de sus derechos, en particular en el marco de las medidas dirigidas a prevenir y hacer frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, a prevenir situaciones de desprotecci髇 y a proteger a las personas menores cuando se produzcan, y a prevenir conductas que infringen la ley penal y a garantizar la atenci髇 socioeducativa de quienes presenten dichas conductas.
  • g) Participar en el dise駉 de las acciones de formaci髇 en materia de infancia y adolescencia, y, en especial, de aquellas que versen sobre la garant韆 y protecci髇 de sus derechos.
  • h) Informar peri骴icamente al 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y Adolescencia y al Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia mediante la remisi髇 de los informes y estudios elaborados a iniciativa del propio Observatorio o a petici髇 de dichos 髍ganos de coordinaci髇 y participaci髇, y emitir, en todo caso, un informe anual de las actuaciones desarrolladas por el Observatorio.
  • i) Informar a las administraciones competentes sobre la adecuaci髇 del ordenamiento jur韉ico a las necesidades de la infancia y la adolescencia, y proponerles la adopci髇 de nuevas regulaciones o la modificaci髇 de las existentes.
  • j) Gestionar el Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia, as como su actualizaci髇 y mantenimiento.
  • k) Impulsar las actividades de difusi髇 de la documentaci髇 cient韋ica, esto es, estudios, encuestas, investigaciones y publicaciones.
  • l) Impulsar la mejora del tratamiento de la informaci髇 sobre la infancia y la adolescencia en los medios de comunicaci髇.
  • m) Fomentar la aplicaci髇 de procesos acreditados de evaluaci髇 y de mejora continua de la calidad que contribuyan a determinar las disfunciones o los d閒icits que se producen en la satisfacci髇 de las necesidades y en el funcionamiento de los servicios, y coordinar las actuaciones que se desarrollen en este 醡bito con el fin de facilitar la utilizaci髇 de instrumentos de evaluaci髇 que garanticen la comparabilidad de los resultados.
  • n) Contribuir a la sensibilizaci髇 y concienciaci髇 de las personas profesionales que intervienen en la atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia en los diversos 醡bitos de actuaci髇 contemplados en la presente ley.
  • o) Participar y mantener relaciones con otros observatorios u 髍ganos an醠ogos de 醡bito estatal, auton髆ico o local o internacional.
  • p) Colaborar con otros observatorios u 髍ganos an醠ogos para la consecuci髇 de fines comunes, as como para el fomento o la promoci髇 de estudios o investigaciones en el 醡bito de la infancia y la adolescencia.
  • q) Aquellas otras funciones que le encargue la persona titular del departamento al que se encuentre adscrito.

Art韈ulo 317.– Publicidad

1.– Con car醕ter general, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia har p鷅licos los diagn髎ticos, estudios e informes que elabore en el ejercicio de sus funciones.

2.– En particular, deber publicar el informe al que se alude en el art韈ulo 316.e) de esta ley, as como todos aquellos estudios o informes referidos a la situaci髇 de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. A tal efecto se incluyen aquellos que se refieran a los derechos de las personas menores de edad, desde la vertiente tanto de su promoci髇 como de la satisfacci髇 de sus necesidades, y los que incidan en la intervenci髇 que se realiza con menores de edad.

3.– Los diagn髎ticos, estudios e informes deber醤 editarse en formatos accesibles y contar con versiones de lectura f醕il adaptadas para facilitar su entendimiento por personas menores.

Art韈ulo 318.– Deber de reserva del observatorio

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia actuar con la obligada reserva en el 醡bito de la atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y adoptar las medidas oportunas para garantizar, en aplicaci髇 del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la informaci髇 personal con la que, en su caso, cuente y de los ficheros o registros en los que conste dicha informaci髇, en los t閞minos regulados en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

T蚑ULO X
R蒅IMEN COMPETENCIAL

Art韈ulo 319.– Competencias del Gobierno Vasco

1.– Corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de las siguientes competencias de car醕ter general:

  • a) La iniciativa legislativa en aquellas materias de competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco o en las que tenga atribuido el desarrollo legislativo y que incidan en los derechos de la infancia y la adolescencia, as como el desarrollo normativo de la legislaci髇 auton髆ica en materia de infancia y adolescencia.
  • b) La celebraci髇 de los acuerdos bilaterales de naturaleza internacional, no constitutivos de tratado, en materia de adopci髇 internacional.
  • c) El dise駉 y la aprobaci髇, en colaboraci髇 con el resto de las administraciones p鷅licas vascas, de las directrices a seguir en las materias objeto de la presente ley, en el marco de la planificaci髇 interinstitucional.
  • d) El dise駉 de las actuaciones de informaci髇 y formaci髇 dirigidas a las personas profesionales de los servicios que est醤 habitualmente en contacto con personas menores o que por sus funciones pueden estar en contacto con ellas, en relaci髇 con los derechos de la infancia y la adolescencia y con la necesidad de promoverlos y de prevenir, detectar y protegerlas en situaciones perjudiciales para su desarrollo integral, as como en situaciones de violencia o de desprotecci髇 de personas menores.
  • e) La promoci髇 de la investigaci髇 para mejorar el conocimiento acerca de la realidad de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, para detectar f髍mulas innovadoras de atenci髇 en otros 醡bitos geogr醘icos y para contribuir a la pr醕tica basada en la evidencia.
  • f) El fomento y la promoci髇 de la iniciativa social, as como de la participaci髇 ciudadana, del asociacionismo y del voluntariado, en particular de las propias personas menores.
  • g) La promoci髇 de la adopci髇 internacional, para lo cual utilizar los medios de difusi髇, informaci髇 y apoyo que estime oportunos.
  • h) La autorizaci髇, la homologaci髇, la inspecci髇 y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a los servicios, centros y entidades que intervienen en la prestaci髇 de servicios cuya provisi髇 recae en el Gobierno Vasco.
  • i) La fijaci髇 de los precios p鷅licos de los servicios de su competencia.
  • j) Cuantas otras le atribuyan la presente ley y su normativa de desarrollo, as como la normativa sectorial aplicable en cada 醡bito de actuaci髇.

2.– Corresponde al Gobierno Vasco la acci髇 directa de las competencias de ejecuci髇 relativas a las siguientes cuestiones relacionadas con la atenci髇 a la infancia y la adolescencia:

  • a) El servicio de orientaci髇, asesoramiento e informaci髇 telef髇ico o telem醫ico previsto en el marco del art韈ulo 19 de esta ley.
  • b) La elaboraci髇 y aprobaci髇 del instrumento t閏nico para la valoraci髇 de la gravedad de las situaciones de desprotecci髇 y su calificaci髇 como riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave o desamparo, establecido en el art韈ulo 172.3 de esta ley, con car醕ter de desarrollo reglamentario de esta ley y, en particular, de las previsiones incluidas en su t韙ulo V.
  • c) Las funciones ejecutivas de acreditaci髇 de los organismos que realizan la actividad de intermediaci髇 en adopci髇 internacional, el seguimiento, la inspecci髇 y el control de dicha actividad, y funciones conexas, adem醩 de la promoci髇 y coordinaci髇 de las actuaciones en este 醡bito con las distintas administraciones p鷅licas.

3.– En el 醡bito de la promoci髇 de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio, a trav閟 de los departamentos que en cada caso se establecen, de las funciones de promoci髇 que se le atribuyen en el t韙ulo III de esta ley y que recaigan en su 醡bito material de competencia.

4.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, la educaci髇, el bienestar material y la inclusi髇 social de la infancia y la adolescencia, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio, a trav閟 de los departamentos competentes en cada caso, de las funciones que se le atribuyen en el t韙ulo IV de esta ley.

5.– En el 醡bito de la prevenci髇 de situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia y de la detecci髇, la protecci髇 y la recuperaci髇 de personas menores v韈timas de tales situaciones, contemplado en el t韙ulo V de esta ley, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio, a trav閟 de los departamentos competentes en cada caso, de las siguientes funciones:

  • a) El dise駉 y la aprobaci髇, en colaboraci髇 con las dem醩 administraciones p鷅licas, de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia y de los protocolos sectoriales, cuando estos afecten a alg鷑 醨ea que recaiga en su 醡bito material de actuaci髇.
  • b) La articulaci髇 de las medidas de prevenci髇 de la violencia en el 醡bito familiar, en la escuela y en el deporte, as como de la violencia ejercida mediante las tecnolog韆s de la relaci髇, la informaci髇 y la comunicaci髇.
  • c) La adopci髇 por los servicios que recaen en el 醡bito material de competencia del Gobierno Vasco de las medidas dirigidas a prestar auxilio y atenci髇 inmediata, a proteger a las personas menores, a garantizar la defensa y el ejercicio de sus derechos, as como a su recuperaci髇 f韘ica y ps韖uica.

6.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 de situaciones de desprotecci髇, contemplado en el t韙ulo VI de esta ley, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, de las siguientes funciones:

  • a) La coordinaci髇 de las actuaciones de las diputaciones forales en este 醡bito, con el fin de asegurar y garantizar una homogeneizaci髇 de los procedimientos y la consecuci髇 de los mismos fines y resultados comunes; y, en especial, de aquellas actuaciones que afecten a personas menores migrantes no acompa馻das o sin referentes familiares.
  • b) Las actuaciones de prevenci髇 de la desprotecci髇 mediante actuaciones de sensibilizaci髇.
  • c) La articulaci髇 de medidas de apoyo a las funciones de crianza y de medidas de apoyo en situaciones de conflicto o crisis familiar.
  • d) La adopci髇 por los servicios que recaen en el 醡bito material de competencia del Gobierno Vasco de las medidas dirigidas a prestar auxilio y atenci髇 inmediata, a proteger a las personas menores, a garantizar la defensa y el ejercicio de sus derechos, as como a su recuperaci髇 f韘ica y ps韖uica.
  • e) La provisi髇 de los servicios sociales atribuidos a su competencia por el art韈ulo 40.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en materia de protecci髇.
  • f) La articulaci髇 de las medidas de prevenci髇 de la violencia en el 醡bito familiar, y, en particular, de las medidas de apoyo a la crianza, a la conciliaci髇 familiar y profesional, y a la coparentalidad.
  • g) La regulaci髇 de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el 醡bito de la protecci髇 a personas menores en situaci髇 de riesgo o de desamparo.
  • h) La sensibilizaci髇 de la opini髇 p鷅lica mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇 y la promoci髇 de medidas positivas, en el 醡bito comunitario, en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

7.– En el 醡bito de la prevenci髇 de conductas infractoras y la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal, contemplado en el t韙ulo VII de esta ley, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio, a trav閟 del departamento competente en materia de justicia, de las siguientes funciones:

  • a) Las actuaciones de prevenci髇.
  • b) La ejecuci髇 de las medidas adoptadas por el juez o la jueza de menores respecto de personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • c) La ejecuci髇 de las medidas de vigilancia y seguridad contempladas en el art韈ulo 295 de esta ley.
  • d) La provisi髇 de los recursos materiales y personales necesarios para la ejecuci髇 de medidas judiciales impuestas a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • e) La regulaci髇 de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el 醡bito de la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • f) La creaci髇, el mantenimiento y la gesti髇 de servicios y centros propios destinados a la ejecuci髇 de las medidas judiciales impuestas a personas menores de edad en conflicto con la ley penal, y su inspecci髇.
  • g) La autorizaci髇, el registro, la homologaci髇, la inspecci髇 y la evaluaci髇 de los servicios y centros con los que establezca convenios o acuerdos para la aplicaci髇 de determinadas medidas judiciales.
  • h) La comunicaci髇 al Ministerio Fiscal y al juez o a la jueza de menores de la ejecuci髇 de las medidas judiciales y extrajudiciales impuestas a personas menores de edad en conflicto con la ley penal y del seguimiento de las citadas medidas.
  • i) La planificaci髇, elaboraci髇 y evaluaci髇 de los programas de actuaci髇 en esta materia.
  • j) El asesoramiento t閏nico para la formaci髇 de las autoridades policiales que intervengan con personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • k) La coordinaci髇 con los juzgados de menores, el Ministerio Fiscal y dem醩 entidades que intervienen en la atenci髇 a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • l) La coordinaci髇 de la actuaci髇 de los equipos psicosociales especializados, en las funciones de apoyo a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, conforme a los t閞minos establecidos por la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
  • m) La regulaci髇 de la composici髇 y el funcionamiento de los equipos psicosociales especializados a los que se refiere la letra precedente.
  • n) La homologaci髇 de las entidades colaboradoras para la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
  • o) La evaluaci髇 de los programas de intervenci髇 en el 醡bito de la atenci髇 a personas infractoras menores de edad penal.
  • p) La sensibilizaci髇 de la opini髇 p鷅lica mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇.

Art韈ulo 320.– Competencias de las diputaciones forales

1.– Corresponde a las diputaciones forales, en su 醡bito territorial de competencia, el ejercicio de las siguientes funciones de car醕ter general:

  • a) La potestad reglamentaria para la organizaci髇 de sus propios servicios.
  • b) La planificaci髇 de los servicios cuya provisi髇 recaiga en su responsabilidad, en coherencia, en su caso, con la planificaci髇 auton髆ica que pueda existir.
  • c) El establecimiento de los precios p鷅licos de los servicios de su competencia.
  • d) La autorizaci髇 y, en su caso, la homologaci髇 de los servicios y centros de titularidad privada radicados en su territorio, y la inspecci髇 y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a aquellos, salvo cuando recaigan en las competencias municipales de inspecci髇, as como con respecto a los que sean de titularidad de la propia diputaci髇 foral.
  • e) El fomento y la promoci髇 de la iniciativa social, as como de la participaci髇 ciudadana, el asociacionismo y el voluntariado, en especial, de las personas menores.
  • f) Cuantas otras competencias, tanto generales como espec韋icas, les atribuyan la presente ley y su normativa de desarrollo, as como la normativa sectorial aplicable en cada 醡bito de actuaci髇.

2.– En el 醡bito de la promoci髇 de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, corresponde a las diputaciones forales el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las funciones que se les atribuyen en el t韙ulo III de esta ley.

3.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, la educaci髇, el bienestar material y la inclusi髇 social de la infancia y la adolescencia, corresponde a las diputaciones forales el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las funciones que se les atribuyen en el t韙ulo IV de esta ley.

4.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la protecci髇 de situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, contemplado en el t韙ulo V de esta ley, corresponde a las diputaciones forales el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) La articulaci髇 de medidas de prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 contra la violencia en el 醡bito familiar, en particular mediante los servicios de intervenci髇 socioeducativa o psicosocial con familia.
  • b) La provisi髇 del Servicio de Coordinaci髇 a Urgencias Sociales, que intervendr en la detecci髇 y en la prestaci髇 de atenci髇 inmediata en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia, cuando se produzcan tanto en el 醡bito familiar como en el comunitario.
  • c) La provisi髇 de los servicios territoriales atribuidos a su competencia por el art韈ulo 41.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que puedan resultar id髇eos para atender situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, y, en concreto, los previstos en los apartados 2.4.6 y 2.7.5 del art韈ulo 22 de la citada ley.
  • d) Cuantas otras actuaciones se les atribuyen en el t韙ulo V de esta ley.

5.– En el 醡bito de la prevenci髇 y la detecci髇 de situaciones de desprotecci髇 y de la protecci髇 a personas menores en tales situaciones, regulado en el t韙ulo VI de esta ley, corresponde a las diputaciones forales el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) El an醠isis, la investigaci髇, y la valoraci髇, diagn髎tico y, en su caso, confirmaci髇 de las situaciones de desprotecci髇 derivadas por los servicios sociales municipales al servicio territorial de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, o por la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal u otras entidades, instancias u organismos p鷅licos.
  • b) La intervenci髇 en las situaciones de riesgo grave, mediante la elaboraci髇 del proyecto de intervenci髇 social y educativo-familiar, as como la articulaci髇 de los servicios m醩 id髇eos para responder a las necesidades detectadas.
  • c) La declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo, cuando su calificaci髇 sea grave, y en los supuestos contemplados en la presente ley.
  • d) La intervenci髇 en las situaciones de desamparo mediante la declaraci髇 del desamparo, la asunci髇 de la tutela y la determinaci髇 de la modalidad de guarda.
  • e) La provisi髇 de los servicios territoriales atribuidos a su competencia por el art韈ulo 41.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que puedan resultar id髇eos para la atenci髇 de personas menores en situaci髇 de riesgo grave o de desamparo, y, en concreto, los previstos en los apartados 2.7.3.1 y 2.7.5 del art韈ulo 22 de la citada ley.
  • f) La provisi髇 de los recursos de acogimiento residencial en sus diversas modalidades, incluidos los centros espec韋icamente destinados a personas menores de edad con problemas de conducta.
  • g) La provisi髇 de programas de emancipaci髇 y transici髇 a la vida adulta, tanto en el 醡bito de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia como en el de la inclusi髇 social.
  • h) La solicitud de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde Espa馻 a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, cuando estas residan o se encuentren en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco bajo alguna medida de protecci髇 adoptada por la diputaci髇 foral.
  • i) La evaluaci髇 y emisi髇 de informe acerca de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas menores de edad en Espa馻 remitidas por un Estado miembro de la Uni髇 Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, cuando el acogimiento se vaya a llevar a cabo en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.
  • j) La sensibilizaci髇 de la poblaci髇, en general, en relaci髇 con el acogimiento familiar.
  • k) La formaci髇 y seguimiento de las personas solicitantes de acogimientos y adopciones y, en su caso, de las respectivas familias.
  • l) El fomento de servicios de apoyo y mentor韆 por parte de personas o familias voluntarias.
  • m) Cuantas otras actuaciones se les atribuyen en el t韙ulo VI de esta ley.

6.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 a personas menores de edad en conflicto con la ley penal, regulado en el t韙ulo VII de esta ley, corresponde a las diputaciones forales el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) La contribuci髇 a la prevenci髇 de conductas infractoras; en particular, entre la poblaci髇 acogida en recursos residenciales del 醡bito de la protecci髇.
  • b) La colaboraci髇 con el Gobierno Vasco en la puesta en marcha de actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de las medidas de personas menores de edad con vistas a su inclusi髇 social.
  • c) La atenci髇, en el marco de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia, a las personas menores de catorce a駉s que sean autoras de hechos tipificados penalmente, en la medida en que no se les exija responsabilidad con arreglo a la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y siempre que aquellas se encuentren en riesgo grave o en situaci髇 de desamparo.

Art韈ulo 321.– Competencias de los ayuntamientos

1.– Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones de car醕ter general:

  • a) La potestad reglamentaria para la organizaci髇 de sus propios servicios.
  • b) La planificaci髇 de los servicios cuya provisi髇 recaiga en su responsabilidad, en coherencia, en su caso, con la planificaci髇 auton髆ica y territorial que pueda existir.
  • c) El establecimiento de los precios p鷅licos de los servicios de su competencia.
  • d) La inspecci髇 y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a los servicios y centros de su titularidad, as como los de titularidad privada que hayan sido concertados, contratados o convenidos para la prestaci髇 de servicios de competencia municipal.
  • e) El fomento y la promoci髇 de la iniciativa social, as como de la participaci髇 ciudadana, del asociacionismo y del voluntariado, en particular de las propias personas menores.
  • f) Cuantas otras competencias, tanto generales como espec韋icas, les atribuyan la presente ley y su normativa de desarrollo, as como la normativa sectorial aplicable en cada 醡bito de actuaci髇.

2.– En el 醡bito de la promoci髇 de los derechos de la infancia y la adolescencia, corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las funciones que se les atribuyen en el t韙ulo III de esta ley.

3.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 de situaciones perjudiciales para la salud, la educaci髇, el bienestar material y la inclusi髇 de la infancia, corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las funciones que se les atribuyen en el t韙ulo IV de esta ley.

4.– En el 醡bito de la prevenci髇, la detecci髇 y la atenci髇 de situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, contemplado en el t韙ulo V de esta ley, corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) La articulaci髇 de medidas de prevenci髇, detecci髇 y protecci髇 contra la violencia, tanto en el 醡bito familiar como en el comunitario; en particular, mediante los servicios de Polic韆 local, los servicios de intervenci髇 socioeducativa o psicosocial u otros servicios municipales.
  • b) La valoraci髇 de casos comunicados en cumplimiento del deber de comunicaci髇 o del deber de comunicaci髇 cualificado establecido en relaci髇 con las situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, con el fin de determinar si existe o no una situaci髇 de desprotecci髇, y, en tal caso, ajustarse a las previsiones contenidas en el t韙ulo VI.
  • c) La provisi髇 de los servicios sociales municipales atribuidos a su competencia por el art韈ulo 42.4 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en relaci髇 con el art韈ulo 22.1 del mismo texto legal, que puedan resultar id髇eos para atender situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia.
  • d) Cuantas otras actuaciones se les atribuyen en el t韙ulo V de esta ley.

5.– En el 醡bito de la prevenci髇 y la detecci髇 de situaciones de desprotecci髇 y de la protecci髇 a personas menores en tales situaciones, regulado en el t韙ulo VI de esta ley, corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) La prevenci髇, la detecci髇 precoz, el an醠isis, la valoraci髇, el diagn髎tico y la atenci髇 de las situaciones de vulnerabilidad a la desprotecci髇 y de las situaciones calificadas como de riesgo leve y moderado, as como la derivaci髇 a las diputaciones forales de las situaciones que estimen de riesgo grave o de desamparo.
  • b) La intervenci髇 en las situaciones de riesgo leve y moderado mediante la elaboraci髇 del proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar.
  • c) La provisi髇 de los servicios sociales municipales atribuidos a su competencia por el art韈ulo 42.4 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en relaci髇 con el art韈ulo 22.1 del mismo texto legal, que resulten id髇eos para la atenci髇 de personas menores en situaci髇 de vulnerabilidad o en situaci髇 de riesgo leve o moderado.
  • d) La sensibilizaci髇 de la opini髇 p鷅lica mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇 y la promoci髇 de medidas positivas, en el 醡bito comunitario, en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • e) Cuantas otras actuaciones se les atribuyen en el t韙ulo VI de esta ley.

6.– En el 醡bito de la atenci髇 socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal, contemplado en el t韙ulo VII de esta ley, corresponde a los ayuntamientos el ejercicio, en su 醡bito territorial de competencia, de las siguientes funciones:

  • a) La colaboraci髇 con el Gobierno Vasco para la aplicaci髇 de medidas judiciales cuando estas deban desarrollarse en el entorno comunitario de los propios ayuntamientos.
  • b) La atenci髇, en el marco de la protecci髇 a la infancia y la adolescencia, a las personas menores de catorce a駉s que sean autoras de hechos tipificados penalmente, en la medida en que no se les exige responsabilidad con arreglo a la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y salvo que su atenci髇 corresponda a la diputaci髇 foral por valorarse que existe un riesgo grave o una situaci髇 de desamparo.

T蚑ULO XI
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAP蚑ULO I
INFRACCIONES

Art韈ulo 322.– Sujetos responsables

1.– La responsabilidad por la comisi髇 de infracciones administrativas tipificadas en este cap韙ulo se imputar a la persona f韘ica o jur韉ica que cometa la infracci髇 y, solidariamente, a la persona f韘ica o jur韉ica titular de la entidad, recurso, centro o servicio a la que est sujeta por una relaci髇 de dependencia o vinculaci髇.

2.– Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley corresponda a varias personas conjuntamente responder醤 de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan por su incumplimiento y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanci髇 sea pecuniaria y sea posible, se individualizar en la resoluci髇 en funci髇 del grado de participaci髇 de cada responsable.

3.– En todo caso, si dos o m醩 personas son responsables de una infracci髇 y no puede determinarse su grado de participaci髇, estas personas ser醤 solidariamente responsables a los efectos de las sanciones que se deriven.

4.– Cuando la infracci髇 haya sido cometida por el personal de los recursos de acogimiento residencial de protecci髇 a la infancia o la adolescencia, o de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, en el ejercicio de su actividad, funci髇 o profesi髇, responder solidariamente la persona que ejerza de directora o que sea responsable del recurso o centro de que se trate, por haber incumplido su deber de vigilancia para prevenir la infracci髇 administrativa que se impute.

5.– Si del procedimiento sancionador se derivan responsabilidades administrativas para representantes legales, la autoridad sancionadora deber ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal por si se pueden deducir responsabilidades civiles.

6.– Si los hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa pueden ser, adem醩, tipificados como delitos en la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, deber suspenderse la tramitaci髇 del expediente sancionador hasta que se dicte la correspondiente resoluci髇 judicial.

Art韈ulo 323.– Menores de edad responsables

1.– Las personas mayores de catorce a駉s ser醤 tambi閚 responsables por la comisi髇 de las infracciones administrativas tipificadas en este cap韙ulo.

2.– En todo caso, cuando la autor韆 de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de dieciocho a駉s responder醤 solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores o progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, por este orden, en raz髇 al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracci髇 administrativa que se impute a las personas menores de edad.

Art韈ulo 324.– Infracciones administrativas

1.– Se consideran infracciones administrativas a la presente ley todas las acciones u omisiones tipificadas en el presente cap韙ulo.

2.– Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo al inter閟 superior de la persona menor de edad, a la importancia de los bienes jur韉icos objeto de protecci髇 y a la lesi髇 o riesgo de lesi髇 que se derive de las conductas contempladas.

Art韈ulo 325.– Infracciones leves

Constituye infracci髇 leve incumplir la normativa aplicable en el 醡bito de los derechos de la infancia y la adolescencia, si de ello no se derivan perjuicios f韘icos o psicol骻icos para las personas menores de edad.

Art韈ulo 326.– Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

1.– Reincidir en las infracciones leves.

2.– Incumplir la normativa aplicable en el 醡bito de los derechos de la infancia y la adolescencia, si de ello se derivan perjuicios f韘icos o psicol骻icos para las personas menores de edad.

3.– Incumplir quienes ejerzan la representaci髇 legal o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras el deber de velar por que una persona menor a su cargo curse de manera real y efectiva la ense馻nza obligatoria, cuando dicho incumplimiento motive una inasistencia reiterada que, de acuerdo con la normativa auton髆ica, constituya absentismo escolar.

4.– Permitir que las personas menores de edad realicen aquellas actividades que tienen prohibidas o restringidas por la presente ley, o incumplir las obligaciones que esta impone para garantizar que no accedan a contenidos o servicios que resulten perjudiciales para ellas.

5.– Incumplir la obligaci髇 por parte del centro o personal sanitario de identificar al reci閚 nacido o a la reci閚 nacida, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicaci髇.

6.– No escuchar las autoridades o el personal de la administraci髇 p鷅lica competente a una persona menor de edad antes de dictar una resoluci髇, cuando su audiencia est prevista expresamente en un procedimiento administrativo que le afecte.

7.– No poner en conocimiento de la administraci髇 p鷅lica competente o de otra autoridad p鷅lica la posible situaci髇 de riesgo o de desamparo en que pueda encontrarse una persona menor de edad.

8.– No poner a disposici髇 de la administraci髇 p鷅lica competente o de otra autoridad p鷅lica, o, en su caso, de la familia, en el plazo de 24 horas, a la persona menor de edad que se encuentre abandonada, perdida o fugada de su hogar.

9.– Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protecci髇 de personas menores o impedir su ejecuci髇.

10.– Incumplir el deber de comunicaci髇 establecido en los art韈ulos 16, 17 y 18 de esta ley.

11.– Incumplir el deber de confidencialidad y reserva respecto a los datos personales de las personas menores por parte de las personas profesionales que intervengan en su protecci髇.

12.– Proceder a la apertura de un centro o servicio por parte de las entidades titulares de aquel sin haber obtenido las autorizaciones administrativas establecidas en la presente ley, o a su cierre sin previa comunicaci髇.

13.– Incumplir la regulaci髇 espec韋ica establecida para cada tipo de centro o servicio por parte de las entidades titulares o por el personal, si de ello se derivan perjuicios f韘icos o psicol骻icos para las personas menores de edad.

14.– Incumplir el deber de vigilancia espec韋ico establecido en los art韈ulos 239 y 291 de esta ley.

15.– No facilitar el tratamiento y atenci髇 que, acordes con la finalidad de los centros o servicios, correspondan a las necesidades de las personas menores, cuando de ello se deriven perjuicios f韘icos o psicol骻icos para estas.

16.– Aplicar, por parte de las personas titulares, trabajadoras o colaboradoras de los centros o servicios, medidas disciplinarias o de limitaci髇 de sus derechos a las personas menores de edad, sin ajustarse o excedi閚dose de lo establecido en la normativa reguladora de dichos centros.

17.– Percibir por parte de las personas titulares de los centros o de su personal, en concepto de precio o contraprestaci髇 por los servicios prestados, cantidades econ髆icas que no est閚 autorizadas por la administraci髇 p鷅lica competente.

18.– Amparar o ejercer pr醕ticas lucrativas en centros o servicios definidos como carentes de 醤imo de lucro.

19.– Acoger a una persona menor de edad con la intenci髇 de su futura adopci髇 sin la intervenci髇 de la entidad competente en materia de protecci髇.

20.– Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspecci髇, seguimiento y evaluaci髇 de la administraci髇 p鷅lica competente por parte de las personas titulares o del personal de los centros o servicios objeto de tales actuaciones.

21.– Destinar las ayudas y subvenciones p鷅licas de los centros o servicios a finalidades distintas de aquellas para las que hayan sido otorgadas.

22.– Impedir el acceso a los puntos de encuentro familiar, a los recursos de acogimiento residencial para la protecci髇 de personas menores o a los centros de atenci髇 socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley a las personas funcionarias que tengan encomendada su supervisi髇 y control.

23.– No atender los requerimientos que efect鷈n las personas funcionarias en el ejercicio de sus funciones de inspecci髇, supervisi髇 y control de los centros o servicios.

24.– Ejercer, sin la habilitaci髇 administrativa requerida, la guarda de personas menores de edad en recursos de acogimiento residencial para la protecci髇 de personas menores o en centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo.

25.– Fomentar pr醕ticas de exclusi髇, discriminaci髇 o no remoci髇 de obst醕ulos para la igualdad de oportunidades de personas menores de edad con discapacidad en procesos de acogimiento familiar o de adopci髇.

26.– Realizar la actividad de intermediaci髇 en materia de adopci髇 internacional sin estar acreditada o acreditado para ello.

27.– Incumplir, por parte de los organismos acreditados para la adopci髇 internacional, las funciones que deben ejercer de acuerdo con la normativa en materia de adopci髇 internacional y lo estipulado en el contrato suscrito con las personas que se ofrecen para la adopci髇.

28.– No facilitar, por parte de las personas adoptantes, a la diputaci髇 foral o al organismo de intermediaci髇 en adopci髇 internacional la informaci髇, la documentaci髇 o la realizaci髇 de las entrevistas necesarias para la elaboraci髇 de los informes de seguimiento posadoptivo exigidos por la autoridad competente del pa韘 de origen de la persona adoptada, o incumplir otras obligaciones, econ髆icas o materiales, necesarias para que dichos informes puedan ser recibidos por tal autoridad extranjera en el tiempo y la forma requeridos.

29.– No realizar, en el tiempo previsto, los tr醡ites posadoptivos a que vengan obligadas las personas adoptantes por la legislaci髇 del pa韘 de origen de sus hijos o hijas adoptivas o la normativa auton髆ica.

Art韈ulo 327.– Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

1.– Reincidir en las infracciones graves.

2.– Incurrir en acciones y omisiones consistentes en infracciones graves cuando de ellas se deriven da駉s o perjuicios de car醕ter irreversible para los derechos de la persona menor de edad.

3.– Entregar o recibir a una persona menor de edad eludiendo los procedimientos legales de adopci髇, sin que medie compensaci髇 econ髆ica, con la finalidad de establecer una relaci髇 an醠oga a la de filiaci髇, o intermediar en el proceso de entrega.

4.– Proporcionar, quienes ejerzan la representaci髇 legal o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras, un trato degradante a las personas menores de edad que afecte a su dignidad, as como realizar otras actuaciones que afecten a los derechos que tienen reconocidos en la presente ley, de tal manera que les causen un perjuicio f韘ico o psicol骻ico.

5.– Incumplir la obligaci髇 de verificar el requisito de acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, establecido en el art韈ulo 314.2 de esta ley.

6.– Dar ocupaci髇 en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, ya sea como personal profesional, ya sea como personal voluntario, a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

7.– No realizar la comunicaci髇 prevista en el art韈ulo 314.6 de esta ley.

8.– Difundir, a trav閟 de los medios de comunicaci髇 social o de cualquier otro medio que permita el acceso p鷅lico, la imagen, la identidad o los datos personales de las personas menores cuando suponga una intromisi髇 ileg韙ima en su honor, imagen e intimidad, aunque se cuente con su consentimiento o el de sus representantes legales.

9.– No observar las reglas contenidas en la presente ley en materia de programaci髇 infantil y en materia de publicidad dirigida a personas menores de edad.

Art韈ulo 328.– Reincidencia

A los efectos del presente r間imen sancionador, existir reincidencia cuando las personas responsables de las infracciones cometan, en el t閞mino de un a駉, m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza y as haya sido declarado por resoluci髇 firme en v韆 administrativa.

Art韈ulo 329.– Prescripci髇 de las infracciones

1.– Las infracciones previstas en la presente ley prescribir醤 al a駉 en el caso de las infracciones leves, a los tres a駉s en el caso de las graves y a los cinco a駉s en el caso de las infracciones muy graves.

2.– El plazo de prescripci髇 de las infracciones comenzar a contarse desde el d韆 en que la infracci髇 se haya cometido. Interrumpir la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador, y se reanudar el plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador est paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable a la persona presunta responsable.

CAP蚑ULO II
SANCIONES

Art韈ulo 330.– Tipos de sanciones

Las infracciones contenidas en los art韈ulos anteriores dar醤 lugar a la imposici髇 de alguna o algunas de las sanciones siguientes:

  • a) Apercibimiento.
  • b) Multa.
  • c) Reintegro de subvenciones y extinci髇 del convenio de colaboraci髇 formalizado al amparo de la legislaci髇 vigente en materia de subvenciones, cuando as se haya establecido en las normas reguladoras de la subvenci髇 o en las estipulaciones recogidas en el convenio de colaboraci髇, respectivamente.
  • d) Prohibici髇 de acceder a la financiaci髇 p鷅lica durante un per韔do de hasta cinco a駉s.
  • e) Cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio, por un per韔do de hasta dos a駉s.
  • f) Cierre definitivo, total o parcial, del centro o servicio.
  • g) Inhabilitaci髇 temporal por un per韔do m醲imo de hasta cinco a駉s de la persona f韘ica autora de la infracci髇 o de la persona f韘ica o jur韉ica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesi髇 en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia.
  • h) Inhabilitaci髇 temporal por un per韔do de entre seis y veinte a駉s de la persona f韘ica autora de la infracci髇 o de la persona f韘ica o jur韉ica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesi髇 en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 331.– Graduaci髇 de las sanciones

Para la determinaci髇 de la cuant韆 de las multas y la aplicaci髇 de las dem醩 sanciones, el 髍gano competente atender a los siguientes criterios de graduaci髇:

  • a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
  • b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
  • c) Cualquier tipo de discriminaci髇 que haya podido comportar la infracci髇.
  • d) La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a las condiciones de madurez, edad y vulnerabilidad de las personas afectadas y a su n鷐ero.
  • e) La extensi髇 de los perjuicios ocasionados en el inter閟 p鷅lico.
  • f) La reincidencia.
  • g) El beneficio obtenido por la persona infractora.
  • h) El importe global de las subvenciones recibidas y la entidad que alcanza en los estados financieros para el caso de persona jur韉ica infractora y en los ingresos anuales para el caso de persona f韘ica.
  • i) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos realizados por la Administraci髇.
  • j) La reparaci髇 espont醤ea de los da駉s causados, el cumplimiento voluntario de la legalidad o la subsanaci髇 de las deficiencias por la persona infractora a iniciativa propia, antes de la resoluci髇 del expediente sancionador.

Art韈ulo 332.– Aplicaci髇 de las sanciones

1.– Las sanciones se aplicar醤 de la siguiente forma:

  • a) Las infracciones leves ser醤 sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros.
  • b) Las infracciones graves ser醤 sancionadas con multa de cuant韆 comprendida entre 10.001 y 100.000 euros.
  • c) Las infracciones muy graves ser醤 sancionadas con multa de cuant韆 comprendida entre 100.001 y 600.000 euros.

2.– Con independencia de las multas que puedan imponerse conforme al apartado anterior, en los supuestos de infracciones graves o muy graves, y en funci髇 de las circunstancias que concurran en la infracci髇, la autoridad sancionadora competente podr acordar, adem醩, la imposici髇 de las siguientes sanciones accesorias:

  • a) El reintegro de cualquier subvenci髇 que la persona infractora haya obtenido de las administraciones p鷅licas vascas en relaci髇 con las actuaciones, actividades, conductas o hechos objeto de sanci髇, o la extinci髇 del convenio de colaboraci髇 que haya suscrito con estas cuando as se haya establecido en las normas reguladoras de la subvenci髇 o en las estipulaciones recogidas en el convenio de colaboraci髇, respectivamente.
  • b) La prohibici髇 de acceder a cualquier tipo de ayuda p鷅lica de las administraciones p鷅licas vascas por un per韔do de hasta dos a駉s en el caso de las infracciones graves, y por un per韔do de dos a cinco a駉s en el caso de las infracciones muy graves.
  • c) El cierre total o parcial del centro o servicio por un per韔do de hasta un a駉 en el caso de infracciones graves, y el cierre total o parcial por un per韔do de hasta dos a駉s o la clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio en el caso de infracciones muy graves.
  • d) La inhabilitaci髇 temporal por un per韔do m醲imo de hasta cinco a駉s de la persona f韘ica autora de la infracci髇 o de la persona f韘ica o jur韉ica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesi髇 en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones graves.
  • e) La inhabilitaci髇 temporal por un per韔do de entre seis y veinte a駉s de la persona f韘ica autora de la infracci髇 o de la persona f韘ica o jur韉ica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesi髇 en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones muy graves.

Art韈ulo 333.– Publicidad de las sanciones

1.– En el caso de infracciones graves o muy graves, el 髍gano competente podr acordar en la resoluci髇 del expediente sancionador la publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco de las sanciones impuestas, una vez que hayan adquirido firmeza. El coste de la publicaci髇 correr a cargo de la persona o entidad sancionada.

2.– Si el responsable de una infracci髇 es un medio de comunicaci髇 social o un medio publicitario, puede acumularse como sanci髇 la difusi髇 p鷅lica de la resoluci髇 sancionadora por el mismo medio sancionado, en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.

3.– La publicaci髇 debe indicar los nombres, apellidos, denominaci髇 o raz髇 social de los sujetos responsables, as como la clase y naturaleza de las infracciones.

Art韈ulo 334.– Prescripci髇 de las sanciones

1.– Las sanciones previstas en la presente ley prescribir醤 a los cinco a駉s cuando hayan sido impuestas por la comisi髇 de infracciones muy graves, a los tres a駉s cuando hayan sido impuestas por infracciones graves y al a駉 si han sido impuestas por infracciones leves.

2.– El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇 o desde que haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpir la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecuci髇, y volver a transcurrir el plazo si aquel est paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

CAP蚑ULO III
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

Art韈ulo 335.– Procedimiento sancionador

1.– El procedimiento sancionador que tienen que aplicar los 髍ganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en las materias objeto de la presente ley es el que establece la normativa del procedimiento sancionador aplicable en los 醡bitos propios de las administraciones p鷅licas que resulten competentes en cada caso.

2.– Este procedimiento se aplicar respetando el procedimiento y los principios generales en materia sancionadora establecidos por la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones P鷅licas Vascas, as como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

Art韈ulo 336.– 觬ganos sancionadores

1.– Los ayuntamientos y las diputaciones forales ejercitar醤 la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia atribuidas por la presente ley, y el concreto 髍gano sancionador se determinar conforme a su normativa propia.

2.– El Gobierno Vasco ejercitar la potestad sancionadora en las materias atribuidas a su competencia por esta ley, y dicho ejercicio recaer en los 髍ganos que al efecto designen los departamentos competentes en materia de sanidad, educaci髇, servicios sociales, justicia, cultura, urbanismo, seguridad ciudadana, consumo, defensa de la persona consumidora u otros que resulten competentes, cuando la infracci髇 se produzca en su 醡bito competencial de actuaci髇.

Art韈ulo 337.– Medidas provisionales

1.– El 髍gano competente para resolver el procedimiento sancionador podr, una vez iniciado este, adoptar las medidas provisionales que estime necesarias y sean proporcionadas para asegurar la eficacia de la resoluci髇 administrativa que pueda recaer, el buen fin del procedimiento, la evitaci髇 del mantenimiento de los efectos de la infracci髇 y las exigencias de los intereses generales.

2.– En todo caso, deber醤 adoptarse las medidas provisionales necesarias que salvaguarden la integridad f韘ica y moral de las personas menores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICI覰 ADICIONAL PRIMERA.– Servicio de atenci髇 integral y especializada a personas menores v韈timas de violencia sexual

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, planificar y coordinar la creaci髇 y puesta en marcha en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco de un servicio de atenci髇 integral y especializada de la poblaci髇 infantil y adolescente que haya sido v韈tima de violencia sexual.

2.– Este servicio deber configurarse como un entorno seguro, en el que se deber proporcionar a las personas menores de edad v韈timas de violencia sexual las medidas de acogida, apoyo, protecci髇 y recuperaci髇 adecuadas a sus necesidades.

3.– Asimismo, este servicio se configurar como el lugar de referencia para las v韈timas, al que se desplazar el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y judiciales.

4.– A tal efecto, se deber醤 establecer los protocolos que definan las pautas de actuaci髇 que aseguren una correcta identificaci髇 y derivaci髇 de las situaciones de violencia sexual, y la intervenci髇 coordinada entre los distintos sistemas o autoridades implicadas en la atenci髇 y protecci髇 a la infancia y la adolescencia; en particular, los siguientes: servicios sociales y servicios sanitario, educativo y policial; Ministerio Fiscal y autoridades judiciales, as como los servicios que colaboran con la justicia, como el Instituto Vasco de Medicina Legal, los equipos psicosociales judiciales y las oficinas de atenci髇 a la v韈tima del delito.

5.– En todo caso, el acceso a este servicio ser gratuito, y se respetar la dignidad, la confidencialidad y el derecho a la protecci髇 de datos de car醕ter personal de las v韈timas, de sus familias y de terceras personas que accedan a este servicio.

6.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, promover que las personas profesionales que realicen su actividad en este servicio dispongan de la formaci髇 especializada, inicial y continua, que se contempla en el art韈ulo 311 de esta ley, as como de la formaci髇 espec韋ica que se establece en el art韈ulo 312.1 de la misma ley.

DISPOSICI覰 ADICIONAL SEGUNDA.– Diagn髎tico sobre la atenci髇 sociosanitaria a personas menores con trastornos de salud mental en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco

1.– En el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley se elaborar y aprobar un diagn髎tico global y espec韋ico de todos los aspectos relacionados con la atenci髇 sociosanitaria a personas menores con trastornos de salud mental en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, que se convertir en el libro blanco sobre la materia.

2.– Dicho diagn髎tico perseguir los siguientes objetivos b醩icos:

  • a) Conocer la situaci髇 actual de la atenci髇 sociosanitaria a personas menores con trastornos de salud mental en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, en t閞minos de recursos disponibles, su aprovechamiento y la organizaci髇 de la actividad asistencial.
  • b) Detectar, describir y analizar las principales actuaciones desarrolladas desde la aprobaci髇 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia, en el marco de la colaboraci髇 institucional en la materia, y valorar los resultados alcanzados, sus fortalezas y sus debilidades.
  • c) Identificar las necesidades y carencias de la atenci髇 sociosanitaria, las 醨eas y oportunidades de mejora y los retos que permitan mejorar la calidad de la atenci髇.

3.– Asimismo, el diagn髎tico incluir un informe-propuesta final, en el que se establecer醤 las conclusiones y recomendaciones sobre las medidas y pol韙icas que se consideren necesarias para alcanzar la mejor atenci髇 sociosanitaria en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, asegurar el m醩 eficaz aprovechamiento de sus recursos y ofrecer la respuesta que satisfaga, de la forma m醩 adecuada, las necesidades existentes.

4.– Para la elaboraci髇 del diagn髎tico se constituir, de forma colegiada con el Consejo Asesor de Salud Mental en Euskadi, una comisi髇 t閏nica, adscrita al departamento competente en materia de infancia y adolescencia, en cuya composici髇 deber醤 participar representantes de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de infancia y adolescencia y de atenci髇 sociosanitaria, as como de cada una de las diputaciones forales.

DISPOSICI覰 ADICIONAL TERCERA.– Estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia para el periodo 2022-2025

La Estrategia vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022-2025, elaborada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Pol韙icas Sociales del Gobierno Vasco, deber cumplir con el mandato previsto en el art韈ulo 128.6 de esta ley con relaci髇 a la elaboraci髇 por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del informe de evaluaci髇 sobre su grado de cumplimiento y eficacia.

DISPOSICI覰 ADICIONAL CUARTA.– Protocolos sectoriales

1.– El Gobierno Vasco, mediante los departamentos competentes en cada caso, las diputaciones forales, a trav閟 de los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y los ayuntamientos, representados por la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito auton髆ico m醩 representativa y con mayor implantaci髇 en todo el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, en el marco de una comisi髇 mixta creada al efecto, elaborar醤 los protocolos sectoriales de actuaci髇 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia referidos en el art韈ulo 142 de esta ley.

2.– La comisi髇 mixta que se constituya ser coordinada por la direcci髇 competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco. Para el correcto ejercicio de las funciones que se atribuyan a la comisi髇, la citada direcci髇 le prestar el apoyo econ髆ico, material, t閏nico y de personal que sea necesario.

3.– Los protocolos de actuaci髇 deber醤 ser aprobados por el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, a propuesta de la comisi髇 que se establece en el apartado anterior, en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, y habr醤 de ser espec韋icos por cada uno de los 醡bitos que se establecen en el art韈ulo 142.3 de esta ley.

DISPOSICI覰 ADICIONAL QUINTA.– Revisi髇 y actualizaci髇 del instrumento Balora

1.– El instrumento para la valoraci髇 de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y adolescencia en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco (Balora), cuya actualizaci髇 fue aprobada por el Decreto 152/2017, de 9 de mayo, as como los posteriores instrumentos t閏nicos que lo sustituyan, deber醤 revisarse en el marco de un grupo t閏nico de trabajo de car醕ter interinstitucional.

2.– Dicho grupo ser coordinado por la direcci髇 competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, y deber estar integrado, necesariamente, por personal t閏nico de los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de cada una de las diputaciones forales y de los servicios sociales municipales.

3.– El grupo t閏nico de trabajo elevar al departamento competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco sus criterios, propuestas y recomendaciones t閏nicas con relaci髇 a la necesidad de modificar el instrumento Balora que est vigente y, en particular, sobre las siguientes cuestiones:

  • a) Los supuestos que constituyen una situaci髇 de desprotecci髇 y los criterios t閏nicos que contribuyen a su definici髇 como situaci髇 de riesgo y de desamparo.
  • b) La calificaci髇 del nivel de gravedad, como riesgo leve, moderado o grave, de las situaciones de riesgo.
  • c) Actuaciones espec韋icas a realizar en el marco de los procedimientos de an醠isis, investigaci髇, valoraci髇 y diagn髎tico de las situaciones de desprotecci髇, atendiendo a las especiales circunstancias que puedan concurrir en determinados supuestos susceptibles de constituir una situaci髇 de desprotecci髇, o, en su caso, que conlleven la obligatoriedad de declarar la situaci髇 de riesgo.

4.– La elaboraci髇 y aprobaci髇 de la actualizaci髇 del instrumento t閏nico, que tendr car醕ter de rango normativo de desarrollo reglamentario de la presente ley, corresponder al Gobierno Vasco, a propuesta del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y sobre la base de los criterios, las propuestas y las recomendaciones t閏nicas referidas en el apartado anterior.

5.– Para el correcto ejercicio de las funciones propias que se atribuyan al grupo t閏nico de trabajo que se constituya, la direcci髇 competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco le prestar el apoyo econ髆ico, material, t閏nico y de personal que sea necesario, al efecto de dar cumplimiento a las previsiones incluidas en los apartados 1 y 2 de esta disposici髇.

6.– Los recursos econ髆icos que sea necesario destinar en apoyo de las funciones del grupo t閏nico de trabajo proceder醤 de los cr閐itos presupuestarios espec韋icos de la direcci髇 competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, establecidos al efecto en los presupuestos generales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco o en normas con rango de ley de car醕ter presupuestario.

DISPOSICI覰 ADICIONAL SEXTA.– Trato preferente

Las administraciones sanitaria y educativa deber醤 realizar, en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las actuaciones necesarias para asegurar la efectividad de las previsiones contenidas en los art韈ulos 223 y 224 de esta ley, respectivamente.

DISPOSICI覰 ADICIONAL S蒔TIMA.– Traslado de personas menores migrantes sin referentes familiares

1.– Con el fin de garantizar una pol韙ica homog閚ea en el 醡bito de la atenci髇 y protecci髇 a las personas menores migrantes sin referente familiar en toda la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, en los casos de traslado conjunto o m鷏tiple de dichas personas a esta desde otras comunidades aut髇omas, y en el marco del principio de solidaridad interterritorial previsto en la Constituci髇 espa駉la y en el art韈ulo 140.1.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, corresponder醤 al Gobierno Vasco, para su desempe駉 a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y en colaboraci髇 con las diputaciones forales, las funciones de coordinaci髇 con las administraciones p鷅licas auton髆icas competentes dirigidas a determinar las condiciones y las circunstancias del traslado, as como los requisitos en los que ser realizado dicho traslado y en los que se proceder a la atenci髇 y protecci髇 de personas menores.

2.– Asimismo, con el fin de asegurar la solidaridad interterritorial en el propio 醡bito de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y garantizar, en todo su 醡bito territorial, una actuaci髇 m醩 justa, homog閚ea, equilibrada y cohesionada de las diputaciones forales en relaci髇 con la atenci髇 y protecci髇 que se proporcione a las personas menores migrantes sin referente familiar, que redunde en una mejora de la igualdad de oportunidades para dicha poblaci髇 menor migrante, el Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, establecer los criterios y las condiciones que guiar醤 el reparto de ni駉s, ni馻s y adolescentes entre los distintos territorios hist髍icos, as como los mecanismos de seguimiento oportunos.

3.– En todo caso, los criterios y las condiciones que guiar醤 el reparto de las personas menores migrantes sin referente familiar deber醤 establecerse con la colaboraci髇 de las diputaciones forales.

DISPOSICI覰 ADICIONAL OCTAVA.– Medidas cautelares en contextos de crisis humanitarias

1.– Cuando a consecuencia de una crisis humanitaria se produzca una afluencia masiva de personas menores de edad que se hayan desplazado sin referente familiar, las diputaciones forales les prestar醤 la atenci髇 inmediata de urgencia prevista en el art韈ulo 171 de esta ley y asumir醤 su guarda provisional, mediante resoluci髇 administrativa.

2.– A los efectos de esta ley, se entender por crisis humanitarias, entre otras, aquellas que tienen su origen en una situaci髇 excepcional de emergencia ocasionada por causas naturales o ambientales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequ韆s, cambios ambientales, por motivos geopol韙icos como guerras, conflictos civiles, persecuciones, desplazamientos masivos, hambrunas, o por causas sanitarias como epidemias, entre otras.

3.– Atendiendo a la excepcionalidad y gravedad de las circunstancias concurrentes, y siempre y cuando no haya familias o personas declaradas adecuadas para formalizar con ellas un acogimiento familiar de urgencia, las diputaciones forales podr醤 delegar cautelarmente la guarda a familias que se hayan mostrado dispuestas para el acogimiento temporal de las personas menores de edad.

4.– En todo caso, con car醕ter previo a la delegaci髇 cautelar de la guarda, dichas familias o personas deber醤 acreditar no estar incursas en las siguientes circunstancias:

  • a) Estar privadas o suspendidas en el ejercicio de la patria potestad por resoluci髇 judicial o administrativa, o encontrarse incursas en causa de privaci髇 o suspensi髇 de la patria potestad.
  • b) Haber sido legalmente removidas de una situaci髇 de tutela.
  • c) Haber sido condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras est閚 cumpliendo la condena.
  • d) Haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones; por delito contra la libertad, la integridad moral o los derechos y deberes familiares; por un delito relacionado con la violencia de g閚ero; o por alg鷑 delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresi髇 y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaci髇 sexual, prostituci髇, explotaci髇 sexual y corrupci髇 de menores, as como por trata de seres humanos.
  • e) Estar sometidas a medidas cautelares asociadas a una orden de protecci髇 para las v韈timas de violencia de g閚ero o contra las mujeres o violencia dom閟tica.
  • f) Incurrir en circunstancias que imposibiliten el ejercicio de la tutela de acuerdo con las disposiciones previstas en el C骴igo Civil.

5.– Asimismo, las familias o personas que vayan a ejercer la guarda deber醤 cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Manifestar expresamente, por escrito, su conocimiento de que la finalidad del acogimiento y estancia temporal de la persona menor de edad en la familia no es la adopci髇 ni la delegaci髇 de guarda para la convivencia preadoptiva, as como su compromiso de facilitar el retorno de la persona menor de edad a su pa韘 de origen o procedencia.
  • b) Disponer de un informe psicosocial favorable, que deber comprender sus circunstancias personales y familiares.

6.– Las medidas adoptadas deber醤 ser objeto de revisi髇 cada seis meses, sin necesidad de que deba ser asumida la tutela durante el periodo de los primeros 24 meses desde que se adoptaron. No obstante, en dicho periodo s podr醤 adoptarse otras medidas de protecci髇 m醩 estables o definitivas si se constata la imposibilidad de retorno al pa韘 de origen o procedencia o concurren circunstancias o razones excepcionales que obstaculizan el retorno, y siempre que el inter閟 superior de la persona menor de edad as lo aconseje.

7.– Al revisar las medidas adoptadas, los servicios territoriales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales realizar醤 necesariamente un seguimiento previo y emitir醤 un informe t閏nico de evaluaci髇 de la situaci髇 de la persona menor de edad y su adaptaci髇 a la familia.

DISPOSICI覰 ADICIONAL NOVENA.– Servicios experimentales

1.– En atenci髇 al inter閟 de la infancia y la adolescencia, las administraciones p鷅licas vascas podr醤 desarrollar o apoyar con medios econ髆icos y t閏nicos iniciativas de car醕ter experimental que puedan aportar soluciones innovadoras, siempre que concuerden con los fines previstos en la presente ley y, asimismo, no conlleven una limitaci髇 de derechos superior a las previsiones de la ley para los supuestos que sean objeto de atenci髇 en cada caso.

2.– Los servicios de car醕ter experimental a los que se refiere el apartado anterior podr醤 ser autorizados por la administraci髇 competente, con car醕ter excepcional, por un plazo m醲imo de dos a駉s, la cual deber informar al Gobierno Vasco de esta situaci髇. Si al cabo de este plazo se considera, conforme a una evaluaci髇 cualitativa, que la modalidad de atenci髇 as desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deber醤 regular los requisitos materiales y funcionales que le correspondan. Si no se considera tal alternativa, dicho servicio perder su autorizaci髇.

DISPOSICI覰 ADICIONAL D蒀IMA.– Referencia a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores

1.– En lo que afecta a la actuaci髇 dentro del 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, las referencias que se establecen en esta ley a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores se entienden referidas a la diputaci髇 foral competente territorialmente.

2.– Corresponde a la diputaci髇 foral competente territorialmente la emisi髇 de los informes referidos a la situaci髇 de las personas menores de edad que la legislaci髇 sectorial atribuya, de forma espec韋ica, a las entidades p鷅licas de protecci髇 de menores.

DISPOSICI覰 ADICIONAL UND蒀IMA.– Referencias relativas a los centros de acogimiento para personas menores de edad con problemas de conducta

Las referencias a los centros de acogimiento residencial en los que se presta apliquen programas especializados de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, contenidas en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social, deber醤 entenderse realizadas a los centros de protecci髇 espec韋icos de personas menores de edad con problemas de conducta regulados en la secci髇 8. del cap韙ulo IV del t韙ulo VI de esta ley.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DUOD蒀IMA.– Representaci髇 de los ayuntamientos

A efectos de la participaci髇 municipal prevista en el 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia y en el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, se entender que dicha representaci髇 recaer en la asociaci髇 de entidades locales de 醡bito auton髆ico m醩 representativa y con mayor implantaci髇 en todo el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DECIMOTERCERA.– Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y la Adolescencia

1.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, dise馻r, desarrollar y garantizar la implementaci髇 y puesta en marcha del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y Adolescencia, de acuerdo con los t閞minos previstos en el art韈ulo 308 de esta ley.

2.– A los efectos anteriores, deber articular las redes y los dispositivos inform醫icos y telem醫icos necesarios para la recogida y el volcado permanente de los datos necesarios para la elaboraci髇 de la informaci髇 y su actualizaci髇 continua, de acuerdo con los criterios que se hayan establecido para la obtenci髇 agregada de los datos y con las variables que se definan para la obtenci髇 desagregada de estos.

3.– Asimismo, garantizar el mantenimiento y la actualizaci髇 inform醫ica del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre la Infancia y Adolescencia.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DECIMOCUARTA.– Suministro de informaci髇 a los registros estatales

Corresponder a las diputaciones forales y, cuando proceda, a los ayuntamientos suministrar la informaci髇 que deba incorporarse, a nivel estatal, al 蚽dice de Tutelas de Menores, al Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) y, en su caso, al Registro Central de informaci髇 sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, cuando dicha informaci髇 afecte o recaiga en su 醡bito material de competencia.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DECIMOQUINTA.– Evaluaci髇 de la implementaci髇 de la ley

Desde la entrada en vigor de la ley, cada cuatro a駉s, el Gobierno Vasco deber realizar una evaluaci髇 del impacto de la presente ley, con el objeto de analizar las actuaciones desarrolladas para su implementaci髇 por las diferentes administraciones p鷅licas vascas, y las repercusiones sociales, jur韉icas y econ髆icas de su puesta en marcha. En dicha evaluaci髇 participar醤 miembros del Foro de la Infancia y la Adolescencia.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DECIMOSEXTA.– Actualizaci髇 del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social

En el plazo m醲imo de cuatro a駉s se proceder a la revisi髇 y actualizaci髇 del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situaci髇 de desprotecci髇 social.

DISPOSICI覰 ADICIONAL DECIMOS蒔TIMA.– Validaci髇 de los instrumentos t閏nicos

La validaci髇 de los instrumentos t閏nicos a los que se refiere la ley se basar en el conocimiento acad閙ico y en la evidencia cient韋ica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICI覰 TRANSITORIA PRIMERA.– Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco

1.– La Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, prevista en el art韈ulo 270 de esta ley, se regir, hasta la aprobaci髇 de la normativa reguladora de su composici髇, funciones y r間imen de funcionamiento, por las disposiciones establecidas en el Decreto 277/2011, de 27 de diciembre, de acreditaci髇 y funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopci髇 Internacional, en relaci髇 con la Comisi髇 T閏nica de Adopci髇 Internacional.

2.– El Gobierno Vasco, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, realizar el desarrollo reglamentario oportuno en el plazo de un a駉, contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA SEGUNDA.– Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia

Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario previsto en el art韈ulo 306.7 de esta ley, a la entrada en vigor de esta, la Comisi髇 Permanente Sectorial para la Atenci髇 a la Infancia y la Adolescencia pasar a denominarse Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y dejar de depender del Consejo Vasco de Servicios Sociales, y le resultar de aplicaci髇 la normativa reguladora de aquella en todo cuanto no contradiga lo dispuesto en esta ley, hasta que se apruebe su propia regulaci髇 espec韋ica.

DISPOSICI覰 DEROGATORIA

1.– Queda derogada expresamente la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia y la Adolescencia.

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2.– Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICI覰 FINAL PRIMERA.– Aprobaci髇 de las normas o directrices para la evaluaci髇 de impacto sobre la infancia y la adolescencia

El Gobierno Vasco aprobar, en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deber醤 seguir para evaluar el impacto sobre la infancia y la adolescencia de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento, y, en su caso, las normas que quedan exentas de la necesidad de hacer dicha evaluaci髇 de impacto, a las que alude el art韈ulo 3.3 de esta ley.

DISPOSICI覰 FINAL SEGUNDA.– Regulaci髇 de las unidades de atenci髇 sociosanitaria

El Gobierno Vasco elaborar y aprobar, en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, la normativa reguladora de las unidades sociosanitarias para personas menores previstas en el art韈ulo 114 de esta ley.

DISPOSICI覰 FINAL TERCERA.– Regulaci髇 de los 髍ganos previstos en el t韙ulo VIII

1.– El Gobierno Vasco regular, a trav閟 del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las funciones, la composici髇 y el r間imen de funcionamiento del 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, del Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y del Foro de la Infancia y la Adolescencia, previstos en los art韈ulos 303, 306 y 307 de esta ley, respectivamente.

2.– El 觬gano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y el Foro de la Infancia y la Adolescencia contar醤 con los medios personales, materiales y t閏nicos necesarios para el adecuado y eficaz ejercicio de sus funciones.

3.– Anualmente se consignar醤 en los presupuestos generales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco los recursos econ髆icos que sea necesario destinar para la financiaci髇 de la actividad de los 髍ganos anteriores.

4.– Dichos 髍ganos deber醤 constituirse dentro del plazo indicado en el apartado 1 de esta disposici髇.

5.– La pertenencia a los 髍ganos colegiados no dar derecho a recibir una compensaci髇 econ髆ica por la asistencia o participaci髇 en las sesiones que estos celebren.

DISPOSICI覰 FINAL CUARTA.– Adecuaci髇 de la estructura del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

1.– A los efectos de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los art韈ulos 3.4 y 316.c) de esta ley, el Gobierno Vasco realizar, en el plazo m醲imo de cuatro a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, la modificaci髇 de la relaci髇 de puestos de trabajo que resulte necesaria para garantizar, en particular, que el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia informe los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento que se elaboren en el seno de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma.

2.– Asimismo, la modificaci髇 de la relaci髇 de puestos de trabajo deber dotar al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las plazas que resulten necesarias para que pueda realizar las restantes funciones que le atribuye el art韈ulo 316 de esta ley, as como para adecuarlo a las necesidades derivadas de su aplicaci髇.

3.– El Gobierno Vasco modificar, en el plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, la regulaci髇 contenida en el Decreto 219/2007, de 4 de diciembre, del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, con el objeto de adaptarla a la estructura y al funcionamiento que le atribuye a dicho 髍gano la presente ley, y dar una respuesta m醩 adecuada a las necesidades que deriven de su aplicaci髇.

DISPOSICI覰 FINAL QUINTA.– R間imen supletorio

En lo no dispuesto por la presente ley ser de aplicaci髇 la normativa sectorial que corresponda en funci髇 de la materia, y, en particular, en materia de r間imen sancionador, la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones P鷅licas Vascas.

DISPOSICI覰 FINAL SEXTA.– Desarrollo reglamentario

1.– Se autoriza al Gobierno Vasco a dictar, en el 醡bito de sus propias competencias, las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente ley y cuantas otras sean necesarias para su cumplimiento y desarrollo, as como a acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecuci髇 e implantaci髇.

2.– En particular, el Gobierno Vasco queda autorizado para proceder, reglamentariamente:

  • a) A actualizar la cuant韆 de las multas que se fijan en el art韈ulo 332.1 de esta ley. En todo caso, el porcentaje de los incrementos no ser superior al de los 韓dices oficiales del incremento del coste de la vida.
  • b) A aumentar el rango de edad de la poblaci髇 infantil beneficiaria de la intervenci髇 integral en atenci髇 temprana que se establece en el art韈ulo 105.1 de esta ley.

DISPOSICI覰 FINAL S蒔TIMA.– Entrada en vigor

La presente ley entrar en vigor a los seis meses de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco.

No obstante, las previsiones contenidas en el art韈ulo 3.4 y 316.c) de esta ley producir醤 efectos a partir del 3 de enero de 2028.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.