Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Base de Datos de Legislaci�n

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Ficha:

�rgano JEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE n�m. 7 de 08 de Enero de 2000
Vigencia desde 08 de Enero de 2001. Revisi�n vigente desde 16 de Junio de 2019 hasta 29 de Junio de 2020

Versiones/revisiones:

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Sumario

Norma afectada por

Ley 1/2000, 7 enero, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 14 abril). Ley 1/2000, 7 enero, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 28 julio 2001).

JUAN CARLOS I, REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del art�culo 24 de la Constituci�n, coincide con el anhelo y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad.

Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garant�as procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial m�s pronta, mucho m�s cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformaci�n real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinaci�n de lo jur�dico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares m�s asequibles y eficaces, ejecuci�n forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con m�s posibilidades de �xito en la satisfacci�n real de los derechos e intereses leg�timos.

Ni la naturaleza del cr�dito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un per�odo de a�os hasta el logro de una resoluci�n eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles.

La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer m�s accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de �bices y falta de presupuestos procesales -nada m�s ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia-, como en la determinaci�n de lo verdaderamente controvertido y en la pr�ctica y valoraci�n de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediaci�n. As�, la realidad del proceso disolver� la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de tr�mites excesivos y dilatados, en los que resulta dif�cil percibir el inter�s y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran.

Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias s�lidas para el futuro y contribuyan as� a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evoluci�n y el cambio jurisprudencial necesarios.

Esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se inspira y se dirige en su totalidad al inter�s de los justiciables, lo que es tanto como decir al inter�s de todos los sujetos jur�dicos y, por consiguiente, de la sociedad entera. Sin ignorar la experiencia, los puntos de vista y las propuestas de todos los profesionales protagonistas de la Justicia civil, esta Ley mira, sin embargo, ante todo y sobre todo, a quienes demandan o pueden demandar tutela jurisdiccional, en verdad efectiva, para sus derechos e intereses leg�timos.

II

Con todas sus disposiciones encaminadas a estas finalidades, esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se alinea con las tendencias de reforma universalmente consideradas m�s razonables y con las experiencias de m�s �xito real en la consecuci�n de una tutela judicial que se demore s�lo lo justo, es decir, lo necesario para la insoslayable confrontaci�n procesal, con las actuaciones precisas para preparar la sentencia, garantizando su acierto.

No se aceptan ya en el mundo, a causa de la endeblez de sus bases jur�dicas y de sus fracasos reales, f�rmulas simplistas de renovaci�n de la Justicia civil, inspiradas en unos pocos elementos entendidos como panaceas. Se ha advertido ya, por ejemplo, que el cambio positivo no estriba en una concentraci�n a ultranza de los actos procesales, aplicada a cualquier tipo de casos. Tampoco se estima aconsejable ni se ha probado eficaz una alteraci�n sustancial de los papeles atribuibles a los protagonistas de la Justicia civil.

Son conocidos, por otra parte, los malos resultados de las reformas mim�ticas, basadas en el trasplante de institutos procesales pertenecientes a modelos jur�dicos diferentes. La identidad o similitud de denominaciones entre Tribunales o entre instrumentos procesales no constituye base razonable y suficiente para ese mimetismo. Y a�n menos razonable resulta el impulso, de ordinario inconsciente, de sustituir en bloque la Justicia propia por la de otros pa�ses o �reas geogr�ficas y culturales. Una tal sustituci�n es, desde luego, imposible, pero la mera influencia de ese impulso resulta muy perturbadora para las reformas legales: se generan nuevos y m�s graves problemas, sin que apenas se propongan y se logren mejoras apreciables.

El aprovechamiento positivo de instituciones y experiencias ajenas requiere que unas y otras sean bien conocidas y comprendidas, lo que significa cabal conocimiento y comprensi�n del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus ra�ces hist�ricas, de los diversos presupuestos de su funcionamiento, empezando por los humanos, y de sus ventajas y desventajas reales.

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil se ha elaborado rechazando, como m�todo para el cambio, la importaci�n e implantaci�n inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conduce a la ausencia de modelo o de sistema coherente, mezclando perturbadoramente modelos opuestos o contradictorios. La Ley configura una Justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispone, no mediante palabras y preceptos aislados, sino con regulaciones plenamente articuladas y coherentes, las innovaciones y cambios sustanciales, antes aludidos, para la efectividad, con plenas garant�as, de la tutela que se conf�a a la Jurisdicci�n civil.

En la elaboraci�n de una nueva Ley procesal civil y com�n, no cabe despreocuparse del acierto de las sentencias y resoluciones y afrontar la reforma con un rechazable reduccionismo cuantitativo y estad�stico, s�lo preocupado de que los asuntos sean resueltos, y resueltos en el menor tiempo posible. Porque es necesaria una pronta tutela judicial en verdad efectiva y porque es posible lograrla sin merma de las garant�as, esta Ley reduce dr�sticamente tr�mites y recursos, pero, como ya se ha dicho, no prescinde de cuanto es razonable prever como l�gica y justificada manifestaci�n de la contienda entre las partes y para que, a la vez, el momento procesal de dictar sentencia est� debidamente preparado.

III

Con perspectiva hist�rica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del m�todo de las reformas parciales para mejorar la impartici�n de justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical innovaci�n, los planteamientos expresados en los apartados anteriores.

La experiencia jur�dica de m�s de un siglo debe ser aprovechada, pero se necesita un C�digo procesal civil nuevo, que supere la situaci�n originada por la prolija complejidad de la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva Ley que afronte y d� respuesta a numerosos problemas de imposible o muy dif�cil resoluci�n con la ley del siglo pasado. Pero, sobre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que, respetando principios, reglas y criterios de perenne valor, acogidos en las leyes procesales civiles de otros pa�ses de nuestra misma �rea cultural, exprese y materialice, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entra�a el compromiso por la efectividad de la tutela judicial, tambi�n en �rdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que esta nueva Ley est� llamada a ser ley procesal supletoria y com�n.

Las transformaciones sociales postulan y, a la vez, permiten una completa renovaci�n procesal que desborda el contenido propio de una o varias reformas parciales. A lo largo de muchos a�os, la protecci�n jurisdiccional de nuevos �mbitos jur�dico-materiales ha suscitado, no siempre con plena justificaci�n, reglas procesales especiales en las modernas leyes sustantivas. Pero la sociedad y los profesionales del Derecho reclaman un cambio y una simplificaci�n de car�cter general, que no se lleven a cabo de espaldas a la realidad, con frecuencia m�s compleja que anta�o, sino que provean nuevos cauces para tratar adecuadamente esa complejidad. Testimonio autorizado del convencimiento acerca de la necesidad de esa renovaci�n son los numerosos trabajos oficiales y particulares para una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se han producido en las �ltimas d�cadas.

Con sentido del Estado, que es conciencia clara del debido servicio desinteresado a la sociedad, esta Ley no ha prescindido, sino todo lo contrario, de esos trabajos. Los innumerables preceptos acertados de la Ley de 1881, la ingente jurisprudencia y doctrina generada por ella, los muchos informes y sugerencias recibidos de distintos �rganos y entidades, as� como de profesionales y expertos prestigiosos, han sido elementos de gran valor e inter�s, tambi�n detenidamente considerados para elaborar esta Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, se han examinado con suma atenci�n y utilidad, tanto el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial como el solicitado al Consejo de Estado. Cabe afirmar, pues, que la elaboraci�n de esta Ley se ha caracterizado, como era deseable y conveniente, por una participaci�n excepcionalmente amplia e intensa de instituciones y de personas cualificadas.

IV

En esta Ley se rehuyen por igual, tanto la prolijidad como el esquematismo, propio de algunas leyes procesales extranjeras, pero ajeno a nuestra tradici�n y a un elemental detalle en la regulaci�n procedimental, que los destinatarios de esta clase de C�digos han venido considerando preferible, como m�s acorde con su certera y segura aplicaci�n. As�, pues, sin caer en excesos reguladores, que, por querer prever toda incidencia, acaban suscitando m�s cuestiones problem�ticas que las que resuelven, la presente Ley aborda numerosos asuntos y materias sobre las que poco o nada dec�a la Ley de 1881.

Al colmar esas lagunas, esta Ley aumenta, ciertamente, su contenido, pero no por ello se hace m�s extensa -al contrario- ni m�s complicada, sino m�s completa. Es misi�n y responsabilidad del legislador no dejar sin respuesta clara, so capa de falsa sencillez, los problemas reales, que una larga experiencia ha venido poniendo de relieve.

Nada hay de nuevo, en la materia de esta Ley, que no signifique respuestas a interrogantes con relevancia jur�dica, que durante m�s de un siglo, la jurisprudencia y la doctrina han debido abordar sin gu�a legal clara. Ha parecido a todas luces inadmisible procurar una apariencia de sencillez legislativa a base de omisiones, de cerrar los ojos a la complejidad de la realidad y negarla, lisa y llanamente, en el plano de las soluciones normativas.

La real simplificaci�n procedimental se lleva a cabo con la eliminaci�n de reiteraciones, la subsanaci�n de insuficiencias de regulaci�n y con una nueva ordenaci�n de los procesos declarativos, de los recursos, de la ejecuci�n forzosa y de las medidas cautelares, que busca ser clara, sencilla y completa en funci�n de la realidad de los litigios y de los derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los justiciables y a quienes, de un modo u otro, han de colaborar con la Justicia civil.

En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajust�ndose a las exigencias ineludibles de la t�cnica jur�dica, resulte m�s asequible para cualquier ciudadano, con eliminaci�n de expresiones hoy obsoletas o dif�ciles de comprender y m�s ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fen�meno ha sido acogido tanto en el lenguaje com�n como en el jur�dico. As�, por ejemplo, se siguen utilizando los t�rminos �juicio� y �proceso� como sin�nimos y se emplea en unos casos los vocablos �pretensi�n� o �pretensiones� y, en otros, el de �acci�n� o �acciones� como aparec�an en la Ley de 1881 y en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante m�s de un siglo, sin que ello originara problema alguno.

Se reducen todo lo posible las remisiones internas, en especial las que nada indican acerca del precepto o preceptos a los que se remite. Se acoge el criterio de divisi�n de los art�culos, siempre que sea necesario, en apartados numerados y se procura que �stos tengan sentido por s� mismos, a diferencia de los simples p�rrafos, que han de entenderse interrelacionados. Y sin incurrir en exageraciones de exactitud, se opta por referirse al �rgano jurisdiccional con el t�rmino �tribunal�, que, propiamente hablando, nada dice del car�cter unipersonal o colegiado del �rgano. Con esta opci�n, adem�s de evitar una constante reiteraci�n, en no pocos art�culos, de la expresi�n �Juzgados y Tribunales�, se tiene en cuenta que, seg�n la legislaci�n org�nica, cabe que se siga ante tribunales colegiados la primera instancia de ciertos procesos civiles.

V

En cuanto a su contenido general, esta Ley se configura con exclusi�n de la materia relativa a la denominada jurisdicci�n voluntaria, que, como en otros pa�ses, parece preferible regular en ley distinta, donde han de llevarse las disposiciones sobre una conciliaci�n que ha dejado de ser obligatoria y sobre la declaraci�n de herederos sin contienda judicial. Tambi�n se obra en congruencia con el ya adoptado criterio de que una ley espec�fica se ocupe del Derecho concursal. Las correspondientes disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 permanecer�n en vigor s�lo hasta la aprobaci�n y vigencia de estas leyes.

En coincidencia con anteriores iniciativas, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aspira tambi�n a ser Ley procesal com�n, para lo que, a la vez, se pretende que la vigente Ley Org�nica del Poder Judicial, de 1985, circunscriba su contenido a lo que indica su denominaci�n y se ajuste, por otra parte, a lo que se�ala el apartado primero del art�culo 122 de la Constituci�n. La referencia en este precepto al �funcionamiento� de los Juzgados y Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales, que, en cambio, se mencionan expresamente en otros preceptos constitucionales.

As�, pues, no existe impedimento alguno y abundan las razones para que la Ley Org�nica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, no pocas de ellas atinadas, pero impropiamente situadas y productoras de numerosas dudas al coexistir con las que contienen las Leyes de Enjuiciamiento. Como es l�gico, la presente Ley se beneficia de cuanto de positivo pod�a hallarse en la regulaci�n procesal de 1985.

Menci�n especial merece la decisi�n de que en esta Ley se regule, en su vertiente estrictamente procedimental, el instituto de la abstenci�n y de la recusaci�n. Es �sta una materia, con innegables facetas distintas, de la que se ocupaban las leyes procesales, pero que fue regulada, con nueva relaci�n de causas de abstenci�n y recusaci�n, en la Ley Org�nica del Poder Judicial, de 1985. Empero, la subsistencia formal de las disposiciones sobre esta citada materia en las diversas leyes procesales origin� algunos problemas y, por otro lado, la regulaci�n de 1985 pod�a mejorarse y, de hecho, se mejor� en parte por obra de la Ley Org�nica 5/1997, de 4 de diciembre.

La presente Ley es ocasi�n que permite culminar ese perfeccionamiento, afrontando el problema de las recusaciones temerarias o con simple �nimo de dilaci�n o de inmediata sustituci�n del Juez o Magistrado recusado. En este sentido, la extemporaneidad de la recusaci�n se regula m�s precisamente, como motivo de inadmisi�n a tr�mite, y se agilizan y simplifican los tr�mites iniciales a fin de que se produzca la menor alteraci�n procedimental posible. Finalmente, se prev� multa de importante cuant�a para las recusaciones que, al ser resueltas, aparezcan propuestas de mala fe.

VI

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspir�ndose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, con la vista puesta, no s�lo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses leg�timos de determinados sujetos jur�dicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuraci�n del objeto del proceso, sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su l�gica diligencia para obtener la tutela judicial que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del �rgano jurisdiccional, en beneficio de todos.

De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en funci�n de sus derechos e intereses leg�timos. Seg�n el principio procesal citado, no se entiende razonable que al �rgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qu� tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisi�n, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jur�dicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensi�n y con las debidas garant�as, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado.

Esta inspiraci�n fundamental del proceso -excepto en los casos en que predomina un inter�s p�blico que exige satisfacci�n- no constituye, en absoluto, un obst�culo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los l�mites marcados por la faceta jur�dica de la causa de pedir. Y menos a�n constituye el repetido principio ning�n inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones arm�nicas con el papel que se conf�a a las partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los dem�s sujetos de �ste y al funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.

VII

En el �mbito de las disposiciones generales, la Ley introduce numerosas innovaciones con tres grandes finalidades: regular de modo m�s completo y racional materias y cuestiones diversas, hasta ahora carentes de regulaci�n legal; procurar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; y reforzar las garant�as de acierto en la sentencia.

A todas las disposiciones generales sobre la jurisdicci�n y la competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones judiciales, los recursos, etc., concede la Ley la importancia que merecen, a fin de que constituyan pautas realmente aplicables en las distintas fases del proceso, sin necesidad de reiterar normas y regulaciones enteras.

En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos preceptos que regulan esa materia de modo m�s completo y con m�s orden y claridad, superando, a efectos procesales, el dualismo de las personas f�sicas y las jur�dicas y con mejora de otros aspectos, relativos a la sucesi�n procesal, a la intervenci�n adhesiva litisconsorcial y a la intervenci�n provocada. Asimismo, el papel y responsabilidad de los litigantes se perfila m�s precisamente al regularse de modo expreso y unitario los actos de disposici�n (renuncia, allanamiento y desistimiento y transacci�n), as� como, en su m�s adecuada sede, la carga de la alegaci�n y de la prueba. Las normas sobre estas materias explicitan lo que es conquista pac�fica de la jurisprudencia y de la ciencia jur�dica e importan no poco para el desenlace del proceso mediante una sentencia justa.

A prop�sito de las partes, aunque en verdad desborde ampliamente lo que es su reconocimiento y tratamiento procesal, parece oportuno dar raz�n del modo en que la presente Ley aborda la realidad de la tutela de intereses jur�dicos colectivos, llevados al proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual protecci�n, o por grupos de afectados, sino por personas jur�dicas constituidas y legalmente habilitadas para la defensa de aquellos intereses.

Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y dif�cil, de la concreta tutela que, a trav�s de las aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades. Como cauce para esa tutela, no se considera necesario un proceso o procedimiento especial y s�, en cambio, una serie de normas especiales, en los lugares oportunos.

Por un lado, la actuaci�n procesal de las personas jur�dicas y de los grupos se hace posible sin dificultad en cuanto a su personalidad, capacidad y representaci�n procesales. Y, por otro lado, tras una norma previsora de la singular legitimaci�n de dichas entidades, la Ley incluye, en los lugares adecuados, otros preceptos sobre llamamiento al proceso de quienes, sin ser demandantes, puedan estar directamente interesados en intervenir, sobre acumulaci�n de acciones y de procesos y acerca de la sentencia y su ejecuci�n forzosa.

La amplitud de la intervenci�n procesal prevista con car�cter general permite desechar una obligatoria acumulaci�n inicial de demandas, con el retraso a que obligar�a en la sustanciaci�n de los procesos, un retraso que impedir�a, con mucha frecuencia, la efectividad de la tutela pretendida. En cuanto a la eficacia subjetiva de las sentencias, la diversidad de casos de protecci�n impone evitar una err�nea norma generalizadora. Se dispone, en consecuencia, que el tribunal indicar� la eficacia que corresponde a la sentencia seg�n su contenido y conforme a la tutela otorgada por la vigente ley sustantiva protectora de los derechos e intereses en juego. De este modo, la Ley no provee instrumentos procesales estrictamente circunscritos a las previsiones actuales de protecci�n colectiva de los consumidores y usuarios, sino que queda abierta a las modificaciones y cambios que en las leyes sustantivas puedan producirse respecto de dicha protecci�n.

Finalmente, se opta por no exigir cauci�n previa ni regular de modo especial la condena en costas en los procesos a que se est� haciendo referencia. En cuanto a la gratuidad de la asistencia jur�dica, no es la Ley de Enjuiciamiento Civil la norma adecuada para decidir a qu� entidades, y en qu� casos, ha de reconocerse u otorgarse.

La obligada representaci�n mediante procurador y la imperativa asistencia de abogado se configuran en esta Ley sin variaci�n sustancial respecto de las disposiciones anteriores. La experiencia, avalada por un�nimes informes en este punto, garantiza el acierto de esta decisi�n. Sin embargo, la presente Ley no deja de responder a exigencias de racionalizaci�n: se elimina el requisito del bastanteo de los poderes, desde hace tiempo desprovisto de sentido y se unifica del todo el �mbito material en el que la representaci�n por procurador y la asistencia de abogado son necesarias. Las responsabilidades de procuradur�a y abogac�a se acent�an en el nuevo sistema procesal, de modo que se subraya la justificaci�n de sus respectivas funciones.

Por lo que respecta a la jurisdicci�n y a la competencia, la Ley regula la declinatoria como instrumento �nico para el control, a instancia de parte, de esos presupuestos procesales, determinando que dicho instrumento haya de emplearse antes de la contestaci�n a la demanda.

De este modo, se pone fin, por un lado, a lagunas legales que afectaban a la denominada �competencia (o incompetencia) internacional� y, de otro, a una desordenada e inarm�nica regulaci�n, en la que declinatoria, inhibitoria y excepci�n se mezclaban y frecuentemente confund�an, con el indeseable resultado, en no pocos casos, de sentencias absolutorias de la instancia por falta de jurisdicci�n o de competencia, dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias. Lo que esta Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es que, sin perjuicio de la vigilancia de oficio sobre los presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte pasiva haya de ponerlos de manifiesto con car�cter previo, de modo que, si faltaran, el proceso no siga adelante o, en otros casos, prosiga ante el tribunal competente.

La supresi�n de la inhibitoria, instituto procesal mantenido en obsequio de una facilidad impugnatoria del demandado, se justifica, no s�lo en aras de una conveniente simplificaci�n del tratamiento procesal de la competencia territorial, tratamiento �ste que la dualidad declinatoria-inhibitoria complicaba innecesaria y perturbadoramente con frecuencia, sino en raz�n de la muy inferior dificultad que para el demandado entra�a, en los albores del siglo veintiuno, comparecer ante el tribunal que est� conociendo del asunto. De cualquier forma, y a fin de evitar graves molestias al demandado, la Ley tambi�n permite que se plantee la declinatoria ante el tribunal del domicilio de aqu�l, procedi�ndose a continuaci�n a su inmediata remisi�n al tribunal que est� conociendo del asunto.

En cuanto a la jurisdicci�n y, en gran medida, tambi�n respecto de la competencia objetiva, esta Ley se subordina a los preceptos de la Ley Org�nica del Poder Judicial, que, sin embargo, remiten a las leyes procesales para otros mecanismos de la predeterminaci�n legal del tribunal, como es, la competencia funcional en ciertos extremos y, se�aladamente, la competencia territorial. A estos extremos se provee con normas adecuadas.

La presente Ley mantiene los criterios generales para la atribuci�n de la competencia territorial, sin multiplicar innecesariamente los fueros especiales por raz�n de la materia y sin convertir todas esas reglas en disposiciones de necesaria aplicaci�n. As�, pues, se sigue permitiendo, para buen n�mero de casos, la sumisi�n de las partes, pero se perfecciona el r�gimen de la sumisi�n t�cita del demandante y del demandado, con especial previsi�n de los casos en que, antes de interponerse la demanda, de admitirla y emplazar al demandado, se lleven a cabo actuaciones como las diligencias preliminares o la solicitud y eventual acuerdo de medidas cautelares.

Las previsiones de la Ley acerca del domicilio, como fuero general, dan respuesta, con una regulaci�n m�s realista y flexible, a necesidades que la experiencia ha puesto de relieve, procurando, en todo caso, el equilibrio entre el leg�timo inter�s de ambas partes.

Sobre la base de la regulaci�n jurisdiccional org�nica y con pleno respeto a lo que en ella se dispone, se construye en esta Ley una elemental disciplina del reparto de asuntos, que, como es l�gico, atiende a sus aspectos procesales y a las garant�as de las partes, procurando, al mismo tiempo, una mejor realidad e imagen de la Justicia civil. No se incurre, por tanto, ni en duplicidad normativa ni en extralimitaci�n del espec�fico �mbito legislativo. Una cosa es que la fijaci�n y aplicaci�n de las normas de reparto se entienda como funci�n gubernativa, no jurisdiccional, y otra, bien distinta, que el cumplimiento de esa funci�n carezca de toda relevancia procesal o jurisdiccional.

Alg�n precepto aislado de la Ley de Enjuiciamiento de 1881 ya establec�a una consecuencia procesal en relaci�n con el reparto. Lo que esta Ley lleva a cabo es un desarrollo l�gico de la proyecci�n procesal de esa �competencia relativa�, como la denomin� la Ley de 1881, con la mirada puesta en el apartado segundo del art�culo 24 de la Constituci�n, que, seg�n doctrina del Tribunal Constitucional, no ha estimado irrelevante ni la inexistencia ni la infracci�n de las normas de reparto.

Es claro, en efecto, que el reparto acaba determinando �el juez ordinario� que conocer� de cada asunto. Y si bien se ha considerado constitucionalmente admisible que esa �ltima determinaci�n no haya de llevarse a cabo por inmediata aplicaci�n de una norma con rango formal de ley, no ser�a aceptable, en buena l�gica y t�cnica jur�dica, que una sanci�n gubernativa fuera la �nica consecuencia de la inaplicaci�n o de la infracci�n de las normas no legales determinantes de que conozca un �juez ordinario�, en vez de otro. Dif�cilmente podr�a justificarse la coexistencia de esa sanci�n gubernativa, que reconocer�a la infracci�n de lo que ha de predeterminar al �juez ordinario�, y la ausencia de efectos procesales para quienes tienen derecho a que su caso sea resuelto por el tribunal que corresponda seg�n normas predeterminadas.

Por todo ello, esta Ley prev�, en primer lugar, que se pueda aducir y corregir la eventual infracci�n de la legalidad relativa al reparto de asuntos y, en caso de que ese mecanismo resulte infructuoso, prev�, evitando la severa sanci�n de nulidad radical -reservada a las infracciones legales sobre jurisdicci�n y competencia objetiva y declarable de oficio-, que puedan anularse, a instancia de parte gravada, las resoluciones dictadas por �rgano que no sea el que debiera conocer seg�n las normas de reparto.

En esta Ley, la prejudicialidad es, en primer t�rmino, objeto de una regulaci�n unitaria, en lugar de las normas dispersas e imprecisas contenidas en la Ley de 1881. Pero, adem�s, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensi�n del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se est�n investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, adem�s, que la sentencia que en �ste haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el proceso penal.

As�, pues, hace falta algo m�s que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la prejudicialidad penal incida en el proceso civil. Mas, si concurren todos los elementos referidos, dicho proceso no se suspende hasta que s�lo se encuentre pendiente de sentencia. �nicamente determina una suspensi�n inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo.

Para culminar un tratamiento m�s racional de la prejudicialidad penal, que, al mismo tiempo, evite indebidas paralizaciones o retrasos del proceso penal mediante querellas o denuncias infundadas, se establece expresamente la responsabilidad civil por da�os y perjuicios derivados de la dilaci�n suspensiva si la sentencia penal declarase ser aut�ntico el documento o no haberse probado su falsedad.

Se prev�, adem�s, el planteamiento de cuestiones prejudiciales no penales con posibles efectos suspensivos y vinculantes, cuando las partes del proceso civil se muestren conformes con dichos efectos. Y, finalmente, se admite tambi�n la prejudicialidad civil, con efectos suspensivos, si no cabe la acumulaci�n de procesos o uno de los procesos se encuentra pr�ximo a su terminaci�n.

VIII

El objeto del proceso civil es asunto con diversas facetas, todas ellas de gran importancia. Son conocidas las pol�micas doctrinales y las distintas teor�as y posiciones acogidas en la jurisprudencia y en los trabajos cient�ficos. En esta Ley, la materia es regulada en diversos lugares, pero el exclusivo prop�sito de las nuevas reglas es resolver problemas reales, que la Ley de 1881 no resolv�a ni facilitaba resolver.

Se parte aqu� de dos criterios inspiradores: por un lado, la necesidad de seguridad jur�dica y, por otro, la escasa justificaci�n de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los �rganos jurisdiccionales, cuando la cuesti�n o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo.

Con estos criterios, que han de armonizarse con la plenitud de las garant�as procesales, la presente Ley, entre otras disposiciones, establece una regla de preclusi�n de alegaciones de hechos y de fundamentos jur�dicos, ya conocida en nuestro Derecho y en otros ordenamientos jur�dicos. En la misma l�nea, la Ley evita la indebida dualidad de controversias sobre nulidad de los negocios jur�dicos -una, por v�a de excepci�n; otra, por v�a de demanda o acci�n-, trata diferenciadamente la alegaci�n de compensaci�n y precisa el �mbito de los hechos que cabe considerar nuevos a los efectos de fundar una segunda pretensi�n en apariencia igual a otra anterior. En todos estos puntos, los nuevos preceptos se inspiran en s�lida jurisprudencia y doctrina.

Con la misma inspiraci�n b�sica de no multiplicar innecesariamente la actividad jurisdiccional y las cargas de todo tipo que cualquier proceso conlleva, el r�gimen de la pluralidad de objetos pretende la econom�a procesal y, a la vez, una configuraci�n del �mbito objetivo de los procesos que no implique una complejidad inconveniente en raz�n del procedimiento que se haya de seguir o que, simplemente, dificulte, sin raz�n suficiente, la sustanciaci�n y decisi�n de los litigios. De ah� que se proh�ba la reconvenci�n que no guarde relaci�n con las pretensiones del actor y que, en los juicios verbales, en general, se limite la acumulaci�n de acciones.

La regulaci�n de la acumulaci�n de acciones se innova, con car�cter general, mediante diversos perfeccionamientos y, en especial, con el de un tratamiento procesal preciso, hasta ahora inexistente. En cuanto a la acumulaci�n de procesos, se aclaran los presupuestos que la hacen procedente, as� como los requisitos y los �bices procesales de este instituto, simplificando el procedimiento en cuanto resulta posible. Adem�s, la Ley incluye normas para evitar un uso desviado de la acumulaci�n de procesos: no se admitir� la acumulaci�n cuando el proceso o procesos ulteriores puedan evitarse mediante la excepci�n de litispendencia o si lo que se plantea en ellos pudo suscitarse mediante acumulaci�n inicial de acciones, ampliaci�n de la demanda o a trav�s de la reconvenci�n.

IX

El T�tulo V, dedicado a las actuaciones judiciales, presenta ordenadamente normas tra�das de la Ley Org�nica del Poder Judicial, con algunos perfeccionamientos aconsejados por la experiencia. Cabe destacar un singular �nfasis en las disposiciones sobre la necesaria publicidad y presencia del Juez o de los Magistrados -no s�lo el Ponente, si se trata de �rgano colegiado- en los actos de prueba, comparecencias y vistas. Esta insistencia en normas generales encontrar� luego plena concreci�n en la regulaci�n de los distintos procesos, pero, en todo caso, se sanciona con nulidad radical la infracci�n de lo dispuesto sobre presencia judicial o inmediaci�n en sentido amplio.

En cuanto a la daci�n de fe, la Ley rechaza algunas propuestas contrarias a esa esencial funci�n de los Secretarios Judiciales, si bien procura no extender esta responsabilidad de los fedatarios m�s all� de lo que resulta verdaderamente necesario y, por a�adidura, posible. As�, la Ley exige la intervenci�n del fedatario p�blico judicial para la constancia fehaciente de las actuaciones procesales llevadas a cabo en el tribunal o ante �l y reconoce la recepci�n de escritos en el registro que pueda haberse establecido al efecto, entendiendo que la fe p�blica judicial garantiza los datos de dicho registro relativos a la recepci�n.

La documentaci�n de las actuaciones podr� llevarse a cabo, no s�lo mediante actas, notas y diligencias, sino tambi�n con los medios t�cnicos que re�nan las garant�as de integridad y autenticidad. Y las vistas y comparecencias orales habr�n de registrarse o grabarse en soportes aptos para la reproducci�n.

Los actos de comunicaci�n son regulados con orden, claridad y sentido pr�ctico. Y se pretende que, en su propio inter�s, los litigantes y sus representantes asuman un papel m�s activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo, eliminando "tiempos muertos", que retrasan la tramitaci�n.

Pieza importante de este nuevo dise�o son los procuradores de los Tribunales, que, por su condici�n de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos t�cnicos sobre el proceso, est�n en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos. Para la tramitaci�n de los procesos sin dilaciones indebidas, se conf�a tambi�n en los mismos Colegios de Procuradores para el eficaz funcionamiento de sus servicios de notificaci�n, previstos ya en la Ley Org�nica del Poder Judicial.

La preocupaci�n por la eficacia de los actos de comunicaci�n, factor de indebida tardanza en la resoluci�n de no pocos litigios, lleva a la Ley a optar decididamente por otorgar relevancia a los domicilios que consten en el padr�n o en entidades o Registros p�blicos, al entender que un comportamiento c�vica y socialmente aceptable no se compadece con la indiferencia o el descuido de las personas respecto de esos domicilios. A efectos de actos de comunicaci�n, se considera tambi�n domicilio el lugar de trabajo no ocasional.

En esta l�nea, son considerables los cambios en el r�gimen de los citados actos de comunicaci�n, acudiendo a los edictos s�lo como �ltimo y extremo recurso.

Si en el proceso es preceptiva la intervenci�n de procurador o si, no si�ndolo, las partes se personan con esa representaci�n, los actos de comunicaci�n, cualquiera que sea su objeto, se llevan a cabo con los procuradores. Cuando no es preceptiva la representaci�n por procurador o �ste a�n no se ha personado, la comunicaci�n se intenta en primer lugar mediante correo certificado con acuse de recibo al lugar designado como domicilio o, si el tribunal lo considera m�s conveniente para el �xito de la comunicaci�n, a varios lugares. S�lo si este medio fracasa se intenta la comunicaci�n mediante entrega por el tribunal de lo que haya de comunicarse, bien al destinatario, bien a otras personas expresamente previstas, si no se hallase al destinatario.

A efectos del emplazamiento o citaci�n para la comparecencia inicial del demandado, es al demandante a quien corresponde se�alar uno o varios lugares como domicilios a efectos de actos de comunicaci�n, aunque, l�gicamente, comparecido el demandado, puede �ste designar un domicilio distinto. Si el demandante no conoce el domicilio o si fracasa la comunicaci�n efectuada al lugar indicado, el tribunal ha de llevar a cabo averiguaciones, cuya eficacia refuerza esta Ley.

En materia de plazos, la Ley elimina radicalmente los plazos de determinaci�n judicial y establece los dem�s con realismo, es decir, tomando en consideraci�n la experiencia de los protagonistas principales de la Justicia civil y los resultados de algunas reformas parciales de la Ley de 1881. En este sentido, se ha comprobado que un sistem�tico acortamiento de los plazos legalmente establecidos para los actos de las partes no redunda en la deseada disminuci�n del horizonte temporal de la sentencia. No son los plazos muy breves ninguna panacea para lograr que, en definitiva, se dicte, con las debidas garant�as, una resoluci�n que provea sin demora a las pretensiones de tutela efectiva.

La presente Ley opta, pues, en cuanto a los actos de las partes, por plazos breves pero suficientes. Y por lo que respecta a muchos plazos dirigidos al tribunal, tambi�n se prev�n breves, con seguridad en la debida diligencia de los �rganos jurisdiccionales. Sin embargo, en lo referente al se�alamiento de audiencias, juicios y vistas -de capital importancia en la estructura de los nuevos procesos declarativos, dada la concentraci�n de actos adoptada por la Ley-, se rehuyen las normas imperativas que no vayan a ser cumplidas y, en algunos casos, se opta por confiar en que los calendarios de los tribunales, en cuanto a esos actos, se ajustar�n a la situaci�n de los procesos y al legal y reglamentario cumplimiento del deber que incumbe a todos los servidores de la Administraci�n de Justicia.

Por lo que respecta a los plazos para dictar sentencia en primera instancia, se establecen el de diez d�as, para el juicio verbal, y el de veinte, para el juicio ordinario. No se trata de plazos que, en s� mismos, puedan considerarse excesivamente breves, pero s� son razonables y de posible cumplimiento. Porque es de tener en cuenta que la aludida estructura nueva de los procesos ordinarios comporta el que los jueces tengan ya un importante conocimiento de los asuntos y no hayan de estudiarlos o reestudiarlos enteramente al final, examinando una a una las diligencias de prueba llevadas a cabo por separado, as� como las alegaciones iniciales de las partes y sus pretensiones, que, desde su admisi�n, frecuentemente no volvieron a considerar.

En los juicios verbales, es obvia la proximidad del momento sentenciador a las pruebas y a las pretensiones y sus fundamentos. En el proceso ordinario, el acto del juicio opera esa proximidad de la sentencia respecto de la prueba -y, por tanto, en gran medida, del caso-, y la audiencia previa al juicio, en la que ha de perfilarse lo que es objeto de la controversia, aproxima tambi�n las pretensiones de las partes a la actividad jurisdiccional decisoria del litigio.

La Ley, atenta al presente y previsora del futuro, abre la puerta a la presentaci�n de escritos y documentos y a los actos de notificaci�n por medios electr�nicos, telem�ticos y otros semejantes, pero sin imponer a los justiciables y a los ciudadanos que dispongan de esos medios y sin dejar de regular las exigencias de esta comunicaci�n. Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios, ser� preciso que los instrumentos utilizados entra�en la garant�a de que la comunicaci�n y lo comunicado son con seguridad atribuibles a quien aparezca como autor de una y otro. Y ha de estar asimismo garantizada la recepci�n �ntegra y las dem�s circunstancias legalmente relevantes.

Es l�gico prever, como se hace, que, cuando esas seguridades no vengan proporcionadas por las caracter�sticas del medio utilizado o �ste sea susceptible de manipulaci�n con mayor o menor facilidad, la eficacia de los escritos y documentos, a efectos de acreditamiento o de prueba, quede supeditada a una presentaci�n o aportaci�n que s� permita el necesario examen y verificaci�n. Pero estas razonables cautelas no deben, sin embargo, impedir el reconocimiento de los avances cient�ficos y t�cnicos y su posible incorporaci�n al proceso civil.

En este punto, la Ley evita incurrir en un reglamentismo impropio de su naturaleza y de su deseable proyecci�n temporal. La instauraci�n de medios de comunicaci�n como los referidos y la determinaci�n de sus caracter�sticas t�cnicas son, por lo que respecta a los �rganos jurisdiccionales, asuntos que encuentran la base legal apropiada en las atribuciones que la Ley Org�nica del Poder Judicial confieren al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. En cuanto a los procuradores y abogados e incluso a no pocos justiciables, lo razonable es suponer que ir�n disponiendo de medios de comunicaci�n distintos de los tradicionales, que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, en la medida de sus propias posibilidades y de los medios de que est�n dotados los tribunales.

Para el auxilio judicial, en cuyo r�gimen, entre otros perfeccionamientos, se precisa el que corresponde prestar a los Juzgados de Paz, la Ley cuenta con el sistema inform�tico judicial. En esta materia, se otorga a los tribunales una razonable potestad coercitiva y sancionadora respecto de los retrasos debidos a la falta de diligencia a las partes.

Otras innovaciones especialmente dignas de menci�n, dentro del antes citado T�tulo V del Libro primero, son la previsi�n de nuevo se�alamiento de vistas antes de su celebraci�n, para evitar al m�ximo que se suspendan, as� como las normas que, respecto de la votaci�n y fallo de los asuntos, tienden a garantizar la inmediaci�n en sentido estricto, estableciendo, con excepciones razonables, que hayan de dictar sentencia los Jueces y Magistrados que presenciaron la pr�ctica de las pruebas en el juicio o vista.

Con tales normas, la presente Ley no exagera la importancia de la inmediaci�n en el proceso civil ni aspira a una utop�a, porque, adem�s de la relevancia de la inmediaci�n para el certero enjuiciamiento de toda clase de asuntos, la ordenaci�n de los nuevos procesos civiles en esta Ley impone concentraci�n de la pr�ctica de la prueba y proximidad de dicha pr�ctica al momento de dictar sentencia.

En el cap�tulo relativo a las resoluciones judiciales, destacan como innovaciones las relativas a su invariabilidad, aclaraci�n y correcci�n. Se incrementa la seguridad jur�dica al perfilar adecuadamente los casos en que �stas dos �ltimas proceden y se introduce un instrumento para subsanar r�pidamente, de oficio o a instancia de parte, las manifiestas omisiones de pronunciamiento, completando las sentencias en que, por error, se hayan cometido tales omisiones.

La ley regula este nuevo instituto con la precisi�n necesaria para que no se abuse de �l y es de notar, por otra parte, que el precepto sobre forma y contenido de las sentencias aumenta la exigencia de cuidado en la parte dispositiva, disponiendo que en �sta se hagan todos los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes sin permitir los pronunciamientos t�citos con frecuencia envueltos hasta ahora en los fundamentos jur�dicos.

De este modo, no ser� preciso forzar el mecanismo del denominado �recurso de aclaraci�n� y podr�n evitarse recursos ordinarios y extraordinarios fundados en incongruencia por omisi�n de pronunciamiento. Es claro, y claro queda en la ley, que este instituto en nada ataca a la firmeza que, en su caso, deba atribuirse a la sentencia incompleta. Porque, de un lado, los pronunciamientos ya emitidos son, obviamente, firmes y, de otro, se proh�be modificarlos, permitiendo s�lo a�adir los que se omitieron.

Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenaci�n, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resoluci�n, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sit�an dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los �mbitos de actuaci�n de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios p�blicos judiciales, deben encargarse adem�s, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenaci�n del proceso, a trav�s de las diligencias de ordenaci�n.

Las propuestas de resoluci�n, introducidas por la Ley Org�nica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento t�cnico de los Secretarios Judiciales, sino m�s bien para incrementar la confusi�n entre las atribuciones de �stos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuaci�n diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ah� que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y s� plantear f�rmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los �rganos judiciales.

En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qu� debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cu�ndo deben dictarse unas y otros. As�, toda cuesti�n procesal que requiera una decisi�n judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a trav�s de un auto, seg�n los casos. Pero, por otra parte, la Ley atribuye la ordenaci�n formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cu�ndo debe dictarse una diligencia de ordenaci�n a trav�s del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuaci�n correspondiente deben realizarla aqu�llos en su calidad de encargados de la correcta tramitaci�n del proceso.

Novedad de esta Ley son tambi�n las normas que, conforme a la jurisprudencia y a la doctrina m�s autorizadas, expresan reglas atinentes al contenido de la sentencia. As�, los preceptos relativos a la regla "iuxta allegata et probata", a la carga de la prueba, a la congruencia y a la cosa juzgada material. Importantes resultan tambi�n las disposiciones sobre sentencias con reserva de liquidaci�n, que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible, y sobre las condenas de futuro.

En cuanto a la carga de la prueba, la Ley supera los t�rminos, en s� mismos poco significativos, del �nico precepto legal hasta ahora existente con car�cter de norma general, y acoge conceptos ya concretados con car�cter pac�fico en la Jurisprudencia.

Las normas de carga de la prueba, aunque s�lo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso, constituyen reglas de decisiva orientaci�n para la actividad de las partes. Y son, asimismo, reglas, que, bien aplicadas, permiten al juzgador confiar en el acierto de su enjuiciamiento f�ctico, cuando no se trate de casos en que, por estar implicado un inter�s p�blico, resulte exigible que se agoten, de oficio, las posibilidades de esclarecer los hechos. Por todo esto, ha de considerarse de importancia este esfuerzo legislativo.

El precepto sobre la debida exhaustividad y congruencia de las sentencias, adem�s de haberse enriquecido con algunas precisiones, se ve complementado con otras normas, algunas de ellas ya aludidas, que otorgan a la congruencia toda su virtualidad. En cuanto a la cosa juzgada, esta Ley, rehuyendo de nuevo lo que en ella ser�a doctrinarismo, se aparta, empero, de superadas concepciones de �ndole casi metajur�dica y, conforme a la mejor t�cnica jur�dica, entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetici�n indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculaci�n positiva a lo juzgado anteriormente, la armon�a de las sentencias que se pronuncien sobre el fondo en asuntos prejudicialmente conexos.

Con esta perspectiva, alejada de la idea de la presunci�n de verdad, de la t�pica �santidad de la cosa juzgada� y de la confusi�n con los efectos jur�dico-materiales de muchas sentencias, se entiende que, salvo excepciones muy justificadas, se reafirme la exigencia de la identidad de las partes como presupuesto de la espec�fica eficacia en que la cosa juzgada consiste. En cuanto a otros elementos, dispone la Ley que la cosa juzgada opere haciendo efectiva la antes referida regla de preclusi�n de alegaciones de hechos y de fundamentos jur�dicos.

La nulidad de los actos procesales se regula en esta Ley determinando, en primer t�rmino, los supuestos de nulidad radical o de pleno derecho. Se mantiene el sistema ordinario de denuncia de los casos de nulidad radical a trav�s de los recursos o de su declaraci�n, de oficio, antes de dictarse resoluci�n que ponga fin al proceso.

Pero se reafirma la necesidad, puesta de relieve en su d�a por el Tribunal Constitucional, de un remedio procesal espec�fico para aquellos casos en que la nulidad radical, por el momento en que se produjo el vicio que la caus�, no pudiera ser declarada de oficio ni denunciada por v�a de recurso, trat�ndose, sin embargo, de defectos graves, generadores de innegable indefensi�n. As�, por ejemplo, la privaci�n de la posibilidad de actuar en vistas anteriores a la sentencia o de conocer �sta a efectos de interponer los recursos procedentes.

Sin embargo, se excluye la incongruencia de esta v�a procesal. Porque la incongruencia de las resoluciones que pongan fin al proceso, adem�s de que no siempre entra�a nulidad radical, presenta una entidad a todas luces diferente, no reclama en muchos casos la reposici�n de las actuaciones para la reparaci�n de la indefensi�n causada por el vicio de nulidad y, cuando se trate de una patente incongruencia omisiva, esta Ley ha previsto, como ya se ha expuesto, un tratamiento distinto.

Verdad es que, mediante el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, pueden verse afectadas sentencias y otras resoluciones finales, que han de considerarse firmes. Pero el legislador no puede, en aras de la firmeza, cerrar los ojos a la antecedente nulidad radical, que afecta a la resoluci�n, con todas sus caracter�sticas -firmeza incluida- y con todos sus efectos. La Ley opta, pues, por afrontar la nulidad conforme a su naturaleza y no seg�n la similitud con las realidades que determinan la existencia de otros institutos, como el denominado recurso de revisi�n o la audiencia del condenado en rebeld�a.

En los casos previstos como base del remedio excepcional de que ahora se trata, no se est� ante una causa de rescisi�n de sentencias firmes y no ha parecido oportuno mezclar la nulidad con esas causas ni se ha considerado conveniente, para una tutela judicial efectiva, seguir el procedimiento establecido a los efectos de la rescisi�n ni llevar la nulidad al �rgano competente para aqu�lla.

Aunque, como respecto de otros derechos procesales, siempre cabe el riesgo de abuso de la solicitud excepcional de nulidad de actuaciones, la Ley previene dicho riesgo, no s�lo con la cuidadosa determinaci�n de los casos en que la solicitud puede fundarse, sino con otras reglas: no suspensi�n de la ejecuci�n, condena en costas en caso de desestimaci�n de aqu�lla e imposici�n de multa cuando se considere temeraria. Adem�s, los tribunales pueden rechazar las solicitudes manifiestamente infundadas mediante providencia sucintamente motivada, sin que en esos casos haya de sustanciarse el incidente y dictarse auto.

X

El Libro II de la presente Ley, dedicado a los procesos declarativos, comprende, dentro del Cap�tulo referente a las disposiciones comunes, las reglas para determinar el proceso que se ha de seguir. Esta determinaci�n se lleva a cabo combinando criterios relativos a la materia y a la cuant�a. Pero la materia no s�lo se considera en esta Ley, como en la de 1881, factor predominante respecto de la cuant�a, sino elemento de muy superior relevancia, como l�gica consecuencia de la preocupaci�n de esta Ley por la efectividad de la tutela judicial. Y es que esa efectividad reclama que por raz�n de la materia, con independencia de la evaluaci�n dineraria del inter�s del asunto, se solvente con rapidez -con m�s rapidez que hasta ahora- gran n�mero de casos y cuestiones.

Es �ste un momento oportuno para dar raz�n del tratamiento que, con la mirada puesta en el art�culo 53.2 de la Constituci�n, esta Ley otorga, en el �mbito procesal civil, a una materia plural, pero susceptible de consideraci�n unitaria: los derechos fundamentales.

Adem�s de entender, conforme a un�nime interpretaci�n, que la sumariedad a que se refiere el citado precepto de la Constituci�n no ha de entenderse en el sentido estricto o t�cnico-jur�dico, de ausencia de cosa juzgada a causa de una limitaci�n de alegaciones y prueba, resulta imprescindible, para un adecuado enfoque del tema, la distinci�n entre los derechos fundamentales cuya violaci�n se produce en la realidad extraprocesal y aquellos que, por su sustancia y contenido, s�lo pueden ser violados o infringidos en el seno de un proceso.

En cuanto a los primeros, pueden y deben ser llevados a un proceso para su r�pida protecci�n, que se tramite con preferencia: el hecho o comportamiento, externo al proceso, generador de la pretendida violaci�n del derecho fundamental, se residencia despu�s jurisdiccionalmente. Y lo que quiere el concreto precepto constitucional citado es, sin duda alguna, una tutela judicial singularmente r�pida.

En cambio, respecto de los derechos fundamentales que, en s� mismos, consisten en derechos y garant�as procesales, ser�a del todo il�gico que a su eventual violaci�n respondiera el Derecho previendo, en el marco de la jurisdicci�n ordinaria, tanto uno o varios procedimientos paralelos como un proceso posterior a aqu�l en que tal violaci�n se produzca y no sea reparada. Es patente que con lo primero se entrar�a de lleno en el territorio de lo absurdo. Y lo segundo supondr�a duplicar los procesos jurisdiccionales. Y a�n cabr�a hablar de duplicaci�n -del todo ineficaz y parad�jicamente contraria a lo pretendido- como m�nimo, pues en ese segundo proceso, contemplado como hip�tesis, tambi�n podr�a producirse o pensarse que se hab�a producido una nueva violaci�n de derechos fundamentales, de contenido procesal.

Por todo esto, para los derechos fundamentales del primer bloque aludido, aquellos que se refieren a bienes jur�dicos del �mbito vital extrajudicial, la presente Ley establece que los procesos correspondientes se sustancien por un cauce procedimental, de tramitaci�n preferente, m�s r�pido que el establecido por la Ley de Protecci�n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, de 1978: el de los juicios ordinarios, con demanda y contestaci�n por escrito, seguidas de vista y sentencia.

En cambio, respecto de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, cuya infracci�n puede producirse a lo largo y lo ancho de cualquier litigio, esta Ley descarta un il�gico procedimiento especial ante las denuncias de infracci�n y considera que las posibles violaciones han de remediarse en el seno del proceso en que se han producido. A tal fin responden, respecto de muy diferentes puntos y cuestiones, m�ltiples disposiciones de esta Ley, encaminadas a una r�pida tutela de las garant�as procesales constitucionalizadas. La mayor�a de esas disposiciones tienen car�cter general pues aquello que regulan es susceptible siempre de originar la necesidad de tutelar derechos fundamentales de �ndole procesal, sin que tenga sentido por tanto, establecer una tramitaci�n preferente. En cambio, y a t�tulo de meros ejemplos de reglas singulares, cabe se�alar la tramitaci�n preferente de todos los recursos de queja y de los recursos de apelaci�n contra ciertos autos que inadmitan demandas. Conforme a la experiencia, tambi�n se ocupa la Ley de modo especial, seg�n se ver�, de los casos de indefensi�n, con nulidad radical, que, por el momento en que pueden darse, no es posible afrontar mediante recursos o con actuaci�n del tribunal, de oficio.

Volviendo a la atribuci�n de tipos de asuntos en los distintos cauces procedimentales, la Ley, en s�ntesis, reserva para el juicio verbal, que se inicia mediante demanda sucinta con inmediata citaci�n para la vista, aquellos litigios caracterizados, en primer lugar, por la singular simplicidad de lo controvertido y, en segundo t�rmino, por su peque�o inter�s econ�mico. El resto de litigios han de seguir el cauce del juicio ordinario, que tambi�n se caracteriza por su concentraci�n, inmediaci�n y oralidad. De cualquier forma, aunque la materia es criterio determinante del procedimiento en numerosos casos, la cuant�a sigue cumpliendo un papel no desde�able y las reglas sobre su determinaci�n cambian notablemente, con mejor contenido y estructura, conforme a la experiencia, procur�ndose, por otra parte, que la indeterminaci�n inicial quede circunscrita a los casos verdaderamente irreductibles a toda cuantificaci�n, siquiera sea relativa.

Las diligencias preliminares del proceso establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no distaban mucho del completo desuso, al no considerarse de utilidad, dadas las escasas consecuencias de la negativa a llevar a cabo los comportamientos preparatorios previstos, pese a que el tribunal considerara justificada la solicitud del interesado. Por estos motivos, algunas iniciativas de reforma procesal civil se inclinaron a prescindir de este instituto.

Sin embargo, la presente Ley se asienta sobre el convencimiento de que caben medidas eficaces para la preparaci�n del proceso. Por un lado, se ampl�an las diligencias que cabe solicitar, aunque sin llegar al extremo de que sean indeterminadas. Por otra parte, sin incurrir en excesos coercitivos, se prev�n, no obstante, respecto de la negativa injustificada, consecuencias pr�cticas de efectividad muy superior a la responsabilidad por da�os y perjuicios.

Buscando un equilibrio equitativo, se exige al solicitante de las medidas preliminares una cauci�n para compensar los gastos, da�os y perjuicios que se pueda ocasionar a los sujetos pasivos de aqu�llas, con la particularidad de que el mismo tribunal competente para las medidas decidir� sumariamente sobre el destino de la cauci�n.

En los momentos iniciales del proceso, adem�s de acompa�ar a la demanda o personaci�n los documentos que acrediten ciertos presupuestos procesales, es de gran importancia, para informaci�n de la parte contraria, la presentaci�n de documentos sobre el fondo del asunto, a los que la regulaci�n de esta Ley a�ade medios e instrumentos en que consten hechos fundamentales (palabras, im�genes y cifras, por ejemplo) para las pretensiones de las partes, as� como los dict�menes escritos y ciertos informes sobre hechos. Las nuevas normas prev�n, asimismo, la presentaci�n de documentos exigidos en ciertos casos para la admisibilidad de la demanda y establecen con claridad que, como es l�gico y razonable, cabe presentar en momentos no iniciales aquellos documentos relativos al fondo, pero cuya relevancia s�lo se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones de la parte contraria.

Aqu� como en otros puntos, la Ley acent�a las cargas de las partes, restringiendo al m�ximo la posibilidad de remitirse a expedientes, archivos o registros p�blicos. Los supuestos de presentaci�n no inicial de los documentos y otros escritos e instrumentos relativos al fondo se regulan con exactitud y se sustituye la promesa o juramento de no haberlos conocido o podido obtener con anterioridad por la carga de justificar esa circunstancia. Congruentemente, el tribunal es facultado para decidir la improcedencia de tener en cuenta los documentos si, con el desarrollo de las actuaciones, no apareciesen justificados el desconocimiento y la imposibilidad. En casos en que se aprecie mala fe o �nimo dilatorio en la presentaci�n del documento, el tribunal podr� adem�s imponer multa.

En cuanto a la regulaci�n de la entrega de copias de escritos y documentos y su traslado a las dem�s partes, es innovaci�n de importancia la ya aludida de encomendar el traslado a los Procuradores, cuando �stos intervengan y se hayan personado. El tribunal tendr� por efectuado el traslado desde que le conste la entrega de las copias al servicio de notificaci�n organizado por el Colegio de Procuradores. De este modo, se descarga racionalmente a los �rganos jurisdiccionales y, singularmente, al personal no jurisdiccional de un trabajo, que, bien mirado, resulta innecesario e impropio que realicen, en inevitable detrimento de otros. Pero, adem�s, el nuevo sistema permitir�, como antes se apunt�, eliminar �tiempos muertos�, pues desde la presentaci�n con traslado acreditado, comenzar�n a computarse los plazos para llevar a cabo cualquier actuaci�n procesal ulterior.

XI

Por tratarse de normas comunes a todos los procesos declarativos en primera instancia y, cuando proceda, en la segunda, parece m�s acertado situar las normas sobre la prueba entre las disposiciones generales de la actividad jurisdiccional declarativa que en el seno de las que articulan un determinado tipo procedimental.

La prueba, as� incardinada y con derogaci�n de los preceptos del C�digo Civil carentes de otra relevancia que la procesal, se regula en esta Ley con la deseable unicidad y claridad, adem�s de un amplio perfeccionamiento, en tres vertientes distintas.

Por un lado, se determina el objeto de la prueba, las reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre su admisibilidad, conforme a los criterios de pertinencia y utilidad, al que ha de a�adirse la licitud, a cuyo tratamiento procesal, hasta ahora inexistente, se provee con sencillos preceptos.

Por otro lado, en cuanto a lo procedimental, frente a la dispersi�n de la pr�ctica de la prueba, se introduce una novedad capital, que es la pr�ctica de toda la prueba en el juicio o vista, disponi�ndose que las diligencias que, por razones y motivos justificados, no puedan practicarse en dichos actos p�blicos, con garant�a plena de la presencia judicial, habr�n de llevarse a cabo con anterioridad a ellos. Adem�s, se regula la prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba, que en la Ley de 1881 apenas merec�an alguna norma aislada.

Finalmente, los medios de prueba, junto con las presunciones, experimentan en esta Ley numerosos e importantes cambios. Cabe mencionar, como primero de todos ellos, la apertura legal a la realidad de cuanto puede ser conducente para fundar un juicio de certeza sobre las alegaciones f�cticas, apertura incompatible con la idea de un n�mero determinado y cerrado de medios de prueba. Adem�s resulta obligado el reconocimiento expreso de los instrumentos que permiten recoger y reproducir palabras, sonidos e im�genes o datos, cifras y operaciones matem�ticas.

En segundo t�rmino, cambia, en la l�nea de la mayor claridad y flexibilidad, el modo de entender y practicar los medios de prueba m�s consagrados y perennes.

La confesi�n, en exceso tributaria de sus or�genes hist�ricos, en gran medida superados, y, por a�adidura, mezclada con el juramento, es sustituida por una declaraci�n de las partes, que se aleja extraordinariamente de la rigidez de la �absoluci�n de posiciones�. Esta declaraci�n ha de versar sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre, lo que garantiza la espontaneidad de las respuestas, la flexibilidad en la realizaci�n de preguntas y, en definitiva, la integridad de una declaraci�n no preparada.

En cuanto a la valoraci�n de la declaraci�n de las partes, es del todo l�gico seguir teniendo en consideraci�n, a efectos de fijaci�n de los hechos, el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales. Pero, en cambio, no resulta razonable imponer legalmente, en todo caso, un valor probatorio pleno a tal reconocimiento o confesi�n. Como en las �ltimas d�cadas ha venido afirmando la jurisprudencia y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoraci�n libre, teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen.

Esta Ley se ocupa de los documentos, dentro de los preceptos sobre la prueba, a los solos efectos de la formaci�n del juicio jurisdiccional sobre los hechos, aunque, obviamente, esta eficacia haya de ejercer una notable influencia indirecta en el tr�fico jur�dico. Los documentos p�blicos, desde el punto de vista procesal civil, han sido siempre y deben seguir siendo aqu�llos a los que cabe y conviene atribuir una clara y determinada fuerza a la hora del referido juicio f�ctico. Documentos privados, en cambio, son los que, en s� mismos, no gozan de esa fuerza fundamentadora de la certeza procesal y, por ello, salvo que su autenticidad sea reconocida por los sujetos a quienes puedan perjudicar, quedan sujetos a la valoraci�n libre o conforme a las reglas de la sana cr�tica.

La espec�fica fuerza probatoria de los documentos p�blicos deriva de la confianza depositada en la intervenci�n de distintos fedatarios legalmente autorizados o habilitados. La ley procesal ha de hacerse eco, a sus espec�ficos efectos y con lenguaje inteligible, de tal intervenci�n, pero no es la sede normativa en que se han de establecer los requisitos, el �mbito competencial y otros factores de la daci�n de fe. Tampoco corresponde a la legislaci�n procesal dirimir controversias interpretativas de las normas sobre la funci�n de dar fe o acerca del asesoramiento jur�dico con el que se contribuye a la instrumentaci�n documental de los negocios jur�dicos. Menos propio a�n de esta Ley ha parecido determinar requisitos de forma documental relativos a tales negocios o modificar las opciones legislativas preexistentes.

Frente a corrientes de opini�n que, mirando a otros modelos y a una pretendida disminuci�n de los costes econ�micos de los negocios jur�dicos, propugnan una radical modificaci�n de la fe p�blica en el tr�fico jur�dico-privado, civil y mercantil, la presente Ley es respetuosa con esa daci�n de fe. Se trata, no obstante, de un respeto compatible con el leg�timo inter�s de los justiciables y, desde luego, con el inter�s de la Administraci�n de Justicia misma, por lo que, ante todo, la Ley pretende que cada parte fije netamente su posici�n sobre los documentos aportados de contrario, de suerte que, en caso de reconocerlos o no impugnar su autenticidad, la controversia f�ctica desaparezca o se aminore.

Ha de se�alarse tambi�n que determinados preceptos de diversas leyes atribuyen car�cter de documentos p�blicos a algunos respecto de los que, unas veces de modo expreso y otras impl�citamente, cabe la denominada �prueba en contrario�. La presente Ley respeta esas disposiciones de otros cuerpos legales, pero est� obligada a regular diferenciadamente estos documentos p�blicos y aqu�llos otros, de los que hasta aqu� se ha venido tratando, que por s� mismos hacen prueba plena.

Sobre estas bases, la regulaci�n unitaria de la prueba documental, que esta Ley contiene, parece completa y clara. Por lo dem�s, otros aspectos de las normas sobre prueba resuelven cuestiones que, en su dimensi�n pr�ctica, dejan de tener sentido. No habr� de forzarse la noci�n de prueba documental para incluir en ella lo que se aporte al proceso con fines de fijaci�n de la certeza de hechos, que no sea subsumible en las nociones de los restantes medios de prueba. Podr�n confeccionarse y aportarse dict�menes e informes escritos, con s�lo apariencia de documentos, pero de �ndole pericial o testifical y no es de excluir, sino que la ley lo prev�, la utilizaci�n de nuevos instrumentos probatorios, como soportes, hoy no convencionales, de datos, cifras y cuentas, a los que, en definitiva, haya de otorg�rseles una consideraci�n an�loga a la de las pruebas documentales.

Con las excepciones obligadas respecto de los procesos civiles en que ha de satisfacerse un inter�s p�blico, esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, salvo las excepciones aludidas, no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigaci�n y comprobaci�n de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre �stas sobre las que recae la carga de alegar y probar. Y, por ello, se introducen los dict�menes de peritos designados por las partes y se reserva la designaci�n por el tribunal de perito para los casos en que as� le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario.

De esta manera, la pr�ctica de la prueba pericial adquiere tambi�n una simplicidad muy distinta de la complicaci�n procedimental a que conduc�a la regulaci�n de la Ley de 1881. Se excluye la recusaci�n de los peritos cuyo dictamen aporten las partes, que s�lo podr�n ser objeto de tacha, pero a todos los peritos se exige juramento o promesa de actuaci�n m�ximamente objetiva e imparcial y respecto de todos ellos se contienen en esta Ley disposiciones conducentes a someter sus dict�menes a explicaci�n, aclaraci�n y complemento, con plena contradicci�n.

As�, la actividad pericial, cuya regulaci�n decimon�nica reflejaba el no resuelto dilema acerca de su naturaleza -si medio de prueba o complemento o auxilio del juzgador-, responde ahora plenamente a los principios generales que deben regir la actividad probatoria, adquiriendo sentido su libre valoraci�n. Efecto indirecto, pero nada desde�able, de esta necesaria clarificaci�n es la soluci�n o, cuando menos, importante atenuaci�n del problema pr�ctico, muy frecuente, de la adecuada y tempestiva remuneraci�n de los peritos.

Mas, por otra parte, la presente Ley, al entender la enorme diversidad de operaciones y manifestaciones que entra�a modernamente la pericia, se aparta decididamente de la regulaci�n de 1881 para reconocer sin casuismos la diversidad y amplitud de este medio de prueba, con atenci�n a su frecuente car�cter instrumental respecto de otros medios de prueba, que no s�lo se manifiesta en el cotejo de letras.

En cuanto al interrogatorio de testigos, consideraciones semejantes a las rese�adas respecto de la declaraci�n de las partes, han aconsejado que la Ley opte por establecer que el interrogatorio sea libre desde el principio. En esta sede se regula tambi�n el interrogatorio sobre hechos consignados en informes previamente aportados por las partes y se prev� la declaraci�n de personas jur�dicas, p�blicas y privadas, de modo que junto a especialidades que la experiencia aconseja, quede garantizada la contradicci�n y la inmediaci�n en la pr�ctica de la prueba.

La Ley, que concibe con m�s amplitud el reconocimiento judicial, acoge tambi�n entre los medios de prueba, como ya se ha dicho, los instrumentos que permiten recoger y reproducir, no s�lo palabras, sonidos e im�genes, sino aqu�llos otros que sirven para el archivo de datos y cifras y operaciones matem�ticas.

Introducidas en la presente Ley las presunciones como m�todo de fijar la certeza de ciertos hechos y regulada suficientemente la carga de la prueba, pieza clave de un proceso civil en el que el inter�s p�blico no sea predominante, puede eliminarse la dualidad de regulaciones de la prueba civil, mediante la derogaci�n de algunos preceptos del C�digo Civil.

XII

Ense�a la experiencia, en todo el mundo, que si, tras las iniciales alegaciones de las partes, se acude de inmediato a un acto oral, en que, antes de dictar sentencia tambi�n de forma inmediata, se concentren todas las actividades de alegaci�n complementaria y de prueba, se corre casi siempre uno de estos dos riesgos: el grav�simo, de que los asuntos se resuelvan sin observancia de todas las reglas que garantizan la plena contradicci�n y sin la deseable atenci�n a todos los elementos que han de fundar el fallo, o el consistente en que el tiempo que en apariencia se ha ganado acudiendo inmediatamente al acto del juicio o vista se haya de perder con suspensiones e incidencias, que en modo alguno pueden considerarse siempre injustificadas y meramente dilatorias, sino con frecuencia necesarias en raz�n de la complejidad de los asuntos.

Por otro lado, es una exigencia racional y constitucional de la efectividad de la tutela judicial que se resuelvan, cuanto antes, las eventuales cuestiones sobre presupuestos y �bices procesales, de modo que se eviten al m�ximo las sentencias que no entren sobre el fondo del asunto litigioso y cualquier otro tipo de resoluci�n que ponga fin al proceso sin resolver sobre su objeto, tras costosos esfuerzos bald�os de las partes y del tribunal.

En consecuencia, como ya se apunt�, s�lo es conveniente acudir a la m�xima concentraci�n de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez. En otros casos, la opci�n legislativa prudente es el juicio ordinario, con su audiencia previa dirigida a depurar el proceso y a fijar el objeto del debate.

Con estas premisas, la Ley articula con car�cter general dos cauces distintos para la tutela jurisdiccional declarativa: de un lado, la del proceso que, por la sencillez expresiva de la denominaci�n, se da en llamar �juicio ordinario� y, de otro, la del �juicio verbal�.

Estos procesos acogen, en algunos casos gracias a disposiciones particulares, los litigios que hasta ahora se ventilaban a trav�s de cuatro procesos ordinarios, as� como todos los incidentes no regulados expresamente, con lo que cabe suprimir tambi�n el procedimiento incidental com�n. Y esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permite tambi�n afrontar, sin merma de garant�as, los asuntos que eran contemplados hasta hoy en m�s de una docena de leyes distintas de la procesal civil com�n. Buena prueba de ello son la disposici�n derogatoria y las disposiciones finales.

As�, pues, se simplifican, con estos procedimientos, los cauces procesales de muchas y muy diversas tutelas jurisdiccionales. Lo que no se hace, porque carecer�a de raz�n y sentido, es prescindir de particularidades justificadas, tanto por lo que respecta a presupuestos especiales de admisibilidad o procedibilidad como en lo relativo a ciertos aspectos del procedimiento mismo.

Lo exigible y deseable no es unificar a ultranza, sino suprimir lo que resulta innecesario y, sobre todo, poner t�rmino a una dispersi�n normativa a todas luces excesiva. No cabe, por otra parte, ni racional ni constitucionalmente, cerrar el paso a disposiciones legales posteriores, sino s�lo procurar que los preceptos que esta Ley contiene sean, por su previsi�n y flexibilidad, suficientes para el tratamiento jurisdiccional de materias y problemas nuevos.

La Ley dise�a los procesos declarativos de modo que la inmediaci�n, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas. En los juicios verbales, por la trascendencia de la vista; en el ordinario, porque tras demanda y contestaci�n, los hitos procedimentales m�s sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador.

A grandes rasgos, el desarrollo del proceso ordinario puede resumirse como sigue.

En la audiencia previa, se intenta inicialmente un acuerdo o transacci�n de las partes, que ponga fin al proceso y, si tal acuerdo no se logra, se resuelven las posibles cuestiones sobre presupuestos y �bices procesales, se determinan con precisi�n las pretensiones de las partes y el �mbito de su controversia, se intenta nuevamente un acuerdo entre los litigantes y, en caso de no alcanzarse y de existir hechos controvertidos, se proponen y admiten las pruebas pertinentes.

En el juicio, se practica la prueba y se formulan las conclusiones sobre �sta, finalizando con informes sobre los aspectos jur�dicos, salvo que todas las partes prefieran informar por escrito o el tribunal lo estime oportuno. Conviene reiterar, adem�s, que de todas las actuaciones p�blicas y orales, en ambas instancias, quedar� constancia mediante los instrumentos oportunos de grabaci�n y reproducci�n, sin perjuicio de las actas necesarias.

La Ley suprime las denominadas �diligencias para mejor proveer�, sustituy�ndolas por unas diligencias finales, con presupuestos distintos de los de aqu�llas. La raz�n principal para este cambio es la coherencia con la ya referida inspiraci�n fundamental que, como regla, debe presidir el inicio, desarrollo y desenlace de los procesos civiles. Adem�s, es conveniente cuanto refuerce la importancia del acto del juicio, restringiendo la actividad previa a la sentencia a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias finales s�lo ser�n admisibles las diligencias de pruebas, debidamente propuestas y admitidas, que no se hubieren podido practicar por causas ajenas a la parte que las hubiera interesado.

La Ley considera improcedente llevar a cabo nada de cuanto se hubiera podido proponer y no se hubiere propuesto, as� como cualquier actividad del tribunal que, con merma de la igualitaria contienda entre las partes, supla su falta de diligencia y cuidado. Las excepciones a esta regla han sido meditadas detenidamente y responden a criterios de equidad, sin que supongan ocasi�n injustificada para desordenar la estructura procesal o menoscabar la igualdad de la contradicci�n.

En cuanto al car�cter sumario, en sentido t�cnico-jur�dico, de los procesos, la Ley dispone que carezcan de fuerza de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a aqu�llos en que se pretenda una r�pida tutela de la posesi�n o tenencia, las que decidan sobre peticiones de cese de actividades il�citas en materia de propiedad intelectual o industrial, las que provean a una inmediata protecci�n frente obras nuevas o ruinosas, as� como las que resuelvan sobre el desahucio o recuperaci�n de fincas por falta de pago de la renta o alquiler o sobre la efectividad de los derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de t�tulo inscrito que legitime la oposici�n o la perturbaci�n. La experiencia de ineficacia, inseguridad jur�dica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensi�n de desahucio, una situaci�n de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad. Y los procesos sobre alimentos, como otros sobre objetos semejantes, no han de confundirse con medidas provisionales ni tienen por qu� carecer, en su desenlace, de fuerza de cosa juzgada. Reclamaciones ulteriores pueden estar plenamente justificadas por hechos nuevos.

XIII

Esta Ley contiene una sola regulaci�n del recurso de apelaci�n y de la segunda instancia, porque se estima injustificada y perturbadora una diversidad de reg�menes. En raz�n de la m�s pronta tutela judicial, dentro de la seriedad del proceso y de la sentencia, se dispone que, resuelto el recurso de reposici�n contra las resoluciones que no pongan fin al proceso, no quepa interponer apelaci�n y s�lo insistir en la eventual disconformidad al recurrir la sentencia de primera instancia. Desaparecen, pues, pr�cticamente, las apelaciones contra resoluciones interlocutorias. Y con la oportuna disposici�n transitoria, se pretende que este nuevo r�gimen de recursos sea de aplicaci�n lo m�s pronto posible.

La apelaci�n se reafirma como plena revisi�n jurisdiccional de la resoluci�n apelada y, si �sta es una sentencia reca�da en primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso. Se regula, coherentemente, el contenido de la sentencia de apelaci�n, con especial atenci�n a la singular congruencia de esa sentencia.

Otras disposiciones persiguen aumentar las posibilidades de corregir con garant�as de acierto eventuales errores en el juicio f�ctico y, mediante diversos preceptos, se procura hacer m�s sencillo el procedimiento y lograr que, en el mayor n�mero de casos posible, se dicte en segunda instancia sentencia sobre el fondo.

Cabe mencionar que la presente Ley, que prescinde del concepto de adhesi�n a la apelaci�n, generador de equ�vocos, perfila y precisa el posible papel de quien, a la vista de la apelaci�n de otra parte y siendo inicialmente apelado, no s�lo se opone al recurso sino que, a su vez, impugna el auto o sentencia ya apelado, pidiendo su revocaci�n y sustituci�n por otro que le sea m�s favorable.

La Ley conserva la separaci�n entre una inmediata preparaci�n del recurso, con la que se manifiesta la voluntad de impugnaci�n, y la ulterior interposici�n motivada de �sta. No parece oportuno ni diferir el momento en que puede conocerse la firmeza o el mantenimiento de la litispendencia, con sus correspondientes efectos, ni apresurar el trabajo de fundamentaci�n del recurso. Pero, para una mejor tramitaci�n, se introduce la innovaci�n procedimental consistente en disponer que el recurrente lleve a cabo la preparaci�n y la interposici�n ante el tribunal que dicte la resoluci�n recurrida, remiti�ndose despu�s los autos al superior. Lo mismo se establece respecto de los recursos extraordinarios.

XIV

Por coherencia plena con una verdadera preocupaci�n por la efectividad de la tutela judicial y por la debida atenci�n a los problemas que la Administraci�n de Justicia presenta en todo el mundo, esta Ley pretende una superaci�n de una idea, no por vulgar menos influyente, de los recursos extraordinarios y, en especial, de la casaci�n, entendidos, si no como tercera instancia, s�, muy frecuentemente, como el �ltimo paso necesario, en muchos casos, hacia la definici�n del Derecho en el caso concreto.

Como quiera que este planteamiento resulta insostenible en la realidad y entra�a una cierta degeneraci�n o deformaci�n de importantes instituciones procesales, est� siendo general, en los pa�ses de nuestro mismo sistema jur�dico e incluso en aqu�llos con sistemas muy diversos, un cuidadoso estudio y una detenida reflexi�n acerca del papel que es razonable y posible que desempe�en los referidos recursos y el �rgano u �rganos que ocupan la posici�n o las posiciones supremas en la organizaci�n jurisdiccional.

Con la convicci�n de que la reforma de la Justicia, en este punto como en otros, no puede ni debe prescindir de la historia, de la idiosincrasia particular y de los valores positivos del sistema jur�dico propio, la tendencia de reforma que se estima acertada es la que tiende a reducir y mejorar, a la vez, los grados o instancias de enjuiciamiento pleno de los casos concretos para la tutela de los derechos e intereses leg�timos de los sujetos jur�dicos, circunscribiendo, en cambio, el esfuerzo y el cometido de los tribunales superiores en raz�n de necesidades jur�dicas singulares, que reclamen un trabajo jur�dico de especial calidad y autoridad.

Desde hace tiempo, la casaci�n civil presenta en Espa�a una situaci�n que, como se reconoce generalmente, es muy poco deseable, pero en absoluto f�cil de resolver con un grado de aceptaci�n tan general como su cr�tica. Esta Ley ha partido, no s�lo de la imposibilidad, sino tambi�n del error te�rico y pr�ctico que entra�ar�a concebir que la casaci�n perfecta es aqu�lla de la que no se descarta ninguna materia ni ninguna sentencia de segunda instancia.

Adem�s de ser �sa una casaci�n completamente irrealizable en nuestra sociedad, no es necesario ni conveniente, porque no responde a criterios razonables de justicia, que cada caso litigioso, con los derechos e intereses leg�timos de unos justiciables a�n en juego, pueda transitar por tres grados de enjuiciamiento jurisdiccional, siquiera el �ltimo de esos enjuiciamientos sea el limitado y peculiar de la casaci�n. No pertenece a nuestra tradici�n hist�rica ni constituye exigencia constitucional alguna que la funci�n nomofil�ctica de la casaci�n se proyecte sobre cualesquiera sentencias ni sobre cualesquiera cuestiones y materias.

Nadie ha cuestionado, sin embargo, que la renovaci�n de nuestra Justicia civil se haga conforme a los valores positivos, s�lidamente afianzados, del propio sistema jur�dico y jurisdiccional, sin incurrir en la imprudencia de desechar instituciones enteras y sustituirlas por otras de nueva factura o por piezas de modelos jur�dicos y judiciales muy diversos del nuestro. As�, pues, ha de mantenerse en sustancia la casaci�n, con la finalidad y efectos que le son propios, pero con un �mbito objetivo coherente con la necesidad, antes referida, de doctrina jurisprudencial especialmente autorizada.

Los l�mites de cuant�a no constituyen por s� solos un factor capaz de fijar de modo razonable y equitativo ese �mbito objetivo. Y tampoco parece oportuno ni satisfactorio para los justiciables, �vidos de seguridad jur�dica y de igualdad de trato, que la configuraci�n del nuevo �mbito casacional, sin duda necesaria por razones y motivos que trascienden elementos coyunturales, se lleve a cabo mediante una selecci�n casu�stica de unos cuantos asuntos de �inter�s casacional�, si este elemento se deja a una apreciaci�n de �ndole muy subjetiva.

La presente Ley ha operado con tres elementos para determinar el �mbito de la casaci�n. En primer lugar, el prop�sito de no excluir de ella ninguna materia civil o mercantil; en segundo t�rmino, la decisi�n, en absoluto gratuita, como se dir�, de dejar fuera de la casaci�n las infracciones de leyes procesales; finalmente, la relevancia de la funci�n de crear autorizada doctrina jurisprudencial. Porque �sta es, si se quiere, una funci�n indirecta de la casaci�n, pero est� ligada al inter�s p�blico inherente a ese instituto desde sus or�genes y que ha persistido hasta hoy.

En un sistema jur�dico como el nuestro, en el que el precedente carece de fuerza vinculante -s�lo atribuida a la ley y a las dem�s fuentes del Derecho objetivo-, no carece ni debe carecer de un relevante inter�s para todos la singular�sima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario, pero s� dotado de singular autoridad jur�dica.

De ah� que el inter�s casacional, es decir, el inter�s trascendente a las partes procesales que puede presentar la resoluci�n de un recurso de casaci�n, se objetive en esta Ley, no s�lo mediante un par�metro de cuant�a elevada, sino con la exigencia de que los asuntos sustanciados en raz�n de la materia aparezcan resueltos con infracci�n de la ley sustantiva, desde luego, pero, adem�s, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (o en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia) o sobre asuntos o cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Se considera, asimismo, que concurre inter�s casacional cuando las normas cuya infracci�n se denuncie no lleven en vigor m�s tiempo del razonablemente previsible para que sobre su aplicaci�n e interpretaci�n haya podido formarse una autorizada doctrina jurisprudencial, con la excepci�n de que s� exista tal doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido.

De este modo, se establece con razonable objetividad la necesidad del recurso. Esta objetivaci�n del �inter�s casacional�, que aporta m�s seguridad jur�dica a los justiciables y a sus abogados, parece preferible al m�todo consistente en atribuir al propio tribunal casacional la elecci�n de los asuntos merecedores de su atenci�n, como desde algunas instancias se ha propugnado. Entre otras cosas, la objetivaci�n elimina los riesgos de desconfianza y desacuerdo con las decisiones del tribunal.

Establecido un nuevo sistema de ejecuci�n provisional, la Ley no considera necesario ni oportuno generalizar la exigencia de dep�sito para el acceso al recurso de casaci�n (o al recurso extraordinario por infracci�n de ley procesal). El dep�sito previo, adem�s de representar un factor de encarecimiento de la Justicia, de desigual incidencia sobre los justiciables, plantea, entre otros, el problema de su posible transformaci�n en obst�culo del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme al principio de igualdad. La ejecutividad provisional de las sentencias de primera y segunda instancia parece suficiente elemento disuasorio de los recursos temerarios o de intenci�n simplemente dilatoria.

El sistema de recursos extraordinarios se completa confiando en todo caso las cuestiones procesales a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. La separaci�n entre el recurso de casaci�n y el recurso extraordinario dedicado a las infracciones procesales ha de contribuir, sin duda, a la seriedad con que �stas se aleguen. Adem�s, este recurso extraordinario por infracci�n procesal ampl�a e intensifica la tutela judicial ordinaria de los derechos fundamentales de �ndole procesal, cuyas pretendidas violaciones generan desde hace m�s de una d�cada gran parte de los litigios.

Nada tiene de heterodoxo, ni org�nica ni procesalmente y menos a�n, si cabe, constitucionalmente, cuando ya se han consumido dos instancias, circunscribir con rigor l�gico el recurso extraordinario de casaci�n y exigir a quien est� convencido de haberse visto perjudicado por graves infracciones procesales que no pretenda, simult�neamente, la revisi�n de infracciones de Derecho sustantivo.

Si se est� persuadido de que se ha producido una grave infracci�n procesal, que reclama reposici�n de las actuaciones al estado anterior a esa infracci�n, no cabe ver imposici�n irracional en la norma que excluye pretender al mismo tiempo una nueva sentencia, en vez de tal reposici�n de las actuaciones. Si el recurso por infracci�n procesal es estimado, habr� de dictarse una nueva sentencia y si �sta incurriere en infracciones del Derecho material o sustantivo, podr� recurrirse en casaci�n la sentencia, como en el r�gimen anterior a esta Ley.

Verdad es que, en comparaci�n con el tratamiento dispensado a los limitados tipos de asuntos accesibles a la casaci�n seg�n la Ley de 1881 y sus numerosas reformas, en el recurso de casaci�n de esta Ley no cabr� ya pretender la anulaci�n de la sentencia recurrida con reenv�o a la instancia y, a la vez, subsidiariamente, la sustituci�n de la sentencia de instancia por no ser conforme al Derecho sustantivo. Pero, adem�s de que esta nueva Ley contiene mejores instrumentos para la correcci�n procesal de las actuaciones, se ha considerado m�s conforme con las necesidades sociales, con el conjunto de los institutos jur�dicos de nuestro Ordenamiento y con el origen mismo del instituto casacional, que una razonable configuraci�n de la carga competencial del Tribunal Supremo se lleve a cabo concentrando su actividad en lo sustantivo.

No cabe olvidar, por lo dem�s, que, conforme a la Ley de 1881, si se interpon�a un recurso de casaci�n que adujese, a la vez, quebrantamiento de forma e infracciones relativas a la sentencia, se examinaba y decid�a primero acerca del pretendido quebrantamiento de forma y si el recurso se estimaba por este concepto, los autos eran reenviados al Tribunal de instancia, para que dictara nueva sentencia, que, a su vez, podr�a ser, o no, objeto de nuevo recurso de casaci�n, por �infracci�n de ley�, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio� o por ambos conceptos. Nada sustancialmente distinto, con mecanismos nuevos para acelerar los tr�mites, se prev� en esta Ley para el caso de que, respecto de la misma sentencia, distintos litigantes opten, cada uno de ellos, por un distinto recurso extraordinario.

El r�gimen de recursos extraordinarios establecido en la presente Ley quiz� es, en el �nico punto de la opci�n entre casaci�n y recurso extraordinario por infracci�n procesal, menos �generoso� que la casaci�n anterior con los litigantes vencidos y con sus Procuradores y Abogados, pero no es menos �generoso� con el conjunto de los justiciables y, como se acaba de apuntar, la opci�n por una casaci�n circunscrita a lo sustantivo se ha asumido teniendo en cuenta el conjunto de los institutos jur�dicos de tutela previstos en nuestro ordenamiento.

No puede desde�arse, en efecto, la consideraci�n de que, al amparo del art�culo 24 de la Constituci�n, tienen cabida legal recursos de amparo -la gran mayor�a de ellos- sobre muchas cuestiones procesales. Esas cuestiones procesales son, a la vez, �garant�as constitucionales� desde el punto de vista del art�culo 123 de la Constituci�n. Y como quiera que, a la vista de los art�culos 161.1, letra b) y 53.2 del mismo texto constitucional, parece constitucionalmente inviable sustraer al Tribunal Constitucional todas las materias incluidas en el art�culo 24 de nuestra norma fundamental, a la doctrina del Tribunal Constitucional hay que atenerse. Hay, pues, seg�n nuestra norma fundamental, una instancia �nica y suprema de interpretaci�n normativa en muchas materias procesales. Para otras, como se ver�, se remodela por completo el denominado recurso en inter�s de la ley.

Los recursos de amparo por invocaci�n del art�culo 24 de la Constituci�n han podido alargar mucho, hasta ahora, el horizonte temporal de una sentencia irrevocable, ya excesivamente prolongado en la jurisdicci�n ordinaria seg�n la Ley de 1881 y sus posteriores reformas. Pues bien: esos recursos de amparo fundados en violaciones del art�culo 24 de la Constituci�n dejan de ser procedentes si no se intent� en cada caso el recurso extraordinario por infracci�n procesal.

Por otro lado, con este r�gimen de recursos extraordinarios, se reducen considerablemente las posibilidades de fricci�n o choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Este deslindamiento no es un principio inspirador del sistema de recursos extraordinarios, pero s� un criterio en absoluto desde�able, con un efecto beneficioso. Porque el respetuoso acatamiento de la salvedad en favor del Tribunal Constitucional en lo relativo a �garant�as constitucionales� puede ser y es conveniente que se armonice con la posici�n del Tribunal Supremo, una posici�n general de superioridad que el art�culo 123 de la Constituci�n atribuye al alto Tribunal Supremo con la misma claridad e igual �nfasis que la referida salvedad.

El recurso de casaci�n ante el Tribunal Supremo puede plantearse, en resumen, con estos dos objetos: 1.� las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales en materia de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art�culo 24 de la Constituci�n, cuando infrinjan normas del ordenamiento jur�dico aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso; 2.� las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siempre que incurran en similar infracci�n de normas sustantivas y, adem�s, el recurso presente un inter�s trascendente a la tutela de los derechos e intereses leg�timos de unos concretos justiciables, establecido en la forma que ha quedado dicha.

Puesto que los asuntos civiles en materia de derechos fundamentales pueden ser llevados en todo caso al Tribunal Constitucional, cabr�a entender que est� de m�s su acceso a la casaci�n ante el Tribunal Supremo. Siendo �ste un criterio digno de atenta consideraci�n, la Ley ha optado, como se acaba de decir, por una disposici�n contraria.

Las razones de esta opci�n son varias y diversas. De una parte, los referidos asuntos no constituyen una grave carga de trabajo jurisdiccional. Por otra, desde el momento constituyente mismo se estim� conveniente establecer la posibilidad del recurso casacional en esa materia, sin que se hayan manifestado discrepancias ni reticencias sobre este designio, coherente, no s�lo con el prop�sito de esta Ley en el sentido de no excluir de la casaci�n ninguna materia civil -y lo son, desde luego, los derechos inherentes a la personalidad, m�ximamente constitucionalizados-, sino tambi�n con la idea de que el Tribunal Supremo es tambi�n, de muy distintos modos, Juez de la Constituci�n, al igual que los restantes �rganos jurisdiccionales ordinarios. Adem�s, la subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no pod�a dejar de gravitar en el trance de esta opci�n legislativa. Y no es desde�able, por ende, el efecto que sobre todos los recursos, tambi�n los extraordinarios, es previsible que ejerza el nuevo r�gimen de ejecuci�n provisional, del que no est�n excluidas, en principio, las sentencias de condena en materia de derechos fundamentales, en las que no son infrecuentes pronunciamientos condenatorios pecuniarios.

Por su parte, el ya referido recurso extraordinario por infracci�n procesal, ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, procede contra sentencias de las Audiencias Provinciales en cuestiones procesales de singular relieve y, en general, para cuanto pueda considerarse violaci�n de los derechos fundamentales que consagra el art�culo 24 de la Constituci�n.

XV

Por �ltimo, como pieza de cierre y respecto de cuestiones procesales no atribuidas al Tribunal Constitucional, se mantiene el recurso en inter�s de la ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, un recurso concebido para la deseable unidad jurisprudencial, pero configurado de manera muy distinta que el actual, para los casos de sentencias firmes divergentes de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Est�n legitimados para promover esta actividad, no s�lo el Ministerio Fiscal, sino el Defensor del Pueblo y las personas jur�dicas de Derecho p�blico que acrediten inter�s leg�timo en la existencia de doctrina jurisprudencial sobre la cuesti�n o cuestiones procesales que en el recurso se susciten. No se trata, es cierto, de un recurso en sentido propio, pues la sentencia que se dicte no revocar� otra sentencia no firme (ni rescindir� la firme), pero se opta por mantener esta denominaci�n, en aras de lo que resulta, por los precedentes, m�s expresivo y comunicativo.

Merced al recurso en inter�s de la ley, adem�s de completarse las posibilidades de crear doctrina jurisprudencial singularmente autorizada, por proceder del Tribunal Supremo, no quedan las materias procesales excluidas del quehacer del alto tribunal, mientras no se produzca colisi�n con el recurso de amparo que corresponde al Tribunal Constitucional. Por el contrario, la competencia, el esfuerzo y el inter�s de los legitimados garantizan que el Tribunal Supremo, constitucionalmente superior en todos los �rdenes, pero no llamado por nuestra Constituci�n a conocer de todo tipo de asuntos, como es obvio, habr� de seguir ocup�ndose de cuestiones procesales de importancia.

Entre las sentencias que dicte el Tribunal Supremo en virtud de este instrumento y las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional en su �mbito propio, no faltar� una doctrina jurisprudencial que sirva de gu�a para la aplicaci�n e interpretaci�n de las normas procesales en t�rminos de seguridad jur�dica e igualdad, compatibles y arm�nicos con la libertad de enjuiciamiento propia de nuestro sistema y con la oportuna evoluci�n de la jurisprudencia.

En este punto, y para terminar lo relativo a los recursos extraordinarios, parece oportuno recordar que, precisamente en nuestro sistema jur�dico, la jurisprudencia o el precedente goza de relevancia pr�ctica por su autoridad y fuerza ejemplar, pero no por su fuerza vinculante. Esa autoridad, nacida de la calidad de la decisi�n, de su justificaci�n y de la cuidadosa expresi�n de �sta, se est� revelando tambi�n la m�s importante en los sistemas jur�dicos del llamado �case law�. Y ha sido y seguir� siendo la �nica atribuible, m�s all� del caso concreto, a las sentencias dictadas en casaci�n.

Por todo esto, menospreciar las resoluciones del Tribunal Supremo en cuanto carezcan de eficacia directa sobre otras sentencias o sobre los derechos de determinados sujetos jur�dicos no ser�a ni coherente con el valor siempre atribuido en nuestro ordenamiento a la doctrina jurisprudencial ni acorde con los m�s rigurosos estudios iuscomparat�sticos y con las modernas tendencias, antes ya aludidas, sobre el papel de los �rganos jurisdiccionales situados en el v�rtice o c�spide de la Administraci�n de Justicia.

XVI

La regulaci�n de la ejecuci�n provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil representa una decidida opci�n por la confianza en la Administraci�n de Justicia y por la importancia de su impartici�n en primera instancia y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razonables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional.

La ejecuci�n provisional ser� viable sin necesidad de prestar fianza ni cauci�n, aunque se establecen, de una parte, un r�gimen de oposici�n a dicha ejecuci�n, y, de otra, reglas claras para los distintos casos de revocaci�n de las resoluciones provisionalmente ejecutadas, que no se limitan a proclamar ret�ricamente la responsabilidad por da�os y perjuicios, remitiendo al proceso ordinario correspondiente, sino que permiten su exacci�n por la v�a de apremio.

Solicitada la ejecuci�n provisional, el tribunal la despachar�, salvo que la sentencia sea de las inejecutables o no contenga pronunciamiento de condena. Y, despachada la ejecuci�n provisional, el condenado puede oponerse a ella, en todo caso, si entiende que no concurren los aludidos presupuestos legales. Pero la genuina oposici�n prevista es diferente seg�n se trate de condena dineraria o de condena no dineraria. En este �ltimo caso, la oposici�n puede fundarse en que resulte imposible o de extrema dificultad, seg�n la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situaci�n anterior a la ejecuci�n provisional o compensar econ�micamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los da�os y perjuicios que se le causaren, si la sentencia fuere revocada.

Si la condena es dineraria, no se permite la oposici�n a la ejecuci�n provisional en su conjunto, sino �nicamente a aquellas actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio que puedan causar una situaci�n absolutamente imposible de restaurar o de compensar econ�micamente mediante el resarcimiento de da�os y perjuicios. El fundamento de esta oposici�n a medidas ejecutivas concretas viene a ser, por tanto, el mismo que el de la oposici�n a la ejecuci�n de condenas no dinerarias: la probable irreversibilidad de las situaciones provocadas por la ejecuci�n provisional y la imposibilidad de una equitativa compensaci�n econ�mica, si la sentencia es revocada.

En el caso de ejecuci�n provisional por condena dineraria, la Ley exige a quien se oponga a actuaciones ejecutivas concretas que indique medidas alternativas viables, as� como ofrecer cauci�n suficiente para responder de la demora en la ejecuci�n, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. Si no se ofrecen medidas alternativas ni se presta cauci�n, la oposici�n no proceder�.

Es innegable que establecer, como regla, tal ejecuci�n provisional de condenas dinerarias entra�a el peligro de que quien se haya beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo que haya percibido, si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada. Con el sistema de la Ley de 1881 y sus reformas, la cauci�n exigida al solicitante eliminaba ese peligro, pero a costa de cerrar en exceso la ejecuci�n provisional, dej�ndola s�lo en manos de quienes dispusieran de recursos econ�micos l�quidos. Y a costa de otros diversos y no peque�os riesgos: el riesgo de la demora del acreedor en ver satisfecho su cr�dito y el riesgo de que el deudor condenado dispusiera del tiempo de la segunda instancia y de un eventual recurso extraordinario para prepararse a eludir su responsabilidad.

Con el sistema de esta Ley, existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y despu�s haya pasado a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser m�nimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable. Y, por otro lado, como ya se ha dicho, la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensaci�n econ�mica en caso de revocaci�n de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo �rgano que ha tramitado o est� tramitando la ejecuci�n forzosa provisional.

Mas el factor fundamental de la opci�n de esta Ley, sopesados los peligros y riesgos contrapuestos, es la efectividad de las sentencias de primera instancia, que, si bien se mira, no recaen con menos garant�as sustanciales y procedimentales de ajustarse a Derecho que las que constituye el procedimiento administrativo, en cuyo seno se dictan los actos y resoluciones de las Administraciones P�blicas, inmediatamente ejecutables salvo la suspensi�n cautelar que se pida a la Jurisdicci�n y por ella se otorgue.

La presente Ley opta por confiar en los Juzgados de Primera Instancia, base, en todos los sentidos, de la Justicia civil. Con esta Ley, habr�n de dictar sentencias en principio inmediatamente efectivas por la v�a de la ejecuci�n provisional; no sentencias en principio plat�nicas, en principio inefectivas, en las que casi siempre gravite, neutralizando lo resuelto, una apelaci�n y una segunda instancia como acontecimientos que se dan por sentados.

Ni las estad�sticas disponibles ni la realidad conocida por la experiencia de muchos profesionales -Jueces, Magistrados, abogados, profesores de derecho, etc.- justifican una sistem�tica, radical y general desconfianza en la denominada �Justicia de primera instancia�. Y, por otra parte, si no se hiciera m�s efectiva y se responsabilizara m�s a esta Justicia de primera instancia, apenas cabr�a algo distinto de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuestiones de detalle, aunque fuesen muchas e importantes.

Ante este cambio radical y fij�ndose en la oposici�n a la ejecuci�n provisional, parece conveniente caer en la cuenta de que la decisi�n del �rgano jurisdiccional sobre dicha oposici�n no es m�s dif�cil que la que entra�a resolver sobre la petici�n de medidas cautelares. Los factores contrapuestos que han de ponderarse ante la oposici�n a la ejecuci�n provisional no son de mayor dificultad que los que deben tomarse en consideraci�n cuando se piden medidas cautelares.

Se trata de instituciones, ambas, que, siendo distintas, entra�an riesgos de error, pero riesgos de error parejos y que pueden y deben asumirse en aras de la efectividad de la tutela judicial y de la necesaria protecci�n del cr�dito. La ejecuci�n forzosa provisional no es, por supuesto, ninguna medida cautelar y supone, de ordinario, efectos de m�s fuerza e intensidad que los propios de las medidas cautelares. Pero en un caso, adem�s de una razonable oposici�n, existe una sentencia precedida de un proceso con todas las garant�as y, en el otro, s�lo el �humo de buen derecho�.

Este nuevo r�gimen de la ejecuci�n provisional deparar�, a buen seguro, muchos m�s beneficios directos que perjuicios o casos injustos y ser�n muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovaci�n radical proyectada, como la disminuci�n de recursos con �nimo exclusivamente dilatorio.

Con esta innovaci�n, la presente Ley aspira a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos. En los pactos, para acordarlos con �nimo de cumplirlos; en los pleitos, para afrontarlos con la perspectiva de asumir seriamente sus resultados en un horizonte mucho m�s pr�ximo que el que es hoy habitual. Se manifiesta as�, en suma, un prop�sito no meramente verbal de dar seriedad a la Justicia. No resulta admisible atribuir muchos errores a los �rganos jurisdiccionales de primera instancia, argumento que, como ya se ha apuntado, est� en contradicci�n con la realidad de las sentencias confirmatorias en segunda instancia. Por lo dem�s, una Ley como �sta debe elaborarse sobre la base de un serio quehacer judicial, en todas las instancias y en los recursos extraordinarios y de ninguna manera puede sustentarse aceptando como punto de partida una supuesta o real falta de calidad en dicho quehacer, defecto que, en todo caso, ninguna ley podr�a remediar.

XVII

En cuanto a la ejecuci�n forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de 1881, presenta una regulaci�n unitaria, clara y completa. Se dise�a un proceso de ejecuci�n id�neo para cuanto puede considerarse genuino t�tulo ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una ejecuci�n forzosa com�n o de garant�a hipotecaria, a la que se dedica una especial atenci�n. Pero esta sustancial unidad de la ejecuci�n forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son enteramente l�gicas. As�, en la oposici�n a la ejecuci�n, las especialidades razonables en funci�n del car�cter judicial o no judicial del t�tulo o las que resultan necesarias cuando la ejecuci�n se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados.

Ning�n r�gimen legal de ejecuci�n forzosa puede evitar ni compensar la morosidad crediticia, obviamente previa al proceso, ni pretender que todos los acreedores ver�n siempre satisfechos todos sus cr�ditos. La presente Ley no pretende contener una nueva f�rmula en esa l�nea de utop�a. Pero s� contiene un conjunto de normas que, por un lado, protegen mucho m�s en�rgicamente que hasta ahora al acreedor cuyo derecho presente suficiente constancia jur�dica y, por otro, regulan situaciones y problemas que hasta ahora apenas se tomaban en consideraci�n o, simplemente, se ignoraban legalmente.

La Ley regula con detalle lo relativo a las partes y sujetos intervinientes en la ejecuci�n, as� como la competencia, los recursos y actos de impugnaci�n de resoluciones y actuaciones ejecutivas concretas -que no han de confundirse con la oposici�n a la ejecuci�n forzosa- y las causas y r�gimen procedimental de la oposici�n a la ejecuci�n y de la suspensi�n del proceso de ejecuci�n.

El incidente de oposici�n a la ejecuci�n previsto en la Ley es com�n a todas las ejecuciones, con la �nica excepci�n de las que tengan por finalidad exclusiva la realizaci�n de una garant�a real, que tienen su r�gimen especial. La oposici�n se sustancia dentro del mismo proceso de ejecuci�n y s�lo puede fundamentarse en motivos tasados, que son diferentes seg�n el t�tulo sea judicial o no judicial.

Absoluta novedad, en esta materia, es el establecimiento de un r�gimen de posible oposici�n a la ejecuci�n de sentencias y t�tulos judiciales. Como es sabido, la Ley de 1881 guardaba completo silencio acerca de la oposici�n a la ejecuci�n de sentencias, generando una indeseable situaci�n de incertidumbre sobre su misma procedencia, as� como sobre las causas de oposici�n admisibles y sobre la tramitaci�n del incidente.

Sin merma de la efectividad de esos t�tulos, deseable por muchos motivos, esta Ley tiene en cuenta la realidad y la justicia y permite la oposici�n a la ejecuci�n de sentencias por las siguientes causas: pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, siempre que se acredite documentalmente; caducidad de la acci�n ejecutiva y existencia de un pacto o transacci�n entre las partes para evitar la ejecuci�n, siempre que el pacto o transacci�n conste en documento p�blico. Se trata, como se ve, de unas pocas y elementales causas, que no pueden dejar de tomarse en consideraci�n, como si la ejecuci�n de una sentencia firme pudiera consistir en operaciones autom�ticas y resultase racional prescindir de todo cuanto haya podido ocurrir entre el momento en que se dict� la sentencia y adquiri� firmeza y el momento en que se inste la ejecuci�n.

La oposici�n a la ejecuci�n fundada en t�tulos no judiciales, se admite por las siguientes causas: pago, que se pueda acreditar documentalmente; compensaci�n, siempre que el cr�dito que se oponga al del ejecutante sea l�quido y resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; pluspetici�n; prescripci�n o caducidad del derecho del ejecutante; quita, espera o pacto de no pedir, que conste documentalmente; y transacci�n, que conste en documento p�blico.

Se trata, como es f�cil advertir, de un elenco de causas de oposici�n m�s nutrido que el permitido en la ejecuci�n de sentencias y otros t�tulos judiciales, pero no tan amplio que convierta la oposici�n a la ejecuci�n en una controversia semejante a la de un juicio declarativo plenario, con lo que podr�a frustrarse la tutela jurisdiccional ejecutiva. Porque esta Ley entiende los t�tulos ejecutivos extrajudiciales, no como un tercer g�nero entre las sentencias y los documentos que s�lo sirven como medios de prueba, sino como genuinos t�tulos ejecutivos, esto es, instrumentos que, por poseer ciertas caracter�sticas, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable de la certeza de una deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecuci�n forzosa.

La oposici�n a la ejecuci�n no es, pues, en el caso de la que se funde en t�tulos ejecutivos extrajudiciales, una suerte de compensaci�n a una pretendida debilidad del t�tulo, sino una exigencia de justicia, lo mismo que la oposici�n a la ejecuci�n de sentencias o resoluciones judiciales o arbitrales. La diferencia en cuanto a la amplitud de los motivos de oposici�n se basa en la existencia, o no, de un proceso anterior. Los documentos a los que se pueden atribuir efectos procesales muy relevantes, pero sin que sea razonable considerarlos t�tulos ejecutivos encuentran, en esta Ley, dentro del proceso monitorio, su adecuado lugar.

Tanto para la ejecuci�n de sentencias como para la de t�tulos no judiciales se prev� tambi�n la oposici�n por defectos procesales: carecer el ejecutado del car�cter o representaci�n con que se le demanda, falta de capacidad o de representaci�n del ejecutante y nulidad radical del despacho de la ejecuci�n.

La Ley simplifica al m�ximo la tramitaci�n de la oposici�n, cualquiera que sea la clase de t�tulo, remiti�ndola, de ordinario, a lo dispuesto para el juicio verbal. Por otra parte, dado que la oposici�n a la ejecuci�n s�lo se abre por causas tasadas, la Ley dispone expresamente que el auto por el que la oposici�n se resuelva circunscribe sus efectos al proceso de ejecuci�n. Si se piensa en procesos declarativos ulteriores a la ejecuci�n forzosa, es obvio que si �sta se ha despachado en virtud de sentencia, habr� de operar la fuerza que a �sta quepa atribuir.

Se regula tambi�n la suspensi�n de la ejecuci�n con car�cter general, excepto para la ejecuci�n hipotecaria, que tiene su r�gimen espec�fico. Las �nicas causas de suspensi�n que se contemplan, adem�s de la derivada del incidente de oposici�n a la ejecuci�n basada en t�tulos no judiciales, son las siguientes: interposici�n y admisi�n de demanda de revisi�n o de rescisi�n de sentencia dictada en rebeld�a; interposici�n de un recurso frente a una actuaci�n ejecutiva cuya realizaci�n pueda producir da�o de dif�cil reparaci�n; situaci�n concursal del ejecutado y prejudicialidad penal.

Con estas normas, la Ley establece un sistema equilibrado que, por una parte, permite una eficaz tutela del derecho del acreedor ejecutante, mediante una relaci�n limitada y tasada de causas de oposici�n y suspensi�n, que no desvirt�a la eficacia del t�tulo ejecutivo, y que, por otro lado, no priva al deudor ejecutado de medios de defensa frente a los supuestos m�s graves de ilicitud de la ejecuci�n.

En materia de ejecuci�n dineraria, la Ley se ocupa, en primer lugar, del embargo o afecci�n de bienes y de la garant�a de esta afecci�n, seg�n la distinta naturaleza de lo que sea objeto de esta fundamental fase de la actividad jurisdiccional ejecutiva. Se define y regula, con claridad sistem�tica y de contenido, la finalidad del embargo y sus actos constitutivos, el criterio de su suficiencia -con la correspondiente prohibici�n del embargo indeterminado- lo que no puede ser embargado en absoluto o relativamente, lo que, embargado err�neamente, debe desafectarse cuanto antes, la ampliaci�n o reducci�n del embargo y la administraci�n judicial como instrumento de afecci�n de bienes para la razonable garant�a de la satisfacci�n del ejecutante.

Es de subrayar que en esta Ley se establece la obligaci�n del ejecutado de formular manifestaci�n de sus bienes, con sus grav�menes. El tribunal, de oficio, le requerir� en el auto en que despache ejecuci�n para que cumpla esta obligaci�n, salvo que el ejecutante, en la demanda ejecutiva, hubiera se�alado bienes embargables del ejecutado, que el mismo ejecutante repute bastantes. Para dotar de eficacia pr�ctica a esta obligaci�n del ejecutado se prev�, aparte del apercibimiento al deudor de las responsabilidades en que puede incurrir, la posibilidad de que se le impongan multas coercitivas peri�dicas hasta que responda debidamente al requerimiento. Esta previsi�n remedia uno de los principales defectos de la Ley de 1881, que se mostraba en exceso complaciente con el deudor, arrojando sobre el ejecutante y sobre el Juez la carga de averiguar los bienes del patrimonio del ejecutado, sin imponer a �ste ning�n deber de colaboraci�n.

Pero no empiezan y acaban con la manifestaci�n de sus bienes por el ejecutado los instrumentos para localizar dichos bienes a los efectos de la ejecuci�n. La Ley prev� que, a instancia del ejecutante que en absoluto haya podido se�alar bienes o que no los haya encontrado en n�mero y con cualidades tales que resulten suficientes para el buen fin de la ejecuci�n, el tribunal requiera de entidades p�blicas y de personas jur�dicas y f�sicas datos pertinentes sobre bienes y derechos susceptibles de ser utilizados para que el ejecutado afronte su responsabilidad. El ejecutante habr� de explicar, aunque sea sucintamente, la relaci�n con el ejecutado de las entidades y personas que indica como destinatarios de los requerimientos de colaboraci�n, pues no ser�a razonable que estas previsiones legales se aprovechasen torcidamente para pesquisas patrimoniales gen�ricas o desprovistas de todo fundamento.

Estas medidas de investigaci�n no se establecen en la Ley como subsidiarias de la manifestaci�n de bienes, sino que, cuando se trate de ejecuci�n forzosa que no requiere requerimiento de pago, pueden acordarse en el auto que despache ejecuci�n y llevarse a efecto de inmediato, lo que se har�, asimismo, sin o�r al ejecutado ni esperar que sea efectiva la notificaci�n del auto de despacho de la ejecuci�n, cuando existan motivos para pensar que, en caso de demora, podr�a frustrarse el �xito de la ejecuci�n.

La tercer�a de dominio no se concibe ya como proceso ordinario definitorio del dominio y con el efecto secundario del alzamiento del embargo del bien objeto de la tercer�a, sino como incidente, en sentido estricto, de la ejecuci�n, encaminado directa y exclusivamente a decidir si procede la desafecci�n o el mantenimiento del embargo. Se trata de una opci�n, recomendada por la doctrina, que ofrece la ventaja de no conllevar una demora del proceso de ejecuci�n respecto del bien correspondiente, demora que, pese a la mayor simplicidad de los procesos ordinarios de esta Ley, no puede dejar de considerarse a la luz de la doble instancia y sin que el nuevo r�gimen de ejecuci�n provisional pueda constituir, en cuanto a la ejecuci�n pendiente, una respuesta adecuada al referido problema.

En cuanto a la tercer�a de mejor derecho o de preferencia, se mantiene en esta Ley, pero con importantes innovaciones, como son la previsi�n del allanamiento del ejecutante o de su desistimiento de la ejecuci�n, as� como la participaci�n del tercerista en los costes econ�micos de una ejecuci�n forzosa no promovida por �l. Por otra parte, a diferencia de la tercer�a de dominio, en la de mejor derecho es necesaria una sentencia del tribunal con fuerza definitoria del cr�dito y de su preferencia, aunque esta sentencia no prejuzgue otras acciones.

No son pocos los cambios y, sobre todo, el orden y previsi�n que esta Ley introduce en el procedimiento de apremio o fase de realizaci�n, previo aval�o, de los bienes afectados a la ejecuci�n, seg�n su diferente naturaleza. Adem�s de colmar numerosas lagunas, se establece una �nica subasta, con disposiciones encaminadas a lograr, dentro de lo posible seg�n las reglas del mercado, un resultado m�s satisfactorio para el deudor ejecutante, procurando, adem�s, reducir el coste econ�mico.

Con independencia de las mejoras introducidas en la regulaci�n de la subasta, la Ley abre camino a v�as de enajenaci�n forzosa alternativas que, en determinadas circunstancias, permitir�n agilizar la realizaci�n y mejorar su rendimiento. As�, se regulan los convenios de realizaci�n entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que, a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el bien se enajene por persona o entidad especializada, al margen, por tanto, de la subasta judicial.

La convocatoria de la subasta, especialmente cuando de inmuebles se trate, se regula de manera que resulte m�s indicativa del valor del bien. La enajenaci�n en subasta de bienes inmuebles recibe la singular atenci�n legislativa que merece, con especial cuidado sobre los aspectos registrales y la protecci�n de terceros. En relaci�n con la subsistencia y cancelaci�n de cargas se ha optado por mantener el sistema de subsistencia de las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta y cancelaci�n de las cargas posteriores, sistema que se complementa deduciendo del aval�o el importe de las cargas subsistentes para determinar el valor por el que los inmuebles han de salir a subasta. Esta soluci�n presenta la ventaja de que asegura que las cantidades que se ofrezcan en la subasta, por peque�as que sean, van a redundar siempre en beneficio de la ejecuci�n pendiente, lo que no se conseguir�a siempre con la tradicional liquidaci�n de cargas.

Otra importante novedad en materia de enajenaci�n forzosa de inmuebles se refiere al r�gimen de audiencia y eventual desalojo de los ocupantes de los inmuebles enajenados en un proceso de ejecuci�n. Nada preve�a al respecto la Ley de 1881, que obligaba a los postores, bien a realizar costosas averiguaciones por su cuenta, bien a formular sus ofertas en condiciones de absoluta incertidumbre sobre si encontrar�an ocupantes o no; sobre si los eventuales ocupantes tendr�an derecho o no a mantener su situaci�n y, en fin, sobre si, aun no teniendo los ocupantes derecho a conservar la posesi�n de la finca, ser�a necesario o no acudir a un quiz� largo y costoso proceso declarativo para lograr el desalojo. Todo esto, como es natural, no contribu�a precisamente a hacer atractivo ni econ�micamente eficiente el mercado de las subastas judiciales.

La presente Ley sale al paso del problema de los ocupantes procurando, primero, que en el proceso de ejecuci�n se pueda tener noticia de su existencia. A esta finalidad se orienta la previsi�n de que, en la relaci�n de bienes que ha de presentar el ejecutado, se indique, respecto de los inmuebles, si est�n ocupados y, en su caso, por qui�n y con qu� t�tulo. Por otro lado, se dispone que se comunique la existencia de la ejecuci�n a los ocupantes de que se tenga noticia a trav�s de la manifestaci�n de bienes del ejecutado o de cualquier otro modo, concedi�ndoles un plazo de diez d�as para presentar al tribunal de la ejecuci�n los t�tulos que justifiquen su situaci�n. Adem�s, se ordena que en el anuncio de la subasta se exprese, con el posible detalle, la situaci�n posesoria del inmueble, para que los eventuales postores puedan evaluar las dificultades que encontrar�a un eventual desalojo.

Finalmente, se regula un breve incidente, dentro de la ejecuci�n, que permite desalojar inmediatamente a quienes puedan ser considerados ocupantes de mero hecho o sin t�tulo suficiente. S�lo el desalojo de los ocupantes que hayan justificado tener un t�tulo que pueda ser suficiente para mantener la posesi�n, requerir� acudir al proceso declarativo que corresponda. De esta forma, la Ley da una respuesta prudente y equilibrada al problema que plantean los ocupantes.

Tambi�n se regula con mayor realismo la administraci�n para pago, que adquiere autonom�a respecto de la realizaci�n mediante enajenaci�n forzosa. En conjunto, los preceptos de este cap�tulo IV del Libro III de la Ley aprovechan la gran experiencia acumulada a lo largo de a�os en que, a falta muchas veces de normas precisas, se han ido poniendo de relieve diversos problemas reales y se han buscado soluciones y formulado propuestas con buen sentido jur�dico.

La Ley dedica un cap�tulo especial a las particularidades de la ejecuci�n sobre bienes hipotecados o pignorados. En este punto, se mantiene, en lo sustancial, el r�gimen precedente de la ejecuci�n hipotecaria, caracterizado por la dr�stica limitaci�n de las causas de oposici�n del deudor a la ejecuci�n y de los supuestos de suspensi�n de �sta. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este r�gimen no vulnera la Constituci�n e introducir cambios sustanciales en el mismo podr�a alterar gravemente el mercado del cr�dito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.

La nueva regulaci�n de la ejecuci�n sobre bienes hipotecados o pignorados supone un avance respecto de la situaci�n precedente ya que, en primer lugar, se trae a la Ley de Enjuiciamiento Civil la regulaci�n de los procesos de ejecuci�n de cr�ditos garantizados con hipoteca, lo que refuerza el car�cter propiamente jurisdiccional de estas ejecuciones, que ha sido discutido en ocasiones; en segundo t�rmino, se regulan de manera unitaria las ejecuciones de cr�ditos con garant�a real, eliminando la multiplicidad de regulaciones existente en la actualidad; y, finalmente, se ordenan de manera m�s adecuada las actuales causas de suspensi�n de la ejecuci�n, distinguiendo las que constituyen verdaderos supuestos de oposici�n a la ejecuci�n (extinci�n de la garant�a hipotecaria o del cr�dito y disconformidad con el saldo reclamado por el acreedor), de los supuestos de tercer�a de dominio y prejudicialidad penal, aunque manteniendo, en todos los casos, el car�cter restrictivo de la suspensi�n del procedimiento.

Menci�n especial ha de hacerse del cambio relativo a la ejecuci�n no dineraria. Era preciso, sin duda, modificar una regulaci�n claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta Ley introduce los requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los deberes de hacer y no hacer y se aparta as� considerablemente de la inmediata inclinaci�n a la indemnizaci�n pecuniaria manifestada en la Ley de 1881. Sin embargo, se evitan las constricciones excesivas, buscando el equilibrio entre el inter�s y la justicia de la ejecuci�n en sus propios t�rminos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no empe�arse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inherentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario.

XVIII

En cuanto a las medidas cautelares, esta Ley las regula en un conjunto unitario de preceptos, del que s�lo se excluyen, por las razones que m�s adelante se dir�n, los relativos a las medidas espec�ficas de algunos procesos civiles especiales. Se supera as� una lamentable situaci�n, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales.

El referido conjunto de preceptos no es, empero, el resultado de agrupar la regulaci�n de las medidas cautelares que pudieran considerarse �cl�sicas�, estableciendo sus presupuestos y su procedimiento. Esta Ley ha optado por sentar con claridad las caracter�sticas generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un r�gimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de n�mero limitado o cerrado. Pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcreci�n o imprudencia. La Ley se apoya en doctrina y jurisprudencia s�lidas y de general aceptaci�n.

El �fumus boni iuris� o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestaci�n de cauci�n son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopci�n de medidas cautelares. La instrumentalidad de las medidas cautelares respecto de la sentencia que pueda otorgar una concreta tutela y, por tanto, la accesoriedad y provisionalidad de las medidas se garantizan suficientemente con normas adecuadas. Se procura, con disposiciones concretas, que las medidas cautelares no se busquen por s� mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal. Pero ha de se�alarse que se establece su r�gimen de modo que los justiciables dispongan de medidas m�s en�rgicas que las que hasta ahora pod�an pedir. Se trata de que las medidas resulten en verdad eficaces para lograr, no s�lo que la sentencia de condena pueda ejecutarse de alguna manera, sino para evitar que sea ilusoria, en sus propios t�rminos.

Aunque necesarias para conjurar el �periculum in mora�, las medidas cautelares no dejan de entra�ar, como es sabido, otros peligros y riesgos. De modo que es preciso tambi�n regular cuidadosamente, y as� se ha pretendido en esta Ley, la oposici�n a las medidas cautelares, su razonable sustituci�n, revisi�n y modificaci�n y las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, haci�ndolas innecesarias o menos gravosas.

Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de comenzar el proceso, junto con la demanda o pendiente ya el litigio. Como regla, no se adoptan sin previa contradicci�n, pero se prev� que, en casos justificados, puedan acordarse sin o�r al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En dichos casos, se establece una oposici�n inmediatamente posterior. En la audiencia previa o en la oposici�n, pero tambi�n m�s tarde, puede entrar en juego la contracautela que sustituya la medida cautelar que se pretende o que ya se haya acordado.

Frente a alguna posici�n partidaria de atribuir el conocimiento y resoluci�n acerca de las medidas cautelares a un �rgano jurisdiccional distinto del competente para el proceso principal, la Ley opta por no separar la competencia, sin perjuicio de que no implique sumisi�n, respecto del proceso, la actuaci�n de la parte pasiva en el procedimiento relativo a medidas solicitadas antes de la interposici�n de la demanda.

Esta opci�n no desconoce el riesgo de que la decisi�n sobre las medidas cautelares, antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la posici�n de una parte, que puedan influir en la sentencia. Pero, adem�s de que ese riesgo existe tambi�n al margen de las medidas cautelares, pues el prejuicio podr�a generarse en la audiencia previa al juicio o tras la lectura de demanda y contestaci�n, esta Ley se funda en una doble consideraci�n.

Considera la Ley, por un lado, que todos los Jueces y Magistrados est�n en condiciones de superar impresiones provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las sucesivas pretensiones de las partes y para atenerse, en definitiva, a los hechos probados y al Derecho que haya de aplicarse.

Y, por otra, no se pierde de vista que las medidas cautelares han de guardar siempre relaci�n con lo que se pretende en el proceso principal e incluso con vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de suerte que es el �rgano competente para dicho proceso quien se encuentra en la situaci�n m�s id�nea para resolver, en especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificaci�n de las medidas o de su sustituci�n por una equitativa contracautela. Todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia.

XIX

La Ley establece los procesos especiales imprescindibles.

En primer lugar, los que, con inequ�vocas e indiscutibles particularidades, han de servir de cauce a los litigios en asuntos de capacidad, filiaci�n y matrimoniales. Se trae as� a la Ley procesal com�n, terminando con una situaci�n deplorable, lo que en ella debe estar, pero que hasta ahora se ha debido rastrear o incluso deducir de disposiciones superlativamente dispersas, oscuras y problem�ticas.

En segundo lugar, los procesos de divisi�n judicial de patrimonios, r�brica bajo la que se regulan la divisi�n judicial de la herencia y el nuevo procedimiento para la liquidaci�n del r�gimen econ�mico matrimonial, que permitir�n solventar cuestiones de esa �ndole que no se hayan querido o podido resolver sin contienda judicial. Y, por �ltimo, dos procesos en cierto modo m�s novedosos que los anteriores: el juicio monitorio y el proceso cambiario.

Por lo que respecta a los procesos en que no rige el principio dispositivo o debe ser matizada su influencia en raz�n de un indiscutible inter�s p�blico inherente al objeto procesal, la Ley no se limita a codificar, sino que, con pleno respeto a las reglas sustantivas, de las que el proceso ha de ser instrumental, dise�a procedimientos sencillos y presta singular atenci�n a los problemas reales mostrados por la experiencia. Destacables resultan las medidas cautelares espec�ficas que se prev�n y que, en aras de las ventajas pr�cticas de una regulaci�n procesal agrupada y completa sobre estas materias, se insertan en estos procesos especiales, en vez de llevarlas, conforme a criterios sistem�ticos tal vez te�ricamente m�s perfectos, a la regulaci�n general de tales medidas.

Para la divisi�n judicial de la herencia dise�a la Ley un procedimiento mucho m�s simple y menos costoso que el juicio de testamentar�a de la Ley de 1881. Junto a este procedimiento, se regula otro espec�ficamente concebido para servir de cauce a la liquidaci�n judicial del r�gimen econ�mico matrimonial, con el que se da respuesta a la imperiosa necesidad de una regulaci�n procesal clara en esta materia que se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la vigencia de la legislaci�n precedente.

En cuanto al proceso monitorio, la Ley conf�a en que, por los cauces de este procedimiento, eficaces en varios pa�ses, tenga protecci�n r�pida y eficaz el cr�dito dinerario l�quido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y peque�os.

En s�ntesis, este procedimiento se inicia mediante solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervenci�n de procurador y abogado. Punto clave de este proceso es que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia jur�dica de la deuda. La ley establece casos generales y otros concretos o t�picos. Es de se�alar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa arm�nicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos t�tulos ejecutivos extrajudiciales.

Si se trata de los documentos que la ley misma considera base de aquella apariencia o si el tribunal as� lo entiende, quien aparezca como deudor es inmediatamente colocado ante la opci�n de pagar o "dar razones", de suerte que si el deudor no comparece o no se opone, est� suficientemente justificado despachar ejecuci�n, como se dispone. En cambio, si se "dan razones", es decir, si el deudor se opone, su discrepancia con el acreedor se sustancia por los cauces procesales del juicio que corresponda seg�n la cuant�a de la deuda reclamada. Este juicio es entendido como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a finalizar, en principio, mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.

Si el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecuci�n seg�n lo dispuesto para las sentencias judiciales. En el seno de esta ejecuci�n forzosa cabe la limitada oposici�n prevista en su lugar, pero con la particularidad de que se cierra el paso a un proceso ordinario en que se reclame la misma deuda o la devoluci�n de lo que pudiera obtenerse en la ejecuci�n derivada del monitorio. Este cierre de las posibilidades de litigar es conforme y coherente con la doble oportunidad de defensa que al deudor le asiste y resulta necesario para dotar de eficacia al procedimiento monitorio.

Conviene advertir, por �ltimo, en cuanto al proceso monitorio, que la Ley no desconoce la realidad de las regulaciones de otros pa�ses, en las que este cauce singular no est� limitado por raz�n de la cuant�a. Pero se ha considerado m�s prudente, al introducir este instrumento de tutela jurisdiccional en nuestro sistema procesal civil, limitar la cuant�a a una cifra razonable, que permite la tramitaci�n de reclamaciones dinerarias no excesivamente elevadas, aunque superiores al l�mite cuantitativo establecido para el juicio verbal.

El juicio cambiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los cr�ditos documentados en letras de cambio, cheques y pagar�s. Se trata de una protecci�n jurisdiccional singular, instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del tr�fico jur�dico. La eficaz protecci�n del cr�dito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte autom�ticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposici�n o si �sta es desestimada. Fuera de los casos de estimaci�n de la oposici�n, el embargo preventivo s�lo puede alzarse ante la alegaci�n fundada de falsedad de la firma o de falta absoluta de representaci�n, configur�ndose as�, en esta Ley, un sistema de tutela jurisdiccional del cr�dito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislaci�n derogada.

XX

Mediante las disposiciones adicionales segunda y tercera se pretende, por un lado, hacer posibles las actualizaciones y adaptaciones de cuant�a que en el futuro sean convenientes, entre las cuales la determinada por la plena implantaci�n del euro y, por otra parte, la efectiva disposici�n de nuevos medios materiales para la constancia de vistas, audiencias y comparecencias.

En cuanto a la disposici�n adicional segunda, el mantenimiento de la cuant�a en pesetas junto a la cuant�a en euros, en ciertos casos, obedece al prop�sito de facilitar la determinaci�n del procedimiento que se ha de seguir en primera instancia y la posibilidad de acceso a algunos recursos, evitando tener que convertir a moneda europea las cuant�as que consten en documentos y registros, quiz� largamente ajenas a dicha moneda, en que haya de fundarse la cuantificaci�n.

Las disposiciones transitorias prev�n, conforme a criterios racionales de f�cil comprensi�n y aplicaci�n, los problemas que se pueden suscitar en cuanto a los procesos pendientes al tiempo de entrar en vigor la Ley, tras la vacaci�n de un a�o prevista en la correspondiente disposici�n final. El criterio general, que se va aplicando a los distintos casos, es el de la m�s r�pida efectividad de la nueva Ley.

La disposici�n derogatoria contiene gran n�mero de normas, a consecuencia de la misma naturaleza de esta Ley y de su empe�o por evitar la simple cl�usula derogatoria general, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del art�culo 2 del C�digo Civil. El f�cil expediente de la mera cl�usula general no s�lo es reprochable desde el punto de vista de la t�cnica jur�dica y, en concreto, de la legislativa, sino que genera con frecuencia graves problemas.

En su primer apartado, la disposici�n derogatoria se refiere, en primer lugar, a la misma Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con necesarias excepciones temporales a la derogaci�n general, en raz�n de futuras Leyes reguladoras de la materia concursal, de la jurisdicci�n voluntaria y de la cooperaci�n jur�dica internacional en materia civil.

Adem�s, se derogan preceptos procesales hasta ahora de una veintena de leyes distintas, as� como, entre otros, el Decreto de 21 de noviembre de 1952, sobre normas procesales de Justicia Municipal, y el Decreto-Ley sobre embargo de empresas, de 20 de octubre de 1969. En numerosas ocasiones, esos preceptos son sustituidos por normas nuevas en la presente Ley. Otras veces, se integran en ella. Y, en ciertos casos, son modificados por medio de disposiciones finales, de diversa �ndole, a las que enseguida se har� referencia.

En lo que afecta al C�digo Civil, ha de destacarse que, si bien se suprimen las normas relativas a los medios de prueba, se mantienen aquellos preceptos relativos a los documentos que pueden tener relevancia, y no peque�a, en el tr�fico jur�dico. Algunos de esos preceptos que permanecen mencionan expresamente la prueba, pero, adem�s de no ser contradictorios, sino arm�nicos, con los de esta Ley, ha de entenderse que tratan de la certeza y eficacia extrajudiciales. La raigambre de dichas normas ha aconsejado no derogarlas, sin perjuicio de la posibilidad de que, en el futuro, sean perfeccionadas.

En cuanto a las disposiciones finales, algunas se limitan a poner en consonancia las remisiones de leyes especiales a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otras, en cambio, modifican la redacci�n de ciertos preceptos en raz�n de las innovaciones contenidas en esta Ley. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos apartados del art�culo 15 y de la disposici�n adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Introducido en nuestro ordenamiento el proceso monitorio y contempladas expresamente en la ley las deudas por plazos impagados contra lo previsto en los contratos regulados en dicha ley, parece obligado que la virtualidad consistente en llevar aparejada ejecuci�n, atribuida a ciertos t�tulos, haya de acomodarse a lo dispuesto para �sta.

La modificaci�n del art�culo 11 de la Ley de Arbitraje viene exigida por el cambio en el tratamiento procesal de la jurisdicci�n que la presente Ley opera. Pero, adem�s, ha de contribuir a reforzar la eficacia de la instituci�n arbitral, pues ser� posible, en adelante, que la sumisi�n a �rbitros se haga valer dentro del proceso judicial de modo que el tribunal se abstenga de conocer al comienzo, y no al final, de dicho proceso, como ocurr�a a consecuencia de configurar como excepci�n dilatoria la alegaci�n de compromiso.

Las reformas en la Ley Hipotecaria, estudiadas con singular detenimiento, buscan cohonestar la regulaci�n de esta Ley con la mayor integridad y claridad de aqu�lla. Son necesarios tambi�n ciertos cambios en las leyes procesales laboral y penal, regulando de modo completo la abstenci�n y recusaci�n en los correspondientes procesos y algunos otros extremos concretos. En la ley procesal penal, resulta oportuno modificar el precepto relativo a los d�as y horas h�biles para las actuaciones judiciales de instrucci�n.

En la l�nea seguida por esta Ley en el sentido de facilitar la prestaci�n de cauciones o la constituci�n de dep�sitos, se reforma la disposici�n adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci�n de Veh�culos a Motor. Lo que importa a la Administraci�n de Justicia, en raz�n de los leg�timos derechos e intereses de muchos justiciables, no es que otros justiciables dispongan de dinero en efectivo para destinarlo a dep�sitos y cauciones, sino que, en su momento, unas determinadas sumas de dinero puedan inmediatamente destinarse a las finalidades que la ley establezca.