Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representaci髇 para la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comit� de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La globalizaci髇 y la digitalizaci髇 han aumentado el riesgo de que gran n鷐ero de consumidores se vean perjudicados por una misma pr醕tica il韈ita. Las infracciones del Derecho de la Uni髇 pueden causar perjuicios al consumidor. Sin medios eficaces para que los consumidores puedan poner fin a las pr醕ticas il韈itas y ser resarcidos, la confianza de los consumidores en el mercado interior se debilita.
• (2) La falta de medios eficaces para hacer cumplir el Derecho de la Uni髇 en materia de protecci髇 de los consumidores tambi閚 podr韆 provocar la distorsi髇 de la competencia leal entre aquellos empresarios que ejercen su actividad a escala nacional o transfronteriza que incumplen la normativa y aquellos que s� la cumplen. Dichas distorsiones pueden dificultar el funcionamiento correcto del mercado interior.
• (3) A tenor del art韈ulo 26, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), la existencia del mercado interior debe implicar un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulaci髇 de mercanc韆s y servicios est� garantizada. El mercado interior debe proporcionar a los consumidores un valor a馻dido en forma de mejor calidad, mayor variedad, precios razonables y normas estrictas de seguridad respecto de los productos y servicios, contribuyendo as� a un alto nivel de protecci髇 de los consumidores.
• (4) El art韈ulo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del TFUE establece que la Uni髇 ha de contribuir a alcanzar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores mediante medidas que adopte en virtud del art韈ulo 114 del TFUE. El art韈ulo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�) dispone que en las pol韙icas de la Uni髇 ha de garantizarse un nivel elevado de protecci髇 de los consumidores.
• (5) La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) permit韆 a las entidades habilitadas el ejercicio de acciones de representaci髇 destinadas principalmente a la cesaci髇 o prohibici髇 de infracciones del Derecho de la Uni髇 que fuesen perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores. No obstante, dicha Directiva no abordaba suficientemente las dificultades relativas a hacer cumplir la normativa en materia de consumo. Para reforzar la disuasi髇 de las pr醕ticas il韈itas y reducir el perjuicio al consumidor en un mercado cada vez m醩 globalizado y digitalizado, es necesario reforzar los mecanismos procesales de protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, para incluir tanto medidas de cesaci髇 como medidas resarcitorias. Habida cuenta de los numerosos cambios que se precisan, procede derogar la Directiva 2009/22/CE y sustituirla por la presente Directiva.
• (6) Los mecanismos procesales para las acciones de representaci髇, tanto para las medidas de cesaci髇 como para las resarcitorias, son diversos dentro de la Uni髇 y ofrecen a los consumidores grados diferentes de protecci髇. Adem醩, algunos Estados miembros no disponen actualmente de ning鷑 mecanismo procesal para las acciones colectivas que persigan medidas resarcitorias. Dicha situaci髇 debilita la confianza de los consumidores y empresas en el mercado interior, y su capacidad para ejercer su actividad en este. Distorsiona la competencia y dificulta la aplicaci髇 efectiva del Derecho de la Uni髇 en el 醡bito de la protecci髇 de los consumidores.
• (7) Por consiguiente, la presente Directiva tiene por objeto garantizar que en todos los Estados miembros los consumidores dispongan, a escala de la Uni髇 y nacional, de al menos un mecanismo procesal efectivo y eficiente de acciones de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 y medidas resarcitorias. La existencia de al menos un mecanismo procesal de esas caracter韘ticas para las acciones de representaci髇 potenciar韆 la confianza de los consumidores y los capacitar韆 para ejercitar sus derechos, contribuir韆 a una competencia m醩 leal y crear韆 unas condiciones de competencia equitativas para los empresarios que ejercen su actividad en el mercado interior.
• (8) La presente Directiva tiene por finalidad contribuir al funcionamiento del mercado interior y alcanzar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores, para lo cual se permite a las entidades habilitadas que representen los intereses colectivos de los consumidores el ejercicio de acciones de representaci髇 para obtener tanto medidas de cesaci髇 como medidas resarcitorias frente a los empresarios que infrinjan disposiciones del Derecho de la Uni髇. Dichas entidades habilitadas deben poder solicitar la cesaci髇 o la prohibici髇 de esa conducta il韈ita y soluciones resarcitorias, seg鷑 corresponda y sea posible conforme al Derecho de la Uni髇 o nacional, como la indemnizaci髇, la reparaci髇 o la reducci髇 del precio.
• (9) Toda acci髇 de representaci髇 debe ofrecer una manera efectiva y eficiente de proteger los intereses colectivos de los consumidores. Debe permitir a las entidades habilitadas actuar con el fin de garantizar que los empresarios cumplan las disposiciones correspondientes del Derecho de la Uni髇 y superar los obst醕ulos a los que se enfrentan los consumidores en las acciones individuales, tales como los relativos a la incertidumbre acerca de sus derechos y acerca de los mecanismos procesales de que disponen, la reticencia psicol骻ica a iniciar acciones y el saldo negativo de los costes previstos frente a los beneficios de la acci髇 individual.
• (10) Es importante garantizar el equilibrio necesario entre mejorar el acceso de los consumidores a la justicia y proporcionar a los empresarios salvaguardias adecuadas para evitar un ejercicio abusivo de la acci髇 procesal, lo que obstaculizar韆 injustificadamente la capacidad de las empresas para ejercer su actividad en el mercado interior. Para prevenir un uso indebido de las acciones de representaci髇, debe evitarse la concesi髇 de indemnizaciones punitivas y deben establecerse normas sobre determinados aspectos procesales, como la designaci髇 y la financiaci髇 de las entidades habilitadas.
• (11) La presente Directiva no debe sustituir los mecanismos procesales nacionales existentes para proteger los intereses colectivos o individuales de los consumidores. Teniendo en cuenta las tradiciones jur韉icas de los Estados miembros, debe quedar a criterio de los Estados miembros integrar el mecanismo procesal para las acciones de representaci髇 que se exige en la presente Directiva como un elemento de un mecanismo procesal existente para la obtenci髇 de medidas colectivas de cesaci髇 o resarcitorias, o como un elemento de un nuevo mecanismo procesal para la obtenci髇 de esas medidas, o como un mecanismo procesal distinto, siempre que al menos un mecanismo procesal nacional para las acciones de representaci髇 cumpla lo dispuesto en la presente Directiva. Por ejemplo, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros adopten normativa sobre acciones para solicitar que los 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas dicten resoluciones declarativas, aunque la presente Directiva no establezca normas sobre este tipo de acciones. Cuando existan mecanismos procesales a escala nacional adem醩 del mecanismo procesal que exige la presente Directiva, la entidad habilitada debe poder elegir qu� mecanismo procesal utilizar.
• (12) De conformidad con el principio de autonom韆 procesal, la presente Directiva no debe contener disposiciones sobre cada aspecto del procedimiento en las acciones de representaci髇. Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros establecer normas, por ejemplo, sobre admisibilidad, prueba o v韆s de recurso, aplicables a las acciones de representaci髇. Por ejemplo, debe corresponder a los Estados miembros determinar el grado de similitud exigido entre las pretensiones individuales o el n鷐ero m韓imo de consumidores afectados por una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias para que el asunto se admita a tr醡ite en tanto que acci髇 de representaci髇. Esas normas nacionales no deben obstaculizar el funcionamiento efectivo del mecanismo procesal para las acciones de representaci髇 que exige la presente Directiva. De conformidad con el principio de no discriminaci髇, los presupuestos de admisibilidad aplicables a determinadas acciones de representaci髇 transfronterizas no deben ser diferentes de los que se aplican a determinadas acciones de representaci髇 nacionales. La decisi髇 de inadmisi髇 de la acci髇 de representaci髇 no debe afectar a los derechos de los consumidores a los que afecte la acci髇.
• (13) El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe reflejar la evoluci髇 reciente en el 醡bito de la protecci髇 de los consumidores. Dado que los consumidores act鷄n ahora en un mercado cada vez m醩 globalizado y digitalizado, conseguir un alto nivel de protecci髇 para ellos requiere que el alcance de la presente Directiva se extienda, adem醩 de a la normativa general de protecci髇 de los consumidores, a 醡bitos como la protecci髇 de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energ韆 y las telecomunicaciones. En particular, toda vez que la demanda de servicios financieros y de inversi髇 por parte de los consumidores ha aumentado, es importante mejorar la aplicaci髇 de la normativa sobre protecci髇 de los consumidores en estos 醡bitos. El mercado de consumo ha evolucionado tambi閚 en el 醡bito de los servicios digitales y existe una mayor necesidad de que la normativa sobre protecci髇 de los consumidores, incluida la protecci髇 de datos, se aplique de manera m醩 eficaz.
• (14) La presente Directiva debe aplicarse a las infracciones de las disposiciones del Derecho de la Uni髇 que se recogen en el anexo I, en la medida en que esas disposiciones protejan los intereses de los consumidores, independientemente de si se hace referencia a ellos como consumidores o como viajeros, usuarios, clientes, inversores minoristas, clientes minoristas, titulares de datos o de otro modo. No obstante, la presente Directiva solo debe proteger los intereses de las personas f韘icas que se hayan visto o puedan verse perjudicadas por dichas infracciones, si esas personas pueden considerarse consumidores con arreglo a la presente Directiva. Las infracciones que perjudiquen a las personas f韘icas consideradas empresarios con arreglo a la presente Directiva no deben incluirse en su 醡bito de aplicaci髇.
• (15) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los actos legislativos enumerados en el anexo I y, por lo tanto, no debe modificar ni ampliar las definiciones establecidas en dichos actos, ni tampoco sustituir los mecanismos de control del cumplimiento que puedan contener. Por ejemplo, los mecanismos de control del cumplimiento previstos o basados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) podr韆n seguir utiliz醤dose, cuando sean de aplicaci髇, para la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores.
• (16) A fin de disipar toda duda, el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe establecerse con la mayor precisi髇 posible en el anexo I. Cuando los actos legislativos enumerados en dicho anexo contengan disposiciones que no est閚 relacionadas con la protecci髇 de los consumidores, el anexo I deber韆 indicar las disposiciones espec韋icas que protegen los intereses de los consumidores. Sin embargo, no siempre es posible hacerlo debido a la estructura de determinados actos legislativos, en particular en el 醡bito de los servicios financieros, incluidos los servicios de inversi髇.
• (17) Para garantizar una respuesta adecuada a las infracciones del Derecho de la Uni髇, cuya forma y escala evolucionan r醦idamente, cada vez que se adopte un nuevo acto de la Uni髇 que sea pertinente para la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, el legislador debe considerar si es necesario modificar el anexo I para incluir el nuevo acto de la Uni髇 en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (18) La decisi髇 de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a aspectos distintos de los incluidos en su 醡bito de aplicaci髇 ha de seguir siendo competencia de los Estados miembros. Por ejemplo, los Estados miembros deben poder mantener o establecer legislaci髇 nacional que corresponda a las disposiciones de la presente Directiva con respecto a litigios no incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 del anexo I.
• (19) Puesto que tanto los procedimientos judiciales como los administrativos pueden ponerse, de forma efectiva y eficiente, al servicio de la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, se deja al criterio de los Estados miembros decidir si la acci髇 de representaci髇 puede ejercitarse en procedimientos judiciales o administrativos, o en ambos, dependiendo del 醡bito jur韉ico o econ髆ico en cuesti髇. Esto debe entenderse sin perjuicio del derecho a una tutela judicial efectiva conforme al art韈ulo 47 de la Carta, en virtud del cual los Estados miembros deben velar por que consumidores y empresarios tengan derecho a una tutela judicial efectiva frente a cualquier decisi髇 administrativa adoptada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposici髇 de la presente Directiva. Ello debe incluir que una de las partes en un litigio pueda obtener una resoluci髇 de suspensi髇 de la ejecuci髇 de la decisi髇 impugnada, de conformidad con el Derecho nacional.
• (20) Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe aplicarse a infracciones tanto nacionales como transfronterizas, en particular cuando los consumidores afectados por una infracci髇 residan en Estados miembros distintos del Estado miembro en el que est� establecido el empresario que haya cometido la infracci髇. Tambi閚 debe aplicarse a las infracciones que hayan cesado antes de que se haya ejercitado o haya concluido la acci髇 de representaci髇, ya que puede ser necesario prevenir la repetici髇 de la pr醕tica mediante su prohibici髇, declarar que una determinada pr醕tica constituye una infracci髇 o facilitar soluciones para los consumidores.
• (21) La presente Directiva no debe afectar a la aplicaci髇 de las normas de Derecho internacional privado en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecuci髇 de resoluciones judiciales o ley aplicable, ni debe establecer ese tipo de normas. Los instrumentos legislativos vigentes del Derecho de la Uni髇 deben aplicarse al mecanismo procesal para las acciones de representaci髇 que exige la presente Directiva. En particular, el Reglamento (CE) n.� 864/2007 (6) , el Reglamento (CE) n.� 593/2008 (7) y el Reglamento (UE) n.� 1215/2012 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo deben aplicarse al mecanismo procesal para las acciones de representaci髇 que exige la presente Directiva.
• (22) Procede se馻lar que el Reglamento (UE) n.� 1215/2012 no regula la competencia de las autoridades administrativas ni el reconocimiento ni la ejecuci髇 de decisiones de dichas autoridades. Estas cuestiones deben dejarse al Derecho nacional.
• (23) Cuando sea adecuado, podr韆 ser posible, de conformidad con las normas de Derecho internacional privado, que una entidad habilitada ejercite una acci髇 de representaci髇 en el Estado miembro en el que haya sido designada o en otro Estado miembro. Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe establecer una distinci髇 entre estos dos tipos de acciones de representaci髇. Cuando una entidad habilitada ejercite una acci髇 de representaci髇 en un Estado miembro distinto de aquel en el que haya sido designada, dicha acci髇 debe considerarse una acci髇 de representaci髇 transfronteriza. Cuando una entidad habilitada ejercite una acci髇 de representaci髇 en el Estado miembro en el que haya sido designada, dicha acci髇 debe considerarse una acci髇 de representaci髇 nacional, aun cuando se ejercite frente a un empresario domiciliado en otro Estado miembro o mediante dicha acci髇 se represente a consumidores de varios Estados miembros. A fin de determinar el tipo de acci髇 de representaci髇 que se ejercita, debe utilizarse como criterio determinante en qu� Estado miembro se ejercita la acci髇 de representaci髇. Por esta raz髇, una acci髇 de representaci髇 nacional no debe poder transformarse en una acci髇 de representaci髇 transfronteriza en el curso de un procedimiento, ni viceversa.
• (24) Las organizaciones de consumidores, en particular, deben desempe馻r un papel activo a la hora de garantizar que se cumplan las disposiciones pertinentes del Derecho de la Uni髇. Se debe considerar que todas ellas se encuentran en buena posici髇 para solicitar la condici髇 de entidad habilitada con arreglo al Derecho nacional. Dependiendo de las tradiciones jur韉icas nacionales, los organismos p鷅licos tambi閚 podr韆n desempe馻r un papel activo a la hora de garantizar que se cumplan las disposiciones pertinentes del Derecho de la Uni髇, ejercitando acciones de representaci髇 tal como se establecen en la presente Directiva.
• (25) A efectos de las acciones de representaci髇 transfronterizas, las entidades habilitadas deben cumplir los mismos criterios de designaci髇 en toda la Uni髇. En particular, deben ser personas jur韉icas debidamente constituidas con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro designante, deben tener un grado determinado de permanencia y actividad p鷅lica, no pueden tener 醤imo de lucro y deben tener un inter閟 leg韙imo, habida cuenta de su finalidad estatutaria, en la protecci髇 de los intereses de los consumidores seg鷑 lo establecido en el Derecho de la Uni髇. Las entidades habilitadas no pueden estar incursas en procedimientos de insolvencia ni estar declaradas insolventes. Deben ser independientes y no estar influidas por personas, distintas de los consumidores, que tengan un inter閟 econ髆ico en el ejercicio de una acci髇 de representaci髇, en particular por empresarios o fondos de inversi髇 especulativos, tambi閚 en un supuesto de financiaci髇 por terceros. Las entidades habilitadas deben haber establecido procedimientos que eviten tal influencia, as� como los conflictos de intereses entre ellas, sus financiadores y los intereses de los consumidores. Deben hacer p鷅lica en t閞minos claros y comprensibles, por cualquier medio adecuado, en particular en su sitio web, informaci髇 que demuestre el cumplimiento de los criterios de designaci髇 como entidad habilitada e informaci髇 general sobre las fuentes de su financiaci髇 en general, la estructura de su organizaci髇, gesti髇 y composici髇, su finalidad estatutaria y sus actividades.
• (26) Los Estados miembros deben poder establecer libremente con arreglo al Derecho nacional los criterios de designaci髇 que se apliquen a las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales. No obstante, los Estados miembros tambi閚 deben poder aplicar los criterios de designaci髇 que se establecen en la presente Directiva para designar a las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas a las entidades habilitadas designadas 鷑icamente para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales.
• (27) Ninguno de los criterios aplicados para la designaci髇 de las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales o transfronterizas debe obstaculizar el funcionamiento efectivo de las acciones de representaci髇 tal como se establecen en la presente Directiva.
• (28) Los Estados miembros deben poder designar con antelaci髇 a entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇. La presente Directiva no deber韆 incentivar a los Estados miembros a introducir la posibilidad de designar a entidades habilitadas con car醕ter ad hoc. No obstante, a los efectos de las acciones de representaci髇 nacionales, los Estados miembros tambi閚 deben poder designar a entidades habilitadas con car醕ter ad hoc para ejercitar una determinada acci髇 de representaci髇 nacional. Debe existir la posibilidad de que dicha designaci髇 la realice el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca del asunto, incluso mediante aceptaci髇, cuando proceda. Ahora bien, a los efectos de las acciones de representaci髇 transfronterizas, se necesitan unas salvaguardias comunes. Por lo tanto, las entidades habilitadas designadas con car醕ter ad hoc no deben poder ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas.
• (29) Debe corresponder al Estado miembro designante velar por que las entidades cumplan los criterios de designaci髇 como entidad habilitada para ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas, evaluar si la entidad habilitada sigue cumpli閚dolos y, en caso necesario, revocar dicha designaci髇. Los Estados miembros deben evaluar, al menos cada cinco a駉s, si las entidades habilitadas siguen cumpliendo los criterios de designaci髇.
• (30) En caso de que surjan dudas sobre el cumplimiento de los criterios de designaci髇 por parte de una entidad habilitada, el Estado miembro que la haya designado debe investigar al respecto y, en su caso, revocar la designaci髇 de esa entidad habilitada. Los Estados miembros deben designar puntos de contacto nacionales para transmitir y recibir solicitudes de investigaci髇.
• (31) Los Estados miembros deben velar por que las entidades habilitadas que hayan sido designadas en otro Estado miembro para ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas puedan ejercitar dichas acciones de representaci髇 ante sus 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas. Por otra parte, las entidades habilitadas de distintos Estados miembros deben poder unir fuerzas en una 鷑ica acci髇 de representaci髇 ante un 鷑ico foro, de conformidad con las correspondientes normas en materia de competencia judicial. Esto debe entenderse sin perjuicio de la prerrogativa del 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca del asunto de examinar si la acci髇 de representaci髇 es apta para ser tramitada como acci髇 de representaci髇 鷑ica.
• (32) Debe garantizarse el reconocimiento mutuo de la legitimaci髇 procesal de las entidades habilitadas designadas para ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas. La identidad de estas entidades habilitadas debe comunicarse a la Comisi髇, y la Comisi髇 debe elaborar una lista de dichas entidades designadas y publicarla. La inclusi髇 en la lista debe servir como prueba de la legitimaci髇 procesal de la entidad habilitada que ejercite la acci髇 de representaci髇. Esto debe entenderse sin perjuicio de la prerrogativa del 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa de examinar si la finalidad estatutaria de la entidad habilitada justifica que ejercite una acci髇 en un caso concreto.
• (33) Las medidas de cesaci髇 tienen por objeto la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores independientemente de cualquier p閞dida, da駉 o perjuicio efectivo que pueda haber sufrido un consumidor concreto. Las medidas de cesaci髇 pueden obligar a los empresarios a hacer algo concreto, como proporcionar a los consumidores la informaci髇 previamente omitida en contravenci髇 de alguna obligaci髇 legal. Una decisi髇 sobre una medida de cesaci髇 no debe depender de que la pr醕tica se realizase con dolo o por negligencia.
• (34) A la hora de ejercitar una acci髇 de representaci髇, la entidad habilitada debe proporcionar al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa informaci髇 suficiente sobre los consumidores afectados por esa acci髇. Dicha informaci髇 debe permitir al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa determinar si es competente y la ley aplicable. En los casos de responsabilidad civil, dicha obligaci髇 implicar韆 comunicar al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho da駉so que afecte a los consumidores. El grado de detalle de la informaci髇 exigida puede diferir en funci髇 de la medida que solicite la entidad habilitada y de si se aplica un mecanismo de inclusi髇 o exclusi髇 voluntarias. Adem醩, a la hora de ejercitar una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇, la posible suspensi髇 o interrupci髇 de los plazos de prescripci髇 aplicables a las subsiguientes solicitudes para obtener soluciones obligar韆 a la entidad habilitada a proporcionar informaci髇 suficiente sobre el grupo de consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇.
• (35) Los Estados miembros deben velar por que las entidades habilitadas puedan solicitar medidas de cesaci髇 y medidas resarcitorias. A fin de garantizar la eficacia procesal de las acciones de representaci髇, los Estados miembros deben poder disponer que las entidades habilitadas puedan solicitar medidas de cesaci髇 y medidas resarcitorias en una 鷑ica acci髇 de representaci髇 o en acciones de representaci髇 distintas. Si se piden en una 鷑ica acci髇 de representaci髇, las entidades habilitadas deben poder solicitar todas las medidas pertinentes en el momento de ejercitar la acci髇 de representaci髇, o bien solicitar primero las medidas de cesaci髇 y, posteriormente, las medidas resarcitorias, si procede.
• (36) La entidad habilitada que ejercite la acci髇 de representaci髇 que dispone la presente Directiva debe solicitar las medidas pertinentes, incluidas medidas resarcitorias, en inter閟 y en nombre de los consumidores afectados por la infracci髇. La entidad habilitada debe tener los derechos y obligaciones procesales que corresponden a la parte demandante en el procedimiento. Debe corresponder a los Estados miembros la decisi髇 de reconocer a los consumidores individuales afectados por la acci髇 de representaci髇 determinados derechos en el marco de la acci髇 de representaci髇, pero esos consumidores individuales no pueden ser parte demandante en el procedimiento. Los consumidores individuales no deben poder interferir en ning鷑 caso en las decisiones relativas al procedimiento que tomen las entidades habilitadas, solicitar individualmente pruebas en el marco del procedimiento ni recurrir individualmente las decisiones de procedimiento del 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa ante el que se ejercite la acci髇 de representaci髇. Tampoco deben tener obligaciones procesales en el marco de la acci髇 de representaci髇 ni soportar las costas procesales, excepto en circunstancias excepcionales.
• (37) Ahora bien, los consumidores afectados por una acci髇 de representaci髇 deben tener derecho a beneficiarse de esta. En las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, los beneficios deben obtenerse en forma de soluciones, como la indemnizaci髇, la reparaci髇, la sustituci髇, la reducci髇 del precio, la resoluci髇 del contrato o el reembolso del precio pagado. En las acciones de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇, el beneficio para los consumidores afectados ser韆 la cesaci髇 o prohibici髇 de la pr醕tica que constituya una infracci髇.
• (38) En las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, la parte perdedora debe soportar las costas procesales causadas por la parte vencedora, de conformidad con las condiciones y excepciones previstas en el Derecho nacional. No obstante, el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa no debe condenar en costas a la parte perdedora en la medida en que dichas costas se hayan causado innecesariamente. Los consumidores individuales afectados por una acci髇 de representaci髇 no deben soportar las costas procesales. No obstante, en circunstancias excepcionales, debe ser posible que los consumidores individuales afectados por una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias puedan ser condenados a pagar las costas procesales causadas como consecuencia de la conducta dolosa o negligente de esos consumidores concretos, como prolongar el procedimiento con una conducta il韈ita. Las costas procesales deben incluir, por ejemplo, todo gasto derivado del hecho de que cualquiera de las partes est� representada por un letrado u otro profesional de la Justicia, y todo coste derivado de la notificaci髇 o traslado o de la traducci髇 de documentos.
• (39) A fin de evitar un ejercicio abusivo de la acci髇 procesal, los Estados miembros deben adoptar nuevas normas o aplicar normas vigentes de Derecho nacional para que el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa pueda decidir desestimar los asuntos manifiestamente infundados tan pronto como reciba la informaci髇 necesaria a fin de motivar dicha decisi髇. Los Estados miembros no deben estar obligados a introducir normas especiales aplicables a las acciones de representaci髇, sino que deben poder aplicar las normas procesales generales, cuando estas cumplan el objetivo de evitar tal ejercicio abusivo.
• (40) Las medidas de cesaci髇 deben comprender medidas definitivas y medidas provisionales. Las medidas provisionales podr韆n consistir en medidas temporales, cautelares y preventivas para poner fin a una pr醕tica en curso o prohibir una pr醕tica en caso de que a鷑 no se haya producido, pero exista el riesgo de que, de producirse, provoque da駉s o perjuicios graves o irreversibles a los consumidores. Las medidas de cesaci髇 tambi閚 podr韆n consistir en medidas declarativas de que una pr醕tica concreta constituye una infracci髇, en los casos en que esa pr醕tica haya cesado antes de que se ejerciten acciones de representaci髇, pero siga siendo necesario declarar que la pr醕tica constituye una infracci髇, por ejemplo, para facilitar actuaciones de seguimiento de las medidas resarcitorias. Adem醩, las medidas de cesaci髇 podr韆n consistir en la obligaci髇 de que el empresario que haya cometido la infracci髇 publique total o parcialmente la resoluci髇 al respecto dictada por el 髍gano jurisdiccional o la autoridad administrativa, en la forma que se considere conveniente, o de que publique una declaraci髇 de rectificaci髇.
• (41) Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, los Estados miembros han de poder establecer la obligaci髇 de que toda entidad habilitada que vaya a ejercitar una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 emprenda una consulta previa con el fin de que el empresario de que se trate tenga la oportunidad de poner fin a la infracci髇 que ser韆 objeto de la acci髇 de representaci髇. Los Estados miembros deben poder exigir que dicha consulta previa se efect鷈 conjuntamente con un organismo p鷅lico independiente designado por ellos. Cuando los Estados miembros hayan establecido una obligaci髇 de consulta previa, debe establecerse un plazo de dos semanas a partir de la recepci髇 de la solicitud de consulta, tras el cual, si no hubiera cesado la infracci髇, el solicitante debe poder ejercitar de inmediato una acci髇 de representaci髇 para obtener una medida de cesaci髇 ante el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa competente. Estos requisitos podr韆n aplicarse tambi閚 a las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, de conformidad con el Derecho nacional.
• (42) Con la presente Directiva se persigue establecer un mecanismo procesal que no afecta a las normas que establecen derechos sustantivos de los consumidores a obtener soluciones contractuales y extracontractuales en caso de que sus intereses se hayan visto perjudicados por una infracci髇, como el derecho a una indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios, la resoluci髇 del contrato, el reembolso, la sustituci髇, la reparaci髇 o la reducci髇 del precio, seg鷑 corresponda y se disponga de ellas en virtud del Derecho de la Uni髇 o nacional. Solo debe ser posible ejercitar acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias seg鷑 dispone la presente Directiva cuando el Derecho de la Uni髇 o nacional prevea dichos derechos sustantivos. La presente Directiva no debe posibilitar que se impongan indemnizaciones punitivas al empresario que haya cometido la infracci髇, de conformidad con el Derecho nacional.
• (43) Los consumidores afectados por una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias deben tener oportunidades adecuadas, una vez ejercitada la acci髇 de representaci髇, de manifestar su voluntad de ser representados o no por la entidad habilitada para ejercitar esa acci髇 de representaci髇 concreta, y de beneficiarse o no de sus correspondientes resultados. Para atenerse mejor a sus tradiciones jur韉icas, los Estados miembros deben prever un mecanismo de inclusi髇 voluntaria o de exclusi髇 voluntaria, o una combinaci髇 de ambos. En un mecanismo de inclusi髇 voluntaria, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de ser representados por la entidad habilitada para ejercitar la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias. En un mecanismo de exclusi髇 voluntaria, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de no ser representados por la entidad habilitada para ejercitar la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias. Los Estados miembros deben poder decidir en qu� fase del procedimiento los consumidores individuales pueden ejercitar su derecho a decidir ser incluidos o excluidos de la acci髇 de representaci髇.
• (44) Los Estados miembros que establezcan un mecanismo de inclusi髇 voluntaria deben poder exigir que algunos consumidores se incluyan en la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, antes de que esta se ejercite, siempre que otros consumidores tengan asimismo una posibilidad de inclusi髇 una vez ejercitada dicha acci髇.
• (45) Ahora bien, para garantizar una buena administraci髇 de justicia y evitar resoluciones contradictorias, debe exigirse un mecanismo de inclusi髇 voluntaria respecto de las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias cuando los consumidores afectados por la infracci髇 no tengan su residencia habitual en el Estado miembro del 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa ante el que se ejercite la acci髇 de representaci髇. En tales situaciones, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de ser representados en dicha acci髇 de representaci髇 para quedar vinculados por el resultado de esta.
• (46) Cuando un consumidor manifieste expresa o t醕itamente su voluntad de ser representado por una entidad habilitada para ejercitar una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, con independencia de que dicha acci髇 se ejercite en el contexto de un mecanismo de inclusi髇 o exclusi髇 voluntarias, no debe poder seguir siendo representado en otras acciones de representaci髇 con el mismo objeto y causa contra el mismo empresario, ni ejercitar acciones individuales con el mismo objeto y causa contra el mismo empresario. No obstante, esto no debe ser de aplicaci髇 cuando un consumidor, tras haber manifestado expresa o t醕itamente su voluntad de ser representado en una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, se excluya despu閟 voluntariamente de dicha acci髇 de conformidad con el Derecho nacional, por ejemplo, cuando posteriormente un consumidor rechace quedar vinculado por un acuerdo.
• (47) Por motivos de diligencia y eficiencia, los Estados miembros, con arreglo al Derecho nacional, han de poder ofrecer a los consumidores la posibilidad de beneficiarse directamente de una medida resarcitoria despu閟 de que haya sido dictada, sin que se le exijan requisitos relativos a su participaci髇 previa en la acci髇 de representaci髇.
• (48) Los Estados miembros deben establecer normas para la coordinaci髇 entre acciones de representaci髇, acciones individuales ejercitadas por los consumidores y cualquier otra acci髇 destinada a proteger los intereses individuales y colectivos de los consumidores tal como se disponga en el Derecho de la Uni髇 y nacional. Las medidas de cesaci髇 ordenadas en el marco de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las acciones individuales para obtener medidas resarcitorias ejercitadas por consumidores perjudicados por la pr醕tica objeto de las medidas de cesaci髇.
• (49) Los Estados miembros deben obligar a las entidades habilitadas a proporcionar informaci髇 suficiente para fundar las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, incluida una descripci髇 del grupo de consumidores afectados por la infracci髇 y las cuestiones de hecho y de Derecho que deben resolverse en el marco de la acci髇 de representaci髇. La entidad habilitada no puede estar obligada a identificar individualmente a todos los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇 para iniciar dicha acci髇. En las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa debe comprobar en la fase m醩 temprana posible del procedimiento si el asunto es apto para serle sometido mediante una acci髇 de representaci髇, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracci髇 y las caracter韘ticas de los da駉s o perjuicios sufridos por los consumidores afectados.
• (50) Las medidas resarcitorias deben identificar a los consumidores individuales o, al menos, describir el grupo de consumidores que tienen derecho a las soluciones que esas medidas resarcitorias proporcionan y, en su caso, indicar el m閠odo de cuantificaci髇 del da駉 o perjuicio y los tr醡ites correspondientes que deban cumplir los consumidores y los empresarios para que se apliquen las soluciones. Los consumidores que tengan derecho a esas soluciones deben poder beneficiarse de ellas sin tener que iniciar un procedimiento distinto. Por ejemplo, la exigencia de un procedimiento distinto implica la obligaci髇 de que el consumidor ejercite una acci髇 individual ante un 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa para cuantificar el da駉 o perjuicio. Por el contrario, para que un consumidor pueda obtener sus soluciones, debe ser posible en el marco de la presente Directiva obligar a los consumidores a cumplir determinados tr醡ites, como presentarse ante una entidad encargada de la ejecuci髇 de la medida resarcitoria.
• (51) Los Estados miembros deben establecer o mantener normas sobre plazos, como los de prescripci髇 u otros l韒ites temporales que deban cumplir los consumidores considerados individualmente para ejercitar su derecho a beneficiarse de las medidas resarcitorias. Los Estados miembros deben poder establecer normas sobre el destino de cualquier cuant韆 restante de fondos indemnizatorios que no se haya recuperado en los plazos establecidos.
• (52) Las entidades habilitadas deben ser totalmente transparentes frente a los 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas respecto de la fuente de financiaci髇 de sus actividades en general y respecto de los fondos que apoyen una acci髇 de representaci髇 espec韋ica para obtener medidas resarcitorias. Esa transparencia es necesaria a fin de permitir que los 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas valoren si la financiaci髇 por terceros, en la medida en que lo permita el Derecho nacional, cumple las condiciones establecidas en la presente Directiva, si existe un conflicto de intereses entre el tercero financiador y la entidad habilitada que pueda suponer un riesgo de ejercicio abusivo de la acci髇 procesal, y si la financiaci髇 por parte de un tercero que tenga un inter閟 econ髆ico en el ejercicio o el resultado de la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias no aparta la acci髇 de representaci髇 de la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores. La informaci髇 proporcionada por la entidad habilitada al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa debe permitir a estos valorar si el tercero podr韆 influir indebidamente en las decisiones relativas al procedimiento de la entidad habilitada en el contexto del ejercicio de la acci髇 de representaci髇, incluidas decisiones sobre acuerdos, de tal manera que resulte perjudicial para los intereses colectivos de los consumidores afectados, y valorar si el tercero proporciona financiaci髇 para una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias contra un demandado que es competidor de ese tercero financiador o contra un demandado del que depende el tercero financiador. Se debe considerar que la financiaci髇 directa de una acci髇 de representaci髇 concreta procedente de un empresario que opera en el mismo mercado que el demandado supone un conflicto de intereses, dado que el competidor podr韆 tener un inter閟 econ髆ico en el resultado de la acci髇 de representaci髇 que no coincida con el inter閟 del consumidor.

  La financiaci髇 indirecta de una acci髇 de representaci髇 por organizaciones financiadas mediante contribuciones iguales de sus miembros o mediante donaciones, incluidas las donaciones de empresarios en el marco de iniciativas de responsabilidad social de las empresas o de financiaci髇 colectiva, debe considerarse una financiaci髇 por terceros siempre que esta financiaci髇 cumpla los requisitos de transparencia, independencia y ausencia de conflictos de intereses. Si se confirma la existencia de un conflicto de intereses, el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa debe estar facultado para tomar las medidas adecuadas, como exigir a la entidad habilitada que rechace o modifique la financiaci髇 en cuesti髇 y, en su caso, denegar la legitimaci髇 procesal de la entidad habilitada o inadmitir una acci髇 de representaci髇 espec韋ica para obtener medidas resarcitorias. Esa denegaci髇 o inadmisi髇 no debe afectar a los derechos de los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇.

• (53) En el marco de las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias, deben fomentarse los acuerdos colectivos destinados a resarcir a los consumidores que hayan sufrido un da駉 o perjuicio.
• (54) El 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa debe poder proponer al empresario y a la entidad habilitada que haya ejercitado la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias que entablen negociaciones con objeto de alcanzar un acuerdo sobre las soluciones que se ofrecer醤 a los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇.
• (55) Todo acuerdo alcanzado en el marco de una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias debe ser homologado por el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, a menos que las condiciones del acuerdo no puedan cumplirse o que el acuerdo sea contrario a normas imperativas de Derecho nacional aplicables a la causa de la acci髇, para las que no exista posibilidad de excepci髇 mediante cl醬sulas contractuales en detrimento de los consumidores. Por ejemplo, podr韆 ser contrario a normas imperativas de Derecho nacional un acuerdo que expresamente mantenga inalterada una cl醬sula contractual por la que se otorgue al empresario el derecho exclusivo a interpretar cualquier otra cl醬sula de ese contrato.
• (56) Los Estados miembros deben poder establecer normas que permitan al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa rechazar tambi閚 la homologaci髇 de un acuerdo cuando considere que no es equitativo.
• (57) Los acuerdos homologados deben ser vinculantes para la entidad habilitada, el empresario y los consumidores individuales afectados. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer normas con arreglo a las cuales se ofrezca a los consumidores individuales afectados la posibilidad de aceptar un acuerdo o de rechazar quedar vinculado por este.
• (58) Para que una acci髇 de representaci髇 resulte eficaz es esencial garantizar que los consumidores reciban informaci髇 sobre ella. En sus sitios web, las entidades habilitadas deben informar a los consumidores acerca de las acciones de representaci髇 que hayan decidido ejercitar ante los 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas, acerca de la situaci髇 de las acciones de representaci髇 que hayan ejercitado y de los resultados de dichas acciones, para permitir a los consumidores tomar decisiones informadas sobre si quieren participar a efectos de una acci髇 de representaci髇 y permitirles cumplir los tr醡ites correspondientes en el momento oportuno. La informaci髇 que las entidades habilitadas est醤 obligadas a proporcionar a los consumidores debe incluir, cuando sea pertinente y adecuado, una explicaci髇 en lenguaje claro del objeto y de las consecuencias jur韉icas posibles o reales de la acci髇 de representaci髇, la intenci髇 de la entidad habilitada de ejercitar la acci髇 de representaci髇, una descripci髇 del grupo de consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇, as� como los tr醡ites necesarios que deben cumplir los consumidores afectados, incluido el aseguramiento de las pruebas necesarias, a fin de que los consumidores puedan beneficiarse de las medidas de cesaci髇, de las medidas resarcitorias o de los acuerdos homologados tal como se establece en la presente Directiva. Dicha informaci髇 debe ser adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso.
• (59) Sin perjuicio de la obligaci髇 de las entidades habilitadas de proporcionar informaci髇, los consumidores afectados deben recibir informaci髇 sobre la acci髇 de representaci髇 en curso para obtener medidas resarcitorias a fin de que puedan manifestar expresa o t醕itamente su voluntad de ser representados en dicha acci髇. Los Estados miembros deben posibilitarlo adoptando normas adecuadas relativas a la difusi髇 de informaci髇 a los consumidores sobre las acciones de representaci髇. Corresponde a los Estados miembros decidir qui閚 debe encargarse de difundir la informaci髇.
• (60) Los consumidores deben ser informados asimismo de las resoluciones firmes por las que se dicten medidas de cesaci髇 o medidas resarcitorias o se homologuen acuerdos, de sus derechos una vez declarada una infracci髇 y de todo tr醡ite que deban cumplir posteriormente los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇, en particular para obtener resarcimiento. Los riesgos para la reputaci髇 asociados a la divulgaci髇 de informaci髇 sobre la infracci髇 tambi閚 son importantes a la hora de disuadir a los empresarios de vulnerar los derechos de los consumidores.
• (61) Para que sea eficaz, la informaci髇 sobre las acciones de representaci髇 en curso y las concluidas debe ser adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso. Esta informaci髇 puede facilitarse, por ejemplo, en el sitio web de la entidad habilitada o del empresario, en bases de datos electr髇icas nacionales, en las redes sociales, en mercados en l韓ea o en peri骴icos de gran difusi髇, incluidos los peri骴icos publicados exclusivamente por medios de comunicaci髇 electr髇icos. Si es posible y adecuado, se debe informar a los consumidores individualmente mediante carta transmitida por medios electr髇icos o en formato papel. Esta informaci髇 debe proporcionarse, previa solicitud, en formatos accesibles para personas con discapacidad.
• (62) Corresponde al empresario que haya cometido la infracci髇 informar, a su cargo, a todos los consumidores afectados, sobre las medidas de cesaci髇 y las medidas resarcitorias definitivas. El empresario debe informar asimismo a los consumidores de todo acuerdo homologado por un 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa. Los Estados miembros deben poder adoptar normas con arreglo a las cuales dicha obligaci髇 dependa de la solicitud de la entidad habilitada. Si, con arreglo al Derecho nacional, es la entidad habilitada o el 髍gano jurisdiccional o la autoridad administrativa quien debe proporcionar a los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇 la informaci髇 sobre las resoluciones firmes y los acuerdos homologados, el empresario no debe tener que facilit醨sela de nuevo. Corresponde a la entidad habilitada informar a los consumidores afectados sobre las resoluciones firmes de inadmisi髇 o de desestimaci髇 de las acciones de representaci髇 para obtener medidas resarcitorias.
• (63) Los Estados miembros deben poder crear bases de datos electr髇icas nacionales, de acceso p鷅lico a trav閟 de sitios web que proporcionen informaci髇 sobre las entidades habilitadas designadas con antelaci髇 para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales y transfronterizas, as� como informaci髇 general sobre las acciones de representaci髇 en curso y concluidas.
• (64) Los Estados miembros deben velar por que la resoluci髇 firme de un 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa de cualquier Estado miembro que declare la existencia de una infracci髇 que perjudique los intereses colectivos de los consumidores pueda ser alegada por todas las partes como prueba en el contexto de cualquier otra acci髇 ante los 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas de dichos Estados miembros, con objeto de obtener medidas resarcitorias contra el mismo empresario por la misma pr醕tica. En consonancia con la independencia del poder judicial y la libre valoraci髇 de la prueba, esto debe entenderse sin perjuicio de la normativa nacional sobre valoraci髇 de la prueba.
• (65) Por lo general, los plazos de prescripci髇 se suspenden cuando se ejercita una acci髇. Sin embargo, las acciones para obtener medidas de cesaci髇 no tienen necesariamente ese efecto respecto a las medidas resarcitorias subsiguientes que puedan derivarse de la misma infracci髇. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que una acci髇 de representaci髇 en curso para obtener medidas de cesaci髇 tenga por efecto suspender o interrumpir los plazos de prescripci髇 aplicables a los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇, de manera que no se impida a esos consumidores el ejercicio posterior, ya sea por s� mismos o representados por una entidad habilitada, de una acci髇 para obtener medidas resarcitorias por la presunta infracci髇, debido a la expiraci髇 de los plazos de prescripci髇 en el transcurso de la acci髇 de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇. A la hora de ejercitar una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇, la entidad habilitada debe determinar suficientemente el grupo de consumidores cuyos intereses se vean afectados por la presunta infracci髇, los cuales podr韆n tener una pretensi髇 derivada de esta y a los que podr韆 afectar la expiraci髇 de los plazos de prescripci髇 durante dicha acci髇 de representaci髇. A fin de disipar toda duda, tambi閚 una acci髇 de representaci髇 en curso para obtener medidas resarcitorias debe tener efectos suspensivos o interrumpir los plazos de prescripci髇 aplicables respecto de los consumidores afectados por la acci髇 de representaci髇.
• (66) Con el fin de garantizar la seguridad jur韉ica, la suspensi髇 o interrupci髇 de los plazos de prescripci髇 fijados de conformidad con la presente Directiva solo debe aplicarse a las pretensiones de resarcimiento frente a infracciones cometidas el 25 de junio de 2023 o despu閟 de esta fecha. Ello no debe impedir que las disposiciones nacionales en materia de suspensi髇 o interrupci髇 de los plazos de prescripci髇 que eran de aplicaci髇 antes del 25 de junio de 2023 se apliquen a las pretensiones de resarcimiento frente a infracciones cometidas antes de dicha fecha.
• (67) Las acciones de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 deben tratarse con la debida diligencia procesal. Cuando la infracci髇 se est� produciendo, la necesidad de diligencia podr韆 ser mayor. Las acciones de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 con efecto provisional deben tramitarse mediante un procedimiento acelerado para evitar que la infracci髇 cause alg鷑 da駉 o perjuicio o lo agrave, en su caso.
• (68) Las pruebas son esenciales para determinar si una acci髇 de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 o medidas resarcitorias est� fundada. Sin embargo, las relaciones entre empresa y consumidor se caracterizan a menudo por la asimetr韆 de la informaci髇 y las pruebas necesarias pueden estar exclusivamente en poder del empresario, de manera que sean inaccesibles para la entidad habilitada. Por tanto, las entidades habilitadas deben tener derecho a pedir al 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa que ordene al empresario exhibir las pruebas pertinentes para su pretensi髇. Por otra parte, teniendo en cuenta el principio de igualdad de armas, el empresario debe tener un derecho similar a solicitar pruebas que obren en poder de la entidad habilitada. La necesidad, el alcance y la proporcionalidad de las 髍denes de exhibir pruebas deben ser valorados detenidamente por el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca de la acci髇 de representaci髇, de conformidad con el Derecho procesal nacional, teniendo en cuenta la protecci髇 de los intereses leg韙imos de terceros y conforme a las normas de la Uni髇 y nacionales aplicables en materia de confidencialidad.
• (69) Con el fin de garantizar la eficacia de las acciones de representaci髇, los empresarios que hayan cometido una infracci髇 deben enfrentarse a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas por incumplimiento o negativa a cumplir una medida de cesaci髇. Los Estados miembros deben velar por que dichas sanciones puedan consistir en multas, por ejemplo, multas condicionales, pagos peri骴icos o multas coercitivas. Tambi閚 debe haber sanciones por incumplimiento o negativa a cumplir una orden de proporcionar informaci髇 a los consumidores afectados sobre las resoluciones o acuerdos que hayan cobrado firmeza, o por incumplimiento o negativa a cumplir una orden de exhibir pruebas. Tambi閚 se debe poder aplicar otro tipo de sanciones, como, por ejemplo, consecuencias procesales, a la negativa a cumplir una orden de exhibir pruebas.
• (70) Teniendo en cuenta que las acciones de representaci髇 persiguen el inter閟 p鷅lico mediante la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, los Estados miembros deben mantener o adoptar medidas con objeto de garantizar que los costes asociados a los procedimientos no sean un obst醕ulo para que las entidades habilitadas ejerciten acciones de representaci髇 en el marco de la presente Directiva. Dichas medidas podr韆n incluir la limitaci髇 de las tasas judiciales o administrativas aplicables, conceder a las entidades habilitadas acceso a asistencia jur韉ica, cuando sea necesario, o facilitarles financiaci髇 p鷅lica para el ejercicio de acciones de representaci髇, incluido apoyo estructural u otros medios de apoyo. No obstante, no debe exigirse a los Estados miembros que financien las acciones de representaci髇.
• (71) La cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇 entre entidades habilitadas de diferentes Estados miembros han demostrado ser 鷗iles, especialmente a la hora de abordar infracciones transfronterizas. Es necesario mantener las medidas de desarrollo de las capacidades y cooperaci髇, y ampliarlas a un mayor n鷐ero de entidades habilitadas en el conjunto de la Uni髇, con el fin de aumentar el ejercicio de las acciones de representaci髇 con implicaciones transfronterizas.
• (72) A los efectos de la evaluaci髇 de la presente Directiva, los Estados miembros deben facilitar a la Comisi髇 datos sobre las acciones de representaci髇 ejercitadas con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros deben proporcionar informaci髇 sobre el n鷐ero y el tipo de acciones de representaci髇 ejercitadas cuyos procedimientos hayan concluido ante sus 髍ganos jurisdiccionales o autoridades administrativas. Tambi閚 debe proporcionarse informaci髇 sobre el resultado de las acciones de representaci髇, como por ejemplo si fueron admitidas y si prosperaron o concluyeron en un acuerdo homologado. Con el fin de aliviar la carga administrativa de los Estados miembros en el cumplimiento de esas obligaciones, debe ser suficiente proporcionar a la Comisi髇 informaci髇 general sobre el tipo de infracciones y las partes, en particular en relaci髇 con las medidas de cesaci髇. En cuanto a las partes, por ejemplo, debe bastar con informar a la Comisi髇 de si la entidad habilitada era una organizaci髇 de consumidores o un organismo p鷅lico y sobre el 醡bito de actividad del empresario, por ejemplo, servicios financieros. Como alternativa, los Estados miembros deben poder facilitar a la Comisi髇 copias de las resoluciones o acuerdos pertinentes. No debe proporcionarse informaci髇 sobre la identidad concreta de los consumidores afectados por las acciones de representaci髇.
• (73) La Comisi髇 debe elaborar un informe, acompa馻do, en su caso, de una propuesta legislativa, en el que se eval鷈 si las acciones de representaci髇 transfronterizas podr韆n abordarse mejor a escala de la Uni髇, mediante la creaci髇 de un Defensor del Pueblo Europeo en materia de acciones de representaci髇 para obtener medidas de cesaci髇 y medidas resarcitorias.
• (74) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta. Por consiguiente, la presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relativos al derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo, as� como al derecho de defensa.
• (75) Por lo que respecta a la normativa medioambiental, la presente Directiva tiene en cuenta el Convenio de la Comisi髇 Econ髆ica para Europa de las Naciones Unidas, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la informaci髇, la participaci髇 del p鷅lico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (獵onvenio de Aarhus�).
• (76) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que en todos los Estados miembros se disponga de un mecanismo de acci髇 de representaci髇 para la protecci髇 de los intereses colectivos de los consumidores, con el fin de garantizar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores y contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las implicaciones transfronterizas de las infracciones, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (77) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisi髇 sobre los documentos explicativos (9) , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de las medidas de transposici髇, cuando est� justificado, uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici髇. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisi髇 de dichos documentos est� justificada.
• (78) Conviene establecer normas para la aplicaci髇 temporal de la presente Directiva.
• (79) Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2009/22/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO 1
OBJETO, 罬BITO DE APLICACI覰 Y DEFINICIONES

CAP蚑ULO 2
ACCIONES DE REPRESENTACI覰

Art韈ulo 4 Entidades habilitadas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las acciones de representaci髇 tal como se establecen en la presente Directiva puedan ser ejercitadas por las entidades habilitadas designadas por ellos para tal fin.

2. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades, en particular las organizaciones de consumidores, incluidas las organizaciones de consumidores que representen a miembros de m醩 de un Estado miembro, puedan ser designadas como entidad habilitada para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales o transfronterizas, o ambas.

3. Los Estados miembros designar醤 a las entidades a que se refiere el apartado 2 que hayan solicitado la designaci髇 como entidad habilitada para ejercitar acciones de representaci髇 transfronterizas, si la entidad cumple todos los criterios siguientes:

• a) es una persona jur韉ica constituida de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de su designaci髇 y puede demostrar que ha desempe馻do de manera efectiva y p鷅lica una actividad durante doce meses en el 醡bito de la protecci髇 de los intereses de los consumidores antes de su solicitud de designaci髇;
• b) su finalidad estatutaria demuestra que tiene un inter閟 leg韙imo en proteger los intereses de los consumidores tal como establecen las disposiciones del Derecho de la Uni髇 que se recogen en el anexo I;
• c) es una entidad sin 醤imo de lucro;
• d) no est� incursa en un procedimiento de insolvencia ni est� declarada insolvente;
• e) es independiente y no est� influida por personas distintas de los consumidores, en particular, por empresarios, que tengan un inter閟 econ髆ico en el ejercicio de cualquier acci髇 de representaci髇, tambi閚 en el supuesto de financiaci髇 por terceros, y a tal fin ha establecido procedimientos para evitar tal influencia, as� como para evitar conflictos de intereses entre la propia entidad, sus financiadores y los intereses de los consumidores;
• f) hace p鷅lica en t閞minos claros y comprensibles, por cualquier medio adecuado, en particular en su sitio web, informaci髇 que demuestra que la entidad cumple los criterios mencionados en las letras a) a e), as� como informaci髇 sobre las fuentes de su financiaci髇 en general, su estructura organizativa, su gesti髇 y composici髇, su finalidad estatutaria y sus actividades.

4. Los Estados miembros velar醤 por que los criterios que utilicen para designar una entidad como entidad habilitada para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales sean conformes con los objetivos de la presente Directiva, para que el funcionamiento de dichas acciones de representaci髇 sea eficaz y eficiente.

5. Los Estados miembros podr醤 decidir que los criterios establecidos en el apartado 3 se apliquen tambi閚 a la designaci髇 de entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇 nacionales.

6. Los Estados miembros podr醤 designar a una entidad como entidad habilitada con car醕ter ad hoc para ejercitar una determinada acci髇 de representaci髇 nacional, a petici髇 de dicha entidad, si cumple los criterios de designaci髇 como entidad habilitada previstos en el Derecho nacional.

7. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, los Estados miembros podr醤 designar a organismos p鷅licos como entidades habilitadas para ejercitar acciones de representaci髇. Los Estados miembros podr醤 disponer que los organismos p鷅licos ya designados como entidades habilitadas seg鷑 el art韈ulo 3 de la Directiva 2009/22/CE conserven dicha designaci髇 a efectos de la presente Directiva.

V閍se Anuncio C/2023/1049. Notificaci髇 de la Comisi髇 conforme al art韈ulo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acci髇 con arreglo al art韈ulo 2 de dicha Directiva (獶.O.U.E.C.� 29 noviembre)LE0000815499_20231130

Art韈ulo 8 Medidas de cesaci髇

1. Los Estados miembros velar醤 por que se disponga de las medidas de cesaci髇 mencionadas en el art韈ulo 7, apartado 4, letra a), en forma de:

• a) una medida provisional al objeto de hacer cesar o, cuando proceda, prohibir una pr醕tica, cuando esta se considere constitutiva de la infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1;
• b) una medida definitiva al objeto de hacer cesar o, cuando proceda, prohibir una pr醕tica, cuando esta se considere constitutiva de la infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1.

2. Las medidas descritas en el apartado 1, letra b), podr醤 incluir, si as� lo dispone el Derecho nacional:

• a) una medida por la que se declare que la pr醕tica constituye la infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, y
• b) una obligaci髇 de publicar total o parcialmente la resoluci髇 sobre la medida, en la forma en que el 髍gano jurisdiccional o autoridad administrativa considere conveniente, o una obligaci髇 de publicar una declaraci髇 de rectificaci髇.

3. Para que la entidad habilitada pueda solicitar una medida de cesaci髇, el consumidor no estar� obligado a manifestar su voluntad de estar representado por ella. La entidad habilitada no tendr� la obligaci髇 de demostrar:

• a) p閞dida, da駉 o perjuicio efectivo de los consumidores considerados individualmente que se vean afectados por la infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, o
• b) dolo o negligencia del empresario.

4. Los Estados miembros podr醤 introducir disposiciones en el Derecho nacional o mantener disposiciones de Derecho nacional por las que solo se permita a una entidad habilitada solicitar las medidas de cesaci髇 previstas en el apartado 1, letra b), previa consulta al empresario de que se trate, para que este cese la infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1. Si el empresario no cesa la infracci髇 en un plazo de dos semanas la fecha de recepci髇 de una solicitud de consulta, la entidad habilitada podr� ejercitar de inmediato una acci髇 de representaci髇 para solicitar una medida de cesaci髇.

Los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 toda disposici髇 de ese tipo que exista en el Derecho nacional. La Comisi髇 garantizar� que dicha informaci髇 est� a disposici髇 del p鷅lico.

V閍se Anuncio C/2024/1125. Notificaci髇 de la Comisi髇 conforme al art韈ulo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acci髇 con arreglo al art韈ulo 2 de dicha Directiva (獶.O.U.E.C.� 2 febrero)LE0000835298_20240203

CAP蚑ULO 3
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 21 Derogaci髇

La Directiva 2009/22/CE queda derogada con efectos a partir del 25 de junio de 2023, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 22, apartado 2, de la presente Directiva.

Las referencias a la Directiva derogada se entender醤 hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

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ANEXO I
LISTA DE DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNI覰 A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ART虲ULO 2, APARTADO 1

1) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximaci髇 de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los da駉s causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

2) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl醬sulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

3) Reglamento (CE) n.� 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compa耥as a閞eas respecto al transporte a閞eo de los pasajeros y su equipaje (DO L 285 de 17.10.1997, p. 1).

4) Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protecci髇 de los consumidores en materia de indicaci髇 de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DO L 80 de 18.3.1998, p. 27).

5) Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garant韆s de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12).

6) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur韉icos de los servicios de la sociedad de la informaci髇, en particular el comercio electr髇ico, en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr髇ico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1): art韈ulos 5 a 7, 10 y 11.

7) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un c骴igo comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67): art韈ulos 86 a 90, 98 y 100.

8) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4): art韈ulos 3 y 5.

A partir de: 13 diciembre 2024

N鷐ero 8) del anexo I redactado, con efectos a partir de 13 de diciembre de 2024, por el art韈ulo 49 del Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.� 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 87/357/CEE del Consejo (獶.O.U.E.L.� 23 mayo)

Efectos / Aplicaci髇: 13 diciembre 2024

9) Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relaci髇 con las redes y los servicios de comunicaciones electr髇icas (Directiva servicio universal) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 51): art韈ulo 10 y cap韙ulo IV.

10) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci髇 de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr髇icas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electr髇icas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37): art韈ulos 4 a 8 y 13.

11) Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).

12) Reglamento (CE) n.� 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislaci髇 alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

13) Reglamento (CE) n.� 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensaci髇 y asistencia a los pasajeros a閞eos en caso de denegaci髇 de embarque y de cancelaci髇 o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.� 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).

14) Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las pr醕ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las pr醕ticas comerciales desleales) (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

15) Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad enga駉sa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

16) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36): art韈ulos 20 y 22.

17) Reglamento (CE) n.� 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte a閞eo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1).

18) Reglamento (CE) n.� 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).

19) Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de cr閐ito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).

20) Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protecci髇 de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso tur韘tico, de adquisici髇 de productos vacacionales de larga duraci髇, de reventa y de intercambio (DO L 33 de 3.2.2009, p. 10).

21) Reglamento (CE) n.� 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotaci髇 de servicios a閞eos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3): art韈ulo 23.

22) Reglamento (CE) n.� 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificaci髇, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.� 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1): art韈ulos 1 a 35.

23) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversi髇 colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

24) Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 55): art韈ulo 3 y anexo I.

25) Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94): art韈ulo 3 y anexo I.

26) Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electr髇ico y su ejercicio, as� como sobre la supervisi髇 prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).

27) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de dise駉 ecol骻ico aplicables a los productos relacionados con la energ韆 (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10): art韈ulo 14 y anexo I.

28) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1): art韈ulos 183 a 186.

29) Reglamento (CE) n.� 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente (DO L 131 de 28.5.2009, p. 24).

30) Reglamento (CE) n.� 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.� 2560/2001 (DO L 266 de 9.10.2009, p. 11).

31) Reglamento (CE) n.� 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neum醫icos en relaci髇 con la eficiencia en t閞minos de consumo de carburante y otros par醡etros esenciales (DO L 342 de 22.12.2009, p. 46): art韈ulos 4 a 6.

32) Reglamento (CE) n.� 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosm閠icos (DO L 342 de 22.12.2009, p. 59): art韈ulos 3 a 8 y 19 a 21.

33) Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinaci髇 de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual (Directiva de servicios de comunicaci髇 audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1): art韈ulos 9 a 11, 19 a 26 y 28 ter.

34) Reglamento (CE) n.� 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecol骻ica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1): art韈ulos 9 y 10.

35) Reglamento (UE) n.� 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por v韆s navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1).

36) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversi髇 alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.� 1060/2009 y (UE) n.� 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

37) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

38) Reglamento (UE) n.� 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autob鷖 y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 1).

39) Reglamento (UE) n.� 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la informaci髇 alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.� 1924/2006 y (CE) n.� 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisi髇, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisi髇, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisi髇 y el Reglamento (CE) n.� 608/2004 de la Comisi髇 (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).

40) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energ閠ica, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1): art韈ulos 9 a 11 bis.

41) Reglamento (UE) n.� 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos t閏nicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.� 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).

42) Reglamento (UE) n.� 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes p鷅licas de comunicaciones m髒iles en la Uni髇 (DO L 172 de 30.6.2012, p. 10).

43) Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63): art韈ulo 13.

44) Reglamento (UE) n.� 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resoluci髇 de litigios en l韓ea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resoluci髇 de litigios en l韓ea en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1): art韈ulo 14.

45) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de cr閐ito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.� 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).

46) Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializaci髇 de instrumentos de pesaje de funcionamiento no autom醫ico (DO L 96 de 29.3.2014, p. 107).

47) Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializaci髇 de material el閏trico destinado a utilizarse con determinados l韒ites de tensi髇 (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).

48) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349): art韈ulos 23 a 29.

49) Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago b醩icas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

50) Reglamento (UE) n.� 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversi髇 minorista vinculados y los productos de inversi髇 basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).

51) Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversi髇 a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).

52) Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relaci髇 con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) n.� 531/2012 (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).

53) Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.� 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (DO L 326 de 11.12.2015, p. 1).

54) Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.� 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).

55) Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribuci髇 de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19): art韈ulos 17 a 24 y 28 a 30.

56) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protecci髇 de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

57) Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.� 178/2002 y el Reglamento (CE) n.� 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1): cap韙ulo II.

58) Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagn髎tico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisi髇 2010/227/UE de la Comisi髇 (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176): cap韙ulo II.

59) Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en l韓ea en el mercado interior (DO L 168 de 30.6.2017, p. 1).

60) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta p鷅lica o admisi髇 a cotizaci髇 de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

61) Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).

62) Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energ閠ico y se deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, p. 1): art韈ulos 3 a 6.

63) Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geogr醘ico injustificado y otras formas de discriminaci髇 por raz髇 de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.� 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 I de 2.3.2018, p. 1): art韈ulos 3 a 5.

64) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el C骴igo Europeo de las Comunicaciones Electr髇icas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36): art韈ulos 88 y 98 a 116 y anexos VI y VIII.

65) Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (DO L 136 de 22.5.2019, p. 1).

66) Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).

67) Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) (DO L 265 de 21.9.2022, p. 1).

LE0000739376_20221102N鷐ero 67) del anexo I introducido, con efectos a partir de 2 de mayo de 2023,爌or el art韈ulo 52 del Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) (獶.O.U.E.L.� 12 octubre)Vigencia: 2 mayo 2023Efectos / Aplicaci髇: 2 mayo 2023

68) Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado 鷑ico de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1).

LE0000740445_20221116N鷐ero 68) del anexo I introducido, con efectos a partir de�17 de febrero de 2024, por el art韈ulo 90 del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado 鷑ico de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (獶.O.U.E.L.� 27 octubre)Vigencia: 17 febrero 2024Efectos / Aplicaci髇: 17 febrero 2024

A partir de: 12 septiembre 2025

N鷐ero 68 (sic) del anexo I introducido, con efectos a partir de 12 de septiembre de 2025, por el art韈ulo 48 del Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilizaci髇, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos) (獶.O.U.E.L.� 22 diciembre)

Efectos / Aplicaci髇: 12 septiembre 2025