1. La llevanza del registro contable de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta correspondientes a una emisi�n ser� atribuida a una �nica entidad.

2. Cuando se trate de valores no admitidos a negociaci�n en mercados secundarios oficiales, dicha entidad ser� libremente designada por la emisora entre las empresas de servicios de inversi�n y entidades de cr�dito autorizadas para realizar la actividad prevista en el p�rrafo a) del apartado 2 del art�culo 63. La designaci�n deber� ser inscrita en el Registro de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores previsto en el art�culo 92 de esta Ley, como requisito previo al comienzo de la llevanza del registro contable. La Sociedad de Sistemas a que se refiere el art�culo 44 bis tambi�n podr� asumir dicha funci�n seg�n los requisitos que, en su caso, se establezcan en el Reglamento a que se refiere dicho art�culo 44 bis, en su apartado 4.

3. Sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Aut�nomas respecto de los valores admitidos a negociaci�n exclusivamente en una Bolsa de Valores radicada en su territorio, cuando se trate de valores admitidos a negociaci�n en las Bolsas de Valores o en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, la llevanza del registro contable corresponder� a la Sociedad de Sistemas, como registro central, y a las entidades participantes autorizadas para ello, o a aqu�lla en exclusiva, si as� se establece, en su caso, reglamentariamente. No obstante, tal llevanza corresponder�, en su caso, a la sociedad rectora de la Bolsa correspondiente si as� se determina, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del art�culo 44 bis.

Cuando se trate de valores admitidos a negociaci�n en otros mercados secundarios, la llevanza del registro corresponder� al organismo o entidad, incluida la Sociedad de Sistemas, que reglamentariamente se determine o que expresamente designen los �rganos rectores de dichos mercados o sistemas organizados de negociaci�n.

4. El Gobierno establecer�, en relaci�n con las distintas entidades a las que se encomienda la llevanza de los registros contables y los distintos tipos de valores, las normas de organizaci�n y funcionamiento de los correspondientes registros, las fianzas y dem�s requisitos que les sean exigibles, los sistemas de identificaci�n y control de los valores representados mediante anotaciones en cuenta, as� como las relaciones de aquellas entidades con los emisores y su intervenci�n en la administraci�n de valores. La citada regulaci�n corresponder� a las Comunidades Aut�nomas competentes cuando hagan uso de la facultad prevista en el apartado segundo del art�culo 44 bis y en relaci�n con los servicios all� contemplados.

5. La falta de pr�ctica de las correspondientes inscripciones, las inexactitudes y retrasos en las mismas y, en general, la infracci�n de las reglas establecidas para la llevanza de los registros dar�n lugar a la responsabilidad de la entidad incumplidora, salvo culpa exclusiva del perjudicado, frente a quienes resulten perjudicados. Dicha responsabilidad, en la medida de lo posible, habr� de hacerse efectiva en especie.

6. Lo se�alado en el presente art�culo respecto de la Sociedad de Sistemas, ser� aplicable a los servicios similares creados por las sociedades rectoras de las Bolsas, al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del art�culo 44 bis, cuando as� se lo autorice la Comunidad Aut�noma correspondiente, previa audiencia del emisor y del servicio.�

1. Se constituir� una sociedad an�nima que, con la denominaci�n de "Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores" (en adelante, la Sociedad de Sistemas), tendr� por funciones:

• a) Llevar, en los t�rminos previstos en el cap�tulo II del T�tulo I de la presente Ley, el registro contable correspondiente a valores representados por medio de anotaciones en cuenta, admitidos a negociaci�n en las Bolsas de Valores o en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, as� como a los valores admitidos a negociaci�n en otros mercados secundarios, cuando sus �rganos rectores lo soliciten.
• b) Gestionar la liquidaci�n y, en su caso, la compensaci�n de valores y efectivo derivada de las operaciones ordinarias realizadas en las Bolsas de Valores, de las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones y, en su caso, en otros mercados secundarios.
• c) Prestar servicios t�cnicos y operativos directamente relacionados con los de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores, y cualesquiera otros requeridos para que la Sociedad de Sistemas colabore y coordine sus actuaciones con otros �mbitos y sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores y pueda participar en estos �ltimos.
• d) Las dem�s que le encomiende el Gobierno, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, del Banco de Espa�a.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que, respecto de los valores admitidos a negociaci�n en una �nica Bolsa de Valores, las Comunidades Aut�nomas con competencia en la materia dispongan la creaci�n por la sociedad rectora de aqu�lla de un servicio propio de llevanza del registro contable de valores representados por medio de anotaciones en cuenta y de compensaci�n y liquidaci�n, el cual tendr�, respecto a dichos valores, las facultades que esta Ley atribuye a la Sociedad de Sistemas. No ser�n aplicables, a este �nico efecto, las restricciones de objeto social y de actividad contenidas en el p�rrafo primero del art�culo 46 y en el p�rrafo primero del art�culo 48. Ser� de aplicaci�n a estos servicios lo dispuesto en el art�culo 7 y en el presente art�culo, salvo las referencias a �rganos o entidades estatales, que se entender�n efectuadas a los correspondientes �rganos auton�micos.

3. El Gobierno establecer� los criterios para determinar las condiciones de acceso y permanencia en el capital de la Sociedad de Sistemas y para distribuir el capital de �sta entre sus accionistas. Entre dichos accionistas podr�n figurar las instituciones no residentes que desarrollen en el extranjero actividades an�logas a las de la Sociedad de Sistemas, siempre que est�n sujetas en el Estado de origen a un r�gimen de supervisi�n de sus actividades de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores al menos equivalente al de la Sociedad de Sistemas, pudiendo �sta �ltima, a su vez, participar en el capital de aqu�llas, en ambos casos, previa autorizaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Las condiciones de las adquisiciones de participaciones y los derechos a que las mismas den lugar, se concretar�n en los correspondientes acuerdos societarios, que estar�n sujetos a previa aprobaci�n por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Siempre que la junta general as� lo hubiera autorizado, para los aumentos, reducciones y enajenaciones de participaciones accionariales que sean precisos a esos efectos bastar� con el acuerdo del Consejo de Administraci�n, no siendo de aplicaci�n a los mismos lo dispuesto en los art�culos 75 a 79, 158 y 164 a 166 de la Ley de Sociedades An�nimas. Los estatutos sociales y sus modificaciones, as� como la suscripci�n y transmisi�n de las acciones, requerir�n la previa aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

4. La Sociedad de Sistemas se regir� por la presente Ley y su normativa de desarrollo, as� como por un Reglamento cuya aprobaci�n corresponder� al Ministro de Econom�a previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, del Banco de Espa�a y de las Comunidades Aut�nomas cuyos Estatutos de Autonom�a les reconozcan competencias en materia de regulaci�n de centros de contrataci�n de valores. Dicho Reglamento regular� el r�gimen de funcionamiento de la Sociedad de Sistemas, los servicios prestados por la misma, as� como su r�gimen econ�mico, los procedimientos de fijaci�n y comunicaci�n de tarifas y las condiciones y principios bajo los cuales dicha Sociedad prestar� los referidos servicios, y el r�gimen jur�dico de las entidades participantes en los sistemas gestionados por dicha sociedad. En particular, establecer� el r�gimen jur�dico de aquellas entidades participantes que lleven cuentas individualizadas correspondientes a los valores de quienes no ostenten dicha condici�n. Asimismo, el Reglamento regular� los procedimientos para asegurar la entrega de valores y su pago, as� como las garant�as de todo tipo que deban constituir las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas.

5. Si una entidad participante dejara de atender, en todo o en parte, la obligaci�n de pago en efectivo derivada de la liquidaci�n, la Sociedad de Sistemas podr� disponer de los valores no pagados, adoptando las medidas necesarias para enajenarlos a trav�s de un miembro del mercado.

6. Sin perjuicio de las obligaciones de informaci�n a que se refiere el n�mero 4 del art�culo 55 de la presente Ley, la Sociedad de Sistemas facilitar� al Ministro de Econom�a y a los distintos organismos supervisores en el �mbito de sus respectivas competencias, la informaci�n sobre las actividades de registro, compensaci�n y liquidaci�n en los sistemas gestionados por ella que aqu�llos le soliciten, siempre que dicha informaci�n est� a su disposici�n de acuerdo con la normativa que le es de aplicaci�n y con sujeci�n a lo previsto en �sta y otras leyes.

7. La Sociedad de Sistemas podr� establecer convenios con entidades residentes y no residentes que desempe�en funciones an�logas, entidades de contrapartida central u otras, con sujeci�n a lo dispuesto en esta Ley, en su normativa de desarrollo y en el Reglamento a que se refiere el apartado 4 anterior, para la apertura y llevanza de cuentas o para otras actividades de la Sociedad de Sistemas.

8. En caso de declaraci�n judicial de quiebra o admisi�n a tr�mite de la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad participante en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas, esta �ltima gozar� de derecho absoluto de separaci�n respecto de los bienes o derechos en que se materialicen las garant�as constituidas por dichas entidades participantes en los sistemas gestionados por aqu�lla. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste despu�s de la liquidaci�n de las operaciones garantizadas se incorporar� a la masa patrimonial concursal del participante.

9. Declarada judicialmente la quiebra o admitida a tr�mite la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este art�culo, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de Espa�a, podr� disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. De igual forma, los titulares de tales valores podr�n solicitar el traslado de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los registros se�alados, esta actividad ser� asumida por la Sociedad de Sistemas de modo provisional, hasta que los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez competente como los �rganos del procedimiento concursal facilitar�n el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentaci�n y registros contables e inform�ticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedir� que se haga llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos econ�micos o de su venta.

10. La Sociedad de Sistemas tendr� la consideraci�n de ente gestor y agente de liquidaci�n de los sistemas de pagos y de compensaci�n y liquidaci�n de valores a que se refiere el art�culo 8 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, en sus p�rrafos c), g) y, en su caso, i), as� como, con sujeci�n a la legislaci�n estatal o de la Comunidad Aut�noma con competencias en la materia que sea de aplicaci�n, de los sistemas a que se refieren los p�rrafos d), e), f) y h) a todos los efectos previstos en dicha Ley y, en particular, a los efectos previstos en los art�culos 11, 13 y 14 de la misma.

11. El Gobierno, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espa�a, podr� autorizar a otras entidades financieras la realizaci�n de todas o algunas de las funciones a que se refiere el apartado 1 del presente art�culo. Dichas entidades se someter�n a lo dispuesto en los apartados 8 y 9 de este art�culo, y deber�n cumplir, en todo caso, con los requisitos m�nimos que se establezcan reglamentariamente, los cuales incluir�n necesariamente el r�gimen de supervisi�n a que deban estar sujetas en el Estado de origen, en su caso, tanto las entidades solicitantes como las que ejerzan el control efectivo de las mismas, acceso a la condici�n de participantes en los sistemas, recursos propios m�nimos, honorabilidad y profesionalidad de los directivos responsables de la entidad, estructura organizativa y operativa, procedimientos operativos y contables, establecimiento de medidas de limitaci�n y control de riesgos y conexi�n a los sistemas de pagos. Asimismo, les ser� de aplicaci�n el mismo r�gimen de supervisi�n y disciplina que a la Sociedad de Sistemas, con las especificaciones que reglamentariamente se establezcan.�

1. El Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Banco de Espa�a, podr� autorizar que una o varias entidades de contrapartida central realicen funciones de interposici�n por cuenta propia, respecto de los procesos de compensaci�n y liquidaci�n de las obligaciones derivadas de la participaci�n de las entidades miembros en los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores o instrumentos financieros reconocidos de conformidad con la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, as� como respecto de operaciones no realizadas en mercados oficiales. La entidad o entidades as� autorizadas desarrollar�n sus actividades con sujeci�n a lo que al respecto establezca el correspondiente Reglamento, que deber� ser aprobado por el Ministro de Econom�a previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, del Banco de Espa�a y de las Comunidades Aut�nomas cuyos Estatutos de Autonom�a les reconozcan competencias en materia de regulaci�n de centros de contrataci�n de valores.

Dicho Reglamento determinar�, como m�nimo, los requisitos de acceso a la condici�n de participante en la misma y establecer� las condiciones t�cnicas, operativas y normativas de acceso a los servicios prestados, las garant�as exigidas a las entidades miembros y la informaci�n que deber�n facilitar las mismas en relaci�n con las operaciones que comuniquen a aqu�lla, as� como el r�gimen econ�mico de la entidad de contrapartida central.

2. La entidad de contrapartida central podr� ejecutar, en nombre y por cuenta de las entidades contratantes, las obligaciones derivadas de contratos marco de operaciones realizadas sobre valores negociables o instrumentos financieros derivados, con sujeci�n a lo dispuesto en �sta o en otras leyes aplicables, as� como en la normativa de desarrollo.

3. La entidad de contrapartida central estar� sujeta a la supervisi�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espa�a, en sus respectivos �mbitos de competencia, y en los t�rminos establecidos en el art�culo 88 de esta Ley.

4. Asimismo, a dicha entidad de contrapartida central le ser� de aplicaci�n lo previsto para la Sociedad de Sistemas en los apartados 8 y 9 del art�culo 44 bis de la presente Ley, as� como lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, para los sistemas regulados en la misma.

5. Con sujeci�n a lo dispuesto en �sta y otras leyes, as� como a lo establecido en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, la entidad de contrapartida central podr� establecer acuerdos con otras entidades residentes y no residentes, cuyas funciones sean an�logas o que gestionen sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores, participar en el accionariado de dichas entidades o admitir a las mismas como accionistas. Dichos acuerdos requerir�n la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

Las menciones espec�ficas al "Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores" y a la Central de Anotaciones del Banco de Espa�a, efectuadas en el articulado de �sta u otras disposiciones normativas, se entender�n hechas a la "Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores".

Las menciones gen�ricas efectuadas en esta Ley a los servicios, procesos u organismos de compensaci�n y liquidaci�n, se entender�n referidas a los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n.�

• �c) Los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores negociados en las Bolsas de Valores y gestionados por la Sociedad de Sistemas, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuya regulaci�n se contiene en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.�

• �g) El sistema de compensaci�n y liquidaci�n relativo a las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones gestionado por la Sociedad de Sistemas a que se refiere el n�mero 1 del art�culo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.�

�5. La participaci�n directa o indirecta de sociedades que administren mercados secundarios oficiales espa�oles en otras sociedades que gestionen mercados secundarios fuera de Espa�a requerir� la autorizaci�n previa de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, quien dispondr� del plazo de dos meses a contar desde la fecha en que haya sido informada para, en su caso, oponerse a la participaci�n. Si la Comisi�n no se pronunciara en dicho plazo se entender� que acepta la solicitud.

6. La participaci�n en el capital de las sociedades que administren mercados secundarios espa�oles quedar� sujeta al r�gimen de participaciones significativas previsto en el art�culo 69 de esta Ley para las empresas de servicios de inversi�n, en los t�rminos que reglamentariamente se determinen. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 de dicho art�culo, el Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr� oponerse a la adquisici�n de una participaci�n significativa en aquellas sociedades cuando estime que ello es necesario para asegurar el buen funcionamiento de los mercados o para evitar distorsiones en los mismos, as� como por no darse un trato equivalente a las entidades espa�olas en su pa�s de origen.�

�1. En el ejercicio de sus funciones de supervisi�n e inspecci�n previstas en la presente y dem�s leyes, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores colaborar� con las autoridades competentes de Estados extranjeros, pudiendo suscribir a tal efecto acuerdos de colaboraci�n. En particular, podr� comunicar informaciones relativas a la direcci�n, gesti�n, solvencia y propiedad de las empresas de servicios de inversi�n y dem�s entidades registradas, as� como las que contribuyan a una mejor supervisi�n de los mercados de valores o sirvan para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares.

Los acuerdos de cooperaci�n en los que se prevea el intercambio de informaci�n con las autoridades u organismos de terceros pa�ses en los que recaiga la funci�n p�blica de supervisi�n de las entidades de cr�dito, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y de los mercados financieros, o la gesti�n de los sistemas de garant�a de dep�sitos o indemnizaci�n de los inversores, requerir�n que el intercambio de informaci�n tenga por objeto el cumplimiento de la labor de supervisi�n de las autoridades u �rganos en cuesti�n. Cuando la informaci�n tenga su origen en otro Estado miembro del Espacio Econ�mico Europeo, no podr� ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado, y, en su caso, �nicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a una solicitud de informaci�n cuando:

La comunicaci�n de la informaci�n pueda ir en perjuicio de la soberan�a, la seguridad o el orden p�blico.

Se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades espa�olas.

Haya reca�do sentencia firme sobre los mismos hechos y respecto de las mismas personas a las que se refiere la solicitud.

En estos casos se notificar� a la autoridad requeriente facilit�ndole la informaci�n m�s detallada posible sobre el procedimiento o la resoluci�n judicial de que se trate.

2. Cuando la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tuviere conocimiento de que en el territorio de otro Estado miembro de la Uni�n Europea se est�n realizando o se han realizado actos contrarios a lo dispuesto en los art�culos 81, 82 y 83 ter o su normativa de desarrollo, lo notificar� detalladamente a la autoridad competente de dicho Estado, a fin de que se tomen las medidas oportunas. Cuando dicha solicitud sea efectuada a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores por la autoridad competente de otro Estado miembro, la Comisi�n Nacional comunicar� a la autoridad competente notificante el resultado y, en la medida de lo posible, los progresos significativos intermedios. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores consultar� con las autoridades competentes de los Estados miembros implicados las medidas de seguimiento a estas actuaciones.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, en relaci�n con las materias reguladas en los art�culos 81, 82 y 83 ter o su normativa de desarrollo, podr� pedir a las autoridades competentes de otros Estados miembros que realicen una investigaci�n en el territorio de �stos. Tambi�n podr� solicitar que se permita que miembros de su personal acompa�en al personal de la autoridad competente de ese otro Estado miembro en el transcurso de la investigaci�n.

Las autoridades competentes de otros Estados miembros tambi�n podr�n solicitar a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores la realizaci�n de investigaciones en relaci�n con las materias se�aladas anteriormente y en las mismas condiciones.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a las solicitudes de investigaci�n a las que se refiere este apartado, o a que su personal est� acompa�ado del personal de la autoridad competente de otro Estado miembro, cuando ello pueda ir en perjuicio de la soberan�a, la seguridad o el orden p�blico, o cuando se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades espa�olas, o cuando sobre aqu�llos haya reca�do una sentencia firme de un juez o tribunal espa�ol por los mismos hechos. En este caso, se notificar� debidamente a la autoridad competente que formul� el requerimiento, facilit�ndole informaci�n lo m�s detallada posible sobre dicho procedimiento o sentencia.

Todas las solicitudes de informaci�n y de asistencia que se realicen o se reciban al amparo de lo dispuesto en este n�mero por las Comunidades Aut�nomas con competencia en la materia se tramitar�n a trav�s de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboraci�n con otros organismos y autoridades extranjeras en relaci�n con el resto de materias reguladas en esta Ley.

3. El acceso de las Cortes Generales a la informaci�n sometida al deber de secreto se realizar� a trav�s del Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� solicitar motivadamente de los �rganos competentes de la C�mara la celebraci�n de sesi�n secreta o la aplicaci�n del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas.�

�4. Sin perjuicio de lo que puedan establecer las leyes especiales, la creaci�n de cualquier mercado o sistema organizado de negociaci�n de valores y otros instrumentos financieros que no tengan la consideraci�n de mercado oficial, deber� ser autorizada, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, por el Gobierno o, en el caso de mercados de �mbito auton�mico, por la Comunidad Aut�noma con competencias en la materia. Ser� causa de revocaci�n de la autorizaci�n el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, se impongan en la autorizaci�n.

En dichos mercados y sistemas existir� una sociedad rectora que tendr� la forma de sociedad an�nima cuyas funciones b�sicas ser�n la organizaci�n, supervisi�n y suministro de la informaci�n del mercado o sistema de negociaci�n, as� como la aprobaci�n del Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n correspondiente. Estas sociedades rectoras no podr�n comprar ni vender para s� los valores ofertados o demandados en el mercado o sistema de negociaci�n, salvo en los supuestos en que dichas sociedades se organicen y act�en como contrapartida central.

El Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n y los Estatutos sociales de la sociedad rectora, as� como su modificaci�n, requerir�n la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

El r�gimen de supervisi�n y sanci�n aplicable a estas instituciones y sus responsables ser� el establecido en el T�tulo VIII de la presente Ley.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podr� desarrollar las normas precisas para la aplicaci�n de este precepto y, en su caso, determinar� el procedimiento y los requisitos de autorizaci�n de los mercados y sistemas de negociaci�n; las funciones y la organizaci�n m�nima con que deben contar las sociedades rectoras; las condiciones generales de honorabilidad y solvencia t�cnica y econ�mica que deban acreditar quienes pretendan ser miembros de las sociedades rectoras; los valores objeto de negociaci�n; el r�gimen de publicidad de los precios y vol�menes ofertados o contratados; el r�gimen de garant�as y el contenido m�nimo del Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n.�

�2. No ser�n consideradas como tales, aun cuando utilicen esa denominaci�n y no hubieran sido previamente descalificadas, aquellas cooperativas de cr�dito que hayan sido sancionadas por la comisi�n de infracciones calificadas de graves o muy graves en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, o incurran en alguna de las circunstancias previstas en el art�culo 13 de esta Ley, con excepci�n de las contempladas en sus apartados 6, 9, 10 y 13 que, a efectos de su aplicaci�n a las cooperativas de cr�dito, quedan sustituidas por las siguientes:

• a) Cuando los retornos fueran acreditados a los socios en proporci�n distinta a las operaciones realizadas con la cooperativa o fuesen distribuidos a terceros no socios. Si existieran socios de trabajo no se perder� la condici�n de protegida cuando los retornos que se les acrediten sean proporcionales a los anticipos laborales percibidos durante el ejercicio econ�mico.
• b) La participaci�n de la cooperativa, en cuant�a superior al 25 por ciento, en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha participaci�n podr� ser superior, cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa.
  
  El conjunto de estas participaciones no podr� superar el 50 por ciento de los recursos propios de la cooperativa.
  
  El Ministro de Econom�a podr� autorizar participaciones superiores, sin p�rdida de la condici�n de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participaci�n coadyuva al mejor cumplimiento de los fines cooperativos y no supone una vulneraci�n de los principios fundamentales de actuaci�n de estas entidades.
• c) La realizaci�n de operaciones activas con terceros no socios en cuant�a superior en el ejercicio econ�mico al 50 por ciento de los recursos totales de la cooperativa.
  
  No se computar�n en el referido porcentaje las operaciones realizadas por las cooperativas de cr�dito con los socios de las cooperativas asociadas, las de colocaci�n de los excesos de tesorer�a en el mercado interbancario, ni la adquisici�n de valores y activos financieros de renta fija para la cobertura de los coeficientes legales o para la colocaci�n de los excesos de tesorer�a.
• d) La reducci�n del capital social a una cantidad inferior al m�nimo obligatorio que el Gobierno determine sin que se restablezca en el plazo reglamentario o la realizaci�n por la cooperativa de operaciones o servicios fuera de su �mbito estatutario sin haber realizado previamente la necesaria ampliaci�n de capital y la preceptiva reforma del Estatuto.�

�3. Para las cooperativas de cr�dito y seguros lo establecido en el presente art�culo s�lo ser� de aplicaci�n cuando su normativa reguladora as� lo establezca expresamente, pudiendo captar recursos con el car�cter de subordinados previo acuerdo del consejo rector, cualquiera que fuere su instrumentaci�n y siempre que tal posibilidad est� expresamente prevista en los Estatutos.�

Con objeto de facilitar la gesti�n de la tesorer�a del Estado, el Ministro de Econom�a podr� autorizar a la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera a realizar operaciones de adquisici�n temporal de activos o de pr�stamo. En dicha autorizaci�n se concretar�n las condiciones en que se podr�n efectuar tales operaciones.

Las operaciones de adquisici�n temporal de activos podr�n tener por objeto valores de Deuda P�blica de cualquier Estado miembro de la Uni�n Europea, as� como de otras entidades p�blicas o instituciones supranacionales u otros valores de renta fija de semejante calidad crediticia, negociados en mercados regulados.�

Los activos a que se refiere el art�culo anterior, que hubieran sido objeto de garant�a a favor del Banco de Espa�a, seg�n lo previsto en la disposici�n adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a, podr�n ser aplicados temporalmente por sus titulares en cobertura de las operaciones de gesti�n de tesorer�a de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera del Estado, instrumentadas a trav�s del Banco de Espa�a, en los t�rminos que el Ministro de Econom�a establezca y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• a) Que el titular de los activos otorgue su consentimiento, el cual podr� prestarse en el contrato o documento de garant�a celebrado con el Banco de Espa�a.
• b) Que existan activos de garant�a disponibles, una vez garantizadas adecuadamente las obligaciones frente al Banco de Espa�a y a satisfacci�n de �ste.

Los activos citados quedar�n sujetos al cumplimiento de las obligaciones frente al Tesoro, teniendo esta garant�a plenos efectos frente a terceros, sin m�s formalidad que la de que el Banco de Espa�a identifique adecuadamente los activos de garant�a afectos al cumplimiento de cada una de dichas obligaciones, realizando el correspondiente desglose. Este desglose deber� ser mantenido mientras la operaci�n de que se trate no haya llegado a su t�rmino. Una vez satisfechas tales obligaciones, los activos quedar�n de nuevo afectos en garant�a frente al Banco de Espa�a.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contra�das frente al Tesoro P�blico, la ejecuci�n de las garant�as aplicadas temporalmente se realizar� por el Banco de Espa�a actuando por cuenta del primero, a trav�s de los procedimientos previstos en el apartado 2 b) de la disposici�n adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a. A estos efectos, la certificaci�n prevista en el primer p�rrafo de dicha letra deber� ser expedida por el Tesoro, debiendo acompa�arse igualmente una certificaci�n del Banco de Espa�a acreditativa de la afecci�n temporal de los activos de garant�a que sean objeto de ejecuci�n.�

�Disposici�n adicional sexta R�gimen jur�dico aplicable a las garant�as constituidas a favor del Banco de Espa�a, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea, en el ejercicio de sus funciones

1. A efectos de lo previsto en la presente disposici�n se entender� por garant�a cualquier dep�sito, prenda, operaci�n simult�nea, compraventa con pacto de recompra, afecci�n, derecho de retenci�n o cualquier otro negocio jur�dico, que recaiga sobre cualquier activo realizable, incluido el dinero en efectivo, y que tenga por finalidad asegurar los derechos y obligaciones derivados de cualquier operaci�n presente o futura, concluida con el Banco de Espa�a, el Banco Central Europeo u otro Banco Central Nacional de la Uni�n Europea.

2. A estas garant�as les ser� de aplicaci�n el siguiente r�gimen jur�dico:

• a) Su constituci�n no requerir� para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervenci�n de notario ni ning�n otro requisito formal, salvo que la constituci�n deber� constar por escrito y ser inscrita en el registro correspondiente por la entidad encargada del mismo. En el supuesto de valores representados mediante t�tulos f�sicos, ser� necesaria, adem�s, su entrega al beneficiario de la garant�a o a un tercero establecido por com�n acuerdo entre las partes.
  
  La formalizaci�n de la correspondiente obligaci�n principal tampoco requerir� para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervenci�n de notario ni el cumplimiento de ning�n otro requisito formal.
  
  La formalizaci�n de las operaciones simult�neas o de compraventa con pacto de recompra se regir�n por su normativa espec�fica.
• b) Para su ejecuci�n bastar� con la certificaci�n expedida por el Banco de Espa�a, el Banco Central Europeo o el Banco Central Nacional de la Uni�n Europea que corresponda, acreditativa de la cuant�a de los importes vencidos, l�quidos y exigibles que se ejecutan, junto con copia del documento de constituci�n de la garant�a.
  
  En esta certificaci�n deber� hacerse constar que la liquidaci�n se ha practicado de conformidad con el acuerdo, pacto o norma de que deriva la obligaci�n de que se trate.
  
  Cuando el objeto de la garant�a est� constituido por activos negociables en un mercado organizado, su ejecuci�n se har� a trav�s del organismo rector correspondiente. En los dem�s casos, se realizar� mediante subasta organizada por el Banco de Espa�a. En todo caso, el sobrante que resulte una vez satisfecha la deuda correspondiente, se reintegrar� a la entidad que haya aportado los citados activos de garant�a.
  
  En las operaciones simult�neas o de compraventa con pacto de recompra, en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes de la operaci�n, se aplicar� lo establecido por la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y su normativa de desarrollo.
• c) Cuando el objeto de la garant�a consista en prenda sobre dep�sitos dinerarios, la entidad depositaria del efectivo deber� anotar en la correspondiente cuenta el saldo pignorado, una vez que tenga constancia del consentimiento del titular de dicha cuenta y de la entidad a cuyo favor se constituye la misma.
  
  La prenda constituida conforme a lo dispuesto en este apartado ser� plenamente v�lida y surtir� plenos efectos contra terceros desde la fecha de la anotaci�n a la que se refiere el p�rrafo anterior, sin necesidad de ninguna otra formalidad. Dicha prenda se ejecutar� por compensaci�n, quedando a disposici�n del titular de la cuenta los fondos sobrantes, si los hubiera, una vez satisfecha la deuda.
  
  A partir de la anotaci�n prevista en el primer p�rrafo de este p�rrafo c), las cantidades ingresadas en la cuenta cuyo saldo permanece pignorado, quedar�n por el mero hecho de su ingreso afectas de manera irrevocable y sin limitaci�n alguna al cumplimiento �ntegro de las obligaciones garantizadas. Igualmente, a partir del momento de la anotaci�n de la prenda, el titular de la cuenta no podr� retirar fondos depositados en la misma, sin el consentimiento previo del beneficiario de la garant�a.
• d) En supuestos de quiebra o suspensi�n de pagos, las operaciones garantizadas con arreglo a lo dispuesto en la presente disposici�n gozar�n de los mismos privilegios que el art�culo 1.926 del C�digo Civil confiere a los cr�ditos pignoraticios.
  
  Las garant�as constituidas de acuerdo con las normas de esta disposici�n, no ser�n susceptibles de embargo, traba, gravamen ni de ninguna otra restricci�n o retenci�n de cualquier naturaleza tanto legal como convencional, desde el momento de su constituci�n.
  
  Ni la constituci�n, aceptaci�n o ejecuci�n de las garant�as a las que se refiere la presente disposici�n, ni el saldo de las cuentas o registros en que se materialicen, ni la formalizaci�n de las obligaciones garantizadas ser�n impugnables en el caso de medidas de car�cter retroactivo, vinculadas a los citados procedimientos concursales.

3. Las partes podr�n pactar que en el caso de variaciones en el precio de los activos objeto de la garant�a, habr�n de aportarse nuevos activos, incluido el efectivo, para restablecer el equilibrio entre el valor de la obligaci�n garantizada y el valor de las garant�as constituidas para asegurarla. En tal caso, dichos activos tendr�n la consideraci�n de parte integrante de la garant�a, si�ndoles de aplicaci�n todo lo dispuesto en la presente disposici�n.

4. La afecci�n de pr�stamos o cr�ditos no hipotecarios como garant�a a favor del Banco de Espa�a, del Banco Central Europeo, o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones presentes o futuras, contra�das frente a ellos por operaciones concluidas en el ejercicio de sus funciones, se regir�, adem�s de por lo dispuesto en el apartado uno, en los p�rrafos a), b) y d) del apartado dos y en el apartado tres de la presente disposici�n, por las siguientes normas:

• a) Los pr�stamos y cr�ditos ser�n susceptibles de afecci�n cualesquiera que sean los requisitos formales o materiales que las partes hubiesen pactado respecto de su cesi�n o gravamen. La afecci�n se referir� �nicamente, salvo pacto en contrario, al derecho de cr�dito dimanante del correspondiente contrato. En ning�n caso el beneficiario de la garant�a asumir� la obligaci�n de poner fondos a disposici�n de los acreditados.
• b) Dicha afecci�n podr� formalizarse en modelo oficial aprobado a tal efecto por el Banco de Espa�a, que producir� todos sus efectos frente a terceros desde su inscripci�n en el Registro que a tal fin establezca el Banco de Espa�a. El documento deber� ser igualmente inscrito en el Registro de Bienes Muebles, regulado en el art�culo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Los documentos as� inscritos ser�n t�tulo suficiente para su ejecuci�n. De no entregarse al beneficiario de la garant�a el documento original del pr�stamo o cr�dito afecto, se har� constar en el mismo la referencia de dicha inscripci�n.
• c) Los frutos de los pr�stamos o cr�ditos afectos corresponder�n, salvo pacto en contrario, a la entidad de cr�dito que aporta la garant�a.
• d) En caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el beneficiario de la garant�a adquirir� la plena titularidad del derecho al cobro de la parte del pr�stamo o cr�dito afecto. No obstante, podr� tambi�n ejecutarse la garant�a mediante subasta organizada por el Banco de Espa�a, seg�n el procedimiento que �ste establezca.�

�Los componentes de tales �rganos ejercer�n sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su funci�n social, debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 8, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta Ley. En cualquier caso, se entender� que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad econ�mica y la vida de los negocios, as� como las buenas pr�cticas comerciales y financieras.�

�1. La representaci�n de los intereses colectivos en la Asamblea General se llevar� a efecto mediante la participaci�n al menos de los grupos siguientes:

• a) Las Corporaciones Municipales en cuyo t�rmino tengan abierta oficina la Entidad.
• b) Los Impositores de la Caja de Ahorros.
• c) Las personas o Entidades Fundadoras de las Cajas. Las personas o Entidades Fundadoras de las Cajas podr�n asignar una parte de su representaci�n a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorros en su �mbito de actuaci�n.
• d) Los empleados de las Cajas de Ahorros.�

�3. La representaci�n de las Administraciones p�blicas y entidades y corporaciones de derecho p�blico en sus �rganos de gobierno, incluida la que corresponda a la entidad fundadora cuando �sta tenga la misma naturaleza, no podr� superar en su conjunto el 50 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de tales �rganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones.

A los efectos de su representaci�n en los �rganos rectores de las cajas de ahorro, el porcentaje de representaci�n asignado al grupo de impositores oscilar� entre un m�nimo del 25 por ciento y un m�ximo del 50 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de los �rganos de gobierno.

El porcentaje de representaci�n del grupo de empleados oscilar� entre un m�nimo de un 5 por ciento y un m�ximo de un 15 por ciento de los derechos de voto en cada �rgano.�

Los Consejeros Generales, en representaci�n del grupo de los impositores de la Caja de Ahorros, ser�n elegidos por compromisarios de entre ellos.

Para la elecci�n de compromisarios, quienes se integren en el grupo de los impositores se relacionar�n en lista �nica o en listas �nicas por circunscripciones, provincias, comarcas o distritos de grandes capitales, no pudiendo figurar m�s que una sola vez, con independencia del n�mero de cuentas de que pudieran ser titulares. En el supuesto de que elaboren listas �nicas por circunscripciones, provincias, comarcas o distritos de grandes capitales, deber� respetarse la proporcionalidad estricta entre el n�mero de impositores y el de compromisarios. La elecci�n se efectuar� ante Notario, mediante sorteo p�blico.�

Los Consejeros Generales deber�n reunir los siguientes requisitos:

• a) Ser persona f�sica, con residencia habitual en la regi�n o zona de actividad de la Caja.
• b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
• c) Tener la condici�n de impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera la designaci�n, con una antig�edad superior a dos a�os en el momento de la elecci�n, as� como, indistintamente, un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la presente Ley, al tiempo de formular la aceptaci�n del cargo, en el caso de ser elegido en representaci�n del grupo de los impositores.
• d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contra�do con la Caja de Ahorros por s� mismos o en representaci�n de otras personas o entidades.
• e) No estar incurso en las incompatibilidades reguladas en el art�culo 8.�

Uno. Los Consejeros Generales ser�n nombrados por un per�odo que ser� el se�alado en los Estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro a�os ni superior a seis. No obstante, los Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de esta Ley, podr�n prever la posibilidad de reelecci�n por otro per�odo igual, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el art�culo 7 y de acuerdo con lo se�alado en el apartado tres. El c�mputo del per�odo de reelecci�n ser� aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios a�os.

La duraci�n del mandato no podr� superar los doce a�os, sea cual sea la representaci�n que ostente. Cumplido el mandato de doce a�os de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho a�os desde dicha fecha, podr� volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley.�

�En tanto no se haya cumplido el plazo para el que fueron designados, y fuera de los casos de renuncia, defunci�n o declaraci�n de fallecimiento o ausencia legal, el nombramiento de los Consejeros ser� irrevocable salvo, exclusivamente, en los supuestos de incompatibilidad sobrevenida, p�rdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designaci�n y acuerdo de separaci�n adoptado por la Asamblea General si se apreciara justa causa.

Se entender� que existe justa causa cuando el Consejero General incumple los deberes inherentes a su cargo, o perjudica con su actuaci�n, p�blica o privada, el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja�.

�Uno. El nombramiento de los vocales del Consejo de Administraci�n y de los miembros de la Comisi�n de Control de su competencia, as� como la adopci�n de los acuerdos de separaci�n del cargo que correspondan de conformidad con lo establecido en el art�culo 18.�

• �b) El nombramiento de los miembros representantes de los impositores se efectuar� por la Asamblea General y de entre los mismos.
  
  No obstante, se podr� designar hasta un m�ximo de dos personas que re�nan los adecuados requisitos de profesionalidad y no sean Consejeros Generales.�

Los vocales del Consejo de Administraci�n deber�n reunir los mismos requisitos que se establecen en el art�culo 7 respecto de los Consejeros Generales, y ser menores de setenta a�os en el momento de la toma de posesi�n, salvo que la legislaci�n de desarrollo de la presente Ley establezca un l�mite de edad distinto.

Los vocales del Consejo de Administraci�n con funciones ejecutivas deber�n poseer, adem�s, los conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones.�

�1. La duraci�n del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administraci�n ser� la se�alada en los Estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro a�os ni superior a seis. No obstante, los Estatutos podr�n prever la posibilidad de reelecci�n, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de esta Ley, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y tr�mites que en el nombramiento.

El c�mputo de este per�odo de reelecci�n ser� aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios a�os.

La duraci�n del mandato no podr� superar los doce a�os, sea cual sea la representaci�n que ostente.

Cumplido el mandato de doce a�os de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho a�os desde dicha fecha, podr� volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley.�

El nombramiento de los vocales del Consejo de Administraci�n ser� irrevocable, siendo de aplicaci�n las mismas salvedades que las previstas para los Consejeros Generales en el art�culo 10 de esta Ley.�

1. El Consejo de Administraci�n ser� el representante de la Entidad para todos los asuntos pertenecientes al giro y tr�fico de la misma, as� como para los litigiosos.

El ejercicio de sus facultades se regir� por lo establecido en los Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General.

2. El Consejo de Administraci�n podr� delegar alguna o algunas de sus facultades de gesti�n en los �rganos de gobierno de las entidades que constituyan y articulen alianzas entre Cajas de Ahorros o los creados al efecto en el seno de la Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorros, con la finalidad de reducir los costes operativos de las entidades que la integren, para aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital. Esta delegaci�n se mantendr� en vigor durante el per�odo de la alianza o mientras las entidades no acuerden su modificaci�n mediante el procedimiento que previamente hayan establecido al efecto. Esta delegaci�n no se extender� al deber de vigilancia de las actividades delegadas ni a las facultades que respecto a las mismas tenga la Comisi�n de Control.�

�1. Los miembros de la Comisi�n de Control ser�n elegidos por la Asamblea General entre los Consejeros Generales que no ostenten la condici�n de vocales del Consejo de Administraci�n, debiendo existir en la misma representantes de los mismos grupos o sectores que compongan la Asamblea General, en id�ntica proporci�n.

La presentaci�n de candidaturas se efectuar� conforme a lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administraci�n.�

�Cinco. Sin perjuicio de lo establecido en este T�tulo, las Cajas de Ahorros podr�n establecer, mediante resoluci�n de su Consejo de Administraci�n, acuerdos de colaboraci�n o cooperaci�n y alianzas con otras Cajas de Ahorros.�

�DISPOSICIONES ADICIONALES

En el caso de Cajas de Ahorros cuyos Estatutos recojan como Entidad fundadora a la Iglesia Cat�lica, el nombramiento, idoneidad y duraci�n del mandato de los representantes de los distintos grupos en los �rganos de gobierno se regir� por los Estatutos vigentes a 1 de noviembre de 2002, debiendo respetar el principio de representatividad de todos los grupos.

En todo caso, considerando el �mbito del Acuerdo internacional de 3 de enero de 1979 sobre asuntos jur�dicos y los principios que recoge el art�culo quinto del mismo, y sin perjuicio de las relaciones que correspondan con las Comunidades Aut�nomas respecto a las actividades desarrolladas en sus territorios, la aprobaci�n de Estatutos, de los Reglamentos que regulen la designaci�n de miembros de los �rganos de Gobierno y del presupuesto anual de la Obra social de las Cajas de Ahorros cuya entidad fundadora directa seg�n los citados estatutos sea la Iglesia Cat�lica o las Entidades de Derecho P�blico de la misma, ser�n competencia del Ministerio de Econom�a, cuando as� lo acredite la Caja interesada ante el referido Ministerio.�

�DISPOSICIONES ADICIONALES

Cuando se produzca una fusi�n entre Cajas de Ahorros que tengan sus sedes sociales situadas en diferentes Comunidades Aut�nomas, la autorizaci�n para la misma habr� de acordarse conjuntamente por los Gobiernos de las Comunidades Aut�nomas afectadas.

En el acto que autorice la fusi�n se determinar� la proporci�n que corresponder� a las Administraciones p�blicas y Entidades y Corporaciones de Derecho P�blico de cada Comunidad en los �rganos de gobierno de la Caja de Ahorros resultante.�

�3. No tendr�n el car�cter de norma b�sica los preceptos de esta Ley que a continuaci�n se relacionan:

El art�culo 2.2, p�rrafo 1;

El art�culo 4;

El art�culo 6.1;

El art�culo 9.2, en cuanto impone la renovaci�n por mitades de la Asamblea General;

El art�culo 12.1, excepto los p�rrafos 1 y 4;

El art�culo 13.2, en lo que se refiere al n�mero m�nimo y m�ximo de vocales del Consejo de Administraci�n, y el 13.3;

El art�culo 14, en cuanto establece el mecanismo relativo a la forma y requisitos de provisi�n de vocales del Consejo de Administraci�n; El �ltimo p�rrafo del art�culo 20.2;

El p�rrafo segundo del art�culo 26, en lo que se refiere a la edad de jubilaci�n del Director general;

Los art�culos 31.3 y 31.4;

La disposici�n transitoria cuarta;

La disposici�n transitoria quinta.�

�Art�culo 83

Por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los l�mites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente.

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de supervivencia o ambos conjuntamente, as� como sobre una o varias cabezas.

Son seguros sobre la vida aquellos en que, cumpliendo lo establecido en los p�rrafos anteriores, la prestaci�n convenida en la p�liza ha sido determinada por el asegurador mediante la utilizaci�n de criterios y bases de t�cnica actuarial.

En los seguros para caso de muerte, si son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado, ser� preciso el consentimiento de �ste, dado por escrito, salvo que pueda presumirse de otra forma su inter�s por la existencia del seguro.

A los efectos de lo indicado en el art�culo 4, en los seguros sobre la vida se entiende que existe riesgo si en el momento de la contrataci�n no se ha producido el evento objeto de la cobertura otorgada en la p�liza.

Si el asegurado es menor de edad, ser� necesaria, adem�s, la autorizaci�n por escrito de sus representantes legales.

No se podr� contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce a�os de edad o de incapacitados. Se except�an de esta prohibici�n, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la p�liza o al valor de rescate.�

1. A los efectos del presente T�tulo, los recursos propios de las entidades de cr�dito y de los grupos consolidables de entidades de cr�dito comprenden:

El capital social.

El fondo fundacional.

Las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros.

Las reservas.

Los fondos y provisiones gen�ricos.

Los fondos de la Obra Ben�fico-Social de las Cajas de Ahorros y los de educaci�n y promoci�n de las Cooperativas de Cr�ditos.

Las participaciones preferentes.

Las financiaciones subordinadas.

Otras partidas exigibles o no, susceptibles de ser utilizadas en la cobertura de p�rdidas.

De estos recursos se deducir�n las p�rdidas, as� como cualesquiera activos que puedan disminuir la efectividad de dichos recursos para la cobertura de p�rdidas.

2. Las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros son valores negociables que representan aportaciones dinerarias de duraci�n indefinida, que pueden ser aplicadas en igual proporci�n y a los mismos destinos que los fondos fundacionales y las reservas de la Entidad.

3. La emisi�n de cuotas participativas supondr� la constituci�n de los siguientes fondos:

• a) Fondo de Participaci�n: ser� igual a la suma del valor nominal de las cuotas participativas que se emiten.
• b) Fondo de Reservas de los Cuotapart�cipes: estar� integrado por el porcentaje del excedente de libre disposici�n correspondiente a las cuotas participativas que no fue destinado ni al Fondo de Estabilizaci�n ni satisfecho efectivamente a los cuotapart�cipes.
• c) Fondo de Estabilizaci�n: tendr� como finalidad evitar las fluctuaciones excesivas en la retribuci�n de las cuotas participativas. La dotaci�n de este Fondo, as� como la aplicaci�n de los recursos del mismo a la retribuci�n de las cuotas participativas deber� acordarse por la Asamblea General. La constituci�n del Fondo de Estabilizaci�n ser� optativa.

El Fondo de Participaci�n, el Fondo de Reservas de los Cuotapart�cipes y, en caso de existir, el Fondo de Estabilizaci�n se aplicar�n a la compensaci�n de p�rdidas en la misma proporci�n y orden en que lo sean los fondos fundacionales y las reservas.

El Fondo de Participaci�n y el Fondo de Reservas de Cuotapart�cipes tendr�n la consideraci�n de recursos propios.

4. Las cuotas participativas confieren a sus titulares los siguientes derechos de car�cter econ�mico:

• a) Participaci�n en el reparto del excedente de libre disposici�n de la caja en la proporci�n que el volumen de cuotas en circulaci�n suponga sobre el patrimonio de la caja m�s el volumen de cuotas en circulaci�n. Se entiende por volumen de cuotas en circulaci�n la suma del Fondo de Participaci�n y el Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes y el Fondo de Estabilizaci�n de las emisiones de cuotas participativas en circulaci�n, y por patrimonio el Fondo Fundacional, las reservas generales de la caja y el Fondo para riesgos bancarios generales.
• b) Suscripci�n preferente de cuotas participativas en nuevas emisiones, sin perjuicio de su supresi�n en los t�rminos legalmente previstos.
• c) Obtenci�n de su valor liquidativo en el caso de liquidaci�n.
• d) Obtenci�n, en los casos de amortizaci�n previstos en el apartado 9 de este art�culo, del valor de mercado de las cuotas participativas.
• e) Percepci�n de una retribuci�n de car�cter variable con cargo a la parte del excedente de libre disposici�n que les corresponda o, en su caso, al Fondo de Estabilizaci�n.

Se entiende por valor liquidativo de cada cuota la parte que corresponda a cada cuota del Fondo de Participaci�n, del Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes y del Fondo de Estabilizaci�n, minorada o incrementada por la parte que le sea atribuible de la p�rdida o beneficio del balance de liquidaci�n no distribuido anteriormente.

Se entiende por valor de mercado la media de la cotizaci�n en mercado secundario de las �ltimas 30 sesiones previas a la determinaci�n del hecho que conlleva la operaci�n de amortizaci�n. Caso de no ser posible esta determinaci�n, el valor vendr� determinado por la valoraci�n efectuada por un auditor independiente elegido por sorteo de entre los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que hayan auditado entidades de cr�dito excluyendo al propio auditor de cuentas de la Caja.

Las cuotas carecen de todo derecho pol�tico.

Podr� crearse un sindicato de cuotapart�cipes, cuyo Presidente podr� asistir a las Asambleas Generales de la Caja con voz y sin voto. En sus normas de funcionamiento, el sindicato se regular� por lo que se disponga en las normas de desarrollo de esta Ley.

Las Cajas de Ahorros habr�n de consignar en la emisi�n de las cuotas participativas una cl�usula de amortizaci�n autom�tica para el supuesto de producirse una modificaci�n del r�gimen jur�dico relativo a los derechos pol�ticos de los cuotapart�cipes. La amortizaci�n a que se refiere el presente p�rrafo deber� llevarse a cabo de acuerdo con un plan espec�fico, que deber� ser aprobado por el Banco de Espa�a, de modo que no se vea afectada la solvencia de la Entidad.

5. Las cuotas participativas no podr�n emitirse por un valor inferior a su nominal. Su emisi�n deber� efectuarse con prima cuando sea necesario para evitar la diluci�n de los derechos preexistentes sobre el patrimonio y los excedentes futuros. La prima se asignar� a las reservas generales de la caja y al fondo de reserva de los cuotapart�cipes en la proporci�n que determine el acuerdo de emisi�n. El punto de partida para la valoraci�n de la prima de emisi�n ser� el valor econ�mico de la Caja de Ahorros que deber� tener en cuenta, entre otros, el valor del fondo de comercio, plusval�as latentes y capacidad real de generaci�n de beneficios en el futuro.

Las cuotas participativas tendr�n car�cter nominativo y se desembolsar�n �ntegramente en el momento de la emisi�n. Su contravalor ser� siempre en dinero.

Podr�n emitirse cuotas participativas de distinta clase o serie, correspondiendo a todas las cuotas de la misma clase iguales derechos.

6. El volumen de cuotas participativas en circulaci�n, no podr� superar el 50 por 100 del patrimonio de la Caja.

7. Las cuotas participativas cotizar�n en mercados secundarios organizados. No obstante, ninguna persona, natural o jur�dica, o grupo econ�mico, podr� ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por importe superior al 5 por 100 de las cuotas totales vigentes. Caso de superarse el mismo, se proceder� a la suspensi�n de todos los derechos econ�micos de las cuotas adquiridas por la persona o grupo econ�mico.

Lo anterior se entender� sin perjuicio de la posibilidad de que el Fondo de Garant�a de Dep�sitos u otras entidades del sector de Cajas de Ahorros, previamente autorizadas por el Banco de Espa�a, puedan superar el l�mite del 5 por 100 de cuotas participativas emitidas por una Caja de Ahorros en situaciones de excepcional gravedad que pongan en peligro la efectividad de sus recursos propios, as� como la estabilidad, liquidez y solvencia de la entidad emisora.

8. El �rgano competente para acordar cada emisi�n de cuotas participativas ser� la Asamblea General, que podr� delegar esta competencia en el Consejo de Administraci�n de la Caja.

Estar� prohibida la adquisici�n originaria de cuotas participativas, por parte de la Caja o su grupo econ�mico; no obstante, s� se podr� realizar una adquisici�n derivativa, siempre que el valor nominal de las cuotas que obren en poder de la entidad o su grupo consolidable no exceda del 5 por 100 de las cuotas totales emitidas.

9. En los casos de fusi�n, la Caja de Ahorros emisora otorgar� a los cuotapart�cipes un plazo m�nimo de un mes, contado desde la inscripci�n del correspondiente acuerdo en el Registro Mercantil, para que �stos puedan, si lo desean, ceder sus cuotas a la Caja. �sta deber� abonar por ellas el valor de mercado determinado en el apartado 4.

Caso de superar el l�mite previsto en el apartado anterior la Caja deber� proceder a la enajenaci�n o amortizaci�n, en el plazo m�ximo de tres meses, de ese exceso sobre el l�mite m�ximo permitido.

10. El excedente de libre disposici�n que, de acuerdo con el apartado 4, corresponda a las cuotas participativas se distribuir� entre los siguientes destinos:

Fondo de Reserva de los Cuotapart�cipes.

Retribuci�n efectiva de los Cuotapart�cipes.

Fondo de Estabilizaci�n, en su caso.

La retribuci�n anual de las cuotas y su distribuci�n deber� ser aprobada por la Asamblea General, quien tendr� en cuenta el coeficiente de solvencia de la Caja a la hora de realizar tal distribuci�n.

Cuando la Caja de Ahorros o grupo consolidado al que pertenezca presente un d�ficit de recursos propios sobre el m�nimo legalmente exigido, se destinar� al Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes el 100 por 100 del excedente anual correspondiente a las cuotas y la retribuci�n de los cuotapart�cipes con cargo al Fondo de Estabilizaci�n requerir� previa autorizaci�n del Banco de Espa�a.

11. La Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorros podr� emitir cuotas participativas de asociaci�n, si�ndoles de aplicaci�n lo dispuesto en los apartados anteriores con las adaptaciones que establezca el Gobierno.

12. Se habilita al Gobierno para regular los criterios para la asignaci�n de las primas de emisi�n, la retribuci�n en efectivo a que se refiere el p�rrafo e) del apartado 4, y la atribuci�n de reservas que no procedan de aplicaci�n de resultados, en su caso, de las cuotas participativas, as� como las partidas que integran los recursos propios y sus deducciones, pudiendo establecer l�mites o condiciones a aquellas que presenten una eficacia reducida para la cobertura de p�rdidas.�

�Las Cajas de Ahorro deber�n destinar a reservas o fondos de previsi�n no imputables a riesgos espec�ficos, un 50 por 100, como m�nimo, de aquella parte de los excedentes de libre disposici�n que no sea atribuible a los cuotapart�cipes. Este porcentaje podr� ser reducido por el Banco de Espa�a cuando los recursos propios superen en m�s de un tercio los m�nimos establecidos.�

�3. Los valores y otros activos que integren la cartera no podr�n pignorarse ni constituir garant�a de ninguna clase, salvo para servir de garant�a en las operaciones que la instituci�n realice en los mercados secundarios oficiales. En su caso, los valores y activos que integren la cartera deber�n estar depositados bajo la custodia de los depositarios regulados en la presente Ley. No obstante, podr�n ser objeto de operaciones de pr�stamo burs�til o de pr�stamo de valores con los l�mites y garant�as que establezca el Ministro de Econom�a.�

�1. Las normas de la presente disposici�n se aplicar�n a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensaci�n contractual o en relaci�n con el mismo, siempre que en el mismo concurran los siguientes requisitos:

• a) Que al menos una de las partes del acuerdo sea una entidad de cr�dito o una empresa de servicios de inversi�n, o una entidad no residente autorizada para llevar a cabo las actividades reservadas en la legislaci�n espa�ola a las referidas entidades o empresas.
• b) Que el acuerdo prevea la creaci�n de una �nica obligaci�n jur�dica que abarque todas las operaciones financieras citadas incluidas en el mismo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes s�lo tendr�n derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidaci�n de dichas operaciones. El saldo neto deber� ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensaci�n contractual o en los acuerdos que guarden relaci�n con el mismo.

2. Se considerar�n a efectos de esta disposici�n operaciones financieras las siguientes:

• a) Las realizadas sobre los instrumentos financieros previstos en el p�rrafo 2.� del art�culo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, incluidos los derivados de cr�dito.
• b) Las operaciones dobles o con pacto de recompra definidas en la disposici�n adicional duod�cima de esta Ley, cualesquiera que sean los activos sobre los que recaen, y, en general, las cesiones temporales de activos.
• c) Los pr�stamos de valores.
• d) Las garant�as y las cesiones en garant�a u otras operaciones con finalidad directa o indirecta de garant�a vinculadas al propio acuerdo de compensaci�n contractual que tenga por objeto deuda p�blica, otros valores negociables o efectivo. La ejecuci�n de las operaciones se�aladas en este p�rrafo, en su caso, se llevar� a cabo en la forma prevista en el acuerdo de compensaci�n contractual o en los acuerdos que guarden relaci�n con el mismo.

Las operaciones financieras a que se refiere este apartado ser�n v�lidas y eficaces frente a terceros, cualquiera que sea la Ley que la rija, sin m�s requisitos que su formalizaci�n documental privada y la entrega, transmisi�n o anotaci�n registral de los valores, seg�n proceda, y el dep�sito o transferencia del efectivo, siendo de aplicaci�n lo dispuesto en la disposici�n adicional sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

3. La declaraci�n del vencimiento anticipado, resoluci�n, terminaci�n, ejecuci�n o efecto equivalente de las operaciones financieras definidas en los apartados anteriores realizadas en el marco de un acuerdo de compensaci�n contractual o en relaci�n con el mismo, no podr� verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por un estado o solicitud de quiebra, suspensi�n de pagos, liquidaci�n, administraci�n, intervenci�n o concurso de acreedores que afecte a cualquiera de las partes de dicho acuerdo, sus filiales o sucursales.

En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensaci�n contractual se halle en una de las situaciones concursales previstas en el p�rrafo anterior, se incluir� como cr�dito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en el mismo o en los acuerdos que guarden relaci�n con �l.

4. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensaci�n contractual que las regula s�lo podr�n ser impugnados al amparo del p�rrafo segundo del art�culo 878 del C�digo de Comercio, mediante acci�n ejercitada por los s�ndicos de la quiebra, en la que se demuestre fraude en dicha contrataci�n.�

�4. Lo previsto en los apartados 3 y 4 de la disposici�n adicional d�cima de esta Ley ser� de aplicaci�n a las operaciones contempladas en el apartado 1 de esta disposici�n que se realicen sobre otros activos financieros en garant�a de las obligaciones generales contra�das frente al Banco de Espa�a en ejercicio de sus operaciones de pol�tica monetaria.�

�Las participaciones hipotecarias agrupadas en los fondos de titulizaci�n de activos podr�n corresponder a pr�stamos y cr�ditos que no re�nan los requisitos establecidos en la Secci�n 2.� de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci�n del Mercado Hipotecario. Estas participaciones se emitir�n y comercializar�n con la denominaci�n de "certificados de transmisi�n de hipoteca".�

�1. Las Sociedades de Capital-Riesgo son sociedades an�nimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que, en el momento de la toma de participaci�n, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores.�

�4. A los efectos de esta Ley, tambi�n tendr�n la consideraci�n de empresas no financieras aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones emitidas por entidades pertenecientes a sectores no financieros�.

�3. Se considerar�n inversiones propias del objeto de la actividad de capital-riesgo previsto en el art�culo 2.1 de la presente Ley, la inversi�n en valores emitidos por empresas cuyo activo est� constituido en m�s de un 50 por 100 por inmuebles siempre que se encuentren directamente adscritos a una finalidad o actividad empresarial que no sea la estrictamente inmobiliaria.�

�2. Las entidades de capital-riesgo podr�n invertir hasta el 25 por 100 de su activo en empresas pertenecientes a su grupo o al de su sociedad gestora, tal y como �ste se define en el art�culo 4 de la Ley 24/1988, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que los estatutos o reglamentos contemplen estas inversiones.
• b) Que la entidad o, en su caso, su sociedad gestora disponga de un procedimiento interno formal, recogido en su reglamento interno de conducta, que permita evitar conflictos de inter�s y cerciorarse de que la operaci�n se realiza en inter�s exclusivo de la entidad. La verificaci�n del cumplimiento de estos requisitos corresponder� a una comisi�n independiente creada en el seno de su consejo o a un �rgano interno de la sociedad gestora al que se encomiende esta funci�n.
• c) Que en los folletos y en la informaci�n p�blica peri�dica de la entidad se informe con detalle de las inversiones realizadas en entidades del grupo.�

�2. El capital social suscrito m�nimo ser� de 1.200.000 euros, debi�ndose desembolsar en el momento de su constituci�n, al menos, el 50 por 100 y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres a�os desde la constituci�n de la sociedad. Los desembolsos del capital social m�nimo deber�n realizarse en efectivo o en bienes que integren su inmovilizado, no pudiendo superar estos �ltimos el 10 por 100 de su capital social.

Los desembolsos adicionales al capital social m�nimo o las posteriores ampliaciones de �ste podr�n realizarse, adem�s, en inmovilizado o activos financieros aptos para la inversi�n conforme a la secci�n 2.� del cap�tulo II del T�tulo I de esta Ley.�

�4. La transformaci�n, fusi�n, escisi�n y las dem�s operaciones societarias que realice una sociedad de capital-riesgo o que conduzcan a la creaci�n de una sociedad de capital-riesgo, requerir�n aprobaci�n previa del Ministro de Econom�a, siendo de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 8 de la presente Ley.�

�(...) Asimismo, las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisi�n o reembolso de acciones o participaciones representativas de los fondos propios de las sociedades y fondos de capital riesgo disfrutar�n de la deducci�n prevista en el art�culo 28.5 de esta Ley, cualquiera que sea el porcentaje de participaci�n y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.�

�2. Con arreglo a lo que establezcan las normas que, con car�cter general, regulan la contrataci�n por v�a electr�nica, se habilita al Ministro de Econom�a para regular las especialidades de la contrataci�n de servicios de inversi�n de forma electr�nica, garantizando la protecci�n de los leg�timos intereses de la clientela y sin perjuicio de la libertad de contrataci�n que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las empresas de servicios de inversi�n y su clientela.�

• �g) Regular las especialidades de la contrataci�n de servicios bancarios de forma electr�nica con arreglo a lo que establezcan las normas que, con car�cter general, regulan la contrataci�n por v�a electr�nica.�

�No obstante, la actividad profesional ejercida por personas f�sicas o jur�dicas distintas de las entidades de cr�dito, descrita en el apartado siguiente, queda sujeta a autorizaci�n administrativa previa del Banco de Espa�a.�

�Para obtener y conservar la mencionada autorizaci�n ser� necesario que los titulares o responsables de la actividad cuenten con reconocida honorabilidad comercial y profesional as� como, en el caso de que la actividad incluya la gesti�n de transferencias con el exterior, que, para garantizar una gesti�n sana y prudente del establecimiento, se considere adecuada, en los t�rminos que se fijen reglamentariamente, la idoneidad de los accionistas que de forma directa o indirecta posean participaciones en el capital o derechos de voto del establecimiento que representen un porcentaje igual o superior al 5 por ciento de los mismos.�

�Adem�s, reglamentariamente se establecer� la exigencia de especiales requisitos de naturaleza societaria a los establecimientos que realicen operaciones de venta de billetes extranjeros o cheques de viajero o gesti�n de transferencias internacionales, as� como las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de todos los requisitos exigidos para obtener la autorizaci�n.

Corresponder� al Banco de Espa�a la supervisi�n y el control de los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la venta de billetes extranjeros o cheques de viajero o gesti�n de transferencias internacionales. Cuando se trate de establecimientos autorizados �nicamente para la realizaci�n de operaciones de compra, la vigilancia y el control del cumplimiento de las disposiciones relativas al r�gimen de transparencia de las operaciones e informaci�n a la clientela sobre las mismas corresponder� a la Administraci�n que tenga atribuidas las competencias relativas a la defensa de consumidores y usuarios.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia de blanqueo de capitales y de las competencias del Banco de Espa�a para exigir a todos los establecimientos inscritos en sus registros las informaciones, incluso de orden estad�stico, que considere necesarias para su correcta gesti�n.�

�El r�gimen sancionador aplicable a los titulares de establecimientos de cambio de moneda, as� como a sus administradores y directivos, ser� el establecido en el T�tulo I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan atendiendo a la especial naturaleza de sus funciones, as� como el procedimiento sancionador establecido para los sujetos que participan en los mercados financieros. En el caso de que el titular del establecimiento de cambio est� autorizado para la gesti�n de transferencias con el exterior, el r�gimen previsto en este p�rrafo alcanzar� tambi�n a las personas f�sicas o jur�dicas que posean, directa o indirectamente, una participaci�n en su capital o en los derechos de voto que represente un porcentaje igual o superior al 10 por 100 de los mismos.�

�Sin perjuicio de lo que antecede ser� competente para instruir los pertinentes expedientes y para imponer las sanciones, cualquiera que sea su graduaci�n, el Banco de Espa�a.�

�Las personas f�sicas o jur�dicas, distintas de las entidades de cr�dito, que, sin haber obtenido la preceptiva autorizaci�n ni estar inscritas en los registros correspondientes del Banco de Espa�a, efect�en con el p�blico con car�cter profesional operaciones de cambio de moneda extranjera, u ofrezcan al p�blico la realizaci�n de las mismas, podr�n ser sancionadas y requeridas por el Banco de Espa�a, seg�n lo previsto en el art�culo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y les ser� de aplicaci�n la disposici�n adicional d�cima de dicha Ley, todo ello con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.�

�4 bis Los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gesti�n de transferencias con el exterior deber�n someterse en todo caso a la auditor�a de cuentas prevista en el art�culo 1.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas.�

�Cinco. Sin perjuicio de las habilitaciones espec�ficas contenidas en este art�culo, se faculta al Gobierno, con car�cter general para desarrollar sus preceptos regulando, a tal fin, el r�gimen aplicable a la actividad de cambio de moneda extranjera en Espa�a y, en su caso, en el exterior de los titulares autorizados en Espa�a. En particular, en el caso de titulares autorizados para la gesti�n de transferencias con el exterior, dicho r�gimen reglamentario podr� establecer controles previos a la adquisici�n directa o indirecta de participaciones en el capital o derechos de voto que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento de los mismos, requisitos m�nimos de capital y fondos propios as� como otras medidas adecuadas para reforzar la solvencia y liquidez de tales titulares y proteger los intereses de sus clientes; dichas medidas podr�n consistir, entre otras, en la inversi�n obligatoria en activos de bajo riesgo y elevada liquidez as� como en la inmovilizaci�n de ciertos activos en garant�a del cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de su actividad.

En el marco de la normativa de prevenci�n del blanqueo de capitales, se habilita al Ministro de Econom�a para regular, mediante Orden, los siguientes aspectos del r�gimen jur�dico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes:

• a) Cuant�as m�ximas de las operaciones de cambio de moneda o de gesti�n de transferencias que �stos puedan realizar.
• b) Requisitos y modelos en los que se materialice la informaci�n sobre el cliente en las transacciones en que intervengan.
• c) Desarrollo de sistemas automatizados y formas de control de transacciones de riesgo.
• d) Establecimiento de sistemas de auditor�a externa sobre la correcta aplicaci�n de medidas para la prevenci�n del blanqueo de capitales.�

�Las sociedades emisoras de valores admitidos a negociaci�n en alg�n mercado secundario oficial deber�n incluir necesariamente en las informaciones semestrales a que se refiere el p�rrafo segundo del presente art�culo, informaci�n cuantificada de todas las operaciones realizadas por la sociedad con partes vinculadas en la forma que determine el Ministerio de Econom�a o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, con indicaci�n del tipo y naturaleza de las operaciones efectuadas y de las partes vinculadas que han intervenido en ellas. No obstante, el Ministerio de Econom�a determinar� las operaciones sobre las que habr� de facilitarse informaci�n individualizada, en caso de que aqu�llas fueran significativas por su cuant�a o relevantes para una adecuada comprensi�n de los estados financieros de la sociedad. Asimismo, el Ministerio de Econom�a determinar� reglamentariamente o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, las operaciones vinculadas sobre las que no habr� que facilitar informaci�n, fundado en causa leg�tima.�

1. Las empresas de servicios de inversi�n, las entidades de cr�dito, las instituciones de inversi�n colectiva, los emisores, los analistas de inversiones en valores e instrumentos financieros y, en general, cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores, deber�n respetar las siguientes normas de conducta:

• a) Las normas de conducta contenidas en el presente T�tulo.
• b) Los c�digos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere el p�rrafo a) anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitaci�n expresa de �ste, el Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• c) Las contenidas en sus propios reglamentos internos de conducta.

2. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr�n establecer que los reglamentos internos de conducta mencionados en el p�rrafo c) del apartado anterior contengan medidas concretas tendentes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los siguientes art�culos de este T�tulo.�

En ning�n caso deber�n las personas o entidades a que se refiere el art�culo anterior:

• a) Realizar pr�cticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de provocar una evoluci�n artificial de las cotizaciones.
• b) Multiplicar las transacciones de forma innecesaria y sin beneficio para el cliente.
• c) Atribuirse a s� mismo uno o varios valores cuando tengan clientes que los hayan solicitado en id�nticas o mejores condiciones.
• d) Anteponer la venta de valores propios a los de sus clientes, cuando �stos hayan ordenado vender la misma clase de valor en id�nticas o mejores condiciones.�

1. Se considerar� informaci�n privilegiada toda informaci�n de car�cter concreto que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros de los comprendidos dentro del �mbito de aplicaci�n de esta Ley, o a uno o varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos financieros, que no se haya hecho p�blica y que, de hacerse o haberse hecho p�blica, podr�a influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotizaci�n en un mercado o sistema organizado de contrataci�n.

Lo dispuesto en el p�rrafo anterior ser� de aplicaci�n tambi�n a los valores negociables o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en un mercado o sistema organizado de contrataci�n.

En relaci�n con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas se considerar� informaci�n privilegiada toda informaci�n de car�cter concreto, que no se haya hecho p�blica, y que se refiera directa o indirectamente a uno o a varios de esos instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los mercados en que se negocien esos productos esperar�an recibir con arreglo a las pr�cticas de mercado aceptadas en dichos mercados.

2. Todo el que disponga de informaci�n privilegiada deber� abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes:

• a) Preparar o realizar cualquier tipo de operaci�n sobre los valores negociables o sobre instrumentos financieros de los mencionados en el apartado anterior a los que la informaci�n se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a los valores negociables o instrumentos financieros a los que la informaci�n se refiera.
  
  Se except�a la preparaci�n y realizaci�n de las operaciones cuya existencia constituye, en s� misma, la informaci�n privilegiada, as� como las operaciones que se realicen en cumplimiento de una obligaci�n, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o instrumentos financieros, cuando esta obligaci�n est� contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate est� en posesi�n de la informaci�n privilegiada, u otras operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.
• b) Comunicar dicha informaci�n a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesi�n o cargo.
• c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos financieros o que haga que otro los adquiera o ceda bas�ndose en dicha informaci�n.
  
  Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier persona que posea informaci�n privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que se trata de esta clase de informaci�n.

3. Las prohibiciones establecidas en el apartado anterior no son de aplicaci�n a las operaciones efectuadas para ejecutar la pol�tica monetaria, de tipo de cambio o de gesti�n de la deuda p�blica por parte de un Estado miembro de la Uni�n Europea, del Sistema Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central nacional o de otro organismo oficialmente designado a tal efecto, o por parte de cualquier otra persona que act�e en nombre de �stos. Tampoco se aplicar�n a las operaciones sobre acciones propias en el marco de programas de recompra efectuadas por los emisores, ni a la estabilizaci�n de un valor negociable o instrumento financiero siempre que estas operaciones se realicen en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

4. Todas las personas o entidades que act�en en los mercados de valores o ejerzan actividades relacionadas con ellos y, en general, cualquiera que posea informaci�n privilegiada, tiene la obligaci�n de salvaguardarla, sin perjuicio de su deber de comunicaci�n y colaboraci�n con las autoridades judiciales y administrativas en los t�rminos previstos en �sta o en otras leyes. Por lo tanto, adoptar�n las medidas adecuadas para evitar que tal informaci�n pueda ser objeto de utilizaci�n abusiva o desleal y, en su caso, tomar�n de inmediato las necesarias para corregir las consecuencias que de ello se hubieran derivado.

5. Los organismos p�blicos que faciliten estad�sticas que pudieran tener repercusiones importantes en los mercados financieros las difundir�n de modo correcto y transparente.

6. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para establecer respecto a las diferentes categor�as de personas o entidades y de sus operaciones en el mercado de valores, medidas concretas para la salvaguarda de la informaci�n privilegiada pose�da.�

1. Se considerar� informaci�n relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotizaci�n en un mercado secundario.

2. Los emisores de valores est�n obligados a difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicaci�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, toda informaci�n relevante.

3. La comunicaci�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores deber� hacerse con car�cter previo a su difusi�n por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisi�n o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. El contenido de la comunicaci�n deber� ser veraz, claro, completo y, cuando as� lo exija la naturaleza de la informaci�n, cuantificado, de manera que no induzca a confusi�n o enga�o. Los emisores de valores difundir�n tambi�n esta informaci�n en sus p�ginas de internet.

4. Cuando el emisor considere que la informaci�n no debe ser hecha p�blica por afectar a sus intereses leg�timos, informar� inmediatamente a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, que podr� dispensarle de tal obligaci�n de conformidad con lo previsto en el art�culo 91 de esta Ley.

5. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a las obligaciones establecidas en el presente art�culo, los procedimientos y formas de efectuar las comunicaciones anteriores, determinar el plazo durante el cual se publicar� en las p�ginas de internet de los emisores la informaci�n relevante, as� como para precisar los dem�s extremos a los que �ste se refiere.�

1. Todas las entidades o grupos de entidades que presten servicios de inversi�n y las dem�s entidades que act�en o presten servicios de asesoramiento de inversi�n, en los mercados de valores tienen la obligaci�n de establecer las medidas necesarias para impedir el flujo de informaci�n privilegiada entre sus distintas �reas de actividad, de forma que se garantice que cada una de �stas tome de manera aut�noma sus decisiones referentes al �mbito de los mercados de valores y, asimismo, se eviten conflictos de inter�s.

En particular, estas entidades est�n obligadas a:

• a) Establecer �reas separadas de actividad dentro de la entidad o del grupo al que pertenezcan, siempre que act�en simult�neamente en varias de ellas. En particular, deber�n constituirse en �reas separadas, al menos, cada uno de los departamentos que desarrollen las actividades de gesti�n de cartera propia, gesti�n de cartera ajena y an�lisis.
• b) Establecer adecuadas barreras de informaci�n entre cada �rea separada y el resto de la organizaci�n y entre cada una de las �reas separadas.
• c) Definir un sistema de decisi�n sobre inversiones que garantice que �stas se adopten aut�nomamente dentro del �rea separada.
• d) Elaborar y mantener actualizada una lista de valores e instrumentos financieros sobre los que se dispone de informaci�n privilegiada y una relaci�n de personas y fechas en que hayan tenido acceso a tal informaci�n.

2. Adem�s, todas las entidades y grupos de entidades que realicen, publiquen o difundan informes o recomendaciones sobre sociedades emisoras de valores o instrumentos financieros cotizados deber�n comportarse de forma leal e imparcial, dejando constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones de las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales, y de la participaci�n estable que la entidad o el grupo mantenga o vaya a mantener con la empresa objeto del an�lisis, as� como que el documento no constituye una oferta de venta o suscripci�n de valores.

3. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n espec�fica, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr�n establecer medidas de car�cter obligatorio en desarrollo de este art�culo y, en concreto, la obligaci�n de que estas entidades cuenten con un reglamento interno de conducta espec�fico para el servicio de asesoramiento de inversiones.�

1. Los emisores de valores, durante las fases de estudio o negociaci�n de cualquier tipo de operaci�n jur�dica o financiera que pueda influir de manera apreciable en la cotizaci�n de los valores o instrumentos financieros afectados, tienen la obligaci�n de:

• a) Limitar el conocimiento de la informaci�n estrictamente a aquellas personas, internas o externas a la organizaci�n, a las que sea imprescindible.
• b) Llevar, para cada operaci�n, un registro documental en el que consten los nombres de las personas a que se refiere el apartado anterior y la fecha en que cada una de ellas ha conocido la informaci�n.
• c) Advertir expresamente a las personas incluidas en el registro del car�cter de la informaci�n y de su deber de confidencialidad y de la prohibici�n de su uso.
• d) Establecer medidas de seguridad para la custodia, archivo, acceso, reproducci�n y distribuci�n de la informaci�n.
• e) Vigilar la evoluci�n en el mercado de los valores por ellos emitidos y las noticias que los difusores profesionales de informaci�n econ�mica y los medios de divulgaci�n emitan y les pudieran afectar.
• f) En el supuesto de que se produzca una evoluci�n anormal de los vol�menes contratados o de los precios negociados y existan indicios racionales de que tal evoluci�n se est� produciendo como consecuencia de una difusi�n prematura, parcial o distorsionada de la operaci�n, difundir de inmediato, un hecho relevante que informe, de forma clara y precisa, del estado en que se encuentra la operaci�n en curso o que contenga un avance de la informaci�n a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 82.4 de esta Ley.

2. Los emisores de valores est�n obligados a someter la realizaci�n de operaciones sobre sus propias acciones o instrumentos financieros a ellos referenciados a medidas que eviten que las decisiones de inversi�n o desinversi�n puedan verse afectadas por el conocimiento de informaci�n privilegiada.

3. Los emisores tienen igualmente la obligaci�n de someter a los miembros de su �rgano de administraci�n, a los directivos tal y como �stos se definan reglamentariamente, y al personal integrado en las �reas relacionadas con las actividades del mercado de valores a medidas que impidan el uso de informaci�n privilegiada sobre los valores e instrumentos financieros emitidos por la propia entidad u otras de su grupo.

4. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr�n establecer medidas con car�cter obligatorio en desarrollo de este art�culo. En especial determinar�n la forma y plazos en que los administradores y directivos, y aquellas personas que tengan un v�nculo estrecho con ellos, deben informar a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y al p�blico en general sobre las adquisiciones de valores e instrumentos financieros, emitidos por la entidad en la que desempe�an tales cargos o referenciados a �stos.�

�8. Respecto a lo establecido en los art�culos 81, 82 y 83 ter, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut�nomas, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ser� competente no s�lo de los actos llevados a cabo en territorio espa�ol o fuera de �l que se refieran a valores negociables o instrumentos financieros admitidos a negociaci�n en un mercado regulado situado en territorio espa�ol o para los que se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en dicho territorio, sino tambi�n respecto de los actos llevados a cabo en territorio espa�ol en relaci�n con valores negociables e instrumentos financieros admitidos a negociaci�n en un mercado regulado en un Estado miembro de la Uni�n Europea o para los que se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en un mercado situado en alg�n Estado miembro de la Uni�n.�

Con las salvedades previstas en el art�culo siguiente, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� ordenar a los emisores de valores y a cualquier entidad relacionada con los mercados de valores que procedan a poner en conocimiento inmediato del p�blico hechos o informaciones relevantes que puedan afectar a la negociaci�n de los mismos, pudiendo, en su defecto, hacerlo ella misma.�

• ��) El incumplimiento, por parte de los emisores de valores, de la obligaci�n establecida en el art�culo 82 cuando de ello se derive un perjuicio grave para el mercado, el incumplimiento de los requerimientos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del art�culo 89, as� como el suministro a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores de datos inexactos o no veraces, o la aportaci�n a la misma de informaci�n enga�osa o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes.
• o) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art�culo 81.2 de la presente Ley, cuando el volumen de los recursos, de los valores o de los instrumentos financieros utilizados en la comisi�n de la infracci�n sea relevante o el infractor haya tenido conocimiento de la informaci�n por su condici�n de miembro de los �rganos de administraci�n, direcci�n o control del emisor, por el ejercicio de su profesi�n, trabajo o funciones o figure o debiera haber figurado en los registros a los que se refieren los art�culos 83 y 83 bis de esta Ley.�

• �x) El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 81 de esta Ley cuando no constituya infracci�n muy grave.�

1. Toda persona o entidad que act�e o se relacione en el mercado de valores debe abstenerse de la preparaci�n o realizaci�n de pr�cticas que falseen la libre formaci�n de los precios. Como tales se entender�n las siguientes:

• a) Las operaciones u �rdenes:
  
  Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o enga�osos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores negociables o instrumentos financieros.
  
  Que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que act�en de manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, a menos que la persona que hubiese efectuado las operaciones o emitido las �rdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que �stas se ajustan a las pr�cticas de mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate.
• b) Operaciones u �rdenes que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de enga�o o maquinaci�n.
• c) Difusi�n de informaci�n a trav�s de los medios de comunicaci�n, incluido internet, o a trav�s de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o enga�osos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propagaci�n de rumores y noticias falsas o enga�osas, cuando la persona que las divulg� supiera o hubiera debido saber que la informaci�n era falsa o enga�osa. Con respecto a los periodistas que act�en a t�tulo profesional dicha divulgaci�n de informaci�n se evaluar� teniendo en cuenta las normas que rigen su profesi�n, a menos que dichas personas obtengan directa o indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusi�n de informaci�n.

2. No obstante, no se considerar�n incluidas en el apartado anterior las operaciones u �rdenes a que se refiere el art�culo 81.3 y en general las efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.

3. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a la prohibici�n establecida en este art�culo, una relaci�n y descripci�n no exhaustiva de las pr�cticas concretas contrarias a la libre formaci�n de los precios.�

• �i) El incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 83 ter de la presente Ley, cuando produzca una alteraci�n significativa de la cotizaci�n.�

• �w) El incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 83 ter de la presente Ley, cuando no constituya infracci�n muy grave conforme a lo dispuesto en el art�culo anterior.�

�7. Las personas o entidades que incumplan lo previsto en los dos apartados anteriores ser�n sancionadas seg�n lo previsto en el T�tulo VIII de esta Ley. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilizaci�n de las denominaciones o en la oferta o realizaci�n de las actividades, continuaran utiliz�ndolas o realiz�ndolas ser�n sancionadas con multas coercitivas por importe de hasta trescientos mil euros, que podr�n ser reiteradas con ocasi�n de posteriores requerimientos.

Ser� competente para la formulaci�n de los requerimientos y para la imposici�n de las multas a que se refiere el p�rrafo anterior, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores que tambi�n podr� hacer advertencias p�blicas respecto a la existencia de esta conducta. Los requerimientos se formular�n previa audiencia de la persona o entidad interesada y las multas se impondr�n con arreglo al procedimiento previsto en la Ley.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las dem�s responsabilidades, incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.�

�1. Toda instituci�n de inversi�n colectiva, para dar comienzo a su actividad, deber� obtener la previa autorizaci�n del proyecto de constituci�n por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, constituirse como sociedad an�nima o fondo de inversi�n, seg�n proceda, e inscribirse en el Registro de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores que corresponda a la Instituci�n.�

�2. En el Registro Mercantil se inscribir�n, conforme al C�digo de Comercio, las escrituras de constituci�n de sociedades mercantiles que tengan condici�n de instituci�n de inversi�n colectiva o desempe�en funciones de gestores o depositarios. La inscripci�n en el Registro Mercantil de las escrituras de constituci�n de fondos, ser� potestativa.�

�3. Los gestores de las instituciones de inversi�n colectiva adquirir�n el car�cter de tales mediante la autorizaci�n previa del Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Los depositarios de las instituciones de inversi�n colectiva adquirir�n el car�cter de tales mediante la autorizaci�n previa de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. En ambos casos se requiere la posterior inscripci�n en el correspondiente registro administrativo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Esta inscripci�n se realizar� conforme a lo que disponga el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.�

�La sociedad gestora y el depositario podr�n ser autorizados antes de la constituci�n del fondo y en la forma que reglamentariamente se determine, para llevar a cabo una suscripci�n p�blica de participaciones.�

�Podr�n fusionarse fondos de inversi�n ya sea mediante la absorci�n por un fondo ya existente, ya sea mediante la extinci�n de cada uno de ellos y la transmisi�n en bloque del patrimonio a un nuevo fondo.

La iniciaci�n del procedimiento requerir� el previo acuerdo de la sociedad gestora y del depositario de los fondos que vayan a fusionarse, que, junto con el proyecto de fusi�n, se presentar� ante la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores para su autorizaci�n. La autorizaci�n del proceso de fusi�n tendr� la consideraci�n de hecho relevante y deber� ser objeto de publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado" y en dos peri�dicos de �mbito nacional; asimismo, la autorizaci�n deber� ser objeto de comunicaci�n a los part�cipes de todos los fondos afectados, junto con el proyecto de fusi�n, en los diez d�as siguientes a su notificaci�n, quienes podr�n, en el plazo de un mes, optar por el reembolso de sus participaciones sin comisi�n o descuento de reembolso ni gasto bancario alguno, al valor liquidativo del d�a en que finalice dicho plazo determinado conforme el art�culo 20.2.

Transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de los anuncios o desde la remisi�n de la notificaci�n individualizada, si �sta fuera posterior, la sociedad gestora y el depositario de los fondos ejecutar�n la fusi�n mediante el otorgamiento de la escritura p�blica y su inscripci�n en los Registros que proceda. La ecuaci�n de canje se determinar� sobre la base de los valores liquidativos y n�mero de participaciones en circulaci�n al cierre del d�a anterior al del otorgamiento de la escritura. Los estados financieros que se incorporen a �sta podr�n ser aprobados por persona debidamente facultada de la sociedad gestora y del depositario.

Reglamentariamente se desarrollar� el contenido m�nimo del proyecto de fusi�n de fondos.�

�...siempre que ostenten la condici�n de entidad participante en los sistemas de compensaci�n, liquidaci�n y registro en los diferentes mercados espa�oles.�

�.... y las exigencias que deben satisfacer las entidades que realicen el dep�sito de valores extranjeros de las instituciones de inversi�n colectiva.�

�Declarada judicialmente la quiebra o admitida a tr�mite la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad depositaria de valores de cualquier instituci�n de inversi�n colectiva, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� disponer de forma inmediata y sin coste para la instituci�n, el traslado de los valores extranjeros, incluso los depositados en terceras entidades a nombre del depositario por cuenta de las instituciones de inversi�n colectiva que administre, a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. A estos efectos, tanto el juez competente como los �rganos del procedimiento concursal, facilitar�n el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentaci�n y registros contables e inform�ticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedir� que se haga llegar a la instituci�n titular de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos econ�micos o de su venta.�

• �i) Que todos los miembros de su Consejo de Administraci�n y directores generales y asimilados tengan una reconocida honorabilidad empresarial y profesional. Respecto de los apoderados que no restrinjan el �mbito de su representaci�n a �reas o materias espec�ficas o ajenas a la actividad que constituye el objeto de las empresas de servicios de inversi�n, los Consejeros comprobar�n, con anterioridad al otorgamiento del poder, la concurrencia del requisito de la honorabilidad empresarial y profesional en el apoderado y revocar�n los poderes otorgados cuando desaparezca este requisito.�

• �g) bis La inobservancia de lo dispuesto en el p�rrafo i) del apartado 1 del art�culo 70 de esta Ley.�

�La comisi�n de la infracci�n prevista en el p�rrafo g) bis del art�culo 100 llevar�, en todo caso, aparejada la cancelaci�n de la inscripci�n del representante o apoderado en los registros de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

• �a) La realizaci�n de los actos que a continuaci�n se relacionan, sin autorizaci�n cuando �sta sea preceptiva, sin observar las condiciones b�sicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular: (...):�

• �a) La realizaci�n de actos u operaciones sin autorizaci�n cuando �sta sea preceptiva, sin observar las condiciones b�sicas de la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, salvo en los casos en que ello suponga la comisi�n de una infracci�n muy grave de acuerdo con lo previsto en el art�culo anterior.�

• �s) La transmisi�n o disminuci�n de una participaci�n significativa incumpliendo lo previsto en el T�tulo VI de esta Ley.�

• �t) La efectiva administraci�n o direcci�n de las entidades de cr�dito por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un cargo de dicha naturaleza.�

Por la comisi�n de infracciones muy graves ser� impuesta a la entidad de cr�dito infractora, una o m�s de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de sus recursos propios o hasta 300.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
• b) Revocaci�n de la autorizaci�n de la entidad. En el caso de sucursales de entidades de cr�dito autorizadas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea, la sanci�n de revocaci�n de la autorizaci�n se entender� sustituida por la prohibici�n de que inicie nuevas operaciones en territorio espa�ol.
• c) Amonestaci�n p�blica con publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado".�

Por la comisi�n de infracciones graves se impondr� a la entidad de cr�dito una o m�s de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios, o hasta 150.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
• b) Amonestaci�n p�blica con publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado".�

• �b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.�

�Con independencia de la sanci�n que corresponda imponer a la entidad de cr�dito infractora por la comisi�n de infracciones muy graves, podr�n imponerse las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administraci�n, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracci�n:

• a) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 150.000 euros.�

• �d) Inhabilitaci�n para ejercer cargos de administraci�n o direcci�n en cualquier entidad de cr�dito o del sector financiero, con separaci�n, en su caso, del cargo de administraci�n o direcci�n que ocupe el infractor en una entidad de cr�dito, por plazo no superior a diez a�os.�

�Con independencia de la sanci�n que corresponda imponer a la entidad de cr�dito infractora por la comisi�n de infracciones graves, podr�n imponerse las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administraci�n, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracci�n:�

• �c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 90.000 euros.�

• �d) Inhabilitaci�n para ejercer cargos de administraci�n o direcci�n en cualquier entidad de cr�dito o del sector financiero, con separaci�n, en su caso, del cargo de administraci�n o direcci�n que ocupe el infractor en una entidad de cr�dito, por plazo no superior a un a�o.�

�1. Las personas o entidades que infrinjan lo dispuesto en el art�culo anterior, ser�n sancionadas con multa por importe de hasta 150.000 euros. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilizaci�n de las denominaciones o en la realizaci�n de las actividades, continuaran utiliz�ndolas o realiz�ndolas ser�n sancionadas con multa por importe de hasta 300.000 euros, que podr� ser reiterada con ocasi�n de posteriores requerimientos.�

�6. La autorizaci�n concedida de acuerdo con lo previsto en este art�culo caducar� si no se da comienzo a las actividades autorizadas dentro de los doce meses siguientes a la fecha de notificaci�n de la autorizaci�n, por causa imputable al interesado.�

• �c) Para los acuerdos de fusi�n, absorci�n, o escisi�n, as� como la cesi�n global de activos o pasivos en los que intervenga una firma bancaria.�

• �k) Un registro en el que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art�culo 98, se har�n constar las sanciones impuestas en los �ltimos cinco a�os por la comisi�n de infracciones graves y muy graves a las personas f�sicas y jur�dicas sujetas al �mbito de supervisi�n, inspecci�n y sanci�n previsto en el T�tulo VIII.�

1. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores es un ente de derecho p�blico, con personalidad jur�dica propia y plena capacidad p�blica y privada, que se regir� por lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones que la completan o desarrollan.

2. En el ejercicio de sus funciones p�blicas, y en defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la completen o desarrollen, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores actuar� con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.

3. Los contratos que celebre la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores se ajustar�n a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

4. La Comisi�n se regir� asimismo por aquellas disposiciones que le sean de aplicaci�n del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/ 1998, de 23 de septiembre.

5. Las adquisiciones patrimoniales de la Comisi�n estar�n sujetas, sin excepci�n alguna, al derecho privado.

6. El Gobierno y el Ministerio de Econom�a ejercer�n respecto de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores las facultades que les atribuye esta Ley, con estricto respeto a su �mbito de autonom�a.

7. El personal que preste servicio en la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores estar� vinculado a la misma por una relaci�n sujeta a las normas del derecho laboral. La selecci�n de este personal, con excepci�n de aquel que tenga car�cter directivo, se realizar� mediante convocatoria p�blica y de acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad, m�rito y capacidad.

El personal de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores estar� sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P�blicas. Asimismo, estar� obligado a notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de r�gimen interior de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, las operaciones que realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o mediante persona interpuesta. Esta misma disposici�n determinar� las limitaciones a las que quedar� sujeto este personal respecto a la adquisici�n, venta o disponibilidad de tales valores.

8. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores elaborar� anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura que se�ale el Ministerio de Hacienda, y lo remitir� a �ste para su elevaci�n al Acuerdo del Gobierno y posterior remisi�n a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el presupuesto de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ser�n autorizadas por el Ministro de Hacienda, cuando su importe no exceda de un 5 por 100 del mismo, y por el Gobierno, en los dem�s casos.

9. El control econ�mico y financiero de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores se llevar� a cabo exclusivamente mediante comprobaciones peri�dicas o procedimientos de auditor�a, a cargo de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas.

10. El Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores aprobar� el Reglamento de r�gimen interior en el que se establecer� la estructura org�nica de la Comisi�n; la distribuci�n de competencias entre los distintos �rganos; los procedimientos internos de funcionamiento; el r�gimen espec�fico aplicable al personal cuando deja de prestar servicios en ella, sin perjuicio, en este caso de lo dispuesto en el apartado 7, p�rrafo segundo, del presente art�culo y en el art�culo 21 de esta Ley en cuanto a los reg�menes de incompatibilidades, los procedimientos de ingreso del personal, con arreglo a los principios se�alados en el apartado 7 del presente art�culo, as� como cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y r�gimen de actuaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley.�

1. En el marco de las funciones atribuidas a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores por el art�culo 13 de esta Ley y para el ejercicio de las competencias conferidas al Consejo por el art�culo 17, el Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tendr� las siguientes facultades:

• a) Aprobar las Circulares a que se refiere el art�culo 15 de esta Ley.
• b) Aprobar el Reglamento de r�gimen interior de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores a que se refiere el art�culo 14 de esta Ley.
• c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la Comisi�n.
• d) Constituir el Comit� Ejecutivo, regulado en el presente art�culo.
• e) Nombrar a los cargos directivos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, a propuesta de su Presidente.
• f) Aprobar los informes anuales a que se refiere el art�culo 13 de esta Ley.
• g) Aprobar o proponer todos aquellos asuntos que legalmente le corresponden.

En el plazo de tres meses a partir de la toma de posesi�n de cualquier miembro del Consejo, �ste deber� proceder, en sesi�n extraordinaria, a confirmar, modificar o revocar, de forma expresa, todas y cada una de sus delegaciones de facultades en el Presidente y en el Vicepresidente o en el Comit� Ejecutivo.

2. El Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ejercer� las siguientes funciones:

• a) Ostentar la representaci�n legal de la Comisi�n.
• b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y del Comit� Ejecutivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• c) Dirigir y coordinar las actividades de todos los �rganos directivos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• d) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Comisi�n.
• e) Celebrar los contratos y convenios de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• f) Desempe�ar la jefatura superior de todo el personal de la Comisi�n.
• g) Ejercer las facultades que el Consejo le delegue de forma expresa.
• h) Ejercer las dem�s funciones que le atribuye el ordenamiento jur�dico vigente.

3. El Vicepresidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tendr� las siguientes atribuciones:

• a) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
• b) Presidir el Comit� Consultivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores a que se refiere el art�culo 22 de la presente Ley.
• c) Formar parte, como Vicepresidente, del Comit� Ejecutivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• d) Ejercer las funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Vicepresidente ser� sustituido por aquel Consejero, de los previstos en el art�culo 17.c) de esta Ley, con mayor antig�edad en el cargo y, a igualdad de antig�edad, por el de mayor edad.

4. El Comit� Ejecutivo estar� integrado por el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros previstos en el art�culo 17 c) de la presente Ley. Ser� Secretario del Comit� Ejecutivo, con voz y sin voto, el Secretario del Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

5. Ser�n atribuciones del Comit� Ejecutivo:

• a) Preparar y estudiar los asuntos que vayan a ser sometidos al Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• b) Estudiar, informar y deliberar sobre los asuntos que someta a su consideraci�n el Presidente.
• c) Coordinar las actuaciones de los diferentes �rganos directivos de la Comisi�n, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Presidente.
• d) Aprobar, en la esfera del derecho privado, las adquisiciones patrimoniales de la Comisi�n y disponer de sus bienes.
• e) Resolver las autorizaciones administrativas que le hayan sido atribuidas por delegaci�n del Consejo, as� como ejercer aquellas facultades que el Consejo le delegue expresamente.�

�Disposici�n adicional decimoctava Comit� de auditor�a

"Las sociedades emisoras de valores cuyas acciones u obligaciones est�n admitidas a negociaci�n en mercados secundarios oficiales de valores deber�n tener un Comit� de Auditor�a, el cual deber� tener mayor�a de consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administraci�n, debiendo elegirse su Presidente entre dichos consejeros no ejecutivos, el cual deber� ser sustituido cada cuatro a�os, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un a�o desde su cese. El n�mero de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de dicho Comit� se fijar�n estatutariamente, y deber� favorecer la independencia en su funcionamiento. Entre sus competencias estar�n, como m�nimo, las siguientes:

• 1. Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
• 2. Propuesta al Consejo de Administraci�n para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el art�culo 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
• 3. Supervisi�n de los servicios de auditor�a interna en el caso de que exista dicho �rgano dentro de la organizaci�n empresarial.
• 4. Conocimiento del proceso de informaci�n financiera y de los sistemas de control interno de la sociedad.
• 5. Relaciones con los auditores externos para recibir informaci�n sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de �stos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditor�a de cuentas, as� como aqu�llas otras comunicaciones previstas en la legislaci�n de auditor�a de cuentas y en las normas t�cnicas de auditor�a."�

�5. Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 59.3 de esta Ley respecto a las especiales categor�as de miembros de los mercados de futuros y opciones.�

• �f) Garantizar la igualdad de trato entre los clientes, evitando primar a unos frente a otros a la hora de distribuir las recomendaciones e informes.
• g) Abstenerse de tomar posiciones por cuenta propia en valores o instrumentos financieros sobre los que se est� realizando un an�lisis espec�fico, desde que se conozcan sus conclusiones hasta que se divulgue la recomendaci�n o informe elaborado al respecto.
  
  Lo establecido en el p�rrafo anterior no ser� de aplicaci�n cuando la toma de posici�n tenga su origen en compromisos o derechos adquiridos con anterioridad o en operaciones de cobertura de dichos compromisos, siempre y cuando la toma de posici�n no est� basada en el conocimiento de los resultados del informe.
• h) Dejar constancia frente a los clientes de cualquier posible conflicto de intereses en relaci�n con el asesoramiento o con el servicio de inversi�n que se preste.
  
  Estos principios, en cuanto sean compatibles con la actividad que desarrollan, tambi�n ser�n de aplicaci�n a las personas o entidades que realicen an�lisis de valores o instrumentos financieros.�

�14. Las entidades definidas conforme a los art�culos 62 y 65 de esta Ley que realicen la actividad complementaria prevista en el p�rrafo a) del apartado 2 del art�culo 63, quedar�n obligadas a remitir semestralmente a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores un informe de revisi�n espec�fico sobre dicha actividad, realizado por un experto independiente. Dicho informe tendr� por objeto principal la comprobaci�n de los saldos y posiciones mantenidas por los clientes en la entidad. El cap�tulo del informe referido al Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones deber� ser remitido, con igual periodicidad, al Banco de Espa�a.

Se faculta al Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y previo informe del Banco de Espa�a y del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, para desarrollar la obligaci�n prevista en el p�rrafo anterior.�

�Art�culo 75

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� suspender, con car�cter total o parcial, los efectos de la autorizaci�n concedida a una empresa de servicios de inversi�n. Cuando la suspensi�n sea parcial, afectar� a algunas actividades o al alcance con el que �stas se autorizaron.�

�La competencia para acordar la suspensi�n corresponder� a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

• �j) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al p�blico en general, as� como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Informaci�n de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley. Todo ello siempre que, por el n�mero de afectados o por la importancia de la informaci�n, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.�

• �n) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al p�blico en general, as� como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Informaci�n de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el p�rrafo j) del art�culo anterior.�

�Disposici�n final segunda Previsi�n social complementaria del personal al servicio de administraciones, entidades y empresas p�blicas

Las Administraciones p�blicas, incluidas las Corporaciones locales, las entidades, organismos de ellas dependientes y empresas participadas por las mismas podr�n promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, as� como a contratos de seguro colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsi�n social empresarial, al amparo de la disposici�n adicional primera de esta Ley, con el fin de instrumentar los compromisos u obligaciones por pensiones vinculados a las contingencias del art�culo 8.� 6 de esta Ley referidos a su personal funcionario o laboral o en relaci�n de servicios regulada por normas administrativas estatutarias.

Lo anterior se entender� sin perjuicio de la correspondiente habilitaci�n presupuestaria de que disponga cada entidad o empresa, as� como de las posibles autorizaciones previas a las que pudiesen estar sometidas tales aportaciones tanto de car�cter normativo como administrativo, para, en su caso, destinar recursos a la financiaci�n e instrumentaci�n de la previsi�n social complementaria del personal.

Las prestaciones abonadas a trav�s de planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsi�n social empresarial, conforme a la disposici�n adicional primera de esta Ley, no tendr�n la consideraci�n de pensiones p�blicas ni se computar�n a efectos de limitaci�n del se�alamiento inicial o fijaci�n de la cuant�a m�xima de las pensiones p�blicas.�

�4. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Econom�a en el ejercicio de sus funciones de ordenaci�n y supervisi�n de los fondos de pensiones, salvo los contenidos en los registros administrativos de car�cter p�blico, tendr�n car�cter reservado.

Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de ordenaci�n y supervisi�n en materia de fondos de pensiones, as� como aqu�llas a quienes el Ministerio de Econom�a haya encomendado funciones respecto de las mismas, est�n sometidas al deber de secreto profesional en los mismos t�rminos y con las mismas responsabilidades y excepciones establecidas en el art�culo 75 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados.�

�Nueve. La F�brica Nacional de Moneda y Timbre-Casa Real de la Moneda podr� celebrar convenios con personas, entidades y corporaciones que ejerzan funciones p�blicas en los que se establezcan las condiciones en las que �stas puedan participar en los tr�mites necesarios para la obtenci�n de certificados electr�nicos expedidos por aqu�lla, en particular, en la identificaci�n y registro de los solicitantes de dichos certificados.

Diez. La acreditaci�n de la identidad de los interesados en el procedimiento de expedici�n de certificados electr�nicos podr� requerir la comparecencia de los ciudadanos ante una oficina p�blica.�

�Valor razonable. El precio de las acciones o participaciones, la forma de pago y dem�s condiciones de la operaci�n ser�n las convenidas y comunicadas al �rgano de administraci�n por el socio transmitente.

Si la transmisi�n proyectada fuera a t�tulo oneroso distinto de la compraventa o a t�tulo gratuito, el precio de adquisici�n ser� el fijado de com�n acuerdo por las partes o, en su defecto, el valor razonable de las mismas el d�a en que hubiese comunicado al �rgano de administraci�n de la sociedad el prop�sito de transmitir. Se entender� por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a este efecto por los administradores.

Los gastos de auditor ser�n de cuenta de la sociedad. El valor razonable que se fije ser� v�lido para todas las enajenaciones que tengan lugar dentro de cada ejercicio anual. Si en las enajenaciones siguientes durante el mismo ejercicio anual, el transmitente o adquirente no aceptasen tal valor razonable se podr� practicar nueva valoraci�n a su costa.�

�2. Cuando ejerza sus funciones en relaci�n con entidades financieras sometidas a legislaci�n especial, el Servicio Ejecutivo deber� recabar del Banco de Espa�a, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores o Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, u �rgano auton�mico correspondiente, seg�n corresponda, toda la informaci�n y colaboraci�n precisas para llevarlas a cabo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, el Servicio Ejecutivo tendr� acceso directo a la informaci�n estad�stica sobre movimientos de capitales y transacciones econ�micas con el exterior comunicada al Banco de Espa�a con arreglo a lo dispuesto en la legislaci�n aplicable a tales operaciones.�

�Disposici�n adicional primera

1. Las entidades y dem�s personas sujetas a la ordenaci�n y disciplina de las entidades de cr�dito est�n obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y dem�s operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgaci�n.

2. Se except�an de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicaci�n o divulgaci�n a terceros o que, en su caso, les sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisi�n. En este caso, la cesi�n de la informaci�n deber� ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.

3. Quedan asimismo exceptuadas del deber de confidencialidad los intercambios de informaci�n entre entidades de cr�dito pertenecientes a un mismo grupo consolidable.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente disposici�n ser� considerado infracci�n grave y se sancionar� en los t�rminos y con arreglo al procedimiento previsto en el T�tulo I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.�

�La cuant�a m�xima de los servicios pasados reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a 1 de enero de 1988 hasta el de formalizaci�n del Plan de Pensiones no podr� rebasar, para cada uno de estos a�os, el importe del l�mite financiero anual vigente en cada uno de tales ejercicios. No obstante, los servicios pasados se integrar�n en su totalidad cuando los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus empleados o trabajadores deriven de convenio colectivo. A tales efectos se modificar�n, cuando proceda, los correspondientes planes de reequilibrio para su aprobaci�n o verificaci�n por la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones.�